Tres etapas y un posible impasse

 

El proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ha concluido la primera de las tres fases legislativas planteadas en el acuerdo legislativo de vía rápida para el expediente 20.580, la fase concluida es la de la comisión que solo falta remita su dictamen al plenario y este acto de inicio a la segunda, esta es la fase de primer debate en el plenario legislativo, el que se caracteriza especialmente de una manera distinta a los procesos de aprobaciones legislativas por el proceso de orden abreviado asignado bajo el artículo 208 bis del reglamento legislativo, donde las únicas mociones que se pueden presentar por diputado son una y solamente de reiteración, es decir, aquellas que habiendo sido presentadas en la comisión no fueran incorporadas o acogidas. Esto hace que la fase de primer debate sea predeciblemente rápida, pero no por eso debe ser-en mi criterio-atropellada, diferencia que la marcará la agilidad no solo para lograr los votos que en principio ya tendría en mayoría simple, sino por lo critico que será esta segunda etapa en la activación o no del impasse al que nos referiremos. Hay que evitar victorias en plenario que generen sabores a marrosa derrota por falta de dialogo.
El aspecto mas delicado de esta segunda etapa del primer debate es, el manejo de las negociaciones para aceptar las mociones que teniendo un fondo de interés nacional, mejora recaudatoria, así como que evite la generación de mas exenciones, pues de esa fiesta ya hubo abundancia excesiva en la primera etapa, sean de recibo, en especial de aquellas que presenten las fracciones como la del Partido Restauración Nacional ya que cuenta con la bancada individual más grande, así como por haber estado al margen de los procesos de negociación de la etapa primera, lo anterior para que se evite en la medida de lo posible el impasse. Considero que lograr la mayoría de los votos en el primer debate es por supuesto fundamental para, continuar en el esfuerzo por aportar al menos de manera primera una dotación de recursos adicionales a la condición fiscal del país, que sabemos será insuficiente para la dimensión de las necesidades.
Si no se logra este manejo con respeto y con audacia, podemos sumir al país en el impasse, este consiste en el proceso de consulta a la Sala Constitucional, que siendo opcional en el proceso del ínterin entre primer y segundo debates, requiere de la firma solicitado la participación de la Sala en el proceso, de al menos de diez diputados, que realmente con lo que conocemos al momento de manifestaciones hechas por algunos minoritarios se lo están planteando, pero no llega su numero a diez, sin embargo, la balanza la puede inclinar en efecto la fracción mayoritaria, que cuenta con catorce votos que dependiendo de su forma de negociar con el gobierno, o de este con ellos, puede ser lo que vuelque la balanza a la consecución de las firmas y llevarnos al impasse, ya decíamos en nuestra columna anterior, el factor tiempo es critico, de no existir este impasse el proyecto podría estar finalmente listo en su aprobación legislativa de segundo y último debate para el final de este mes.
Si el impasse se activa, hay dos escenarios, que la Sala tome todo el plazo de ley para emitir su criterio a la consulta, este plazo es de un mes, el criterio de la Sala es de orden vinculante con dos escenarios posibles en ese caso son: el primero que considere que no hay vicios en el procedimiento, aspecto ya de por sí difícil y donde será critica una valoración más allá de la forma los aspectos de oportunidad de una decisión meramente de cajón, copiando las dos sentencias que han dejado a Costa Rica de vuelta a base cero en materia fiscal, con Solidaridad Tributaria y el Pacto Fiscal, lo que es la salida fácil para la Sala, aparentemente gananciosa para país, pero la que conllevará las consecuencias mas nefastas para la economía y esta con rostro de ganadores y perdedores indudablemente en contra de las personas mas necesitados o menos favorecidas en primer instancia, pero destruyendo de manera masiva riqueza que hoy es la que sostiene la base recaudatoria y aumentando los niveles de informalidad, generando una caótica situación de default en la deuda con escaladas en los tipos de interés y de cambio, sumiéndonos en un caracol de caída libre.
De encontrar vicios de procedimiento, que los hay, la Sala tiene que indicar a la vez la magnitud de los mismos a efectos de dimensionar si los mismos son resolubles y a que etapa habría que llevar el proyecto para solventar los vicios incurridos, si nos mandan a base cero, estamos ante el caos antes dicho, si nos devuelve a una fase avanzada y demora un tanto la enmienda de la condición, esto puede ser la mejor de las salidas, de ahí que los señores de la Sala deben de tener muy en cuenta la correcta caja de balances y resonancias de los derechos y los deberes, ya que en esto consiste la sabiduría de una tribunal de constitucionalidad, en ir a la consideración global de los valores jurídicos en juego y decantarse en la sentencia por la tutela del interés general, sin obviar hacer las respectivas advertencias que legalmente correspondan en relación con la forma.
Si el escenario del impasse se da y se aplican los criterios de tutela del interés general por encima de los aspectos de forma, después de transcurrido el plazo se iría al proceso final sea tercera etapa que es el segundo debate, con lo que los tiempos si todo marcha para adelante, donde está la verdadera opción país, es ya el final de setiembre o de octubre eventualmente.
No puedo dejar de advertir la importancia por tanto de evitar caer en el impasse por el riesgo que implica y el tener que eventualmente que tirar al cesto de la basura el proyecto-peor pero posible escenario-con lo que estaríamos con el proyecto depositando en un cesto sin fondo a lo mas preciado que tenemos que es nuestro país.
El manejo de las relaciones y negociaciones en el segundo párrafo son críticas, también es crítico llamar la atención al deber patriótico de los señores diputados de la fracción de mayoría, de usar esta herramienta con una visión país, sin aspavientos pero con firmeza, con claridad de que hay cosas que se logran y se pueden lograr en esta etapa aun, pero escogiendo con pericia el uso del arte de la política que es el dialogo, la construcción y la razón, si por cualquier motivo no se les acercan a negociar vayan a buscar los votos de los asuntos medulares de las mociones de reiteración. El país estará expectante sin duda de la aplicación de los elementos constructivos del arte de la política que es el de ceder sin acceder, como lo planteaba en su momento un Santo católico San José María Escrivá, ceder para seguir luchando-sin acceder, por un valor superior dejar para mejor momento el asunto- es una virtud cardinal que todos los diputados, sin distingo de partido y evitando los discursos tentadores de orden populista deben tener, contando con que hoy mas que nunca el destino de la Patria a la que juraron lealtad y defensa, están en juego y solo depende de ustedes, padres y madres de la Patria.
Cuando tengan que interiorizar sus decisiones no dejen de poner en ella el rosto humano de los que hemos depositado la confianza en ustedes, unos en unos y otros en otros, pero todos en ustedes los que hoy toca representar los mas altos intereses de la Patria. 

 

Carlos Camacho Córdoba 

 

Socio Director

 

ccamacho@grupocamacho.com

 

Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/tres-etapas-y-un-posible-impasse

Contadores a cero

Las Amnistías tributarias sin lugar a duda, son un último recurso ante situaciones de urgencia financieras. Por ello lo primero que se debe comprender es cómo se encuentra la situación de Costa Rica en este momento. Las agencias financieras internacionales han considerado que las amnistías no solo son injustas sino actos que fomentan el incumplimiento y premian al incumplidor por encima del cumplimiento voluntario, con el sacrificio que implica ser un buen contribuyente. No porque sea el criterio de dichas instituciones creemos fielmente que lo indicado es así, sin embargo, hay momentos donde se debe acudir a los medios más amplios de salvataje y este es un momento que así lo amerita.

 

Costa Rica hoy en día tiene una situación fiscal que nos coloca al país por debajo, en relación de deuda y capacidad de pago, que Argentina, España en su época de crisis, inclusive peor que Grecia. Con los nuevos descubrimientos de la situación de déficit en el Ministerio de Hacienda, que a hoy ya suma un aproximado necesario de ¢1.200 millones incrementales a la condición en la que se presentó el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas —un 15% aproximadamente del que está constituido por deuda emitida ilegal y peor aún inconstitucionalmente, sea sin autorización legislativa— nos remonta a una situación igual o peor que la crisis de los años 80 que empobreció más de 15 veces al país, con el retroceso social y económico que esto implica y en condiciones de recuperabilidad absolutamente diferentes y mucho menos propicios de recibir ayuda externa internacional, en especial la que en forma de donaciones recibimos en aquel momento por la coyuntura histórica de entonces.

 

De momento y si no aparecen nuevas sorpresas vamos superando la peligrosa relación del 8% como déficit respecto del PIB, estos son números de emergencia, es por ello que, sin lugar a dudas la situación de Costa Rica ya no es de una crisis fiscal, sino de una catástrofe económica. A hoy, si Costa Rica sigue financiándose mediante deuda, las tasas de interés llegarán a subir a niveles incalculables, llevando así a caer en descalabro no solamente a un sector público sino también a un sector privado. Es un momento para acciones valientes, históricamente diferentes y profundas, es el momento de poner los contadores a cero, no solo los contribuyentes hemos pecado, sino que la información conocida nos revela que el Estado es un pecador confeso y sin arrepentimiento, esto amerita para los primeros un gran armisticio en esta guerra en la que unos y otros hemos destruido las finanzas públicas de nuestro país. Siendo un país de paz, hemos planteado una destructiva guerra por resistencia civil de los contribuyentes a pagar como se deben los impuestos mientras el Estado no se reduzca y elimine los diversos frentes de derrame de la riqueza exigua de nuestro país. Esa guerra como todas, tiene como perdedores a todos, no se puede ganar una guerra de esta naturaleza, en ella sin duda hay que pactar.

 

El pacto para los contribuyentes que hemos apoyado tiene dos frentes, el de la amnistía y para completarlo y complementarlo el de la regularización y actualización de balances. En la amnistía hemos apoyado que la misma no se quede exclusivamente en las tradicionales o la que originalmente estaba propuesta para las deudas que estaban declaradas y pendientes de cancelación parcial o total. Estas condiciones requieren la adición de otros supuestos que al menos en la historia del país no se han presentado antes: la de poder rectificar las declaraciones no prescritas —evidentemente— para corregir cualquier autodeterminación hecha en condición errónea, incorrecta o falsa, sin que estas causas que tendrían calificaciones jurídicas distintas sean impedimento para efectuarla, de igual manera y de forma realmente innovadora, la inclusión de la posibilidad de tomar todos los procedimientos administrativos, en cualquier fase de orden litigioso que se encuentre, así como los litigios que se encuentren en estrados judiciales y desistiendo de la litis, accedan a la amnistía pagando solamente principal en todos los casos, sin intereses, sin multas que en muchos casos que se conocen pueden implicar la impracticabilidad de la ejecución de eventuales sentencias favorables al Estado en razón de que la norma de intereses sin límite, pueden implicar triplicar los valores del principal con lo que esto viene no solo a hacer efectivamente potable la posibilidad de llevar dinero a las arcas en un plazo muy corto, sino que a valores que no impliquen imposibilidad material de cumplimiento.

 

La norma propuesta debe ser mejorada en redacción, ya que lo que hemos planteado es que la misma sea de un plazo que permita generar flujos realistas que sean resultado de aportes de los socios o inclusive de la obtención de créditos bancarios, los que requerirán tiempo para ser tramitados, hemos propuesto que esta amnistía sea de seis meses a un año, tanto por la diversidad de supuestos que implica tanto como por la real condición económica del sector privado, así como la propia del Estado, pues se aumentaría el acceso efectivo a la misma lográndose de mejor forma el objetivo propuesto.

 

Esto implica una inyección a la vena de la Tesorería Nacional de gran impacto y oportunidad, para la que la Contraloría General de la Republica debe ser una celosa garante, que estos recursos, no recurrentes, ya que estos son finalmente los resultados de rematar las joyas de la abuela, la que muere solamente una vez.

 

Esta oportunidad para lograr sus efectos deseados en el sector de los contribuyentes debe ser complementado con la norma de regularización y actualización de balances que hemos indicado —propuesta analizada en diversas columnas en este diario— que ya se encuentra en el expediente de mociones del “primer día”, permita a los contribuyentes la inclusión en su contabilidad de los valores de activos y pasivos que se hayan omitido por cualquier motivo en la información fiscal, pagando para que impere el escrúpulo económico de la prudencia; así como la actualización de los valores existentes en la contabilidad que por cualquier motivo, se haya distorsionado respecto de la actual condición financiera real de su valor recuperable, en especial ante la condición de entrada en vigor de un régimen nuevo para el país, respecto de la sujeción al impuesto con la creación del impuesto de ganancias de capital. Para ambos supuestos se ha propuesto una tarifa reducida del 2,25%, que por un plazo de un año se tenga la oportunidad que los contribuyentes logren esta medida complementaria a la amnistía, ya que la amnistía a como ha quedado explicada, resuelve los asuntos de los resultados de los contribuyentes visto esto desde la óptica contable del estado de resultados integrales, siendo el remedio para los asuntos contables relativos al balance general, dejando de una vez por toda la parte del armisticio para los contribuyentes.

 

Respecto del transitorio, a la vez es fundamental que se ponga en marcha a la brevedad ya que en las condiciones económicas que nos encontramos no estamos para esperas, como regla general del transitorio XXVII del proyecto, las normas transitorias, sean tanto la de regularización actualización como la de la amnistía y muy especialmente esta segunda, puede empeorar las finanzas del Estado, ya que el efecto nuncio que provoca esta situación puede llevar a dejar por fuera, en especial situaciones litigiosas que si se fallaran ahora, se tendrían que perder de la oportunidad de que la de esta mitigación de costos, ya que las normas transitorias entrarían a regir el primer día del periodo fiscal siguiente a la entrada en vigor del Titulo I de la ley, que sería en el mejor de los casos 1° de octubre de 2019 o 1° de enero de 2020, en caso que el proyecto de apruebe del 1° de octubre de este año en adelante, que al paso que vamos es razonable esperar eso, si la Asamblea no toma acciones de inmediato, para que dichos plazos sean entonces el 1° de octubre de este año y el 1° de enero del 2019; quizá para entonces los aromas que lleguen sean los de un incensario de tardío funeral para la economía costarricense.

 

Debemos también enunciar la contraparte del armisticio, no es de recibo, que el Poder Ejecutivo, siga a manos llenas gastando de la forma que lo viene haciendo, ya que el informe de la Contraloría reporta un crecimiento; los impuestos de renta y ventas han crecido solamente el 2% y el 0,7%, para el mes de junio del año corriente, mientras que los gastos corren como gacelas en las praderas de Jauja a una tasa de crecimiento del 8,6% para el mismo periodo, lo que no requiere saber ni de economía ni de política para entender la velocidad acelerada con que cae nuestra Costa Rica, de manera desbarrancada al abismo. Dejamos solo planteado, que dando dulces a los sectores de los contribuyentes, no cesaremos de nuestro deber de vigilancia en favor de la estabilidad económica, social y política de nuestra Patria.

 

Carlos Camacho Córdoba

Socio Director

ccamacho@grupocamacho.com

 

Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/contadores-a-cero

Condición fiscal

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Quizá nunca antes había el país enfrentado de manera simultánea una crisis de la profundidad que tenemos al frente hoy, siendo este posiblemente, ese tocar fondo profundo para poder sacar lo mejor de nosotros y resolver temas que traemos pendientes “para mejores momentos”, pero como todo aquello que resulta de la procrastinación, simplemente, le llega su término y hay que resolverlo de una manera u otra. La situación económica del país, tanto desde la óptica de la caída de la producción, la perdida de la confianza de los consumidores, la creciente condición de sub y desempleo, la carga que comporta para quienes son buenos contribuyentes, la condición de presiones fiscales directas e indirectas, simplemente plantean un panorama poco visto, en especial cuando el mismo, se da en la puerta del horno de una elecciones con matices muy gravemente singulares en los que los poderes de la República han caído en la peor de las condiciones que es la pérdida de la confianza del pueblo. Si bien esto no es nuevo, la crisis política recurrente y devastadora se había remitido a los partidos mismos, en su condición de institutos de personas con ciertas características, pero hoy, se ha llegado al hueso mismo de la democracia, dejando en todos los Poderes del Estado, una huella inefable de que estamos en el fondo de un abismo que a cuatro meses de las elecciones solo se plantea como más profundo.

Con un déficit fiscal creciente, errático, con disparadores imparables y con ausencia de acuerdo político para lograr una reforma fiscal inmediata, es fundamental que los agentes económicos, tengamos claro que el panorama es peor que cualquier reforma fiscal, por mala que esta nos pueda llegar a parecer. La economía es análoga a la fuerza del agua en los caudales de los ríos, estos pueden desviarse por un tiempo, pero en el momento menos esperado, cobrarán sus cauces de nuevo. En materia del desequilibrio que vivimos y ante signos que no pueden pasar desapercibidos, como el préstamo de mil millones de dólares al Banco Central cuando la condición de reservas se ha indicado estable y más bien creciente, es señal de guerra por el único flanco de la economía por el que la autocomposición no requiere planteamientos de consenso en el ámbito legislativo, abriendo una puerta muy grave a la posible aplicación de medidas en lo monetario, en concreto la devaluación, que sería el impuesto más regresivo y destructor de riqueza que existe, pero todo aquello que se resiste persiste. Por seguir deshojando la margarita a ver si el IVA es o no regresivo tenemos a las puertas el peor de los efectos en el bolsillo en especial de las clases más necesitadas y ya de por sí en condición social deplorable. Esta condición con variaciones en creciente de los precios del petróleo, las condiciones de pérdida de calificación por alto riesgo de instituciones financieras, la alta concentración del crédito dolarizado en manos de personas altamente sensibles a la devaluación, son si se quiere la peor de las combinaciones que hemos tenido que enfrentar como país en los últimos 40 años.

¿Estamos preparados como empresarios y como país para enfrentar esta realidad, a pesar del espejismo de las elecciones, con cuestionables instituciones al frente?

Cortesía de La República