Encrucijada

Es común que en los momentos más críticos de la historia de los pueblos, haya que llegar a un punto de encrucijada, donde las decisiones que se tomen marquen el resto del camino de la historia; estos hitos son a veces evidentes en el momento, pero si miramos a lo largo de la historia de la humanidad y de nuestra propia historia personal, en muchas ocasiones solamente nos damos cuenta de estar en una encrucijada —cuando vemos retrospectivamente y no nos es tan evidente— quizá por lo sinuoso del camino, qué tan sutil pueden llegar a ser estos puntos de inflexión histórica.
Creo que estamos en esta encrucijada histórica para el pueblo costarricense, que está de fiesta por su 197 aniversario de su independencia, de cara al bicentenario, teniendo que hacer una muda completa de los elementos componentes de los elementos fundamentales del pacto social.
Como en toda encrucijada podemos encontrarnos y lo estamos, en una paradoja que es de carácter multidimensional, pues después de habernos aletargado en la historia de la solución de asuntos que llevan con nosotros décadas de estar en urgente reparación, hemos entrado al hospital general de la enfermedad social en estado comatoso.
No exagero, quizá para algunos que están viendo los recientes acontecimientos como simples hechos aislados, meras coincidencias, o incidentes propios de un mero cambio generacional, esto parezca que tenga una visión si no apocalíptica, al menos pesimista.
Creo que ni una ni la otra, simplemente hay que unir los puntos que parecen aislados y hacer de ellos el cuadro de los hechos para ver lo profundamente evidente que es el estado de las cosas en nuestro país.
El primer elemento paradójico es, cómo lograr entender el razonamiento de quienes ejerciendo sus derechos de manifestación en un país, libre, democrático e independiente, pueden estar solicitando mantener el statu quo de los beneficios de contar con Estado magnánimo, para unos pocos, usando a las mayorías como “carne de cañón”, para que lleven a cabo manifestaciones cuya legitimidad reside en la condición efectiva de los manifestantes, para que los verdaderos privilegiados vean detrás de las ventanas con burlona risa, cómo los que deben manifestarse lo hacen creyendo que es para el logro de beneficios muy marginales para sí, cuando el asunto se concentra en concesiones asquerosas por excesivas, para unos pocos de la clase sindical, la clase política y algunos empresarios de la corrupción. Es distinto decir empresarios de la corrupción, que empresarios corruptos, pues en las palabras reside la acción y de ahí el deber de cuidado en el uso de estos términos para no caer en los extremismos que alimenten la polarización ya estridente de nuestra sociedad.
Por una parte, tenemos un modelo de Estado diseñado después de la instauración de la Segunda República y que llega a su culmen de condición máxima de intervencionismo en la década de los 70, con la Costa Rica, de modelo del Estado empresario.
En síntesis, llegar a las manifestaciones más puras de una sociedad socialista que enfrenta con una nueva realidad de entornos en la década de los 80, cuando la guerra centroamericana, la ruptura de relaciones con los organismos financieros internacionales, la escalada de los precios internacionales del petróleo y una economía privada de monocultivo, eran las características que daban origen a la mayor clase media de América Latina, después de que este modelo tocó fondo, esa clase media —en especial la que dependía de los ahorros de su vida como medio de subsistencia— vieron erosionadas las capacidades de compra de sus ahorros a valores exiguos y hasta de características insultantes.
La crisis de los años 80 no fue otra cosa que la demostración que inclusive Costa Rica, con toda su paz histórica, con toda su belleza y sin ejército, podía dejar más víctimas que una guerra fratricida que es la de matar de cuajo, la aspiración de que ese modelo de Estado continuara siendo el modelo de Estado empresario, hubo que empezar por tomar decisiones valientes, complejas e impopulares, hubo que cerrar empresas estatales y privatizar algunas, no daba la cobija para el cuerpo de la víctima, había que elegir, no sin dolor pero seguros de que aquellas opciones eran parte de la solución de una encrucijada.
La sociedad venía enferma, la crisis de los 80 tenía profundas raíces en los anteriores varios gobiernos, donde se había perfeccionado la condición ideal para la caída libre.
La crisis no se presentó en la mitad de los años 70 por dos motivos muy sencillos: siendo un país de monocultivo concentrado en el café, se dio una escalada en los precios del grano, una extraordinaria productividad en Costa Rica y unas heladas en Brasil que sostuvieron con elementos externos, las ya precarias condiciones internas.
Una crisis como la de la década de los 80 no se genera en uno o dos años, como las actuales condiciones de Costa Rica no se generaron en esta administración, solo se agravaron en esta y la anterior, pero venían gravemente viciadas y profundamente heridas de las tres administraciones precedentes, es decir, que lo que hoy vemos como problema tiene orígenes hace más de 20 años.
Desde entonces se viene debatiendo la necesidad de reformar el sistema fiscal costarricense por uno más moderno, que evitara las disociaciones de tenencia de riqueza con las de manifestaciones de capacidad contributiva, esto se planteó en dos proyectos anteriores que, por razones de orden formal, fueron derrumbados de su fase más avanzada de vida jurídica cual fue, en sendos proyectos el del primer debate de los mismos.
Hemos dejado para después lo que se debió hacer muchísimos años atrás, pero ha llegado el momento de después. No hay manera de tirar más adelante la solución pues tenemos el problema más severo inclusive que el de la década de los 80.
Justifico la afirmación, a la crisis de los 80 entramos con la clase media más grande de América Latina, con un Estado empleador y con una condición de Guerra Fría en el mundo y guerra ardiente en Centroamérica, los Estados Unidos de entonces al igual que la Unión Soviética de entonces, luchaban por la partida de Monopoly —clásico juego de mesa— por la influencia hegemónica en la región de Centroamérica, entrando los soviéticos de entonces, por el enclave de la isla de Cuba a Nicaragua y el resto de la región y con una visión aguerrida de los republicanos en el poder del Gobierno de Estados Unidos, estos hechos aunque pueden verse como agravantes fueron una palanca para la salida del abismo, hoy estas condiciones no existen, la guerra de Nicaragua, aunque parece común a la década de los 80, está absolutamente desconectada de las prioridades de acción del escritorio del presidente de Estado Unidos, le importa muy poco el patio de atrás ya que esta inclusive frontalmente a su más cercano vecino México, así como en una guerra comercial con la Unión Europea, así como con su mayor acreedor e inversionista, China.
Hoy además, en lo interno de Costa Rica, hay un fenómeno que no existía en la década de los 80, los endeudamientos de hipoteca, vehículos y consumos sostenidos con un preocupante endeudamiento que reside en las personas con menos capacidad de pago de manera preocupante, con unos niveles que superan el 20% de que están por debajo de la línea de pobreza, con un desempleo abierto que supera el 11% y creciendo, un costarricense que vive como si tuviera, sin atender los compromisos mínimos, esto solo provoca un caldo de cultivo para una crisis muchísimo más grave sin que haya factores exógenos que nos sean favorables.
Tenemos un pueblo de propietarios, eso nos hacía sentir muy orgullosos cuando lo contrastábamos con los proletarios, pero sin duda, tenemos propietarios de más deudas de las que están en capacidad de soportar, condiciones que entienden muy bien los países desarrollados que tuvieron su propio caldo de esta carne hace ya una década y aún están en proceso de recuperación.
Si no tomamos las medidas no solo fiscales sino de recorte del gasto y sus disparadores: pensiones, deuda y salarios corrientes —cargados de la odiosa concentración de privilegios en manos de unos pocos— la condición no se solucionará solo con el paquete de impuestos.
Las propuestas extemporáneas con que se ha manejado el inicio de la huelga, requiriendo al Presidente de la República retirar el plan fiscal, cuando el pueblo no sabe, pero los dirigentes sí, que esto era facultad del señor Presidente hasta el 31 de agosto, con lo que el llamado a huelga en setiembre solo se explica en la mala fe de pretender desestabilizar la paz social de Costa Rica.
Sepan ustedes, señores dirigentes de los trabajadores, que es una vergüenza nacional que alguien que se dice representar a la clase trabajadora, esté gozando por los últimos 344 meses de permiso con goce de salario, sea que un no trabajador, pues no sabe lo que es eso, está encabezando la representación de quienes sí cumplen con ese deber natural de trabajar, trabajar y trabajar, como lo indicara don Carlos Alvarado, el día de la apertura de su mandato, lo que hacemos la mayor parte de los costarricenses, muchos en el sector público de manera honrada, así como todos en el sector privado, pues el mercado es inmisericorde.
Sepan ustedes, señores dirigentes de los trabajadores, que nosotros los empresarios honestos, que por cierto somos la mayoría, no somos felices con nuevos impuestos, pero entendemos claramente la importancia de tener una economía sana, pues de ahí es donde comen los trabajadores del sector privado, los empresarios y ustedes.
No sentimos un dolor sádico, cuando pagamos impuestos solo nos duele saber que haya gente como ustedes y como los evasores fiscales profesionales y los empresarios de la corrupción y del contrabando, que sean las lacras de esta sociedad, donde nuestras contribuciones les subsidian sus estilos de vida.
A don Carlos Alvarado, nuestro presidente sin distinción de quién votó y no por él, nuestra solidaridad y decirle que ya que logró en tan poco tiempo derrumbar su popularidad, haga que al menos sea por los motivos correctos, no se preocupe por ser el peor Presidente en percepción pública, pues fue de medidas impopulares que logramos en los 80 salir con una Costa Rica fortalecida, afánese señor Presidente por ser impopular, eso sí por los motivos correctos, que las personas correctas le respaldaremos si no nosotros y el resto de la Patria le dejaran solo.
Y al final de los tiempos todo se arreglará, habrá siempre que aprobar impuestos, aumentar desempleo, aumentar tipo de cambio y tasas de interés, disparar la inflación, la carga más regresiva que una sociedad puede tener es destruir el capital, las fuentes de la riqueza y las aspiraciones de sus ciudadanos.

 

Carlos Camacho Córdoba

 

Socio Director 

 

ccamacho@grupocamacho.com

 

Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/encrucijada

 

Plan Fiscal y OCDE

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

En la agenda de tres puntos para el camino de incorporación de Costa Rica a la OCDE, se encuentra en tercer lugar el de la urgencia de aprobar un plan fiscal que ordene las finanzas públicas del país. Para contextualizar el que estaba en conocimiento de la Asamblea Legislativa en el momento de la visita, tenía incorporadas tanto la reforma del impuesto de ventas para transformarlo en uno de impuesto al valor agregado, como una reforma integral al impuesto sobre la renta. Como es de todos conocido, la carencia de oxígeno de negociación política, hizo que el proyecto fuera decayendo en alcance hasta llegar a la mínima expresión que se encuentra en una dudosa agenda de sesiones extraordinarias, ahora bajo el nombre de “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, que deja solo el IVA y una pincelada a temas de renta.

Es fundamental recapitular las razones para que este último de los aspectos de la agenda nacional, sea de relevancia para el cumplimiento de los mínimos requeridos y esperados por la Organización para la Cooperación Desarrollo Económicos. Todo país que tenga aspiraciones de un desarrollo sustentable y creciente en lo que respecta a competitividad y mejora del ambiente de negocios, requiere contar con unas finanzas públicas de condiciones tales que, el Gobierno sea un propiciador de condiciones de competitividad y accesibilidad al emprendedurismo privado, sacando de sí las instituciones y costos relacionados con una gestión del Estado que sea contradictorio u obstructivo al logro de dichos objetivos.

La OCDE, siendo una organización de países desarrollados, no hace que sus aspirantes se conviertan en desarrollados por la mera afiliación y admisión, sino por el código de conducta de diversa índole que promueve el desarrollo integral y sostenible de sus países miembros basados entre otros en una clara disciplina fiscal. Es decir, que el examen de admisión no tiene que ver con voluntades o compromisos, sino con las realidades y los sustentos de los mismos para poder lograr una paridad comparable entre sus países miembros, eso caracteriza la razón de ser de requisitos que van desde lo fiscal como lo es el caso que nos ocupa, hasta las condiciones de seguridad legal, equidad, educación, condiciones laborales, compromisos y acciones medioambientales entre otros. Para una fiel representación de los objetivos amplios de la OCDE, transcribo lo correspondiente a la descripción que hace la Organización de sí misma:

“Trabajamos para entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental. Medimos la productividad y los flujos globales del comercio e inversión. Analizamos y comparamos datos para realizar pronósticos de tendencias. Fijamos estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas.” (fuente:http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/

Es precisamente, por los objetivos dichos, que esta organización vela por la salud de sus países miembros, dictando mejores prácticas para el logro de estos niveles de facilitación del proceso de globalización en un ambiente ordenado, de justo comercio, así como de certeza en los términos condiciones y motivaciones económicas válidas, para la atracción o movilización de los capitales.

Costa Rica padece de males endémicos en materia fiscal cuyos orígenes datan de la falta de actualización de la visión del Estado moderno y su rol en la economía, manteniendo estructura y gasto concomitante, a la del Estado protagonista, empresario, regulador, empleador y otra serie de roles hoy observados objetivamente, han sido de gran impacto positivo en la historia del país, en el logro de sus índices de desarrollo humano, en el logro de unas condiciones razonables de libertad relativa económica y social, pero la falta de actualización, viene hace al menos dos décadas dejándonos ayunos de los beneficios efectivos de la globalización económica. No se trata de ser detractor de la historia, es entender que esta es dinámica, que tiene ciclos y que la del modelo de Estado asumida con gran visión por los pensadores de la década de los años 40 del siglo pasado, no era conteste a la entrada del actual milenio y los retos que esto representa.

El motivo para tocar el tema de modelo del Estado tiene motivo en hacer conciencia de que mientras no se logre definir el nuevo modelo de Estado, cualquier mejora que pueda darse en materia de recaudación fiscal, llegará a ser no solo financieramente insuficiente, sino que generará condiciones de severos desajustes en la competitividad menoscabada ya de los actores del sector privado.

Ahora bien, no es posible de golpe y porrazo hacer todos los cambios que se requieren en el modelo de Estado adecuado a las actuales condiciones, pero hay que iniciar de inmediato y de forma simultánea con la reforma fiscal integral en materia de IVA y renta, que permitan recoger nuevas manifestaciones —comparadas con las actuales de los cuerpos legales existentes— de capacidades contributivas hoy fuera del ámbito de las normas legales y por tanto, fuera de las posibilidades de llevar a las arcas del Estado aun mejorando la paupérrima gestión de fiscalización, que se concentra en seguir siempre cargando los hombros de los mismos; en el sector formal de la economía, dejando impune a los defraudadores conocidos y desconocidos, así como la economía subterránea, cuyas dimensiones ya son tan abrumadoras que hacen inviable la competitividad de quienes cumplimos, con aquellos que en la sombra de la informalidad o al amparo de regímenes sin controles, no asumen los costos de hacer negocios con respecto a los agentes económicos que responsablemente enfrentamos los costos incrementales de hacer negocios en Costa Rica sufriendo la disparidad en la competitividad.

Una reforma fiscal es indispensable, completa, integral, incluyendo los cambios estructurales a nivel de administración tributaria, para que sea el medio a través del que paguemos lo que debemos, generemos condiciones que propicien la movilidad laboral, la apertura de nuevos emprendimientos, el fortalecimiento de las actuales empresas nacionales y multinacionales, que tengamos acceso más directo y a menores costos relativos a facilidades crediticias, que no incorporen en las tasas de interés las incapacidades de resolver en lo fiscal el tema del ingreso creciente y el gasto decreciente, sean tendencias inversas a las actuales, para que todos como sociedad, podamos acceder a mejores condiciones de orden autogestionarias en la economía global.

Cortesía de La República