Category Archives: La República – Carlos Camacho Córdoba

Cinco Estados

Hay, al menos, cinco estados en los que hemos encontrado a la comunidad empresarial costarricense respecto de la reforma fiscal. Han denotado actitudes diversas, con consecuencias solo acordes con las mismas.

Están, en primera instancia, los que de inmediato, e inclusive antes de la aprobación formal, tomaron cartas en el asunto de manera ordenada, empezando por la conformación de equipos de trabajo para atender la emergencia que surgía con la aprobación. Saben que prevenir permite mejores resultados en la mitigación de asuntos graves.

Estos grupos cuentan con personal estratégico y operativo capacitado tanto en forma general como en talleres particulares. Solo pueden atender este diseño quienes cuentan con un análisis del impacto concreto en sus empresas, tanto en sus patrimonios, accionistas y beneficiarios últimos de las empresas, así como la gran mayoría ya en medio o terminando sus implementaciones de medidas para mitigar el efecto de la reforma en los costos fiscales incrementales y en el rediseño de estructuras empresariales, locales e internacionales. Lo anterior es para que estas tengan las nuevas características de sustancia, coherencia y transparencia, alineamientos coincidentes con las normas internacionales antielusivas de BEPS.

Estos están preparados para el trabajo intenso de adecuación de sistemas de trabajo, cambios en sus relaciones con clientes y proveedores, siendo los que se caracterizan por su liderazgo y han tomado prisa sin pausa.

Por otro lado están quienes han tomado su tiempo para digerir el impacto del shock emocional que ha generado la reforma tributaria. Estos están apenas en fase de capacitaciones y diagnóstico. Si corremos todos, lograremos sacarlos a puerto seguro, variando la posibilidad de cada quien, dependiendo del tamaño de la empresa o grupo. Ya están afectando en la campaña de rescate las demoras en procesos de reestructuraciones empresariales en razón de mayores tiempos de espera en La Gaceta y Registro, pero esto es solo el inicio de la “presa” que avizoramos en los meses por venir.

Otro grupo apenas despierta. Quienes lo conforman están en fases tempranas de capacitación. A algunos su tamaño les permitirá llegar a un islote antes de la tormenta, evitando encallar en una condición precaria al estilo de la “Odisea”. Podrán llegar, aunque en un viaje más largo y costoso por la demora en el despertar, pero de seguro, con ayuda y actitud, saldrán adelante, pues han tomado conciencia y acción después del sueño de la negación que les provocaba tener al frente un cambio en el sistema legal. Cuando menos lo esperaban, alimentaban la esperanza en el errático camino de 18 años de ir y volver de la reforma fiscal.

Están quienes, teniendo capacidad, siguen en el deshoje de la margarita, viendo si hacen o no los cambios. Siguen pensando que es mejor actuar cuando haya reglamentos claros y públicos. Las noticias para estos son malas, muy malas. El o los reglamentos pueden o no ser publicados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, aspecto que no es condición previa para tal efecto legal de su vigencia. Independientemente de su tamaño, a aquellos que a finales de marzo no pasen del actual estado de resistencia pasiva al cambio simplemente no habrá santo que les libre de los embates impredecibles de la reforma tributaria.

Quienes me leen ven su nombre en esta lista y saben que con cariño les exhorto a hacer algo. No es de recibo que se les queme el pan en la puerta del horno. Siendo personas, empresas y grupos económicos de tanto éxito, no dejen que lo marginal del dolor de hacer los ponga en riesgo inclusive el principal de su patrimonio.

Por último, está una gran masa de contribuyentes que oyen llover, se mojarán, pero eso no es lluvia, sino un diluvio de proporciones no vistas antes. Los invito a que pasen al Arca de Noé.

Ubique su condición, ya sea personal, empresarial o de grupo económico. No sea de los no clasificados aquí, que, al no subir siquiera al Arca, pueden ser las víctimas del proceso de reforma fiscal.

¿Cuántas y cómo?

Estas dos preguntas nos las debemos hacer este año en relación con las obligaciones tributarias de renta, tanto formales como materiales, sea la presentación y el pago. La respuesta de ¿Cuántas? Se responde de manera distinta en el caso de quienes tienen cierre fiscal ordinario y los de cierre anual con el año natural y algunos otros periodos fiscales especiales. La pregunta surge en razón de la nueva disposición de cierre fiscal unificado al 31 de diciembre de cada año a partir del año 2020. Esto resulta del artículo 5 de la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que modifica el artículo 4 de la ley 7092 del impuesto sobre la renta, en el título del impuesto a las utilidades.

Indica además el Transitorio XIX de la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que los contribuyentes que tengan un periodo fiscal distinto del anual de diciembre, estarán obligados a presentar una segunda declaración de renta con fecha de cierre 31 de diciembre del presente año, lo que conlleva a que la respuesta a ¿cuántas? es dos en el periodo fiscal anual tradicional, sea con cierre al 30 de junio, 30 de setiembre o cualquier otro período especial, “tendrán la obligación de presentar una segunda declaración por el período no cubierto, que va del primer día siguiente al cierre del periodo anterior al 31 de diciembre de ese mismo año”(transcripción del transitorio dicho), sea el fiscal 2019. Solamente presentará una declaración en 2019 quien tenga como periodo fiscal con cierre diciembre 31, desde antes de la modificación hecha al artículo 4 de la ley. No deja de llamar la atención, manifestaciones que asomen siquiera de duda, hechas por la Dirección de Tributación insinuando inclusive la posibilidad de un periodo largo de 15 meses, no es de recibo legal, el transitorio de la ley es claro, siendo este un llamado a los contribuyentes a caer en razón de que todos-excepto los ya dichos- tendremos que presentar dos declaraciones de impuesto sobre la renta. La primera con el cierre de su periodo fiscal actual con presentación y pago máximo al próximo 15 de diciembre y una segunda por el trimestre o periodo desde su cierre ordinario hasta el 31 de diciembre de este año, con presentación y pago el próximo 15 de marzo de 2020.

La pregunta que subyace es el ¿Cómo se liquidarán estas dos declaraciones del 2019? ¿con qué reglas legales se tributará en setiembre? ¿Con las nuevas o con las viejas? ¿Con una combinación de ellas? y ¿Cómo se dimensionan las bases imponibles? Aun no lo sabemos, por lo que proponemos las siguientes mejores prácticas para resolver este asunto fiscal que se resulta de esta etapa de transición a la nueva normativa.

Parece fundamental advertir que en razón de la falta de precisión del legislador respecto de los extremos arriba planteados, debemos entender como urgente que se tomen en cuenta los siguientes elementos en el proyecto de reglamento de renta que debe publicarse a la mayor brevedad -lo que debemos como contribuyentes exigir de la Administracion- ya que no es de recibo, que en adición a las nuevas cargas que resultan de la ley, éstas se agraven como consecuencia de la falta de seguridad jurídica que da, el silencio malicioso y perverso de la Tributación en cabeza de sus autoridades.

La forma que debe ser resuelta la pregunta del ¿cómo? A nuestro criterio debe ser, mediante una liquidación compuesta de bases imponibles separadas en la declaración de renta, con cierre a setiembre. En primera instancia la determinación de las bases imponibles con las reglas que fenecen el 30 de junio próximo, adicionando al resultado del impuesto determinado con estas reglas, el resultado de una segunda liquidación con las reglas tributarias nuevas resultantes de la entrada en vigor de las reglas de la Ley de Fortalecimiento el 1 de julio hasta el 30 de setiembre y tanto y más, para los que cierren a diciembre, sea una liquidación con nueve o seis meses respectivamente con las reglas vigentes aun de la ley 7092, como rige hoy, adicionando al resultado el cálculo de las obligaciones tributarias las que resulten del periodo fiscal complementario, con lo que las bases respeten el principio de no retroactividad en quebranto parcial del principio de periodos fiscales anuales, para brindar a los contribuyentes la certeza de que las reglas nuevas se apliquen de la entrada en vigor jurídico en adelante, evitando que exista ápice alguno de retroactividad material de la norma legal.

De no hacerse esta tajante y clara distinción en el reglamento, así como la creación de unos especiales y oportunos formularios que recojan de manera eficiente estas determinaciones de bases imponibles, a pesar de la carga administrativa que esto implica a la vez para el contribuyente quien debe hacer aplicación de procesos de tres cierres operativamente hablando a los efectos de lograr las dos liquidaciones del año 2019. Procedimientos prácticos tales como las tomas de inventarios que deben ser tres este año, las de junio, setiembre y diciembre. Las determinaciones de las reglas de valoración conforme el principio de libre concurrencia a las mismas tres fechas, las de valoración de las carteras de cobro, activos en general así como un cierre preliminar que será el último con reglas viejas al 30 de junio, cierre sin liquidación, ya que esta se postergará hasta la liquidación combinada que indicamos con dos normas coexistentes al 30 de setiembre de este año; así como la tercera vez de la corrida de cierre al final del año natural, para no solo calzar periodos fiscales en adelante, sino que liquidando por primera vez un período entero, aunque corto, con las nuevas reglas del impuesto sobre la renta que además sea coherente con la propia norma del transitorio, este periodo corto, no tiene efectos en el cálculo de los promedios a los efectos de los cálculos de los pagos a cuenta que trimestralmente tenga que hacer el contribuyente.

El cierre de setiembre de este año, es un cierre al menos pasible de recibir el apelativo de rarito, esto en razón de las variaciones que hemos indicado hay que introducir para lograr una aplicación correcta del derecho en el tiempo, claro está todo esto pudo ser evitado si el legislador hubiese dejado la vigencia de renta a partir del 1 de octubre y no del 1 de julio como lo está ya legislado. No puede por tanto el reglamento, ni la legalidad virtual, creativa e imaginativa de la Administración hacerlo de forma distinta y seremos vigilantes de que esto no ocurra.

¿Qué pasaría si se hiciera una liquidación corrida hasta setiembre? ¿Cómo se resolvería la legalidad de la entrada en vigor de las nuevas reglas? Lo grave de un enfoque simplista y en apariencia “simple para todos”, sería tomar la base imponible entera del 1 de octubre de 2018 al 30 de setiembre de 2019 y tratar de resolverlo por la aplicación de la mera proporcionalidad de la regla en el tiempo, con detrimento ya de los contribuyentes o del principio constitucional de reserva de ley, si se dijera que como la nueva ley entra a regir el último trimestre esto se resuelva a la base imponible entera y sin distinción de los tipos de renta, el 25% de las reglas nuevas, dejando la liquidación con reglas viejas al 75% del periodo, esta seductora tentación reduccionista y simplista, llevaría a la retroactividad absoluta aunque proporcional, ya que esta regla dejaría sujetos parcialmente, actos que hoy están no sujetos a imposición como lo es el caso de las ganancias de capital, que realizadas antes del 30 de junio están no sujetas y encontrarían una sujeción sobrevenida de una posible ocurrencia de simplismo administrativo de esta naturaleza.

En conclusión, advertimos en primera instancia a los contribuyentes se preparen para enfrentar las cargas administrativas apenas enunciadas en forma correcta de resolver esta incómoda situación. Por otra parte, advertimos a los gremios y cámaras empresariales a ser vigilantes y no dejarse apantallar por lo simple que derivará en complejidades no deseadas.

Por último, advertimos a la Administración Tributaria la urgencia de resolver pronto y bien esta materia, sin ambages, con claridad y difusión, saliendo del claustro de su propia trampa, ya que de no hacerlo la consecuencia menos deseada de todo problema mal resuelto, es provocar la desobediencia civil de la norma legal.

El Caballo de Troya

Es importante solo refrescar la historia, según la que los griegos conquistan la ciudad fortificada de Troya mediante el uso de una figura de caballo de madera, que tanto los relatos Homero y Virgilio, autores de la Grecia clásica, permitió a los griegos tomar la ciudad impenetrable. Si bien esta fantasía lo es respecto de aquel evento, en el caso que nos ocupa no lo es y se ha convertido en una realidad con la que debemos de lidiar en un muy corto plazo. Ya que la anécdota y enseñanza de este relato, lo que nos debe recordar es que hay batallas ganadas en apariencia en el que los resultados pueden llegar a ser nefastos, tal es el caso de los troyanos introduciendo a modo de trofeo de victoria el caballo en la ciudad y los empresarios respecto de la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La discusión que tomó la mayor parte de la atención pública durante la etapa de proceso legislativo se centró fundamentalmente en asuntos relativos al IVA. Todos, me incluyo consideramos-seguimos haciendo aún con mayor conciencia hoy-que la opción para Costa Rica era la indispensable aprobación de la norma indicada. Sin embargo, conforme vamos divulgando las consecuencias que en renta se dieron, de una reforma que parecía no ocurrir mucho, ha sorprendido a todos en cuanto a la profundidad de “revolución fiscal” que ha surgido de estas reformas diversas a la antigua ley 7092, Ley de impuesto sobre la renta.

Respecto de la norma, se indicó en medios pasaríamos a un concepto de renta global, cosa que no es del todo cierta, ya que hemos quedado en un sistema de renta dual, que grava los resultados de las actividades afectas con las reglas del impuesto a las utilidades y mediante la creación de un tridente complementario atinente de las tipologías de renta. Las cédulas nuevas del impuesto sobre la renta son aplicables para todas las rentas derivadas de rendimientos que no se encuentran fundamentalmente afectos a la actividad económica principal. Surgen en el tridente los siguientes nuevos criterios de tributación: el de las rentas del capital mobiliario, las del capital inmobiliario y el de las ganancias y pérdidas de capital.

Como regla general no queda tipología alguna de rentas no sujetas, aunque perviven algunas rentas exentas. Esta situación hace de la tributación de orden directo un concepto universal excepto por las disposiciones que expresamente eximan de manera concreta de dicha obligación a los sujetos, quedando objetivamente gravadas todas las manifestaciones de incremento de patrimonio, pasando del tradicional sistema cedular taxativo, a uno dual universalizado, siendo que lo que no tributa por impuesto sobre las utilidades, lo hará por los nuevos conceptos de tributación ya mencionados en el tridente; este cambio, viene siendo más agresivo aun cuando se considera que algunas rentas, tributan de manera primaria como rentas especiales y terminan tributando de manera suplementaria en el impuesto sobre las utilidades, quedando algunos de los pagos de orden único y definitivo, como meros pagos a cuenta del impuestos sobre la renta final a la mayor de las tarifas que en regla general ha quedado remitida al 30%.

El caso más grave quizá lo comporta el de las entidades de mera tenencia de acciones, conocidas como “holding” entidades cuyo único propósito es la tenencia y administración de las participaciones en otras entidades, como los llama la legislación, que inviertan en títulos de fondos propios de otros contribuyentes, robando el término del derecho español. Es decir, la situación que en la norma anterior quedaba no sujeta en la fase de distribuciones de dividendos, si la sociedad inversora no tiene actividad económica en sí misma, llegará a tributar de cero actual hasta el 30% en cabeza del beneficiario, con pago a cuenta de dicho impuesto en la retención que aplicará a las rentas del capital mobiliario, nueva cédula del impuesto reformado. La condición de desactivación es que la sociedad de mera tenencia tenga una actividad económica sujeta al impuesto sobre las utilidades, en cuyo caso pervive la no sujeción.

A la vez, el mal favor que han hecho los troyanos, en este caso los empresarios, es creer que este tema de renta hay que verlo con posterioridad en el cierre de renta, ya sea de setiembre o de diciembre, según sea el periodo que actualmente tienen, dejando de comprender, que el plazo de entrada en vigor de esta norma, inicia el 1 de julio de este año, quedando poco tiempo para efectuar operaciones de inteligencia y oportunidad que disminuyan el impacto de la norma tsunami que se avecina.

Quienes han creído que la reforma fiscal de la ley de Fortalecimiento se centra fundamentalmente en la promulgación de una ley de IVA con derogatoria de la ley de impuesto sobre las ventas, se toparan con la nueva normativa cuando ya sea demasiado tarde. El periodo de transición a la nueva ley debe y puede legalmente ser utilizado por el contribuyente para redefinir sus ordenamientos de negocios y patrimoniales, de forma que el embate alternativo de la nueva norma sea el menor posible, sin caer en transgresión alguna. Además, la providencial medida de demora del registro de beneficiarios últimos acompaña en forma favorable estas posibles reestructuraciones empresariales.

Quien teniendo esta oportunidad y no la utilice para reducir el impacto de las normas indicadas en renta, se ha destinado a sufrir consecuencias por inacción que serán dolorosas por el resto de la vida empresarial. Es hora de volver a poner en perspectiva la tabla de tiempos, si bien es cierto las reglas de IVA son las primeras en regir, no se olviden del caballo de Troya de renta, que hemos invitado a pasar y se encuentra en nuestro ordenamiento ya, para hacer su desembarco en el momento menos oportuno, sea la fase de fiscalización.

El perturbador y perverso silencio de Tributación, acompaña la ignorancia e inacción de algunos sectores empresariales, que se verán sorprendidos por un agravio comparativo con respecto a quienes se han dado a la tarea de estudiar y actuar en consecuencia, esta condición será un resultado que marcará la distinción entre quienes podrán tener mejores chances de salir bien librados, de los que pueden verse de cara al reto de las nuevas obligaciones y sus efectos en la competitividad. Lo que se puede hacer hoy sin costo y con beneficios significativos, no solo será más oneroso, sino que los requisitos de motivación económica válida introducida en el nuevo artículo 12 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que requerirá la demostración de las causas económicas que de manera autónoma y distinta a la del ahorro tributario, dificultarán en adelante, las decisiones documentadas que deben incorporarse en el proceso de gestión del gobierno corporativo tributario.

Canasta Básica

El pasado primero de los corrientes, se publicó el proyecto de reglamento que indica cuáles son los productos de canasta básica que han de sujetarse a la exención en sus dos modalidades de carácter temporal y permanente.

Como es de esperar la disposición reglamentaria, hace pocas novedades respecto de la canasta básica general que regula el Ministerio de Economía, a pesar de lo cual, hace en la referencia a la exención del azúcar indicando: “conforme los reglamentos técnicos del Ministerio de Economía Industria y Comercio”.

Crea dieciséis categorías de elementos exentos, en la última deja todos los uniformes escolares y colegiales, sin distinción, por lo que no cabe distinguir donde la norma no lo hace, debiendo entenderse exentos tanto los de escuelas y colegios públicos como privados. Cabe destacar que esto pone a los últimos tanto en igualdad de condiciones de la educación pública, lo que parece adecuado, pero enclava a la educación que había quedado en condiciones de confusa exención en la prestación a nivel privado, con una parte de la actividad sujeta, con exención plena en primera instancia en la venta de los uniformes y en el año 2020 sujeta a una tarifa reducida, donde se pueden dar condiciones de bifurcación de actividades de parte de los centros de educación privada, que sigue la dudosa exención con tarifa reducida -un remedo de gazapo legislativo que requiere remediación- así como una sujeción a la tarifa reducida a los centros educativos que provean del servicio de la venta de uniformes, ya que tendrán a partir del 1 de julio de 2020 cobrar el 1% del impuesto que ha quedado fijado a los productos de canasta básica en general, igual suerte corren los útiles escolares no en forma general, sino taxativa, tanto para la educación pública como privada. Debemos recordar que la condición de gravados pero exentos, obliga la declaración desde el primero de julio del presente año.

En las dieciséis categorías hay una exención plena en el primer año completo de vigencia de la ley de IVA, como una aplicación de exención en tarifa el 13% al 1% de manera permanente. El hecho que un contribuyente tenga exención genera dos efectos que volvemos a retomar para claridad de los lectores -ya que lo hicimos ver en su momento en la discusión del proyecto de ley- debemos refrescarlo ahora, el primer efecto es visto en la cadena de valor hacia adelante, siendo el segundo hacia atrás.

El primer efecto hacia adelante, es que en razón de que los vendedores de bienes exentos no tienen derecho alguno de deducción se produce un incremento en los costos del intermediario de la cadena de abasto, siendo que genera una consecuencia de orden inflacionaria, ya que a diferencia de los que están sujetos a tarifas plenas, los IVA que se paguen en la adquisición de bienes y servicios no son deducibles en el tanto proporcional que los mismos formen parte de la estructura proporcional de la venta del contribuyente, generándose una pirámide en los costos que redunda en el aumento de los precios. Es decir, el primer año se produce el primer impacto con bienes que no tienen derecho de deducción, en razón de esta norma de proporcionalidad que no existía en el impuesto general sobre las ventas y si en el nuevo impuesto indirecto del IVA. En el segundo año, dicho efecto sigue ocurriendo ya que doce de los trece puntos del IVA ahora irán directamente al costo por una proporcionalidad diferenciada, que la distinguimos de la primera ya que no solo aplica a los bienes y servicios que en común y de forma indistinta sirvan a la venta de bienes y servicios exentos, sino que a los que les aplique exención parcial de orden tarifario, tal es el caso de la canasta básica con tarifa general del 1% de 1 de julio de 2020 en adelante.

Llama la atención la situación de no incluir servicio alguno en la canasta básica tributaria, ya que, de haberlo, habría sido el único efecto diferencial sustantivo esperable respecto de la canasta básica del Ministerio de Economía que es casi un calco de la tributaria o viceversa.

Recordemos que en un sistema de IVA como el que estamos prontos a estrenar, el destinatario final es el consumidor final, o quien actúe como tal, pero que en razón de estas reglas de proporcionalidad tanto especial como general, se puede dar un efecto no deseado en un buen diseño del IVA, que es que los agentes económicos intermedios deban quedar asumiendo una parte del impuesto, lo que se trasladará en un aumento más que proporcional en los precios de los consumidores finales, con lo que se explica la paradoja de que entre más exenciones tenga-como abundan por cierto-el impuesto, mas efecto inflacionario se provoca y la recaudación misma.

Es decir, habrá una grada inflacionaria previsible en el 2019 y una adicional en el 2020.

En cuanto al efecto hacia atrás de las exenciones, el problema es de dimensiones diversas, resulta que el legislador escoge no solo crear exención de los bienes publicados en el proyecto de decreto, sino en los insumos y servicios que los producen, con lo que surgen exenciones sobrevenidas en cabeza de los proveedores de bienes y servicios de quienes participan en la producción o comercialización final de bienes de canasta básica, este efecto de condiciones sobrevenidas, hace que sujetos que no tienen nada que ver con lo que hacen o venden, quedan contaminados de manera sistémica con los efectos de la prorrata o proporcionalidad ya sea general o especial, por este curioso guiño de exenciones en cadena que hizo nuestro legislador.

Todos los contribuyentes deben ir calculando los efectos de la composición que en sus precios tendrá la regla de prorrata ya que de no hacerlo, pueden enfrentar la incapacidad de traslación, yendo como consecuencia a un sacrificio de los márgenes, que inclusive podrían llegar a ser -en condiciones particulares- menores que los que se tienen que asumir en razón de la contaminación con motivo de ser proveedor de bienes o servicios a exentos en general y en este caso, a los de la canasta básica en particular.

Reiteramos que cada pieza del engranaje corporativo debe ser analizado y revisado para evitar aquello, que sea razonable esperar mitigar, dejando a las consecuencias económicas indeseables, el menor espacio relativo posible.

Proyecto de reglamento

Se ha publicado ya el proyecto de reglamento del impuesto al valor agregado, así como el de la canasta básica tributaria. Es decir, ya hay movimiento de puesta en marcha en relación con los aspectos de operación de la nueva imposición indirecta. Les comentamos la taxonomía y el impacto del proyecto de reglamento, después de un análisis detenido, con el fin de presentar ayer, las observaciones cuyo plazo venció.

En primera instancia hay 49 definiciones las que se les puede dividir en: las de orden meramente didáctico, las que aportan aclaraciones valiosas, a las que conviene que el contribuyente preste atención al menos para entender las obviedades, seguidas de un tercer grupo de ellas cuyo valor consiste en dar luces en concreto, del entendimiento que la Administración tiene respecto de bases o cálculos de los mismos sobre los que se determina la obligación tributaria material del IVA. Por último, se encuentran definiciones que por su contenido puede que rocen con el sistema de jerarquía de las normas legales, que hemos recomendado enmendar para evitar situaciones litigiosas previsibles, que puedan hacer más complejo de lo necesario el proceso de entrada en vigor de la norma en 145 días.

Hay dos observaciones de fondo en relación con las propuestas reglamentarias que nos parecen fundamentales, una versa respecto del cálculo de la prorrata, en particular para aquel que debe ser aplicable en los casos de coexistir tarifas tanto plena como reducidas. En realidad lo fundamental de dejar claro, como lo hemos sugerido a la Administración, primero que la aritmética debe ser nítida e inequívoca, debe ser revisada y probada en casos concretos por expertos en números, no solo especialistas jurídicos ya que la redacción de esta en el artículo 41.1.c., es manifiestamente un yerro de orden aritmético, que de prevalecer dejaría a los contribuyentes sin prorrata en reglamento con el riesgo de que existiendo en la ley, el contribuyente se sienta seducido, a la aplicación de la norma en apariencia más conveniente, con la desgracia que en fase de fiscalización causaría innecesarios pero abultados montos litigiosos contra el contribuyente, que además, espera la claridad normativa en el sistema, especialmente cuando este es novedoso como el IVA, pero le dejaría en condición de posible indefensión por confusión, aspecto que no es de recibo en un sistema de derecho, donde lo fundamental es la certidumbre jurídica, más que la interpretación errada o acomodadiza de la norma. A la vez, si se pretende el cumplimiento del contribuyente, más allá de contar con normas claras, debe haber una intensiva campaña de divulgación por parte de la Administración Tributaria, de la que seguimos ayunos y en la que se genera una duda del propósito último de tan escandaloso silencio.

La siguiente es una observación de fondo respecto del plazo que aplica a la determinación de la prorrata provisional prevista en el Transitorio III de la Ley del IVA y IV del reglamento, en el que se indica que ha de reconstruirse la contabilidad del contribuyente para determinar cuál habría sido la proporcionalidad del contribuyente, (el subrayado es adrede para entrar en estado de conciencia y de urgencia) si la norma hubiese estado en vigor en el periodo semestral del año anterior, primer supuesto de la ley, o del primer semestre de la entrada en vigor de la norma como supuesto suplementario. Escoge el reglamento a indicar que el periodo a reconstruir lo es exclusivamente el del primer semestre del año corriente sea del 1° de enero al 30 de junio del año 2019, aspecto que haría en especial para las empresas de abultado volumen transaccional, virtualmente impracticable la disposición ya que el 1° de julio, sea al día siguiente que acaba el periodo de simulación de la estimación de prorrata, habría el contribuyente de estar aplicándola y hasta el día 31 de diciembre del presente año.

Esto implica que si se dejara como se propone en el proyecto, los contribuyentes enfrentarían problemas de efectivo cumplimiento. Hemos propuesto a la Administracion una redacción alternativa que permita adelantar estos cálculos a la gran mayoría basado en el texto mismo de la ley en el transitorio mencionado, dejando en condición residual lo que planteaba el proyecto de reglamento como condición única.

Nuestra propuesta es la siguiente:

“TRANSITORIO IV.- En los casos en que los contribuyentes realicen operaciones con y sin derecho a crédito fiscal y para efectos de la aplicación de la proporción provisional de los créditos que señalan los artículos 22 al 24 de la ley; la liquidación referida al período de tiempo que comprende entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, se calculará partiendo de:

a) Las operaciones realizadas entre el 1 de julio de 2018 a 31 de diciembre de 2018, como si estas hubieran, estado sujetas a las nuevas disposiciones de la Ley sobre el Valor Agregado. En el caso que el contribuyente hubiese operado de manera continua durante dicho periodo. En caso contrario, sea si durante 2018 no operó el periodo semestral completo antes dicho cálculo de proporcionalidad se hará conforme b)

b) Las operaciones realizadas entre el 1 de enero de 2019 a junio de 2019, como si estas hubieran estado sujetas a las nuevas disposiciones de la Ley sobre el Valor Agregado.

A falta de información para estimar esta proporción, el contribuyente debe remitirse a las reglas generales establecidas en el artículo 41 de este Reglamento”.

Cabe destacar que aparte de los dos pilares fundamentales ambos relativos a la correcta comprensión y redacción para su adecuada aplicación de las reglas de prorrata, el proyecto de reglamento, marca la señal no indispensable desde la óptica de la ley, pero importante desde la perspectiva del contribuyente, que ahora conoce en principio todos los actos preparatorios que debe tener listos para la entrada en vigor de la norma del IVA el próximo 1° de julio.

Recapitulando, la acción concreta que todo contribuyente debe efectuar, el recálculo de al menos seis meses de operación de periodos anteriores, ya como lo propone la Administracion o como lo propusimos se corrija, para determinar su primera prorrata. Los contribuyentes deben hacer lo propio de inmediato, ya que la carga de trabajo que esto implica es de alta demanda, a la vez de la determinación de prorrata debemos adelantar que la casuística resultante de la compleja construcción de la norma, resulta en al menos 64 combinaciones probables de derechos de crédito, parcial o total, por exenciones en base, en tipo, de orden objetivo o subjetivo. Esto requiere potentes herramientas informáticas elaboradas en forma conjunta por expertos en IVA tanto del local, con todos sus delirantes aspectos de concesiones graciosas en exenciones de todo orden, como del derecho comparado del IVA, esto complementado con el entendimiento contable de bienes afectos al impuesto y una potencia de programación informática de primer nivel, si su operación no cuenta con esos insumos, requiere ayuda urgente.

Conversemos, déjese asesorar por Grupo Camacho Internacional.

Alerta sociedades inactivas

La ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 4 de diciembre recién pasado plantea diversidad de retos y sorpresas a empresas, empresarios, personas físicas y por supuesto a inversionistas tanto locales como extranjeros. La inclusión en el artículo 2 de la ley de impuesto sobre las utilidades de una nueva regulación, en su inciso a) indicando:

“a) Todas las personas jurídicas legalmente constituidas, con independencia de si realizan o no una actividad lucrativa, las sociedades de hecho, las sociedades de actividades profesionales, las empresas del Estado, los entes colectivos sin personalidad jurídica y las cuentas en participación que haya en el país” Tienen el deber de presentar su respectiva declaración de impuesto sobre la renta.

¿Cuál es la relevancia de esta norma, qué nuevas luces pueden llegar a vislumbrarse de su aplicación?

Las entidades de cualquier naturaleza, en especial aquellas que sean tenedoras de bienes o derechos dentro o fuera el país, tienen tremenda tarea por el frente, más que de orden operativo, de carácter estratégico. El motivo es, en especial el deber probatorio del origen de los recursos de la entidad que se han generado la causa económica de dicha riqueza, para justificar la existencia de los bienes de los que dichas entidades son titulares.

Vamos a tratar de empezar por lo sencillo:

El artículo 5 de la ley de impuesto sobre la renta, así reformado desde la Ley de Justicia Tributaria de 1995, indica que:

“También forma parte de la renta bruta cualquier incremento del patrimonio que no tenga su justificación en ingresos debidamente registrados y declarados, a partir del período fiscal siguiente a la vigencia de esta ley.”

Por tanto, una entidad que tenga un bien inmueble con un valor de un millón de unidades monetarias de valor, cuyo capital social sea de diez mil unidades monetarias, tiene un incremento patrimonial de novecientos noventa mil unidades monetarias. Dicho incremento de patrimonio puede o no ser justificado. Si lo es y el contribuyente tiene medios probatorios que soporten que la proveniencia de los fondos aportados ha sido sometida a la tributación correspondiente, o que estaban exentos de dicha obligación, se debe entender que no está justificado y por ende tributaria por el impuesto sobre las utilidades a una tarifa del 30%.

Esto ya ha sido así por los últimos veinticuatro años, excepto que no había medios de determinación constatable de los bienes de los que las entidades inactivas eran titulares, así como no había obligación de declarar a efectos del impuesto sobre la renta, lo que dejaba un gran orificio a la evasión fiscal en algunas ocasiones. Muchos contribuyentes arguyen que es sencillo, es cuestión de decirle a la Administracion que este patrimonio es resultado de sus ahorros de la vida, pero si esto solo se argumenta y no se logra probar con los medios que en derecho corresponde, esto se convierte en una buena salida, pero las posibilidades efectivas de salir airoso en un posible litigio son ínfimas.

Si conjuntamos las dos reglas, la anterior y la nueva del deber de toda entidad y le agregamos la disposición transitoria de que se transcribe en el párrafo anterior, tenemos la fórmula de la consecuencia fiscal de la cándida norma del artículo 2, transcrito arriba.

El transitorio relativo a la amnistía fiscal, en el inciso g) indica:

“g) Los contribuyentes que tomen la decisión de registrarse ante la Administración Tributaria podrían declarar y registrar incrementos no justificados de patrimonio, con lo cual deberán reconocer una tarifa única del quince por ciento (15%), cuya base imponible será el valor de mercado del patrimonio, pudiendo la Administración Tributaria verificar el valor de los bienes que se están regularizando.

No podrán regularizar incrementos injustificados de patrimonio provenientes de actividades ilícitas, en todo caso dichos incrementos podrán ser fiscalizados y denunciados ante las autoridades correspondientes.” (el subrayado no es del texto original)

Esto supone que la intención del legislador es activar la tributación efectiva de los incrementos patrimoniales no justificados ya en fase de amnistía al 15% o dando herramientas e impulso a la Administracion Tributaria, para que contando con las declaraciones respectivas se determinen en fase autodeterminativa la obligación del impuesto sobre la renta respectivo, o en fase de fiscalización, con el amplio acceso a la red de fuentes de información relevante en materia fiscal tanto local como internacional, para que dichos incrementos patrimoniales constituyan renta bruta que tributará al 30%.

Hemos de tomar en consideración, que el estándar común de reportes financieros-conocido por sus sigla en inglés CRS- entró en su segundo año de aplicación en setiembre de 2018, momento en el que Costa Rica entrega y tiene accesible información de sus residentes fiscales para efectos de detectar activos financieros que se encuentren en titularidad de estas entidades nuevas declarantes, que de aparecerles el afloramiento de un nuevo patrimonio, lo harían sujeto a la imposición sobre la renta local, si no tiene los medios probatorios efectivos para demostrar la condición de no sujeción prevista en el propio artículo 5 de la ley de renta, o si el mismo no está efectivamente excluido de la renta bruta según lo establecido en el artículo 6 de dicha ley.

Que no le sorprendan, que no sea usted el último en enterarse que la Administración Tributaria ya conoce los activos que su entidad tiene dentro y fuera de fronteras costarricenses, donde la omisión de la declaración podría calificar eventualmente como un medio idóneo de inducción a error a la Administración, con lo que lo rojo se hace colorado, sea que aparte de tener un problema impositivo, tiene consecuencias potencialmente punitivas en el ámbito penal tributario. Tome acciones de prevención, el tiempo es corto y para agravar las cosas, estas noticias coinciden y no por mera coincidencia, con la entrada en vigor del registro de beneficiarios últimos a partir del próximo mes de marzo.

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Modelos de gestión fiscal

La reforma tributaria requiere una modelación de la gestión fiscal de las empresas y las personas de muy diversa forma, en especial en el manejo de sus asuntos contables y de flujos de efectivo. La medición de este impacto debe ser hecha con anticipación y las medidas para lograr el manejo exitoso de su empresa o negocio, sin duda marcará la distinción entre el fracaso y el éxito de las finanzas personales o empresariales.

Un modelo de gestión fiscal debe ser basado en un sistema de información que, fundamentado en las mejores prácticas de oportunidad, confiabilidad, transparencia y trazabilidad, permita un manejo suficiente y oportuno de los elementos más críticos que deben ahora conformar parte del tablero de control de las empresas y los empresarios. Tener este tablero con los factores críticos identificados para cada actividad económica, depende en mucho de su modelo de negocio y el giro de su cadena de valor. Esto nos lleva a la necesaria definición de las políticas de gestión de la cadena misma de valor, que ha de estar integrada en el cotidiano devenir de los negocios. Vamos a dar algunos ejemplos de aspectos fundamentales que deben mantenerse con particular cuidado.

En un negocio de servicios, mayoritariamente hasta hoy, no sujeto a la tributación indirecta del IVA, puede serle muy costoso el financiar a sus clientes más allá de los 15 primeros días del mes siguiente de la emisión de la factura o la prestación del servicio, lo que se dé primero, ya que es ese el momento en que con independencia de cualquier otro elemento, simplemente habrá que pagar la obligación tributaria, esto hace que entremos en ciclos cortos de manejo de capital de trabajo, cuyo efecto ilusión de orden abultado puede llegar a ser mortal para el empresario, la empresa o el profesional, ya que el mayor montante de flujos no es resultado de recursos propios, sino que el componente ajeno de esto debe administrarse con cautela.

Un profesional, que inicia un servicio y que recibe adelantos, debe ir de acuerdo con la norma pagando su IVA conforme al momento de percepción de los recursos, pero si el cliente no le paga su factura final, esta no es excusa legal de impago para la obligación, esto requiere tener por una parte, el dato diario de la obligación de IVA del mes siguiente, el valor de cuánto de dicho IVA se tiene en cuentas propias, pero de preferencia con flujos separados en cuentas diferenciadas para evitar la tentación diabólica de “financiarse” con el IVA, eso puede ser un beso a la muerte. A la vez, debe saber el empresario o el profesional, qué tanto dinero le hace o hará falta para pagar la obligación, en especial por la complejidad de determinación del derecho de crédito y la gestión oportuna para la consecución de los recursos. Por supuesto, esto supone la necesidad de sistemas de gestión del negocio que sea conteste con el de gestión fiscal, es como el “dash” de su vehículo, que, si no lo ve de manera frecuente, puede encontrarse en incomodas situaciones de inoportunidad de sorpresas no resolubles. Esto es válido tanto para grandes como a chicos, esto solo hace que el control de las gestiones de los negocios sea elástico en el manejo oportuno de sus finanzas.

Todo lo anterior requiere una contabilidad integral e integrada, de formato amigable y automatizada para la generación de las diversas declaraciones con las que debe cumplir el contribuyente en adelante, no dará más tiempo para el tradicional contador anual, que recoge “papeles”, ya que esta “era” ha quedado atrás o remitida a una muy reducida cantidad de casos. La contabilidad generadora de los sistemas de gestión fiscal, con elementos simples de fundamental entendimiento en especial a no especialistas de la contabilidad, debe ser un reto que las empresas deben estar mirando a lo interno cómo llegar a solventar. Es primordial que la comprensión de los datos clave le permitan al responsable del IVA cumplir en forma y tiempo, saber, a la vez, cuánto es su saldo favorable y acreditable, como pago a cuenta debido a las retenciones del 6% que indica la ley que aplica —a los medios electrónicos de pago— en los que a hoy todos los contribuyentes debemos tener habilitados para nuestras operaciones con los clientes y público en general.

En forma concreta, lo que era un problema de las finanzas públicas, se ha convertido hoy en un problema de cada uno de nosotros los agentes económicos, no saber conducir a estas velocidades puede llegar a ser un elemento mortal. Hay que gestionar con anticipación, no improvise, eso es muy caro, no lo deje para el último momento, eso no va a funcionar.

Aparte del IVA vendrán controles mucho más inmediatos en renta, con factura electrónica, no hay forma de gestionar al final los resultados de este impuesto, caiga en conciencia de que debemos tener una determinación oportuna y precisa, de cuánto es este impuesto, el que debemos ir juntando en el año; no es nuestro, es del fisco. No es buen consejero seguir haciendo lo mismo, cuando todo ha cambiado, ¿será que ya tomó usted la debida diligencia?

La educación y cultura tributarias son un insumo fundamental para manejar con sensatez todos estos temas, que no se reducen a la gestión fiscal automatizada que venimos describiendo como necesaria, sino que entender la información que genere este control de información le hará capaz de sobrellevar este gran reto.

No hay caso pequeño, en especial en materia tributaria, excepto por el anacrónico sistema de tributación simplificada, todos los asuntos son proporcionales al tamaño. El problema será de su tamaño y a su medida, las soluciones por ende deben responder a características análogas.

¿Cómo empezar?

Muchos contribuyentes conforme despiertan en un año nuevo con una nueva normativa fiscal, nos consultan, siendo que lo que nos comparten es de tal trascendencia ¿cómo es que la Administración Tributaria no ha difundido estas implicaciones? Las respuestas pueden ser diversas pero todas especulativas, no elucubraré al respecto. Ahora bien, es muy válido que le pidamos a la Administración por qué nos dé una merecida explicación. Lo otro que de manera frecuente es una reacción de protección que usa como argumento el contribuyente ante tan escandaloso silencio de la Administración es que no se preocupa pues ni Tributación sabe. Este es un peligroso sofisma, pues en realidad a la Administración no le conlleva sanción el no saber, pero al contribuyente, esas normas que hoy no conoce Tributación le serán fiscalizadas cuando esta las conozca, con la exigencia ante la que no se puede alegar ignorancia, es, por tanto, pobre consuelo la realidad de la Administración no sabe, yo no tengo por qué saber.

Ante tal panorama están los mas sofisticados que dicen, orondos de ignorancia, mientras no haya reglamentos no se puede obligar al contribuyente, hay que esperar. La ignorancia es atrevida y peligrosa, en especial cuando quien la ejerce es un profesional, pues hay en el medio profesionales que dicen esto a sus clientes consolándoles, sin querer reconocer que su conocimiento de la norma es nulo o reducido a resúmenes del resumen de la ley. Lo que es cierto, es que la vigencia de la ley no depende de la publicación de los reglamentos, aunque en efecto, seria deseable que se tengan disponibles a la brevedad, ya que el legislador, por el entorno que rodeó la aprobación de esta ley, tuvo poca fineza y técnica legislativa mediocre, remitiendo al reglamento aspectos esenciales que en efecto deberán ser aclarados por dichos cuerpos legales. Esperamos que no sea así, pero es totalmente viable desde la óptica jurídica que los reglamentos fuesen publicados después del 1° de julio de este año, a pesar de lo cual, las normas legales entrarían en plena vigencia, con una gran confusión y con puertas abiertas a los atropellos, pero, la única condición legal que existe para la entrada en vigor, la encontramos en la vigencia de la ley el primer día del mes siguiente después de transcurridos seis meses desde la publicación de la norma, evento que ocurrió la primera semana de diciembre del año pasado.

Surge entonces la pregunta de ¿por dónde empezar? para responder de manera responsable hay que decir que hay un bloque común de cosas a todos y otra buena parte que depende de las condiciones propias y circunstancias de cada contribuyente. En el bloque común, estudio de primera mano y profundo, no atenerse a la tradición juglar de qué se supone dice la norma, esta costumbre de colegiales, no es aplicable en este momento, debemos capacitarnos, la siguiente cosa más común y menos sensata de hacer, es relegar la capacitación al contador o a la administración de la empresa, sin involucrar a los dueños de la misma, esto es un craso error, que puede que parta de la premisa errada de que esta reforma fiscal es una más, sin mayor trascendencia y que a quienes les toca preparar declaraciones son los que deben lidiar con esto, resulta que esta es la reforma fiscal más revolucionaria —sin ser completa ni siquiera lo amplia que se necesita— que ha tenido Costa Rica desde Alfredo González Flores, sea en los últimos 100 años, ya que cambia los elementos esenciales de las consecuencias fiscales de las gestiones de los negocios, debe por tanto, involucrar la capacitación a dueños, juntas directivas y cuerpos deliberativos de las empresas, para dimensionar las decisiones estratégicas y las correspondientes acciones de prevención y control de daños, que deben ser priorizadas para que de acuerdo con el impacto sean puestas en marcha con una fecha límite máxima de 30 de junio de este año, eso es dentro de 165 días, momento en que la puerta para la prevención se cierra, surgiendo la emergencia de situaciones “sobrevenidas” que simplemente son consecuencia de la falta de atención y la procrastinación, ambas derivaciones de la negación como etapa normal en el proceso de cambio.

También deben hacerse los cambios operativos, contables, documentales, de manejo cotidiano de la empresa, pero esto debe surgir de la pirámide organizacional. Soy testigo de grupos económicos o empresas donde los personeros administrativos están realmente preocupados por la desidia de sus tomadores de decisiones últimas, ya que saben que es a ellos, a los que están en la administración, a los que les estallará la bomba en las manos, luego teniendo reclamos de sus superiores por no haberles hecho notar la numerosa y diversa acumulación de tareas que deben cumplirse para ese día fatal de entrada en vigor.

Aparte de la capacitación hay otro aspecto que debe ser común a quienes quieren resolver la pregunta del título y es la de efectuar un diagnóstico de la condición propia del contribuyente o de su grupo económico, para que contrastado con las nuevas exigencias que surgen de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o como se le ha dado en llamar, la del debilitamiento de las finanzas privadas de los contribuyentes. Este diagnóstico es el medio para la determinación del impacto caso a caso, que a la vez permita el diseño de la ruta estratégica, para que, de forma simultánea con la capacitación de los diversos estratos de la empresa de manera confluyente, lleguemos a tiempo y en forma a enfrentar este tsunami de cambios que se avecina.

Cuando estés en un bosque oscuro, lleva linterna, no te adentres en él como si la luz fuera a surgir por generación espontánea es ahí donde estamos, busca ayuda, será carísimo no haber hecho lo debido con el acompañamiento idóneo. Para luego, será muy tarde.

De cuatro patas

La contabilidad de cuatro patas es una expresión que nos agrada poco en sentido lato, pues alude a una contabilidad llevada con descuido, falta de precisión, conocimiento, apego técnico, etc.

Ahora bien, con la reforma fiscal introducida por la normativa de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ahora toca para llevar una contabilidad apropiada, fundamentada para soportar procesos de fiscalización tanto en renta como en IVA, el contar con una contabilidad de cuatro patas o cuatro dimensiones.

Vamos a ver en qué consiste la contabilidad 4D, en primer lugar, recordar, que la contabilidad es responsabilidad del empresario, profesional o comerciante, que esta obligación deviene de la intervención del comercio, siendo a efectos fiscales solamente un instrumento de fiscalización y prueba en favor del contribuyente, quien determina sus obligaciones de manera fundamental y principal de la base cierta que es el resultado contable, tal como lo establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios artículo 125 y el 57 del Reglamento de la ley del impuesto sobre la renta.

La contabilidad bidimensional, hasta ahora conocida por los contadores y agentes económicos, es la de partida doble que obedece a la técnica de consignación de relaciones económico-financieras fundamentalmente atentas a las relaciones de causa efecto, eso lo propuso así Fray Luca Pacioli hace cinco siglos y algunos días.

Esta contabilidad reconoce bienes y derechos sobre una base de titularidad económica, es decir allende de las fronteras jurídicas y geográficas, así como las obligaciones que sobre los indicados derechos tanto como el residual valor del patrimonio empresarial, resultado natural de aplicar a cada efecto una razón causal que de forma residual constituye patrimonio.

Con la nueva normativa de renta que resulta de una profunda reforma al impuesto sobre la renta existente, no en el tanto de cambios múltiples sino fundamentales.

En el caso de la ley anterior primaba el principio de renta producto, nos hemos movido a un concepto de renta patrimonio, lo que deja sujeto todo cambio habido en el patrimonio, haciéndolo tributar de forma distinta por la naturaleza de las rentas empresariales o conocido como el impuesto a las utilidades de las empresas, tanto, como las rentas de capital mobiliario, rentas de capital inmobiliario y las ganancias o pérdidas de capital, es decir, todo lo que constituye desde la óptica de la teoría contable, el resultado integral tendrá sujeción a alguno de los tipos impositivos y formas determinativas antes dichas, siendo el factor diferenciador fundamental si dichos rendimientos son afectos a la actividad económica, aspecto que debe consignarse en la contabilidad como medio probatorio fehaciente, ya que de no poder llegar a determinarse de forma global tributará por el mayor de los impuestos sea el de las utilidades a una tarifa corporativa plana del 30%.

Tiene el deber el contribuyente de separar de la totalidad de bienes y derechos de su titularidad, aquellos que en el periodo respectivo hubiesen estado afectos para que dichos rendimientos tributen conforme las reglas propias de renta, lo que se conoce en la nueva norma como patrimonio afecto, ya que se deben separar tanto los bienes y derechos como las obligaciones que sobre estas recaen, con lo que surge el concepto legal de patrimonio afecto.

Estas condiciones no son predeterminadas ni obedecen a la naturaleza intrínseca de los bienes y derechos sino de para qué están siendo utilizados, esto a la vez requiere como fundamento niveles de detalle contable a niveles de auxiliares flexibles y trazables que hacen surgir esta tercera pata al gato de la contabilidad. Tomemos en consideración que un bien pudo estar afecto, dejar de estarlo, volver a estarlo y dependiendo del momento en que se efectúe la venta de este tributaría por renta o por ganancias y pérdidas de capital, vaya bromita, ¿el 15% o el 30%? Dependerá de la prueba de trazabilidad, así como que la desafectación tuvo un motivo económico válido, aspecto que requiere poner un guiño al gobierno corporativo tributario.

Por su parte la contabilidad debe ser capaz de distinguir patrimonios afectos al IVA, con la dificultad adicional que conlleva tener que hacer en múltiples subdimensiones resultantes de la diversidad cuasi cromática, en razón de las tarifas y prorratas respectivas, esto genera una cuarta dimensión a la contabilidad, ocurriendo que los bienes afectos a IVA y a renta no necesariamente se consideran siquiera necesariamente coincidentes, en lo que a las afectaciones se refieren, ya que obedecen a dinámicas vinculadas con las obligaciones tributarias, con periodos fiscales distintos, con hechos generadores diversos y claros tipos impositivos efectivos distinguibles. Estando, así las cosas, ahora la contabilidad financiera, que es una y única, debe generar estas dos dimensiones adicionales.

Valga decir que lo anterior puede sonar al tratado para pérdida de cabello más eficaz nunca escrito, pero empeora cuando lo ponemos en la línea del tiempo, es decir, para que todo esto esté en funcionamiento en los próximos 173 días, eso es al 1° de julio de este año.

Esto va a ser muy complejo para quienes tienen una contabilidad bien adecuada a las normas internaciones de información financiera, e imposible para los que no. Es fundamental que la Administración Tributaria —su jerarca superior, sea el Ministerio de Hacienda— emita un plan general contable que mediante decreto ejecutivo distinga estas aplicaciones multidimensionales para evitar dejar a todos los contribuyentes en condición de absoluta indefensión, o en imposibilidad material de incumplimiento que hasta que sea determinado en vía litigiosa por una autoridad competente, el contribuyente se habrá desgastado y gastado ingentes sumas de dinero y tiempo. A la vez, por razones de orden práctico, esto se convertirá en una materia donde todos perdemos, si alguien puede cumplir pierde porque su costo de cumplimiento es muy alto, no competitivo con el de sus pares en el mercado, empujando el sistema a los contribuyentes al indeseable barranco de la informalidad o la desobediencia civil.

Olvidó el legislador —o sus asesores, o quienes metieron mano— que estaba copiando reglas fiscales de países donde en concreto ya no se discuten nimiedades contables, pues están resueltas de modo homologado, por el ente fiscal que al dar reglas de cumplimiento no solo adquiere una verdadera autoridad moral de exigir, tanto como una práctica manera de evitar de ejercer la autoridad mediante la arbitrariedad.

Recogerán muy pocos impuestos y tendrán muchísimos problemas, solo les falta que terminen de copiar y copien, fusilen como dicen en la tierra de la norma madre, el plan general contable, pero al igual que dijera Jesús a Judas en aquella tenebrosa noche de traición, “…lo que tengas que hacer hazlo de una vez”.

Se avizoran dolores de parto, ¿estamos listos?

Conversemos, le prepararemos para afrontar la Reforma Fiscal: 2280 2130

Año Nuevo, Ley nueva

Feliz Año Nuevo, en el dos mil diecinueve de la Era Cristiana, un pequeño país, nuestro país, siendo el año nuevo chino del cerdo, a partir de febrero de este año, los costarricenses tenemos una nueva era tributaria que enfrentar. Es común la práctica de los seres finitos, iniciar las divisiones artificiales de la continuidad de la vida, en periodos artificiales en las que hacemos balance del pasado e iniciamos con una lista de buenos propósitos esas nuevas etapas o periodos, esto coincide con casi todos los conteos anuales de muchas culturas, vamos a usar esa dinámica para enfocar este nuevo episodio en la vida económica del país.

Hacemos el balance del pasado. Hemos dejado atrás la era de la sujeción al impuesto de ventas, resistente como una plaga de cucarachas a desaparecer, ahora las discusiones no son si hay o no sujeción por ser mercancías o servicios, es la emergencia de sujeción universal al impuesto de valor agregado, que plantea retos nuevos, donde la discusión es que si no esta sujeto o de casualidad está en el desfile de los exentos, recordaremos esto con dolor por medio de reglas de acreditación achicada, pero universal, como lo provoca la prorrata, sea esta especial o general.

También dejamos atrás la gloriosa Era en la que legalmente no tributáramos por rentas específicas, en el amplio acordeón de las no sujeciones, exenciones y otras concesiones, siendo que la nueva regla fiscal de la actual Era, que todo tributa, excepto que en concreto a partir de ahora quede en condición excepcional de no hacerlo, siendo la mas melancólica la muerte de la no sujeción al impuesto de las ganancias de capital, con lo que nos gustaba dedicarnos a generarlas esporádica pero permanentemente, curiosa paradoja.

También acaba la era de las sociedades de mera tenencia de bienes, locales y extranjeros, con lo que le gustaba a propios y extraños, sin tener que pagar impuestos por dicha emergencia de activos locales e internacionales, siendo estas barquillas de papel societario, ahora peligrosas anclas a la sujeción al impuesto por el valor del patrimonio no justificado, 30% de todos los bienes sin justificación de origen fiscalmente trazable, o peor aún la posible aplicación de la temida ley-en proceso aun- de extinción de dominio, donde lo que estará en juego es todo el patrimonio de dudoso origen.  A la vez y en sentido espejo llega la temida transparencia de la opacidad en el nuevo ordenamiento del concepto de establecimiento permanente, ¿desde donde se gestiona esa “offshore” tan conveniente y tan cercana? Por que desde ahí donde se gestione, con independencia de su lugar de constitución es donde tendrá el deber real de tributar.

Muere también la libertad de manejo de relaciones de negocios, a veces un poco vacíos otras totalmente carentes de sustancia, con los paraísos fiscales, con lo que nos gustaban las relaciones de ganar-ganar para el contribuyente y perder-perder para el fisco.

Muere la era del anonimato de beneficiarios fiscales de la riqueza, por complejo que sea el entramado societario que trate de servir de pantalla de tenencia de riqueza,  con la entrada en vigor finalmente de las reglas de registro de beneficiarios, que detectará, las prácticas de atomización de actividades económicas y las de quebranto de rentas por regímenes simplificados artificialmente accedidos y violados en el espíritu mismo de la norma, tanto como de reducciones tarifarias aun permitidas por la ley, de no ser por este nuevo obstáculo, que no por casualidad entra a regir este primer semestre.

Podemos seguir enumerando temas del pasado, pero podemos caer en el error de “Edith” o “Ado” la conocida mujer de Lot-no se menciona expresamente su nombre en Genesis, nombre que surge de la Mishna judía- que viendo con nostalgia el pasado ha quedado en la destrucción de Sodoma y Gomorra hecha una estatua de sal, no que haya gran paralelismo entre la forma de vida fiscal de Costa Rica y la vida licenciosa de aquella tierras descritas en el Génesis, si hay paralelismo es mera coincidencia, ¿a quien representará “Edith”? quizá al contribuyente que se resiste enfrentar la nueva realidad, ¿o la propia Administracion? que de haber relaciones degeneradas es cómplice, parte y algunos de sus funcionarios hasta promotores de dichas conductas con beneficios propios…

Veamos a los que se salvaron-Lot y los suyos- ellos caminaron de frente, sin dejar de sentir nostalgia no se quedaron pegados en las andanzas del pasado, ese es el llamado de este nuevo Año, es de cambio a todo nivel, desde la práctica administrativa, la estratégica, la contable, la del cumplimiento, la de las previsiones antes que los remedios.

Este año tiene dos partes claramente definidas, en los primeros seis meses debemos hacer lo que nos debemos como país, como empresas y como empresarios, a la vez de remover el sarro del conocimiento, para plantearnos una Costa Rica que se asoma a su segundo semestre en la plenitud de cumplimiento de las obligaciones materiales. ¿Qué son las obligaciones materiales? Las mas dolorosas, las de pagar.

A la vez para hacerlo y hacerlo bien, hay que capacitarse, hay que renovarse, hay que hacer todo aquello de lo que no queramos tener llantos y rechinar de dientes, después de que la puerta del inefable tiempo se cierre el 30 de junio, esto es la crónica de una muerte anunciada, morirán quienes no quisieron, no pudieron, no supieron, no aprovecharon este fatal plazo, después del 1 de julio solo podemos barruntar dolorosos lamentos.

Tome su calendario, contado hoy, Semana Santa y los feriados nos quedan a todos, los mismos 180 días, la pregunta es ¿qué vamos a hacer con ellos? eso marcará la diferencia entre las empresas y personas altamente efectivas en lo fiscal y las que sufrirán las consecuencias como simples víctimas del proceso, es un buen momento para incluir en los propósitos de año nuevo, algo que tenga que ver con el aprovechamiento de estos primeros 180 días, los demás de por sí vendrán hayamos o no aprovechado la oportunidad.  Cuanto añora el moribundo el segundo no vivido, pero seamos positivos, empodérense de su situación, no lo hagan solos, aprender a manejar a las altas velocidades que requiere este cambio es una maniobra de difíciles y peligrosas consecuencias. Nos vemos el 1 de Julio con la tarea hecha, o no…