Compras públicas

 

Hemos centrado en los últimos meses nuestra atención a referirnos a algunos de los aspectos estructurales de la causa y efectos del déficit fiscal en Costa Rica, sin dejar de lado, los temas que se encuentran hoy en el cuarto de cocimiento constitucional, hay que ver otro de los elementos disparadores de los gastos y costos de operación del Estado costarricense, este es el de las compras públicas.
Tres componentes son principales en la distribución del gasto público, la atención de los compromisos salariales y todos los elementos componentes y de componendas que este involucra, aspecto que hemos ya remarcado como uno de los que debe recibir una revista integral para cesar del concepto del Estado empleador al del Estado facilitador, para que la riqueza fluya en su construcción de una forma que sea lubricante al bienestar general en razón de los elementos redistributivos de un buen sistema tributario, que también le falta muchísimo que avanzar aun en el hipotético caso de aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El segundo de los elementos que pesa en la carga del presupuesto es la del servicio de la deuda, tanto en los elementos cuantitativos como cualitativos de la misma. En los elementos cuantitativos debemos de ver la cantidad de veces PIB que se cubre anualmente con la deuda, esto a efectos de medir endeudamiento dinámico de la economía. A la vez el elemento del costo del capital que es un aspecto de fuentes compuestas tanto por los elementos del interno económico, como del factor de riesgo de impago de la deuda por el descalce de los plazos, aspecto este ultimo que se ha exacerbado en las ultimas administraciones gubernamentales, llegando a su valor puntual mas grave en el reciente acto de presión a las finanzas maltrechas con la acción de emisión de letras del tesoro, con plazo el día de navidad de este año. Esto afecta los costos de servicio de forma global en el cumplir con las obligaciones conjuntas de la deuda.
El tercero, es el de las compras del Estado, venimos históricamente haciendo del Estado un actor tan determinante en la función económica colectiva, que por doquiera cualquier desacierto en el correcto manejo de las finanzas públicas, tiene efectos sistémicos en diversidad incontable de sectores, ya que el Estado costarricense sigue siendo aparte de un gran empleador de lujo, un comprador compulsivo de bienes y servicios para un múltiplo creciente de funciones e instituciones. Este aspecto ha sido la cara oculta de la luna en la discusiones relativas al déficit, esto tiene que ver no solo con la cantidad de las compras, su uso adecuado, su gestión transparente y los elementos de abultados costos de contratación que son justificados en los costos de gestión de las mencionadas compras, incluyendo los aspectos de “atenciones especiales” que se financian en función de una cadena alimenticia de corrupción en las secciones de proveeduría y las de sus jerarcas, tanto como las de los empresarios que se dicen honestos pero forzados a que para lograr la “continuidad de sus negocios”, han de someterse al arbitrio de las fuerzas de la competencia, cada vez más agresiva en las practicas de entretenimiento de funcionarios, atención de sus complementos o dádivas, para que se necesite o no se compre lo que el oferente privado mas “sagaz”-corrupto es mejor término-pueda colocar sus productos, en lugar de satisfacer los requerimientos racionalmente para el Estado, lograr que unos y otros logren sus cuotas de ventas.
Se denota en el sistema de compras publicas de bienes y servicios desde la publicación misma de los pliegos o carteles licitatorios, tanto como las especificaciones casi con “nombres y apellidos” que deben tener los prestadores de servicios, como son trajes hechos a la medida, en muchos casos de mero llenado de requisitos de cumplimiento con un número determinado de ofertas para que el ganador preseleccionado, vaya acompañado al momento de la selección o ratificación de la ya hecha para que todo parezca formalmente correcto, sin que esencialmente lo sea. Mientras los dos primeros aspectos el de los salarios y deuda han sido abordados abundantemente por todos, es llamativo como los elefantes rosados se pasean al frente nuestro a vista y paciencia de todos, pasando desapercibidos desde proveedores que carecen de los medios materiales para las prestaciones que se presentan a ofertar como aquellos que solo son influenciadores de sectores de compras que hacen su vida de la gestoría en ¿Cómo vender al Estado? Para más, sin que este necesite comprar. Es llamativa la habilidad con que estos paquidermos rosados del sistema son cuasi invisibles, han logrado pasar sin pena ni gloria por el banquillo de las causas fundamentales del creciente déficit fiscal del país, si bien es cierto que la condición no es unilateral de la empresa o empresas, que se dedican a estas actividades, muchas de ellas licitas, con motivo económico válido y que satisfacen necesidades especificas existentes en el Estado, también es cierto que la mayor cantidad de los escándalos de concubinatos escandalosos entre proveedores del Estado y éste, por la falta de rigor en los controles, de ética en los funcionarios y de contraloría eficaz de la probidad en el manejo de los fondos públicos, aspectos que hacen del Estado una víctima fácil y un facilitador ideal del consentimiento de conducción de escasos y caros fondos públicos  a pocos y corruptos bolsillos privados. Cuando estaremos consientes que la transparencia es más que un hermoso discurso y debe ser el resultado de la rendición de cuentas periódicas y claras en informes de “libro blanco” del uso racional de los recursos de las instituciones, a la vez que sean inclusivos de las partidas de fondos propios como de los programas de ayuda internacional o interinstitucional, los que pasan por ríos caudalosos de fácil transito de contratos de menor rigor relativo en materia de evaluación integral de los costos efectivos del manejo del gran aparato estatal y sus ramificaciones diversas.
La corrupción es un hilo muy delgado con el que se teje el fin de la institucionalidad de los estados modernos, camino a la peligrosa derecha extrema o la lúgubre izquierda oportunista, Costa Rica, debe evitar ser presa de esta maraña entretejida por pocos inescrupulosos de un lado y otro del mostrador transaccional, que deterioran la credibilidad en el corto plazo y en el largo plazo la sostenibilidad de la democracia institucional.
El frío, por tanto, lo determinamos cada vez que nos adentramos en cada tema, más fuera que dentro de las cobijas, hay que anunciar y denunciar los casos que están destruyendo la institucionalidad del país y lesionando en contra de las mayorías las ya débiles finanzas públicas.  
Carlos Camacho Córdoba

 

Socio Director

 

ccamacho@grupocamacho.com

Proyecto de fortalecimiento de finanzas públicas

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Como ha sido anunciado por el Gobierno de la República, en las sesiones extraordinarias se conocerá el último intento de la Administración Solís Rivera por dotar de una reforma que, aunque parcialmente, resuelva la crítica condición de las finanzas públicas de Costa Rica.

El proyecto consiste de tres partes: La creación de un impuesto de valor agregado que sustituya al obsoleto y actual impuesto de ventas, la creación de un impuesto a las ganancias de capital, así como una serie de medidas que conllevan un tímido intento de poner algunos límites a los disparadores del gasto público, en concreto el tema del salario y los agregados que de estos se derivan.

En relación con el IVA, consideramos que se logran avances importantes en el acercamiento de fuerzas, siendo la más destacada la de mantener una tarifa general del 13% en sentido contrario a las primeras propuestas del Gobierno, asimismo, se logra una tarifa reducida con algunos elementos innovadores como la devolución —a los usuarios— de lo pagado por los servicios médicos privados, a cambio que el pago de dichos servicios sea por medios constatables de orden electrónico, evitando una de las bolsas de fraude fiscal más conocidas e impunes del país. La tarifa reducida propuesta parece razonable a niveles del 4%, esto motiva el control fiscal de diversas actividades, donde quizá el caballo de batalla de los detractores del proyecto es insistir en el tema de los libros en cualquier formato a esta tarifa, aspecto que puede ser negociado y finalmente no es en las cobijas donde se alberga el frío. Por otra parte, se mantienen unos plazos de entrada en vigor razonable en relación con la puesta en marcha después de la aprobación, quita esto el carácter de ciclo electoral al proyecto visto que es claro que aun en el mejor de los escenarios de aprobación en vía rápida en estas sesiones extraordinarias, a la actual Administración no le tocará ver nacer el primer céntimo de la recaudación, lo que parece al menos razonable desde la óptica de los intereses electorales del corto plazo, a pesar del detrimento trepidante que cada minuto tiene en las finanzas públicas. La inclusión universal de los servicios y del concepto de bienes por encima del de mercancías, es constante en este y todos los demás proyectos, lo que sigue las tendencias de un IVA más moderno. La tentación sigue en la canasta de las exenciones, sin tener en cuenta que el exento, nos es más que alguien que en la cadena del IVA queda en la trampa del costo incremental, con o sin capacidad de poder trasladar económicamente dicho efecto.

Se pasa del intento de una reforma integral a la ley de impuesto sobre la renta, que es indispensable llevar a cabo para introducir la progresividad necesaria en el sistema; a una mera sujeción de las ganancias de capital, mediante la creación de otra cédula del impuesto sobre la renta a una tarifa del 15%, esto parece al menos resolver la creciente discusión del tratamiento de las ganancias de capital, pretendiendo caracterizar como tales también las diferencias de cambio, aspecto de reciente controversia entre los criterios de expertos y la norma, tanto como de las resoluciones contradictorias emitidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo. Acompaña a esta peregrina reforma en renta una norma de ajustes en relación con pagos efectuados a paraísos fiscales, norma destiempada y construida con un modelo quizá más obsoleto que se construye a partir de la comparación de las tarifas de las jurisdicciones en nominal, sin considerar las recomendaciones hechas por la OCDE en relación con las efectivas característica de un régimen fiscal pernicioso, recogido en las acciones BEPS y en el reciente documento emitido por ese organismo en relación con el tema de regímenes fiscales agresivos.

En relación con el gasto público y el régimen de privilegios, la verdad sea dicha muy tímida, se logra un avance apenas digno de mencionar, con poca dirección a la parte cordal del problema, abordándolo con un enfoque de hacer poco pues la Administración está de salida, aspecto que se denota más aun cuando se ve la vigencia de los posibles cambios, entra a regir, a partir del próximo 8 de mayo de 2018, nada más obvio, que esta bronca se le quedó como papa caliente en las manos de la nueva Administración.

De cara al ambiente de estas sesiones extraordinarias, que van del pasado 1 de diciembre al próximo 30 de abril, es claro que ya el mes de diciembre ni se discutirá la vía rápida para el proyecto, lo que dada la cercanía de las elecciones y la distracción que estas provocan en enero a los miembros de la Asamblea Legislativa, no será sino hasta la elección de febrero, esperando que la misma sea definitiva y no lleve a una incierta condición de segunda ronda, aspecto que les dejaría muy poco o nada a los diputados en la presente legislatura. A favor del proyecto debemos abonar que el entrarle a una de las máquinas de recaudación cualquier posible partido con aspiraciones razonables de llegar al poder estaría de acuerdo, repito, después de las elecciones de dar su apoyo a la iniciativa a fin de que el agua fresca sea la compañera de la próxima administración. Habrá que prestar atención, en especial los cientos de miles de nuevos contribuyentes del sector servicios que tendremos el reto de implementación tarde o temprano.

Cortesía de La República