Actualidad de los Precios de Transferencia en Costa Rica

 

 

 

Situación Actual

La obligación tributaria de los precios de transferencia en Costa Rica se encuentra vigente y es de obligación para todo contribuyente que tenga transacciones con partes relacionadas, sean estas locales o internacionales.

 

A diferencia de otros países, en Costa Rica no hay un mínimo exento, y se deben considerar todas las transacciones efectuadas, tanto las que se reflejen en resultados, como aquellas que afecten únicamente cuentas de balance o no se reflejen a nivel contable -transacciones sin contraprestación-.

 

¿Desde cuándo entra en vigencia?

La vigencia de esta obligación es desde el periodo 2013, aunque dado el plazo en el cuál entra en vigor la declaración informativa -la cuál es obligatoria para Grandes Contribuyentes, GETES[1] y empresas de zonas francas-, los contribuyentes en general han optado por iniciar su documentación de precios de transferencia a partir del periodo fiscal 2015.

  • Actualmente, la obligación de presentar la declaración informativa se encuentra suspendida, dado que la Administración Tributaria aún no ha definido la plataforma tecnológica para presentarla. Es importante considerar que la Administración ha sido clara en que requerirá la declaración desde el periodo 2015 y siguientes.

 

Costa Rica y su compromiso con la OCDE

Vale recalcar que el país se ha alineado de lleno con las disposiciones de la acción 13 de BEPS de la OCDE[2], adoptando el enfoque de tres pilares de información soporte, siendo estos el informe local (Estudio de Precios de Transferencia), la información corporativa (Master File) y el reporte país por país (CbC).

 

La documentación

El detalle de que debe contener cada uno de estos documentos se establece en las Resoluciones DGT-R-16-2017 y DGT-R-001-2018. La información que se debe presentar va desde una descripción de la operación local hasta la información financiera consolidada del grupo económico.

  • Si no conoce el entregable de estos documentos, con gusto podemos reunirnos y repasar en detalle en qué consisten y cuál es la información que los componen

 

Ahora bien, los contribuyentes deben considerar que la obligación de precios de transferencia va más allá de presentar la documentación soporte y/o la declaración cuándo sea requerida por la Administración Tributaria.

¿Cuál es la verdadera obligación del contribuyente?

La documentación no es más que la prueba que prepara el contribuyente para demostrar que sus transacciones cumplen con el principio de plena competencia. Por ende, la verdadera obligación, vigente actualmente, es que las transacciones que se realicen entre partes relacionadas cumplan con este principio.

 

No obstante, las empresas han invertido el orden de la obligación. Primero realizan sus operaciones con relacionados y luego procuran documentarlas, sin haber considerado a priori las condiciones de libre competencia.  El contribuyente debe conocer de previo cuáles son los términos y condiciones que le permitan, una vez cerrado el periodo fiscal, cumplir con este principio.

 

En este contexto, invitamos a nuestros lectores a que implementen acciones para que, en lugar de únicamente documentar sus precios de transferencia, inicien a gestionarlos.

 

 

[1] Grandes Empresas Territoriales

[2] Esta acción reexamina la documentación sobre precios de transferencia

¿Cómo lo queremos arreglar?

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Los problemas económicos, como el resto de las situaciones de la vida no se componen ignorándolos, ni actuando como avestruces, no viéndolos con propósito de que al no verles estos se olviden de sus protagonistas, en este caso nosotros como miembros de la sociedad costarricense.

Hay solo dos grandes caminos para resolver lo que hoy es un asunto de alto añejamiento que requiere una respuesta, estos son el camino de la composición heterogénea, resultante de una serie de acciones y decisiones, especialmente centradas en el consenso ideal del sector privado —representado por portavoces autorizados, por ejemplo, las Cámaras— así como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En este mecanismo tripartito debemos entender todos que hay que evitar en el camino los intereses mezquinos y las visiones de miope cortoplacismo, hay que tomar medidas para que la sociedad en su conjunto pueda lograr un equilibrio en lo económico, que pueda generar en consecuencia, mejoras en lo social, especialmente en la sustentabilidad de un modelo de Estado que sea conteste a las actuales necesidades de la sociedad, en la promoción de la inversión, la creación de empleo digno y de gran valor agregado, la gestión del ambiente legal para que desaparezca la impunidad como el medio de retribución a los honrados, que sienten como cargas el mero cumplimiento de los deberes que les ponen en desventaja relativa de otros que simplemente no cumplen sin consecuencia alguna.

El problema económico nacional debe resultar enfrentado con medidas de choque para eliminar el embate de la reducción de la inversión, de la desaceleración de la economía, de la crecida actual y secundaria en tasas de interés, así como en un ajuste de tipo de cambios de efectos sectoriales diversos, con más perdedores que ganadores en los sectores productivos, siendo esto solo evitable si el acuerdo de corto plazo genera: nueva inversión, para lo que se requieren medidas de certidumbre legal y económica que permitan a los tomadores de decisiones invertir con conocimiento de los términos y reglas del juego de manera transparente y anticipable; nuevas y mejor remuneradas fuentes de empleo, diversidad en la obra pública en manos privadas, esto genera mayor y mejor empleo para resolver los problemas estructurales de competitividad que tenemos por el círculo vicioso de la falta de recursos para lograr la infraestructura requerida. A la vez debemos entrar en un proceso en el que se ponga freno a la abrumadora condición de las finanzas públicas, las que requieren una reforma fiscal estructural tanto en los impuestos, el gasto como la eficacia de la Administración de los intereses del Estado. Debemos acabar con la demagogia de la visión unilateral de que no paguemos más impuestos porque se los van a robar de todas formas, complementando la ruptura de esta tesis peregrina con medidas de transparencia que vayan desde las de gobiernos corporativos empresariales de libro blanco, en un gran pacto nacional de transparencia y de compromiso de probidad, donde todos los agentes económicos públicos y privados lleguemos a comprometernos con erradicar toda práctica que pueda estar sesgando de manera inapropiada la adecuada condición de cancha nivelada en materia de la competencia y la competitividad. Requerimos definir el tamaño y las funciones del Estado, que adecuado a los elementos básicos de la función social, resguardando la calidad de los servicios de interés público, como lo son la educación, la seguridad ciudadana, la salud y los intereses vitales del crecimiento de la condición de una sociedad equilibrada en acceso, pero no sesgada mediante concesiones odiosas, pueda llegar a reducir el gasto público a los niveles de mínimo eficiente; aumentar las cargas que pesan sobre los consumos especialmente sobre los servicios, con la creación del IVA universal, asimismo, que podamos tener un impuesto sobre renta más orientado a las personas a su rol en asumir los costos de las externalidades que correspondieron en el pasado al Estado, permitiendo deducciones por gastos médicos, aquellos gastos asociados a la tenencia de un techo digno, propio o alquilado permitiendo deducciones por estos conceptos en limitación al rubro de primera vivienda, deducciones por concepto de pagos asociados a la educación de miembros de los núcleos familiares de una manera irrestricta. Es decir, un país que promueva la pesca, pero deje de dar pescados que cuando llegan a la mesa de su destinatario no solo están podridos, sino que ya el beneficiario, probablemente no esté para comérselos.

Debemos volver los ojos al mercado interior, hay oportunidades de crecimiento en la economía local que son más abundantes y alcanzables que las escasas y amenazadas condiciones de recepción de inversión del extranjero, en especial dada la reforma fiscal de Estados Unidos de América y la creciente condición de disparidad en los mercados regionales.

Debemos decidir entre hacerlo nosotros mediante acuerdos coherentes y oportunos o dejarlos a la fascinante pero inmisericorde mano del mercado.

Cortesía de La República