Incremento patrimonial no justificado en Honduras

 

La figura del incremento patrimonial no justificado se encuentra desarrollada en el Código Tributario hondureño (decreto N°170-2016) en su artículo 110, inciso 3, en el cual se indica que “Los incrementos patrimoniales no justificados deben formar parte de la renta durante el período fiscal sujeto a verificación, sin que ello implique una eximente de otras responsabilidades legales que pudieran derivarse de la no justificación de dichos incrementos (…)”.

 

El tratamiento de dichos incrementos corresponde a la aplicación de una presunción en la determinación de la renta imponible, la cual puede aplicar la administración tributaria (Servicio de Administración de Rentas – SAR), para la determinación de la base imponible de los contribuyentes en los procesos de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones del impuesto sobre la renta.

 

De frente a la aplicación de esta presunción, debe entenderse qué puede ser considerado como un incremento patrimonial no justificado. En general, esto se refiere a la posibilidad de detección de la existencia de hechos que incrementen el patrimonio de un contribuyente, sin que estos hechos sean coincidentes con:

 

  1. Las declaraciones de impuesto sobre la renta del contribuyente.
  2. La generación u obtención de rentas no sujetas, que puedan ser demostradas como tales por el contribuyente, a pesar de no haber sido declaradas.
  3. La documentación probatoria correspondiente a efectos del registro de activos, pasivos y el propio patrimonio del contribuyente.

 

Una vez determinado un incremento no justificado del patrimonio, la SAR está facultada para considerar que el mismo genera un aumento en la renta del contribuyente, lo que genera un incremento de la renta bruta para el periodo en que sea determinado. Vale decir además, de la observación del tratamiento, que se da en otras jurisdicciones de estos elementos. Las acciones de las administraciones tributarias tienden al incremento en la renta imponible del contribuyente en el monto completo de la presunción, sin considerar la posibilidad de deducciones de ningún tipo, al considerarse que el monto determinado representa un incremento equivalente del patrimonio.

 

De igual manera cabe destacar que las entidades o personas exentas, si se les determina un incremento patrimonial no justificado, no pueden oponer su exención para cancelar la determinación hecha por la SAR, ya que las exenciones como regla general son medios de extensión de obligaciones fiscales declaradas por el contribuyente, no así las surgidas en un proceso de fiscalización.

 

La consideración de un incremento patrimonial no justificado es utilizada cuando se determina en una entidad la existencia de pasivos inexistentes, o bien cuando las cuentas de pasivos de una entidad no se comportan como tales por motivo de:

 

  1. Imposibilidad de probar el origen de los fondos.
  2. Ausencia de documentación soporte o falencias en la misma.
  3. Comportamientos anómalos que lleven a determinar que el pasivo registrado no tiene el comportamiento habitual de una deuda.
  4. Incumplimiento de obligaciones formales del registro correcto de cuentas de patrimonio.

 

Todas las situaciones anteriores se conocen como incrementos patrimoniales no justificados internos. Su valoración es la que esta en la contabilidad del contribuyente, pero se diferencia de los incrementos injustificados de patrimonio por no haber una condición de ocultamiento de la existencia de la obligación o del activo, según sea el caso.

 

Los incrementos patrimoniales no justificados externos son aquellos que también son detectados en la fase de fiscalización, pero que la SAR identifica en una cuenta, por ejemplo, bancaria o derechos o bienes, que no están en la contabilidad del contribuyente. En este caso pasa de la mera presunción al ocultamiento que configura la condición de fraude fiscal con las consecuencias previstas en el derecho sancionador por defraudación fiscal.

 

De tal forma el abordaje de la administración tributaria puede ser el de presumir que una empresa que registra un pasivo, sin contar con la información y documentación para el soporte suficiente, tiene en realidad una operación correspondiente a un incremento patrimonial no justificado y por ende hay que aplicar la presunción descrita en el artículo 110 del Código Tributario, para ejecutar el cobro de los impuestos correspondientes, así como de las sanciones e intereses aplicables.

 

Vladimir Blanco 

 

Socio de impuestos

 

vblanco@grupocamacho.com

Los tiempos

En realidad, la impredecibilidad es uno de los factores inherentes a la vida misma, sin embargo, hay elementos que son predecibles y otros que no lo son. En Costa Rica, vivimos una situación de altísima complejidad en lo económico, lo político y lo social que pone al borde de una crisis grave y de profundas consecuencias al país.
En lo económico, mientras avanza a paso de tortuga el “procedimiento abreviado” para aprobar una reforma fiscal que llega 14 años después del inicio de su primera ronda de discusiones con el Pacto Fiscal, de la administración Rodríguez Echeverría. Lo que es imparable es la velocidad trepidante del gasto público en su crecimiento, con síntomas de no haber las condiciones de orden político y de necesario liderazgo para poner la cortadora de césped a trabajar, en el recorte urgente de los disparadores, supuestamente inflexibles de la estructura de los gastos del Estado, que sigue para sobrevivir, viviendo de préstamos cada vez más onerosos, resultado de la pérdida de la credibilidad en la capacidad de nuestro país de hacer frente a sus compromisos financieros tanto a nivel primario, así como del servicio de la deuda misma.
Mientras los tiempos de las soluciones en materia de ingresos son tan lentos como los apuntados, los costos son lo único cierto que tenemos, siendo la verdad de los hechos que, ante la carencia de contenido sustancial, de las expresiones de voluntad de entrarle a la estructura de gastos, no se avizora mejora alguna en el tema del déficit creciente.
El mito de la inflexibilidad de la estructura de los gastos del Estado, cuando se pone al desnudo, se traduce en la inflexibilidad de los tomadores de decisiones de revertir este nefasto proceso en el que el gasto crece en la más maltusiana tendencia, siendo que se han atribuido usos de orden específico irrestrictos a diversos sectores privilegiados del sector público, donde no se ven estos necesarios cambios de voluntades, por lo que es inflexible no es el gasto, sino la mentalidad anquilosada de un Estado proveedor y empleador por excelencia, resultado de una herencia rancia del Estado de finales del siglo XX en Costa Rica.
Para empeorar la situación, los sectores sindicales del rancio comunismo trasnochado, que han sido las sanguijuelas del sistema, se atreven a llamar a huelga nacional para el próximo 10 de los corrientes, con lo que se pone combustible en la pira, sin aportar a la solución, sino que al problema. Con qué recursos pretenden los sindicatos que se les sigan financiando sus gollerías y privilegios inconstitucionales, que lo son debido a la transgresión al principio de igualdad.
El círculo vicioso, de llamar a la población a que se oponga a las cargas tributarias, es una perversa conflagración para provocar una desestabilización del sistema de derecho del país, dejando en condición de imposibilidad material de resolver, a quienes hoy son depositarios del encargo público democrático, que ha caracterizado entre otros los valores más fundamentales de la sociedad costarricense. ¿Quo vadis Costa Rica? O peor aún, ¿dónde te llevan las manos malévolas de la siniestra tendencia de crear condiciones para el arribo del chavismo fracasado? Veamos que no hay coincidencias, que esto es una clara indicación de pretender con algún éxito relativo provocar una solidaridad por una causa en apariencia correcta, con un objetivo de perversión y malicioso.
No vemos en la supuesta receta de los sindicatos la eliminación de sus privilegios, ni la manera en que proponen distribuir la cara y dolorosa medicina de reducir el tamaño del Estado y de acabar con la fuente de la que han gozado, gozan y gozarán hasta que la fiesta se acabe. Es fácil que una persona, inclusive de mera condición racional se oponga por antonomasia a la creación de impuestos, los tributos son claramente impuestos en el sentido del acto de imponer, aunque tampoco dicen los sindicatos que parte de sus miembros están en las entrañas de una corrupta y anquilosada Administración Tributaria, que sigue permitiendo a precio de sangre, que haya una economía subterránea que se pasea a su vista y paciencia entre el contrabando y la descarada evasión fiscal.
No aportan con una huelga más que la baja en la producción, por los aparentes motivos correctos, pero con motivos subyacentes de orden turbio; para los que escuchan el llamado de sus bolsillos y con toda razón se oponen al acto antieconómico del ser racional que es someterse a un costo, en especial cuando no se le ha explicado, el costo de no pagar el precio de la vida en sociedad. Es fácil el discurso populista de la izquierda recalcitrante que hasta seduce a la derecha más férrea, esto porque el frío no está en las cobijas.
El procedimiento abreviado de aprobación al proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas está demorando más tiempo del que disponemos. Esto hace más cara la solución al problema ya que el mismo será insuficiente, si a la vez de manera generosa se reparten exenciones, como quien dispone de lo propio, no hay cosa más fácil que ser caritativo con los bienes ajenos, sigan regalando exenciones y verán como terminaremos con una aparente medicina, pero cuando la ingerimos corremos el riesgo de un medicamento vencido y los peligros que comporta tomarlos, por sus efectos colaterales que pueden ser opuestos a la pretendida condición del remedio.
La reforma fiscal va 14 años tarde, sé que no es responsabilidad esto, de los actuales diputados, pero no podemos seguir sacando posiciones populistas para llevar agua a los molinos propios de ambiciones electoreras, es tiempo de hacer lo que otros quedaron en deuda, a los diputados, sin duda aprobar, a pesar de las falencias la Ley; al Ejecutivo tomar con seriedad y coherencia acciones concretas para parar el derrame de recursos que sigue corriendo a borbollones por las calles de Costa Rica, de una vez por todas.
A la Sala Constitucional corresponde iniciar una valoración antes de que llegue una posible consulta entre los debates primero y segundo, que de recogerse las diez firmas de los señores diputados se daría, para tener claridad que parte de la responsabilidad de tener 14 años de demora, ha sido el embarazoso monumento a la forma por encima del bien jurídico tutelado de la estabilidad financiera, que garantice la económica y social de Costa Rica.
Los generadores de riqueza necesitamos reglas claras y estamos en medio una larga noche sonámbula.

 

Carlos Camacho Córdoba

 

Socio Director

 

ccamacho@grupocamacho.com

 

Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/los-tiempos

¿De qué trata el IVA?

Sin lugar a duda, lo que llena todos los medios de comunicación hoy en día, es la reforma fiscal, y junto con este macro tema en particular el tema del IVA, que ha dado una discusión de un corte un tanto pasional sobre si es necesario o no la exención de la canasta básica entre otros.
Por un lado, la gente asegura que el 13% del IVA de manera plena mantendrá menor la inflación, y otros dicen que quitar ese 13% hará que los precios no suban. Por ello, para poder comprender qué sucede es necesario explicar el IVA.
El IVA de manera natural, y en nuestra reforma no es diferente, busca gravar solamente el valor agregado que en cada paso de la cadena de producción se va generando, por ello se llama “Impuesto al Valor Agregado”. Ahora ¿cómo se logra esto?
Se logra mediante un ejercicio de débitos fiscales o una deuda con el fisco (por lo percibido en la venta) y créditos fiscales o saldo a favor del contribuyente (por lo pagado en el momento de la compra). Estos dos supuestos nacen cada vez que se da una venta y se activa el IVA. Lo pagado por el bien ya incluye un IVA, que cancela el contribuyente, y a la hora de venderlo le incluye un IVA en el precio de venta.
Sin embargo, lo que se recolecta a la hora de la venta tiene que ser dado al fisco, pero como a la hora de la compra ya había pagado un IVA, el monto pagado es acreditable a la retención realizada y así al fisco solamente deposita la diferencia. Un ejemplo sería el siguiente: 
Una empresa compra un bien que cuesta ₡1000 y paga ₡130 de IVA (crédito fiscal). A la hora de vender ese bien a un precio de ₡1500, cobrará además ₡195 por el concepto de IVA. Ahora al fisco solamente le devolverá al contribuyente ₡65, que corresponde a la diferencia de los ₡195, producto de la venta, menos los ₡130, producto de la compra del bien. Es lo mismo que decir que de la ganancia de ₡500, el 13% de ese monto, corresponde a la diferencia de ₡65.
Es importante recalcar que este impuesto siempre cobrará un 13% sin importar quien lo este pagando, por ello es un impuesto que se conoce en el ámbito tributario como de naturaleza regresiva. Otro concepto importante, que se debe explicar antes de entrar a recorrer las discusiones de la Asamblea Legislativa, es el concepto del prorrateo y lo contenido en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la actual reforma fiscal.
Básicamente la regla general es la siguiente, siempre se podrá utilizar todo lo pagado por el IVA en la fase anterior como un crédito fiscal, pero solo por el porcentaje igual al IVA cobrado. Entonces alguien que compró un bien gravado al 13%, pero lo utilizó para generar un bien que se encuentra gravado al 2%, solamente podrá usar el 2% del 13% pagado al inicio y el restante 11% se irá al costo de operación, el cual podrá trasladarlo al comprador final como parte del precio de compra (efecto inflacionario).
Un caso más complicado es cuando un bien comprado tasado al 13%, se usa para generar diferentes bienes, a veces gravados al 2%, otros exentos (0%) y otros al 13%. Para saber cuánto porcentaje del IVA pagado se puede usar como crédito fiscal y cuánto debe de ir al costo, se debe calcular un promedio ponderado de los bienes y obtener un porcentaje a usar durante el año natural.
Este porcentaje se calculará al inicio deL año fiscal, se reportará a la Administración Tributaria y al final del año, si el cálculo estuvo bien, procederá, pero en caso de necesitar corregirlo se tendrá que hacer el ajuste en el último mes fiscal. Esto claramente puede golpear fuertemente a los negocios y particularmente el capital de trabajo financiero de las empresas pues puede que hayan consumido costo durante todo el año, que tendrán que ajustar a fin de año. Dicho promedio ponderado es de los cálculos más importantes que tienen que llevar a cabo las empresas a inicio de año.
Una vez comprendido el IVA, es necesario aclarar su situación en la Asamblea Legislativa, donde se han presentado diferentes ideas de los diputados para tratar que este impuesto, de naturaleza regresiva (cobra igual sin importar si es pobre o rico), sea un poco mas progresivo (cobre dependiendo si lo pagan los pobres o ricos). Las ideas estipuladas han sido las siguientes:

Devolución al primer quintil:

Esta propuesta fue planteada en un inicio por el economista, ya fallecido, pero con ideas muy vivas don Edgar Ayales. Él proponía que se cobrara para  todos siempre el IVA al 13%, pero que el 20% de la población más pobre de Costa Rica, pudiera acceder a que el Estado le devolviera lo pagado por el IVA. Así solamente el 80% más rico de la población costarricense estaría pagando el IVA. La propuesta en sí tiene mucha lógica y es la única manera de hacer realmente progresivo este impuesto, sin embargo, la idea no fue bien tomada por los legisladores debido a que los costos de devolver dicho ingreso generarían mayores costos para Costa Rica, en épocas en las que lo  se requiere es eficiencia en el gasto.
Junto con esta propuesta, también se discutió una idea de tarjetas de descuento para este primer quintil económicamente más pobre, pero tampoco fue aceptado, pues se consideró que podría llevar a darse un mercado ilegal de tarjetas de descuento del IVA.  

Tarifa plena del 13%:

Esta propuesta es la que han sostenido mayormente los organismos internacionales y los teóricos del tema tributario. La propuesta en sí es que el impuesto que es de naturaleza regresiva no debe de tratarse de hacer progresivo, pues este cambio tiene efectos devastadores en la economía.
Ellos han usado experiencias internacionales, en donde lo que se demuestra claramente es que el IVA no llega a tener efectos inflacionarios, pues se regula con el paso del tiempo; y los países que han introducido diferentes opciones de tarifas diferenciadas o bienes exentos hoy en día están buscando cómo eliminarlo pues provoca cierto descontrol en la economía.
Los detractores de esta postura dicen que no se está pensando en el pueblo, a veces con aseveraciones técnicamente correctas y a veces con aseveraciones totalmente populistas.

Tarifas diferenciadas:

Una moda que ha mostrado esta legislatura, y por ende nuestra reforma fiscal, es presentar tarifas diferenciadas, como si esto fuera a hacer más progresivo el impuesto. El problema es que la tarifa diferenciada la obtendrían tanto pobres como ricos. Por ende, seguiría siendo de igual manera regresivo.
Por ejemplo, si el proveedor compra a tarifa regular de 13%, y el producto tiene una tarifa diferenciada en la venta al 2%, este proveedor tendrá que consumir en su costo el 11%. El problema de esto es que si el bien es muy inelástico (es decir que a pesar de que suba el precio se seguirá consumiendo, como es el caso de la educación por poner un ejemplo) el proveedor incluirá el 11% en el costo, el cual le obtendrá una marginación, que probablemente sea mayor al 13%. Por ende, esto si generará un aumento de los precios y puede ser un disparador de la inflación.
Otra desventaja de la tarifa diferenciada, es que si el bien comprado a tarifa regular se utiliza para generar bienes gravados con tarifas diferenciadas distintas, se tendrá que realizar la prorrata y ello expone a la empresa a generar un golpe en el flujo de caja por un mal cálculo nada despreciable. Operativamente generará una dificultad importante a la empresa y un costo para el cumplimiento fiscal de la misma que puede llegar a repercutir en el costo de los bienes.

Bienes exentos:

Esta propuesta, si bien es la que más ha tomado revuelo últimamente, es en definitiva, la opción más dañina en efectos económicos. La misma, presenta todas las dificultades de la tarifa diferenciada, con el conflicto de que desaparece la trazabilidad, la cual con los niveles de evasión fiscal presentados por Costa Rica es crucial, pues el IVA al tener que registrar cada compra y venta para temas de créditos y débitos fiscales, de inmediato se asocia con los otros impuestos.
Así cuando una persona registra todas las compras y ventas, se puede dibujar de manera fehaciente sus ingresos y gastos gravables y deducibles para la renta. Pero, si una compañía no tiene interés en el débito y en crédito fiscal pues son exentos sus bienes, fácilmente se puede ver tentado a no registrar nada y por ende agravar más la evasión fiscal.
Un ejemplo grave de bien exento es la educación privada, pues en caso de que las instituciones educativas tengan que consumir este impuesto en sus costos, al ser un bien bastante inelástico, provocará un aumento en el precio a los consumidores finales con un moderado mark up, que podría encontrarse muy por encima del 13%. Por ende, hacer exento este bien hará que sus precios se disparen.

Tasa 0 con acreditación plena en fase final:

Esta propuesta, es un híbrido entre las posturas más sociales (de tener bienes exentos para la gente pobre) y la parte técnica (de tener una tarifa plena del 13% para evitar todos los detrimentos ya mencionados).
Esta propuesta fue diseñada por Carlos Camacho, en donde le pude asistir en su generación. Básicamente si bien ambos comprendemos y estamos convencidos que el IVA al 13% pleno de todos los bienes es el más perfecto y técnicamente el más solvente. Bajo la premisa de que la política es el arte de negociar, es necesario que tanto el sector político y el técnico entren en una tregua para avanzar con el proyecto de Reforma Fiscal de la mejor manera.
La propuesta versa en que todos los bienes se encuentran gravados al 13% durante toda la cadena de producción, y solamente en la fase final, es decir cuando se venden al por menor, se da una tasación del 0%, con la particularidad de que el vendedor de este bien podrá acreditarse todo el IVA pagado para la generación del bien que será acreditable contra otros IVA´s pagados.
Esta propuesta tiene la ventaja de que no genera un impuesto a los consumidores finales por los bienes a tasa 0%. Además brinda trazabilidad, pues siempre se tendrá un interés en la acreditación y débito del impuesto y no generará inflación pues nada se irá al costo. También, no brinda la complicación del prorrateo.
Su desventaja es que el último mark up debería de ser gravado y no lo es, por lo que quien termina pagando ese impuesto, mediante la no recaudación, es el Estado. Si bien es menos gravoso para el Estado que la tarifa diferenciada o los bienes exentos, en definitiva, se recauda menos que en el caso de la tarifa plena del 13%.
En general estas son las cinco propuestas que se han discutido a nivel de la Asamblea Legislativa, y que han sido presentadas como mociones por diferentes legisladores. Ahora bien cualquiera que se decida, nos afectará. Aparenta ser que la preferencia política ha logrado más que los temas técnicos, dándonos así un panorama lleno de prorratas, falta de trazabilidad e inflación generada por costos para un futuro.
Sin embargo ya sea que vayan por un camino u otro, la realidad es que el IVA representa un gran reto para nuestro país. Por ende el mejor consejo a dar es que todo aquel que brinde un servicio, venta de un bien o en general lleve una actividad económica en el país, debe asesorarse con un experto y no solo en temas tributarios si no en IVA, pues aunque se tenga mucha experiencia en impuestos, recordemos que toda esta situación es nueva para nuestra normativa.

 

Eduardo Rodríguez

 

Gerente de impuestos

 

erodriguez@grupocamacho.com

La reforma fiscal en Costa Rica

La reforma fiscal en Costa Rica es, sin lugar a duda, el tema con mayor resonancia en el mundo político, fiscal y económico de nuestro país en la actualidad; lo que nos lleva a preguntarnos ¿cuál es la importancia tan alta de dicho proyecto?

 

El Banco Mundial estima que el ajuste que requiere Costa Rica para sanar sus finanzas es de un 4.5% del PIB, es decir de aproximadamente 2.49 miles de millones de dólares, una cifra bastante considerable, la cual no toma en cuenta el hueco de los 900 mil millones de colones, que de manera irresponsable, no fueron presupuestados por el gobierno pasado. Es por ello que se calcula que para el próximo año Costa Rica sea de uno de los países con la peor situación fiscal de Latinoamérica.

 

Lo anterior nos perjudica de manera inmediata en las calificaciones de riesgo país, lo que provoca que las inversiones busquen otros rumbos y por ende las tasas de interés (que afectan a todo aquel que tenga un préstamo) y la inflación (que afecta a todo aquel que gana en colones) se disparen.

 

De no hacer cambios drásticos en nuestras políticas fiscales y públicas, estamos a las puertas de una crisis como la que se vivió en los años 80´s en Costa Rica; con un escenario internacional muy diverso a aquellas condiciones que por un lado atizaron la situación, pero sirvieron a la vez para salir de la misma; aunque las circunstancias no son siquiera comparables en el mundo de la economía abierta de hoy, con una geopolítica muy distinta a la de entonces.

 

Por la situación anterior es que el tema se encuentra en boga para todos los sectores; algunos con una clara responsabilidad hacia a dónde se debe de caminar y otros, como es el caso de los sindicatos, con posturas erradas e irresponsables. Entonces ¿sobre qué trata la reforma fiscal?

 

La misma toca varios puntos. A nivel de impuesto introduce las nuevas cédulas en renta, que se exponen a continuación:  

 

  1. “Ganancia y Pérdidas de Capital”: el hecho generador procede al existir una variación en el patrimonio del contribuyente, cuando este se materialice a cualquier título de enajenación.
  2. “Rentas de capital inmobiliario”: el hecho generador se genera al obtener renta de a la explotación de bienes inmuebles, siempre que no sea la actividad habitual del contribuyente.
  3. “Rentas de Capital Mobiliario”: el impuesto procede cuando se obtienen renta de bienes muebles, incluidos los activos financieros.

 

Además, dentro del impuesto sobre la renta, otros temas que la reforma modifica son:

 

  1. La escala progresiva del impuesto al salario, al poner dos nuevos topes para los salarios por encima de 2.1 millones de colones y 4.2 millones de colones, con 20% y 25% respectivamente.
  2. El periodo del cierre fiscal a diciembre.
  3. La base para el cálculo de la escala progresiva del artículo 15 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, al llevarlo al ingreso neto e ingresando dos tarifas nuevas, una del 5% y una del 15%; y se ingresa la potestad a la Administración Tributaria para generar norma para evitar el fraccionamiento por parte de las empresas.
  4. Se establece una definición de Establecimiento Permanente, Paraísos Fiscales y Precios de Transferencia.
  5. Se limita la deducción de intereses en cuanto a renta, normas acordes con el plan BEPS y conocidas como reglas de subcapitalización o capitalización delgada o exigua.

 

Ahora bien, la otra gran reforma que deviene es la variación del impuesto de ventas al IVA, lo cual es una gran evolución en nuestro impuesto. El IVA presenta ventajas frente al Impuesto de Ventas, pues permite generar créditos fiscales que anteriormente no se tenían, brindando así una imposición más compleja, pero al mismo tiempo más evolucionada de este impuesto indirecto.

 

El IVA viene a ser un punto fundamental para mejorar las finanzas del gobierno, principalmente a que dentro de la reforma se amplía la base a todos los servicios y no a la lista taxativa del artículo 1 del actual Impuesto de Ventas. Es decir, si bien el impuesto en sí es preferible, pues no genera el efecto cadena del impuesto de ventas (que aumenta un 13% cada vez que se vende), permite acreditar lo pagado en la fase anterior; aun así, recauda más debido a la ampliación de su base.

 

El poder acreditar el impuesto pagado en la base anterior es lo que hace que el IVA mitigue su efecto en la inflación por sí solo o bien llegue a regularse en corto tiempo como ha sucedido en experiencias internacionales. Dado lo anterior, se debe tener cuidado a la hora de generar la configuración del IVA, pues en los productos que son básicos (canasta básica) es fundamental el permitir la acreditación plena, pues de esta manera como ya fue dicho anteriormente, se evita un efecto inflacionario en especial en los consumos esenciales y sensibles en función del ingreso.

 

Caso contrario, con las tarifas reducidas o bienes exentos sin acreditación plena, se generaría mayor disposición de precios en los bienes, y esto sí retrasa y aumenta los efectos inflacionarios por el impuesto.

 

¿Cómo se encuentra el proyecto en este momento?

 

Para explicar cómo se encuentra el texto es necesario explicar el trámite especial del 208 bis, que es por el cual se está trabajando la actual reforma. Este se compone de: trámite en comisión especial, discusión de mociones de fondo en el plenario (con número restringido a una por diputado), posteriormente vuelve a la comisión y dos días después vuelve al plenario legislativo.

 

Se permite hacer mociones de reiteración, y por último se da la fase de la discusión de fondo del proyecto. Es importante ver que estas etapas tienen un máximo de seis sesiones. Entre el primer y el segundo debate, puede existir, si así lo quisieran los diputados (diez de ellos, al menos) una consulta de constitucionalidad.

 

La reforma inicial fue discutida por la Asamblea Legislativa pasada, mediante el uso del artículo 208 Bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Este primer artículo, se llevó a cabo, sin embargo, frente a los problemas generados dentro de la comisión, más el cambio de gobierno, se decidió dejar de lado y comenzar con un nuevo texto sustitutivo.

 

Al entrar esta nueva Asamblea Legislativa se volvió a aprobar otro procedimiento extraordinario mediante el artículo 208 Bis, sobre el mismo proyecto. Este texto comenzó a discutirse y hoy en día ya se terminó el proceso de presentación de mociones. Por ende, ya nos encontramos en la recta final para ser enviado al plenario legislativo.

 

Hoy en día las bancadas están encontrando acuerdos y existe un gran compromiso por parte de todos (o casi todos) para que la reforma fiscal llegue a buen puerto. Si el viento sigue soplando a como lo va haciendo tendremos una reforma fiscal aprobada para finales de este año, por lo que para cualquier empresa responsable lo mejor es acercarse a su asesor fiscal de confianza para prepararse por las variaciones fiscales que vienen.

 

Es crucial para cualquier empresa tener claro cómo funcionará el IVA en su cadena de valor, cómo podría afectarle las nuevas tres cédulas fiscales en renta y cómo prepararse para que el shock de un sistema tributario más complejo, como el propuesto, vaya a ser lo más controlado posible.

 

Eduardo Rodríguez 

 

Gerente de impuestos

 

erodriguez@grupocamacho.com

El tratamiento tributario de los Financiamientos Intragrupo

El desarrollo de financiamientos intercompañía a nivel centroamericano es la realidad del día a día de los grupos multinacionales. Con el avance de las administraciones tributarias, este tipo de transacciones ha quedado bajo la mira, al analizarse la realidad de la transacción, así como la posible utilización de intereses para erosionar bases imponibles.

En los financiamientos temas como la deducibilidad del gasto por interés con relacionadas, las retenciones a no domiciliados y el tratamiento en precios de transferencia; son tratados de manera diferente en cada una de las jurisdicciones regionales. El contribuyente agradecería una aplicación más homogénea a nivel global, o mediante la incorporación de cláusulas de acuerdos de ajustes bilaterales, que se lleven a cabo país a país en una vasta red de acuerdos para evitar la doble imposición.

Abordaremos algunos de los casos en la región centroamericana. Por ejemplo, observemos el caso de Guatemala:

Como resultado de un análisis desarrollado en un estudio de precios de transferencia se determinó que la empresa en el exterior debe cobrar un interés para los préstamos brindados a su parte relacionada en Guatemala, ya que el interés debe pactarse para efectos tributarios bajo los mismos términos que hubiesen pactado partes independientes; lo anterior basado en el artículo 55 del decreto 10-2012.

Por lo anterior, para la entidad local, su posición de deudora le implica la necesidad de registrar los intereses que sean acreditados a su entidad relacionada en el exterior. Mientras que la contraparte de esta operación establecerá que la parte acreedora tendrá un ingreso por intereses generado en territorio guatemalteco, y estará sujeto a las normas tributarias que se definan para tales ingresos. Se debe además homologar el tratamiento del concepto de territorialidad en cada una de las jurisdicciones para evitar la doble imposición económica de una misma renta como consecuencia de ajustes de precios de transferencia.

No obstante, si bien el registro de los intereses para la entidad local, de acuerdo a lo que se hubiese pactado entre partes independientes es lo correcto, la lectura integral de la norma indica que dicho interés no puede ser deducido de la base imponible para el cálculo del impuesto sobre la renta, al haber sido pagados a una entidad en el exterior; distinta de una entidad bancaria o financiera en los términos del artículo 24 del decreto 10-2012.

Según lo anterior, no se podrán tomar como gastos deducibles aquellos gastos producto de intereses pagados a la parte relacionada. Por ende, podría indicarse que la operación no estaría sujeta a una revisión o aplicación de algún ajuste desde el punto de vista de la parte deudora, pero sí de la parte acreedora.

Lo anterior, a nivel consolidado, quiere decir que una parte va a tener que cobrar una tasa de interés que será tratado como un ingreso gravable, la cual no va a poder ser deducible en su contraparte.

La situación es distinta en Costa Rica o Panamá, donde dicho pago de interés sí es deducible, siempre que se cumplan requisitos internos de la ley de renta o Código Fiscal respectivamente, que denotan el vínculo causal de necesidad y generación efectiva de rentas en la jurisdicción respectiva, que a la vez sean gravables con impuesto sobre la renta local. En estas jurisdicciones, el problema recae en cuando corresponde hacer un ajuste correlativo por precios de transferencia.

Por ejemplo, se realiza un ajuste por parte de la SAR en una transacción de intereses entre Honduras y Costa Rica. Dicho ajuste, dada la legislación costarricense actual, no sería aplicable de forma correlativa.

Según el artículo 3 del decreto 37898-h

“Artículo 3º-Ajuste correlativo. El ajuste correlativo es un acto realizado por la Administración Tributaria fundamentado en la verificación de un estudio de precios de transferencia realizado por la Administración Tributaria de otro país. Este ajuste correlativo tiene como fin evitar la doble imposición, producto de un ajuste de precios de transferencia aplicado por otra Administración Tributaria. Este ajuste se aplicará cuando así se establezca en un convenio vigente para evitar la doble tributación internacional y a consecuencia de un ajuste por operaciones entre las partes relacionadas…” (la negrita no es del original)

Con lo anterior, se está frente a la imposibilidad de poder aplicar ajustes correlativos en Centroamérica, que procuran reconocer la contrapartida del ajuste realizado por otra Administración Tributaria, ya que a nivel centroamericano no hay convenios para evitar la doble imposición y por ende estos ajustes no son aplicables.

Lo anterior abre la necesidad del uso de los estudios de precios de transferencia como un medio idóneo para el establecimiento de políticas de precios de transferencia que optimicen la carga tributaria grupal de las empresas a su mínima expresión, en un marco de cumplimiento pleno del principio de libre concurrencia.

Por último, queda la retención por operaciones financieras a no domiciliados:

Por ejemplo, en el caso de El Salvador, si bien se puede deducir los intereses pagados sobre préstamos hechos por una empresa extranjera o de alguna parte relacionada, se debe retener una tasa del 20% (si la parte está en un paraíso fiscal 25%), lo cual a nivel corporativo tendría que sumarle lo que se vaya a gravar por este ingreso por interés de la parte acreedora.

Ante estas situaciones se pregunta el contribuyente ¿qué puedo hacer? Si al cargársele una tasa de interés a los préstamos que le brinda a las partes relacionadas en la región, como concluye el estudio de precios de transferencia, prácticamente toda la ganancia del negocio se consumiría entre retenciones y no deducibilidad de los gastos.

Con la disonancia actual a nivel regional, más las reglas de precios de transferencia, prácticamente el utilizar financiamientos en grupos económicos regionales es prohibitivo, ya que el resultado de cobrar una tasa de interés es dejar la ganancia del negocio entre frontera y frontera donde el efecto de las retenciones en la fuente generan un aumento en la onerosidad de las relaciones de financiamiento; lo cual genera ineficiencias financieras y económicas que se trasladan en costos directos o riesgos incrementales en el establecimiento de los costos de financiamientos en la región.

En este escenario, es necesario para la administración interna de la empresa asesorarse y replantear su modelo actual de financiación intragrupo, generando estructuras nuevas que conlleven a la eficiencia económica y como consecuencia a la tributaria.

Steven Brenes

Senior de Impuestos

Grupo Camacho Internacional

Gestione sus precios de transferencia, en conjunto con su cierre fiscal 2018

Desde el año 2013, que fue publicado el decreto 37 898-H, es obligación de los contribuyentes revisar para la liquidación de su impuesto sobre la renta, lo correspondiente a las operaciones realizadas con partes relacionadas, que tengan una afectación en la determinación de la base imponible. Lo anterior, ha sido conocido como el cumplimiento de los precios de transferencia.

En este momento, es probable que muchos de los contribuyentes ya cuenten con un asesor en materia de precios de transferencia, pero aún queda otra parte importante de contribuyentes que aún no inician la gestión correspondiente. Sin importar a cuál de los grupos pertenezca usted, resulta de gran importancia que para este período fiscal 2018 realice una gestión oportuna de este tema; ya que este período trae novedades importantes, pese a que pensemos que nada cambia por la falta de una reforma fiscal. Hemos de tener en cuenta, que si bien no hay reformas legales, si que hay disposiciones administrativas igualmente aplicables y obligatorias a los contribuyentes, que son precisamente tocantes a este tema de precios de transferencia.

Este año será el primero para muchos contribuyentes que al momento del cierre ya deban tener implementada la facturación electrónica, situación que se vuelve fundamental para una gestión fiscal oportuna; ya que con la facturación electrónica se elimina esa posibilidad que mantenían los contribuyentes de dejar reservadas algunas facturas del consecutivo, para poder ajustar cualquier situación determinada posterior al cierre. En ocasiones, era previo a la liquidación definitiva del impuesto cuando las empresas estimaban cuanto cobrar a sus relacionadas para disminuir la tasa efectiva de impuesto del Grupo Económico, lo anterior, quedó en el pasado.

Es momento para que, en conjunto con sus asesores, se realice una evaluación preliminar de su situación fiscal; que permita brindar recomendaciones, identificar riesgos fiscales y posibilidades de ahorro tributario en caso de existir, previo al cierre fiscal. 

Para un grupo de contribuyentes con cierre a diciembre restan 5 meses de gestión, pero para aquellos con cierre a setiembre el plazo es más corto y se cuentan con 2 meses para diagnosticar y corregir la situación de forma oportuna, aunque tardíamente, lo que debe impregnar un verdadero sentido de urgencia en la acción.

Su empresa debe realizar el análisis de precios de transferencia previo la fecha de cierre, tanto para que los ajustes de precios de transferencia que correspondan se efectúen considerando el control que implica la facturación electrónica y su fecha cierta, como para que también los mismos queden registrados a nivel contable; evitando las situaciones de ajustes fiscales posteriores al cierre aplicadas sobre operaciones locales, donde la Administración solicitará o permitirá únicamente aquellas que aumentan la base imponible de una de las partes, y no lo hará para la contraparte cuya base imponible pudiese verse disminuida por un gasto deducible adicional.

Los invitamos a trabajar los precios de transferencia a tiempo y de forma integral con toda su gestión de cierre fiscal del período fiscal 2018, para esto, es necesario cambiar de un especialista en precio de transferencia, a un asesor fiscal integral, que tenga énfasis en precios de transferencia, de forma que le pueda acompañar de manera integral en todo lo correspondiente a la declaración D-101 y su conciliación fiscal.

Para mayor información sobre una adecuada gestión de su cierre fiscal 2018, sírvase en contactar con nuestros socios a los correos: ccamacho@grupocamacho.comcsanchez@grupocamacho.comevargas@grupocamacho.comvblanco@grupocamacho.com.

Pablo Ibarra Marín
Gerente de Impuestos
pibarra@grupocamacho.com

Evolución de la obligación de Precios de Transferencia, Honduras. (Parte II)

En el artículo de la semana anterior iniciamos un recuento sobre la evolución de la obligación de Precios de Transferencia en Honduras, donde se repasaron las diferentes normas, resoluciones y comunicados que han sido publicados, así como un repaso de los sujetos obligados y lo referente al Estudio de Precios de Transferencia. 

En esta oportunidad completaremos con el otro deber formal que estable la normativa que corresponde a la Declaración Informativa en Materia de Precios de Transferencia, al régimen sancionador y un breve repaso del accionar del Servicios de Administración de Rentas (SAR) en los últimos años.

Declaración Informativa en Materia de Precios de Transferencia

Con la publicación de la Ley (2011) queda definida la obligación de una declaración informativa pero no es hasta la publicación del reglamento en el año 2015 que se definen los parámetros de dicha declaración.

En el artículo 30, se establece que las declaraciones en materia de Precios de Transferencia serán vigentes a partir del período fiscal 2014, y se establece que los obligados a presentar la misma son los siguientes contribuyentes:

a. … categorizados como medianos o grandes contribuyentes que realicen operaciones comerciales o financieras con Partes relacionadas o vinculadas.
b. … aquellas que realicen operaciones con contribuyentes amparados en regímenes especiales que gocen de beneficios fiscales
c. … que realicen operaciones comerciales o financieras con Partes relacionadas o vinculadas residentes en países catalogados como paraísos fiscales; y,
d. … que realicen operaciones comerciales o financieras con Partes relacionadas o vinculadas dentro de un mismo periodo fiscal en un monto acumulado superior que determine la Dirección Ejecutiva de Ingresos mediante Acuerdo de Carácter General.

Con respecto al literal d) en enero del 2016 el SAR publica el Acuerdo DEI-SG-004-2016, donde establece como valor acumulado de referencia un total de 1,000,000 USD (monto que puede variar mediante una nueva resolución).

El 28 febrero del 2018, el SAR emite un comunicado donde aclara que, pese a que los contribuyentes no están obligados a presentar del Estudio de Precios de Transferencia, esto no eximía de la obligación de presentar la declaración informativa anual.

Lo anterior genera una situación particular para los contribuyentes que estén dentro de este grupo, ya que dentro de la declaración se deben completar renglones como “Método de Precio de Transferencia” y otros que están relacionados con el análisis de Precios de Transferencia para los cuales es necesario poseer un Estudio de Precios de Transferencia. Por tanto, no existe una obligación de presentar un Estudio de Precios de Transferencia para los contribuyentes que únicamente posean operaciones locales, pero requieren información que se obtiene de dicho Estudio para poder completar en forma la Declaración Jurada Anual Informativa.

Sanciones y/o multas

El régimen sancionador se establece en los artículos 18 y 19 de la Ley (2011), a continuación, los criterios:

  1. No aportar o aportar con datos falsos o manifiestamente incompletos o inexactos la información o documentación que en su momento se exija por la Administración Tributaria, será sancionado con una multa de diez mil dólares (10,000 USD).
  1. Declarar en cualquier ejercicio una base imponible inferior a la que hubiera correspondido debido a una valoración convenida distinta de la que habrían acordado en circunstancias comparables partes independientes, salvo que exista documentación que compruebe o justifique la veracidad de lo declarado. La sanción corresponderá a un quince por ciento  (15%) del importe del ajuste realizado por la Administración.

En caso de que esta conducta se acompañara de lo tipificado en el literal 1) la sanción por ambas infracciones será del treinta por ciento (30%) o veinte mil dólares (20,000 USD), la que sea mayor.

  1. Cualquier otro incumplimiento a las Disposiciones contenidas en la Ley (2011), se determinará una sanción de cinco mil dólares (5,000 USD).

Accionar de la Administración

Desde la entrada en vigencia de la Ley (2011) la Administración se encontraba en facultad de legislar el tema de precios de transferencia, pero no está hasta la publicación del Reglamento que inician los procesos de fiscalización y sanciones.

La Administración Tributaria en su momento DGI y actualmente SAR, han iniciado con procesos sancionatorios por incumplimientos en los deberes formales de la obligación, imponiendo sanciones amparadas en el literal 1) por montos de 10,000 USD a aquellos contribuyentes que no presentarán su declaración informativa.

La anterior falta ha sido de relativa fácil ejecución, ya que el sistema de forma automática aplica la sanción, lo que ha sucedido es que el propio Código y diferentes ampliaciones han introducido amnistías tributarias, que han permitido a los contribuyentes acogerse a las mismas cumplir con las declaraciones y presentar escritos para levantar las sanciones.

En segunda línea han iniciado los procesos de fiscalización de fondo, donde la Administración Tributaria solicita la documentación que da sustento a lo presentado en la Declaración Jurada Anual, y donde ha presentado regularizaciones y sanciones de nuevo basadas en el literal 1) aduciendo inexactitud o información incompleta.

Con respecto a estos procesos de fiscalización es importante acompañarse del asesor de Precios de Transferencia desde la solicitud para poder completar en tiempo y forma todo lo referente al requerimiento de información inicial.

Posteriormente en caso que se establezca una sanción es importante compartir la resolución también con el asesor ya que en los procesos que hemos podido revisar hemos notado vicios con objetables en una primera instancia, y otros que es probable se deban llevar a instancia de Tribunal Fiscal Administrativo, o en su defecto a siguientes etapas en sede Judicial.

Dentro de nuestra firma velamos por tratar de solventar cualquier disputa en la sede Administrativa, mediante un proceso de dialogo, de objeción mediante la norma o la técnica con la Administración Tributaria de manera que el proceso no se extienda de forma innecesaria.

Les instamos a contactarnos para mayor información, mi nombre es Pablo Ibarra y soy Gerente de Impuestos con especialización de Precios de Transferencia pibarra@grupocamacho.com; o con el Socio responsable el señor Eduardo Vargas evargas@grupocamacho.com.

Evolución de la obligación de Precios de Transferencia, Guatemala. (Parte II)

En el artículo de la semana anterior iniciamos un recuento sobre la evolución de la obligación de Precios de Transferencia en Guatemala, donde se repasaron las diferentes normas, resoluciones y comunicados que han sido publicados, así como un repaso de los sujetos obligados y lo referente al Estudio de Precios de Transferencia. 

En esta oportunidad completaremos con el otro deber formal que estable la normativa que corresponde a la Declaración Informativa en Materia de Precios de Transferencia, al régimen sancionador y un breve repaso del accionar de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en los últimos años.

Anexo al ISR de Precios de Transferencia (Declaración Jurada)

La obligación formal de declaración relativa a precios de transferencia se establece en el artículo 65 de la Ley, en dicho artículo no se menciona la información que se deberá declarar o su formato.

Fue tiempo después que la SAT público los instructivos para colaborar a los contribuyentes en la presentación de la declaración, que funciona como un anexo de la declaración del Impuesto Sobre la Renta, el cual se habilita posterior a una consulta de si el contribuyente mantuvo transacciones con partes relacionadas, la declaración se divide en 6 secciones:

  1. Información del Contribuyente
  2. Información del Grupo Empresarial
  3. Información de socios
  4. Partes Relacionadas
  5. Otras Partes Relacionadas
  6. Selección de Operación

La declaración se aplicó por primera vez para el período fiscal 2015 en el año 2016, y desde entonces se ha mantenido vigente (3 períodos fiscales han sido sujetos de declaración 2015, 2016 y 2017).

En la declaración las partes relacionadas se deben declarar en dos diferentes secciones, la sección IV está destinada para aquellas relacionadas, de las cuales el contribuyente es propietario. En tanto que aquellas partes relacionadas que posean otro motivo de vinculación se deben declarar en la sección V de “Otras Partes Relacionadas”.

Para el período fiscal 2016 (marzo 2017) se agrega la presentación de información de los comparables seleccionados, de manera que se despliegan pestañas adicionales para completar como nombre del comparable, país de residencia, fuente de la información pública entre otros.

Sanciones y/o multas

La Ley no establece sanciones especificas por los incumplimientos en materia de Precios de Transferencia por lo que las sanciones que aplican son las generales establecidas en el Código Tributario.

En el artículo 94 se establecen las infracciones a los deberes formales, siendo aplicables las siguientes:

  • El párrafo 9, establece la infracción por presentar las declaraciones después del plazo establecido en la Ley tributaria, por tratarse de una declaración anual; se establece un monto de tres mil quetzales (Q 3,000), en caso de que sea por solicitud expresa de la AT; en caso de presentar la misma antes de alguna notificación la sanción sería del veinticinco por ciento (25%)
  • El párrafo 13, establece la infracción por no presentación ante la AT de los informes establecidos en las leyes tributarias, para el caso en cuestión entiéndase el Estudio de Precios de Transferencia.

La primera vez de incumplimiento la multa es de cinco mil quetzales (Q 5,000), la segunda vez una multa de diez mil quetzales (Q 10,000), y las ocasiones siguientes a la segunda la multa será de diez mil quetzales (Q 10,000) más el uno por ciento (1%) de los ingresos brutos.

Accionar de la Administración

El accionar de la administración se ha concentrado principalmente en la solicitud de Estudios de Precios de Transferencia para los contribuyentes que declararon y presentaron el anexo de partes relacionadas.

En el año 2016 se realizó una solicitud extensiva a todos los contribuyentes con relación al período 2015, donde se debía entregar a la SAT el Estudio de Precios de Transferencia, información de los comparables, Estados Financieros y otra información, mediante un CD. 

Recientemente a partir del mes de mayo de 2018 iniciaron con solicitudes similares, para los contribuyentes que presentaron su declaración informativa se solicitó información relativa a los períodos fiscales 2016 y 2017.

Hasta el momento los procedimientos de la SAT parecen ser de control, ya que sus cuestionamientos principales fueron sobre el formato de la documentación; no se descarta que en los próximos meses inicien procesos de fiscalización donde se cuestione el fondo y análisis de las operaciones.

Así como la inclusión de prácticas que permitan identificar a todos los contribuyentes que pese a estar obligados, continúan declarando que no tienen operaciones con partes relacionadas y sin presentar por tanto el anexo informativo.

Con respecto a estos procesos de fiscalización y consulta es importante acompañarse del asesor de Precios de Transferencia desde la solicitud para poder completar en tiempo y forma todo lo referente al requerimiento de información inicial.

Posteriormente en caso de que se establezca una sanción es importante compartir la resolución también con el asesor ya que en los procesos que hemos podido revisar se han notado vicios que son objetables en una primera instancia, y otros que es probable que se deban llevar a instancia de Tribunal Fiscal Administrativo, o en su defecto a siguientes etapas en sede Judicial.

Dentro de nuestra firma velamos por tratar de solventar cualquier disputa en la sede Administrativa, mediante un proceso de dialogó, de objeción mediante la norma o la técnica con la Administración Tributaria de manera que el proceso no se extienda de forma innecesaria.

Les instamos a contactarnos para mayor información, mi nombre es Pablo Ibarra y soy Gerente de Impuestos con especialización de Precios de Transferencia pibarra@grupocamacho.com; o con el Socio responsable el señor Eduardo Vargas evargas@grupocamacho.com.

Documentación y Declaración de Precios de Transferencia

Precios de Transferencia

¿Qué es?

A partir del Decreto Ejecutivo 37898-H, del 13 de setiembre del 2013, se establecen los lineamientos sobre precios de transferencia para todos los contribuyentes costarricenses, dicho decreto, establece la documentación soporte (estudio de precios de transferencia) y obligaciones formales (Declaración de Precios de Transferencia)

¿Desde cuándo?

El 13 de septiembre del 2016, la Dirección General de Tributación[1], estable que la declaración de precios de transferencia es de carácter anual y que entrará a regir una vez se activen los módulos del ATV[2], necesarios para subirla al sistema y para periodos subsiguientes se establece su presentación para el 30 de junio de cada año.

¿Qué debe incluir un estudio de Precios de Trasferencia?

Por otro lado, si bien el estudio es obligatorio desde el 2013, es hasta la resolución[3] sobre documentación soporte que se establece la documentación necesaria que debe contener un estudio de precios de transferencia, la cual se resume seguidamente:

  • Actividades y funciones desarrolladas por el contribuyente.
  • Lista de activos fijos utilizados en las operaciones vinculadas.
  • Riesgos inherentes a la actividad.
  • Información general de las empresas del Grupo.
  • Estados Financieros del ejercicio fiscal del contribuyente.
  • Métodos de precios de transferencia utilizados.
  • Identificación de cada transacción intercompañía.
  • Documentación relevante que soporte las transacciones intercompañía.

 ¿A quién aplica?

Todos los contribuyentes que lleven a cabo transacciones con partes relacionada durante el periodo fiscal deberán tener a mano la documentación soporte[4], Por otro lado, la presentación de la declaración únicamente aplica para Grandes Contribuyentes, Grandes Empresas Territoriales y Empresas en Regímenes de Zona Franca.

Sanciones por incumplimiento

Artículo 83, del CNPT[5], establece una sanción equivalente a una multa monetaria proporcional al 2% (dos por ciento) de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor, en el periodo del impuesto sobre las utilidades anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base.

Asegurarle que tanto su declaración, como el estudio estarán en su poder, mucho antes que la Dirección General de Tributación, se lo solicite, así como darle seguridad en el proceso ofreciéndole conocimiento y la experiencia por la cual nos posiciona como una de las firmas más importantes del país

 

 

[1] Se publica mediante la Resolución No. DGT-R-44-2016, y basado en el artículo 8 del Decreto.

[2] Sistema en línea ATV (Administración Tributaria Virtual).

[3] Se publica mediante la Resolución DGT-R-016-2017 y basado en el artículo 9 del decreto.

[4] Indicada en la resolución DGT-R-016-2017.

[5] Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Actualidad de los Precios de Transferencia en Costa Rica

 

 

 

Situación Actual

La obligación tributaria de los precios de transferencia en Costa Rica se encuentra vigente y es de obligación para todo contribuyente que tenga transacciones con partes relacionadas, sean estas locales o internacionales.

 

A diferencia de otros países, en Costa Rica no hay un mínimo exento, y se deben considerar todas las transacciones efectuadas, tanto las que se reflejen en resultados, como aquellas que afecten únicamente cuentas de balance o no se reflejen a nivel contable -transacciones sin contraprestación-.

 

¿Desde cuándo entra en vigencia?

La vigencia de esta obligación es desde el periodo 2013, aunque dado el plazo en el cuál entra en vigor la declaración informativa -la cuál es obligatoria para Grandes Contribuyentes, GETES[1] y empresas de zonas francas-, los contribuyentes en general han optado por iniciar su documentación de precios de transferencia a partir del periodo fiscal 2015.

  • Actualmente, la obligación de presentar la declaración informativa se encuentra suspendida, dado que la Administración Tributaria aún no ha definido la plataforma tecnológica para presentarla. Es importante considerar que la Administración ha sido clara en que requerirá la declaración desde el periodo 2015 y siguientes.

 

Costa Rica y su compromiso con la OCDE

Vale recalcar que el país se ha alineado de lleno con las disposiciones de la acción 13 de BEPS de la OCDE[2], adoptando el enfoque de tres pilares de información soporte, siendo estos el informe local (Estudio de Precios de Transferencia), la información corporativa (Master File) y el reporte país por país (CbC).

 

La documentación

El detalle de que debe contener cada uno de estos documentos se establece en las Resoluciones DGT-R-16-2017 y DGT-R-001-2018. La información que se debe presentar va desde una descripción de la operación local hasta la información financiera consolidada del grupo económico.

  • Si no conoce el entregable de estos documentos, con gusto podemos reunirnos y repasar en detalle en qué consisten y cuál es la información que los componen

 

Ahora bien, los contribuyentes deben considerar que la obligación de precios de transferencia va más allá de presentar la documentación soporte y/o la declaración cuándo sea requerida por la Administración Tributaria.

¿Cuál es la verdadera obligación del contribuyente?

La documentación no es más que la prueba que prepara el contribuyente para demostrar que sus transacciones cumplen con el principio de plena competencia. Por ende, la verdadera obligación, vigente actualmente, es que las transacciones que se realicen entre partes relacionadas cumplan con este principio.

 

No obstante, las empresas han invertido el orden de la obligación. Primero realizan sus operaciones con relacionados y luego procuran documentarlas, sin haber considerado a priori las condiciones de libre competencia.  El contribuyente debe conocer de previo cuáles son los términos y condiciones que le permitan, una vez cerrado el periodo fiscal, cumplir con este principio.

 

En este contexto, invitamos a nuestros lectores a que implementen acciones para que, en lugar de únicamente documentar sus precios de transferencia, inicien a gestionarlos.

 

 

[1] Grandes Empresas Territoriales

[2] Esta acción reexamina la documentación sobre precios de transferencia