Algunas precisiones de reglamento

El pasado martes 2 de abril venció el plazo para la sugerencia de cambios en el proyecto de reglamento de la ley del IVA. Es interesante indicar que este proyecto fue antecedido por un borrador de proyecto, en el que también se tomaron en consideración asuntos atinentes a la opinión abierta de sectores, denotándose cambios significativos en el proyecto ya cerrado para consulta. Parece correcto que, en una legislación tan omnicomprensiva, a los agentes económicos de todos tamaños y sectores se les someta a consideración estos documentos, así como digno de mencionar el proceso de incorporación de las sugerencias que se presentaran en la fase de borrador, hablando de la actitud correcta de la Administracion. Esperamos siga siendo la tónica de las relaciones con los sectores, en especial en lo tortuoso que puede ser el proceso de transición en la adopción plena de la norma del IVA a partir del próximo 1 de julio.

Hay diversidad de aspectos que implican la necesidad de trabajo arduo por parte de los contribuyentes, alguno con efectos favorables y otro con efectos desfavorables al contribuyente. Como es sospechable, aquellos que benefician al contribuyente son de carácter optativo, tal es el caso de la recuperación de los créditos de los últimos cuatro años del impuesto pagado, para quienes no eran contribuyentes del impuesto general sobre las ventas, particularmente los prestadores de servicios que son los principales protagonistas de esta nueva era de la tributación indirecta en Costa Rica.

Concretamente el numeral 41 del Reglamento indica que, en el caso de impuestos pagados antes del inicio efectivo de la actividad económica, se puede realizar una acreditación del impuesto de ventas pagado, en tanto se establece que estos darán derecho al crédito. Es fundamental indicar que esta norma requiere reconstruir contablemente los derechos de crédito, entendiéndose que dicha acreditación no debería implicar cambios en declaraciones de iguales períodos para el impuesto sobre la renta. La norma no precisa si dichos créditos corresponden a bienes duraderos y consumibles, siendo nuestro entendimiento que lo correcto, desde la óptica de la correspondencia de débitos y créditos afectos al IVA, se deben limitar a los bienes duraderos que aun estén en aprovechamiento en actividades afectas al impuesto de valor agregado. Dar derecho de crédito a consumibles ya consumidos en los periodos anteriores sería contrario a los criterios de limitación de los derechos de acreditación que priman en las reglas del IVA, que requieren el vínculo causa efecto en la generación de actividades afectas a la sujeción al impuesto. Sin embargo, se debe ser más específico sobre lo que puede o no ser aprovechado como crédito fiscal, dado que el artículo 17 de la Ley no es claro al indicarlo; se puede utilizar la potestad reglamentaria para dar una definición atinente sobre lo que debe ser considerado como crédito fiscal, tal y como lo establece la Ley en el artículo 18 sobre las limitaciones del Crédito Fiscal. Ahora bien, si es claro que se refiere a los últimos cuatro años en razón de no estar prescritos, surge la duda del periodo de IVA al que se puede aplicar dicho crédito, debiendo entenderse que este derecho no cuenta con un plazo perentorio, pero al momento de aplicarlo se limitará a los últimos cuarenta y ocho meses o menos, sea que solo son cuatro años para quienes apliquen el crédito en la declaración de IVA del mes de julio, ya que si lo hiciera en agosto, le quedaría remanente únicamente cuarenta y siete meses, y así sucesivamente.

Otro aspecto que es importante tomar en cuenta es que a dichos derechos de acreditación le deberán aplicar las mismas reglas tanto de proporcionalidad general como la relacionada con la de las tarifas reducidas, siguiéndose siempre la misma línea de construcción de la norma general. En todo caso, este derecho es de carácter opcional teniendo un horizonte de aplicación con carácter finito en el mes de julio de 2023.

En relación con el otro aspecto laborioso que sí es perentorio, ya que aplica a la reducción de los derechos de deducción desde el inicio de la aplicación del impuesto a partir del próximo 1 de julio, es la regla de proporcionalidad que aclara el reglamento se hará con base en la proporcionalidad histórica que resulte de simular como aplicable a las operaciones de 2018, año natural, los efectos de la proporcionalidad de las transacciones históricas, como si estas hubiesen estado afectas a la eficacia jurídica de la ley del IVA, simulación que requiere una especial atención a las transacciones sujetas y no exentas, las exentas que dan derecho de acreditación por disposición expresa y excepcional de la norma, así como las que en concreto no dan derecho de acreditación; esas son las que marcarán las pérdidas de derechos de deducción para el periodo inicial del impuesto, la que corre del 1 de julio al 31 de diciembre del presente año.

La pregunta al contribuyente es si ya tiene al menos el cálculo obligatorio, así como si tiene claridad de que, para aprovechar el máximo este derecho de los créditos de los últimos cuatro años, hay faena que librar. Para dimensionar la urgencia de estos actos, solo tengan en cuenta que estamos a 82 días naturales de iniciar las nuevas obligaciones.

Efecto bolsillo

Es una consecuencia normal de cualquier cambio tributario, en especial en la imposición indirecta, que, si bien se supone grava el valor añadido de los contribuyentes en el sistema de producción de bienes o la prestación de servicios, desemboca en el bolsillo de quien no tiene a quien trasladar o no cuenta con medios legales para deducir el impuesto sobre el valor agregado, siendo el destinatario económico del impuesto.

Hay unos destinatarios jurídicos del impuesto, lo que lo hace de valor agregado, en razón de los derechos de deducción, este partícipe del sistema, al menos en tesis de principio no es destinatario económico del impuesto. Esta tesis de principio encuentra sus límites con facilidad en dos supuestos generales. Primero, cuando el contribuyente enfrenta imposibilidad legal total o parcial a una reducción de sus derechos de deducibilidad en razón de las reglas de origen múltiple de manera particular en la prorrata, tanto como cuando se abastece por contribuyentes que no cumplen con el deber de tributar —sea aquellos que interactúan con sectores informales de la economía, como los que se abastezcan de los amparados al régimen de tributación simplificada, que para un sistema de IVA se comportan desde la óptica económica como si fueran informales económicos— el nivel de sus proveedores les provocan un quebranto del impuesto.

La segunda ocasión en que alguien en la cadena de valor enfrenta incapacidad de traslación mediante deducción de lo pagado es en el caso que la norma legal establece dichos límites. Es decir, cuando el legislador convierte a este sujeto en consumidor final en razón de norma expresa en la ley.

Ahora bien, el IVA como impuesto al valor agregado deja de serlo convirtiéndose en un impuesto al consumo, cuando entra en contacto con el consumidor final, quien, aunque pagando un impuesto de valor agregado por ser el destinatario jurídico y económico, se convierte en un impuesto sobre el consumo de los bienes y servicios.

Todos los consumidores vamos a enfrentar a partir del 1 de julio, en 90 días, la afectación del nivel general de precios; esto es consustancial: la entrada en vigor de un impuesto como el IVA. El asunto fundamental a todos es entender que se darán dos fenómenos simultáneos de orden fiscal: uno es el de la traslación del impuesto de valor agregado en todos los bienes y servicios que se consuman; esto requiere de un reacomodo de los presupuestos personales y familiares, siendo los más sensibles los de los niveles de ingresos más bajos, pero no dejando de afectar a toda la población con un posible impacto de reducción en el consumo.

Eso conlleva que el resto de los agentes de la economía vean perjudicados sus niveles de ingreso, con el riesgo que, si no se toman medidas urgentes, puede llegar a aumentar el nivel de desempleo —que ya es alto— en particular en los niveles de baja escolaridad. Este desplazamiento puede atizar el nivel de recesión económica que venimos enfrentando. A los individuos con mayor nivel de ingreso relativo se les dará a la vez una reducción de su ingreso disponible en razón del aumento de las tarifas del impuesto al trabajo personal dependiente del actual 15% en los tramos de ingreso superior, hasta un tipo impositivo superior hasta del 25%, afectando de manera especial y concreta a quienes más ganan y consumen, que de reducir o reacomodar sus hábitos de consumo pueden generar desmejora de la demanda agregada, que deviene en merma de empleo y se realimenta el círculo de manera negativa.

Cuando se tienen cambios tan significativos en los niveles de afectación fiscal, se requiere de agendas de acompañamiento que sean contestes a la reactivación económica, así como al recorte del nivel de endeudamiento del Estado mediante la reducción del tamaño del mismo, aspectos pendientes aún, pero que debemos reconocer que solo empeoran la condición de empleo y consumo del nivel nacional.

La agenda de reactivación económica debe incluir el aumento del crédito disponible para la inversión en bienes duraderos como viviendas y maquinaria y equipos para las actividades productivas, como elementos paliativos de la recesión descrita, aumentando en el corto plazo los niveles de empleo teniendo por mero traslado sectorial hipotético una mejora en los niveles de empleo. El traslado es hipotético visto que, aunque se cree el mismo número de puestos de trabajo, estos deben ser de análoga naturaleza para mantener al menos los niveles de consumo y evitar la caída libre de la actividad económica real.

La situación de esta coyuntura es compleja, pues debemos todos, los agentes privados tanto como el sector público, protagonizar cambios en los paradigmas, atrevernos a salir de las cajas de gestión de recursos tradicional para provocar una disrupción positiva en el mediano plazo. Si no se llega a lograr esto, al menos en principio, antes de fin de este año, estamos en una condición delicada desde la óptica financiera y fiscal, llegando al sinsentido de que aún pagando más impuestos no se logre una mayor recaudación por la caída de la actividad económica, pudiendo lograrse el reparto de lo que queda, que sería definir quien absorbe más pobreza y más desempleo. Solo se puede repartir lo que hay; sería idílico repartir riqueza, pero previo a ello hay que generarla.

Es urgente un pacto público privado transparente que de manera concreta defina cómo reactivar la economía, perdiendo el miedo al qué dirán, tanto los libros como las instituciones, en especial las financieras internacionales, las que parecen no quedar satisfechas de ninguna manera.

El paso que dio Costa Rica es valiente, toca ahora acompañarlo de acciones para la generación de riqueza, fundamento del bienestar y mejora de las condiciones de las grandes mayorías. No echemos la culpa a otros. Veamos cada quien de nosotros qué podemos aportar, pues el país en el que vivimos es de todos, no de quienes lo quieran hacer suyo o le intenten secuestrar.

Dos agravios

Los sistemas tributarios son particularmente sensibles a la buena técnica legislativa y a la particular administración y custodia que haga el operador de la Administración, para que dicha labor se ejerza en celoso sentido de cuidado de los equilibrios propios de un sistema tributario: concretamente el de dar certeza jurídica a los contribuyentes, derivada de la generación de normas de aplicación claras, así como el custodio de la norma legal cumplir esta función con especial atención y cuidado de la existencia de los derechos de los contribuyentes y a tal fin tanto el apego a la buena técnica y en concreto a la didáctica especialísima, que sea garante de manera real y material de los derechos de los contribuyentes.

Los contribuyentes con derecho esperan del sistema legal y, de manera particularmente grave del derecho tributario, que esta labor de buena técnica y equilibrada custodia sea ejercida con claridad, transparencia y en consideración de las condiciones sociales y sociológicas en las que toca la aplicación de la norma.

Corresponde al legislador dotar de una norma de calidad técnica, para lo que se espera de la Administración activa un ejercicio también de custodia durante la gestación de la norma, siendo garante de que el principio de reserva material de ley que obliga la Constitución Política se cumpla, tratando al contribuyente como sujeto pasible de obligaciones en el ámbito del respeto de sus derechos constitucionales, que la vez encuentran en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios de forma enunciativa que, a la vez, garantizan que la condición social —realidad del entorno en que la norma será aplicada— sea la menos lesiva de los intereses fundamentales de seguridad y menor lesividad en las cargas que comporte el cumplimiento de esta norma, conocido como costo de cumplimiento.

A tal efecto, el custodio de la norma debe ser consciente de sus poderes y deberes, con lo que en la fase de gestación debe asegurarse de la integridad técnica, garante del componente técnico que sea necesario para hacer normas didácticas, para que la sociología de la norma se comporte con el mayor apego a la condición de neutralidad interpretativa, siendo esta responsabilidad ejercida en la publicación clara y oportuna de los reglamentos, así como de procurar la mayor operatividad del sistema, escogiendo forma estratégica y la forma de propiciar el cumplimiento, labor que requiere de conocimiento no solo del derecho, sino de la realidad económica propia de los sujetos pasivos, evitando no solo la semántica, sino la esencia de confundir al contribuyente con mero obligado tributario, aspecto este último que, aparte de superado como concepto, pone ya una barrera de interacción entre el contribuyente y la Administración.

Tratar al contribuyente como sujeto obligado, ya sea de manera formal, esencial o funcional, lo remonta a la condición en el siervo de la gleba o en súbdito de un imperio, concepto absolutamente opuesto a los predicados, al menos faciales de la democracia sustancial, que tanto orgullo da a los costarricenses.

El primer agravio que solo mencionaré es el de la canasta básica publicada recientemente. Era innecesario y evitable entrar a confrontar la existente, pues el frío no estaba en las cobijas; hasta se habría visto bien una más generosa inclusión de elementos ahora sujetos al IVA, no antes en el impuesto sobre las ventas, fuera respetuosa de lo que había y, en consideración a la desmejorada condición social, haber incluido uno que otro elemento, aunque fuese con mínimos que fueran el adorno de un sistema cuya implantación —que no imposición— debe tener en cuenta siempre. Haciendo vida lo que mi amigo catalán siempre predica: “se cogen más moscas con miel que con hiel”.

Ya la pasará mal el contribuyente de por sí, como aparte de todo provocar un enfrentamiento en la zona de consumidores por cosas que bien como poco, si la avaricia no daba para más, debió dejarse como estaba. Esa canasta básica era una zona de contención social y sociológica que pudo haberse manejado como una batalla evitable e incluso como un facilitador de la absorción de la nueva normativa en la sociedad civil. Desafortunadamente, si no escogemos las batallas de forma estratégica, se ganarán algunas batallas, pero estarán destinados a perder la guerra, que esta se debía remitir a la guerra contra los verdaderos flagelos del sistema: la corrupción y la evasión, pecados que recargan indudablemente los hombros de los que cumplen honradamente o, peor aún, de los que simplemente no tienen otra opción que la sumisión fiscal, concentrado este grupo en la mayoría de la población y la parte más débil de la cadena social.

El segundo de los agravios está aún en fase de ser evitado, el proyecto de reglamento de IVA publicado para consulta. Lo hemos analizado y se deben dar las normas de aplicación y el rigor técnico debe ser manifiesto de manera fácil al contribuyente, siendo de nuevo amigable, instrumental a provocar el cumplimiento. De nuestro análisis, las normas de algunos de los artículos de esta propuesta son ilegales, pues desbordan los límites establecidos por el legislador, en otros casos, en lugar de aclararlos y facilitarlos, los complica tanto que, de no repararse, hace ya materialmente limitada la cantidad y características de los contribuyentes que podrán cumplir.

Ya, de por sí, solamente mediante el proceso sistemático mediante tecnologías de la información será posible el cumplimiento de una norma que, además por sus características, es de orden universal; es decir, estamos obligados todos los proveedores de bienes y servicios. Esto incluye colectivos a los que la norma obliga y simplemente estarán por sistema quedando condenados a ser omisos, pensemos en los servicios artesanales y personales, como carpinteros, maquillistas, sonidistas, artistas, albañiles, ebanistas, lavadores de vehículos en forma individual o empresarial, el de barbería, entregas a domicilio de bienes de diversa naturaleza, transporte privado de personas, transporte de bienes y los profesionales, como abogados, médicos, topógrafos, ingenieros, profesores universitarios de tiempos parciales, servicios de preparación de estudiantes para exámenes especiales, tutores, así como una larga lista de etcéteras, que estaremos todos obligados a partir del 1 de julio a la aplicación de esta obligación y su cumplimiento mensual.

Un impuesto de valor agregado es complejo y simple a su vez, la casuística, la sistematización, la contabilidad y otros aspectos de orden instrumental, en lugar de venir a encontrar luz en la propuesta de reglamento, enfrentan nebulosas peligrosas. No dudamos de que este periodo de consulta se remediara una gran mayoría de las sugerencias que se plantean como necesarias correcciones. Ya la Administración lo ha demostrado en la acogida que dio a nuestras sugerencias de fondo que en el borrador de proyecto presentamos, una especial apertura. Por eso es que instamos a todos los gremios a manifestar sus posiciones antes del próximo 2 de abril, plazo último para cerrar el proceso de consulta. Ahora bien, debemos entender que el interés particular debe ceder al bienestar del sistema y su operatividad. Creemos que la actitud abierta de la Administración a admitir sugerencias debe ser bien aprovechada; sin embargo, eso compromete a todos los sectores a su manifestación de interés y análisis de la norma en consulta.

No puedo dejar de expresar la preocupación de fondo que, aunque se logre superar los escollos legales, técnicos y de aplicación operativa que tiene el proyecto de reglamento, las esquirlas del contribuyente detonen en las explosivas acciones de fiscalización que se pueden avizorar ante una norma que en origen tiene problemas en su estructura, insalvables por vía reglamentaria por razón del rango y jerarquía de las normas en el sistema jurídico.

Contribuyente, el tiempo es cada vez menos. Si no sabemos o entendemos lo que se nos avalancha encima, podemos estar quedando en la peor de las consecuencias de una reforma fiscal que grava la actividad económica, que es quedar en incapacidad de mantener la misma. Manifiéstese, estudie, entienda, actúe. Mañana es demasiado tarde.

El Caballo de Troya

Es importante solo refrescar la historia, según la que los griegos conquistan la ciudad fortificada de Troya mediante el uso de una figura de caballo de madera, que tanto los relatos Homero y Virgilio, autores de la Grecia clásica, permitió a los griegos tomar la ciudad impenetrable. Si bien esta fantasía lo es respecto de aquel evento, en el caso que nos ocupa no lo es y se ha convertido en una realidad con la que debemos de lidiar en un muy corto plazo. Ya que la anécdota y enseñanza de este relato, lo que nos debe recordar es que hay batallas ganadas en apariencia en el que los resultados pueden llegar a ser nefastos, tal es el caso de los troyanos introduciendo a modo de trofeo de victoria el caballo en la ciudad y los empresarios respecto de la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La discusión que tomó la mayor parte de la atención pública durante la etapa de proceso legislativo se centró fundamentalmente en asuntos relativos al IVA. Todos, me incluyo consideramos-seguimos haciendo aún con mayor conciencia hoy-que la opción para Costa Rica era la indispensable aprobación de la norma indicada. Sin embargo, conforme vamos divulgando las consecuencias que en renta se dieron, de una reforma que parecía no ocurrir mucho, ha sorprendido a todos en cuanto a la profundidad de “revolución fiscal” que ha surgido de estas reformas diversas a la antigua ley 7092, Ley de impuesto sobre la renta.

Respecto de la norma, se indicó en medios pasaríamos a un concepto de renta global, cosa que no es del todo cierta, ya que hemos quedado en un sistema de renta dual, que grava los resultados de las actividades afectas con las reglas del impuesto a las utilidades y mediante la creación de un tridente complementario atinente de las tipologías de renta. Las cédulas nuevas del impuesto sobre la renta son aplicables para todas las rentas derivadas de rendimientos que no se encuentran fundamentalmente afectos a la actividad económica principal. Surgen en el tridente los siguientes nuevos criterios de tributación: el de las rentas del capital mobiliario, las del capital inmobiliario y el de las ganancias y pérdidas de capital.

Como regla general no queda tipología alguna de rentas no sujetas, aunque perviven algunas rentas exentas. Esta situación hace de la tributación de orden directo un concepto universal excepto por las disposiciones que expresamente eximan de manera concreta de dicha obligación a los sujetos, quedando objetivamente gravadas todas las manifestaciones de incremento de patrimonio, pasando del tradicional sistema cedular taxativo, a uno dual universalizado, siendo que lo que no tributa por impuesto sobre las utilidades, lo hará por los nuevos conceptos de tributación ya mencionados en el tridente; este cambio, viene siendo más agresivo aun cuando se considera que algunas rentas, tributan de manera primaria como rentas especiales y terminan tributando de manera suplementaria en el impuesto sobre las utilidades, quedando algunos de los pagos de orden único y definitivo, como meros pagos a cuenta del impuestos sobre la renta final a la mayor de las tarifas que en regla general ha quedado remitida al 30%.

El caso más grave quizá lo comporta el de las entidades de mera tenencia de acciones, conocidas como “holding” entidades cuyo único propósito es la tenencia y administración de las participaciones en otras entidades, como los llama la legislación, que inviertan en títulos de fondos propios de otros contribuyentes, robando el término del derecho español. Es decir, la situación que en la norma anterior quedaba no sujeta en la fase de distribuciones de dividendos, si la sociedad inversora no tiene actividad económica en sí misma, llegará a tributar de cero actual hasta el 30% en cabeza del beneficiario, con pago a cuenta de dicho impuesto en la retención que aplicará a las rentas del capital mobiliario, nueva cédula del impuesto reformado. La condición de desactivación es que la sociedad de mera tenencia tenga una actividad económica sujeta al impuesto sobre las utilidades, en cuyo caso pervive la no sujeción.

A la vez, el mal favor que han hecho los troyanos, en este caso los empresarios, es creer que este tema de renta hay que verlo con posterioridad en el cierre de renta, ya sea de setiembre o de diciembre, según sea el periodo que actualmente tienen, dejando de comprender, que el plazo de entrada en vigor de esta norma, inicia el 1 de julio de este año, quedando poco tiempo para efectuar operaciones de inteligencia y oportunidad que disminuyan el impacto de la norma tsunami que se avecina.

Quienes han creído que la reforma fiscal de la ley de Fortalecimiento se centra fundamentalmente en la promulgación de una ley de IVA con derogatoria de la ley de impuesto sobre las ventas, se toparan con la nueva normativa cuando ya sea demasiado tarde. El periodo de transición a la nueva ley debe y puede legalmente ser utilizado por el contribuyente para redefinir sus ordenamientos de negocios y patrimoniales, de forma que el embate alternativo de la nueva norma sea el menor posible, sin caer en transgresión alguna. Además, la providencial medida de demora del registro de beneficiarios últimos acompaña en forma favorable estas posibles reestructuraciones empresariales.

Quien teniendo esta oportunidad y no la utilice para reducir el impacto de las normas indicadas en renta, se ha destinado a sufrir consecuencias por inacción que serán dolorosas por el resto de la vida empresarial. Es hora de volver a poner en perspectiva la tabla de tiempos, si bien es cierto las reglas de IVA son las primeras en regir, no se olviden del caballo de Troya de renta, que hemos invitado a pasar y se encuentra en nuestro ordenamiento ya, para hacer su desembarco en el momento menos oportuno, sea la fase de fiscalización.

El perturbador y perverso silencio de Tributación, acompaña la ignorancia e inacción de algunos sectores empresariales, que se verán sorprendidos por un agravio comparativo con respecto a quienes se han dado a la tarea de estudiar y actuar en consecuencia, esta condición será un resultado que marcará la distinción entre quienes podrán tener mejores chances de salir bien librados, de los que pueden verse de cara al reto de las nuevas obligaciones y sus efectos en la competitividad. Lo que se puede hacer hoy sin costo y con beneficios significativos, no solo será más oneroso, sino que los requisitos de motivación económica válida introducida en el nuevo artículo 12 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que requerirá la demostración de las causas económicas que de manera autónoma y distinta a la del ahorro tributario, dificultarán en adelante, las decisiones documentadas que deben incorporarse en el proceso de gestión del gobierno corporativo tributario.

Modificaciones del Impuesto Sobre la Renta – Resumen de los principales cambios en Rentas de Capital

Con el nuevo año, nuevas normas fiscales vienen a regir el panorama de obligaciones para nuestras empresas y también para nosotros como personas físicas. 

Con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas (Ley N˚9635), no solamente ha incluido el nuevo impuesto del IVA, sino también, ha generado varias modificaciones en el Impuesto Sobre la Renta, generando tres nuevas cédulas impositivas en renta y dando una nueva tarifa progresiva en la renta de utilidades, para empresas de reducida dimensión, sean las que facturan anualmente un total de menos de ciento seis millones de colones. Además de estos cambios ha hecho varias modificaciones en la deducción de gastos y en otras tarifas impositivas.  

Con la nueva inclusión de estas tres nuevas cédulas del impuesto de renta, que se observan en el capítulo de rentas de capital, ha introducido a Costa Rica en una renta de tipo dual (es decir dos tipos de tarifa). En donde la renta de utilidades engloba todas las rentas referentes a la actividad lucrativa llevándolo a una tarifa progresiva sobre renta neta, siempre que no supere un límite en renta bruta de 106 millones de colones, como sucede en un sistema de renta global, y todo lo que no sea referente a la actividad lucrativa terminará tributando por medio de una tarifa única general en las rentas de capital. 

Ahora bien, con este cambio lo primero que se deben de preguntar los contribuyentes es bajo cual tarifa tributará, y para contestar esto se debe de conocer bajo qué tipo de renta estará trabajando, si bajo la renta de utilidades o bajo la renta de capital, ya sea del capital mobiliario o inmobiliario, así como de las ganancias y pérdidas de capital. 

Para esta definición, la renta de capital queda definida por exclusión, en donde se tributará en ella todo lo que no sea propio -o afecto como lo define la norma- a la actividad lucrativa, pues si corresponde a la actividad lucrativa tributará por renta de utilidades. Por ello el comprender cual es mi actividad lucrativa hoy en día será crucial, así como definir y contablemente identificar los bienes afectos a la misma, han de ser claves de definición del tipo de tributo que se derivará de su disposición o de su rendimiento. 

En la norma, la actividad lucrativa, se entenderá como aquella actividad que realiza con habitualidad, es decir con ánimo de lucro por parte del contribuyente, para lo que afecta mediante conjugación de elementos, los bienes materiales, tecnológicos y humanos. Sin embargo, al contrarrestar con el tema de rentas de capital, bajo esta definición pocas veces se estará frente a rentas de capital, pues por ejemplo los arrendamientos, siempre tienen por su naturaleza comercial un ánimo de lucro efectos la renta de capital inmobiliario, tributarían por renta, cuando siendo los mismos bienes, estos sean de orden accesorio a la actividad principal, entonces derivaran rentas sujetas al impuesto de los rendimientos del capital inmobiliario. Por ello para una mejor comprensión es necesario realizar un análisis de derecho comparado, que tomando en cuenta nuestra costumbre normativa en temas tributarios, sin duda, el analizar la norma española nos brindará luces de qué debemos entender por actividad lucrativa. 

Así observando el artículo 5 del Impuesto sobre Sociedades español, comprende actividad económica (lo asimilable de actividad lucrativa) como la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Y para el caso de los arrendamientos, se entenderá que existe actividad económica, únicamente cuando para su ordenación se utilice al menos, una persona empleada con contrato laboral y jornada completa. 

De esta manera, se comprenderá que las empresas que se encuentren bajo el supuesto de tener una actividad económica y a su vez tengan como una actividad accesoria, un ingreso pasivo, es decir que no medien, ni medios ni recursos humanos para generar dicho ingreso, esta segunda actividad estará sujeta bajo Renta de Capital y la primera por Renta de Utilidades. En refuerzo de esta interpretación lo señala el articulo 28 de la nueva norma cuando indica que los contribuyentes sujetos al impuesto de rentas de capital inmobiliario podrán optar por la renta por utilidades, cuando tengan contratada al menos una persona. 

Además, el artículo 1 Bis de la nueva norma de renta, indica de manera taxativa en cuáles casos particulares no nos encontramos frente a una actividad lucrativa. Tal es el caso de aquel patrimonio que no forma parte de la contabilidad, cuando no se utilice para generar renta, o bien en los casos de las acciones y las inversiones, cuando estas formen parte de oferta publica (es decir estén emitidas en la bolsa de valores), cuando sean emitidos por entidades adscritas al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, que es el caso de los Certificados de Fondos de Inversión o bien, por último, los casos de inversiones que sean parte de un fondo de inversión siempre y cuando se demuestre que los mismos no forman parte de la actividad lucrativa de la compañía. 

A razón de esto, hoy en día cuando estamos frente al impuesto de renta lo primero será verificar bajo qué tipo de renta estamos tributando. 

En esta misma línea, sobre las rentas de capital mobiliario, la exención que existía de retener el 15% a razón de los dividendos cuando se realizará desde una sociedad de capital a otra sociedad de capital se modifica en donde dicha exención únicamente existirá cuando ambas sociedades lleven a cabo una actividad lucrativa, si no, la empresa tenedora se verá sujeta a retención. Esto en definitiva nos replantea la necesidad de una reestructuración para la eliminación de las empresas tenedora (holding puras), teniendo que evolucionar a tenedoras con actividades sustanciales.

La conclusión es que con estas nuevas cédulas, los ingresos no gravables serán muy limitados por no decir que prácticamente no existirán. Por esta razón, es crucial revisar nuestras estructuras tanto empresariales como patrimoniales para replantear cómo afrontar nuestro nuevo sistema tributario en lo referente al impuesto sobre la Renta. 

Grupo Camacho Internacional, se encuentra con la disposición para brindarle el mejor análisis de cuál es la estructura más conveniente para sus finanzas desde un punto de vista fiscal, de manera tal, que no signifique estas nuevas cédulas, lo que es un problema, sino una oportunidad. ¡Conversemos!

Canasta Básica

El pasado primero de los corrientes, se publicó el proyecto de reglamento que indica cuáles son los productos de canasta básica que han de sujetarse a la exención en sus dos modalidades de carácter temporal y permanente.

Como es de esperar la disposición reglamentaria, hace pocas novedades respecto de la canasta básica general que regula el Ministerio de Economía, a pesar de lo cual, hace en la referencia a la exención del azúcar indicando: “conforme los reglamentos técnicos del Ministerio de Economía Industria y Comercio”.

Crea dieciséis categorías de elementos exentos, en la última deja todos los uniformes escolares y colegiales, sin distinción, por lo que no cabe distinguir donde la norma no lo hace, debiendo entenderse exentos tanto los de escuelas y colegios públicos como privados. Cabe destacar que esto pone a los últimos tanto en igualdad de condiciones de la educación pública, lo que parece adecuado, pero enclava a la educación que había quedado en condiciones de confusa exención en la prestación a nivel privado, con una parte de la actividad sujeta, con exención plena en primera instancia en la venta de los uniformes y en el año 2020 sujeta a una tarifa reducida, donde se pueden dar condiciones de bifurcación de actividades de parte de los centros de educación privada, que sigue la dudosa exención con tarifa reducida -un remedo de gazapo legislativo que requiere remediación- así como una sujeción a la tarifa reducida a los centros educativos que provean del servicio de la venta de uniformes, ya que tendrán a partir del 1 de julio de 2020 cobrar el 1% del impuesto que ha quedado fijado a los productos de canasta básica en general, igual suerte corren los útiles escolares no en forma general, sino taxativa, tanto para la educación pública como privada. Debemos recordar que la condición de gravados pero exentos, obliga la declaración desde el primero de julio del presente año.

En las dieciséis categorías hay una exención plena en el primer año completo de vigencia de la ley de IVA, como una aplicación de exención en tarifa el 13% al 1% de manera permanente. El hecho que un contribuyente tenga exención genera dos efectos que volvemos a retomar para claridad de los lectores -ya que lo hicimos ver en su momento en la discusión del proyecto de ley- debemos refrescarlo ahora, el primer efecto es visto en la cadena de valor hacia adelante, siendo el segundo hacia atrás.

El primer efecto hacia adelante, es que en razón de que los vendedores de bienes exentos no tienen derecho alguno de deducción se produce un incremento en los costos del intermediario de la cadena de abasto, siendo que genera una consecuencia de orden inflacionaria, ya que a diferencia de los que están sujetos a tarifas plenas, los IVA que se paguen en la adquisición de bienes y servicios no son deducibles en el tanto proporcional que los mismos formen parte de la estructura proporcional de la venta del contribuyente, generándose una pirámide en los costos que redunda en el aumento de los precios. Es decir, el primer año se produce el primer impacto con bienes que no tienen derecho de deducción, en razón de esta norma de proporcionalidad que no existía en el impuesto general sobre las ventas y si en el nuevo impuesto indirecto del IVA. En el segundo año, dicho efecto sigue ocurriendo ya que doce de los trece puntos del IVA ahora irán directamente al costo por una proporcionalidad diferenciada, que la distinguimos de la primera ya que no solo aplica a los bienes y servicios que en común y de forma indistinta sirvan a la venta de bienes y servicios exentos, sino que a los que les aplique exención parcial de orden tarifario, tal es el caso de la canasta básica con tarifa general del 1% de 1 de julio de 2020 en adelante.

Llama la atención la situación de no incluir servicio alguno en la canasta básica tributaria, ya que, de haberlo, habría sido el único efecto diferencial sustantivo esperable respecto de la canasta básica del Ministerio de Economía que es casi un calco de la tributaria o viceversa.

Recordemos que en un sistema de IVA como el que estamos prontos a estrenar, el destinatario final es el consumidor final, o quien actúe como tal, pero que en razón de estas reglas de proporcionalidad tanto especial como general, se puede dar un efecto no deseado en un buen diseño del IVA, que es que los agentes económicos intermedios deban quedar asumiendo una parte del impuesto, lo que se trasladará en un aumento más que proporcional en los precios de los consumidores finales, con lo que se explica la paradoja de que entre más exenciones tenga-como abundan por cierto-el impuesto, mas efecto inflacionario se provoca y la recaudación misma.

Es decir, habrá una grada inflacionaria previsible en el 2019 y una adicional en el 2020.

En cuanto al efecto hacia atrás de las exenciones, el problema es de dimensiones diversas, resulta que el legislador escoge no solo crear exención de los bienes publicados en el proyecto de decreto, sino en los insumos y servicios que los producen, con lo que surgen exenciones sobrevenidas en cabeza de los proveedores de bienes y servicios de quienes participan en la producción o comercialización final de bienes de canasta básica, este efecto de condiciones sobrevenidas, hace que sujetos que no tienen nada que ver con lo que hacen o venden, quedan contaminados de manera sistémica con los efectos de la prorrata o proporcionalidad ya sea general o especial, por este curioso guiño de exenciones en cadena que hizo nuestro legislador.

Todos los contribuyentes deben ir calculando los efectos de la composición que en sus precios tendrá la regla de prorrata ya que de no hacerlo, pueden enfrentar la incapacidad de traslación, yendo como consecuencia a un sacrificio de los márgenes, que inclusive podrían llegar a ser -en condiciones particulares- menores que los que se tienen que asumir en razón de la contaminación con motivo de ser proveedor de bienes o servicios a exentos en general y en este caso, a los de la canasta básica en particular.

Reiteramos que cada pieza del engranaje corporativo debe ser analizado y revisado para evitar aquello, que sea razonable esperar mitigar, dejando a las consecuencias económicas indeseables, el menor espacio relativo posible.

Proyecto de reglamento

Se ha publicado ya el proyecto de reglamento del impuesto al valor agregado, así como el de la canasta básica tributaria. Es decir, ya hay movimiento de puesta en marcha en relación con los aspectos de operación de la nueva imposición indirecta. Les comentamos la taxonomía y el impacto del proyecto de reglamento, después de un análisis detenido, con el fin de presentar ayer, las observaciones cuyo plazo venció.

En primera instancia hay 49 definiciones las que se les puede dividir en: las de orden meramente didáctico, las que aportan aclaraciones valiosas, a las que conviene que el contribuyente preste atención al menos para entender las obviedades, seguidas de un tercer grupo de ellas cuyo valor consiste en dar luces en concreto, del entendimiento que la Administración tiene respecto de bases o cálculos de los mismos sobre los que se determina la obligación tributaria material del IVA. Por último, se encuentran definiciones que por su contenido puede que rocen con el sistema de jerarquía de las normas legales, que hemos recomendado enmendar para evitar situaciones litigiosas previsibles, que puedan hacer más complejo de lo necesario el proceso de entrada en vigor de la norma en 145 días.

Hay dos observaciones de fondo en relación con las propuestas reglamentarias que nos parecen fundamentales, una versa respecto del cálculo de la prorrata, en particular para aquel que debe ser aplicable en los casos de coexistir tarifas tanto plena como reducidas. En realidad lo fundamental de dejar claro, como lo hemos sugerido a la Administración, primero que la aritmética debe ser nítida e inequívoca, debe ser revisada y probada en casos concretos por expertos en números, no solo especialistas jurídicos ya que la redacción de esta en el artículo 41.1.c., es manifiestamente un yerro de orden aritmético, que de prevalecer dejaría a los contribuyentes sin prorrata en reglamento con el riesgo de que existiendo en la ley, el contribuyente se sienta seducido, a la aplicación de la norma en apariencia más conveniente, con la desgracia que en fase de fiscalización causaría innecesarios pero abultados montos litigiosos contra el contribuyente, que además, espera la claridad normativa en el sistema, especialmente cuando este es novedoso como el IVA, pero le dejaría en condición de posible indefensión por confusión, aspecto que no es de recibo en un sistema de derecho, donde lo fundamental es la certidumbre jurídica, más que la interpretación errada o acomodadiza de la norma. A la vez, si se pretende el cumplimiento del contribuyente, más allá de contar con normas claras, debe haber una intensiva campaña de divulgación por parte de la Administración Tributaria, de la que seguimos ayunos y en la que se genera una duda del propósito último de tan escandaloso silencio.

La siguiente es una observación de fondo respecto del plazo que aplica a la determinación de la prorrata provisional prevista en el Transitorio III de la Ley del IVA y IV del reglamento, en el que se indica que ha de reconstruirse la contabilidad del contribuyente para determinar cuál habría sido la proporcionalidad del contribuyente, (el subrayado es adrede para entrar en estado de conciencia y de urgencia) si la norma hubiese estado en vigor en el periodo semestral del año anterior, primer supuesto de la ley, o del primer semestre de la entrada en vigor de la norma como supuesto suplementario. Escoge el reglamento a indicar que el periodo a reconstruir lo es exclusivamente el del primer semestre del año corriente sea del 1° de enero al 30 de junio del año 2019, aspecto que haría en especial para las empresas de abultado volumen transaccional, virtualmente impracticable la disposición ya que el 1° de julio, sea al día siguiente que acaba el periodo de simulación de la estimación de prorrata, habría el contribuyente de estar aplicándola y hasta el día 31 de diciembre del presente año.

Esto implica que si se dejara como se propone en el proyecto, los contribuyentes enfrentarían problemas de efectivo cumplimiento. Hemos propuesto a la Administracion una redacción alternativa que permita adelantar estos cálculos a la gran mayoría basado en el texto mismo de la ley en el transitorio mencionado, dejando en condición residual lo que planteaba el proyecto de reglamento como condición única.

Nuestra propuesta es la siguiente:

“TRANSITORIO IV.- En los casos en que los contribuyentes realicen operaciones con y sin derecho a crédito fiscal y para efectos de la aplicación de la proporción provisional de los créditos que señalan los artículos 22 al 24 de la ley; la liquidación referida al período de tiempo que comprende entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, se calculará partiendo de:

a) Las operaciones realizadas entre el 1 de julio de 2018 a 31 de diciembre de 2018, como si estas hubieran, estado sujetas a las nuevas disposiciones de la Ley sobre el Valor Agregado. En el caso que el contribuyente hubiese operado de manera continua durante dicho periodo. En caso contrario, sea si durante 2018 no operó el periodo semestral completo antes dicho cálculo de proporcionalidad se hará conforme b)

b) Las operaciones realizadas entre el 1 de enero de 2019 a junio de 2019, como si estas hubieran estado sujetas a las nuevas disposiciones de la Ley sobre el Valor Agregado.

A falta de información para estimar esta proporción, el contribuyente debe remitirse a las reglas generales establecidas en el artículo 41 de este Reglamento”.

Cabe destacar que aparte de los dos pilares fundamentales ambos relativos a la correcta comprensión y redacción para su adecuada aplicación de las reglas de prorrata, el proyecto de reglamento, marca la señal no indispensable desde la óptica de la ley, pero importante desde la perspectiva del contribuyente, que ahora conoce en principio todos los actos preparatorios que debe tener listos para la entrada en vigor de la norma del IVA el próximo 1° de julio.

Recapitulando, la acción concreta que todo contribuyente debe efectuar, el recálculo de al menos seis meses de operación de periodos anteriores, ya como lo propone la Administracion o como lo propusimos se corrija, para determinar su primera prorrata. Los contribuyentes deben hacer lo propio de inmediato, ya que la carga de trabajo que esto implica es de alta demanda, a la vez de la determinación de prorrata debemos adelantar que la casuística resultante de la compleja construcción de la norma, resulta en al menos 64 combinaciones probables de derechos de crédito, parcial o total, por exenciones en base, en tipo, de orden objetivo o subjetivo. Esto requiere potentes herramientas informáticas elaboradas en forma conjunta por expertos en IVA tanto del local, con todos sus delirantes aspectos de concesiones graciosas en exenciones de todo orden, como del derecho comparado del IVA, esto complementado con el entendimiento contable de bienes afectos al impuesto y una potencia de programación informática de primer nivel, si su operación no cuenta con esos insumos, requiere ayuda urgente.

Conversemos, déjese asesorar por Grupo Camacho Internacional.

¿De qué trata el IVA?

Uno de los principales cambios que introduce la reforma fiscal es el Impuesto de Valor Agregado (IVA). Este impuesto tiene un impacto tanto para los actuales contribuyentes del Impuesto General Sobre Ventas, como para todos los demás agentes económicos.
El IVA por concepto, y en nuestra reforma no es diferente, busca gravar solamente el valor agregado que en cada paso de la cadena de producción se va generando, por ello se llama “Impuesto al Valor Agregado”.

 

Ahora ¿cómo se logra esto?
Se logra mediante un ejercicio de débitos fiscales o una deuda con el fisco (por lo recaudado en la venta) y créditos fiscales o saldo a favor del contribuyente (por lo pagado en el momento de la compra).
Estos dos supuestos nacen cada vez que se da una venta y se activa el IVA. Lo pagado por el bien ya incluye un IVA, que cancela el contribuyente, y a la hora de venderlo le incluye un IVA en el precio de venta.
Sin embargo, lo que se recolecta a la hora de la venta tiene que ser dado al fisco, pero como a la hora de la compra ya había pagado un IVA, el monto pagado es acreditable a la retención realizada y así al fisco solamente deposita la diferencia.  Un ejemplo sería el siguiente:
Una empresa compra un bien que cuesta ₡1000 y paga ₡130 de IVA (crédito fiscal). A la hora de vender ese bien a un precio de ₡1500, cobrará además ₡195 por el concepto de IVA. Ahora al fisco solamente le devolverá al contribuyente ₡65, que corresponde a la diferencia de los ₡195, producto de la venta, menos los ₡130, producto de la compra del bien. Es lo mismo que decir que de la ganancia de ₡500, el 13% de ese monto, corresponde a la diferencia de ₡65.

 

¿Qué sucede cuando vendo a un exento, o vendo con tarifa reducida? – Regla de Prorrata
Básicamente la regla general es la siguiente, siempre se podrá utilizar todo lo pagado por el IVA en la fase anterior como un crédito fiscal, pero solo por el porcentaje igual al IVA cobrado. Entonces alguien que compró un bien gravado al 13%, pero lo utilizó para generar un bien que se encuentra gravado al 2%, solamente podrá usar el 2% del 13% pagado al inicio y el restante 11% se irá al costo de operación, el cual podrá trasladarlo al comprador final como parte del precio de compra.
Un caso más complicado es cuando un bien comprado tasado al 13%, se usa para generar diferentes bienes, a veces gravados al 2%, otros exentos (0%) y otros al 13%. Para saber cuánto porcentaje del IVA pagado se puede usar como crédito fiscal y cuánto debe de ir al costo, se debe calcular un promedio ponderado de los bienes y obtener un porcentaje a usar durante el año natural.
Este porcentaje se calculará al inicio del año fiscal, y al final del año, si el cálculo estuvo bien, procederá, pero en caso de necesitar corregirlo se tendrá que hacer el ajuste en el último mes fiscal. Esto claramente puede golpear fuertemente a los negocios y particularmente el capital de trabajo financiero de las empresas pues puede que hayan consumido costo durante todo el año, que tendrán que ajustar a fin de año. Dicho promedio ponderado es de los cálculos más importantes que tienen que llevar a cabo las empresas con el inicio de este nuevo impuesto.
El IVA representa un gran reto para nuestro país. Por ende el mejor consejo a dar es que todo aquel que brinde un servicio, venta de un bien o en general lleve una actividad económica en el país, debe asesorarse con un experto y no solo en temas tributarios si no en IVA, pues aunque se tenga mucha experiencia en impuestos, recordemos que toda esta situación es nueva para nuestra normativa.

Precios de Transferencia en el IVA

El tema de Precios de Transferencia aparece de forma explícita en el Artículo 12, Capítulo IV del Título I del Proyecto de Ley nombrado: “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, el cual trata sobre la Base Imponible del IVA*:
“En las operaciones entre partes vinculadas, el precio neto de venta debe ajustarse al valor normal de mercado que pactarían partes independientes, siempre que se produzca un perjuicio fiscal.”

 

¿Cómo se produce un perjuicio fiscal?
En términos generales, se produce un perjuicio fiscal cuando un contribuyente, de alguna forma, paga menos impuestos de lo que debería realmente pagar.

 

A la luz del IVA ¿Cuándo se produce un perjuicio fiscal?
El IVA a pagar es el resultado de la diferencia entre los créditos fiscales o saldos a favor del contribuyente y los débitos fiscales o saldos que adeuda el contribuyente al fisco:

 

IVA a pagar=Débitos Fiscales-Créditos Fiscales

 

Dicho lo anterior, hay tres posibilidades para que se genere un perjuicio fiscal:
  1. Débitos Fiscales artificialmente bajos.
  2. Créditos Fiscales artificialmente altos.
  3. Una combinación de las posibilidades anteriores.

 

¿Cómo se generan los créditos y débitos fiscales en IVA?
Cuando un contribuyente realiza la venta de un bien o servicio actúa como agente receptor de impuestos y así contrae una deuda con el fisco o lo que se conoce como un débito fiscal.
Por su parte, cuando el contribuyente adquiere un bien o servicio, debe pagar IVA con lo cual se genera un saldo a favor del contribuyente o lo que se conoce como crédito fiscal.

 

¿Por qué se busca ajustar el precio neto de venta al valor normal de mercado?
Suponga que un contribuyente vende un bien o servicio a una parte vinculada a un precio inferior al valor normal de mercado. Bajo esta condición estaría percibiendo menor IVA, disminuyendo artificialmente sus débitos fiscales y por tanto produciendo un perjuicio fiscal.
Por su parte, suponga que un contribuyente compra un bien o servicio a una parte vinculada a un precio superior al valor normal de mercado. En este caso estaría pagando mayor IVA, aumentando artificialmente sus créditos fiscales y por tanto produciendo un perjuicio fiscal. La mayor expresión de este ejemplo se manifiesta en las transacciones a valores cero.
Para solventar estas situaciones, el fisco se vale de la técnica de Precios de Transferencia para que los contribuyentes realicen sus operaciones con partes vinculadas al valor normal de mercado y de esa forma reporten los débitos y créditos fiscales correctos a la hora de liquidar el IVA.
El IVA se liquida de forma mensual, por lo que es de vital importancia acoplarse a los valores normales de mercado mes a mes y para esto es necesario contar de forma oportuna con el Estudio de Precios de Transferencia, el cual ya de por sí, debe estar a disposición de la Administración Tributaria para fines de renta como lo indica el nuevo artículo 81 bis (producto de la reforma) y como se encuentra presente en nuestra normativa desde setiembre del 2013 mediante el  Decreto 37898-H.
La correcta determinación de los créditos fiscales es además indispensable para el adecuado cálculo de la proporción de crédito fiscal que deberá aplicar el contribuyente según los artículos 23 y 24 de la nueva Ley de Impuesto Sobre el Valor Agregado, introducido en el Título I del Proyecto de Ley. Sin ahondar en este punto, si el contribuyente está determinando sus créditos fiscales erróneamente a raíz de no acoplarse a los valores normales de mercado en la adquisición de bienes o servicios con partes vinculadas, al finalizar el periodo tendrá una proporción de crédito fiscal sesgada alimentada de datos incorrectos y adolecerá esta situación durante todo el periodo fiscal por venir.
Dicho lo anterior, el contribuyente debe conocer de manera previa, los valores normales de mercado de las operaciones que se disponga a ejecutar con partes vinculadas. Esto requiere de un análisis de mercado para determinar los márgenes de tolerancia que se reflejan entre partes independientes y poder utilizarlos como referencia en la determinación de Precios de Transferencia.
En Grupo Camacho Internacional prestamos asesoría tributaria de forma integral, por lo que somos sus mejores aliados para anticiparse a la entrada en vigor del IVA y realizar los Estudios de Precios de Transferencia de forma oportuna para cumplir con la correcta determinación de créditos fiscales y el adecuado cálculo de la proporción de crédito fiscal.

 

*La Base Imponible para el IVA corresponde al precio neto de venta del bien o servicio.

 

Alberto Rubí

 

Consultor de impuestos

 

arubi@grupocamacho.com 

¿Cuál es el impacto del IVA en su Flujo de Efectivo?

Para comenzar a tratar la temática del flujo de efectivo, primero es importante tener en claro la importancia de este dentro de las finanzas de su empresa. El flujo de caja (Cash Flow) es aquel informe que nos indica cuales son las entradas y salidas reales de efectivo en una empresa. Este libro es el que tiene la mayor importancia financiera, pues es el que nos señala si una empresa tiene la capacidad de pagar deudas, repartir dividendos, comprar inventario, etc.
Por lo anterior, todo financiero siempre asegura que el flujo de caja es el aspecto más crucial de una empresa. Un flujo de caja sano es sinónimo de una empresa sana. Dentro del flujo de caja, hay un concepto con el que se debe ser cuidadoso, pues muchas veces se deja de lado, este es el capital de trabajo, pues es la cuenta que nos indica el efectivo en corto plazo y el necesario para el funcionamiento diario. Sin entrar a explicar con mayor detalle el capital de trabajo, solo como un fin aclaratorio, el capital de trabajo se refiere a las variaciones entre el activo circulante menos el pasivo circulante
Muchas veces las compañías lo pierden de vista al inclinarse a un análisis más básico de pérdidas y ganancias y dejan de observar la necesidad de las correctas políticas de cobro y pago, que les permitan el funcionamiento diario de la empresa, sin tener que recurrir a préstamos o de hacerlo saber detectarlo de forma oportuna. Frente a un panorama de futuras tasas de interés al alza, la idea de pedir préstamos para cumplir con obligaciones, puede ser la peor táctica que lleve a una empresa la iliquidez e inclusive en casos extremos a la quiebra, en especial en época de crisis.
Ahora bien, con lo anterior claro, podemos comenzar a vislumbrar cuál sería el impacto del IVA en el flujo de caja. El IVA genera, a nivel contable al hacer una compra, un aumento de un 13% en una cuenta por cobrar con el fisco (el crédito fiscal) y a la hora de la venta, un aumento del 13% en una cuenta por pagar con el fisco (el débito fiscal) los cuales se liquidan en los primeros 15 días y se paga la diferencia, esto si existe acreditación plena.
Ahora bien, el conflicto ocurre cuando las ventas se realizan a plazos mayores de un mes, pues cuando eso sucede así, con el registro de la venta, al mes siguiente se debe cancelar el IVA que se haya devengado, aunque se tenga pendiente la percepción de la misma. Como consecuencia de esta situación, se comienza a financiar un IVA del cliente. Otro efecto por considerar son las empresas que realizan las ventas con tarjetas de crédito, pues la reforma plantea realizar una retención del 6% en las ventas. De forma tal que si la diferencia entre el crédito y el débito del IVA es menor al 6%, que ya se retuvo, las compañías tendrán que solicitar una devolución.  
Ahora bien, esos son los problemas en el flujo de caja fáciles de solucionar. Los problemas reales se dan cuando la empresa se enfrenta a las reglas de prorrata, pues la norma indica que se calculará el porcentaje del IVA pagado, que es realmente acreditable, al inicio del año con la experiencia del año anterior y hasta diciembre podrá realizar el ajuste necesario, aspecto que redunda en la práctica del desmejoramiento del corto plazo del flujo de caja.
Así pues, en caso de que la empresa por alguna razón sufra variaciones en ventas o productos, su porcentaje cambiará y en el supuesto de que la empresa haya tomado un crédito fiscal mayor que el real, la empresa tendrá que hacer un desembolso el 15 de enero para pagar la diferencia acumulada en razón de la aplicación de la prorrata. Entonces en las fechas de mayor salida de efectivo, por temas de aguinaldo también tendrá que asumir este desembolso, cuyo cálculo obligado es anual, aunque las mejores prácticas de administración del efectivo recomiendan la gestión mensual del cálculo y reserva respectiva de efectivo a efectos de atender en tan importunada fecha una obligación sobrevenida.
En conclusión, para que el IVA no genere afectaciones en el flujo de efectivo, se debe de hacer una revisión de las políticas de cobro y pago de las empresas y a su vez, en caso de corresponder realizar prorrateo, realizar el cálculo y tener un monitoreo constante para poder realizar las reservas del caso.

 

Eduardo Rodriguez

 

Gerente de impuestos

 

erodriguez@grupocamacho.com