Tres etapas y un posible impasse

 

El proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ha concluido la primera de las tres fases legislativas planteadas en el acuerdo legislativo de vía rápida para el expediente 20.580, la fase concluida es la de la comisión que solo falta remita su dictamen al plenario y este acto de inicio a la segunda, esta es la fase de primer debate en el plenario legislativo, el que se caracteriza especialmente de una manera distinta a los procesos de aprobaciones legislativas por el proceso de orden abreviado asignado bajo el artículo 208 bis del reglamento legislativo, donde las únicas mociones que se pueden presentar por diputado son una y solamente de reiteración, es decir, aquellas que habiendo sido presentadas en la comisión no fueran incorporadas o acogidas. Esto hace que la fase de primer debate sea predeciblemente rápida, pero no por eso debe ser-en mi criterio-atropellada, diferencia que la marcará la agilidad no solo para lograr los votos que en principio ya tendría en mayoría simple, sino por lo critico que será esta segunda etapa en la activación o no del impasse al que nos referiremos. Hay que evitar victorias en plenario que generen sabores a marrosa derrota por falta de dialogo.
El aspecto mas delicado de esta segunda etapa del primer debate es, el manejo de las negociaciones para aceptar las mociones que teniendo un fondo de interés nacional, mejora recaudatoria, así como que evite la generación de mas exenciones, pues de esa fiesta ya hubo abundancia excesiva en la primera etapa, sean de recibo, en especial de aquellas que presenten las fracciones como la del Partido Restauración Nacional ya que cuenta con la bancada individual más grande, así como por haber estado al margen de los procesos de negociación de la etapa primera, lo anterior para que se evite en la medida de lo posible el impasse. Considero que lograr la mayoría de los votos en el primer debate es por supuesto fundamental para, continuar en el esfuerzo por aportar al menos de manera primera una dotación de recursos adicionales a la condición fiscal del país, que sabemos será insuficiente para la dimensión de las necesidades.
Si no se logra este manejo con respeto y con audacia, podemos sumir al país en el impasse, este consiste en el proceso de consulta a la Sala Constitucional, que siendo opcional en el proceso del ínterin entre primer y segundo debates, requiere de la firma solicitado la participación de la Sala en el proceso, de al menos de diez diputados, que realmente con lo que conocemos al momento de manifestaciones hechas por algunos minoritarios se lo están planteando, pero no llega su numero a diez, sin embargo, la balanza la puede inclinar en efecto la fracción mayoritaria, que cuenta con catorce votos que dependiendo de su forma de negociar con el gobierno, o de este con ellos, puede ser lo que vuelque la balanza a la consecución de las firmas y llevarnos al impasse, ya decíamos en nuestra columna anterior, el factor tiempo es critico, de no existir este impasse el proyecto podría estar finalmente listo en su aprobación legislativa de segundo y último debate para el final de este mes.
Si el impasse se activa, hay dos escenarios, que la Sala tome todo el plazo de ley para emitir su criterio a la consulta, este plazo es de un mes, el criterio de la Sala es de orden vinculante con dos escenarios posibles en ese caso son: el primero que considere que no hay vicios en el procedimiento, aspecto ya de por sí difícil y donde será critica una valoración más allá de la forma los aspectos de oportunidad de una decisión meramente de cajón, copiando las dos sentencias que han dejado a Costa Rica de vuelta a base cero en materia fiscal, con Solidaridad Tributaria y el Pacto Fiscal, lo que es la salida fácil para la Sala, aparentemente gananciosa para país, pero la que conllevará las consecuencias mas nefastas para la economía y esta con rostro de ganadores y perdedores indudablemente en contra de las personas mas necesitados o menos favorecidas en primer instancia, pero destruyendo de manera masiva riqueza que hoy es la que sostiene la base recaudatoria y aumentando los niveles de informalidad, generando una caótica situación de default en la deuda con escaladas en los tipos de interés y de cambio, sumiéndonos en un caracol de caída libre.
De encontrar vicios de procedimiento, que los hay, la Sala tiene que indicar a la vez la magnitud de los mismos a efectos de dimensionar si los mismos son resolubles y a que etapa habría que llevar el proyecto para solventar los vicios incurridos, si nos mandan a base cero, estamos ante el caos antes dicho, si nos devuelve a una fase avanzada y demora un tanto la enmienda de la condición, esto puede ser la mejor de las salidas, de ahí que los señores de la Sala deben de tener muy en cuenta la correcta caja de balances y resonancias de los derechos y los deberes, ya que en esto consiste la sabiduría de una tribunal de constitucionalidad, en ir a la consideración global de los valores jurídicos en juego y decantarse en la sentencia por la tutela del interés general, sin obviar hacer las respectivas advertencias que legalmente correspondan en relación con la forma.
Si el escenario del impasse se da y se aplican los criterios de tutela del interés general por encima de los aspectos de forma, después de transcurrido el plazo se iría al proceso final sea tercera etapa que es el segundo debate, con lo que los tiempos si todo marcha para adelante, donde está la verdadera opción país, es ya el final de setiembre o de octubre eventualmente.
No puedo dejar de advertir la importancia por tanto de evitar caer en el impasse por el riesgo que implica y el tener que eventualmente que tirar al cesto de la basura el proyecto-peor pero posible escenario-con lo que estaríamos con el proyecto depositando en un cesto sin fondo a lo mas preciado que tenemos que es nuestro país.
El manejo de las relaciones y negociaciones en el segundo párrafo son críticas, también es crítico llamar la atención al deber patriótico de los señores diputados de la fracción de mayoría, de usar esta herramienta con una visión país, sin aspavientos pero con firmeza, con claridad de que hay cosas que se logran y se pueden lograr en esta etapa aun, pero escogiendo con pericia el uso del arte de la política que es el dialogo, la construcción y la razón, si por cualquier motivo no se les acercan a negociar vayan a buscar los votos de los asuntos medulares de las mociones de reiteración. El país estará expectante sin duda de la aplicación de los elementos constructivos del arte de la política que es el de ceder sin acceder, como lo planteaba en su momento un Santo católico San José María Escrivá, ceder para seguir luchando-sin acceder, por un valor superior dejar para mejor momento el asunto- es una virtud cardinal que todos los diputados, sin distingo de partido y evitando los discursos tentadores de orden populista deben tener, contando con que hoy mas que nunca el destino de la Patria a la que juraron lealtad y defensa, están en juego y solo depende de ustedes, padres y madres de la Patria.
Cuando tengan que interiorizar sus decisiones no dejen de poner en ella el rosto humano de los que hemos depositado la confianza en ustedes, unos en unos y otros en otros, pero todos en ustedes los que hoy toca representar los mas altos intereses de la Patria. 

 

Carlos Camacho Córdoba 

 

Socio Director

 

ccamacho@grupocamacho.com

 

Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/tres-etapas-y-un-posible-impasse

Caminando con un pie

A pesar de que muchos seres humanos admirables, por condiciones de su naturaleza o resultado de un accidente, logran caminar en un solo pie, en materia de los aspectos financieros de un país, definitivamente no es de recibo que solo hagamos este ejercicio, por sentir cercenada la existencia del segundo pie, que no solo tenemos, sino que es el que ha provocado los problemas fundamentales de la situación financiera fiscal que tiene el país.
Ante la noticia una amarga y otra dulce, cada quien escoge el sabor que ponerles a los hechos, por un lado de tener ya un texto sustitutivo aprobado en Comisión, se da como reacción de parte de la señora Ministra de Hacienda, la aparición de la luz de un plan B que consta según su reacción visceral ante aprobación de exenciones, con las que tampoco comulgamos, la aparición de la necesidad de reducir el número de empleados públicos, esto más que una amenaza, es sin duda la más necesaria de las medicinas complementarias al indispensable paquete de medidas de impuestos.
La aparición del plan B es el asomo del otro pie, ausente hasta ahora, de forma sustancial, ya que lo que el mismo proyecto lo que lleva son asomos adjetivos, carentes de contenido sustancial en la contención efectiva del gasto; donde no vemos la razón, para que esta sea una herramienta coercitiva, sino un medio integral de ver la solución del problema fiscal que se compone en efecto, tanto de la calidad y cantidad de los ingresos como de los costos y gastos del gobierno. A esta fugaz aparición del destello de la luz en el camino de la solución, vemos cómo las reacciones del público no se dejan esperar, siendo extremas algunas, por ende, inviables, como correctos otros; siendo los inviables dejar de aprobar impuestos e irnos por plan B únicamente, por más que se hiciera en esta línea, sería insuficiente, así como socialmente muy oneroso, lograr resolver el problema fiscal del corto plazo mediante la reducción pura del tamaño del Estado, pero es indudable que las reacciones más sensatas son aquellas que han indicado son las que indican que se haga lo debido en materia de impuestos, que inicien urgentemente las acciones del plan B, reducción urgente e inmediata del tamaño del Estado, cierre de instituciones redundantes y por qué no las del plan C, como lo puede ser la acción de orden monetario de la devaluación del colón, para lograr reducir la proporcionalidad de déficit versus PIB, así como que fomente la competitividad externa para lograr una reactivación en los sectores productivos exportadores, así como del consumo del producto local, que se vería beneficiado con el encarecimiento de las importaciones, que palíen el tema de creciente y grave condición del desempleo.
Es curioso como la señora Ministra se exacerba para ver la luz de la existencia del otro pie al hablar del plan B, en razón de las exenciones de educación y canasta básica, de nuevo, que no son de nuestra particular comunión, pero incoherentes con hechos como haber excluido del texto sustitutivo nuevos contribuyentes, que solamente diez días antes, estaban siendo promovidos a tributar por el impuesto sobre la renta, sobre esto, parece necesaria una explicación de transparencia y coherencia de parte del Ministerio de Hacienda, que obedezca a motivos técnicos y simples presiones de grupos con mayor poder de influencia que los consumidores mismos, porque ahí sí que tenemos la cancha desnivelada, pudiendo generar un caldo de cultivo a la desobediencia civil en materia fiscal, ya que no se puede sostener un principio de igualdad y solidaridad, con unos iguales más iguales que otros, esto implica sin duda, un quebranto del fundamental principio de igualdad constitucional.
Son diversas las ocasiones en que hemos resaltado la necesidad de ordenar las finanzas públicas mediante la creación de un sistema de derecho financiero presupuestario, que surja de anualmente revisar qué costos de inversión, gastos corrientes y obligaciones pendientes hay que atender, para así definir las reglas fiscales que deben regir de manera dinámica. Los impuestos deben ser una norma que se revise de conformidad con las necesidades que acordemos atender anualmente, no una de las múltiples áreas de rigidez del sistema de derecho presupuestario, esto implicaría que cuando queramos aumentar la inversión o el gasto, así como cuando tengamos que atender nuevas obligaciones resultantes de hechos pasados, sin duda, debemos variar hacia arriba o abajo las tarifas de impuestos, o diferir, eliminar o redimensionar ya la inversión o los gastos corrientes del Estado, nótese que omito la línea de cumplimiento de obligaciones ya que las deudas son para pagarlas, o para renegociarles, pero esto debe siempre hacerse ex ante, no ex post para no poner en riesgo condiciones de calificación de crédito del país .
Esto evitaría dos fenómenos de los que padecemos como país: el primero tomar por un hecho que las erogaciones que existen son inflexibles y que eso implica como ya están en el presupuesto son intocables, el principio que nos hace mantener instituciones históricamente funcionales pero superadas por el tiempo y la evolución de las realidades, tanto como concientizar que solo con mayores contribuciones podemos esperar una mayor inversión del Estado. Cabe destacar que el planteamiento anterior es una forma moderna de ver el asunto de la gestión pública, no podemos seguir esperando que el Estado siga siendo el mayor empleador individual directo e indirecto, si no estamos dispuestos a pagar por ello.
Tampoco podemos esperar que la inversión pública sea responsabilidad financiera del Estado, limitando las funciones de este a las propias de la condición de velar por el interés público. A la vez, debemos contar con herramientas para que estas decisiones lleguen de forma clara y distinguible a los sectores productivos, que vean en la flexibilidad del derecho presupuestario, medios de definir qué elementos están dispuestos a financiar de manera directa, asumiendo los costos, o mediante las contribuciones a un Estado, más reducido, más ágil, que acompañe los sectores de producción de riqueza, ya que si los impuestos tienen las funciones indicadas de financiamiento de los compromisos financieros del Estado, también lo tienen en la redistribución de la riqueza, pero si destruimos esta o las fuentes productora de la misma, lo que queda como sociedad es pobreza, la que es nefasto y kafkiano distribuir.

 

Carlos Camacho Córdoba 

 

Socio Director

 

ccamacho@grupocamacho.com

 

Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/caminando-con-un-pie

Plan Fiscal y OCDE

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

En la agenda de tres puntos para el camino de incorporación de Costa Rica a la OCDE, se encuentra en tercer lugar el de la urgencia de aprobar un plan fiscal que ordene las finanzas públicas del país. Para contextualizar el que estaba en conocimiento de la Asamblea Legislativa en el momento de la visita, tenía incorporadas tanto la reforma del impuesto de ventas para transformarlo en uno de impuesto al valor agregado, como una reforma integral al impuesto sobre la renta. Como es de todos conocido, la carencia de oxígeno de negociación política, hizo que el proyecto fuera decayendo en alcance hasta llegar a la mínima expresión que se encuentra en una dudosa agenda de sesiones extraordinarias, ahora bajo el nombre de “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, que deja solo el IVA y una pincelada a temas de renta.

Es fundamental recapitular las razones para que este último de los aspectos de la agenda nacional, sea de relevancia para el cumplimiento de los mínimos requeridos y esperados por la Organización para la Cooperación Desarrollo Económicos. Todo país que tenga aspiraciones de un desarrollo sustentable y creciente en lo que respecta a competitividad y mejora del ambiente de negocios, requiere contar con unas finanzas públicas de condiciones tales que, el Gobierno sea un propiciador de condiciones de competitividad y accesibilidad al emprendedurismo privado, sacando de sí las instituciones y costos relacionados con una gestión del Estado que sea contradictorio u obstructivo al logro de dichos objetivos.

La OCDE, siendo una organización de países desarrollados, no hace que sus aspirantes se conviertan en desarrollados por la mera afiliación y admisión, sino por el código de conducta de diversa índole que promueve el desarrollo integral y sostenible de sus países miembros basados entre otros en una clara disciplina fiscal. Es decir, que el examen de admisión no tiene que ver con voluntades o compromisos, sino con las realidades y los sustentos de los mismos para poder lograr una paridad comparable entre sus países miembros, eso caracteriza la razón de ser de requisitos que van desde lo fiscal como lo es el caso que nos ocupa, hasta las condiciones de seguridad legal, equidad, educación, condiciones laborales, compromisos y acciones medioambientales entre otros. Para una fiel representación de los objetivos amplios de la OCDE, transcribo lo correspondiente a la descripción que hace la Organización de sí misma:

“Trabajamos para entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental. Medimos la productividad y los flujos globales del comercio e inversión. Analizamos y comparamos datos para realizar pronósticos de tendencias. Fijamos estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas.” (fuente:http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/

Es precisamente, por los objetivos dichos, que esta organización vela por la salud de sus países miembros, dictando mejores prácticas para el logro de estos niveles de facilitación del proceso de globalización en un ambiente ordenado, de justo comercio, así como de certeza en los términos condiciones y motivaciones económicas válidas, para la atracción o movilización de los capitales.

Costa Rica padece de males endémicos en materia fiscal cuyos orígenes datan de la falta de actualización de la visión del Estado moderno y su rol en la economía, manteniendo estructura y gasto concomitante, a la del Estado protagonista, empresario, regulador, empleador y otra serie de roles hoy observados objetivamente, han sido de gran impacto positivo en la historia del país, en el logro de sus índices de desarrollo humano, en el logro de unas condiciones razonables de libertad relativa económica y social, pero la falta de actualización, viene hace al menos dos décadas dejándonos ayunos de los beneficios efectivos de la globalización económica. No se trata de ser detractor de la historia, es entender que esta es dinámica, que tiene ciclos y que la del modelo de Estado asumida con gran visión por los pensadores de la década de los años 40 del siglo pasado, no era conteste a la entrada del actual milenio y los retos que esto representa.

El motivo para tocar el tema de modelo del Estado tiene motivo en hacer conciencia de que mientras no se logre definir el nuevo modelo de Estado, cualquier mejora que pueda darse en materia de recaudación fiscal, llegará a ser no solo financieramente insuficiente, sino que generará condiciones de severos desajustes en la competitividad menoscabada ya de los actores del sector privado.

Ahora bien, no es posible de golpe y porrazo hacer todos los cambios que se requieren en el modelo de Estado adecuado a las actuales condiciones, pero hay que iniciar de inmediato y de forma simultánea con la reforma fiscal integral en materia de IVA y renta, que permitan recoger nuevas manifestaciones —comparadas con las actuales de los cuerpos legales existentes— de capacidades contributivas hoy fuera del ámbito de las normas legales y por tanto, fuera de las posibilidades de llevar a las arcas del Estado aun mejorando la paupérrima gestión de fiscalización, que se concentra en seguir siempre cargando los hombros de los mismos; en el sector formal de la economía, dejando impune a los defraudadores conocidos y desconocidos, así como la economía subterránea, cuyas dimensiones ya son tan abrumadoras que hacen inviable la competitividad de quienes cumplimos, con aquellos que en la sombra de la informalidad o al amparo de regímenes sin controles, no asumen los costos de hacer negocios con respecto a los agentes económicos que responsablemente enfrentamos los costos incrementales de hacer negocios en Costa Rica sufriendo la disparidad en la competitividad.

Una reforma fiscal es indispensable, completa, integral, incluyendo los cambios estructurales a nivel de administración tributaria, para que sea el medio a través del que paguemos lo que debemos, generemos condiciones que propicien la movilidad laboral, la apertura de nuevos emprendimientos, el fortalecimiento de las actuales empresas nacionales y multinacionales, que tengamos acceso más directo y a menores costos relativos a facilidades crediticias, que no incorporen en las tasas de interés las incapacidades de resolver en lo fiscal el tema del ingreso creciente y el gasto decreciente, sean tendencias inversas a las actuales, para que todos como sociedad, podamos acceder a mejores condiciones de orden autogestionarias en la economía global.

Cortesía de La República

Proyecto de fortalecimiento de finanzas públicas

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Como ha sido anunciado por el Gobierno de la República, en las sesiones extraordinarias se conocerá el último intento de la Administración Solís Rivera por dotar de una reforma que, aunque parcialmente, resuelva la crítica condición de las finanzas públicas de Costa Rica.

El proyecto consiste de tres partes: La creación de un impuesto de valor agregado que sustituya al obsoleto y actual impuesto de ventas, la creación de un impuesto a las ganancias de capital, así como una serie de medidas que conllevan un tímido intento de poner algunos límites a los disparadores del gasto público, en concreto el tema del salario y los agregados que de estos se derivan.

En relación con el IVA, consideramos que se logran avances importantes en el acercamiento de fuerzas, siendo la más destacada la de mantener una tarifa general del 13% en sentido contrario a las primeras propuestas del Gobierno, asimismo, se logra una tarifa reducida con algunos elementos innovadores como la devolución —a los usuarios— de lo pagado por los servicios médicos privados, a cambio que el pago de dichos servicios sea por medios constatables de orden electrónico, evitando una de las bolsas de fraude fiscal más conocidas e impunes del país. La tarifa reducida propuesta parece razonable a niveles del 4%, esto motiva el control fiscal de diversas actividades, donde quizá el caballo de batalla de los detractores del proyecto es insistir en el tema de los libros en cualquier formato a esta tarifa, aspecto que puede ser negociado y finalmente no es en las cobijas donde se alberga el frío. Por otra parte, se mantienen unos plazos de entrada en vigor razonable en relación con la puesta en marcha después de la aprobación, quita esto el carácter de ciclo electoral al proyecto visto que es claro que aun en el mejor de los escenarios de aprobación en vía rápida en estas sesiones extraordinarias, a la actual Administración no le tocará ver nacer el primer céntimo de la recaudación, lo que parece al menos razonable desde la óptica de los intereses electorales del corto plazo, a pesar del detrimento trepidante que cada minuto tiene en las finanzas públicas. La inclusión universal de los servicios y del concepto de bienes por encima del de mercancías, es constante en este y todos los demás proyectos, lo que sigue las tendencias de un IVA más moderno. La tentación sigue en la canasta de las exenciones, sin tener en cuenta que el exento, nos es más que alguien que en la cadena del IVA queda en la trampa del costo incremental, con o sin capacidad de poder trasladar económicamente dicho efecto.

Se pasa del intento de una reforma integral a la ley de impuesto sobre la renta, que es indispensable llevar a cabo para introducir la progresividad necesaria en el sistema; a una mera sujeción de las ganancias de capital, mediante la creación de otra cédula del impuesto sobre la renta a una tarifa del 15%, esto parece al menos resolver la creciente discusión del tratamiento de las ganancias de capital, pretendiendo caracterizar como tales también las diferencias de cambio, aspecto de reciente controversia entre los criterios de expertos y la norma, tanto como de las resoluciones contradictorias emitidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo. Acompaña a esta peregrina reforma en renta una norma de ajustes en relación con pagos efectuados a paraísos fiscales, norma destiempada y construida con un modelo quizá más obsoleto que se construye a partir de la comparación de las tarifas de las jurisdicciones en nominal, sin considerar las recomendaciones hechas por la OCDE en relación con las efectivas característica de un régimen fiscal pernicioso, recogido en las acciones BEPS y en el reciente documento emitido por ese organismo en relación con el tema de regímenes fiscales agresivos.

En relación con el gasto público y el régimen de privilegios, la verdad sea dicha muy tímida, se logra un avance apenas digno de mencionar, con poca dirección a la parte cordal del problema, abordándolo con un enfoque de hacer poco pues la Administración está de salida, aspecto que se denota más aun cuando se ve la vigencia de los posibles cambios, entra a regir, a partir del próximo 8 de mayo de 2018, nada más obvio, que esta bronca se le quedó como papa caliente en las manos de la nueva Administración.

De cara al ambiente de estas sesiones extraordinarias, que van del pasado 1 de diciembre al próximo 30 de abril, es claro que ya el mes de diciembre ni se discutirá la vía rápida para el proyecto, lo que dada la cercanía de las elecciones y la distracción que estas provocan en enero a los miembros de la Asamblea Legislativa, no será sino hasta la elección de febrero, esperando que la misma sea definitiva y no lleve a una incierta condición de segunda ronda, aspecto que les dejaría muy poco o nada a los diputados en la presente legislatura. A favor del proyecto debemos abonar que el entrarle a una de las máquinas de recaudación cualquier posible partido con aspiraciones razonables de llegar al poder estaría de acuerdo, repito, después de las elecciones de dar su apoyo a la iniciativa a fin de que el agua fresca sea la compañera de la próxima administración. Habrá que prestar atención, en especial los cientos de miles de nuevos contribuyentes del sector servicios que tendremos el reto de implementación tarde o temprano.

Cortesía de La República