Caminando con un pie

A pesar de que muchos seres humanos admirables, por condiciones de su naturaleza o resultado de un accidente, logran caminar en un solo pie, en materia de los aspectos financieros de un país, definitivamente no es de recibo que solo hagamos este ejercicio, por sentir cercenada la existencia del segundo pie, que no solo tenemos, sino que es el que ha provocado los problemas fundamentales de la situación financiera fiscal que tiene el país.
Ante la noticia una amarga y otra dulce, cada quien escoge el sabor que ponerles a los hechos, por un lado de tener ya un texto sustitutivo aprobado en Comisión, se da como reacción de parte de la señora Ministra de Hacienda, la aparición de la luz de un plan B que consta según su reacción visceral ante aprobación de exenciones, con las que tampoco comulgamos, la aparición de la necesidad de reducir el número de empleados públicos, esto más que una amenaza, es sin duda la más necesaria de las medicinas complementarias al indispensable paquete de medidas de impuestos.
La aparición del plan B es el asomo del otro pie, ausente hasta ahora, de forma sustancial, ya que lo que el mismo proyecto lo que lleva son asomos adjetivos, carentes de contenido sustancial en la contención efectiva del gasto; donde no vemos la razón, para que esta sea una herramienta coercitiva, sino un medio integral de ver la solución del problema fiscal que se compone en efecto, tanto de la calidad y cantidad de los ingresos como de los costos y gastos del gobierno. A esta fugaz aparición del destello de la luz en el camino de la solución, vemos cómo las reacciones del público no se dejan esperar, siendo extremas algunas, por ende, inviables, como correctos otros; siendo los inviables dejar de aprobar impuestos e irnos por plan B únicamente, por más que se hiciera en esta línea, sería insuficiente, así como socialmente muy oneroso, lograr resolver el problema fiscal del corto plazo mediante la reducción pura del tamaño del Estado, pero es indudable que las reacciones más sensatas son aquellas que han indicado son las que indican que se haga lo debido en materia de impuestos, que inicien urgentemente las acciones del plan B, reducción urgente e inmediata del tamaño del Estado, cierre de instituciones redundantes y por qué no las del plan C, como lo puede ser la acción de orden monetario de la devaluación del colón, para lograr reducir la proporcionalidad de déficit versus PIB, así como que fomente la competitividad externa para lograr una reactivación en los sectores productivos exportadores, así como del consumo del producto local, que se vería beneficiado con el encarecimiento de las importaciones, que palíen el tema de creciente y grave condición del desempleo.
Es curioso como la señora Ministra se exacerba para ver la luz de la existencia del otro pie al hablar del plan B, en razón de las exenciones de educación y canasta básica, de nuevo, que no son de nuestra particular comunión, pero incoherentes con hechos como haber excluido del texto sustitutivo nuevos contribuyentes, que solamente diez días antes, estaban siendo promovidos a tributar por el impuesto sobre la renta, sobre esto, parece necesaria una explicación de transparencia y coherencia de parte del Ministerio de Hacienda, que obedezca a motivos técnicos y simples presiones de grupos con mayor poder de influencia que los consumidores mismos, porque ahí sí que tenemos la cancha desnivelada, pudiendo generar un caldo de cultivo a la desobediencia civil en materia fiscal, ya que no se puede sostener un principio de igualdad y solidaridad, con unos iguales más iguales que otros, esto implica sin duda, un quebranto del fundamental principio de igualdad constitucional.
Son diversas las ocasiones en que hemos resaltado la necesidad de ordenar las finanzas públicas mediante la creación de un sistema de derecho financiero presupuestario, que surja de anualmente revisar qué costos de inversión, gastos corrientes y obligaciones pendientes hay que atender, para así definir las reglas fiscales que deben regir de manera dinámica. Los impuestos deben ser una norma que se revise de conformidad con las necesidades que acordemos atender anualmente, no una de las múltiples áreas de rigidez del sistema de derecho presupuestario, esto implicaría que cuando queramos aumentar la inversión o el gasto, así como cuando tengamos que atender nuevas obligaciones resultantes de hechos pasados, sin duda, debemos variar hacia arriba o abajo las tarifas de impuestos, o diferir, eliminar o redimensionar ya la inversión o los gastos corrientes del Estado, nótese que omito la línea de cumplimiento de obligaciones ya que las deudas son para pagarlas, o para renegociarles, pero esto debe siempre hacerse ex ante, no ex post para no poner en riesgo condiciones de calificación de crédito del país .
Esto evitaría dos fenómenos de los que padecemos como país: el primero tomar por un hecho que las erogaciones que existen son inflexibles y que eso implica como ya están en el presupuesto son intocables, el principio que nos hace mantener instituciones históricamente funcionales pero superadas por el tiempo y la evolución de las realidades, tanto como concientizar que solo con mayores contribuciones podemos esperar una mayor inversión del Estado. Cabe destacar que el planteamiento anterior es una forma moderna de ver el asunto de la gestión pública, no podemos seguir esperando que el Estado siga siendo el mayor empleador individual directo e indirecto, si no estamos dispuestos a pagar por ello.
Tampoco podemos esperar que la inversión pública sea responsabilidad financiera del Estado, limitando las funciones de este a las propias de la condición de velar por el interés público. A la vez, debemos contar con herramientas para que estas decisiones lleguen de forma clara y distinguible a los sectores productivos, que vean en la flexibilidad del derecho presupuestario, medios de definir qué elementos están dispuestos a financiar de manera directa, asumiendo los costos, o mediante las contribuciones a un Estado, más reducido, más ágil, que acompañe los sectores de producción de riqueza, ya que si los impuestos tienen las funciones indicadas de financiamiento de los compromisos financieros del Estado, también lo tienen en la redistribución de la riqueza, pero si destruimos esta o las fuentes productora de la misma, lo que queda como sociedad es pobreza, la que es nefasto y kafkiano distribuir.

 

Carlos Camacho Córdoba 

 

Socio Director

 

ccamacho@grupocamacho.com

 

Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/caminando-con-un-pie

Condición fiscal

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Quizá nunca antes había el país enfrentado de manera simultánea una crisis de la profundidad que tenemos al frente hoy, siendo este posiblemente, ese tocar fondo profundo para poder sacar lo mejor de nosotros y resolver temas que traemos pendientes “para mejores momentos”, pero como todo aquello que resulta de la procrastinación, simplemente, le llega su término y hay que resolverlo de una manera u otra. La situación económica del país, tanto desde la óptica de la caída de la producción, la pérdida de la confianza de los consumidores, la creciente condición de sub y desempleo, la carga que comporta para quienes son buenos contribuyentes, la condición de presiones fiscales directas e indirectas, simplemente plantean un panorama poco visto, en especial cuando el mismo se da en la puerta del horno de unas elecciones con matices muy gravemente singulares en los que los poderes de la República han caído en la peor de las condiciones, que es la pérdida de la confianza del pueblo. Si bien esto no es nuevo, la crisis política recurrente y devastadora se había remitido a los partidos mismos, en su condición de institutos de personas con ciertas características, pero hoy se ha llegado al hueso mismo de la democracia, dejando en todos los poderes del Estado, una huella inefable de que estamos en el fondo de un abismo que a cuatro meses de las elecciones solo se plantea como más profundo.

Con un déficit fiscal creciente, errático, con disparadores imparables y con ausencia de acuerdo político para lograr una reforma fiscal inmediata, es fundamental que los agentes económicos tengamos claro que el panorama es peor que cualquier reforma fiscal, por mala que esta nos pueda llegar a parecer. La economía es análoga a la fuerza del agua en los caudales de los ríos, estos pueden desviarse por un tiempo, pero en el momento menos esperado, cobrarán sus cauces de nuevo. En materia del desequilibrio que vivimos y ante signos que no pueden pasar desapercibidos, como el préstamo de mil millones de dólares al Banco Central cuando la condición de reservas se ha indicado estable y más bien creciente, es señal de guerra por el único flanco de la economía por el que la autocomposición no requiere planteamientos de consenso en el ámbito legislativo, abriendo una puerta muy grave a la posible aplicación de medidas en lo monetario, en concreto la devaluación, que sería el impuesto más regresivo y destructor de riqueza que existe, pero todo aquello que se resiste persiste. Por seguir deshojando la margarita a ver si el IVA es o no regresivo tenemos a las puertas el peor de los efectos en el bolsillo en especial de las clases más necesitadas y ya de por sí en condición social deplorable. Esta condición con variaciones en creciente de los precios del petróleo, las condiciones de pérdida de calificación por alto riesgo de instituciones financieras, la alta concentración del crédito dolarizado en manos de personas altamente sensibles a la devaluación son, si se quiere, la peor de las combinaciones que hemos tenido que enfrentar como país en los últimos cuarenta años.

¿Estamos preparados como empresarios y como país para enfrentar esta realidad, a pesar del espejismo de las elecciones, con cuestionables instituciones al frente?

Cortesía de La República

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