LEY 23 de Panamá

 

La gran mayoría de los países del mundo han llevado a cabo procesos de fortalecimiento de sus marcos jurídicos para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo (BC/FT). A nivel regional, desde finales de la década de los años noventa y principios del nuevo siglo, los países de Centroamérica y Panamá también han promulgado legislaciones, primeramente, aplicados en sus sistemas financieros y posteriormente a los sectores no financieros de sus economías.
Panamá no es ajena a esta coyuntura. El 22 de abril del 2015, Panamá aprobó la Ley 23 con la cual se adoptó medidas para prevenir el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, a una amplia gama de Sujetos Obligados, a saber:
1.-Sujetos Obligados Financieros: son los supervisados por la Superintendencia de Bancos de Panamá para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
2.-Sujetos Obligados No Financieros: son los supervisados por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas.
3.-Actividades Realizadas por Profesionales Sujetas a Supervisión: es decir, los abogados, contadores públicos autorizados y notarios, cuando en el ejercicio de su actividad profesional realicen en nombre de un cliente o por un cliente.
Este boletín informativo se refiere a las acepciones 2 y 3 anteriores que, conjuntamente, se conocen bajo la nomenclatura del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como “Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)”.
La Ley 23 se caracteriza por tipificar una amplia gama de actividades y profesiones no financieras en Panamá y que se detallan en el anexo 1, al final del boletín. Además, dicha norma requiere de los sujetos obligados a establecer una serie de controles internos que claramente impacta la cultura de riesgo, la relación comercial con clientes y proveedores, y los costos operativos de dichos controles en las empresas del sector APNFD.

 

¿Cómo impacta la Ley 23 a mi empresa del sector APNFD?

 

Primeramente, debemos decir que la Ley 23 supone para las empresas del sector no financiero un cambio significativo en su forma de conducir sus negocios por el cambio que debe imperar en la cultura organizacional, la relación comercial con clientes y proveedores y la gestión de riesgo de BC/FT.
En el cumplimiento de la normativa bajo supervisión por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros requiere la implementación de una serie de medidas importantes en los modelos de negocios de las empresas respecto a la prevención del BC/FT.
En este sentido, la adopción por parte de los Sujetos Obligados de un enfoque basado en riesgos (EBR), se refiere a que las mismas deben implementar en sus empresas medidas y controles internos dirigidas a prevenir o mitigar los riesgos identificados de BC/FT, tal que la empresa APNFD pueda establecer procesos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de BC/FT, aspectos que muy posiblemente no existen o existen parcialmente dentro de las prácticas actuales de las empresas APNFD.
La nueva normativa requiere, a fin de garantizar su éxito, introducir a lo interno de las empresas del sector APNFD un proceso que debe permear la cultura organizacional en todos los niveles, desde las Juntas Directivas o Consejos de Administración, Propietarios, Administración Superior, mandos medios, niveles operativos, e incluso a los las áreas donde los colaboradores manejan personalmente la relación comercial con los clientes y proveedores, por ejemplo, en los mostradores, cajas, plataforma de servicios, call centers, centros de distribución, centros de servicio técnico, etc.  
Para lo anterior, es de suma importancia comprender las implicaciones de la Ley 23 tanto a nivel de cultura y la gestión del riesgo de BC/FT como en la operativa del negocio, por el hecho que enfatiza en dos aspectos fundamentales, similar a la regulación que se aplica al sector financiero – bancario, es decir:

 

  • Identificación, verificación y documentación del origen de los fondos de los clientes
  • Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores, así como los empleados

 

Para el primer punto, la Ley 23 requiere que los sujetos obligados deben realizar una labor de identificación, verificación y documentación del origen de los fondos de sus clientes y proveedores.
Además de la declaración de los clientes/proveedores sobre sus datos de información básica de administración y negocios, existe el requerimiento adicional de verificar y documentar para su posterior reporte ante las autoridades (Intendencia y la Unidad de Análisis Financiero) sobre dicha información mediante el resguardo de documentación física/digital sobre los clientes y proveedores.
Con respecto al segundo punto, además de registrar los datos de clientes y proveedores, que usualmente se limitan a los aspectos generales como, por ejemplo, nombre, tipo de identificación, Registro Tributario Nacional, lugar de residencia, teléfono, correo electrónico, patrono, etc.
La Ley 23 requiere a los sujetos obligados complementar sus bases de datos con otros rubros de información de sus clientes a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional / empresarial, así como a comprobar las actividades declaradas por los clientes y proveedores correspondan con su perfil financiero y/o transaccional, e identificar y saber quién es el beneficiario final de sus clientes y proveedores.
Estos dos puntos implican el establecimiento de controles internos y reportería para la aplicación de medidas preventivas con un enfoque basado en riesgos, que a lo mejor no existe actualmente en muchas de las empresas APNFD, por lo que deben tomar las previsiones necesarias en cada caso en cumplimiento de la normativa.
Por otra parte, la Ley 23 impacta a los sujetos obligados con el requerimiento de nombrar un Enlace de Cumplimiento, persona interna a la empresa que conoce el mercado y el negocio, responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención de LA/FT e la empresa obligada y que sirve de Enlace ante la Intendencia y la UAF, quien es la persona responsable de gestionar los riesgos de LA/FT, dotado con los recursos humanos, de infraestructura y tecnológicos necesarios para gestionar los riesgos de BC/FT, lo cual claramente implicar un impacto económico de los sujetos obligados.
Finalmente, bajo el plan de acción de la Estrategia Nacional de Riesgo para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, bajo la Ley 23 es de esperar que la Intendencia en su labor de supervisión, lleve a cabo el cruce de bases de datos de clientes / proveedores de los sujetos obligadas con las de otras entidades oficiales (autoridad tributaria, poder judicial, etc.).  
El impacto de la nueva ley radica en el hecho de que ahora la prevención de actividades ilícitas se realiza con un enfoque de riesgo, lo cual implica llevar a cabo medidas adicionales para los sujetos obligados del sector no financiero; si bien ello impacta a todas las empresas, grandes y pequeñas, pero en el caso de las PYMES, por ser empresas pequeñas, generalmente muy necesitadas de efectivo, se vuelven muy atractivas para las organizaciones que buscan blanquear capitales.

 

ANEXO 1: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas bajo Ley 23 de Panamá

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá

 

Julio Rodríguez Quirós 

 

 Coordinador de consultoría

 

 jrodriguez@grupocamacho.com

Nuevo formulario de Precios de Transferencia en El Salvador

 

La declaración de Precios de Transferencia en El Salvador presenta una variación significativa para el Periodo Fiscal 2018, debido a que el formato que se venía trabajando hasta la fecha era una versión en físico, sin embargo, de ahora en adelante la presentación de la declaración de precios de transferencia se realizará en digital, además, la misma solicita una serie de elementos e información detallada del análisis que no se solicitaba con anterioridad.
Es importante recordar que para El Salvador se deben analizar las transacciones con partes relacionadas a nivel local y del exterior, lo anterior basado en el decreto 230 del 29 de diciembre del 2009.  Los análisis económicos se deben ver reflejados según el código tributario en el artículo 124-A en un formulario que proporcione la administración tributaria, el cual siempre ha sido en físico y se debe presentar en las oficinas de la Administración Tributaria.
Para el periodo 2018, la presentación del informe de operaciones con sujetos relacionados se debe realizar en formato digital, lo anterior siguiendo la tendencia de las administraciones tributarias centroamericanas.
El nuevo formulario de operaciones con partes relacionadas constará de tres de secciones, las cuales deben ser completadas con la información del Estudio de Precios de Transferencia. Este es el primer punto importante que se debe tener en cuenta; con este nuevo formulario es obligatorio tener el análisis de Precios de Transferencia listo a la hora de crear en línea el formulario, en especial por las nuevas secciones de operaciones con sujetos relacionados, documentos comprobatorios y análisis de operaciones.

 

Una vez incluida la información mencionada en el informe se generará los siguientes anexos:

 

  1. Resumen del Informe de Operaciones con Sujetos Relacionados.
  2. Formulario del Informe de Operaciones con Sujetos Relacionados.
  3. Anexo del Informe de Operaciones con Sujetos Relacionados.

 

El nuevo formato ya se encuentra disponible en la página del Ministerio de Hacienda, solamente se requieren el NIT y la contraseña para ingresar al portal digital.
Sobre este nuevo formulario 982, el primer paso es completar las operaciones con partes relacionadas, tanto a nivel local como del extranjero, en el cual se detalle el tipo de transacción y el monto de cada una de ellas, en el mismo se debe indicar si se realizó un análisis de precios de transferencia, sobre el tipo de operación y el código de relación con su contraparte. El formulario incluye una lista para marcar la transacción realizada y el motivo de relación con su parte relacionada.
En el caso del tipo de relación, existen 11 diferentes motivos para ser consideradas partes relacionadas, que van desde la participación social al menos del 25%, hasta si su contraparte se encuentra ubicada en un paraíso fiscal. Respecto al código y tipo de operación, los mismos se separan en ingresos, egresos, pasivos y activos, contando en el caso de ingresos 19 códigos diferentes, mientras para los egresos 20 diferentes códigos. Para el caso de las operaciones de activos y pasivos contienen 7 y 5 códigos respectivamente.
Un aspecto importante que las administraciones tributarias de la región vienen revisando es el tratamiento de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, debido a los plazos comerciales de las cuentas y en muchas ocasiones la no generación de intereses por sus plazos de cancelación mayores a los comerciales, creando para el contribuyente una contingencia, debido a que los mismos deben ser ingresos financieros generadores de renta y gravables.
Sobre el mismo tema, respecto las cuentas por pagar, un aspecto importante es la intencionalidad de cancelación de las mismas, debido a que los intereses, en muchas ocasiones, los pueden clasificar como no deducibles, en caso de determinación que la cuenta únicamente se utiliza para aumentar los gastos del periodo.
Es importante indicar que el manual de ayuda realizado por el Ministerio de Hacienda muestra paso a paso cómo completar de manera correcta el formulario, donde detalla por casilla los aspectos a considerar. Siguiendo con el llenado, una vez que se complete el registro de partes relacionadas, se debe completar el apartado de: “Documentación comprobatoria”, el cual solicita el tipo de documentación, encargado de su elaboración y el tipo de documentos.
El tercer paso es completar el “análisis de operaciones”, donde se debe colocar el detalle de cómo se procederá a analizar cada una de las transacciones, el formato permite agrupar varias transacciones y solo tener que completar un detalle del grupo de transacciones, además, en caso de analizar las transacciones por separado, se debe ingresar cada una y completar la información del método de análisis y los resultados financieros. Por último, en caso de realizar ajustes de comparabilidad, se debe explicar el ajuste; también en caso de no cumplir con el principio de plena competencia, se debe indicar el monto ajustado por precios de transferencia.
Otro dato a tener en consideración es que cada casilla tiene una lista desplegable. Dentro de las más importantes están los factores de comparabilidad, los elementos para los ajustes, los métodos permitidos de precios de transferencia y los indicadores de rentabilidad permitidos.
Una vez completado el formulario, el mismo se puede revisar y editar antes de ser enviado a la administración tributaria.
Dadas las condiciones indicadas, es de suma importancia estar preparado para la nueva presentación del formulario, tener listo su informe de Precios de Transferencia antes de la fecha establecida para ingresar el formulario y tener un asesor de confianza, que tenga experiencia en la región, completando este tipo de información y así asegurar la presentación en tiempo y forma.

 

Esteban Hernández Valverde

 

Consultor de Impuestos

 

ehernandez@grupocamacho.com

Fase tres

Hemos entrado a partir del pasado 5 de octubre en la fase dos de la discusión del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el que sin duda ha tenido al país sumido en una larga disputa carente de norte.
La carencia de norte se hace evidente cuando los que vamos a pagar esos impuestos nuevos y quienes tendremos que soportar las cargas indirectas impuestas por la normativa conjunta de IVA y modificaciones del Impuesto sobre la Renta, somos los sectores productivos de la riqueza en el sector privado, que aplaudimos la mayoría que se logró en la votación del pasado viernes de 35 votos a favor y 22 en contra para las reglas fiscales que vienen a apoyar la parte de la solución de la grave crisis fiscal que tiene nuestro país y abren un hálito de esperanza al inicio de un camino que al menos de manera ordenada resuelva en el largo plazo los asuntos de estructura fiscal.
Felicitamos a los señores diputados por la gran gallardía de su voto, tanto a favor como en contra, pues en la pluralidad de criterios está la sabiduría, eso denota los claros valores fundamentales de la democracia institucional que caracteriza al ser costarricense y el consecuente Estado de Derecho, que contrasta con la anarquía anónima de la calle que sobrepasa el ejercicio del derecho legal a la huelga, rayando en actos terroristas directos e indirectos, distantes por mucho de la forma de ser costarricense.
Sin duda, hay quienes con el pleno ejercicio de su derecho a disentir han actuado en conciencia y votado en sentido negativo, así como aquellos que han ejercido su derecho a la huelga ya por cuarta semana en defensa de los privilegios excesivos que han causado el grave deterioro de la condición país debido a ser desproporcionados.
Tenemos una recaudación de país infradesarrollado, aspecto que en primera instancia se avanza en resolver con los nuevos impuestos, pero costos de manejo del Estado como el de los países más privilegiados, en concreto los escandinavos en primer lugar, siendo el costo costarricense el de burocracia el tercero en el ranking mundial, contrastando índices de recaudación que nos ponen en los niveles de las centenas en orden descendente, causado en particular por disparadores como las exenciones excesivas e indefinidas en algunos casos, tanto como la evasión y elusión, así como el descarado contrabando.
Este es el motivo por el que no basta con los nuevos impuestos que quienes debemos soportarlos estamos dispuestos en condición de ciudadanos responsables de la integridad de la estabilidad de las finanzas en lo que según la ley que deriva del deber constitucional de contribuir a las cargas públicas, al menos nosotros los que nos hemos sometido al régimen general de tributación, estamos dispuestos a aportar no con gusto, sí con dolor, pero con solidaridad que nos consuela.
Por su parte quienes se benefician por el excesivo paternalismo estatal histórico de las condiciones de privilegio de quienes hoy siguen en huelga, pues hay que poner coto al crecimiento galopante de dichos excesos, uno de los tres factores que en el gasto nos tiene agobiados en las finanzas públicas.
Las causas se pueden resumir de manera muy clara, un Estado conformado por algunos funcionarios altamente corruptos que se enriquecen —por supuesto de manera ilícita pero tristemente impune—, un alto nivel de privilegios en especial concentrado en algunos sectores de la burocracia nacional, siendo la tercera el costo asociado al endeudamiento que se ha requerido para pagar la fiesta griega que sin duda trae consigo consecuencias agrias que ha tenido que pasar ese país mediterráneo.
Una vez concluida la fase dos del proceso siendo esta la del primer debate de la norma por crear, sigue ahora un pasillo del lado, que es opcional de lograrse recoger al menos diez firmas de señores diputados para que se presente una consulta a la Sala Constitucional, en particular referida a asuntos del procedimiento utilizado en la aplicación del artículo del reglamento legislativo 208 bis, que ha sido el aplicado como procedimiento expedito de trámite en este proyecto en particular.
Esta es la tercera fase, en la que existe la posibilidad de que en el plazo máximo de 30 días desde la presentación del proyecto a consulta los resultados probables sean tres: que se encuentre que el proyecto se tramitó conforme el derecho lo ordena con lo que se sigue a la penúltima etapa de la fase de trámite, sea el segundo debate.
La otra posibilidad es que la Sala encuentre que hubo asuntos que se desapegaron del procedimiento, por lo que siendo solventarlos deben serlo antes de que la norma sea aprobada en segundo debate, siendo aquellos vicios de orden principalmente formales solventarlos en fases oportunas.
La tercera opción es la más grave, que implicaría que se encuentren vicios no curables en el proceso legislativo, con declaratoria de inconstitucionalidad y dejando el intento de norma en eso, un simple intento de lograr resolver las condiciones graves del estado de cosas en materia financiera pública.
Esta opción es la que ha ocurrido como antecedente en dos casos anteriores, en el proceso conocido como Pacto Fiscal, en la administración Pacheco de la Espriella y el de Solidaridad Tributaria de la administración Chinchilla Miranda, sucumbiendo en el abismo ambos proyectos por motivos de procedimiento que se definieron como insolventables y, por tanto, declarándose sendas inconstitucionalidades.
Ciertamente, debo ser el primero en admitir que hay vicios que son evidentes en el proceso de trámite del proyecto, también lo hemos advertido de manera reiterada por lo que no se trata de tapar el sol con un dedo y desdecirnos ya que somos coherentes y no como los detractores del Estado de derecho que justificar que el fin legitima cualquier medio, sin embargo, en materia de la aplicación de las valoraciones que haga la Sala Constitucional, se debe tener claro que los derechos y deberes constitucionales son una policromática gama de equilibrios entre bienes y principios jurídicos a considerar tal y como lo dimensionaran los padres del derecho constitucional tanto en la doctrina como en la aplicación concreta en Costa Rica, por los iniciadores de la Sala, indicando que los derechos deben ser dimensionados por sus especiales efectos, siendo la responsabilidad de un Tribunal de lo Constitucional, ser probo en las valoraciones de las consecuencias, debiendo en ocasiones extremas optar no solo por el buen derecho, sino a la luz del mal menor para la sociedad para la que está hecha la Constitución ya que esta no puede terminar siendo un valor en sí misma, sino un instrumento para que el equilibrio de deberes y derechos procuren de la manera más eficiente el bienestar general.
Es con estas líneas de orden fundamental en el derecho constitucional, que instamos respetuosamente a la Sala Constitucional a dimensionar en su sentencia que si bien hay —porque los hay— quebrantos en el procedimiento, la consecuencia de dejar al país a expensas de una crisis galopante donde el conjunto de la sociedad para quien la Constitución debe procurar su bienestar y el efectivo acceso a los derechos fundamentales al acceso al trabajo, la salud, la educación, el libre tránsito, la libertad en su amplio sentido que incluye no ser esclavos de un pesado yugo económico que haga inaccesible el derecho pleno a la condición de la dignidad individual del ciudadano.
Señores magistrados de la honorable Sala Constitucional, el país confía en el poder que se les ha confiado, es tiempo de recuperar el valor fundamental del derecho que es el de tener certidumbre de consecuencias, estamos seguros que son conscientes de la gravedad de su sentencia, que no solo lo es de legalidad del proceso, sino que sus dimensiones son las de marcar el inicio de un camino bifurcado, entre la solución de la estabilidad del país o del caos económico, político y social, por lo más valioso de sus creencias, las mías son en Dios, rogamos resuelvan en el tiempo y la forma que sus conciencias les dicten en buen juicio respecto de todos, como lo dicen ustedes de manera elegante y elocuente erga omnes.

 

Carlos Camacho Córdoba

 

Socio Director

 

ccamacho@grupocamacho.com

 

La planificación fiscal como una opción responsable

 

En los últimos años, el tema de la planificación fiscal ha sido visto con cuidado, pues han existido escándalos mundiales que han afectado a nuestra región, entre ellos, los “Panama Papers” y “Paradise Papers”. Ambos escándalos, han sorprendido a diferentes empresas que han utilizado compañías de papel (compañías que no existen en la vida práctica más solamente en la vida jurídica) con el fin de tener planificaciones fiscales agresivas.
El efecto por estos escándalos ha sido una criminalización de las planificaciones fiscales, y la pregunta inmediata es, si es correcto o no el que las compañías cuenten con una.
Ante esta pregunta, la respuesta es que las planificaciones son buenas en la medida que sean reales. Si bien pueden ser mal realizadas, como es en el caso de estos escándalos, las planificaciones fiscales se pueden llevar a cabo de manera correcta, en donde se responde a criterios de sustancia económica y material que van más allá de intenciones tributarias de evasión o elusión fiscal y en las cuales se logre a su vez encontrar la optimización de los costos tributarios.  
Lo anterior no es ilegal, sino que es responsabilidad de todo gerente general y gerente financiero encontrar la manera de reducir costos y aumentar ingresos de manera eficiente, moral, legal y coherente. Sin embargo, el tema es cómo se realiza esta planificación fiscal, lo que diferencia entre buscar economías de opción y realizar fraude, evasión fiscal o cualquier otro acto ilícito.
Es hacia adonde las reacciones por los escándalos deberían de dirigirse. Realizar una revisión de conciencia si la estructura de pago de impuestos que tengo en este momento dentro de mi grupo económico responde a los criterios legales y las políticas que han venido a plantear las BEPS (15 acciones publicadas por la OCDE para evitar la erosión de la base impositiva y el traslado de utilidades).
Esto aparenta ser fácil, sin embargo, debemos preguntarnos:
¿Las transacciones entre las empresas de mi grupo económico se encuentran bien documentadas y con un sentido económico válido?
Es decir, ¿Se puede comprobar, siempre, ante cualquier fiscalización de cualquier administración tributaria que mis transacciones realmente se llevaron a cabo, y que además de eso tienen lógica económica más allá de una simple reducción de impuestos?
Esto sin lugar a duda es el punto que más ha venido contravenido con las planificaciones fiscales antiguas, pues la planificación fiscal debe de responder a una lógica económica. Esto tiende a preocupar mucho menos a los asesores tributarios que se niegan a la actualización.
Es por ello, por lo que muchas veces, la lógica de una transacción para algunos asesores se encuentra en que el contrato diga que por una regalía se paga un 5% sobre ingresos, sin importar realmente cual es la realidad económica que debe de surgir detrás de esa afirmación, lo cual es de principal importancia en el mundo tributario posterior a las BEPS.
Si una empresa no brinda ningún valor al grupo empresarial como tal, y únicamente existe como dueña de un activo intangible el cual no desarrolla, mejora, mantiene, protege o explota dicho activo, esta empresa puede que no tenga una justificación válida para existir o bien para recibir ninguna ganancia.
Por ello, aunque el contrato diga lo que diga, a nivel fiscal, ahí se estaría ante una planificación fiscal agresiva y por ende castigable. Actualmente si se quisiera definir qué es lo primordial de mi grupo empresarial, eso es que todas empresas tengan una función real y aporte algún valor (más allá del fiscal) a mi grupo empresarial.
Cada caso es sui generis, sin embargo, compartimos las siguientes conclusiones:
1.- Las economías de opción son válidas, es un derecho del contribuyente pagar únicamente lo obligado y recurrir a incentivos, en caso de que pueda, para reducir el pago de impuestos.
2.- Las planificaciones fiscales, siempre y cuando no sean ilegales, y cumplan con una lógica económica más allá de temas fiscales, no son inmorales. Esto pues, muchas veces una planificación fiscal bien realizada, si bien representa un ahorro fiscal, a su vez genera externalidades positivas a la economía de los países.
3.- Si soy un gerente responsable, debo de estar dispuesto de ir al banquillo de confesiones con asesores fiscales de renombre, los cuales me puedan señalar con toda franqueza mis pecados y cómo corregirlos, tal como si fuera una auditoría. Así puedo evitar salir en listas indeseables.
4.- Se debe de comprender que el mundo tributario está evolucionando muy deprisa y que lo que hace unos cinco años se encontraba legalmente viable, puede ser que hoy en día no lo sea, así que es mejor tener una revisión constante de mis impuestos por expertos que se encuentren debidamente actualizados en la materia.
5.- Por último, entender que “entre cielo y tierra no hay nada oculto”, por ello si tengo uno o varios pequeños o grandes secretos, es mejor descubrirlos ante mi asesor fiscal para atenderlos, pues en el momento que una estructura fiscal comienza diciendo: “esto puede ser, pero requerimos que nadie sepa que…” Es la primera señal roja de que algo está mal. Toda estructura debe de estar lo suficientemente sólida para poder ser absolutamente transparente, pues como bien dice el dicho “quien nada debe, nada teme”.

 

Contáctenos y con gusto podemos revisar y actualizar su estrategia tributaria.

 

Eduardo Rodriguez

 

Socio de Consultoría

 

erodriguez@grupocamacho.com

Precios de Transferencia en el IVA

El tema de Precios de Transferencia aparece de forma explícita en el Artículo 12, Capítulo IV del Título I del Proyecto de Ley nombrado: “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, el cual trata sobre la Base Imponible del IVA*:
“En las operaciones entre partes vinculadas, el precio neto de venta debe ajustarse al valor normal de mercado que pactarían partes independientes, siempre que se produzca un perjuicio fiscal.”

 

¿Cómo se produce un perjuicio fiscal?
En términos generales, se produce un perjuicio fiscal cuando un contribuyente, de alguna forma, paga menos impuestos de lo que debería realmente pagar.

 

A la luz del IVA ¿Cuándo se produce un perjuicio fiscal?
El IVA a pagar es el resultado de la diferencia entre los créditos fiscales o saldos a favor del contribuyente y los débitos fiscales o saldos que adeuda el contribuyente al fisco:

 

IVA a pagar=Débitos Fiscales-Créditos Fiscales

 

Dicho lo anterior, hay tres posibilidades para que se genere un perjuicio fiscal:
  1. Débitos Fiscales artificialmente bajos.
  2. Créditos Fiscales artificialmente altos.
  3. Una combinación de las posibilidades anteriores.

 

¿Cómo se generan los créditos y débitos fiscales en IVA?
Cuando un contribuyente realiza la venta de un bien o servicio actúa como agente receptor de impuestos y así contrae una deuda con el fisco o lo que se conoce como un débito fiscal.
Por su parte, cuando el contribuyente adquiere un bien o servicio, debe pagar IVA con lo cual se genera un saldo a favor del contribuyente o lo que se conoce como crédito fiscal.

 

¿Por qué se busca ajustar el precio neto de venta al valor normal de mercado?
Suponga que un contribuyente vende un bien o servicio a una parte vinculada a un precio inferior al valor normal de mercado. Bajo esta condición estaría percibiendo menor IVA, disminuyendo artificialmente sus débitos fiscales y por tanto produciendo un perjuicio fiscal.
Por su parte, suponga que un contribuyente compra un bien o servicio a una parte vinculada a un precio superior al valor normal de mercado. En este caso estaría pagando mayor IVA, aumentando artificialmente sus créditos fiscales y por tanto produciendo un perjuicio fiscal. La mayor expresión de este ejemplo se manifiesta en las transacciones a valores cero.
Para solventar estas situaciones, el fisco se vale de la técnica de Precios de Transferencia para que los contribuyentes realicen sus operaciones con partes vinculadas al valor normal de mercado y de esa forma reporten los débitos y créditos fiscales correctos a la hora de liquidar el IVA.
El IVA se liquida de forma mensual, por lo que es de vital importancia acoplarse a los valores normales de mercado mes a mes y para esto es necesario contar de forma oportuna con el Estudio de Precios de Transferencia, el cual ya de por sí, debe estar a disposición de la Administración Tributaria para fines de renta como lo indica el nuevo artículo 81 bis (producto de la reforma) y como se encuentra presente en nuestra normativa desde setiembre del 2013 mediante el  Decreto 37898-H.
La correcta determinación de los créditos fiscales es además indispensable para el adecuado cálculo de la proporción de crédito fiscal que deberá aplicar el contribuyente según los artículos 23 y 24 de la nueva Ley de Impuesto Sobre el Valor Agregado, introducido en el Título I del Proyecto de Ley. Sin ahondar en este punto, si el contribuyente está determinando sus créditos fiscales erróneamente a raíz de no acoplarse a los valores normales de mercado en la adquisición de bienes o servicios con partes vinculadas, al finalizar el periodo tendrá una proporción de crédito fiscal sesgada alimentada de datos incorrectos y adolecerá esta situación durante todo el periodo fiscal por venir.
Dicho lo anterior, el contribuyente debe conocer de manera previa, los valores normales de mercado de las operaciones que se disponga a ejecutar con partes vinculadas. Esto requiere de un análisis de mercado para determinar los márgenes de tolerancia que se reflejan entre partes independientes y poder utilizarlos como referencia en la determinación de Precios de Transferencia.
En Grupo Camacho Internacional prestamos asesoría tributaria de forma integral, por lo que somos sus mejores aliados para anticiparse a la entrada en vigor del IVA y realizar los Estudios de Precios de Transferencia de forma oportuna para cumplir con la correcta determinación de créditos fiscales y el adecuado cálculo de la proporción de crédito fiscal.

 

*La Base Imponible para el IVA corresponde al precio neto de venta del bien o servicio.

 

Alberto Rubí

 

Consultor de impuestos

 

arubi@grupocamacho.com 

Precios de Transferencia: Elemento fundamental de una planeación corporativa estratégica

 

Es innegable que la globalización y el incremento de la competitividad en el entorno internacional van cada vez más rompiendo las brechas y barreras físicas entre los países. En este mismo sentido, viene a cobrar relevancia para las administraciones tributarias, el establecer mecanismos de control que permitan regular y/o analizar las condiciones establecidas para el flujo de operaciones entre entidades relacionadas.
Dicha vinculación, bien sea por ser parte de un mismo grupo económico o por la existencia de alguna relación de control entre diferentes entidades, puede tener un efecto directo en los precios o márgenes que se pactan en sus transacciones, lo cual puede permitir que los mismos se encuentran influenciados por dichas relaciones y no encontrarse  en condiciones que hubiesen sido pactadas por terceros independientes en situaciones comerciales comparables, afectando directamente la base imponible del impuesto sobre la renta de un determinado país.
De acuerdo con lo anterior, es importante recalcar, que el hecho de que existan operaciones entre partes relacionadas dentro de un grupo económico, no necesariamente quiere decir que las mismas estén pactadas con la intención de migrar capitales hacia jurisdicciones de baja imposición fiscal y pagar menos impuestos en el país donde residen.
Sin embargo, a la luz de las normas de precios de transferencia, se hace necesario poder demostrarlo. En este sentido, las regulaciones de precios de transferencia si bien son una obligación con la que se tiene que cumplir, pueden asumirse como una forma de planificación estratégica, que permitan modelar las operaciones entre empresas vinculadas, mediante el establecimiento de políticas comerciales intra-grupo que se encuentren plenamente entrelazadas con las estructuras fiscales existentes en la compañía.
El diseño de una política de precios de transferencia, que mejor se adapte a estructuras corporativas globales, es un aspecto clave en la búsqueda de la eficacia de la organización, ya que permite asegurar la congruencia de los objetivos corporativos generales entre todas las entidades que componen un grupo. Así se minimizan los conflictos de intereses, se incentivan a las partes relacionadas a la búsqueda de soluciones comunes, mediante la correcta asignación de beneficios de acuerdo con las funciones y actividades desempeñadas y riesgos asumidos por cada una, que a su vez trae consigo la minimización de riesgos de cumplimiento fiscal en las respectivas jurisdicciones donde opera cada entidad miembro del grupo económico.    
Si bien las regulaciones de precios de transferencia vienen aplicándose más recientemente en Centroamérica, esto no quiere decir que vengan con menor fuerza, al contrario, las mismas tienen un marco legal de plena aplicación y con sanciones claras por incumplimiento.
A continuación, un cuadro resumen con las obligaciones vigentes en materia de Precios de Transferencia en cada uno de los países de Centroamérica:
Aunado a los anteriores requerimientos, es importante resaltar las más recientes acciones que han surgido en el ámbito global por el trabajo conjunto de la OCDE y los países del G20, en aras de la transparencia y evitar la evasión fiscal,  donde han sido establecidas una serie de Acciones (15) con el fin de evitar la erosión de la base imponible en los países, mejor conocido como el proyecto de Base Erosion and Profit Shifting o BEPS, siendo la Acción 13 la más específica en materia de precios de transferencia, por medio de la cual se introducen tres elementos adicionales al cumplimiento regulatorio en materia de precios de transferencia, los cuales son el Masterfile, Localfile y Country by Country reporting.

 

El Masterfile o informe corporativo:
Debe contener información general del grupo, descripción del negocio, factores generadores de beneficios, creación de valor e ingresos, intangibles, actividad financiera y fiscal, entre otros.

 

LocalFile:
Debe contener información detallada acerca de los negocios de la entidad local, operaciones con vinculadas, información financiera, entre otros, mejor conocido como estudio de precios de transferencia.

 

Country By Country Reporting:
Es un formato que solicita información detallada por país de las entidades de un grupo económico, que debe contener lo siguiente: detalle de ingresos, resultados antes de impuesto, impuestos pagados y acumulados, capital, número de trabajadores, actividad económica entre otros.

 

Considerando lo anterior, es importante recalcar que los planteamientos de la Acción 13, han sido puestos en marcha en Centroamérica, con lineamientos vigentes en la materia en Costa Rica, Panamá y Guatemala.
En este sentido, se hace cada vez más evidente la importancia de una planeación corporativa enlazada con estos elementos, que si bien persiguen un fin de transparencia fiscal internacional, son un factor clave para la organización corporativa y definición de políticas intra-grupo sanas y apegadas a los principios de equidad y realidad económica.  
 En Grupo Camacho Internacional contamos con la experiencia y el equipo profesional para realizar la planeación corporativa tributaria de su grupo, estamos a su disposición.

 

José Guerra Tovar

 

Gerente de impuestos

 

jguerra@grupocamacho.com

 

¿Cuál es el impacto del IVA en su Flujo de Efectivo?

Para comenzar a tratar la temática del flujo de efectivo, primero es importante tener en claro la importancia de este dentro de las finanzas de su empresa. El flujo de caja (Cash Flow) es aquel informe que nos indica cuales son las entradas y salidas reales de efectivo en una empresa. Este libro es el que tiene la mayor importancia financiera, pues es el que nos señala si una empresa tiene la capacidad de pagar deudas, repartir dividendos, comprar inventario, etc.
Por lo anterior, todo financiero siempre asegura que el flujo de caja es el aspecto más crucial de una empresa. Un flujo de caja sano es sinónimo de una empresa sana. Dentro del flujo de caja, hay un concepto con el que se debe ser cuidadoso, pues muchas veces se deja de lado, este es el capital de trabajo, pues es la cuenta que nos indica el efectivo en corto plazo y el necesario para el funcionamiento diario. Sin entrar a explicar con mayor detalle el capital de trabajo, solo como un fin aclaratorio, el capital de trabajo se refiere a las variaciones entre el activo circulante menos el pasivo circulante
Muchas veces las compañías lo pierden de vista al inclinarse a un análisis más básico de pérdidas y ganancias y dejan de observar la necesidad de las correctas políticas de cobro y pago, que les permitan el funcionamiento diario de la empresa, sin tener que recurrir a préstamos o de hacerlo saber detectarlo de forma oportuna. Frente a un panorama de futuras tasas de interés al alza, la idea de pedir préstamos para cumplir con obligaciones, puede ser la peor táctica que lleve a una empresa la iliquidez e inclusive en casos extremos a la quiebra, en especial en época de crisis.
Ahora bien, con lo anterior claro, podemos comenzar a vislumbrar cuál sería el impacto del IVA en el flujo de caja. El IVA genera, a nivel contable al hacer una compra, un aumento de un 13% en una cuenta por cobrar con el fisco (el crédito fiscal) y a la hora de la venta, un aumento del 13% en una cuenta por pagar con el fisco (el débito fiscal) los cuales se liquidan en los primeros 15 días y se paga la diferencia, esto si existe acreditación plena.
Ahora bien, el conflicto ocurre cuando las ventas se realizan a plazos mayores de un mes, pues cuando eso sucede así, con el registro de la venta, al mes siguiente se debe cancelar el IVA que se haya devengado, aunque se tenga pendiente la percepción de la misma. Como consecuencia de esta situación, se comienza a financiar un IVA del cliente. Otro efecto por considerar son las empresas que realizan las ventas con tarjetas de crédito, pues la reforma plantea realizar una retención del 6% en las ventas. De forma tal que si la diferencia entre el crédito y el débito del IVA es menor al 6%, que ya se retuvo, las compañías tendrán que solicitar una devolución.  
Ahora bien, esos son los problemas en el flujo de caja fáciles de solucionar. Los problemas reales se dan cuando la empresa se enfrenta a las reglas de prorrata, pues la norma indica que se calculará el porcentaje del IVA pagado, que es realmente acreditable, al inicio del año con la experiencia del año anterior y hasta diciembre podrá realizar el ajuste necesario, aspecto que redunda en la práctica del desmejoramiento del corto plazo del flujo de caja.
Así pues, en caso de que la empresa por alguna razón sufra variaciones en ventas o productos, su porcentaje cambiará y en el supuesto de que la empresa haya tomado un crédito fiscal mayor que el real, la empresa tendrá que hacer un desembolso el 15 de enero para pagar la diferencia acumulada en razón de la aplicación de la prorrata. Entonces en las fechas de mayor salida de efectivo, por temas de aguinaldo también tendrá que asumir este desembolso, cuyo cálculo obligado es anual, aunque las mejores prácticas de administración del efectivo recomiendan la gestión mensual del cálculo y reserva respectiva de efectivo a efectos de atender en tan importunada fecha una obligación sobrevenida.
En conclusión, para que el IVA no genere afectaciones en el flujo de efectivo, se debe de hacer una revisión de las políticas de cobro y pago de las empresas y a su vez, en caso de corresponder realizar prorrateo, realizar el cálculo y tener un monitoreo constante para poder realizar las reservas del caso.

 

Eduardo Rodriguez

 

Gerente de impuestos

 

erodriguez@grupocamacho.com

Tres etapas y un posible impasse

 

El proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ha concluido la primera de las tres fases legislativas planteadas en el acuerdo legislativo de vía rápida para el expediente 20.580, la fase concluida es la de la comisión que solo falta remita su dictamen al plenario y este acto de inicio a la segunda, esta es la fase de primer debate en el plenario legislativo, el que se caracteriza especialmente de una manera distinta a los procesos de aprobaciones legislativas por el proceso de orden abreviado asignado bajo el artículo 208 bis del reglamento legislativo, donde las únicas mociones que se pueden presentar por diputado son una y solamente de reiteración, es decir, aquellas que habiendo sido presentadas en la comisión no fueran incorporadas o acogidas. Esto hace que la fase de primer debate sea predeciblemente rápida, pero no por eso debe ser-en mi criterio-atropellada, diferencia que la marcará la agilidad no solo para lograr los votos que en principio ya tendría en mayoría simple, sino por lo critico que será esta segunda etapa en la activación o no del impasse al que nos referiremos. Hay que evitar victorias en plenario que generen sabores a marrosa derrota por falta de dialogo.
El aspecto mas delicado de esta segunda etapa del primer debate es, el manejo de las negociaciones para aceptar las mociones que teniendo un fondo de interés nacional, mejora recaudatoria, así como que evite la generación de mas exenciones, pues de esa fiesta ya hubo abundancia excesiva en la primera etapa, sean de recibo, en especial de aquellas que presenten las fracciones como la del Partido Restauración Nacional ya que cuenta con la bancada individual más grande, así como por haber estado al margen de los procesos de negociación de la etapa primera, lo anterior para que se evite en la medida de lo posible el impasse. Considero que lograr la mayoría de los votos en el primer debate es por supuesto fundamental para, continuar en el esfuerzo por aportar al menos de manera primera una dotación de recursos adicionales a la condición fiscal del país, que sabemos será insuficiente para la dimensión de las necesidades.
Si no se logra este manejo con respeto y con audacia, podemos sumir al país en el impasse, este consiste en el proceso de consulta a la Sala Constitucional, que siendo opcional en el proceso del ínterin entre primer y segundo debates, requiere de la firma solicitado la participación de la Sala en el proceso, de al menos de diez diputados, que realmente con lo que conocemos al momento de manifestaciones hechas por algunos minoritarios se lo están planteando, pero no llega su numero a diez, sin embargo, la balanza la puede inclinar en efecto la fracción mayoritaria, que cuenta con catorce votos que dependiendo de su forma de negociar con el gobierno, o de este con ellos, puede ser lo que vuelque la balanza a la consecución de las firmas y llevarnos al impasse, ya decíamos en nuestra columna anterior, el factor tiempo es critico, de no existir este impasse el proyecto podría estar finalmente listo en su aprobación legislativa de segundo y último debate para el final de este mes.
Si el impasse se activa, hay dos escenarios, que la Sala tome todo el plazo de ley para emitir su criterio a la consulta, este plazo es de un mes, el criterio de la Sala es de orden vinculante con dos escenarios posibles en ese caso son: el primero que considere que no hay vicios en el procedimiento, aspecto ya de por sí difícil y donde será critica una valoración más allá de la forma los aspectos de oportunidad de una decisión meramente de cajón, copiando las dos sentencias que han dejado a Costa Rica de vuelta a base cero en materia fiscal, con Solidaridad Tributaria y el Pacto Fiscal, lo que es la salida fácil para la Sala, aparentemente gananciosa para país, pero la que conllevará las consecuencias mas nefastas para la economía y esta con rostro de ganadores y perdedores indudablemente en contra de las personas mas necesitados o menos favorecidas en primer instancia, pero destruyendo de manera masiva riqueza que hoy es la que sostiene la base recaudatoria y aumentando los niveles de informalidad, generando una caótica situación de default en la deuda con escaladas en los tipos de interés y de cambio, sumiéndonos en un caracol de caída libre.
De encontrar vicios de procedimiento, que los hay, la Sala tiene que indicar a la vez la magnitud de los mismos a efectos de dimensionar si los mismos son resolubles y a que etapa habría que llevar el proyecto para solventar los vicios incurridos, si nos mandan a base cero, estamos ante el caos antes dicho, si nos devuelve a una fase avanzada y demora un tanto la enmienda de la condición, esto puede ser la mejor de las salidas, de ahí que los señores de la Sala deben de tener muy en cuenta la correcta caja de balances y resonancias de los derechos y los deberes, ya que en esto consiste la sabiduría de una tribunal de constitucionalidad, en ir a la consideración global de los valores jurídicos en juego y decantarse en la sentencia por la tutela del interés general, sin obviar hacer las respectivas advertencias que legalmente correspondan en relación con la forma.
Si el escenario del impasse se da y se aplican los criterios de tutela del interés general por encima de los aspectos de forma, después de transcurrido el plazo se iría al proceso final sea tercera etapa que es el segundo debate, con lo que los tiempos si todo marcha para adelante, donde está la verdadera opción país, es ya el final de setiembre o de octubre eventualmente.
No puedo dejar de advertir la importancia por tanto de evitar caer en el impasse por el riesgo que implica y el tener que eventualmente que tirar al cesto de la basura el proyecto-peor pero posible escenario-con lo que estaríamos con el proyecto depositando en un cesto sin fondo a lo mas preciado que tenemos que es nuestro país.
El manejo de las relaciones y negociaciones en el segundo párrafo son críticas, también es crítico llamar la atención al deber patriótico de los señores diputados de la fracción de mayoría, de usar esta herramienta con una visión país, sin aspavientos pero con firmeza, con claridad de que hay cosas que se logran y se pueden lograr en esta etapa aun, pero escogiendo con pericia el uso del arte de la política que es el dialogo, la construcción y la razón, si por cualquier motivo no se les acercan a negociar vayan a buscar los votos de los asuntos medulares de las mociones de reiteración. El país estará expectante sin duda de la aplicación de los elementos constructivos del arte de la política que es el de ceder sin acceder, como lo planteaba en su momento un Santo católico San José María Escrivá, ceder para seguir luchando-sin acceder, por un valor superior dejar para mejor momento el asunto- es una virtud cardinal que todos los diputados, sin distingo de partido y evitando los discursos tentadores de orden populista deben tener, contando con que hoy mas que nunca el destino de la Patria a la que juraron lealtad y defensa, están en juego y solo depende de ustedes, padres y madres de la Patria.
Cuando tengan que interiorizar sus decisiones no dejen de poner en ella el rosto humano de los que hemos depositado la confianza en ustedes, unos en unos y otros en otros, pero todos en ustedes los que hoy toca representar los mas altos intereses de la Patria. 

 

Carlos Camacho Córdoba 

 

Socio Director

 

ccamacho@grupocamacho.com

 

Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/tres-etapas-y-un-posible-impasse

Incremento patrimonial no justificado en Honduras

 

La figura del incremento patrimonial no justificado se encuentra desarrollada en el Código Tributario hondureño (decreto N°170-2016) en su artículo 110, inciso 3, en el cual se indica que “Los incrementos patrimoniales no justificados deben formar parte de la renta durante el período fiscal sujeto a verificación, sin que ello implique una eximente de otras responsabilidades legales que pudieran derivarse de la no justificación de dichos incrementos (…)”.

 

El tratamiento de dichos incrementos corresponde a la aplicación de una presunción en la determinación de la renta imponible, la cual puede aplicar la administración tributaria (Servicio de Administración de Rentas – SAR), para la determinación de la base imponible de los contribuyentes en los procesos de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones del impuesto sobre la renta.

 

De frente a la aplicación de esta presunción, debe entenderse qué puede ser considerado como un incremento patrimonial no justificado. En general, esto se refiere a la posibilidad de detección de la existencia de hechos que incrementen el patrimonio de un contribuyente, sin que estos hechos sean coincidentes con:

 

  1. Las declaraciones de impuesto sobre la renta del contribuyente.
  2. La generación u obtención de rentas no sujetas, que puedan ser demostradas como tales por el contribuyente, a pesar de no haber sido declaradas.
  3. La documentación probatoria correspondiente a efectos del registro de activos, pasivos y el propio patrimonio del contribuyente.

 

Una vez determinado un incremento no justificado del patrimonio, la SAR está facultada para considerar que el mismo genera un aumento en la renta del contribuyente, lo que genera un incremento de la renta bruta para el periodo en que sea determinado. Vale decir además, de la observación del tratamiento, que se da en otras jurisdicciones de estos elementos. Las acciones de las administraciones tributarias tienden al incremento en la renta imponible del contribuyente en el monto completo de la presunción, sin considerar la posibilidad de deducciones de ningún tipo, al considerarse que el monto determinado representa un incremento equivalente del patrimonio.

 

De igual manera cabe destacar que las entidades o personas exentas, si se les determina un incremento patrimonial no justificado, no pueden oponer su exención para cancelar la determinación hecha por la SAR, ya que las exenciones como regla general son medios de extensión de obligaciones fiscales declaradas por el contribuyente, no así las surgidas en un proceso de fiscalización.

 

La consideración de un incremento patrimonial no justificado es utilizada cuando se determina en una entidad la existencia de pasivos inexistentes, o bien cuando las cuentas de pasivos de una entidad no se comportan como tales por motivo de:

 

  1. Imposibilidad de probar el origen de los fondos.
  2. Ausencia de documentación soporte o falencias en la misma.
  3. Comportamientos anómalos que lleven a determinar que el pasivo registrado no tiene el comportamiento habitual de una deuda.
  4. Incumplimiento de obligaciones formales del registro correcto de cuentas de patrimonio.

 

Todas las situaciones anteriores se conocen como incrementos patrimoniales no justificados internos. Su valoración es la que esta en la contabilidad del contribuyente, pero se diferencia de los incrementos injustificados de patrimonio por no haber una condición de ocultamiento de la existencia de la obligación o del activo, según sea el caso.

 

Los incrementos patrimoniales no justificados externos son aquellos que también son detectados en la fase de fiscalización, pero que la SAR identifica en una cuenta, por ejemplo, bancaria o derechos o bienes, que no están en la contabilidad del contribuyente. En este caso pasa de la mera presunción al ocultamiento que configura la condición de fraude fiscal con las consecuencias previstas en el derecho sancionador por defraudación fiscal.

 

De tal forma el abordaje de la administración tributaria puede ser el de presumir que una empresa que registra un pasivo, sin contar con la información y documentación para el soporte suficiente, tiene en realidad una operación correspondiente a un incremento patrimonial no justificado y por ende hay que aplicar la presunción descrita en el artículo 110 del Código Tributario, para ejecutar el cobro de los impuestos correspondientes, así como de las sanciones e intereses aplicables.

 

Vladimir Blanco 

 

Socio de impuestos

 

vblanco@grupocamacho.com

Los tiempos

En realidad, la impredecibilidad es uno de los factores inherentes a la vida misma, sin embargo, hay elementos que son predecibles y otros que no lo son. En Costa Rica, vivimos una situación de altísima complejidad en lo económico, lo político y lo social que pone al borde de una crisis grave y de profundas consecuencias al país.
En lo económico, mientras avanza a paso de tortuga el “procedimiento abreviado” para aprobar una reforma fiscal que llega 14 años después del inicio de su primera ronda de discusiones con el Pacto Fiscal, de la administración Rodríguez Echeverría. Lo que es imparable es la velocidad trepidante del gasto público en su crecimiento, con síntomas de no haber las condiciones de orden político y de necesario liderazgo para poner la cortadora de césped a trabajar, en el recorte urgente de los disparadores, supuestamente inflexibles de la estructura de los gastos del Estado, que sigue para sobrevivir, viviendo de préstamos cada vez más onerosos, resultado de la pérdida de la credibilidad en la capacidad de nuestro país de hacer frente a sus compromisos financieros tanto a nivel primario, así como del servicio de la deuda misma.
Mientras los tiempos de las soluciones en materia de ingresos son tan lentos como los apuntados, los costos son lo único cierto que tenemos, siendo la verdad de los hechos que, ante la carencia de contenido sustancial, de las expresiones de voluntad de entrarle a la estructura de gastos, no se avizora mejora alguna en el tema del déficit creciente.
El mito de la inflexibilidad de la estructura de los gastos del Estado, cuando se pone al desnudo, se traduce en la inflexibilidad de los tomadores de decisiones de revertir este nefasto proceso en el que el gasto crece en la más maltusiana tendencia, siendo que se han atribuido usos de orden específico irrestrictos a diversos sectores privilegiados del sector público, donde no se ven estos necesarios cambios de voluntades, por lo que es inflexible no es el gasto, sino la mentalidad anquilosada de un Estado proveedor y empleador por excelencia, resultado de una herencia rancia del Estado de finales del siglo XX en Costa Rica.
Para empeorar la situación, los sectores sindicales del rancio comunismo trasnochado, que han sido las sanguijuelas del sistema, se atreven a llamar a huelga nacional para el próximo 10 de los corrientes, con lo que se pone combustible en la pira, sin aportar a la solución, sino que al problema. Con qué recursos pretenden los sindicatos que se les sigan financiando sus gollerías y privilegios inconstitucionales, que lo son debido a la transgresión al principio de igualdad.
El círculo vicioso, de llamar a la población a que se oponga a las cargas tributarias, es una perversa conflagración para provocar una desestabilización del sistema de derecho del país, dejando en condición de imposibilidad material de resolver, a quienes hoy son depositarios del encargo público democrático, que ha caracterizado entre otros los valores más fundamentales de la sociedad costarricense. ¿Quo vadis Costa Rica? O peor aún, ¿dónde te llevan las manos malévolas de la siniestra tendencia de crear condiciones para el arribo del chavismo fracasado? Veamos que no hay coincidencias, que esto es una clara indicación de pretender con algún éxito relativo provocar una solidaridad por una causa en apariencia correcta, con un objetivo de perversión y malicioso.
No vemos en la supuesta receta de los sindicatos la eliminación de sus privilegios, ni la manera en que proponen distribuir la cara y dolorosa medicina de reducir el tamaño del Estado y de acabar con la fuente de la que han gozado, gozan y gozarán hasta que la fiesta se acabe. Es fácil que una persona, inclusive de mera condición racional se oponga por antonomasia a la creación de impuestos, los tributos son claramente impuestos en el sentido del acto de imponer, aunque tampoco dicen los sindicatos que parte de sus miembros están en las entrañas de una corrupta y anquilosada Administración Tributaria, que sigue permitiendo a precio de sangre, que haya una economía subterránea que se pasea a su vista y paciencia entre el contrabando y la descarada evasión fiscal.
No aportan con una huelga más que la baja en la producción, por los aparentes motivos correctos, pero con motivos subyacentes de orden turbio; para los que escuchan el llamado de sus bolsillos y con toda razón se oponen al acto antieconómico del ser racional que es someterse a un costo, en especial cuando no se le ha explicado, el costo de no pagar el precio de la vida en sociedad. Es fácil el discurso populista de la izquierda recalcitrante que hasta seduce a la derecha más férrea, esto porque el frío no está en las cobijas.
El procedimiento abreviado de aprobación al proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas está demorando más tiempo del que disponemos. Esto hace más cara la solución al problema ya que el mismo será insuficiente, si a la vez de manera generosa se reparten exenciones, como quien dispone de lo propio, no hay cosa más fácil que ser caritativo con los bienes ajenos, sigan regalando exenciones y verán como terminaremos con una aparente medicina, pero cuando la ingerimos corremos el riesgo de un medicamento vencido y los peligros que comporta tomarlos, por sus efectos colaterales que pueden ser opuestos a la pretendida condición del remedio.
La reforma fiscal va 14 años tarde, sé que no es responsabilidad esto, de los actuales diputados, pero no podemos seguir sacando posiciones populistas para llevar agua a los molinos propios de ambiciones electoreras, es tiempo de hacer lo que otros quedaron en deuda, a los diputados, sin duda aprobar, a pesar de las falencias la Ley; al Ejecutivo tomar con seriedad y coherencia acciones concretas para parar el derrame de recursos que sigue corriendo a borbollones por las calles de Costa Rica, de una vez por todas.
A la Sala Constitucional corresponde iniciar una valoración antes de que llegue una posible consulta entre los debates primero y segundo, que de recogerse las diez firmas de los señores diputados se daría, para tener claridad que parte de la responsabilidad de tener 14 años de demora, ha sido el embarazoso monumento a la forma por encima del bien jurídico tutelado de la estabilidad financiera, que garantice la económica y social de Costa Rica.
Los generadores de riqueza necesitamos reglas claras y estamos en medio una larga noche sonámbula.

 

Carlos Camacho Córdoba

 

Socio Director

 

ccamacho@grupocamacho.com

 

Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/los-tiempos