Plan Fiscal y OCDE

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

En la agenda de tres puntos para el camino de incorporación de Costa Rica a la OCDE, se encuentra en tercer lugar el de la urgencia de aprobar un plan fiscal que ordene las finanzas públicas del país. Para contextualizar el que estaba en conocimiento de la Asamblea Legislativa en el momento de la visita, tenía incorporadas tanto la reforma del impuesto de ventas para transformarlo en uno de impuesto al valor agregado, como una reforma integral al impuesto sobre la renta. Como es de todos conocido, la carencia de oxígeno de negociación política, hizo que el proyecto fuera decayendo en alcance hasta llegar a la mínima expresión que se encuentra en una dudosa agenda de sesiones extraordinarias, ahora bajo el nombre de “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, que deja solo el IVA y una pincelada a temas de renta.

Es fundamental recapitular las razones para que este último de los aspectos de la agenda nacional, sea de relevancia para el cumplimiento de los mínimos requeridos y esperados por la Organización para la Cooperación Desarrollo Económicos. Todo país que tenga aspiraciones de un desarrollo sustentable y creciente en lo que respecta a competitividad y mejora del ambiente de negocios, requiere contar con unas finanzas públicas de condiciones tales que, el Gobierno sea un propiciador de condiciones de competitividad y accesibilidad al emprendedurismo privado, sacando de sí las instituciones y costos relacionados con una gestión del Estado que sea contradictorio u obstructivo al logro de dichos objetivos.

La OCDE, siendo una organización de países desarrollados, no hace que sus aspirantes se conviertan en desarrollados por la mera afiliación y admisión, sino por el código de conducta de diversa índole que promueve el desarrollo integral y sostenible de sus países miembros basados entre otros en una clara disciplina fiscal. Es decir, que el examen de admisión no tiene que ver con voluntades o compromisos, sino con las realidades y los sustentos de los mismos para poder lograr una paridad comparable entre sus países miembros, eso caracteriza la razón de ser de requisitos que van desde lo fiscal como lo es el caso que nos ocupa, hasta las condiciones de seguridad legal, equidad, educación, condiciones laborales, compromisos y acciones medioambientales entre otros. Para una fiel representación de los objetivos amplios de la OCDE, transcribo lo correspondiente a la descripción que hace la Organización de sí misma:

“Trabajamos para entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental. Medimos la productividad y los flujos globales del comercio e inversión. Analizamos y comparamos datos para realizar pronósticos de tendencias. Fijamos estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas.” (fuente:http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/

Es precisamente, por los objetivos dichos, que esta organización vela por la salud de sus países miembros, dictando mejores prácticas para el logro de estos niveles de facilitación del proceso de globalización en un ambiente ordenado, de justo comercio, así como de certeza en los términos condiciones y motivaciones económicas válidas, para la atracción o movilización de los capitales.

Costa Rica padece de males endémicos en materia fiscal cuyos orígenes datan de la falta de actualización de la visión del Estado moderno y su rol en la economía, manteniendo estructura y gasto concomitante, a la del Estado protagonista, empresario, regulador, empleador y otra serie de roles hoy observados objetivamente, han sido de gran impacto positivo en la historia del país, en el logro de sus índices de desarrollo humano, en el logro de unas condiciones razonables de libertad relativa económica y social, pero la falta de actualización, viene hace al menos dos décadas dejándonos ayunos de los beneficios efectivos de la globalización económica. No se trata de ser detractor de la historia, es entender que esta es dinámica, que tiene ciclos y que la del modelo de Estado asumida con gran visión por los pensadores de la década de los años 40 del siglo pasado, no era conteste a la entrada del actual milenio y los retos que esto representa.

El motivo para tocar el tema de modelo del Estado tiene motivo en hacer conciencia de que mientras no se logre definir el nuevo modelo de Estado, cualquier mejora que pueda darse en materia de recaudación fiscal, llegará a ser no solo financieramente insuficiente, sino que generará condiciones de severos desajustes en la competitividad menoscabada ya de los actores del sector privado.

Ahora bien, no es posible de golpe y porrazo hacer todos los cambios que se requieren en el modelo de Estado adecuado a las actuales condiciones, pero hay que iniciar de inmediato y de forma simultánea con la reforma fiscal integral en materia de IVA y renta, que permitan recoger nuevas manifestaciones —comparadas con las actuales de los cuerpos legales existentes— de capacidades contributivas hoy fuera del ámbito de las normas legales y por tanto, fuera de las posibilidades de llevar a las arcas del Estado aun mejorando la paupérrima gestión de fiscalización, que se concentra en seguir siempre cargando los hombros de los mismos; en el sector formal de la economía, dejando impune a los defraudadores conocidos y desconocidos, así como la economía subterránea, cuyas dimensiones ya son tan abrumadoras que hacen inviable la competitividad de quienes cumplimos, con aquellos que en la sombra de la informalidad o al amparo de regímenes sin controles, no asumen los costos de hacer negocios con respecto a los agentes económicos que responsablemente enfrentamos los costos incrementales de hacer negocios en Costa Rica sufriendo la disparidad en la competitividad.

Una reforma fiscal es indispensable, completa, integral, incluyendo los cambios estructurales a nivel de administración tributaria, para que sea el medio a través del que paguemos lo que debemos, generemos condiciones que propicien la movilidad laboral, la apertura de nuevos emprendimientos, el fortalecimiento de las actuales empresas nacionales y multinacionales, que tengamos acceso más directo y a menores costos relativos a facilidades crediticias, que no incorporen en las tasas de interés las incapacidades de resolver en lo fiscal el tema del ingreso creciente y el gasto decreciente, sean tendencias inversas a las actuales, para que todos como sociedad, podamos acceder a mejores condiciones de orden autogestionarias en la economía global.

Cortesía de La República

Proyecto de fortalecimiento de finanzas públicas

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Como ha sido anunciado por el Gobierno de la República, en las sesiones extraordinarias se conocerá el último intento de la Administración Solís Rivera por dotar de una reforma que, aunque parcialmente, resuelva la crítica condición de las finanzas públicas de Costa Rica.

El proyecto consiste de tres partes: La creación de un impuesto de valor agregado que sustituya al obsoleto y actual impuesto de ventas, la creación de un impuesto a las ganancias de capital, así como una serie de medidas que conllevan un tímido intento de poner algunos límites a los disparadores del gasto público, en concreto el tema del salario y los agregados que de estos se derivan.

En relación con el IVA, consideramos que se logran avances importantes en el acercamiento de fuerzas, siendo la más destacada la de mantener una tarifa general del 13% en sentido contrario a las primeras propuestas del Gobierno, asimismo, se logra una tarifa reducida con algunos elementos innovadores como la devolución —a los usuarios— de lo pagado por los servicios médicos privados, a cambio que el pago de dichos servicios sea por medios constatables de orden electrónico, evitando una de las bolsas de fraude fiscal más conocidas e impunes del país. La tarifa reducida propuesta parece razonable a niveles del 4%, esto motiva el control fiscal de diversas actividades, donde quizá el caballo de batalla de los detractores del proyecto es insistir en el tema de los libros en cualquier formato a esta tarifa, aspecto que puede ser negociado y finalmente no es en las cobijas donde se alberga el frío. Por otra parte, se mantienen unos plazos de entrada en vigor razonable en relación con la puesta en marcha después de la aprobación, quita esto el carácter de ciclo electoral al proyecto visto que es claro que aun en el mejor de los escenarios de aprobación en vía rápida en estas sesiones extraordinarias, a la actual Administración no le tocará ver nacer el primer céntimo de la recaudación, lo que parece al menos razonable desde la óptica de los intereses electorales del corto plazo, a pesar del detrimento trepidante que cada minuto tiene en las finanzas públicas. La inclusión universal de los servicios y del concepto de bienes por encima del de mercancías, es constante en este y todos los demás proyectos, lo que sigue las tendencias de un IVA más moderno. La tentación sigue en la canasta de las exenciones, sin tener en cuenta que el exento, nos es más que alguien que en la cadena del IVA queda en la trampa del costo incremental, con o sin capacidad de poder trasladar económicamente dicho efecto.

Se pasa del intento de una reforma integral a la ley de impuesto sobre la renta, que es indispensable llevar a cabo para introducir la progresividad necesaria en el sistema; a una mera sujeción de las ganancias de capital, mediante la creación de otra cédula del impuesto sobre la renta a una tarifa del 15%, esto parece al menos resolver la creciente discusión del tratamiento de las ganancias de capital, pretendiendo caracterizar como tales también las diferencias de cambio, aspecto de reciente controversia entre los criterios de expertos y la norma, tanto como de las resoluciones contradictorias emitidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo. Acompaña a esta peregrina reforma en renta una norma de ajustes en relación con pagos efectuados a paraísos fiscales, norma destiempada y construida con un modelo quizá más obsoleto que se construye a partir de la comparación de las tarifas de las jurisdicciones en nominal, sin considerar las recomendaciones hechas por la OCDE en relación con las efectivas característica de un régimen fiscal pernicioso, recogido en las acciones BEPS y en el reciente documento emitido por ese organismo en relación con el tema de regímenes fiscales agresivos.

En relación con el gasto público y el régimen de privilegios, la verdad sea dicha muy tímida, se logra un avance apenas digno de mencionar, con poca dirección a la parte cordal del problema, abordándolo con un enfoque de hacer poco pues la Administración está de salida, aspecto que se denota más aun cuando se ve la vigencia de los posibles cambios, entra a regir, a partir del próximo 8 de mayo de 2018, nada más obvio, que esta bronca se le quedó como papa caliente en las manos de la nueva Administración.

De cara al ambiente de estas sesiones extraordinarias, que van del pasado 1 de diciembre al próximo 30 de abril, es claro que ya el mes de diciembre ni se discutirá la vía rápida para el proyecto, lo que dada la cercanía de las elecciones y la distracción que estas provocan en enero a los miembros de la Asamblea Legislativa, no será sino hasta la elección de febrero, esperando que la misma sea definitiva y no lleve a una incierta condición de segunda ronda, aspecto que les dejaría muy poco o nada a los diputados en la presente legislatura. A favor del proyecto debemos abonar que el entrarle a una de las máquinas de recaudación cualquier posible partido con aspiraciones razonables de llegar al poder estaría de acuerdo, repito, después de las elecciones de dar su apoyo a la iniciativa a fin de que el agua fresca sea la compañera de la próxima administración. Habrá que prestar atención, en especial los cientos de miles de nuevos contribuyentes del sector servicios que tendremos el reto de implementación tarde o temprano.

Cortesía de La República