Registro de Accionistas y sus implicaciones más allá de un simple cumplimiento tributario

Registro de accionistas

Como recordarán, semanas atrás salió publicado en La Gaceta el Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, lo que popularmente se ha llamado el “Registro de Accionistas” (23 de abril de 2018).

Se ha preguntado usted las consecuencias de entregar ésta información, y que la Administración Tributaria (como el Instituto Costarricense de Drogas (ICD)) tenga la facultad de consultarla y sobretodo de analizarla. Actualmente las Autoridades Fiscales realizan una inteligencia tributaria con el fin de realizar procesos de fiscalización más eficientes gestionando la información que tienen en su poder. Se encuentra preparado para responder todas las preguntas que le pueda hacer un auditor fiscal sobre el Grupo Económico al que usted representa.

Los obligados de suministrar esta información son las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas domiciliadas en el país, los administradores de recursos de terceros a favor de sus clientes, las organizaciones sin fines de lucro y los fideicomisos privados, incluyendo los fideicomisos extranjeros que realizan actividades en Costa Rica.

¿Es usted el responsable de entregar ésta información? Si no está claro, observe el siguiente detalle:

 

OBLIGADO TRIBUTARIO RESPONSABLE
Personas jurídicas y otras estructuras jurídicas Representante legal.
Fideicomisos El fiduciario.
Administradores de recursos de terceros Representante legal, el mandatario o quién ejerza los poderes de representación con facultades de administración.
Organizaciones sin fines de lucro El presidente o quien ejerza las facultades de representación.

 

 

La información que el responsable deberá proveer será la necesaria para identificar la totalidad de las participaciones y beneficiarios finales del obligado.

Los sujetos obligados deben cumplir anualmente con el suministro de la información solicitada.

El no cumplir con ésta obligación tributaria, lo puede hacer acreedor de una sanción, según el artículo 84 Bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de una multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de los ingresos con un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base.

Además, es importante señalar que al día de hoy nos encontramos pendientes de que indiquen cuando y como se deberá entregar la información solicitada en este Reglamento al Banco Central de Costa Rica.

De acuerdo a lo anterior, nos ponemos a su disposición con el objetivo de revisar preliminarmente la información que se va a enviar, con el objetivo de identificar situaciones que puedan llamar la atención de las Autoridades Fiscales, con el fin de que la “primer foto” de su representada sea la más conservadora. Si debe hacer cambios, hágalos ya, antes de la primera entrega.

 

Honduras: DECRETO 129-2017 | Amnistía y Regularización 2017

DECRETO 129-2017 | Amnistía y Regularización 2017

El decreto No.129-2017, publicado el 2 de mayo del 2017, establece una amnistía y posibilidad de regularización tributaria para los periodos no prescritos (2013-2017), con fecha límite al 31 de mayo del 2018. En términos generales:

  1. Durante el periodo comprendido desde la vigencia del Decreto 129-2017 hasta el 31 de mayo de 2018, los obligados tributarios podrán:
  • Presentar las declaraciones, tributarias o aduaneras, que se hayan omitido por los obligados tributarios referente a las obligaciones y pagos hasta el 31 de diciembre de 2017. (comprende los periodos no prescritos 2013 – 2017).
  • Hacer rectificaciones a las declaraciones que los obligados tributarios hubieren presentado por error y estos hayan estado obligados o no a presentarlas.
  • Pagar cuando corresponda los tributos relacionados con las declaraciones mencionadas en los incisos a) y b), sin multas, recargos o intereses.
  • El beneficio de la amnistía se concederá a los obligados tributarios que hayan presentado sus declaraciones, determinativas e informativas y manifestaciones, ya sean anuales, mensuales o indistintamente del periodo, hasta el 31 de diciembre de 2017.
  • Los obligados tributarios que no se encuentren en mora en el cumplimiento de sus obligaciones materiales con el Fisco y que tengan al día la presentación de sus declaraciones determinativas de tributos ante la Administración Tributaria podrán acogerse al beneficio de amnistía consistente en la regularización tributaria y aduanera de finiquito o sello definitivo por los periodos fiscales 2013 – 2017, debiendo realizar un pago único del 1.5% sobre los ingresos brutos obtenidos según la Declaración del Impuesto sobre la Renta. (Se tomará en relación con el monto más alto reportado en cualquiera de estos periodos).
  • Los obligados tributarios podrán determinar regularizar su situación tributaria respecto de sus acciones administrativas o judiciales en su contra y en curso, que sean anteriores al año 2013, pagando un valor igual al 1.5%, calculado sobre la cuantía de la acción administrativa o judicial que se regularizará.
  • Para los contribuyentes que se acogieron a la regularización del Código Tributario (al 2016), a efectos del periodo 2017, pueden regularizar de finiquito o sello definitivo, realizando un pago único del 0.3% de los ingresos del 2017, siempre y cuando hayan presentado y pagado ISR 2017.
  • No podrán acogerse a este beneficio los obligados tributarios que se encuentren en mora al 31 de diciembre de 2017.

NUESTRA FIRMA

Somos una firma de consultoría internacional, expertos en temas tributarios y gestión de negocios. La excelencia de nuestros servicios en consultoría se basa en nuestra experiencia acumulada desde 1988, siempre con una visión hacia la calidad, innovación y consecución de valor agregado para el centro de acción de nuestro trabajo: nuestros clientes. Estamos centrados en la atención de las necesidades, actuales y potenciales, de nuestros clientes; dejando de lado la estructura tradicional de organización basada en servicios.

Nuestros alcances de servicios son diseñados para resolver de la forma más eficiente las necesidades de nuestros clientes, sin que se vean afectados o limitados por nuestra estructuración interna

  • Nuestros clientes desarrollan su relación con una sola firma, Transfer Pricing Advisors, sin importar cuáles sean y dónde están sus necesidades.
  • El alcance se diseña puntualmente para cada caso, procurando la aportación de valor agregado en todo servicio que prestamos.

NUESTROS SERVICIOS

Gobierno Corporativo Tributario | A su lado en la toma de decisiones estratégicas

Diseñamos y planificamos su obligación tributaria | Planifique su obligación tributaria

Consultoría en cumplimiento tributario | Verifique su cumplimiento tributario

Gestión Patrimonial | Proteja su valor

Acompañamiento en procesos de fiscalización | Experiencia e inteligencia tributaria

 

 

¿Qué medidas tomar cuando se enfrenta un proceso de fiscalización tributaria?

Fiscalización

Todos los que lo hemos vivido, sabemos que hacerle frente a un proceso de actuación fiscalizadora por parte de la Administración Tributaria puede ser tan costoso y desgastante en los recursos más preciados de nuestros negocios, el recurso económico y el tiempo. Al final, ante un mal resultado, el principal afectado es el patrimonio de la empresa y el de sus dueños.

Nadie quiere trabajar para pagar impuestos, mucho menos intereses y sanciones; todos quieren maximizar las utilidades de sus empresas. Sin embargo, la observancia de los hábitos, conductas y políticas corporativas y tributarias de los contribuyentes muchas veces no son concordantes con esa premisa, debido a los “pecados” de obra y omisión no solamente en el proceso mismo de la actuación de fiscalización, sino en la fase previa y hasta en la posterior.

¿Qué acciones puede tomar previo a una fiscalización?

Esta fase se llama: “mejor prevenir que lamentar”. Si usted es de los que piensa que está de último en la lista para ser seleccionado para un proceso de auditoría fiscal, se equivoca. Le invitamos a que lea nuestro artículo “Las fiscalizaciones tributarias ahora son inteligentes” para que se entere de las mil y una posibilidades que tiene de ser seleccionado. Por lo tanto, le recomendamos tomar medidas mínimas de prevención como las siguientes:

  • Asegúrese de que la información suya o de su empresa como contribuyente está actualizada en el Registro Único Tributario. Un error simple como tener registrado un domicilio fiscal incorrecto, puede hacer que corra todo un proceso de fiscalización del cual usted nunca se enteró que empezó y se le sancione por no suministrar información requerida por la DGT. Dicho sea de paso, esta es una de las sanciones más onerosas establecidas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Puede rondar entre ₵1.300.000 aprox (3 salarios base) y ₵43.000.000 aprox (100 salarios base).
  • Mida su nivel de riesgo. Mediante un diagnóstico fiscal integral conozca cuáles son sus riesgos tributarios. Un análisis de estos le ayudará no solo a mitigar y controlar sus riesgos actuales, sino a implementar acciones de eficiencia fiscal dentro del marco legal que le permitan minimizar su carga tributaria.
  • Conforme su propio Gobierno Corporativo Tributario. Déjese asesorar en temas de impuestos que inciden en la toma de decisiones estratégicas y operativas de su negocio. Con esto se asegura de que dichas decisiones conllevan mínimos costos alternativos de carácter tributario y mitiga riesgos en sus planes estratégicos. Puede leer más de Gobierno Corporativo Tributario en nuestros boletines informativos.

¿Qué acciones puede tomar durante una fiscalización?

Esta fase se llama: “al toro por los cuernos”. Las acciones preventivas que no haya tomado para esta fase, ya no las tomó y deberá enfrentarla con lo que tiene. Pero cuidado, a veces lo que tiene necesita de un ojo experto revisor antes de entregar la información a los auditores fiscales. No vaya a ser que entregue más información de la cuenta o que incumpla con los requerimientos solicitados por la auditoría.  Algunos consejos para la fase del “durante” son:

  • Hágase acompañar en todo momento por su asesor fiscal y pídale que le haga conocer sus derechos y obligaciones.
  • Habilite un correo electrónico para recibir notificaciones.
  • Elija cuidadosamente el lugar en el que recibirá a los auditores. No de espacio para que una conversación inoportuna o inadecuada de sus colaboradores de pie a indagaciones ulteriores por parte de los fiscalizadores.
  • Mantenga una copia fiel y cronológica de toda la documentación que va entregando a la DGT durante el proceso de fiscalización.
  • Siempre tome su tiempo para leer con detenimiento el acta de hechos que se levanta en cada sesión con los fiscalizadores. Cuando usted firma estas actas, está aceptando que todo lo contenido en ellas es cierto.
  • Nunca entregue en custodia de los fiscalizadores los documentos originales.

¿Qué acciones puede tomar cuando finaliza la fiscalización?

Esta fase se llama: “del ahogado, el sombrero”. Para entonces, ya tendrá usted en sus manos el acto determinativo, resultado de los procedimientos de revisión realizados por los fiscalizadores. Algunos consejos para que tome en consideración son:

  • Solicite la copia completa de ambos expedientes: el determinativo y el sancionatorio y pídale a su asesor que le ayude a identificar posibles nulidades del procedimiento.
  • Valide en conjunto con su asesor las conductas determinadas en la fiscalización, para identificar si las mismas son o no sancionables. Esto puede incidir enormemente en el monto de las sanciones cobradas y por su puesto en su flujo de caja.
  • No olvide aprovechar la reducción eventual de sanciones, según sea el acuerdo de regularización del acto determinativo. Esto también afectará directamente su bolsillo.

Como Firma, hemos acompañado hombro a hombro a muchos contribuyentes en todas las fases del proceso: el antes, el durante y el después. Algunos han reaccionado a la necesidad de este acompañamiento más tarde que otros, pero todos han coincidido en que tomar acciones y decisiones informadas/asesoradas resultó ser un menor costo incremental de la carga tributaria de sus representadas.

El procedimiento de fiscalización se encuentra regulado en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Desconocerlo o malinterpretarlo puede ser letal. Déjese acompañar y mitigue sus riesgos.

 

Consideraciones para Precios de Transferencia 2017 en Panamá: Gestione su riesgo.

Precios de Transferencia Panamá

De acuerdo con la normativa de precios de transferencia, el contribuyente –su empresa– es responsable de realizar y documentar los análisis necesarios a efectos de probar que las transacciones con partes relacionadas en el exterior cumplen con el principio de libre competencia.

Esta obligación de cumplimiento, con sus distintas modificaciones a nivel normativa, lleva más de 4 años de estar vigente en el país. La DGI ha realizado procesos de Auditorías de precios de transferencia, solicitando los estudios de precios a gran cantidad de contribuyente y analizando a fondo algunos casos que resultaron de su interés. Inclusive, ya se han realizado ajustes por este tema por parte de la DGE y hasta se tiene el primer fallo del TAT (Tribunal Administrativo Tributario) al respecto. Todo lo anterior conlleva un proceso de maduración de la obligación el cual debe de reflejarse en el ejercicio 2017.

Los invitamos a leer el siguiente artículo, participar de nuestro webinar al respecto y/o reunirnos para ver en detalle sus consideraciones.

Para el debido cumplimiento de los precios de transferencia de dicho periodo, el contribuyente –y/o el asesor que este contrate para realizar el estudio– deberán considerar con detenimiento las disposiciones de decreto ejecutivo N 390, el cual reglamenta el análisis de precios de transferencia y documentación relativa a partir del periodo 2017. Además, deberán de capitalizar la sentencia del TAT sobre este tema.

Entre los aspectos más relevantes a considerar del Decreto, se encuentran los siguientes:

a. El análisis de las operaciones debe realizarse operación por operación, no de forma agrupada, salvo algunas excepciones.

b. Se condiciona el uso de la información de múltiples periodos.

c. Se especifican los criterios de comparabilidad y cómo deben desarrollarse dentro de la documentación.

  • Por ejemplo, se indica proceder con la segmentación de la información financiera de los comparables para efectos de eliminar operaciones no comparable.

d. Queda clara la preferencia por comparables internos antes de los externos.

e. Se exige documentar la elección del comparable, con un análisis de funciones en consideración de activos y riesgos.

f. En la construcción de los indicadores de rentabilidad de la empresa, se debe indicar claramente la relación del mismo con los EEFF del año en curso.

g. A nivel de la documentación:

  • En el estudio de precios de transferencia:
  • Se debe incluir información del grupo económico
    • Por ejemplo, organigrama del contribuyente y del grupo.
    • Descripción general del grupo multinacional, incluyendo historia, productos, servicios.
    • Además, se obliga tener a disposición información y documentación relativa al grupo empresarial, conocida generalmente como Master File o archivo maestro.

En cuanto la capitalización del fallo del TAT sobre esta materia, la misma se debe realizar para velar que los análisis y la documentación efectuada cumplan con la rigurosidad técnica esperada por la DGI en la materia. Entre los aspectos más importantes a considerar, se encuentran los siguientes:

a. Se debe conciliar la información de partes relacionadas de la declaración de renta con la información del formulario 930.

b. En la aplicación del Margen Neto de la Transacción:

  • Al construir el indicador de rentabilidad, debe existir claridad sobre la composición de este, es especial cuando es distinto al que indican los EEFF de la empresa en el periodo.
  • Si su empresa tiene varias líneas de negocio, a efectos de los análisis de rentabilidad, se deben utilizar Estados Financieros segmentados para la construcción de los indicadores de rentabilidad.

c. En lo correspondiente a la Selección de comparables.

  • Debe quedar claro cuáles son los criterios para elegir las empresas comparables o para descartar el resto.
  • La similitud en los productos es fundamental al momento de catalogar como comparables dos operaciones, argumentando que comercializar productos distintos conlleva funciones y riesgos diferentes. Lo anterior concuerda con lo indicado en el Decreto antes explicado.
  • Atención a comparables con más de un giro de negocio, donde corresponde utilizar información segmentada del comparable.
  • Se debe utilizar para el análisis la información pública de los comparables, por ejemplo, los formularios 10-K, y no utilizar únicamente la información que brindan las bases de datos.
  • Se deben realizar esfuerzos documentales de la selección geográfica de los comparables y los ajustes de comparabilidad que se realicen para estos efectos.

d. El estudio de precios de transferencia que se presente a la DGI es definitivo. No hay segunda oportunidad de presentar información distinta.

e. Un rango de mercado se puede constituir por dos o más empresas.

f. La DGI se basa en los resultados de la declaración de ISR para el cálculo del margen de utilidad, por lo que se debe prestar atención especial a las partidas de ingreso no sujetas y de costos y gastos no deducibles del ISR en el cálculo del indicador.

Nuestro grupo, a través de Transfer Pricing Advisors, lleva trabajando la obligación de precios de transferencia en Panamá desde el 2012. Hemos sido parte del equipo de defensa en procesos de auditoría de la DGI en este tema, por lo que conocemos al detalle su enfoque sobre la materia. Estamos a su disposición ya sea para trabajar en el cumplimiento del periodo 2017, como para abordar la materia desde un punto de vista más estratégico, definiendo su modelo de gestión de precios de transferencia e identificando riesgos por el cumplimiento de los periodos anteriores.

Dos reglamentos relevantes

Antes del cierre de la Administracion Solís Rivera, han quedado publicados dos reglamentos que son determinantes en la vida de las empresas y sus relaciones con los entes públicos en general, tanto como en particular con tres instituciones que son rectoras del cumplimiento de las obligaciones de los agentes económicos a partir de las respectivas publicaciones.

Valga decir, que en todo caso, las dos instituciones a pesar de tener objetivos específicos de gestión y control de los elementos propios de su ámbito, son afluentes que alimentan a la vez a una de las instituciones que es el objeto de análisis del presente artículo, sea, cómo inciden las regulaciones de registro de accionistas con el ICD (Instituto de Control de Drogas) como la SUGEF (Superintendencia General de Entidades Financieras), esta información recabada esta directa e indirectamente vinculada con el cumplimiento fiel de los deberes tributarios, haciendo un alumbrado a las zonas oscuras del anonimato -el particularmente nefasto de las actividades ilícitas- la concentración de los grupos económicos, la transparencia del patrimonio de los beneficiarios últimos de las entidades y cadenas de estas en figuras, con y sin personalidad jurídica propia, con plazos perentorios muy cortos para que las instituciones que se convierten en instrumentales al cumplimiento de los deberes de transparencia como la Dirección de Notariado y el Registro Público, con plazo de puesta en marcha el próximo 30 de junio, sea en los próximos 60 días.

El reglamento de la ley 9449 relativa a las modificaciones de la ley 8204, “LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO”, incluye sin más postergación el deber de inscripción ante la SUGEF, de las actividades económicas de manejo de fondos de terceros en la amplia gama de esta modalidad, que incluye-al no haber exclusiones legales establecidas-las de manejo de fondos intragrupo, aspecto que levanta banderas a la gestión de esta naturaleza en el ámbito natural de la administración de las empresas con tesorería común o el uso de las prácticas de consolidación del efectivo, para ser utilizado ahí donde el grupo lo requiere, con mucha laxitud respecto de la documentación, tanto como del establecimiento de reglas, términos y condiciones que tienen tanto el impacto previsto por esta normativa de anti lavado de activos, como las banderas fiscales relacionadas con los asuntos de precios de transferencia, que comportan estas actividades y su incidencia fiscal respectiva, asunto que no puede ser obviado por los actores económicos.

Aparte de los regulados financieros, están ahora a la inscripción, así como a los deberes de reporte periódico, muy posiblemente de orden mensual, las siguientes actividades: La compraventa o el traspaso de bienes inmuebles y bienes muebles registrables o no registrables, tales como armas, piedras y metales preciosos, obras de arte, joyas, automóviles y los seguros. b)    Los casinos, las apuestas y otras operaciones relacionadas con juegos de azar. c)     Operadoras de tarjetas de crédito que no formen parte de un grupo financiero. d)    Servicios profesionales. e)     Medios alternativos de transferencias financieras f) las de otorgamiento de facilidades crediticias de cualquier naturaleza, etc.

La importancia de esta regulación es no solo del orden de control del ámbito que pretende regular, sino, que a través de la información periódica, esta enviando señales al sistema de control, en este caso en manos de la SUGEF, para comprobar su buen conducir de los negocios, pero no deben perder de vista las actividades enunciadas, la accesibilidad de esta información a la Administracion Tributaria de conformidad con el deber de toda entidad de suministrar a la Administracion información que sentando en su haber pueda tener incidencia tributaria.

Cuando el contribuyente interioriza esta realidad, se dará cuenta de la necesidad de efectuar cambios sustanciales para efectos de conformar una disciplina de cumplimiento tributario, que se incorpore en las venas mismas del negocio mediante el concepto de gobierno corporativo tributario, que implica, incorporar en labores ex ante, desde las mismas actividades de toma de decisiones estratégicas, prácticas tendentes a poder enviar sus fotografías financieras a las autoridades sin tener sobresaltos, resultantes de ajustes tardíos de propósito únicamente tributario, que quedará muy evidente en sus reportes, así como en el contraste de la información a través del tiempo, siendo esto uno de los mayores retos culturales que implica la adopción de esta normativa, aparte de las complejidades operativas y técnicas que implica en sí misma la actividad regulada y la diversa incorporación de figuras de prácticas que deben ser estandarizadas a todos los efectos de cumplir con la SUGEF.

Por su parte el reglamento de registro de accionistas que llega a poner las reglas de orden en relación con los deberes de todas las entidades, nacionales o extranjeras operando en el país de hacer del pleno conocimiento de la Administracion Tributaria y del ICD, los beneficiarios últimos de las entidades, con o sin personería jurídica propia, atribuyendo la titularidad de estos beneficiarios con propósito dual, por un lado conocer los elementos constitutivos de los grupos económicos y la concentración empresarial a efectos fiscales, así como determinar a efectos de las normas del ICD, la acumulación de riqueza que no tenga fuente legitima de origen lícito, incluído en el concepto de licitud, no solo la actividad subyacente que dio origen a la riqueza, sino que la prueba de la debida tributación correspondiente de la misma.

La mera interposición de figuras jurídicas locales o internacionales, con propósito de disimular la atribución patrimonial a sus efectivos beneficiarios, tiene una norma de cierre que deviene de la Ley de Lucha Contra el Fraude Fiscal de diciembre de 2016, que es la atribución de la titularidad al administrador de la entidad local.

Esta presunción, así como la atribución al ultimo beneficiario, tienen como fin último, poder activar en cabeza de dichos beneficiarios las presunciones fiscales del articulo 5 de la ley de impuesto sobre la renta, sea que cuando alguien detente un patrimonio que supere aquel que pueda demostrarse que ha tributado conforme las normas del país en que se originó dicho patrimonio, o que no estaba según las normas respectivas en obligación de pagar impuestos, no así aquellos patrimonios que sin poder demostrar jurídicamente por medios idóneos la trazabilidad del mismo, no solo puedan verse frente a determinaciones de obligaciones en renta, sino que eventualmente de caber otros elementos de falta de prueba de legitimidad de la actividad subyacente, ser perseguidos por lavado de activos, blanqueo de capitales o actividades conexas.
Es así como los dos reglamentos tienen en común poder llevar procesos paralelos en materia administrativa-SUGEF y Tributación- tanto, como en el ámbito penal del lavado de activos y legitimación de capitales, tanto como financiamiento al terrorismo y actividades conexas.

En la entrada en vigor de las dos normas reglamentarias es de recibo por parte de los contribuyentes efectuar una clara determinación, particularmente a las reglas del nuevo ámbito de cobertura en la ley 9443, en relación con las actividades mismas, procediendo a su inmediato proceso de inscripción, ya de por sí las instituciones financieras, han venido requiriendo a ciertas actividades de estas ramas, llevar a cabo sus procesos de solicitud de inscripción ante la SUGEF, so pena de cerrar las cuentas que en dichas instituciones mantengan quienes teniendo el deber de inscribirse no lo hagan en plazos perentorios. Esto implica riesgos severos de negocio en marcha para quienes no cumplan en fase voluntaria.

Por otra parte, son punto de conexión ambos reglamentos en las posibles implicaciones de flujo de información, cumplimiento con el estándar global de transparencia, deberes de conocimiento de los clientes, los accionistas, así como la adecuada documentación de debida diligencia ya no limitada a los agentes financieros, sino a un importante nuevo conjunto de actores que inician el mes de mayo, con regulaciones urgentes que atender.
Por último, no debemos perder de vista que los contribuyentes, tenemos unos deberes que al cumplirlos incrementan el acervo de información que debe tener coherencia interna y externa, por lo que conviene efectuar labores que aporten al mapeo de sus nuevos riesgos, en especial ante el cambio de las autoridades en las instituciones, resultantes del cambio de gobierno, así como de la desesperada necesidad de Hacienda de llevar recursos nuevos y frescos a sus arcas.

Carlos Camacho Córdoba
Socio Director Grupo Camacho Internacional
ccamacho@grupocamacho.com

Las fiscalizaciones tributarias ahora son inteligentes

Fiscalización

¿Qué es una fiscalización tributaria?

Es el procedimiento mediante el cual la Administración Tributaria verifica el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, estando facultada para requerir todo tipo de información que se considere pertinente para la identificación de diferencias entre los impuestos determinados por éste órgano y los liquidados por los contribuyentes, en cuyo caso también se le faculta para aplicar y cobrar las sanciones establecidas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, según sea la conducta tributaria del obligado.

¿Cómo ha cambiado el modelo de fiscalización en Costa Rica?

El modelo de control tributario en Costa Rica, específicamente en el área de fiscalización, se ha venido transformando en el último quinquenio. Años atrás, las fiscalizaciones se desarrollaban mediante la aplicación simple y esquemática de un programa de auditoría para ver si el auditor podía toparse con la suerte de llegar a hacer alguna determinación de diferencias de impuestos en una empresa que difícilmente conocía.

Hoy día, la Administración Tributaria conoce la desnudez de su empresa sin necesidad de abrirle un proceso de fiscalización. Puede ser que usted aún no lo sepa, pero la información de relevancia tributaria de su Compañía o la suya propia como contribuyente o representante legal está ya depositada en las arcas informativas de la Dirección General de Tributación.

De modo que, cuando le notifiquen el inicio de una actuación fiscalizadora, sepa que ya la Dirección General de Tributación conoce o al menos tiene una muy buena idea de por dónde andan sus posibles faltas.

¿Cómo conoce la Administración Tributaria la información de su empresa sin abrir un proceso formal de fiscalización?

Hay varias formas: la primera es porque usted mismo ha estado depositando periódicamente la información de trascendencia tributaria que antes no estaba obligado a hacerlo. Dos ejemplos claros: registro de accionistas y AMPO (esta última solo aplicable de momento a Grandes Contribuyentes).

Asimismo, ha habido quebrantos a facultades que usted antes tenía y ya no, por ejemplo la de autorizar el suministro de la información de sus cuentas bancarias, lo cual quedó derogado en el 2012 con el levantamiento del secreto bancario, hecho que aunado a la adopción del Common Reporting Standard de la OCDE en el 2016, hace que la información de sus cuentas bancarias se encuentre visible a la Administración Tributaria.

A todo esto se le llama “inteligencia tributaria”. Es decir, la capacidad que tiene la Administración Tributaria de conocer el comportamiento histórico de los contribuyentes, medido a través de transacciones, declaraciones tributarias y otra información pertinente, obtenida no solo a nivel local por los referidos medios, sino también a nivel internacional mediante la suscripción de instrumentos de intercambio de información e implementación de instrumentos como el reporte “país por país”.

¿Y ahora qué?

Prepárese, asesórese, permítanos dotarle de las herramientas de mitigación de riesgos para que, ante un ambiente de control tributario inteligente y exigente, no incurra en riesgos incrementales que amenacen el patrimonio suyo y de su empresa.

 

 

El Gobierno Corporativo Tributario

Gobierno Corporativo

Hoy día la comunidad, tanto de negocios como el consumidor en general, reclama “juego justo” en el mercado de parte de todos sus actores; la reputación y la credibilidad son hoy los intangibles más valiosos para cualquier empresa. Los asuntos tributarios (a la par de los medioambientales) son hoy el talón de Aquiles de muchos empresarios y negocios, que hacen tambalear o caer grandes grupos corporativos, con importantes ejemplos a nivel mundial y de recientes casos que se ventilan en nuestro medio local. Los esquemas defraudatorios groseros y sofisticados son detestados, por el impacto social y económico que causan a la sociedad en su conjunto, en especial cuando estas conductas han quedado en estado de impunidad.

La gestión de los negocios actuales requiere otorgarle al cumplimiento tributario una silla en la mesa directiva responsable del gobierno corporativo. No podemos permitirnos que el tema continúe siendo una rápida evaluación al cierre del periodo fiscal.

¿Qué acciones implica el gobierno corporativo?

El gobierno corporativo tributario implica mantener en la mesa de trabajo permanente tres acciones: (1) diagnóstico continuo de la posición actual, (2) evaluación concreta de la estructura para dar debido cumplimiento y (3) análisis de la estrategia y políticas definidas por los socios y los directores, que actúen de manera transversal al quehacer y decisiones estratégicas y operativas de los negocios.

El diagnóstico continuo de la posición tributaria actual es un examen objetivo del debido cumplimiento, basados en un conocimiento concienzudo de cuáles son las obligaciones del grupo corporativo, así como de los riesgos acumulados e implícitos de los negocios, tanto del grupo como del entorno político de la materia.

¿Qué deben hacer los responsables del gobierno corporativo?

Se hace obligatorio para los responsables del gobierno corporativo conocer cuál es el mapa impositivo; qué costos implica para los negocios; qué procesos deben asegurar su cumplimiento al menor costo posible legal; cómo es la relación con las distintas administraciones tributarias locales (nacionales y municipales) y extranjeras; qué comunicaciones se dan con ellas y cómo las atienden; cuáles son las contingencias y qué nivel de riesgo implican; cómo se deben revelar a los socios e interesados de la información financiera; qué acciones implican que deban dirigirse a los responsables de la gestión administrativa; entre otros muchos aspectos.

Esta primera acción del gobierno corporativo tributario, es de carácter permanente. Hoy se está discutiendo el proyecto de reforma Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que debe ya haber implicado en la mesa directiva la búsqueda del asesoramiento de expertos para identificar cómo cambia el mapa impositivo actual, para definir el plan de acción para adaptación y logro de cumplimiento oportuno y eficiente. Asimismo, a nivel mundial tenemos un escenario cambiante en asuntos de la fiscalidad internacional y a nivel local una evolución jurisprudencial que nos obliga y amplía nuestras responsabilidades, tanto formales como materiales.

A la vez, esta acción enlaza con las otras dos indicadas, no en etapas subsiguientes, sino encadenadas, de manera que la mesa directiva pueda tomar siempre decisiones de negocios considerando el aspecto tributario como un elemento a priori. Hemos visto cómo en administraciones tributarias de sistemas avanzados como el japonés, este accionar de parte de los responsables del gobierno corporativo, significa trato diferenciado (favorable) en los planes de fiscalización.

Para estas administraciones tributarias evaluar y confirmar que los socios y directivos asumen responsablemente la normativa tributaria, que sus políticas son legales y morales, implica un nivel de credibilidad que les permite catalogarlos como contribuyentes de bajo riesgo o riesgo controlado.

Grupo Camacho Internacional le invita a adoptar un modelo de gobierno corporativo tributario. Estamos capacitados para acompañarles en la mesa directiva y asumir un rol activo, junto con su equipo de trabajo, para mantener y mejorar la reputación de su negocio y la credibilidad frente a las administraciones tributarias.

Generalidades de Gobierno Corporativo

¿Qué es?

El gobierno corporativo es más que una simple moda, una tendencia, una forma de llamar distinta a las mismas cosas que tradicionalmente se han hecho en administración y gestión empresarial. Es el conjunto de sistemas y subsistemas que interactúan entre sí para atender las diversas necesidades de las empresas y su medio circundante, los clientes internos y externos, la comunidad y los partícipes interesados, con el fin de garantizar que la gestión es una sucesión sistemática de valores y acciones predecibles y contestes entre sí para el logro de los objetivos multipartitas.  Esta serie de elementos deben trascender a la interpretación, por tanto, debe generarse en documentos revisables, con lenguaje apropiado, pero muy especialmente de forma útil a todos los usuarios, en especial a los accionistas, colaboradores y clientes. Los documentos no pueden quedarse en letra muerta, deben ser dinámicos y auténticamente e responder con dinámica a los aspectos medulares de la gestión de las empresas.

Aunque ha existido en la gestión de los negocios de una manera u otra, en la última década se ha acentuado la necesidad de contar con estos elementos que garanticen en una sociedad cada vez más interdependiente, que el manejo de los riesgos es equilibrado para el logro de los objetivos de todas las partes, en una clara forma de transparentar la gestión empresarial, vista está ya no como una parte sino inmersa en el todo de su entorno.

¿Quiénes deben tener Gobierno Corporativo?

Curiosamente si bien, ha tomado auge en las grandes empresas, la verdad es que toda empresa con independencia de tamaño debe contar con los mecanismos de gobierno corporativo, no siendo este un lujo de los grandes conglomerados empresariales, que quien tiene mayor vulnerabilidad y menor capacidad de soportar los embates de la continuidad de negocios o de consecuencias adversas del entorno, debería ser más proclive a su adopción. Conociendo que de las empresas del mundo más del 80% son PYME, debemos enfatizar la especial importancia que tiene para éstas adoptar la disciplina del gobierno corporativo, para lograr el sentido de continuidad de negocio y la transcendencia más allá del emprendedor. Las empresas pequeñas y medianas no deben percibir el gobierno corporativo como un nombre que les queda muy grande, sino como un vehículo indispensable para lograr su éxito y aumentar su valor de negocio.

¿Cuáles son las consecuencias de no contar con un buen Gobierno Corporativo?

No siendo un aspecto de orden obligatorio, no existen consecuencias legales al no tener un buen gobierno corporativo, sin embargo, las consecuencias de no contar con esta herramienta, desmejora la capacidad de la empresa de enfrentar los retos de la gestión en medio de un mundo de competitividad creciente. La verdad sea dicha, todos las empresas y empresarios tienen un gobierno corporativo, puede que algunos lo tengan inclusive más avanzado de lo que piensan, pero sin una sistematización de los elementos componentes de este documento.

Como la mayor parte de los elementos esenciales para el buen gobierno corporativo, debe contarse con apoyo externo especializado, ya que el empresario mira su empresa por lo general como algo sencillo, dejando de lado los enormes avances logrados y la perspectiva real de los riesgos que comporta tener tanta responsabilidad centralizada, carente de planes de contingencia, sin elementos de control, sin un consejo directivo externo que le complemente su visión.

Por eso, todo empresario debe tomar control de su gobierno corporativo, para hacerlo busque un experto. En Grupo Camacho Internacional, le podemos brindar toda la ayuda necesaria para poder conformar su sistema de gobierno corporativo, estaremos gustosos de hacerlo con usted y por usted.

 

Cambios para Grandes Contribuyentes y Grandes Empresas Territoriales

Mediante la resolución 18-2018, la Dirección General de Tributación, hace diversas innovaciones en los criterios para la clasificación de los grandes contribuyentes y grandes empresas territoriales, esto es determinante en el comportamiento de los contribuyentes respecto del riesgo subjetivo de ser fiscalizados, ya que según la norma de criterios objetivos de fiscalización los grandes contribuyentes son constantes en los planes anuales de fiscalización, aparte de tener los deberes respectivos a entrega periódica de información relevante por medio del AMPO.

A la vez los contribuyentes que caen en estas clasificaciones, están obligados conforme el decreto 37.898-H a efectuar una declaración anual de precios de transferencia, así como las empresas de zona franca. De igual manera, se crean criterios de inclusión como grandes contribuyentes y GETES, a las empresas vinculadas de un grupo económico que por sus relaciones con GETES o grandes contribuyentes adquieran relevancia fiscal, aspecto que deriva en un aumento en la red de control de los grupos económicos, en especial cuando se conjuntan estos criterios con el registro de accionistas pronto a entrar en vigor.

Curiosamente, se da también la facultad de valorar la no inclusión como gran contribuyente o GETE, de aquellos sujetos pasivos que, aun cumpliendo con alguno de los parámetros cuantitativos de la resolución, excepto el recaudatorio, considere Tributación no conveniente su inclusión por razones de incidencia fiscal y de oportunidad, previo análisis del comportamiento fiscal del contribuyente

En cuanto al comportamiento del contribuyente, es importante remarcar los temas de dominio público, los asuntos que afectan tanto local como globalmente las condiciones de riesgo reputacional, asunto que visto en positivo permite a las empresas con robustez de gobierno corporativo tributario, poder ser excluidos por buena conducta fiscal.

Grupo Camacho Internacional, como líder en la innovación de la gestión de las empresas en materia del cumplimiento, mejores practicas y manejo del riesgo asociado a las decisiones de negocios en materia tributaria, iniciamos hace años el diseño y estamos en la puesta en marcha del servicio de Gobierno Corporativo Tributario, un servicio de gestión integral y permanente para la prevención de indeseables consecuencias económicas, regulatorias y reputacionales que puedan afectar los resultados y el valor de las empresas y sus accionistas.

Podemos y queremos ser sus aliados en esta nueva era de la tributación globalizada, le esperamos.

 

 

Gobierno Corporativo General

Gobierno Corporativo

¿Qué es?

El gobierno corporativo es más que una simple moda, una tendencia, una forma de llamar distinta a las mismas cosas que tradicionalmente se han hecho en administración y gestión empresarial. Es el conjunto de sistemas y subsistemas que interactúan entre sí para atender las diversas necesidades de las empresas y su medio circundante, los clientes internos y externos, la comunidad y los partícipes interesados, con el fin de garantizar que la gestión es una sucesión sistemática de valores y acciones predecibles y contestes entre sí para el logro de los objetivos multipartitas.  Esta serie de elementos deben trascender a la interpretación, por tanto, debe generarse en documentos revisables, con lenguaje apropiado, pero muy especialmente de forma útil a todos los usuarios, en especial a los accionistas, colaboradores y clientes. Los documentos no pueden quedarse en letra muerta, deben ser dinámicos y auténticamente responder con dinámica a los aspectos medulares de la gestión de las empresas.

Aunque ha existido en la gestión de los negocios de una manera u otra, en la última década se ha acentuado la necesidad de contar con estos elementos que garanticen en una sociedad cada vez más interdependiente, que el manejo de los riesgos es equilibrado para el logro de los objetivos de todas las partes, en una clara forma de transparentar la gestión empresarial, vista está ya no como una parte sino inmersa en el todo de su entorno.

¿Quiénes deben tener Gobierno Corporativo?

Curiosamente si bien, ha tomado auge en las grandes empresas, la verdad es que toda empresa con independencia de tamaño debe contar con los mecanismos de gobierno corporativo, no siendo este un lujo de los grandes conglomerados empresariales, que quien tiene mayor vulnerabilidad y menor capacidad de soportar los embates de la continuidad de negocios o de consecuencias adversas del entorno, debería ser más proclive a su adopción. Conociendo que de las empresas del mundo más del 80% son PYME, debemos enfatizar la especial importancia que tiene para éstas adoptar la disciplina del gobierno corporativo, para lograr el sentido de continuidad de negocio y la transcendencia más allá del emprendedor. Las empresas pequeñas y medianas no deben percibir el gobierno corporativo como un nombre que les queda muy grande, sino como un vehículo indispensable para lograr su éxito y aumentar su valor de negocio.

¿Cuáles son las consecuencias de no contar con un buen gobierno corporativo?

No siendo un aspecto de orden obligatorio, no existen consecuencias legales al no tener un buen gobierno corporativo, sin embargo, las consecuencias de no contar con esta herramienta, desmejora la capacidad de la empresa de enfrentar los retos de la gestión en medio de un mundo de competitividad creciente. La verdad sea dicha, todos las empresas y empresarios tienen un gobierno corporativo, puede que algunos lo tengan inclusive más avanzado de lo que piensan, pero sin una sistematización de los elementos componentes de este documento.

Como la mayor parte de los elementos esenciales para el buen gobierno corporativo, debe contarse con apoyo externo especializado, ya que el empresario mira su empresa por lo general como algo sencillo, dejando de lado los enormes avances logrados y la perspectiva real de los riesgos que comporta tener tanta responsabilidad centralizada, carente de planes de contingencia, sin elementos de control, sin un consejo directivo externo que le complemente su visión.

Por eso, todo empresario debe tomar control de su gobierno corporativo, para hacerlo busque un experto. En Grupo Camacho Internacional, le podemos brindar toda la ayuda necesaria para poder conformar su sistema de gobierno corporativo, estaremos gustosos de hacerlo con usted y por usted.