Precios de Transferencia y su impacto en Guatemala. (Parte I)

Precios de Transferencia Guatemala

¿Cuándo inicia el tema de Precios de Transferencia en Guatemala?

En el año 2012 se publica la Ley de Regulación de Precios de Transferencia, mediante el decreto 10-2012, dando inicio en la vida jurídica del país con el tema de precios de transferencia, posteriormente, se han emitido otras disposiciones que enumeramos a continuación:

Fecha Disposición Resumen
5 de marzo del 2012 Decreto 10-2012 Congreso de la República. Ley de Actualización Tributaria.

Se actualiza la legislación en materia fiscal, siendo de relevancia en cuestión el capítulo VI “Normas Especiales de Valoración entre Partes Relacionadas”. De los artículos 54 al 67.

13 de mayo del 2013 Acuerdo Gubernativo 213-2013 “Reglamento del Libro I de la Ley de Actualización Tributaria Decreto 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, que establece el impuesto sobre la renta.”

Se reglamente lo referente al Libro I de la Ley de Actualización Tributaria, lo referentes al tema de valoración entre partes relacionadas corresponde a los artículos del 37 al 66

Septiembre del 2016 Guía Técnica de Estudio de Precios de Transferencia

Se establecen los parámetros para la forma de presentación para un correcto y estandarizado análisis de precios de transferencia y de esta forma cumplir con los artículos 65, 66 y 67 de la Ley.

Año 2017 Instructivo del Anexo a la Declaración Jurada Anual del Impuesto Sobre la Renta, sobre Partes Relacionadas.

Se explican las diferentes casillas que debe completar el contribuyente con relación al Anexo al ISR y de esta forma cumplir con el artículo 65 del Decreto 10-2012

¿Quiénes son los sujetos obligados a presentar Precios de Transferencia?

De conformidad con el artículo 57 de la Ley (2012), el ámbito de aplicación de las normas de valoración de las operaciones entre partes relacionadas alcanza a cualquier operación que se realice entre la persona residente en Guatemala con la residente en el extranjero, y tenga efectos en la determinación de la base imponible.

A continuación, los criterios para dos personas se consideren partes relacionadas de acuerdo con el artículo 56 de la Ley (2012):

  1. Cuando una de ellas dirija o controle la otra, o posea, directa o indirectamente al menos el veinticinco (25%) de su capital social o los derechos de voto, ya sean en la entidad nacional o extranjera.
  2. … cinco o menos personas dirijan o controlen ambas partes relacionadas, o posean en su conjunto, directa o indirectamente, al menos el veinticinco por ciento (25%) de participación en el capital social o los derechos de voto de ambas personas.
  3. … se trate de personas jurídicas, que pertenezcan a un mismo grupo empresarial, dos sociedades forman parte de un mismo grupo empresarial si una de ellas:
    1. Posea la mayoría de los derechos de voto
    2. Tenga la facultad de nombrar o destituir a los miembros del órgano de administración …
    3. Puede disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros socios, de la mayoría de los derechos de voto.
    4. Haya designado exclusivamente con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración.
    5. La mayoría de los miembros del órgano de administración de las personas jurídicas dominada sean personeros, gerentes o miembros del órgano de administración de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta.

También se consideran partes relacionadas:

  1. Una persona residente en Guatemala y un distribuidor o agente exclusivo de la misma residente en el extranjero.
  2. Un distribuidor o agente exclusivo residente en Guatemala de una entidad residente en el exterior u esta última.
  3. Una persona residente en Guatemala y sus establecimientos permanentes en el extranjero.
  4. Un establecimiento permanente situado en Guatemala y su casa matriz residente en el exterior, otro establecimiento permanente de la misma o una persona con ella relacionada.

¿Cuándo se define el Estudio de Precios de Transferencia en Guatemala?

El artículo 65 de la Lay (2012) establece que los contribuyentes deberán contar con la documentación y análisis suficiente para demostrar y justificar la correcta determinación de los precios de transferencia. Esta documentación es lo que se conocer como “Estudio de Precios de Transferencia”, el mismo solo debe ser entregado ante solicitud de la Administración Tributaria y se cuenta con un plazo de veinte (2) días desde la recepción del requerimiento.

La información que debe contener el Estudio de Precios de Transferencia se divide en dos; el artículo 66 establece la documentación relativa al grupo empresarial al que pertenezca el contribuyente y el artículo 67 establece la información y documentación relativa al contribuyente.

Con el objetivo guiar a los contribuyentes sobre la información que se debía documentar en el Estudio de Precios de Transferencia, la SAT publica en septiembre del 2016, una guía técnica en la cual explica con un mayor detalle lo establecido en los artículos 66 y 67; así como alguna otra información complementaria y anexos.

La próxima semana continuaremos con lo relativo a la obligación de la declaración informativa en materia de precios de transferencia, el régimen sancionador y un recuento del accionar de la Administración Tributaria en los últimos años.

Les instamos a contactarnos para mayor información, mi nombre es Pablo Ibarra y soy Gerente de Impuestos con especialización de Precios de Transferencia pibarra@grupocamacho.com; o con el Socio responsable el señor Eduardo Vargas evargas@grupocamacho.com.

 

Pablo Ibarra Marín

Gerente de Impuestos

 

Próximo paso

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Este proceso que lleva a Costa Rica a una segunda ronda de elecciones, es un complejo fenómeno que podemos sin duda tornar en una gran oportunidad de pacto nacional. Es evidente que todos los sectores, con independencia de su resultado, han adquirido clara conciencia de que el alineamiento requerido por el país excede los límites de lo electoral y se planta frente a los dos señores candidatos como el reto de cohesión con propósito.

Estamos en un punto de inflexión en el que por las circunstancias económicas, el lujo de errar está vedado. Es indispensable lograr un acuerdo marco nacional en materia de rescate económico y financiero del país. Los niveles de endeudamiento y déficit han topado límites de altísimo riesgo, no solo para la estabilidad macroeconómica, sino de manera especialmente preocupante, para la estabilidad social.

Tal y como recientemente lo hicieron los partidos socialdemócrata y socialcristiano en Alemania, requerimos un acuerdo inmediato, no hay tiempo para largas distracciones, ya que el público local y los mercados internacionales están altamente temerosos, esto genera un estado de aceleración en la desmejora de los elementos objetivos como lo son el empleo, la inversión, el ahorro, la colocación de deuda externa entre otros.

El gran acuerdo nacional debe tender puentes para hablar ahora, de los temas que no se trataron en la campaña recién pasada, distraídos por asuntos de orden circunstancial, nuestra brújula país perdió el norte magnético de la sensatez, la confianza en equipos experimentados y se desdibujó, en lo que hoy de manera residual son dos fuerzas con falencias importantes en su capacidad propia para lograr gobernar nuestro país en los días venideros, el horizonte así visto es de grandes nubarrones que anuncian tiempos de tormenta económica y posibles levantamientos sociales, que no queremos invocar siquiera, pero seríamos ilusos en creer que eso no pasa en Costa Rica.

El que tiene equipo, aunque con rendimientos decrecientes si no hace los recambios, tendrá que ceder posiciones para que pueda ser atractivo a un efectivo gobierno de concertación nacional. El que no, tiene la oportunidad de oro de tener muchos asientos vacíos y mucho capital intelectual de gran talante que merecen conformar parte de una iniciativa país, con una agenda pactada, tanto por el Ejecutivo, como por el Legislativo. La numerología da para un gran acuerdo sin precedentes, que plantea una posible conformación de mayorías inusitadas en las últimas décadas y causante del fenómeno de la ingobernabilidad entre otros disparadores.

No basta con numerología, se requieren voluntades y una clara agenda nacional, configurada por protagonistas de gran credibilidad en el colectivo social, bandera que han enarbolado dos grandes pilares del pensamiento y análisis del fenómeno de la cosa pública en Costa Rica como lo son El Estado de la Nación y el INCAE. Si dejamos que los técnicos expertos, que sin pasiones ni mezquindades se han ofrecido a la confección de esta agenda, la formulen y guíen su discusión para el pacto, habrá motivos para pactar, un norte nuevo que recupera la confianza y credibilidad institucional del país, dando un golpe de timón que nos aparte del nebuloso horizonte descrito, hacia las aguas de acuerdos supremos.

Para esto necesitamos que los partidos acepten que requieren consensuar en la agenda, comprometer sus bancadas y tener equipos idóneos en el Ejecutivo, con talentos provenientes de donde el talento está, mayormente fuera de sus partidos, generando el inicio de un círculo virtuoso, como el que merecemos todos y cada uno de los costarricenses.

Debemos pactar también que no todo se podrá resolver, apegados a un claro principio de realidad, por tanto, debemos lograr que se haga en la agenda nacional una primera labor de priorización, sin la cual los acuerdos y las métricas de los mismos serán más estériles que su inexistencia misma.

Debemos hacer una veda electoral respecto del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como del paupérrimo e insensato manejo del mismo dado por la señora vicepresidente de la República, para que el asunto que es un tema ahora de mero derecho sea abordado por las autoridades competentes y no enturbiemos la mente, la visión, la sensatez por algo que, aunque lleguemos o no a un acuerdo en las esferas políticas, no es a estas a las que corresponde definir. En consecuencia, de esta veda, debemos pactar también una tregua a la intifada religiosa que en consecuencia del errático manejo dicho se ha desatado. No invitamos a ninguna de las partes a abandonar sus principios, creencias y valores, todo lo que les pedimos es que dejemos esas armas en veda en esta segunda vuelta electoral, para concentrarnos en lo trascendente.

Costa Rica puede salir adelante si hace esta decisión histórica, no una parte, sino toda ella, en su conjunto, sin parches, con nitidez visionaria en la construcción de un país modelo como el que añoramos; porque ha sido arrebatado de las manos de los costarricenses, por la corrupción empresarial de algunos “vivillos”, que se han valido de la clase política para favorecerse en lo particular en detrimento de la mayoría. Soy un defensor ferviente de la empresa privada, de la libertad de los mercados y del rol de mínima interferencia que debe jugar el Estado, pero no podemos dejar de decir que esto apesta cuando se ha confundido el servir con el servirse.

Es la hora de este gran acuerdo, si no en realidad da igual por quien votemos, solo conoceremos el nombre, pues el apellido esta pactado, del capitán del Titanic que indefectiblemente se hundirá, en el mar de la pequeñez de mente y falta de rectitud de intención.

Cortesía de La República

La economía, por favor

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Esta es mi última columna antes de las elecciones costarricenses; me parece oportuno, sin tomar partido, hacer un llamado a lo fundamental. Esto es, provocar la conciencia de que la elección no debe ser una discusión como se ha tornado desgraciadamente, donde la prioridad sean agendas paralelas al centro de atención mas importante que es cómo y con qué equipo llevará la próxima administración a Costa Rica, fuera de la zona de aletargamiento económico, que ha manifestado con criminalidad, muerte y flagelo del desempleo, lo que ocurre cuando se dejan de lado las acciones urgentes e importantes como lo son las de propiciar la confianza necesaria tanto en el sector interno como externo de los inversionistas para que sean estos quienes mediante la inversión productiva generen nuevos medios de riqueza incremental, nuevo empleo, que a la vez aumente la capacidad de consumo de los costarricenses y estos a su vez, de la manera sana y sostenible por medio de una carga tributaria moderna, pasando del actual sistema anacrónico de gravar las ventas y las rentas de la forma que esta fuera el contexto de la realidad, mejoren las finanzas del Estado.

También vale la pena que prestemos atención a dos elementos noticiosos recientes en los lectores sofisticados del mercado; por un lado, la agencia calificadora Fitch, que indica que los chances de mejora de la calificación país, solo se pueden lograr con una reforma fiscal integral e inmediata. No más postergación al redimensionamiento del gasto público, ni menos aún a la modernización del sistema tributario y la administración de los tributos, gran protagonista del nihilismo que padece el país en esta materia.

A la vez la caída de los bonos de deuda de Costa Rica, resultado de la incertidumbre en la nebulosa de la elección, solo es signo de cuál debe ser la guía de no voto, el voto no puede ir a la agenda monotemática de nadie, sea está acorde o no con la profesión de principios y valores de cada quien. El aumento del riesgo, no solo de la percepción del mismo, lo estamos viendo reflejado no solo en la caída internacional de los precios de nuestra deuda externa, sino que también, en las acciones desesperadas de Hacienda por una colocación de ventanilla para cerrar el gran faltante de recursos que tiene el Estado hoy. Cuando la cifra del déficit se ubica en el orden del 6,6% del PIB, están ocurriendo dos fenómenos de difícil separación: en primera instancia el valor absoluto del faltante está aumentando y como consecuencia de la recientemente reconocida, pero evidente recesión en la economía real, los valores del producto interno bruto están cayendo, estamos en sala de cuidados intensivos, no podemos pegarle un susto al paciente, se nos puede morir del mero susto y no de todos los padecimientos que en realidad le aquejan.

Es momento de meditar sobre las consecuencias de elegir un partido sin equipo, estamos al final de un experimento social de protesta consumado en las urnas hace cuatro años, donde la administración Solís, es en esta materia no solo estéril en acciones de remediación, sino un claro ejemplo de qué ocurre cuando el poder cae en manos de quien no está preparado para ejercerlo, así como cuando no cuenta con un equipo experimentado. Ya está demostrado con los últimos hechos de corrupción flagrante también, que esta no es monopolio de un partido, pues quien llegó al poder bajo las promesas de limpiar la corrupción ha sido elocuente en su incapacidad de lograrlo, así como de haber sido presa fácil de la seducción del pecado del poder por el poder mismo.

Esta elección es fundamental para Costa Rica, para definir, si logramos salir del aletargamiento económico, la incertidumbre de reglas y pactamos un marco de acción para la concertación nacional de los grandes temas.

Sabemos que no es mucho lo que se puede hacer desde Casa Presidencial sin contar con una representación significativa en la Asamblea Legislativa, esto nos llama a la reflexión de depositar en las urnas de manera consistente nuestro voto al candidato a presidente, con sus compañeros de fórmula en el Congreso. La democracia se entiende mal cuando se mira como la partición del voto, ya que esta acción traerá como consecuencia la partición misma de la posibilidad real de acuerdos nacionales que vienen creando una gran deuda económica y social.

El uso responsable de la libertad llama a que nadie se quede sin ejercer ese derecho de voto, para quienes lo disfrutamos como derecho, no queremos tener que luchar de nuevo por rescatarlo, la apatía es una de las enfermedades sociales más peligrosas de la era moderna en especial, cuando a la toma de decisiones como pueblo libre se refiere. No son necesarias manifestaciones externas, no es tiempo de jolgorios o festines electoreros, es la hora de votar, con el corazón, la mente y la de ser entero por una mejor Costa Rica en su sentido más amplio.

Cortesía de La República

Generar riqueza

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Uno de los predicados de libro en materia tributaria, es que entre los objetivos de un sistema tributario está el de redistribuir la riqueza. En mi columna anterior, en la que abordé el comparativo de la reforma fiscal inteligente de Estados Unidos y la nonata reforma costarricense, hubo quien me comentó que la reforma estadounidense carecía de la característica redistributiva, comentario que agradezco ya que me permite abordar asuntos fundamentales que se pierden de vista en la lógica de la economía, en especial en algunos que comulgan con la ortodoxia del libro pero no han tenido oportunidad vital de estar en el sector privado como emprendedores o empresarios.

Cualquier cosa que queramos distribuir o más aún redistribuir debe existir primero. Esto que es una palmaria afirmación, por obvia que parezca, es el fundamento de toda acción tendente a la creación de un sistema económico, por ende, responde a la primera pregunta que nos enseñan en las aulas de economía respecto de qué es lo que vamos a producir, dados los recursos existentes tanto manifiestos como potenciales en un ambiente económico, para luego resolver el cómo y el para quién, siendo esta última la pregunta que alude a la distribución de la riqueza.

El objeto de cualquier sistema económico es la generación de riqueza, de la manera más eficiente, conjuntando de manera acorde a los mejores resultados o ganancias las combinaciones probables de los factores de producción. Los clásicos se refieren a los factores de producción como la tierra, el trabajo y capital; o capital, interés, trabajo y tecnología, es a través de estos rudimentarios elementos básicos que se fundamenta un sistema de producción cuyo objeto es generar riqueza, que en consecuencia de existir, genera bienestar económico, siendo este a su vez el medio de detectar entre otros las efectiva satisfacción de las necesidades del mercado. El tema tributario está inmerso y debe ser acorde a los objetivos antes dichos, ya que este no es un objetivo en sí mismo, sino un mecanismo para que tanto el ordenamiento de los recursos como la conducción de los beneficios y el bienestar sean posibles para evitar condiciones extremas de desigualdad en la partida o en la llegada de la carrera de las economías. Esto que de nuevo es obvio, lo pierden de vista algunos “jacobinos” del derecho tributario que rinden culto a los tributos sin considerar el papel fundamental de su rol en el sistema económico en el que se circunscribe. Aterrizando, si un país es muy pobre en la generación de su producción por más que queramos distribuir solo se podrá distribuir pobreza, la cual además generará más pobreza en un natural círculo de escasez.

Un sistema tributario como parte —no el todo, ni lo único— de un sistema económico, debe atender a la necesidad de dejar que los factores de la producción ya mencionados, sean conducidos de manera eficiente a la generación de la mayor cantidad y calidad de riqueza. En cuanto a la cantidad, porque de ahí se deriva tanto la imposición directa como indirecta. Tanto como en la calidad, ya que se deben crear incentivos o disuasorios de externalidades negativas, por ejemplo la contaminación, donde los impuestos ambientales dirigidos a quien contamina paga, son claros ejemplos de esto.

Si hay más trabajo, hay más consumidores, si hay más consumo hay más inversión, si hay más inversión hay más riqueza, si hay más riqueza aumenta el caudal recaudatorio de los impuestos sobre las rentas, tanto de las personas físicas con trabajo —ya que los desempleados evidentemente no tributan, pero también porque estos consumen cantidades decrecientes de bienes y servicios que hacen que se reduzca la demanda agregada— que a la vez genera ganancias que fomentan la inversión ya que su retorno aumenta, dichas ganancias tributan de manera directa en la utilidad, más aún son bases imponibles incrementales que surgen de la imposición indirecta al consumo de los bienes y servicios, lo que aumenta el circulo virtuoso de la riqueza, logrando como consecuencia una mejor distribución de la riqueza, que tiene más que ver con la calidad del aparato estatal que administra la función redistributiva que con la generación de más ingresos. Es falaz que aumentando impuestos hay más redistribución, es generando más riqueza que se logra.

Es decir, sin riqueza no hay progreso, sin este no hay bienestar y este es la base de la distribución y redistribución, cualquier sistema fiscal que no propicie la activación de la generación de este objetivo está destinado a administrar pobreza, esta, distribuida, se convierte en miseria y quebranta la capacidad emprendedora y vital del sector privado.

Cortesía de La República

Reformas fiscales inteligentes y absurdas

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

La diferencia entre una reforma fiscal inteligente y una absurda consiste en diversas características, entre las que podemos mencionar: la oportunidad, la estrategia del diseño, el planteo coherente de objetivos y su vinculación con metas de gestión, así como la dotación de orden normativo, pero en especial de destrezas de gestión de la autoridad tributaria.

Es fundamental entender que las capacidades de las administraciones tributarias no pueden estar disociadas de los elementos esenciales de las reformas fiscales, en especial basados en el principio natural de medición que en este caso sería, si está capturando o no a todos los obligados, o dejando espacios cómodos a los omisos, así como qué elementos le pueden estar faltando para lograr una correcta recaudación de los tributos que ya tiene a su cargo. Si una administración tributaria denota falencias en detectar por cualquier motivo —incapacidad, inopia, corrupción, carencia de métricas de gestión, dotación de recursos humanos y tecnológicos o marco jurídico acorde en sus facultades a sus responsabilidades— simplemente cualquier reforma fiscal es absurda. También es absurda cualquier reforma fiscal que se desapegue del entorno de la realidad de negocios y de los ciclos económicos en que se aplicará, así como la condición de orden analítico de las consecuencias que en la competitividad país se puedan tener dada la interdependencia de las economías en el orden globalizado, así como el estímulo de la riqueza.

La otra característica de una reforma fiscal absurda es que no promueva o sea disuasiva de la generación de riqueza incremental, para que las capacidades contributivas sean el fundamento de una mejor recaudación. Por último, la más absurda es la reforma fiscal que siendo necesaria no se hace. Sin duda el clásico caso de la reforma fiscal absurda lo es la costarricense, por evidentes razones ya desprendibles de lo expuesto.

Una reforma fiscal inteligente es aquella que, en sentido contrario a lo dicho; aprovecha las circunstancias económicas, es oportuna, genera estímulos al crecimiento, atrae inversión y promueve con un aparato administrativo competente y suficiente la relación más eficiente de recaudación, costo de cumplimiento, gestión de la inteligencia tributaria y creatividad en los objetos de la imposición que graven distintas y novedosas capacidades contributivas. Sin duda, la reforma fiscal estadounidense es un excelente modelo y ejemplo de la definición de una reforma fiscal inteligente. Se logró con la menor erosión y tiempo de debate posible, aprovechó la atracción por reducción de tarifas para la repatriación de utilidades de las empresas estadounidenses con recursos no repatriados por motivos fiscales, generando una inteligente atracción de recursos que aumentará la capacidad de generar riqueza local, estimulando el mercado interno y su generación de riqueza, estimándose en varios billones de dólares la recaudación incremental resultado de la aplicación de la regla de repatriación o de regularización fiscal, creando de manera ingeniosa un nuevo objeto de imposición reducida pero incremental. Durante décadas las reglas fiscales de Estados Unidos han mantenido una especial condición de exención —hasta su repatriación a Estados Unidos— de las utilidades de empresas norteamericanas que se acumularan en el extranjero. La reforma fiscal inteligente planteada por los congresistas, tiene una gran ruptura de paradigmas y una aceleración en la recaudación de gran calado. Mediante un sistema de pago de peaje o impuesto de regularización de entre el 8% y el 15% de única vez, se evita el pago de impuestos una vez se logre la repatriación efectiva. Esto se distingue de las amnistías latinoamericanas que solo promueven el incumplimiento a costo cero. A la vez la drástica reducción de la tarifa del impuesto sobre la renta corporativa a una tarifa tentadora del 20%, comparado con su anterior 35%. Moverse del universal y tradicional sistema de renta mundial a un novedoso de renta territorial, con matices, es también parte de la inteligente reforma fiscal de Estados Unidos de América.

No caigamos en el equívoco de decir, que ellos en Estados Unidos lo pueden hacer porque son un país desarrollado y Costa Rica no por ser un país en vías de desarrollo (eufemismo). Todo lo contrario, Estados Unidos es un país desarrollado por hacer lo que hay que hacer, cuando hay que hacerlo, de la forma más rápida e inteligente. Costa Rica por el contrario es un país en vías de desarrollo, por no hacer lo que debe en el momento oportuno, ya que de manera tozuda seguimos con un proyecto de reforma que celebra ya 16 años de estar en discusiones estériles, lográndose solamente parches al sistema, sin llegar a lo que se necesita en modernización de bases imponibles, adecuación a la realidad del entorno económico, así como con una administración tributaria, que hace siempre lo mismo sobre los mismos, dejando hacer y dejando pasar el gran problema de la evasión y los omisos del sistema que juegan libremente al margen de la ley.

Esperamos que en la próxima oportunidad que retomemos el tema de reforma fiscal, la misma sea una reforma inteligente y abandonemos la absurda y trasnochada norma que ya no es acorde a los lineamientos mínimos indicados como necesarios a la reforma fiscal inteligente.

Cortesía de La República

¿Cómo lo queremos arreglar?

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Los problemas económicos, como el resto de las situaciones de la vida no se componen ignorándolos, ni actuando como avestruces, no viéndolos con propósito de que al no verles estos se olviden de sus protagonistas, en este caso nosotros como miembros de la sociedad costarricense.

Hay solo dos grandes caminos para resolver lo que hoy es un asunto de alto añejamiento que requiere una respuesta, estos son el camino de la composición heterogénea, resultante de una serie de acciones y decisiones, especialmente centradas en el consenso ideal del sector privado —representado por portavoces autorizados, por ejemplo, las Cámaras— así como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En este mecanismo tripartito debemos entender todos que hay que evitar en el camino los intereses mezquinos y las visiones de miope cortoplacismo, hay que tomar medidas para que la sociedad en su conjunto pueda lograr un equilibrio en lo económico, que pueda generar en consecuencia, mejoras en lo social, especialmente en la sustentabilidad de un modelo de Estado que sea conteste a las actuales necesidades de la sociedad, en la promoción de la inversión, la creación de empleo digno y de gran valor agregado, la gestión del ambiente legal para que desaparezca la impunidad como el medio de retribución a los honrados, que sienten como cargas el mero cumplimiento de los deberes que les ponen en desventaja relativa de otros que simplemente no cumplen sin consecuencia alguna.

El problema económico nacional debe resultar enfrentado con medidas de choque para eliminar el embate de la reducción de la inversión, de la desaceleración de la economía, de la crecida actual y secundaria en tasas de interés, así como en un ajuste de tipo de cambios de efectos sectoriales diversos, con más perdedores que ganadores en los sectores productivos, siendo esto solo evitable si el acuerdo de corto plazo genera: nueva inversión, para lo que se requieren medidas de certidumbre legal y económica que permitan a los tomadores de decisiones invertir con conocimiento de los términos y reglas del juego de manera transparente y anticipable; nuevas y mejor remuneradas fuentes de empleo, diversidad en la obra pública en manos privadas, esto genera mayor y mejor empleo para resolver los problemas estructurales de competitividad que tenemos por el círculo vicioso de la falta de recursos para lograr la infraestructura requerida. A la vez debemos entrar en un proceso en el que se ponga freno a la abrumadora condición de las finanzas públicas, las que requieren una reforma fiscal estructural tanto en los impuestos, el gasto como la eficacia de la Administración de los intereses del Estado. Debemos acabar con la demagogia de la visión unilateral de que no paguemos más impuestos porque se los van a robar de todas formas, complementando la ruptura de esta tesis peregrina con medidas de transparencia que vayan desde las de gobiernos corporativos empresariales de libro blanco, en un gran pacto nacional de transparencia y de compromiso de probidad, donde todos los agentes económicos públicos y privados lleguemos a comprometernos con erradicar toda práctica que pueda estar sesgando de manera inapropiada la adecuada condición de cancha nivelada en materia de la competencia y la competitividad. Requerimos definir el tamaño y las funciones del Estado, que adecuado a los elementos básicos de la función social, resguardando la calidad de los servicios de interés público, como lo son la educación, la seguridad ciudadana, la salud y los intereses vitales del crecimiento de la condición de una sociedad equilibrada en acceso, pero no sesgada mediante concesiones odiosas, pueda llegar a reducir el gasto público a los niveles de mínimo eficiente; aumentar las cargas que pesan sobre los consumos especialmente sobre los servicios, con la creación del IVA universal, asimismo, que podamos tener un impuesto sobre renta más orientado a las personas a su rol en asumir los costos de las externalidades que correspondieron en el pasado al Estado, permitiendo deducciones por gastos médicos, aquellos gastos asociados a la tenencia de un techo digno, propio o alquilado permitiendo deducciones por estos conceptos en limitación al rubro de primera vivienda, deducciones por concepto de pagos asociados a la educación de miembros de los núcleos familiares de una manera irrestricta. Es decir, un país que promueva la pesca, pero deje de dar pescados que cuando llegan a la mesa de su destinatario no solo están podridos, sino que ya el beneficiario, probablemente no esté para comérselos.

Debemos volver los ojos al mercado interior, hay oportunidades de crecimiento en la economía local que son más abundantes y alcanzables que las escasas y amenazadas condiciones de recepción de inversión del extranjero, en especial dada la reforma fiscal de Estados Unidos de América y la creciente condición de disparidad en los mercados regionales.

Debemos decidir entre hacerlo nosotros mediante acuerdos coherentes y oportunos o dejarlos a la fascinante pero inmisericorde mano del mercado.

Cortesía de La República

Seguridad Social y OCDE

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

En la visita realizada por altos funcionarios de la OCDE a Costa Rica, nos plantearon la agenda de asuntos por resolver especialmente en las prioridades de inclusión de la economía informal en la formalidad. Las autoridades de la OCDE llamaron la atención respecto de las altas cargas que pesan sobre las planillas como consecuencia de las contribuciones tanto obreras como patronales para con la Seguridad Social.

Debemos decir, que, si bien esta es la recomendación mejor recibida por parte del sector empresarial, también es cierto que esta recomendación de escritorio, tiene poco o nada que ver con la realidad sustantiva de las finanzas de la seguridad social de Costa Rica. Por otro lado, es absolutamente cierto que la economía informal solo se perpetúa ante los altos costos de inclusión si esta condición inflexible del costo de regularización persiste en el mercado. Es evidente que el tema no se queda en las consecuencias de la seguridad social, esto afecta transversalmente la vida económica y social del país. Los actuales candidatos plantean en sus programas un fuerte frente de ataque a la informalidad, por medio de nuevos emprendimientos que enfrentarán esta barrera de entrada en el costo de la operación jurídicamente válida, lo que provoca distorsiones en la competitividad en el mercado interno e indudablemente en los mercados extranjeros.

Si bien desde la óptica de los sectores formales aplaudimos la recomendación, no podemos dejar de decir que nunca menos oportuna la recomendación que en un momento en el que todas las fuentes indican un deterioro significativo de las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual viene a contrapelo de las recomendaciones dadas por la OCDE y el sentido común de la inclusión persuasiva, siendo abatida con incrementos en las cuotas en particular de las obreras de la seguridad social. Según la modificación hecha al artículo 33 del Reglamento de Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en junio de 2017; las cuotas solo para mantener el régimen en condiciones sustentables, pasan a subir las contribuciones de los trabajadores en un punto porcentual esto es el 11% de incremento en el costo para el trabajador de su régimen de eventual pensión.

Para ilustrar la gravedad de esta insostenible situación, el mismo texto legal compara las contribuciones tripartitas del trabajador, patrono y Estado, desde los años 2009 a 2035, pasando solo el rubro de IVM del 7,5% en 2009, a la abrumadora carga del 12,16% en 2035, sea un incremento del 62,13% en el periodo de análisis, esto sin contar las veces y los años que han aumentado la edad esperada de pensión. Esto comporta no solo una conducta a contrapelo de las “recomendaciones” de la OCDE, sino a toda costa a la inclusión y la formalidad de los sectores de condiciones tanto formales en la actualidad como de profesionales liberales, así como las empresas en condición de incubación y por supuesto las pymes.

El efecto en el ingreso disponible del trabajador es otro factor a tomar en consideración, solo del mes de julio 2017 a enero de 2018; los trabajadores, en su condición de consumidores, han perdido un ingreso disponible del 11%, lo cual tiene una consecuencia recesiva en los consumos de aquellos, que ya se nota en las ventas de los comercios y las prestaciones de los servicios, aspecto que se agrava cuando se hace el análisis sobre bases de salarios reales y no solamente nominales, perdiendo algunos puntos más de capacidad de compra que afecta a la economía en su conjunto y explica el aletargamiento de los consumos y por ende de los niveles de empleo, aspecto que solo propicia una crisis más grave en la economía real.

La recomendación de la OCDE es sin duda una mejor práctica que posiblemente no fue alimentada con los insumos de la realidad expuesta, o que, si lo fue, probablemente no nos han contado todas las recomendaciones en su conjunto, como podrían haber sido la revisión de la relación de staff administrativo versus personal médico en los servicios de prestaciones médicas en la CCSS, que se ha venido comiendo los recursos de orden global de la institución a todos los trabajadores y empleadores tanto del sector público como privado. A la vez, es probable que las medidas adicionales que se requieran para viabilizar la recomendada reducción de contribuciones tengan que ver con los pluses salariales de los trabajadores de la Caja, tanto del sector salud como los administrativos, el mejor control de las compras de bienes y servicios, la adecuada atención de los costos incrementales en la atención de salud curativa ante la desmejora de los programas universales de orden preventivo, entre una larga lista de otros cambios que hay que atender para poder viabilizar la reducción ansiada por quienes contribuimos, en el régimen global de la seguridad social de Costa Rica.

Cortesía de La República

Nueva lista negra europea

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

El informe 15429/17, dictado en Bruselas con fecha 5 de diciembre, marca de nuevo una señal de vigilante presión política y la nueva forma de hacer gestión económica y política en la era del multilateralismo. Tal como la ha reiterado el secretario de asuntos fiscales de la OCDE, Pascal Saint-Amans, se ha acabado la era del nacionalismo y los refugios locales del derecho interno, se han superado las barreras del bilateralismo sujeto a la buena de la aplicabilidad de la norma local, hemos entrado desde hace algunos años con particular énfasis y aceleración desde 2015 con la promulgación de las normas BEPS (Base Erosion Profit Shifting), en la nueva era de las relaciones multilaterales, basadas en fundamentos técnicos y tecnocráticas de asimilación obligada.

El informe indicado, recoge una lista de 47 jurisdicciones que se consideran no cooperantes por parte de las fuerzas económicas de la Unión Europeas, a cargo del timón político del multilateralismo. Al analizar las causas de inclusión de algunas de las jurisdicciones y poner las mismas en condiciones de 30 grises y 17 negras, caben diversas dudas en la sustentación técnica, coincidiendo muchos que las motivaciones son más de orden exclusivo del ámbito político.

En América tenemos a Panamá, Barbados, Santa Lucía, Bermuda, Granada, Samoa Americana y Guam —ambos territorio del Pacífico de los Estados Unidos de América— Trinidad y Tobago; un total de ocho territorios, las comparaciones simplemente son inaplicables, pasando de aquellas jurisdicciones que no cuentan siquiera con un sistema tributario estructurado; cabalmente las islas estadounidenses, como aquellas que a pesar de sus esfuerzos no salen de la lista y una serie de acciones tendientes a la marginación de la inversión europea en estos territorios. Llama la atención poderosamente la condición de Panamá, donde la intifada inició con los Panamá Papers, después de los que se generó una gran sumisión de parte del gobierno panameño a las exigencias de la comunidad internacional especialmente del órgano técnico del G20, sea la OCDE, quien en corto plazo logró cambiar la estructura de la condición fiscal de Panamá, haciendo que este país firmara el marco inclusivo de BEPS, la Convención de Asistencia Administrativa Mutua, la remoción de la condición de anonimato absoluto de las sociedades, la obligación de las empresas panameñas de contar con una contabilidad a pesar de llevar a cabo operaciones en el extranjero, manteniendo la exención, pero surgiendo la obligación formal de tener disponible a la dirección general de ingresos la contabilidad de estos no contribuyentes. La noticia coincide además con la apertura a una rápida gestión para criminalizar la defraudación fiscal en dicho país por montos superiores a un valor entre $300 mil y $500 mil. La pregunta técnica que subyace es: ¿qué más tiene que hacer Panamá? O la otra pregunta levantada a gritos en Bermuda —protagonista de los Paradise Papers— por su Primer Ministro: ¿Dónde está Luxemburgo en esa lista negra o gris? Por supuesto, ambas se convierten en preguntas retóricas, pues en el multilateralismo no hay interlocutor, pero hay presión.

Las consecuencias, según el anexo del citado documento de la UE, son para las empresas europeas nominalmente, pero afectan directamente a los receptores de inversión, aplicando medidas como: la no deducibilidad de los gastos causados en dichas jurisdicciones, aplicación de reglas concretas de empresas extranjeras controladas —conforme los predicados de BEPS— aplicación de medidas más gravosas en materia de impuestos de retención en fuente europea, aún por verse qué pasará con los conflictos respecto de instrumentos formales del derecho fiscal internacional como los convenios para evitar doble imposición internacional; limitación en los derechos de exención, entre otros, del inciso B.2 del anexo, aparte de lo que los países miembros de la UE, puedan considerar oportuno aplicar.

Sin duda, el costo de no estar alineado es fundamentalmente impagable, pero la falta de claridad en relación con la hoja de ruta lo es más aún, estando en el mismo documento en su último anexo, tales como mejorar su transparencia, adoptar medidas eficaces anti BEPS, poner en marcha programas de aumento a la persecución de los contribuyentes en materia de fiscalización, tanto a los locales como a la comunidad internacional, entre otras recetas genéricas, que al no concretar dejan a una futura revisión de los miembros de la UE, la discrecionalidad de mantener la condición de país no cooperante con las consecuencias ya dichas. En esta era de multilateralismo, lo peligroso es no estar, pero lo difícil es saber cómo estar, cómo permanecer y cómo lograr complacer los intereses de todas las partes, sin descuidar lo que es primario a cada quien, sea su propio interés.

Cortesía de La República

Condición fiscal

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Quizá nunca antes había el país enfrentado de manera simultánea una crisis de la profundidad que tenemos al frente hoy, siendo este posiblemente, ese tocar fondo profundo para poder sacar lo mejor de nosotros y resolver temas que traemos pendientes “para mejores momentos”, pero como todo aquello que resulta de la procrastinación, simplemente, le llega su término y hay que resolverlo de una manera u otra. La situación económica del país, tanto desde la óptica de la caída de la producción, la pérdida de la confianza de los consumidores, la creciente condición de sub y desempleo, la carga que comporta para quienes son buenos contribuyentes, la condición de presiones fiscales directas e indirectas, simplemente plantean un panorama poco visto, en especial cuando el mismo se da en la puerta del horno de unas elecciones con matices muy gravemente singulares en los que los poderes de la República han caído en la peor de las condiciones, que es la pérdida de la confianza del pueblo. Si bien esto no es nuevo, la crisis política recurrente y devastadora se había remitido a los partidos mismos, en su condición de institutos de personas con ciertas características, pero hoy se ha llegado al hueso mismo de la democracia, dejando en todos los poderes del Estado, una huella inefable de que estamos en el fondo de un abismo que a cuatro meses de las elecciones solo se plantea como más profundo.

Con un déficit fiscal creciente, errático, con disparadores imparables y con ausencia de acuerdo político para lograr una reforma fiscal inmediata, es fundamental que los agentes económicos tengamos claro que el panorama es peor que cualquier reforma fiscal, por mala que esta nos pueda llegar a parecer. La economía es análoga a la fuerza del agua en los caudales de los ríos, estos pueden desviarse por un tiempo, pero en el momento menos esperado, cobrarán sus cauces de nuevo. En materia del desequilibrio que vivimos y ante signos que no pueden pasar desapercibidos, como el préstamo de mil millones de dólares al Banco Central cuando la condición de reservas se ha indicado estable y más bien creciente, es señal de guerra por el único flanco de la economía por el que la autocomposición no requiere planteamientos de consenso en el ámbito legislativo, abriendo una puerta muy grave a la posible aplicación de medidas en lo monetario, en concreto la devaluación, que sería el impuesto más regresivo y destructor de riqueza que existe, pero todo aquello que se resiste persiste. Por seguir deshojando la margarita a ver si el IVA es o no regresivo tenemos a las puertas el peor de los efectos en el bolsillo en especial de las clases más necesitadas y ya de por sí en condición social deplorable. Esta condición con variaciones en creciente de los precios del petróleo, las condiciones de pérdida de calificación por alto riesgo de instituciones financieras, la alta concentración del crédito dolarizado en manos de personas altamente sensibles a la devaluación son, si se quiere, la peor de las combinaciones que hemos tenido que enfrentar como país en los últimos cuarenta años.

¿Estamos preparados como empresarios y como país para enfrentar esta realidad, a pesar del espejismo de las elecciones, con cuestionables instituciones al frente?

Cortesía de La República

Condición fiscal

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Quizá nunca antes había el país enfrentado de manera simultánea una crisis de la profundidad que tenemos al frente hoy, siendo este posiblemente, ese tocar fondo profundo para poder sacar lo mejor de nosotros y resolver temas que traemos pendientes “para mejores momentos”, pero como todo aquello que resulta de la procrastinación, simplemente, le llega su término y hay que resolverlo de una manera u otra. La situación económica del país, tanto desde la óptica de la caída de la producción, la perdida de la confianza de los consumidores, la creciente condición de sub y desempleo, la carga que comporta para quienes son buenos contribuyentes, la condición de presiones fiscales directas e indirectas, simplemente plantean un panorama poco visto, en especial cuando el mismo, se da en la puerta del horno de una elecciones con matices muy gravemente singulares en los que los poderes de la República han caído en la peor de las condiciones que es la pérdida de la confianza del pueblo. Si bien esto no es nuevo, la crisis política recurrente y devastadora se había remitido a los partidos mismos, en su condición de institutos de personas con ciertas características, pero hoy, se ha llegado al hueso mismo de la democracia, dejando en todos los Poderes del Estado, una huella inefable de que estamos en el fondo de un abismo que a cuatro meses de las elecciones solo se plantea como más profundo.

Con un déficit fiscal creciente, errático, con disparadores imparables y con ausencia de acuerdo político para lograr una reforma fiscal inmediata, es fundamental que los agentes económicos, tengamos claro que el panorama es peor que cualquier reforma fiscal, por mala que esta nos pueda llegar a parecer. La economía es análoga a la fuerza del agua en los caudales de los ríos, estos pueden desviarse por un tiempo, pero en el momento menos esperado, cobrarán sus cauces de nuevo. En materia del desequilibrio que vivimos y ante signos que no pueden pasar desapercibidos, como el préstamo de mil millones de dólares al Banco Central cuando la condición de reservas se ha indicado estable y más bien creciente, es señal de guerra por el único flanco de la economía por el que la autocomposición no requiere planteamientos de consenso en el ámbito legislativo, abriendo una puerta muy grave a la posible aplicación de medidas en lo monetario, en concreto la devaluación, que sería el impuesto más regresivo y destructor de riqueza que existe, pero todo aquello que se resiste persiste. Por seguir deshojando la margarita a ver si el IVA es o no regresivo tenemos a las puertas el peor de los efectos en el bolsillo en especial de las clases más necesitadas y ya de por sí en condición social deplorable. Esta condición con variaciones en creciente de los precios del petróleo, las condiciones de pérdida de calificación por alto riesgo de instituciones financieras, la alta concentración del crédito dolarizado en manos de personas altamente sensibles a la devaluación, son si se quiere la peor de las combinaciones que hemos tenido que enfrentar como país en los últimos 40 años.

¿Estamos preparados como empresarios y como país para enfrentar esta realidad, a pesar del espejismo de las elecciones, con cuestionables instituciones al frente?

Cortesía de La República