Los tiempos

En realidad, la impredecibilidad es uno de los factores inherentes a la vida misma, sin embargo, hay elementos que son predecibles y otros que no lo son. En Costa Rica, vivimos una situación de altísima complejidad en lo económico, lo político y lo social que pone al borde de una crisis grave y de profundas consecuencias al país.
En lo económico, mientras avanza a paso de tortuga el “procedimiento abreviado” para aprobar una reforma fiscal que llega 14 años después del inicio de su primera ronda de discusiones con el Pacto Fiscal, de la administración Rodríguez Echeverría. Lo que es imparable es la velocidad trepidante del gasto público en su crecimiento, con síntomas de no haber las condiciones de orden político y de necesario liderazgo para poner la cortadora de césped a trabajar, en el recorte urgente de los disparadores, supuestamente inflexibles de la estructura de los gastos del Estado, que sigue para sobrevivir, viviendo de préstamos cada vez más onerosos, resultado de la pérdida de la credibilidad en la capacidad de nuestro país de hacer frente a sus compromisos financieros tanto a nivel primario, así como del servicio de la deuda misma.
Mientras los tiempos de las soluciones en materia de ingresos son tan lentos como los apuntados, los costos son lo único cierto que tenemos, siendo la verdad de los hechos que, ante la carencia de contenido sustancial, de las expresiones de voluntad de entrarle a la estructura de gastos, no se avizora mejora alguna en el tema del déficit creciente.
El mito de la inflexibilidad de la estructura de los gastos del Estado, cuando se pone al desnudo, se traduce en la inflexibilidad de los tomadores de decisiones de revertir este nefasto proceso en el que el gasto crece en la más maltusiana tendencia, siendo que se han atribuido usos de orden específico irrestrictos a diversos sectores privilegiados del sector público, donde no se ven estos necesarios cambios de voluntades, por lo que es inflexible no es el gasto, sino la mentalidad anquilosada de un Estado proveedor y empleador por excelencia, resultado de una herencia rancia del Estado de finales del siglo XX en Costa Rica.
Para empeorar la situación, los sectores sindicales del rancio comunismo trasnochado, que han sido las sanguijuelas del sistema, se atreven a llamar a huelga nacional para el próximo 10 de los corrientes, con lo que se pone combustible en la pira, sin aportar a la solución, sino que al problema. Con qué recursos pretenden los sindicatos que se les sigan financiando sus gollerías y privilegios inconstitucionales, que lo son debido a la transgresión al principio de igualdad.
El círculo vicioso, de llamar a la población a que se oponga a las cargas tributarias, es una perversa conflagración para provocar una desestabilización del sistema de derecho del país, dejando en condición de imposibilidad material de resolver, a quienes hoy son depositarios del encargo público democrático, que ha caracterizado entre otros los valores más fundamentales de la sociedad costarricense. ¿Quo vadis Costa Rica? O peor aún, ¿dónde te llevan las manos malévolas de la siniestra tendencia de crear condiciones para el arribo del chavismo fracasado? Veamos que no hay coincidencias, que esto es una clara indicación de pretender con algún éxito relativo provocar una solidaridad por una causa en apariencia correcta, con un objetivo de perversión y malicioso.
No vemos en la supuesta receta de los sindicatos la eliminación de sus privilegios, ni la manera en que proponen distribuir la cara y dolorosa medicina de reducir el tamaño del Estado y de acabar con la fuente de la que han gozado, gozan y gozarán hasta que la fiesta se acabe. Es fácil que una persona, inclusive de mera condición racional se oponga por antonomasia a la creación de impuestos, los tributos son claramente impuestos en el sentido del acto de imponer, aunque tampoco dicen los sindicatos que parte de sus miembros están en las entrañas de una corrupta y anquilosada Administración Tributaria, que sigue permitiendo a precio de sangre, que haya una economía subterránea que se pasea a su vista y paciencia entre el contrabando y la descarada evasión fiscal.
No aportan con una huelga más que la baja en la producción, por los aparentes motivos correctos, pero con motivos subyacentes de orden turbio; para los que escuchan el llamado de sus bolsillos y con toda razón se oponen al acto antieconómico del ser racional que es someterse a un costo, en especial cuando no se le ha explicado, el costo de no pagar el precio de la vida en sociedad. Es fácil el discurso populista de la izquierda recalcitrante que hasta seduce a la derecha más férrea, esto porque el frío no está en las cobijas.
El procedimiento abreviado de aprobación al proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas está demorando más tiempo del que disponemos. Esto hace más cara la solución al problema ya que el mismo será insuficiente, si a la vez de manera generosa se reparten exenciones, como quien dispone de lo propio, no hay cosa más fácil que ser caritativo con los bienes ajenos, sigan regalando exenciones y verán como terminaremos con una aparente medicina, pero cuando la ingerimos corremos el riesgo de un medicamento vencido y los peligros que comporta tomarlos, por sus efectos colaterales que pueden ser opuestos a la pretendida condición del remedio.
La reforma fiscal va 14 años tarde, sé que no es responsabilidad esto, de los actuales diputados, pero no podemos seguir sacando posiciones populistas para llevar agua a los molinos propios de ambiciones electoreras, es tiempo de hacer lo que otros quedaron en deuda, a los diputados, sin duda aprobar, a pesar de las falencias la Ley; al Ejecutivo tomar con seriedad y coherencia acciones concretas para parar el derrame de recursos que sigue corriendo a borbollones por las calles de Costa Rica, de una vez por todas.
A la Sala Constitucional corresponde iniciar una valoración antes de que llegue una posible consulta entre los debates primero y segundo, que de recogerse las diez firmas de los señores diputados se daría, para tener claridad que parte de la responsabilidad de tener 14 años de demora, ha sido el embarazoso monumento a la forma por encima del bien jurídico tutelado de la estabilidad financiera, que garantice la económica y social de Costa Rica.
Los generadores de riqueza necesitamos reglas claras y estamos en medio una larga noche sonámbula.

 

Carlos Camacho Córdoba

 

Socio Director

 

ccamacho@grupocamacho.com

 

Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/los-tiempos

El Motivo Económico y la Reforma Fiscal

Cuando se trabaja en el ámbito de la planeación fiscal, no es extraño encontrarse estructuras fiscales que buscan eficiencias tributarias y que se adaptan a los requerimientos de su época por lo que los aleja de cualquier posible coyuntura de cambio en el entorno fiscal.

 

Sin embargo, el mundo de la fiscalidad internacional ha tenido una evolución disruptiva en los últimos 10 años, que si bien en Costa Rica los efectos llegaron de manera tardía, es fácil observar que hoy en día la Dirección General de Tributación ya va utilizando todas las nuevas herramientas para las fiscalizaciones.

 

Tal vez el hito más importante en el ámbito de tributación, que todos los participantes (contribuyentes, consultores, auditores fiscales, etc.) deben de tener en cuenta son las reglas de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios, mejor conocidas como BEPS por su acrónimo en inglés.

 

Estas reglas han ido aplicándose de manera tangencial por medio de jurisprudencia y no habíamos encontrado normas que fueran a apegarse mucho a ellas. Sin embargo, la Administración Tributaria ha indicado varias veces que las normas de OCDE, de buenas prácticas tributarias, son de aplicación supletoria a las normas nacionales. Por ejemplo los Precios de Transferencia y los grandes ajustes millonarios que han venido por dichos casos. A la vez, Costa Rica es firmante del marco inclusivo de lucha contra la erosión de bases imponibles de un régimen tributario al otro.

 

Ahora bien, llama la atención ver que en la propuesta de reforma fiscal que se encuentra en la Comisión Especial, al hablar de las reorganizaciones empresariales en el artículo 27 D, en lo correspondiente a las Rentas de Capital y Ganancias y Pérdidas de Capital, se indica:

 

“En casos de reorganización empresarial por distintos medios, como la adquisición de acciones, cuotas o participaciones sociales, aportes no dinerarios o en activos, fusiones, escisiones, compra del establecimiento mercantil, transferencia total o parcial de activos y/o pasivos y otros, las ganancias de capital que se puedan generar se considerarán como no realizadas para los efectos del artículo 27 C inciso 3), con base en los principios de neutralidad fiscal y continuidad del negocio, siempre que en la operación de reorganización medie un motivo económico válido.”

 

Esto va muy de la mano con la acción 5 de BEPS (combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia), la cual indica que toda estructura que tenga una empresa debe de contar con la sustancia económica válida. Esta se divide en dos:

 

  1. Sustancia material: se relaciona con la acreditación de actividades que respalden la existencia de una entidad y sus movimientos económicos, es decir, que existen elementos que constatan la presencia y actividad de una entidad; o bien como lo señalan las acciones BEPS, que existan los medios materiales y los recursos humanos necesarios para poder llevar a cabo la actividad.  
  1. Sustancia económica: es la que nos ocupa, el artículo que hace referencia al motivo económico válido, es decir, que exista una justificación empresarial para tener una empresa en jurisdicciones fiscalmente más laxas y que comporten las prestaciones y contraprestaciones, los principios atinentes a la retribución de precios de transferencia y el concepto de encadenamiento en función del análisis de la cadena de valor.

 

Es importante ver que el motivo económico se refiere a una justificación que brinde una ventaja económica y que la misma no sea pagar menos impuestos. Lo anterior, debido a que se parte del principio que toda empresa o grupo económico es buscar siempre la mejora de sus rendimientos económicos, y que toda acción que vaya a tomar va a ser en pro de este efecto.

 

Ahora bien, si una empresa realiza un plan empresarial que de manera prospectiva refiere a un mayor ingreso, pero dicho plan a la hora de su realización no generó un ingreso mayor, de todas maneras, sería válido, pues a la hora de su idealización si presentaba una justificación económica. A estos efectos la documentación, sustento de las decisiones de negocios que se tomen, es fundamental para guardar memoria de elementos que motivaron en su momento decisiones que serán eventualmente cuestionadas en otros momentos en fase de fiscalización.

 

Pero si una empresa realiza un actuar, de manera que genera gastos y costos y en ella no se observa de una manera lógica una mejora económica para la empresa o grupo económico, más allá de una ventaja fiscal, este accionar no estaría cumpliendo con el motivo económico válido, al menos a los efectos de poder oponerle como justificación de cara a las autoridades fiscales.

 

Por esta razón se concluye que si no existe esta justificación económica o si es un ahorro fiscal, la Administración Tributaria podría aplicar la acción 5, que considera la estructura como perniciosa y desconocerla; así todos los gastos que se realicen por la estructura pueden desconocerlos y encontrar una sanción tributaria, que actualmente puede llegar a ser hasta del 150% de la cuota tributaria determinada.

 

Anteriormente esto ya ha sido utilizado a nivel jurisprudencial mediante el uso de los artículos 8 y 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT), pero con la reforma fiscal llegaríamos a tener de manera taxativa la necesidad de este motivo económico válido.  

 

Todo esto nos deja un buen sabor de boca, pues lo que se observa es un sistema tributario cada día más elaborado y por ende que las estructuras fiscales, si bien son posibles, deben de construirse con una visión de optimización fiscal y no con una idea de elusión fiscal.

 

Claro es importante revisar nuestras estructuras empresariales. Pues, lamentablemente, no todas las estructuras son generadas con los cuidados solicitados por BEPS, las cuales muchas veces, caen dentro de la determinación de estructuras perniciosas a nivel fiscal. Si además se dan los supuestos de ocultamiento, dolo o engaño, induciendo de manera idónea a la administración para sacar un beneficio propio o de un tercero y en caso de sobrepasar los quinientos salarios base (₡215 500 000 colones) según el artículo 91 del CNPT, se encuentra dentro del criterio objetivo de ser un caso de fraude a la Hacienda Pública, lo cual se refiere a un castigo penal que va de cinco a diez años de cárcel.

 

Por ello, teniendo esto en cuenta, es primordial acercarse a su asesor tributario de confianza y solicitarle una revisión de la estructura empresarial y esto sin esperar a que pase la reforma fiscal, pues como ya fue mencionado estas fiscalizaciones hoy se encuentran en la capacidad de la Administración Tributaria en donde su base legal se encuentra en los artículos 8 y 12 del CNPT.

 

Eduardo Rodríguez

 

Gerente de impuestos

 

erodriguez@grupocamacho.com

Contadores a cero

Las Amnistías tributarias sin lugar a duda, son un último recurso ante situaciones de urgencia financieras. Por ello lo primero que se debe comprender es cómo se encuentra la situación de Costa Rica en este momento. Las agencias financieras internacionales han considerado que las amnistías no solo son injustas sino actos que fomentan el incumplimiento y premian al incumplidor por encima del cumplimiento voluntario, con el sacrificio que implica ser un buen contribuyente. No porque sea el criterio de dichas instituciones creemos fielmente que lo indicado es así, sin embargo, hay momentos donde se debe acudir a los medios más amplios de salvataje y este es un momento que así lo amerita.

 

Costa Rica hoy en día tiene una situación fiscal que nos coloca al país por debajo, en relación de deuda y capacidad de pago, que Argentina, España en su época de crisis, inclusive peor que Grecia. Con los nuevos descubrimientos de la situación de déficit en el Ministerio de Hacienda, que a hoy ya suma un aproximado necesario de ¢1.200 millones incrementales a la condición en la que se presentó el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas —un 15% aproximadamente del que está constituido por deuda emitida ilegal y peor aún inconstitucionalmente, sea sin autorización legislativa— nos remonta a una situación igual o peor que la crisis de los años 80 que empobreció más de 15 veces al país, con el retroceso social y económico que esto implica y en condiciones de recuperabilidad absolutamente diferentes y mucho menos propicios de recibir ayuda externa internacional, en especial la que en forma de donaciones recibimos en aquel momento por la coyuntura histórica de entonces.

 

De momento y si no aparecen nuevas sorpresas vamos superando la peligrosa relación del 8% como déficit respecto del PIB, estos son números de emergencia, es por ello que, sin lugar a dudas la situación de Costa Rica ya no es de una crisis fiscal, sino de una catástrofe económica. A hoy, si Costa Rica sigue financiándose mediante deuda, las tasas de interés llegarán a subir a niveles incalculables, llevando así a caer en descalabro no solamente a un sector público sino también a un sector privado. Es un momento para acciones valientes, históricamente diferentes y profundas, es el momento de poner los contadores a cero, no solo los contribuyentes hemos pecado, sino que la información conocida nos revela que el Estado es un pecador confeso y sin arrepentimiento, esto amerita para los primeros un gran armisticio en esta guerra en la que unos y otros hemos destruido las finanzas públicas de nuestro país. Siendo un país de paz, hemos planteado una destructiva guerra por resistencia civil de los contribuyentes a pagar como se deben los impuestos mientras el Estado no se reduzca y elimine los diversos frentes de derrame de la riqueza exigua de nuestro país. Esa guerra como todas, tiene como perdedores a todos, no se puede ganar una guerra de esta naturaleza, en ella sin duda hay que pactar.

 

El pacto para los contribuyentes que hemos apoyado tiene dos frentes, el de la amnistía y para completarlo y complementarlo el de la regularización y actualización de balances. En la amnistía hemos apoyado que la misma no se quede exclusivamente en las tradicionales o la que originalmente estaba propuesta para las deudas que estaban declaradas y pendientes de cancelación parcial o total. Estas condiciones requieren la adición de otros supuestos que al menos en la historia del país no se han presentado antes: la de poder rectificar las declaraciones no prescritas —evidentemente— para corregir cualquier autodeterminación hecha en condición errónea, incorrecta o falsa, sin que estas causas que tendrían calificaciones jurídicas distintas sean impedimento para efectuarla, de igual manera y de forma realmente innovadora, la inclusión de la posibilidad de tomar todos los procedimientos administrativos, en cualquier fase de orden litigioso que se encuentre, así como los litigios que se encuentren en estrados judiciales y desistiendo de la litis, accedan a la amnistía pagando solamente principal en todos los casos, sin intereses, sin multas que en muchos casos que se conocen pueden implicar la impracticabilidad de la ejecución de eventuales sentencias favorables al Estado en razón de que la norma de intereses sin límite, pueden implicar triplicar los valores del principal con lo que esto viene no solo a hacer efectivamente potable la posibilidad de llevar dinero a las arcas en un plazo muy corto, sino que a valores que no impliquen imposibilidad material de cumplimiento.

 

La norma propuesta debe ser mejorada en redacción, ya que lo que hemos planteado es que la misma sea de un plazo que permita generar flujos realistas que sean resultado de aportes de los socios o inclusive de la obtención de créditos bancarios, los que requerirán tiempo para ser tramitados, hemos propuesto que esta amnistía sea de seis meses a un año, tanto por la diversidad de supuestos que implica tanto como por la real condición económica del sector privado, así como la propia del Estado, pues se aumentaría el acceso efectivo a la misma lográndose de mejor forma el objetivo propuesto.

 

Esto implica una inyección a la vena de la Tesorería Nacional de gran impacto y oportunidad, para la que la Contraloría General de la Republica debe ser una celosa garante, que estos recursos, no recurrentes, ya que estos son finalmente los resultados de rematar las joyas de la abuela, la que muere solamente una vez.

 

Esta oportunidad para lograr sus efectos deseados en el sector de los contribuyentes debe ser complementado con la norma de regularización y actualización de balances que hemos indicado —propuesta analizada en diversas columnas en este diario— que ya se encuentra en el expediente de mociones del “primer día”, permita a los contribuyentes la inclusión en su contabilidad de los valores de activos y pasivos que se hayan omitido por cualquier motivo en la información fiscal, pagando para que impere el escrúpulo económico de la prudencia; así como la actualización de los valores existentes en la contabilidad que por cualquier motivo, se haya distorsionado respecto de la actual condición financiera real de su valor recuperable, en especial ante la condición de entrada en vigor de un régimen nuevo para el país, respecto de la sujeción al impuesto con la creación del impuesto de ganancias de capital. Para ambos supuestos se ha propuesto una tarifa reducida del 2,25%, que por un plazo de un año se tenga la oportunidad que los contribuyentes logren esta medida complementaria a la amnistía, ya que la amnistía a como ha quedado explicada, resuelve los asuntos de los resultados de los contribuyentes visto esto desde la óptica contable del estado de resultados integrales, siendo el remedio para los asuntos contables relativos al balance general, dejando de una vez por toda la parte del armisticio para los contribuyentes.

 

Respecto del transitorio, a la vez es fundamental que se ponga en marcha a la brevedad ya que en las condiciones económicas que nos encontramos no estamos para esperas, como regla general del transitorio XXVII del proyecto, las normas transitorias, sean tanto la de regularización actualización como la de la amnistía y muy especialmente esta segunda, puede empeorar las finanzas del Estado, ya que el efecto nuncio que provoca esta situación puede llevar a dejar por fuera, en especial situaciones litigiosas que si se fallaran ahora, se tendrían que perder de la oportunidad de que la de esta mitigación de costos, ya que las normas transitorias entrarían a regir el primer día del periodo fiscal siguiente a la entrada en vigor del Titulo I de la ley, que sería en el mejor de los casos 1° de octubre de 2019 o 1° de enero de 2020, en caso que el proyecto de apruebe del 1° de octubre de este año en adelante, que al paso que vamos es razonable esperar eso, si la Asamblea no toma acciones de inmediato, para que dichos plazos sean entonces el 1° de octubre de este año y el 1° de enero del 2019; quizá para entonces los aromas que lleguen sean los de un incensario de tardío funeral para la economía costarricense.

 

Debemos también enunciar la contraparte del armisticio, no es de recibo, que el Poder Ejecutivo, siga a manos llenas gastando de la forma que lo viene haciendo, ya que el informe de la Contraloría reporta un crecimiento; los impuestos de renta y ventas han crecido solamente el 2% y el 0,7%, para el mes de junio del año corriente, mientras que los gastos corren como gacelas en las praderas de Jauja a una tasa de crecimiento del 8,6% para el mismo periodo, lo que no requiere saber ni de economía ni de política para entender la velocidad acelerada con que cae nuestra Costa Rica, de manera desbarrancada al abismo. Dejamos solo planteado, que dando dulces a los sectores de los contribuyentes, no cesaremos de nuestro deber de vigilancia en favor de la estabilidad económica, social y política de nuestra Patria.

 

Carlos Camacho Córdoba

Socio Director

ccamacho@grupocamacho.com

 

Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/contadores-a-cero

Documentación y Declaración de Precios de Transferencia

Precios de Transferencia

¿Qué es?

A partir del Decreto Ejecutivo 37898-H, del 13 de setiembre del 2013, se establecen los lineamientos sobre precios de transferencia para todos los contribuyentes costarricenses, dicho decreto, establece la documentación soporte (estudio de precios de transferencia) y obligaciones formales (Declaración de Precios de Transferencia)

¿Desde cuándo?

El 13 de septiembre del 2016, la Dirección General de Tributación[1], estable que la declaración de precios de transferencia es de carácter anual y que entrará a regir una vez se activen los módulos del ATV[2], necesarios para subirla al sistema y para periodos subsiguientes se establece su presentación para el 30 de junio de cada año.

¿Qué debe incluir un estudio de Precios de Trasferencia?

Por otro lado, si bien el estudio es obligatorio desde el 2013, es hasta la resolución[3] sobre documentación soporte que se establece la documentación necesaria que debe contener un estudio de precios de transferencia, la cual se resume seguidamente:

  • Actividades y funciones desarrolladas por el contribuyente.
  • Lista de activos fijos utilizados en las operaciones vinculadas.
  • Riesgos inherentes a la actividad.
  • Información general de las empresas del Grupo.
  • Estados Financieros del ejercicio fiscal del contribuyente.
  • Métodos de precios de transferencia utilizados.
  • Identificación de cada transacción intercompañía.
  • Documentación relevante que soporte las transacciones intercompañía.

 ¿A quién aplica?

Todos los contribuyentes que lleven a cabo transacciones con partes relacionada durante el periodo fiscal deberán tener a mano la documentación soporte[4], Por otro lado, la presentación de la declaración únicamente aplica para Grandes Contribuyentes, Grandes Empresas Territoriales y Empresas en Regímenes de Zona Franca.

Sanciones por incumplimiento

Artículo 83, del CNPT[5], establece una sanción equivalente a una multa monetaria proporcional al 2% (dos por ciento) de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor, en el periodo del impuesto sobre las utilidades anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base.

Asegurarle que tanto su declaración, como el estudio estarán en su poder, mucho antes que la Dirección General de Tributación, se lo solicite, así como darle seguridad en el proceso ofreciéndole conocimiento y la experiencia por la cual nos posiciona como una de las firmas más importantes del país

 

 

[1] Se publica mediante la Resolución No. DGT-R-44-2016, y basado en el artículo 8 del Decreto.

[2] Sistema en línea ATV (Administración Tributaria Virtual).

[3] Se publica mediante la Resolución DGT-R-016-2017 y basado en el artículo 9 del decreto.

[4] Indicada en la resolución DGT-R-016-2017.

[5] Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Consideraciones para la gestión del ISR

  • Se debe entender la relación entre el contribuyente y la Administración Tributaria como una con intereses contrapuestos, por lo que hay que preparar y revisar el proceso de Cumplimiento para que el mismo esté listo a ser cuestionado.
  • Aprovechamiento de escudos fiscales aplicables a la operación, los cuáles se logran con una aplicación integral de la normativa, más allá de la Ley de Impuesto sobre Renta.
  • Como consecuencia del registro de accionistas, existe riesgo alto en los modelos de negocio donde se segmenta la operación en múltiples entidades, con el objetivo único de quebrar rentas (obtener una alícuota menor de ISR producto una segmentación ficticia de la operación)
    • Especial atención deben prestar los contribuyentes que abusan de los regímenes especiales como el régimen simplificado ya que el quebranto o minimalismo fiscal es detectable de forma eficaz a partir de los accesos a accionistas y los criterios de vinculación del artículo 4 del decreto 37-898-H de precios de transferencia.
  • Con la introducción de Precios de Transferencia, los saldos intercompany (Cuentas por cobrar y cuentas por pagar) que mantengan un comportamiento atípico, son de alto riesgo para la empresa, siendo la contingencia la identificación de un incremento patrimonial no justificado (30% del monto del saldo) o la detección de dividendos ocultos (15% del monto del saldo)
  • Con el levantamiento del secreto bancario y el acceso al registro de accionistas, la Administración Tributaria tiene acceso a toda información que la persona física (beneficiario final) tenga en el sistema financiero nacional. Lo anterior incluye desde los movimientos de sus cuentas personales y empresariales, hasta la información financiera presentada como requisito para una operación crediticia
  • Con la firma y puesta en marcha del CRS (Common Reporting Standard), la Administración Tributaria tendrá acceso a la información bancaria con interés tributario de las personas de interés (beneficiarios últimos de entidades contribuyentes en Costa Rica) que tengan su dinero en jurisdicciones firmantes del CRS. Actualmente son más de 100 jurisdicciones, donde destacan: BVI, Panamá, Islas Cayman, Belice, entre otras jurisdicciones tradicionalmente opacas.
  • Con la firma y entrada en vigencia del Convenio de Asistencia Mutua, la DGT pue iones a nivel internacional, en toda aquella jurisdicción que también sea firmante del Convenio
  • A partir del 2017, es obligatoria la documentación corporativa para ser presentada a la DGT cuando esta la requiera. Lo anterior, que se debe entender como una declaración jurada a la DGT, requiere, entre otros, lo siguiente:
    • Esquema de la estructura organizativa y participación patrimonial del grupo económico.
    • Detalle de los factores que más contribuyen al desarrollo del negocio
    • Descripción – y por ende identificación y análisis – de la cadena de valor del grupo económico
    • Descripción de las principales transacciones intercompañía, detallando la sustancia de cada entidad para realizar esa transacción
    • La política de precios de transferencia del grupo
    • El análisis funcional en que se describan las principales contribuciones de valor que cada entidad realiza al grupo económico, especificando las funciones realizadas, riesgos asumidos y los activos utilizados
    • Descripción general de la forma de financiamiento del grupo económico, incluyendo los contratos con acreedores independientes (Bancos)
    • Estados financieros consolidados del grupo económico.

Proceso para realizar el cierre fiscal 2017

  • Determinar si la contabilidad se realiza conforme NIIF
    • En caso positivo, posibilita la aplicación de escudos fiscales, según el tipo de industria y empresa
    • En caso negativo, expone a la empresa a una multa grave en caso de haber diferencias del resultado del periodo al aplicarle NIIF a la contabilidad de la empresa.
  • Analizar el tratamiento de los ingresos del periodo.
    • Se deben clasificar los ingresos en ordinarios y extraordinarios.
      • Se deben clasificar los ingresos en ordinarios y extraordinarios
      • Identificar ingresos no sujetos.
  • Analizar el tratamiento de los gastos del periodo
    • Se deben clasificar en ordinarios y extraordinarios
      • Determinar los criterios y condiciones para la deducción para cada tipo.
    • Se debe analizar el impacto o riesgo que implican los gastos no deducibles en la operación (Determinación de dividendos ocultos).
  • Realizar la valoración según el principio de plena competencia de las transacciones entre partes relacionadas, para ajustar la base imponible en los casos que resulte necesario
  • Realizar la aplicación de la prorrata de gastos deducibles, según sea la estructura de ingresos de la empresa.

  • Analizar la aplicación de escudos fiscales que no estén a nivel contable, producto de una aplicación integral de la normativa
  • Realizar una conciliación del estado de cuenta con Tributación, a efectos de realizar una adecuada aplicación de créditos fiscales
  • Control con la información en poder de la DGT. Revisar la conciliación de la información de la declaración con:
    • D151
    • D152
    • Estudio y declaración de Precios de Transferencia
    • Declaraciones de Ventas, cuando apliquen
    • Impuesto selectivo de consumo, cuando aplique
    • Impuesto de Patentes
    • Información declarada a la CCSS sobre salarios
    • Información presentada a Procomer (empresas ZF).
  • Presentar los resultados a la Gerencia y Junta Directiva de la empresa, a efectos de validar la declaración a presentar
  • Procurar los fondos necesarios para liquidar el ISR resultante de la operación.

Recomendaciones estratégicas para la gestión del ISR en el entorno actual

  • Revisar la estructura del grupo:
    • A la luz de su cadena de valor y motivación de negocios, para procurar que se encuentre alineado con el principio de creación de valor y mitigar contingencias por asignaciones de rentas que no sean congruentes con el principio de plena competencia
    • A la luz del principio de sustancia y las herramientas de intercambio de información actuales, donde las estructuras internacionales sin sustancia (offshore) son altamente detectables y representan una contingencia importante para la operación de su empresa.
  • Considerar una simplificación de la estructura del grupo
    • Lo anterior conlleva una disminución de los costos de cumplimiento para el grupo tales como menor costo en elaboración y revisión de declaraciones, elaboración de estudios de precios de transferencia, etc, además de menores costos de administración y una disminución en los riesgos de fiscalización.
  • Una vez definido la estructura de su grupo económico:
    • Implemente una política de Precios de Transferencia, la cual le permitirá optimizar el resultado tributario de la operación, cumpliendo con la normativa vigente.
    • Precios de transferencia trasciende el cumplimiento y debe ser una útil herramienta de correcta atribución predeterminada de valor conforme el concepto económico de la cadena de gestión y valor.
  • Por último, el cumplimiento tributario debe ser lo más eficiente posible, tanto desde la perspectiva del costo tributario como del costo de cumplimiento -costos administrativos y de asesores. En atención a lo anterior:
    • Implemente procedimientos de cumplimiento tributario que apliquen en el transcurso del año y realice su equipo contable, los cuales permitan evitar reprocesos e identifiquen contingencias y desviaciones en el momento oportuno, como primera etapa un Gobierno Tributario Corporativo.
    • Automatice, en la medida de lo posible, el procesamiento de su información. Implemente sistemas que permitan obtener la información de interés tributario con la mayor eficiencia posible. No hay mejor herramienta para tomar decisiones que una información sistemática gestionada por medios informáticos, cuyo insumo sean elementos transparentes que hagan de la información un cuerpo de uniforme presentación a una comunidad de diversos lectores de la misma, sin perder la coherencia, la sustancia y la transparencia. Nada sustituirá el valor analítico, sin embargo, hoy es diversa y cambiante, por lo que el recurso humano es indispensable, siempre que cuente con los elementos de actualización profesional continuada.

Grupos económicos

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Las tendencias modernas de la fiscalización de las empresas en las administraciones tributarias con un mayor éxito relativo visto por su capacidad de detección de incumplimiento, gestión de cobro y medición sectorial de desviaciones empresariales respecto de los parámetros de las industrias, lo es mediante la gestión del mapa de riesgo tributario por agrupación de grupos económicos. Esto debe ser visto en su justa medida tanto por las administraciones tributarias como por los contribuyentes mismos. En algunos países inclusive se permite la tributación en forma consolidada de los grupos económicos, optando otros sistemas tributarios por la obligación de hacerlo de esta manera.

En Costa Rica, surge el control de las transacciones entre grupos económicos, conforme los criterios del artículo 4 del decreto 37.898-H, a partir del año 2013, formalmente hablando, a pesar de que antes de esto, desde 2002, los contribuyentes enfrentan procesos de fiscalización de precios de transferencia aun en ausencia normativa. Se ha publicado recientemente para consulta la resolución en borrador respecto de la configuración de las categorías de grandes contribuyentes y grandes empresas territoriales con unos criterios principalmente objetivos de orden cuantitativo, que siguen la línea del año 2008, última vez que se revisaron dichos criterios objetivos.

Destacan algunas innovaciones relacionadas con la posible inclusión de empresas en ambas de las categorías por su condición de vinculación según la norma que regula precios de transferencia ya mencionada en el párrafo anterior. Esto conlleva en la vida práctica que si una empresa de cualquier dimensión y volumen de negocios, es parte de un grupo económico, en el que existe al menos un contribuyente calificado como gran contribuyente o gran empresa territorial, por razones de vinculación aquella o aquellas empresas pueden llegar a asumir las indicadas condiciones; es decir, la calificación avanza en la decisión de gestionar a los grupos económicos como su condición lo amerita. Esta connotación no conlleva que haya nada incorrecto con ser parte de un grupo económico; por el contrario, de hecho, una de las mayores complejidades es que siendo una parte del todo, se le evalúe como tal, sin considerar esta particular circunstancia, que implica que algunas de las características funcionales, de centros de imputación de decisiones, así como los asuntos relacionados con sus transacciones requieran de una especial atención, tanto para beneficio del contribuyente mismo, como para la mejor labor de gestión tributaria.

Extrañamos en la resolución propuesta que la condición de inclusión vaya tendente a una inclusión resultante de la característica indicada y que se omita la consideración de la sumatoria de las partes de un grupo económico para evitar que la común atomización corporativa resulte en la no categorización de un grupo deliberadamente atomizado para no caer en las obligaciones resultantes de alguna de las categorías indicadas.

Cortesía de La República