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Modificaciones del Impuesto Sobre la Renta – Resumen de los Principales cambios en Rentas de Utilidades

Como ya se mencionó en el articulo anterior, la reforma fiscal nos trae un nuevo sistema tributario, presentándonos nuevas rentas de capital. Ahora bien, en lo referente a la renta por utilidades, se realizan varios cambios los cuales son importantes de analizar pues la misma funcionara como una renta global para todo lo referente a la actividad lucrativa de los contribuyentes.

Lo primero a resaltar es el cambio del periodo fiscal, en donde pasamos a un período de enero a diciembre, en donde el Transitorio XIX de la norma indica que quienes tengan período de octubre a setiembre, tendrán que presentar una declaración en diciembre del periodo hasta setiembre y otra en marzo del periodo entre octubre y setiembre. Así estarán obligados a presentar dos declaraciones fiscales del periodo 2019 para que a partir del 2020 todas las compañías ya tengan el periodo de enero a diciembre.

Cabe destacar que la aplicación de este transitorio en interpretación de la Administración Tributaria de forma extraoficial ha señalado que se hará una presentación de 15 meses en marzo del 2020 para equiparar los períodos. Sin embargo, esto está sujeto a que sea publicado el reglamento.

Aunado al hecho de la modificación del periodo fiscal, también se introduce una modificación del artículo 2, ahora todo tipo de sociedad, sin importar si tiene o no actividad económica será considerado como contribuyente y por tal tendrá la obligación de declaración.

Esto en definitiva afecta a muchas más entidades que lo que afectaba anteriormente. Pues es importante que aquellas sociedades que si bien no tienen actividad operativa, su balance general les cierre. Por tal si se cuenta con un activo de alto valor y su aporte de capital social según libros es bajo, tendrá una explicación que dar a la Administración Tributaria.

Otra modificación importante se da en relación con la deducibilidad de intereses (subcapitalización). Esta norma es tomada de la acción 4 de BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) y busca que las empresas no puedan hacer un abuso de los intereses intercompany para la erosión de la base impositiva. Si bien la norma esta tomada de la acción BEPS, Costa Rica la introduce con cierta timidez señalando que el limite es del 20% sobre la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (UAIIDA) siempre y cuando sea con una empresa que no sea supervisada por la superintendencia al CONASSIF o entes análogos en el caso de bancos extranjeros.

De igual manera los gastos de intereses que sobrepasen este limite podrán ser utilizados en períodos subsiguientes siempre y cuando se cumpla con la limitación del 20%. Además, queda facultada la Administración Tributaria a autorizar un mayor limite en los casos que los contribuyentes puedan fundamentar de forma adecuada porque requieren un mayor nivel de apalancamiento. De igual forma el transitorio XX de la ley indica que este porcentaje comenzará en un 30% durante los períodos del 2020 y 2021 y comenzará a reducirse el porcentaje en un 2% de forma progresiva hasta llegar al 20% en el periodo fiscal 2026.

Además se dará la modificación en cuanto a los gastos deducibles en las donaciones, los cuales no podrán superar 10% de la renta neta calculada por la empresa.

De igual forma se presumirán como no deducibles los gastos realizados con países que sean considerados paraísos fiscales. En donde paraíso fiscal será considerado todo país que cumpla con cualquiera de los dos supuestos que indica la ley, que tenga una renta corporativa por debajo de un 40% de la renta corporativa de Costa Rica, es decir un 18% en Impuesto de Renta, o bien que no tengan un intercambio de información con Costa Rica.

Es importante señalar que cuando se habla de la renta corporativa país, no hace referencia a la renta efectiva pagada por el país, si no se queda a nivel de que la renta corporativa nacional sea de esa tarifa. Esto se distancia de las normas de regímenes preferentes que implanta la OCDE y han sido tomados en países como Estados Unidos y México, lo que hace una norma mas laxa.

Otros temas en cuanto a los gastos deducibles, es sobre las normas de asimetrías híbridas, lo cual deviene de la acción 2 de BEPS la cual versa sobre cuando un grupo empresarial utiliza diferencias normativas, en cuanto a la sujeción o comprensión de una estructura legal, tiene un tratamiento distinto en otro país por lo que se obtiene un tratamiento fiscal preferente aprovechando dicha diferencia. En este caso, al detectarse serán gastos no deducibles.

Lo que sí se ha legislado a favor de los contribuyentes es la posibilidad de deducir las perdidas a TODOS los contribuyentes en los siguientes tres años, y ya no únicamente a las industrias como estaban anteriormente. Y las empresas agrícolas mantendrán la posibilidad de la deducción de los cinco años.

A nivel de las tasas de renta, se ha hecho una modificación, en donde se coloca un umbral en renta bruta (igual que el existe hoy para la tarifa del 30% en las personas jurídicas), el cual, si no se alcanza, se tributará por una renta progresiva con referencia a los ingresos netos, en donde comienza en los primeros cinco millones y crece de cinco en cinco por ciento por cada dos millones y medio, terminando en un 20%. Es decir, son tarifas del (5%, 10%, 15% y 20%) progresivamente en relación a la renta neta de la persona jurídica.

Dentro de esta tarifa progresiva, se especifica que vía reglamento se diseñará la forma para no permitir la segmentación de renta. Esto a la luz de la nueva norma anti-elusión del artículo 12 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y la normativa de Registro de Accionistas. Esta será una táctica que en definitiva se deberá eliminar.

Es decir, si se tienen varias empresas al mismo giro comercial, y dicha partición de empresas no responde a una sustancia económica y material que sobrepase beneficios fiscales, dicha estructura podrá ser desconocida y por ende ser tomada como una sola empresa por realidad económica y tasar a la tarifa del 30%.

A su vez, en las personas físicas con régimen de dependencia (entiéndase el trabajador en planilla) se incluyen dos nuevos tramos arriba para aquellas personas que tengan ingresos mayores a 2 millones doscientos una nueva tarifa del 20% y por encima de cuatro millones una tarifa del 25%.

En tarifas además hacen la modificación referente a las retenciones, en donde varía los servicios profesionales brindados desde el exterior aumenta a una tarifa del 25% igualando a los servicios técnicos, por otro lado, los espectáculos públicos se reduce al 15% de retención.

Por ultimo se agrega el articulo 81 bis a la Ley de Renta, de manera tal que el tema de Precios de Transferencia se incluye a nivel legislativo. Este tema comenzó a ser legislado en Costa Rica desde el 2006 a nivel jurisprudencial, y a pesar de que ya existe el reglamento 37898-H 2012, el tema de Precios de Transferencia no había sido regulado por ley.

A efectos de los contribuyentes, la obligación esta vigente desde el 2012 y la obligación a presentar las declaraciones para las empresas en Zona Franca, grandes empresas territoriales y grandes contribuyentes se encuentra vigente desde aquel entonces. Esta obligación no se ha materializado por falta de que exista dicha declaración. Sin embargo, lo cierto es que con esta aprobación espera que dicha declaración nazca en este periodo fiscal.

Como se puede observar a lo largo de este artículo, las modificaciones en el impuesto de renta son varias. El IVA únicamente fue parte de lo modificado en la normativa, pero en definitiva en el Impuesto Sobre la Renta la complejidad de análisis e interpretación ha aumentado. Por tal la recomendación es hacerse acompañar de un experto tributario, con amplio conocimiento de normativa comparada y experiencia en interpretación para que así pueda colaborar a conocer los cambios y poder mitigar los efectos negativos de ellos.

En Grupo Camacho Internacional tenemos toda la disposición para asesorarle en materia tributario. Contáctenos. 

Modificaciones del Impuesto Sobre la Renta – Resumen de los principales cambios en Rentas de Capital

Con el nuevo año, nuevas normas fiscales vienen a regir el panorama de obligaciones para nuestras empresas y también para nosotros como personas físicas. 

Con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas (Ley N˚9635), no solamente ha incluido el nuevo impuesto del IVA, sino también, ha generado varias modificaciones en el Impuesto Sobre la Renta, generando tres nuevas cédulas impositivas en renta y dando una nueva tarifa progresiva en la renta de utilidades, para empresas de reducida dimensión, sean las que facturan anualmente un total de menos de ciento seis millones de colones. Además de estos cambios ha hecho varias modificaciones en la deducción de gastos y en otras tarifas impositivas.  

Con la nueva inclusión de estas tres nuevas cédulas del impuesto de renta, que se observan en el capítulo de rentas de capital, ha introducido a Costa Rica en una renta de tipo dual (es decir dos tipos de tarifa). En donde la renta de utilidades engloba todas las rentas referentes a la actividad lucrativa llevándolo a una tarifa progresiva sobre renta neta, siempre que no supere un límite en renta bruta de 106 millones de colones, como sucede en un sistema de renta global, y todo lo que no sea referente a la actividad lucrativa terminará tributando por medio de una tarifa única general en las rentas de capital. 

Ahora bien, con este cambio lo primero que se deben de preguntar los contribuyentes es bajo cual tarifa tributará, y para contestar esto se debe de conocer bajo qué tipo de renta estará trabajando, si bajo la renta de utilidades o bajo la renta de capital, ya sea del capital mobiliario o inmobiliario, así como de las ganancias y pérdidas de capital. 

Para esta definición, la renta de capital queda definida por exclusión, en donde se tributará en ella todo lo que no sea propio -o afecto como lo define la norma- a la actividad lucrativa, pues si corresponde a la actividad lucrativa tributará por renta de utilidades. Por ello el comprender cual es mi actividad lucrativa hoy en día será crucial, así como definir y contablemente identificar los bienes afectos a la misma, han de ser claves de definición del tipo de tributo que se derivará de su disposición o de su rendimiento. 

En la norma, la actividad lucrativa, se entenderá como aquella actividad que realiza con habitualidad, es decir con ánimo de lucro por parte del contribuyente, para lo que afecta mediante conjugación de elementos, los bienes materiales, tecnológicos y humanos. Sin embargo, al contrarrestar con el tema de rentas de capital, bajo esta definición pocas veces se estará frente a rentas de capital, pues por ejemplo los arrendamientos, siempre tienen por su naturaleza comercial un ánimo de lucro efectos la renta de capital inmobiliario, tributarían por renta, cuando siendo los mismos bienes, estos sean de orden accesorio a la actividad principal, entonces derivaran rentas sujetas al impuesto de los rendimientos del capital inmobiliario. Por ello para una mejor comprensión es necesario realizar un análisis de derecho comparado, que tomando en cuenta nuestra costumbre normativa en temas tributarios, sin duda, el analizar la norma española nos brindará luces de qué debemos entender por actividad lucrativa. 

Así observando el artículo 5 del Impuesto sobre Sociedades español, comprende actividad económica (lo asimilable de actividad lucrativa) como la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Y para el caso de los arrendamientos, se entenderá que existe actividad económica, únicamente cuando para su ordenación se utilice al menos, una persona empleada con contrato laboral y jornada completa. 

De esta manera, se comprenderá que las empresas que se encuentren bajo el supuesto de tener una actividad económica y a su vez tengan como una actividad accesoria, un ingreso pasivo, es decir que no medien, ni medios ni recursos humanos para generar dicho ingreso, esta segunda actividad estará sujeta bajo Renta de Capital y la primera por Renta de Utilidades. En refuerzo de esta interpretación lo señala el articulo 28 de la nueva norma cuando indica que los contribuyentes sujetos al impuesto de rentas de capital inmobiliario podrán optar por la renta por utilidades, cuando tengan contratada al menos una persona. 

Además, el artículo 1 Bis de la nueva norma de renta, indica de manera taxativa en cuáles casos particulares no nos encontramos frente a una actividad lucrativa. Tal es el caso de aquel patrimonio que no forma parte de la contabilidad, cuando no se utilice para generar renta, o bien en los casos de las acciones y las inversiones, cuando estas formen parte de oferta publica (es decir estén emitidas en la bolsa de valores), cuando sean emitidos por entidades adscritas al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, que es el caso de los Certificados de Fondos de Inversión o bien, por último, los casos de inversiones que sean parte de un fondo de inversión siempre y cuando se demuestre que los mismos no forman parte de la actividad lucrativa de la compañía. 

A razón de esto, hoy en día cuando estamos frente al impuesto de renta lo primero será verificar bajo qué tipo de renta estamos tributando. 

En esta misma línea, sobre las rentas de capital mobiliario, la exención que existía de retener el 15% a razón de los dividendos cuando se realizará desde una sociedad de capital a otra sociedad de capital se modifica en donde dicha exención únicamente existirá cuando ambas sociedades lleven a cabo una actividad lucrativa, si no, la empresa tenedora se verá sujeta a retención. Esto en definitiva nos replantea la necesidad de una reestructuración para la eliminación de las empresas tenedora (holding puras), teniendo que evolucionar a tenedoras con actividades sustanciales.

La conclusión es que con estas nuevas cédulas, los ingresos no gravables serán muy limitados por no decir que prácticamente no existirán. Por esta razón, es crucial revisar nuestras estructuras tanto empresariales como patrimoniales para replantear cómo afrontar nuestro nuevo sistema tributario en lo referente al impuesto sobre la Renta. 

Grupo Camacho Internacional, se encuentra con la disposición para brindarle el mejor análisis de cuál es la estructura más conveniente para sus finanzas desde un punto de vista fiscal, de manera tal, que no signifique estas nuevas cédulas, lo que es un problema, sino una oportunidad. ¡Conversemos!

De cuatro patas

La contabilidad de cuatro patas es una expresión que nos agrada poco en sentido lato, pues alude a una contabilidad llevada con descuido, falta de precisión, conocimiento, apego técnico, etc.

Ahora bien, con la reforma fiscal introducida por la normativa de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ahora toca para llevar una contabilidad apropiada, fundamentada para soportar procesos de fiscalización tanto en renta como en IVA, el contar con una contabilidad de cuatro patas o cuatro dimensiones.

Vamos a ver en qué consiste la contabilidad 4D, en primer lugar, recordar, que la contabilidad es responsabilidad del empresario, profesional o comerciante, que esta obligación deviene de la intervención del comercio, siendo a efectos fiscales solamente un instrumento de fiscalización y prueba en favor del contribuyente, quien determina sus obligaciones de manera fundamental y principal de la base cierta que es el resultado contable, tal como lo establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios artículo 125 y el 57 del Reglamento de la ley del impuesto sobre la renta.

La contabilidad bidimensional, hasta ahora conocida por los contadores y agentes económicos, es la de partida doble que obedece a la técnica de consignación de relaciones económico-financieras fundamentalmente atentas a las relaciones de causa efecto, eso lo propuso así Fray Luca Pacioli hace cinco siglos y algunos días.

Esta contabilidad reconoce bienes y derechos sobre una base de titularidad económica, es decir allende de las fronteras jurídicas y geográficas, así como las obligaciones que sobre los indicados derechos tanto como el residual valor del patrimonio empresarial, resultado natural de aplicar a cada efecto una razón causal que de forma residual constituye patrimonio.

Con la nueva normativa de renta que resulta de una profunda reforma al impuesto sobre la renta existente, no en el tanto de cambios múltiples sino fundamentales.

En el caso de la ley anterior primaba el principio de renta producto, nos hemos movido a un concepto de renta patrimonio, lo que deja sujeto todo cambio habido en el patrimonio, haciéndolo tributar de forma distinta por la naturaleza de las rentas empresariales o conocido como el impuesto a las utilidades de las empresas, tanto, como las rentas de capital mobiliario, rentas de capital inmobiliario y las ganancias o pérdidas de capital, es decir, todo lo que constituye desde la óptica de la teoría contable, el resultado integral tendrá sujeción a alguno de los tipos impositivos y formas determinativas antes dichas, siendo el factor diferenciador fundamental si dichos rendimientos son afectos a la actividad económica, aspecto que debe consignarse en la contabilidad como medio probatorio fehaciente, ya que de no poder llegar a determinarse de forma global tributará por el mayor de los impuestos sea el de las utilidades a una tarifa corporativa plana del 30%.

Tiene el deber el contribuyente de separar de la totalidad de bienes y derechos de su titularidad, aquellos que en el periodo respectivo hubiesen estado afectos para que dichos rendimientos tributen conforme las reglas propias de renta, lo que se conoce en la nueva norma como patrimonio afecto, ya que se deben separar tanto los bienes y derechos como las obligaciones que sobre estas recaen, con lo que surge el concepto legal de patrimonio afecto.

Estas condiciones no son predeterminadas ni obedecen a la naturaleza intrínseca de los bienes y derechos sino de para qué están siendo utilizados, esto a la vez requiere como fundamento niveles de detalle contable a niveles de auxiliares flexibles y trazables que hacen surgir esta tercera pata al gato de la contabilidad. Tomemos en consideración que un bien pudo estar afecto, dejar de estarlo, volver a estarlo y dependiendo del momento en que se efectúe la venta de este tributaría por renta o por ganancias y pérdidas de capital, vaya bromita, ¿el 15% o el 30%? Dependerá de la prueba de trazabilidad, así como que la desafectación tuvo un motivo económico válido, aspecto que requiere poner un guiño al gobierno corporativo tributario.

Por su parte la contabilidad debe ser capaz de distinguir patrimonios afectos al IVA, con la dificultad adicional que conlleva tener que hacer en múltiples subdimensiones resultantes de la diversidad cuasi cromática, en razón de las tarifas y prorratas respectivas, esto genera una cuarta dimensión a la contabilidad, ocurriendo que los bienes afectos a IVA y a renta no necesariamente se consideran siquiera necesariamente coincidentes, en lo que a las afectaciones se refieren, ya que obedecen a dinámicas vinculadas con las obligaciones tributarias, con periodos fiscales distintos, con hechos generadores diversos y claros tipos impositivos efectivos distinguibles. Estando, así las cosas, ahora la contabilidad financiera, que es una y única, debe generar estas dos dimensiones adicionales.

Valga decir que lo anterior puede sonar al tratado para pérdida de cabello más eficaz nunca escrito, pero empeora cuando lo ponemos en la línea del tiempo, es decir, para que todo esto esté en funcionamiento en los próximos 173 días, eso es al 1° de julio de este año.

Esto va a ser muy complejo para quienes tienen una contabilidad bien adecuada a las normas internaciones de información financiera, e imposible para los que no. Es fundamental que la Administración Tributaria —su jerarca superior, sea el Ministerio de Hacienda— emita un plan general contable que mediante decreto ejecutivo distinga estas aplicaciones multidimensionales para evitar dejar a todos los contribuyentes en condición de absoluta indefensión, o en imposibilidad material de incumplimiento que hasta que sea determinado en vía litigiosa por una autoridad competente, el contribuyente se habrá desgastado y gastado ingentes sumas de dinero y tiempo. A la vez, por razones de orden práctico, esto se convertirá en una materia donde todos perdemos, si alguien puede cumplir pierde porque su costo de cumplimiento es muy alto, no competitivo con el de sus pares en el mercado, empujando el sistema a los contribuyentes al indeseable barranco de la informalidad o la desobediencia civil.

Olvidó el legislador —o sus asesores, o quienes metieron mano— que estaba copiando reglas fiscales de países donde en concreto ya no se discuten nimiedades contables, pues están resueltas de modo homologado, por el ente fiscal que al dar reglas de cumplimiento no solo adquiere una verdadera autoridad moral de exigir, tanto como una práctica manera de evitar de ejercer la autoridad mediante la arbitrariedad.

Recogerán muy pocos impuestos y tendrán muchísimos problemas, solo les falta que terminen de copiar y copien, fusilen como dicen en la tierra de la norma madre, el plan general contable, pero al igual que dijera Jesús a Judas en aquella tenebrosa noche de traición, “…lo que tengas que hacer hazlo de una vez”.

Se avizoran dolores de parto, ¿estamos listos?

Conversemos, le prepararemos para afrontar la Reforma Fiscal: 2280 2130

Año Nuevo, Ley nueva

Feliz Año Nuevo, en el dos mil diecinueve de la Era Cristiana, un pequeño país, nuestro país, siendo el año nuevo chino del cerdo, a partir de febrero de este año, los costarricenses tenemos una nueva era tributaria que enfrentar. Es común la práctica de los seres finitos, iniciar las divisiones artificiales de la continuidad de la vida, en periodos artificiales en las que hacemos balance del pasado e iniciamos con una lista de buenos propósitos esas nuevas etapas o periodos, esto coincide con casi todos los conteos anuales de muchas culturas, vamos a usar esa dinámica para enfocar este nuevo episodio en la vida económica del país.

Hacemos el balance del pasado. Hemos dejado atrás la era de la sujeción al impuesto de ventas, resistente como una plaga de cucarachas a desaparecer, ahora las discusiones no son si hay o no sujeción por ser mercancías o servicios, es la emergencia de sujeción universal al impuesto de valor agregado, que plantea retos nuevos, donde la discusión es que si no esta sujeto o de casualidad está en el desfile de los exentos, recordaremos esto con dolor por medio de reglas de acreditación achicada, pero universal, como lo provoca la prorrata, sea esta especial o general.

También dejamos atrás la gloriosa Era en la que legalmente no tributáramos por rentas específicas, en el amplio acordeón de las no sujeciones, exenciones y otras concesiones, siendo que la nueva regla fiscal de la actual Era, que todo tributa, excepto que en concreto a partir de ahora quede en condición excepcional de no hacerlo, siendo la mas melancólica la muerte de la no sujeción al impuesto de las ganancias de capital, con lo que nos gustaba dedicarnos a generarlas esporádica pero permanentemente, curiosa paradoja.

También acaba la era de las sociedades de mera tenencia de bienes, locales y extranjeros, con lo que le gustaba a propios y extraños, sin tener que pagar impuestos por dicha emergencia de activos locales e internacionales, siendo estas barquillas de papel societario, ahora peligrosas anclas a la sujeción al impuesto por el valor del patrimonio no justificado, 30% de todos los bienes sin justificación de origen fiscalmente trazable, o peor aún la posible aplicación de la temida ley-en proceso aun- de extinción de dominio, donde lo que estará en juego es todo el patrimonio de dudoso origen.  A la vez y en sentido espejo llega la temida transparencia de la opacidad en el nuevo ordenamiento del concepto de establecimiento permanente, ¿desde donde se gestiona esa “offshore” tan conveniente y tan cercana? Por que desde ahí donde se gestione, con independencia de su lugar de constitución es donde tendrá el deber real de tributar.

Muere también la libertad de manejo de relaciones de negocios, a veces un poco vacíos otras totalmente carentes de sustancia, con los paraísos fiscales, con lo que nos gustaban las relaciones de ganar-ganar para el contribuyente y perder-perder para el fisco.

Muere la era del anonimato de beneficiarios fiscales de la riqueza, por complejo que sea el entramado societario que trate de servir de pantalla de tenencia de riqueza,  con la entrada en vigor finalmente de las reglas de registro de beneficiarios, que detectará, las prácticas de atomización de actividades económicas y las de quebranto de rentas por regímenes simplificados artificialmente accedidos y violados en el espíritu mismo de la norma, tanto como de reducciones tarifarias aun permitidas por la ley, de no ser por este nuevo obstáculo, que no por casualidad entra a regir este primer semestre.

Podemos seguir enumerando temas del pasado, pero podemos caer en el error de “Edith” o “Ado” la conocida mujer de Lot-no se menciona expresamente su nombre en Genesis, nombre que surge de la Mishna judía- que viendo con nostalgia el pasado ha quedado en la destrucción de Sodoma y Gomorra hecha una estatua de sal, no que haya gran paralelismo entre la forma de vida fiscal de Costa Rica y la vida licenciosa de aquella tierras descritas en el Génesis, si hay paralelismo es mera coincidencia, ¿a quien representará “Edith”? quizá al contribuyente que se resiste enfrentar la nueva realidad, ¿o la propia Administracion? que de haber relaciones degeneradas es cómplice, parte y algunos de sus funcionarios hasta promotores de dichas conductas con beneficios propios…

Veamos a los que se salvaron-Lot y los suyos- ellos caminaron de frente, sin dejar de sentir nostalgia no se quedaron pegados en las andanzas del pasado, ese es el llamado de este nuevo Año, es de cambio a todo nivel, desde la práctica administrativa, la estratégica, la contable, la del cumplimiento, la de las previsiones antes que los remedios.

Este año tiene dos partes claramente definidas, en los primeros seis meses debemos hacer lo que nos debemos como país, como empresas y como empresarios, a la vez de remover el sarro del conocimiento, para plantearnos una Costa Rica que se asoma a su segundo semestre en la plenitud de cumplimiento de las obligaciones materiales. ¿Qué son las obligaciones materiales? Las mas dolorosas, las de pagar.

A la vez para hacerlo y hacerlo bien, hay que capacitarse, hay que renovarse, hay que hacer todo aquello de lo que no queramos tener llantos y rechinar de dientes, después de que la puerta del inefable tiempo se cierre el 30 de junio, esto es la crónica de una muerte anunciada, morirán quienes no quisieron, no pudieron, no supieron, no aprovecharon este fatal plazo, después del 1 de julio solo podemos barruntar dolorosos lamentos.

Tome su calendario, contado hoy, Semana Santa y los feriados nos quedan a todos, los mismos 180 días, la pregunta es ¿qué vamos a hacer con ellos? eso marcará la diferencia entre las empresas y personas altamente efectivas en lo fiscal y las que sufrirán las consecuencias como simples víctimas del proceso, es un buen momento para incluir en los propósitos de año nuevo, algo que tenga que ver con el aprovechamiento de estos primeros 180 días, los demás de por sí vendrán hayamos o no aprovechado la oportunidad.  Cuanto añora el moribundo el segundo no vivido, pero seamos positivos, empodérense de su situación, no lo hagan solos, aprender a manejar a las altas velocidades que requiere este cambio es una maniobra de difíciles y peligrosas consecuencias. Nos vemos el 1 de Julio con la tarea hecha, o no…

Abundancia de regalos

Feliz Navidad a todos los lectores, realmente hoy es un día de fiesta y alegría, a pesar de lo cual, estar de fiesta no es dejar de cumplir el deber debido.

En la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, hay una diversidad de temas que se vienen a regular y en particular muchos que, por cualquier motivo, ya de trámite o de manejo de medios, pocos contribuyentes tienen en su radar.

Debemos hoy abordar temas respecto del tratamiento de las deducciones en materia del impuesto sobre las utilidades por afectación de bienes y servicios a la actividad económica. En primera instancia debemos conocer las reglas de deducibilidad de los intereses, que se limitan al 20% de las utilidades antes de impuestos, intereses, depreciaciones, amortizaciones, conocido como el EBITDA, esta regla se aplica a todos los gastos financieros no bancarios y en su primer periodo inicia en fiscal 2019 con un máximo del 30% decreciente hasta el limite indicado al inicio, esto implica indiscutiblemente desde la óptica de la técnica de control de erosión de bases imponibles, coherente con el enfoque plantean las reglas de BEPS, ahora bien, desde la óptica de los contribuyentes esto consiste en el encarecimiento del costo financiero efectivo, ya que el efecto “escudo fiscal” topa con límite y por ende convierte esta deducción en no deducible, cuando el mismo se alcanza a pesar de que se tiene por cierto, una norma de aplicación del remanente de los intereses no deducibles en tres años posteriores, lo que es un generoso regalo, siempre que el asunto obedezca a una condición coyuntural y no a la consecuencia de una erosión resultante de aspectos inherentes al modelo de negocio, sea una condición de orden estructural, ya que por generoso que sea el regalo, su aplicación devendrá en impracticable.

También tenemos la generalización de los derechos de deducción de las pérdidas o bases imponibles negativas-en sentido más propio- como reducciones de bases imponibles positivas de posteriores años fiscales, con lo que nos gusta a los empresarios perder dinero, al menos en la morbosa mente de la Administracion, este derecho que estaba limitado a las actividades agrícolas e industriales, constituían un agravio al principio de igualdad en capacidades contributivas, que ya va bien se remedie,  mediante la generalización a todos los contribuyentes, este otro obsequio, se limita a un máximo de tres años.

Asimismo, las noticias en relación con la limitación a la deducción de gastos con países considerados como paraísos fiscales, definidos éstos como aquellos países o territorios fiscales-jurisdicciones-cuyas tarifas del impuesto sobre la renta sean inferiores en un 40% a la tarifa costarricense, con lo que cualquier jurisdicción con la que el contribuyente tenga proveedores de bienes y servicios, cuya tarifa del impuesto sobre la renta sea menor al 18%, estará ante el problema de no poder aplicar deducciones, a pesar de que el gasto si sea necesario, útil y pertinente para la generación de la renta gravable, hay casos extremos, por ejemplo si un contribuyente se dedica exclusivamente a vender en el mercado local productos e insumos irlandeses, este debería en la punta de esta norma limitativa, tributar el 30% sobre la renta bruta, ya que no tendrá gastos deducibles, en razón que Irlanda tiene una atractiva tarifa del impuesto sobre la renta del 15% lo que esta por debajo de la mínima permitida en la norma anti elusión, a pesar de lo cual, deberá aplicar en el caso de servicios las tarifas de no residente, este es el extremo no meditado por el legislador al preparar este otro regalo a los contribuyentes del impuesto sobre la renta.

De igual manera, para los contribuyentes generosos que hacen entregas de donaciones en dinero o en especie, dichas donaciones, no tienen limite en cuanto al monto, a pesar de tenerlo respecto del total de la renta neta, sea solamente serán deducibles los gastos por donaciones hasta el máximo del 10% de la renta neta, que afecta tanto al contribuyente respecto del costo efectivo de sus donaciones ya que el “escudo” de dicha deducción encuentra sus limites en la nueva norma legal.

Habrá que mantener claridad a la vez que las normas dichas en renta son autónomas de las relativas a la tributación indirecta del impuesto sobre el valor agregado, sea el nuevo IVA que inaugura su vida jurídica a partir del próximo 1 de julio del 2019.

Como pueden darse cuenta los contribuyentes, las normas fiscales traían en sus entrañas mas intimas algunas sorpresas de Navidad, valga decir, que hay abundancia de regalos y no todos siquiera conocidos por el contribuyente.

Revise el riesgo tributario de sus sociedades inactivas

Con la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, todas las personas jurídicas, REALICEN O NO ACTIVIDAD LUCRATIVA, deberán presentar la declaración de renta. (artículo 2, inciso a).

Lo anterior significa una nueva obligación de cumplimiento para todas aquellas sociedades que existen actualmente sin actividad lucrativa, por ejemplo, las tenedoras de activos. Pero más allá de la obligación formal, es fundamental revisar el riesgo tributario incremental que esto significa.

Si el capital social de estas sociedades difiere del valor de los activos que tienen a su nombre, la sociedad se encuentra ante el riesgo de un incremento patrimonial no justificado.

El tratamiento de dichos incrementos corresponde a la aplicación de una presunción en la determinación de la renta imponible, la cual puede aplicar la administración tributaria, para la determinación de la base imponible de los contribuyentes en los procesos de fiscalización, de conformidad con el artículo 5 de la ley de impuesto sobre la renta.

Una vez determinado un incremento no justificado del patrimonio, la DGT está facultada para considerar que el mismo genera un aumento en la renta del contribuyente, lo que genera un incremento de la renta bruta para el periodo en que sea determinado. El incremento en la renta imponible del contribuyente consiste en el monto completo de la presunción, sin considerar la posibilidad de deducciones de ningún tipo, es decir tributa al 30% del valor de la determinación que haga o llegue a hacer la Administracion.
Es importante considerar que existen dos tipos de incrementos patrimoniales no justificados, el interno y el externo.

En el primero, su valoración es la que está en la contabilidad del contribuyente. Sucede cuando se determina en una entidad, una diferencia de valor entre sus activos y el patrimonio, o la existencia de pasivos inexistentes, o bien cuando las cuentas de pasivos de una entidad no se comportan como como tales por motivo de:

  1. Imposibilidad de probar el origen de los fondos.
  2. Ausencia de documentación soporte o falencias en la misma.
  3. Comportamientos anómalos que lleven a determinar que el pasivo registrado no tiene el comportamiento habitual de una deuda.
  4. Incumplimiento de obligaciones formales del registro correcto de cuentas de patrimonio.

En cambio, los incrementos patrimoniales externos, son aquellos que un contribuyente no declara y son detectados por la DGT. Por ejemplo, una sociedad que tenga cuentas bancarias o inmuebles en el extranjero, y no los incluya en su contabilidad ni declaración de ISR. Vale recalcar que en este caso se pasa de la mera presunción, al ocultamiento, el cual configura la condición de fraude fiscal con las consecuencias previstas en el derecho sancionador por defraudación fiscal.

Es fundamental conocer y dimensionar lo antes indicado a la luz de la nueva obligación de presentar declaraciones de ISR para todas las sociedades en el país. Al no haber obligación previa de declaración, es altamente probable que muchas de las sociedades inactivas no lleven contabilidades ni registros adecuados, a efectos de poder evitar la presunción de un incremento patrimonial no justificado.

Si usted posee una o varias entidades inactivas, lo invitamos a revisarlas con nuestros equipos de trabajo, a efectos de poder realizar los ajustes que sean necesarios, previo presentar su primera declaración de renta.

Contáctenos, puede que después sea demasiado tarde.

¿De qué trata el IVA?

Uno de los principales cambios que introduce la reforma fiscal es el Impuesto de Valor Agregado (IVA). Este impuesto tiene un impacto tanto para los actuales contribuyentes del Impuesto General Sobre Ventas, como para todos los demás agentes económicos.
El IVA por concepto, y en nuestra reforma no es diferente, busca gravar solamente el valor agregado que en cada paso de la cadena de producción se va generando, por ello se llama “Impuesto al Valor Agregado”.

 

Ahora ¿cómo se logra esto?
Se logra mediante un ejercicio de débitos fiscales o una deuda con el fisco (por lo recaudado en la venta) y créditos fiscales o saldo a favor del contribuyente (por lo pagado en el momento de la compra).
Estos dos supuestos nacen cada vez que se da una venta y se activa el IVA. Lo pagado por el bien ya incluye un IVA, que cancela el contribuyente, y a la hora de venderlo le incluye un IVA en el precio de venta.
Sin embargo, lo que se recolecta a la hora de la venta tiene que ser dado al fisco, pero como a la hora de la compra ya había pagado un IVA, el monto pagado es acreditable a la retención realizada y así al fisco solamente deposita la diferencia.  Un ejemplo sería el siguiente:
Una empresa compra un bien que cuesta ₡1000 y paga ₡130 de IVA (crédito fiscal). A la hora de vender ese bien a un precio de ₡1500, cobrará además ₡195 por el concepto de IVA. Ahora al fisco solamente le devolverá al contribuyente ₡65, que corresponde a la diferencia de los ₡195, producto de la venta, menos los ₡130, producto de la compra del bien. Es lo mismo que decir que de la ganancia de ₡500, el 13% de ese monto, corresponde a la diferencia de ₡65.

 

¿Qué sucede cuando vendo a un exento, o vendo con tarifa reducida? – Regla de Prorrata
Básicamente la regla general es la siguiente, siempre se podrá utilizar todo lo pagado por el IVA en la fase anterior como un crédito fiscal, pero solo por el porcentaje igual al IVA cobrado. Entonces alguien que compró un bien gravado al 13%, pero lo utilizó para generar un bien que se encuentra gravado al 2%, solamente podrá usar el 2% del 13% pagado al inicio y el restante 11% se irá al costo de operación, el cual podrá trasladarlo al comprador final como parte del precio de compra.
Un caso más complicado es cuando un bien comprado tasado al 13%, se usa para generar diferentes bienes, a veces gravados al 2%, otros exentos (0%) y otros al 13%. Para saber cuánto porcentaje del IVA pagado se puede usar como crédito fiscal y cuánto debe de ir al costo, se debe calcular un promedio ponderado de los bienes y obtener un porcentaje a usar durante el año natural.
Este porcentaje se calculará al inicio del año fiscal, y al final del año, si el cálculo estuvo bien, procederá, pero en caso de necesitar corregirlo se tendrá que hacer el ajuste en el último mes fiscal. Esto claramente puede golpear fuertemente a los negocios y particularmente el capital de trabajo financiero de las empresas pues puede que hayan consumido costo durante todo el año, que tendrán que ajustar a fin de año. Dicho promedio ponderado es de los cálculos más importantes que tienen que llevar a cabo las empresas con el inicio de este nuevo impuesto.
El IVA representa un gran reto para nuestro país. Por ende el mejor consejo a dar es que todo aquel que brinde un servicio, venta de un bien o en general lleve una actividad económica en el país, debe asesorarse con un experto y no solo en temas tributarios si no en IVA, pues aunque se tenga mucha experiencia en impuestos, recordemos que toda esta situación es nueva para nuestra normativa.

Renta global, novedades

Es importante que los empresarios y personas se vayan familiarizando con este concepto que contrasta fundamentalmente con el modo de gravar la renta de los contribuyentes del impuesto, con características que sufren una disrupción digna de atención y cuidado en particular en la gestión de las responsabilidades tributarias que se derivan a partir del periodo fiscal 2019, por cierto, ya en curso para los contribuyentes con cierre a setiembre.

La modificación hecha por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, al articulo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, introduce diversos cambios que trataremos de abordar de manera gradual. Primeramente, una precisión indispensable, pese a la condición que la semántica nos pueda plantear, renta global y renta mundial no son lo mismo, por lo que, a pesar de evolucionar a un sistema más inclusivo y progresivo de gravar las rentas, no se ha modificado el concepto de territorialidad de las rentas sujetas en el sentido de gravarse única y exclusivamente las que provengan de fuente costarricense, es decir, no hay renta mundial.

Por otro lado, el concepto global alude al proceso de sumar las rentas para que tributen por la condición de su receptor como regla general, no así por la tipología de ingreso, como lo ha hecho históricamente la Ley del Impuesto sobre la Renta. Si bien se abren cajones nuevos de rentas especiales, que explicaremos en detalle en otras entregas, realmente estas se deberán sumar, con excepciones, en cabeza del contribuyente persona física o jurídica; adelanto que se excluye de esta sumatoria las rentas del trabajo.

El sistema tradicional gravaba las rentas de las actividades empresariales o lucrativas sobre una base anual, en la que no se incorporaban los rendimientos del capital, por ejemplo, los intereses que tributaban única y exclusivamente en la fuente, remitiendo la obligación de incorporación al deber de declarar y no así al de tributar más allá de la retención única y definitiva que efectuaba el agente pagador.

En adelante todos los ingresos de un contribuyente que tengan retención de carácter “único y definitivo”, deberán sumarse al ingreso total del contribuyente, tributar según las tarifas conforme al impuesto sobre las utilidades, sea, en el caso de personas jurídicas el 30% —eliminándose las tarifas del 10% y 20%— o de hasta el 25% en caso de las personas físicas; convirtiendo todas las retenciones “únicas y definitivas” en pagos a cuenta del impuesto sobre la renta a liquidar a final de año, siempre que estas sean afectas a la actividad empresarial, concepto novedoso que requiere adecuadas distinciones contables que permitan llevar por separado los bienes cuyas rentas tributan por el impuesto de las utilidades sea las tarifas dichas, como las que corresponden a actividades accesorias que deben tributar conforme las reglas de la tributación de las rentas del capital mobiliario y del capital inmobiliario.

En relación con los cambios de renta global, debemos tener en cuenta las exclusiones del concepto de aquellas exclusiones especiales hechas por el legislador en el articulo 1 bis de la Ley de Impuesto sobre la Renta, resaltando en particular la exclusión de las rentas de rendimientos obtenidos en el sector financiero nacional. No puede dejar de mencionarse que a pesar de esto, surgirán consecuencias que deben ocupar a los contribuyentes desde ya, en concreto poder justificar, es decir, en sentido jurídico probar el origen fiscal de su patrimonio ya que, de no lograrse probar el origen, también formará parte de la renta bruta, conforme al articulo 5 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, el incremento injustificado de patrimonio.

Respecto el capital mobiliario (rendimientos financieros), el nuevo impuesto de rentas de capital afecta a las personas físicas y jurídicas, con lo que la tarifa del impuesto a pagar de manera efectiva por estas pasa del actual 8% a una tarifa del 15%, manteniéndose una tributación sobre la renta bruta sin derecho de deducciones.

Lo anterior suena fundamentalmente apropiado para lograr el aumento de la recaudación; sin embargo, no podemos dejar de advertir la abrupta disuasión al ahorro dentro del territorio nacional, lo que puede provocar una importante migración de capitales hacia el extranjero, en algunos casos puede provocar la no sujeción al impuesto, aunque no siempre, debido al concepto de territorialidad ampliada utilizado en fase de fiscalización por la Administración Tributaria.

Cabe plantearse la pregunta retórica de si el propósito recaudador no llega a constituir un remedio más caro que el mal que generará. La pregunta que queda en el plano de lo retórico, puesto que esto ya es ley.

Hablemos de la Amnistía Tributaria

La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, aprobada el pasado 4 de diciembre de 2018, en uno de sus transitorios incluye la Amnistía Tributaria de unas características muy diferentes a las tradicionales amnistías tributarias que hemos tenido en el pasado, ya que el concepto general se ha limitado al perdón de los accesorios de las obligaciones tributarias declaradas y pendientes de pago parcial o totalmente, esta es una amnistía más amplía y tiende puentes para que los contribuyentes pueden —aprovechando la amnistía— llevar a cabo procesos inteligentes de gestión preparatoria de cara a la entrada en vigor de normas en particular de regularización de sus cuentas y en tal sentido deben entenderse algunos de los supuestos previstos por el legislador en este sentido.

El motivo más importante para esta normativa más amplia y omnicomprensiva es precisamente, el de la necesidad urgente del Estado de lograr solventar sus requerimientos de efectivo en muy corto plazo, motivo que dio pie tanto a esta amnistía como a la rápida aprobación y publicación de la Ley una vez superada la fase de consultas con la Sala Constitucional.

¿En qué consiste?

Es la posibilidad de poder presentarse a la Administración Tributaria y corregir una situación de periodos anteriores a 2018, sean todos los que acabaron para todas las obligaciones tributarias devengadas al 30 de setiembre de 2017. Lo anterior, pagando el impuesto dejado de pagar, sin pagar los intereses correspondientes a la deuda tributaria y con una sanción reducida, reducción que varía de acuerdo con el momento en que se presente la persona y pague el impuesto correspondiente o logre un aplazamiento en el pago de este, siempre que dicho aplazamiento no supere seis meses. A la vez podrá cancelar las obligaciones que tuviera pendientes a la fecha indicada, por motivo de cualquier litigio o inclusive cualquier proceso de fiscalización en curso, con el propósito de hacer atractiva una regularización de mínimo impacto para el contribuyente debido al perdón de los intereses y la mencionada reducción de las sanciones. De manera extraordinaria como quebranto a la regla general de suspensión del derecho del contribuyente de presentar sus declaraciones rectificativas, estas se podrán someter en cualquier fase del proceso de fiscalización regularizando la situación, totalmente sin costes financieros asociados a la presentación extemporánea.

¿Por cuánto tiempo está vigente?

Únicamente por los tres meses posteriores a la aprobación de la reforma, por lo que, de acogerse a la amnistía, debe considerar hacerlo lo antes posible, es decir antes del 4 de marzo del año próximo, con plazo para pago si se opta por arreglo de pago el 4 de junio de 2019 ambos. Entre más tiempo pase, es menor la reducción de sanciones que le aplica.

¿A quién le aplica?

A todo contribuyente que tenga una situación tributaria de un periodo fiscal previo a 2018. Se excluyen aquellos casos que se hayan denunciado, o sean denunciables, ante el Ministerio Público.

Por lo anterior, ya sea que se quiera rectificar una declaración, se encuentre en una fiscalización, le hayan realizado un traslado de cargos, o inclusive si están litigando el caso en las distintas instancias administrativas (hasta el contencioso administrativo). Curiosamente los contribuyentes que hayan efectuado pago bajo protesta antes de 2012 y los que después del Fallo de la Sala Constitucional de 2016, se considera que dichos pagos bajo protesta pueden caer en los supuestos de la amnistía, ya que cumplen con los presupuestos de la norma.

¿Cuál es el beneficio?

Procurar el menor costo posible en la corrección de la situación tributaria, ya sea de forma preventiva, al rectificar una declaración, o para terminar un proceso litigioso y sus costos asociados.

¿Cuáles impuestos cubre?

Los impuestos administrados por Dirección General de Tributación, la Dirección General de Aduanas, el Instituto de Desarrollo Rural, incluyendo casos pendientes del Instituto de Desarrollo Agrario “IDA”, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, y el Instituto Mixto de Ayuda Social.

¿Qué debo considerar?

Desde el plano estratégico, si conviene o no corregir voluntariamente la situación tributaria. Desde el plano financiero, si se cuentan con los recursos necesarios para pagar el impuesto incremental que implica acogerse a la Amnistía.

No deje pasar el tiempo sin darse a asesorar por parte de expertos de preferencia distintos a los que llevan el caso litigioso, para evitar que un posible conflicto de intereses le haga perder la oportunidad de ahorros accesorios a la deuda principal de impuestos que pueda tener pendiente.

Contáctenos y conversemos en detalle para ponerse en regla con la administración tributaria.

Resumen – Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas – ¿Qué cambia?

¿Qué motiva la reforma tributaria?
Antes de abarcar el tema de Reforma Fiscal, debemos entender que la motivación de ésta se da porque la situación financiera del país se ha vuelto insostenible por el incremento del déficit fiscal, es decir, los gastos del gobierno han ido en un aumento mayor que los ingresos percibidos por medio de los tributos.

Principales rubros de la Reforma Fiscal
Debemos notar principalmente que no significa sólo una reforma tributaria en la parte de los ingresos del Estado, sino que incorpora también la reforma al gasto público, es decir, la intención es implementar una Reforma Fiscal integral.

En el rubro de los ingresos se presentan cambios en los Impuestos Directos, los cuales gravan la obtención de rentas pasivas y activas, y los Impuestos Indirectos, los cuales gravan las manifestaciones de riquezas.

En el rubro de los gastos, el cambio se da en lo que respecta a la contención del gasto, donde se incluyen modificaciones a la Ley de Salarios Públicos, principalmente en temas de pluses salariales e incentivos y la inclusión de la Regla Fiscal, el elemento por el cual se limita el incremento del gasto en proporción directa con el comportamiento de la deuda. Con respecto a una reforma estructural, la Ley aprobada no incluye cambios estructurales en el aparato estatal, en otras palabras, no muestra indicios de una simplificación de las instituciones del Estado.

Incorporación de la “Cláusula Antielusiva General”
En la Ley 9635 se incluye la Norma General Antielusión, la cual busca evitar estrategias tributarias carentes de motivo económico, cuyo objetivo principal sea lograr una menor tributación. Es decir, toda estrategia debe de tener un motivo económico válido, distinto al de la disminución al pago de impuestos, que se pueda documentar y probar ante la Administración Tributaria en caso de una fiscalización.

Ley del Impuesto al Valor Agregado
Se incorpora el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual deroga el Impuesto de Ventas, vigente desde 1982. La determinación final del pago del IVA al cierre del periodo será el total de débitos fiscales (el IVA que le carga un contribuyente a sus clientes) menos el total de los créditos fiscales (el derecho de devolución del IVA pagado). Cuando el crédito fiscal sea mayor que el débito en un período fiscal, la diferencia constituye un saldo del impuesto a favor del contribuyente que podrá compensarse.

La implementación del IVA grava con una tarifa del 13% a todos los productos y servicios que se vendan en el país. También incluye tarifas diferenciadas al 4% para salud privada y tiquetes aéreos, 2% para medicamentos y seguros personales y 1% para los productos de la canasta básica.

Es importante indicar que el IVA tendrá derecho pleno, parcial o nulo de acreditación del impuesto pagado, dependiendo del tipo de venta que se realice. Cuando la compra del bien o servicio sea para realizar una transacción sujeta al 13%, se tendrá derecho pleno de acreditación. Cuando la compra sea para realizar una transacción sujeta a tarifa reducida, se tendrá derecho de acreditación parcial. Mientras que cuando la compra sea para realizar una transacción en la que no se cobre el impuesto, no se tendrá derecho de acreditación, salvo a algunas excepciones.  

El IVA amplia la base tributaria, lo cual se traduce en un mayor ingreso que el gobierno va a percibir por la actividad económica, generando controles en el tributo a proveedores de servicios que actualmente se encuentran exentos cómo los médicos privados, contadores y abogados.

La liquidación del impuesto se debe de realizar a más tardar el decimoquinto día natural de cada mes, mediante declaración jurada de las ventas de bienes o prestación de servicios correspondientes al mes anterior. En el momento de presentarla, debe pagarse el impuesto respectivo. En la declaración del impuesto correspondiente al mes de diciembre, el contribuyente calculará la proporción definitiva de crédito fiscal en función de las operaciones realizadas en el correspondiente año calendario.

Reformas en Impuestos a las Utilidades y las Rentas de Capital
El impuesto a las utilidades sufre varios cambios, entre ellos el establecimiento de una renta dual en el impuesto sobre renta que consiste en gravar las rentas procedentes de las actividades lucrativas, a una tarifa progresiva, y las rentas de capital, a una tarifa uniforme.

La ley actualiza el periodo fiscal el cual pasa a ser de enero a diciembre y aquellos contribuyentes cuyo nuevo período impositivo, no coincida con el que tenía en operación, tendrán la obligación de presentar una segunda declaración por el período no cubierto en el 2019, que va del primer día siguiente al cierre del período anterior al 31 de diciembre de ese mismo año.

Se define que las ganancias y pérdidas en diferencial cambiario están sujetas al impuesto sobre utilidades con base en el devengo contable. Respecto la deducibilidad de los intereses, se debe de demostrar ante la Administración Tributaria el uso de los préstamos cuyos intereses pretende deducir, ya que estos deben utilizarse para generar renta gravable. Adicional a lo anterior, los intereses no bancarios tienen una deducibilidad máxima de un 20% de las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones para cada periodo impositivo. La nueva Ley también incluye cambios en las tarifas del impuesto a las personas jurídicas y al personal dependiente (salario).

Se crea un impuesto a las rentas y ganancias de capital. La tarifa aplicable a la renta imponible en esta materia será del 15%. Para las rentas de capital inmobiliario, se podrá deducir únicamente el 15% de la renta bruta, siendo la base imponible un 85%.  Los rendimientos de los ahorros efectuados por los asociados en las cooperativas de ahorro y crédito, y de las asociaciones solidaristas tendrán un límite anual exento equivalente al 50% de un salario base; sobre el exceso se retendrá y aplicará la tarifa indicada del 8%. Los excedentes o utilidades pagados por Asociaciones Solidaristas, Cooperativas u otras similares a sus asociados, estarán sujetos a una tarifa del 10%. Para el primer año de entrada en vigor de esta ley, se iniciará con una tarifa del 7%, y aumentará un punto cada año, hasta alcanzar el 10%.

Amnistía tributaria
La amnistía tributaria es el prime punto de la nueva Ley de fortalecimiento a las finanzas públicas en entrar a regir. Con la amnistía se encuentra una posibilidad de perdonar parcialmente multas y no cobrar ningún interés a los contribuyentes. Busca regularizar la situación de los contribuyentes que no cumplieron de manera adecuada con sus obligaciones al periodo fiscal 2017.

La reducción en sanciones y los plazos van hasta en un 80% si realizan el pago del monto adeudado durante el primer mes, 70% si el pago se realiza durante el segundo mes, 60% si se realiza durante el tercer mes y 40% en caso de que, acogiéndose a la amnistía durante los 3 meses de cita, se formalice un fraccionamiento de pago, cuyo plazo para la cancelación de los montos, no podrá superar los 6 meses y en cuyo caso el fraccionamiento deberá de respaldarse con aval o garantía bancaria.