Monthly Archives: septiembre 2018

Tres etapas y un posible impasse

 

El proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ha concluido la primera de las tres fases legislativas planteadas en el acuerdo legislativo de vía rápida para el expediente 20.580, la fase concluida es la de la comisión que solo falta remita su dictamen al plenario y este acto de inicio a la segunda, esta es la fase de primer debate en el plenario legislativo, el que se caracteriza especialmente de una manera distinta a los procesos de aprobaciones legislativas por el proceso de orden abreviado asignado bajo el artículo 208 bis del reglamento legislativo, donde las únicas mociones que se pueden presentar por diputado son una y solamente de reiteración, es decir, aquellas que habiendo sido presentadas en la comisión no fueran incorporadas o acogidas. Esto hace que la fase de primer debate sea predeciblemente rápida, pero no por eso debe ser-en mi criterio-atropellada, diferencia que la marcará la agilidad no solo para lograr los votos que en principio ya tendría en mayoría simple, sino por lo critico que será esta segunda etapa en la activación o no del impasse al que nos referiremos. Hay que evitar victorias en plenario que generen sabores a marrosa derrota por falta de dialogo.
El aspecto mas delicado de esta segunda etapa del primer debate es, el manejo de las negociaciones para aceptar las mociones que teniendo un fondo de interés nacional, mejora recaudatoria, así como que evite la generación de mas exenciones, pues de esa fiesta ya hubo abundancia excesiva en la primera etapa, sean de recibo, en especial de aquellas que presenten las fracciones como la del Partido Restauración Nacional ya que cuenta con la bancada individual más grande, así como por haber estado al margen de los procesos de negociación de la etapa primera, lo anterior para que se evite en la medida de lo posible el impasse. Considero que lograr la mayoría de los votos en el primer debate es por supuesto fundamental para, continuar en el esfuerzo por aportar al menos de manera primera una dotación de recursos adicionales a la condición fiscal del país, que sabemos será insuficiente para la dimensión de las necesidades.
Si no se logra este manejo con respeto y con audacia, podemos sumir al país en el impasse, este consiste en el proceso de consulta a la Sala Constitucional, que siendo opcional en el proceso del ínterin entre primer y segundo debates, requiere de la firma solicitado la participación de la Sala en el proceso, de al menos de diez diputados, que realmente con lo que conocemos al momento de manifestaciones hechas por algunos minoritarios se lo están planteando, pero no llega su numero a diez, sin embargo, la balanza la puede inclinar en efecto la fracción mayoritaria, que cuenta con catorce votos que dependiendo de su forma de negociar con el gobierno, o de este con ellos, puede ser lo que vuelque la balanza a la consecución de las firmas y llevarnos al impasse, ya decíamos en nuestra columna anterior, el factor tiempo es critico, de no existir este impasse el proyecto podría estar finalmente listo en su aprobación legislativa de segundo y último debate para el final de este mes.
Si el impasse se activa, hay dos escenarios, que la Sala tome todo el plazo de ley para emitir su criterio a la consulta, este plazo es de un mes, el criterio de la Sala es de orden vinculante con dos escenarios posibles en ese caso son: el primero que considere que no hay vicios en el procedimiento, aspecto ya de por sí difícil y donde será critica una valoración más allá de la forma los aspectos de oportunidad de una decisión meramente de cajón, copiando las dos sentencias que han dejado a Costa Rica de vuelta a base cero en materia fiscal, con Solidaridad Tributaria y el Pacto Fiscal, lo que es la salida fácil para la Sala, aparentemente gananciosa para país, pero la que conllevará las consecuencias mas nefastas para la economía y esta con rostro de ganadores y perdedores indudablemente en contra de las personas mas necesitados o menos favorecidas en primer instancia, pero destruyendo de manera masiva riqueza que hoy es la que sostiene la base recaudatoria y aumentando los niveles de informalidad, generando una caótica situación de default en la deuda con escaladas en los tipos de interés y de cambio, sumiéndonos en un caracol de caída libre.
De encontrar vicios de procedimiento, que los hay, la Sala tiene que indicar a la vez la magnitud de los mismos a efectos de dimensionar si los mismos son resolubles y a que etapa habría que llevar el proyecto para solventar los vicios incurridos, si nos mandan a base cero, estamos ante el caos antes dicho, si nos devuelve a una fase avanzada y demora un tanto la enmienda de la condición, esto puede ser la mejor de las salidas, de ahí que los señores de la Sala deben de tener muy en cuenta la correcta caja de balances y resonancias de los derechos y los deberes, ya que en esto consiste la sabiduría de una tribunal de constitucionalidad, en ir a la consideración global de los valores jurídicos en juego y decantarse en la sentencia por la tutela del interés general, sin obviar hacer las respectivas advertencias que legalmente correspondan en relación con la forma.
Si el escenario del impasse se da y se aplican los criterios de tutela del interés general por encima de los aspectos de forma, después de transcurrido el plazo se iría al proceso final sea tercera etapa que es el segundo debate, con lo que los tiempos si todo marcha para adelante, donde está la verdadera opción país, es ya el final de setiembre o de octubre eventualmente.
No puedo dejar de advertir la importancia por tanto de evitar caer en el impasse por el riesgo que implica y el tener que eventualmente que tirar al cesto de la basura el proyecto-peor pero posible escenario-con lo que estaríamos con el proyecto depositando en un cesto sin fondo a lo mas preciado que tenemos que es nuestro país.
El manejo de las relaciones y negociaciones en el segundo párrafo son críticas, también es crítico llamar la atención al deber patriótico de los señores diputados de la fracción de mayoría, de usar esta herramienta con una visión país, sin aspavientos pero con firmeza, con claridad de que hay cosas que se logran y se pueden lograr en esta etapa aun, pero escogiendo con pericia el uso del arte de la política que es el dialogo, la construcción y la razón, si por cualquier motivo no se les acercan a negociar vayan a buscar los votos de los asuntos medulares de las mociones de reiteración. El país estará expectante sin duda de la aplicación de los elementos constructivos del arte de la política que es el de ceder sin acceder, como lo planteaba en su momento un Santo católico San José María Escrivá, ceder para seguir luchando-sin acceder, por un valor superior dejar para mejor momento el asunto- es una virtud cardinal que todos los diputados, sin distingo de partido y evitando los discursos tentadores de orden populista deben tener, contando con que hoy mas que nunca el destino de la Patria a la que juraron lealtad y defensa, están en juego y solo depende de ustedes, padres y madres de la Patria.
Cuando tengan que interiorizar sus decisiones no dejen de poner en ella el rosto humano de los que hemos depositado la confianza en ustedes, unos en unos y otros en otros, pero todos en ustedes los que hoy toca representar los mas altos intereses de la Patria. 

 

Carlos Camacho Córdoba 

 

Socio Director

 

ccamacho@grupocamacho.com

 

Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/tres-etapas-y-un-posible-impasse

Incremento patrimonial no justificado en Honduras

 

La figura del incremento patrimonial no justificado se encuentra desarrollada en el Código Tributario hondureño (decreto N°170-2016) en su artículo 110, inciso 3, en el cual se indica que “Los incrementos patrimoniales no justificados deben formar parte de la renta durante el período fiscal sujeto a verificación, sin que ello implique una eximente de otras responsabilidades legales que pudieran derivarse de la no justificación de dichos incrementos (…)”.

 

El tratamiento de dichos incrementos corresponde a la aplicación de una presunción en la determinación de la renta imponible, la cual puede aplicar la administración tributaria (Servicio de Administración de Rentas – SAR), para la determinación de la base imponible de los contribuyentes en los procesos de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones del impuesto sobre la renta.

 

De frente a la aplicación de esta presunción, debe entenderse qué puede ser considerado como un incremento patrimonial no justificado. En general, esto se refiere a la posibilidad de detección de la existencia de hechos que incrementen el patrimonio de un contribuyente, sin que estos hechos sean coincidentes con:

 

  1. Las declaraciones de impuesto sobre la renta del contribuyente.
  2. La generación u obtención de rentas no sujetas, que puedan ser demostradas como tales por el contribuyente, a pesar de no haber sido declaradas.
  3. La documentación probatoria correspondiente a efectos del registro de activos, pasivos y el propio patrimonio del contribuyente.

 

Una vez determinado un incremento no justificado del patrimonio, la SAR está facultada para considerar que el mismo genera un aumento en la renta del contribuyente, lo que genera un incremento de la renta bruta para el periodo en que sea determinado. Vale decir además, de la observación del tratamiento, que se da en otras jurisdicciones de estos elementos. Las acciones de las administraciones tributarias tienden al incremento en la renta imponible del contribuyente en el monto completo de la presunción, sin considerar la posibilidad de deducciones de ningún tipo, al considerarse que el monto determinado representa un incremento equivalente del patrimonio.

 

De igual manera cabe destacar que las entidades o personas exentas, si se les determina un incremento patrimonial no justificado, no pueden oponer su exención para cancelar la determinación hecha por la SAR, ya que las exenciones como regla general son medios de extensión de obligaciones fiscales declaradas por el contribuyente, no así las surgidas en un proceso de fiscalización.

 

La consideración de un incremento patrimonial no justificado es utilizada cuando se determina en una entidad la existencia de pasivos inexistentes, o bien cuando las cuentas de pasivos de una entidad no se comportan como tales por motivo de:

 

  1. Imposibilidad de probar el origen de los fondos.
  2. Ausencia de documentación soporte o falencias en la misma.
  3. Comportamientos anómalos que lleven a determinar que el pasivo registrado no tiene el comportamiento habitual de una deuda.
  4. Incumplimiento de obligaciones formales del registro correcto de cuentas de patrimonio.

 

Todas las situaciones anteriores se conocen como incrementos patrimoniales no justificados internos. Su valoración es la que esta en la contabilidad del contribuyente, pero se diferencia de los incrementos injustificados de patrimonio por no haber una condición de ocultamiento de la existencia de la obligación o del activo, según sea el caso.

 

Los incrementos patrimoniales no justificados externos son aquellos que también son detectados en la fase de fiscalización, pero que la SAR identifica en una cuenta, por ejemplo, bancaria o derechos o bienes, que no están en la contabilidad del contribuyente. En este caso pasa de la mera presunción al ocultamiento que configura la condición de fraude fiscal con las consecuencias previstas en el derecho sancionador por defraudación fiscal.

 

De tal forma el abordaje de la administración tributaria puede ser el de presumir que una empresa que registra un pasivo, sin contar con la información y documentación para el soporte suficiente, tiene en realidad una operación correspondiente a un incremento patrimonial no justificado y por ende hay que aplicar la presunción descrita en el artículo 110 del Código Tributario, para ejecutar el cobro de los impuestos correspondientes, así como de las sanciones e intereses aplicables.

 

Vladimir Blanco 

 

Socio de impuestos

 

vblanco@grupocamacho.com

Los tiempos

En realidad, la impredecibilidad es uno de los factores inherentes a la vida misma, sin embargo, hay elementos que son predecibles y otros que no lo son. En Costa Rica, vivimos una situación de altísima complejidad en lo económico, lo político y lo social que pone al borde de una crisis grave y de profundas consecuencias al país.
En lo económico, mientras avanza a paso de tortuga el “procedimiento abreviado” para aprobar una reforma fiscal que llega 14 años después del inicio de su primera ronda de discusiones con el Pacto Fiscal, de la administración Rodríguez Echeverría. Lo que es imparable es la velocidad trepidante del gasto público en su crecimiento, con síntomas de no haber las condiciones de orden político y de necesario liderazgo para poner la cortadora de césped a trabajar, en el recorte urgente de los disparadores, supuestamente inflexibles de la estructura de los gastos del Estado, que sigue para sobrevivir, viviendo de préstamos cada vez más onerosos, resultado de la pérdida de la credibilidad en la capacidad de nuestro país de hacer frente a sus compromisos financieros tanto a nivel primario, así como del servicio de la deuda misma.
Mientras los tiempos de las soluciones en materia de ingresos son tan lentos como los apuntados, los costos son lo único cierto que tenemos, siendo la verdad de los hechos que, ante la carencia de contenido sustancial, de las expresiones de voluntad de entrarle a la estructura de gastos, no se avizora mejora alguna en el tema del déficit creciente.
El mito de la inflexibilidad de la estructura de los gastos del Estado, cuando se pone al desnudo, se traduce en la inflexibilidad de los tomadores de decisiones de revertir este nefasto proceso en el que el gasto crece en la más maltusiana tendencia, siendo que se han atribuido usos de orden específico irrestrictos a diversos sectores privilegiados del sector público, donde no se ven estos necesarios cambios de voluntades, por lo que es inflexible no es el gasto, sino la mentalidad anquilosada de un Estado proveedor y empleador por excelencia, resultado de una herencia rancia del Estado de finales del siglo XX en Costa Rica.
Para empeorar la situación, los sectores sindicales del rancio comunismo trasnochado, que han sido las sanguijuelas del sistema, se atreven a llamar a huelga nacional para el próximo 10 de los corrientes, con lo que se pone combustible en la pira, sin aportar a la solución, sino que al problema. Con qué recursos pretenden los sindicatos que se les sigan financiando sus gollerías y privilegios inconstitucionales, que lo son debido a la transgresión al principio de igualdad.
El círculo vicioso, de llamar a la población a que se oponga a las cargas tributarias, es una perversa conflagración para provocar una desestabilización del sistema de derecho del país, dejando en condición de imposibilidad material de resolver, a quienes hoy son depositarios del encargo público democrático, que ha caracterizado entre otros los valores más fundamentales de la sociedad costarricense. ¿Quo vadis Costa Rica? O peor aún, ¿dónde te llevan las manos malévolas de la siniestra tendencia de crear condiciones para el arribo del chavismo fracasado? Veamos que no hay coincidencias, que esto es una clara indicación de pretender con algún éxito relativo provocar una solidaridad por una causa en apariencia correcta, con un objetivo de perversión y malicioso.
No vemos en la supuesta receta de los sindicatos la eliminación de sus privilegios, ni la manera en que proponen distribuir la cara y dolorosa medicina de reducir el tamaño del Estado y de acabar con la fuente de la que han gozado, gozan y gozarán hasta que la fiesta se acabe. Es fácil que una persona, inclusive de mera condición racional se oponga por antonomasia a la creación de impuestos, los tributos son claramente impuestos en el sentido del acto de imponer, aunque tampoco dicen los sindicatos que parte de sus miembros están en las entrañas de una corrupta y anquilosada Administración Tributaria, que sigue permitiendo a precio de sangre, que haya una economía subterránea que se pasea a su vista y paciencia entre el contrabando y la descarada evasión fiscal.
No aportan con una huelga más que la baja en la producción, por los aparentes motivos correctos, pero con motivos subyacentes de orden turbio; para los que escuchan el llamado de sus bolsillos y con toda razón se oponen al acto antieconómico del ser racional que es someterse a un costo, en especial cuando no se le ha explicado, el costo de no pagar el precio de la vida en sociedad. Es fácil el discurso populista de la izquierda recalcitrante que hasta seduce a la derecha más férrea, esto porque el frío no está en las cobijas.
El procedimiento abreviado de aprobación al proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas está demorando más tiempo del que disponemos. Esto hace más cara la solución al problema ya que el mismo será insuficiente, si a la vez de manera generosa se reparten exenciones, como quien dispone de lo propio, no hay cosa más fácil que ser caritativo con los bienes ajenos, sigan regalando exenciones y verán como terminaremos con una aparente medicina, pero cuando la ingerimos corremos el riesgo de un medicamento vencido y los peligros que comporta tomarlos, por sus efectos colaterales que pueden ser opuestos a la pretendida condición del remedio.
La reforma fiscal va 14 años tarde, sé que no es responsabilidad esto, de los actuales diputados, pero no podemos seguir sacando posiciones populistas para llevar agua a los molinos propios de ambiciones electoreras, es tiempo de hacer lo que otros quedaron en deuda, a los diputados, sin duda aprobar, a pesar de las falencias la Ley; al Ejecutivo tomar con seriedad y coherencia acciones concretas para parar el derrame de recursos que sigue corriendo a borbollones por las calles de Costa Rica, de una vez por todas.
A la Sala Constitucional corresponde iniciar una valoración antes de que llegue una posible consulta entre los debates primero y segundo, que de recogerse las diez firmas de los señores diputados se daría, para tener claridad que parte de la responsabilidad de tener 14 años de demora, ha sido el embarazoso monumento a la forma por encima del bien jurídico tutelado de la estabilidad financiera, que garantice la económica y social de Costa Rica.
Los generadores de riqueza necesitamos reglas claras y estamos en medio una larga noche sonámbula.

 

Carlos Camacho Córdoba

 

Socio Director

 

ccamacho@grupocamacho.com

 

Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/los-tiempos

¿De qué trata el IVA?

Sin lugar a duda, lo que llena todos los medios de comunicación hoy en día, es la reforma fiscal, y junto con este macro tema en particular el tema del IVA, que ha dado una discusión de un corte un tanto pasional sobre si es necesario o no la exención de la canasta básica entre otros.
Por un lado, la gente asegura que el 13% del IVA de manera plena mantendrá menor la inflación, y otros dicen que quitar ese 13% hará que los precios no suban. Por ello, para poder comprender qué sucede es necesario explicar el IVA.
El IVA de manera natural, y en nuestra reforma no es diferente, busca gravar solamente el valor agregado que en cada paso de la cadena de producción se va generando, por ello se llama “Impuesto al Valor Agregado”. Ahora ¿cómo se logra esto?
Se logra mediante un ejercicio de débitos fiscales o una deuda con el fisco (por lo percibido en la venta) y créditos fiscales o saldo a favor del contribuyente (por lo pagado en el momento de la compra). Estos dos supuestos nacen cada vez que se da una venta y se activa el IVA. Lo pagado por el bien ya incluye un IVA, que cancela el contribuyente, y a la hora de venderlo le incluye un IVA en el precio de venta.
Sin embargo, lo que se recolecta a la hora de la venta tiene que ser dado al fisco, pero como a la hora de la compra ya había pagado un IVA, el monto pagado es acreditable a la retención realizada y así al fisco solamente deposita la diferencia. Un ejemplo sería el siguiente: 
Una empresa compra un bien que cuesta ₡1000 y paga ₡130 de IVA (crédito fiscal). A la hora de vender ese bien a un precio de ₡1500, cobrará además ₡195 por el concepto de IVA. Ahora al fisco solamente le devolverá al contribuyente ₡65, que corresponde a la diferencia de los ₡195, producto de la venta, menos los ₡130, producto de la compra del bien. Es lo mismo que decir que de la ganancia de ₡500, el 13% de ese monto, corresponde a la diferencia de ₡65.
Es importante recalcar que este impuesto siempre cobrará un 13% sin importar quien lo este pagando, por ello es un impuesto que se conoce en el ámbito tributario como de naturaleza regresiva. Otro concepto importante, que se debe explicar antes de entrar a recorrer las discusiones de la Asamblea Legislativa, es el concepto del prorrateo y lo contenido en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la actual reforma fiscal.
Básicamente la regla general es la siguiente, siempre se podrá utilizar todo lo pagado por el IVA en la fase anterior como un crédito fiscal, pero solo por el porcentaje igual al IVA cobrado. Entonces alguien que compró un bien gravado al 13%, pero lo utilizó para generar un bien que se encuentra gravado al 2%, solamente podrá usar el 2% del 13% pagado al inicio y el restante 11% se irá al costo de operación, el cual podrá trasladarlo al comprador final como parte del precio de compra (efecto inflacionario).
Un caso más complicado es cuando un bien comprado tasado al 13%, se usa para generar diferentes bienes, a veces gravados al 2%, otros exentos (0%) y otros al 13%. Para saber cuánto porcentaje del IVA pagado se puede usar como crédito fiscal y cuánto debe de ir al costo, se debe calcular un promedio ponderado de los bienes y obtener un porcentaje a usar durante el año natural.
Este porcentaje se calculará al inicio deL año fiscal, se reportará a la Administración Tributaria y al final del año, si el cálculo estuvo bien, procederá, pero en caso de necesitar corregirlo se tendrá que hacer el ajuste en el último mes fiscal. Esto claramente puede golpear fuertemente a los negocios y particularmente el capital de trabajo financiero de las empresas pues puede que hayan consumido costo durante todo el año, que tendrán que ajustar a fin de año. Dicho promedio ponderado es de los cálculos más importantes que tienen que llevar a cabo las empresas a inicio de año.
Una vez comprendido el IVA, es necesario aclarar su situación en la Asamblea Legislativa, donde se han presentado diferentes ideas de los diputados para tratar que este impuesto, de naturaleza regresiva (cobra igual sin importar si es pobre o rico), sea un poco mas progresivo (cobre dependiendo si lo pagan los pobres o ricos). Las ideas estipuladas han sido las siguientes:

Devolución al primer quintil:

Esta propuesta fue planteada en un inicio por el economista, ya fallecido, pero con ideas muy vivas don Edgar Ayales. Él proponía que se cobrara para  todos siempre el IVA al 13%, pero que el 20% de la población más pobre de Costa Rica, pudiera acceder a que el Estado le devolviera lo pagado por el IVA. Así solamente el 80% más rico de la población costarricense estaría pagando el IVA. La propuesta en sí tiene mucha lógica y es la única manera de hacer realmente progresivo este impuesto, sin embargo, la idea no fue bien tomada por los legisladores debido a que los costos de devolver dicho ingreso generarían mayores costos para Costa Rica, en épocas en las que lo  se requiere es eficiencia en el gasto.
Junto con esta propuesta, también se discutió una idea de tarjetas de descuento para este primer quintil económicamente más pobre, pero tampoco fue aceptado, pues se consideró que podría llevar a darse un mercado ilegal de tarjetas de descuento del IVA.  

Tarifa plena del 13%:

Esta propuesta es la que han sostenido mayormente los organismos internacionales y los teóricos del tema tributario. La propuesta en sí es que el impuesto que es de naturaleza regresiva no debe de tratarse de hacer progresivo, pues este cambio tiene efectos devastadores en la economía.
Ellos han usado experiencias internacionales, en donde lo que se demuestra claramente es que el IVA no llega a tener efectos inflacionarios, pues se regula con el paso del tiempo; y los países que han introducido diferentes opciones de tarifas diferenciadas o bienes exentos hoy en día están buscando cómo eliminarlo pues provoca cierto descontrol en la economía.
Los detractores de esta postura dicen que no se está pensando en el pueblo, a veces con aseveraciones técnicamente correctas y a veces con aseveraciones totalmente populistas.

Tarifas diferenciadas:

Una moda que ha mostrado esta legislatura, y por ende nuestra reforma fiscal, es presentar tarifas diferenciadas, como si esto fuera a hacer más progresivo el impuesto. El problema es que la tarifa diferenciada la obtendrían tanto pobres como ricos. Por ende, seguiría siendo de igual manera regresivo.
Por ejemplo, si el proveedor compra a tarifa regular de 13%, y el producto tiene una tarifa diferenciada en la venta al 2%, este proveedor tendrá que consumir en su costo el 11%. El problema de esto es que si el bien es muy inelástico (es decir que a pesar de que suba el precio se seguirá consumiendo, como es el caso de la educación por poner un ejemplo) el proveedor incluirá el 11% en el costo, el cual le obtendrá una marginación, que probablemente sea mayor al 13%. Por ende, esto si generará un aumento de los precios y puede ser un disparador de la inflación.
Otra desventaja de la tarifa diferenciada, es que si el bien comprado a tarifa regular se utiliza para generar bienes gravados con tarifas diferenciadas distintas, se tendrá que realizar la prorrata y ello expone a la empresa a generar un golpe en el flujo de caja por un mal cálculo nada despreciable. Operativamente generará una dificultad importante a la empresa y un costo para el cumplimiento fiscal de la misma que puede llegar a repercutir en el costo de los bienes.

Bienes exentos:

Esta propuesta, si bien es la que más ha tomado revuelo últimamente, es en definitiva, la opción más dañina en efectos económicos. La misma, presenta todas las dificultades de la tarifa diferenciada, con el conflicto de que desaparece la trazabilidad, la cual con los niveles de evasión fiscal presentados por Costa Rica es crucial, pues el IVA al tener que registrar cada compra y venta para temas de créditos y débitos fiscales, de inmediato se asocia con los otros impuestos.
Así cuando una persona registra todas las compras y ventas, se puede dibujar de manera fehaciente sus ingresos y gastos gravables y deducibles para la renta. Pero, si una compañía no tiene interés en el débito y en crédito fiscal pues son exentos sus bienes, fácilmente se puede ver tentado a no registrar nada y por ende agravar más la evasión fiscal.
Un ejemplo grave de bien exento es la educación privada, pues en caso de que las instituciones educativas tengan que consumir este impuesto en sus costos, al ser un bien bastante inelástico, provocará un aumento en el precio a los consumidores finales con un moderado mark up, que podría encontrarse muy por encima del 13%. Por ende, hacer exento este bien hará que sus precios se disparen.

Tasa 0 con acreditación plena en fase final:

Esta propuesta, es un híbrido entre las posturas más sociales (de tener bienes exentos para la gente pobre) y la parte técnica (de tener una tarifa plena del 13% para evitar todos los detrimentos ya mencionados).
Esta propuesta fue diseñada por Carlos Camacho, en donde le pude asistir en su generación. Básicamente si bien ambos comprendemos y estamos convencidos que el IVA al 13% pleno de todos los bienes es el más perfecto y técnicamente el más solvente. Bajo la premisa de que la política es el arte de negociar, es necesario que tanto el sector político y el técnico entren en una tregua para avanzar con el proyecto de Reforma Fiscal de la mejor manera.
La propuesta versa en que todos los bienes se encuentran gravados al 13% durante toda la cadena de producción, y solamente en la fase final, es decir cuando se venden al por menor, se da una tasación del 0%, con la particularidad de que el vendedor de este bien podrá acreditarse todo el IVA pagado para la generación del bien que será acreditable contra otros IVA´s pagados.
Esta propuesta tiene la ventaja de que no genera un impuesto a los consumidores finales por los bienes a tasa 0%. Además brinda trazabilidad, pues siempre se tendrá un interés en la acreditación y débito del impuesto y no generará inflación pues nada se irá al costo. También, no brinda la complicación del prorrateo.
Su desventaja es que el último mark up debería de ser gravado y no lo es, por lo que quien termina pagando ese impuesto, mediante la no recaudación, es el Estado. Si bien es menos gravoso para el Estado que la tarifa diferenciada o los bienes exentos, en definitiva, se recauda menos que en el caso de la tarifa plena del 13%.
En general estas son las cinco propuestas que se han discutido a nivel de la Asamblea Legislativa, y que han sido presentadas como mociones por diferentes legisladores. Ahora bien cualquiera que se decida, nos afectará. Aparenta ser que la preferencia política ha logrado más que los temas técnicos, dándonos así un panorama lleno de prorratas, falta de trazabilidad e inflación generada por costos para un futuro.
Sin embargo ya sea que vayan por un camino u otro, la realidad es que el IVA representa un gran reto para nuestro país. Por ende el mejor consejo a dar es que todo aquel que brinde un servicio, venta de un bien o en general lleve una actividad económica en el país, debe asesorarse con un experto y no solo en temas tributarios si no en IVA, pues aunque se tenga mucha experiencia en impuestos, recordemos que toda esta situación es nueva para nuestra normativa.

 

Eduardo Rodríguez

 

Gerente de impuestos

 

erodriguez@grupocamacho.com