El Motivo Económico y la Reforma Fiscal

Cuando se trabaja en el ámbito de la planeación fiscal, no es extraño encontrarse estructuras fiscales que buscan eficiencias tributarias y que se adaptan a los requerimientos de su época por lo que los aleja de cualquier posible coyuntura de cambio en el entorno fiscal.

 

Sin embargo, el mundo de la fiscalidad internacional ha tenido una evolución disruptiva en los últimos 10 años, que si bien en Costa Rica los efectos llegaron de manera tardía, es fácil observar que hoy en día la Dirección General de Tributación ya va utilizando todas las nuevas herramientas para las fiscalizaciones.

 

Tal vez el hito más importante en el ámbito de tributación, que todos los participantes (contribuyentes, consultores, auditores fiscales, etc.) deben de tener en cuenta son las reglas de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios, mejor conocidas como BEPS por su acrónimo en inglés.

 

Estas reglas han ido aplicándose de manera tangencial por medio de jurisprudencia y no habíamos encontrado normas que fueran a apegarse mucho a ellas. Sin embargo, la Administración Tributaria ha indicado varias veces que las normas de OCDE, de buenas prácticas tributarias, son de aplicación supletoria a las normas nacionales. Por ejemplo los Precios de Transferencia y los grandes ajustes millonarios que han venido por dichos casos. A la vez, Costa Rica es firmante del marco inclusivo de lucha contra la erosión de bases imponibles de un régimen tributario al otro.

 

Ahora bien, llama la atención ver que en la propuesta de reforma fiscal que se encuentra en la Comisión Especial, al hablar de las reorganizaciones empresariales en el artículo 27 D, en lo correspondiente a las Rentas de Capital y Ganancias y Pérdidas de Capital, se indica:

 

“En casos de reorganización empresarial por distintos medios, como la adquisición de acciones, cuotas o participaciones sociales, aportes no dinerarios o en activos, fusiones, escisiones, compra del establecimiento mercantil, transferencia total o parcial de activos y/o pasivos y otros, las ganancias de capital que se puedan generar se considerarán como no realizadas para los efectos del artículo 27 C inciso 3), con base en los principios de neutralidad fiscal y continuidad del negocio, siempre que en la operación de reorganización medie un motivo económico válido.”

 

Esto va muy de la mano con la acción 5 de BEPS (combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia), la cual indica que toda estructura que tenga una empresa debe de contar con la sustancia económica válida. Esta se divide en dos:

 

  1. Sustancia material: se relaciona con la acreditación de actividades que respalden la existencia de una entidad y sus movimientos económicos, es decir, que existen elementos que constatan la presencia y actividad de una entidad; o bien como lo señalan las acciones BEPS, que existan los medios materiales y los recursos humanos necesarios para poder llevar a cabo la actividad.  
  1. Sustancia económica: es la que nos ocupa, el artículo que hace referencia al motivo económico válido, es decir, que exista una justificación empresarial para tener una empresa en jurisdicciones fiscalmente más laxas y que comporten las prestaciones y contraprestaciones, los principios atinentes a la retribución de precios de transferencia y el concepto de encadenamiento en función del análisis de la cadena de valor.

 

Es importante ver que el motivo económico se refiere a una justificación que brinde una ventaja económica y que la misma no sea pagar menos impuestos. Lo anterior, debido a que se parte del principio que toda empresa o grupo económico es buscar siempre la mejora de sus rendimientos económicos, y que toda acción que vaya a tomar va a ser en pro de este efecto.

 

Ahora bien, si una empresa realiza un plan empresarial que de manera prospectiva refiere a un mayor ingreso, pero dicho plan a la hora de su realización no generó un ingreso mayor, de todas maneras, sería válido, pues a la hora de su idealización si presentaba una justificación económica. A estos efectos la documentación, sustento de las decisiones de negocios que se tomen, es fundamental para guardar memoria de elementos que motivaron en su momento decisiones que serán eventualmente cuestionadas en otros momentos en fase de fiscalización.

 

Pero si una empresa realiza un actuar, de manera que genera gastos y costos y en ella no se observa de una manera lógica una mejora económica para la empresa o grupo económico, más allá de una ventaja fiscal, este accionar no estaría cumpliendo con el motivo económico válido, al menos a los efectos de poder oponerle como justificación de cara a las autoridades fiscales.

 

Por esta razón se concluye que si no existe esta justificación económica o si es un ahorro fiscal, la Administración Tributaria podría aplicar la acción 5, que considera la estructura como perniciosa y desconocerla; así todos los gastos que se realicen por la estructura pueden desconocerlos y encontrar una sanción tributaria, que actualmente puede llegar a ser hasta del 150% de la cuota tributaria determinada.

 

Anteriormente esto ya ha sido utilizado a nivel jurisprudencial mediante el uso de los artículos 8 y 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT), pero con la reforma fiscal llegaríamos a tener de manera taxativa la necesidad de este motivo económico válido.  

 

Todo esto nos deja un buen sabor de boca, pues lo que se observa es un sistema tributario cada día más elaborado y por ende que las estructuras fiscales, si bien son posibles, deben de construirse con una visión de optimización fiscal y no con una idea de elusión fiscal.

 

Claro es importante revisar nuestras estructuras empresariales. Pues, lamentablemente, no todas las estructuras son generadas con los cuidados solicitados por BEPS, las cuales muchas veces, caen dentro de la determinación de estructuras perniciosas a nivel fiscal. Si además se dan los supuestos de ocultamiento, dolo o engaño, induciendo de manera idónea a la administración para sacar un beneficio propio o de un tercero y en caso de sobrepasar los quinientos salarios base (₡215 500 000 colones) según el artículo 91 del CNPT, se encuentra dentro del criterio objetivo de ser un caso de fraude a la Hacienda Pública, lo cual se refiere a un castigo penal que va de cinco a diez años de cárcel.

 

Por ello, teniendo esto en cuenta, es primordial acercarse a su asesor tributario de confianza y solicitarle una revisión de la estructura empresarial y esto sin esperar a que pase la reforma fiscal, pues como ya fue mencionado estas fiscalizaciones hoy se encuentran en la capacidad de la Administración Tributaria en donde su base legal se encuentra en los artículos 8 y 12 del CNPT.

 

Eduardo Rodríguez

 

Gerente de impuestos

 

erodriguez@grupocamacho.com

Contadores a cero

Las Amnistías tributarias sin lugar a duda, son un último recurso ante situaciones de urgencia financieras. Por ello lo primero que se debe comprender es cómo se encuentra la situación de Costa Rica en este momento. Las agencias financieras internacionales han considerado que las amnistías no solo son injustas sino actos que fomentan el incumplimiento y premian al incumplidor por encima del cumplimiento voluntario, con el sacrificio que implica ser un buen contribuyente. No porque sea el criterio de dichas instituciones creemos fielmente que lo indicado es así, sin embargo, hay momentos donde se debe acudir a los medios más amplios de salvataje y este es un momento que así lo amerita.

 

Costa Rica hoy en día tiene una situación fiscal que nos coloca al país por debajo, en relación de deuda y capacidad de pago, que Argentina, España en su época de crisis, inclusive peor que Grecia. Con los nuevos descubrimientos de la situación de déficit en el Ministerio de Hacienda, que a hoy ya suma un aproximado necesario de ¢1.200 millones incrementales a la condición en la que se presentó el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas —un 15% aproximadamente del que está constituido por deuda emitida ilegal y peor aún inconstitucionalmente, sea sin autorización legislativa— nos remonta a una situación igual o peor que la crisis de los años 80 que empobreció más de 15 veces al país, con el retroceso social y económico que esto implica y en condiciones de recuperabilidad absolutamente diferentes y mucho menos propicios de recibir ayuda externa internacional, en especial la que en forma de donaciones recibimos en aquel momento por la coyuntura histórica de entonces.

 

De momento y si no aparecen nuevas sorpresas vamos superando la peligrosa relación del 8% como déficit respecto del PIB, estos son números de emergencia, es por ello que, sin lugar a dudas la situación de Costa Rica ya no es de una crisis fiscal, sino de una catástrofe económica. A hoy, si Costa Rica sigue financiándose mediante deuda, las tasas de interés llegarán a subir a niveles incalculables, llevando así a caer en descalabro no solamente a un sector público sino también a un sector privado. Es un momento para acciones valientes, históricamente diferentes y profundas, es el momento de poner los contadores a cero, no solo los contribuyentes hemos pecado, sino que la información conocida nos revela que el Estado es un pecador confeso y sin arrepentimiento, esto amerita para los primeros un gran armisticio en esta guerra en la que unos y otros hemos destruido las finanzas públicas de nuestro país. Siendo un país de paz, hemos planteado una destructiva guerra por resistencia civil de los contribuyentes a pagar como se deben los impuestos mientras el Estado no se reduzca y elimine los diversos frentes de derrame de la riqueza exigua de nuestro país. Esa guerra como todas, tiene como perdedores a todos, no se puede ganar una guerra de esta naturaleza, en ella sin duda hay que pactar.

 

El pacto para los contribuyentes que hemos apoyado tiene dos frentes, el de la amnistía y para completarlo y complementarlo el de la regularización y actualización de balances. En la amnistía hemos apoyado que la misma no se quede exclusivamente en las tradicionales o la que originalmente estaba propuesta para las deudas que estaban declaradas y pendientes de cancelación parcial o total. Estas condiciones requieren la adición de otros supuestos que al menos en la historia del país no se han presentado antes: la de poder rectificar las declaraciones no prescritas —evidentemente— para corregir cualquier autodeterminación hecha en condición errónea, incorrecta o falsa, sin que estas causas que tendrían calificaciones jurídicas distintas sean impedimento para efectuarla, de igual manera y de forma realmente innovadora, la inclusión de la posibilidad de tomar todos los procedimientos administrativos, en cualquier fase de orden litigioso que se encuentre, así como los litigios que se encuentren en estrados judiciales y desistiendo de la litis, accedan a la amnistía pagando solamente principal en todos los casos, sin intereses, sin multas que en muchos casos que se conocen pueden implicar la impracticabilidad de la ejecución de eventuales sentencias favorables al Estado en razón de que la norma de intereses sin límite, pueden implicar triplicar los valores del principal con lo que esto viene no solo a hacer efectivamente potable la posibilidad de llevar dinero a las arcas en un plazo muy corto, sino que a valores que no impliquen imposibilidad material de cumplimiento.

 

La norma propuesta debe ser mejorada en redacción, ya que lo que hemos planteado es que la misma sea de un plazo que permita generar flujos realistas que sean resultado de aportes de los socios o inclusive de la obtención de créditos bancarios, los que requerirán tiempo para ser tramitados, hemos propuesto que esta amnistía sea de seis meses a un año, tanto por la diversidad de supuestos que implica tanto como por la real condición económica del sector privado, así como la propia del Estado, pues se aumentaría el acceso efectivo a la misma lográndose de mejor forma el objetivo propuesto.

 

Esto implica una inyección a la vena de la Tesorería Nacional de gran impacto y oportunidad, para la que la Contraloría General de la Republica debe ser una celosa garante, que estos recursos, no recurrentes, ya que estos son finalmente los resultados de rematar las joyas de la abuela, la que muere solamente una vez.

 

Esta oportunidad para lograr sus efectos deseados en el sector de los contribuyentes debe ser complementado con la norma de regularización y actualización de balances que hemos indicado —propuesta analizada en diversas columnas en este diario— que ya se encuentra en el expediente de mociones del “primer día”, permita a los contribuyentes la inclusión en su contabilidad de los valores de activos y pasivos que se hayan omitido por cualquier motivo en la información fiscal, pagando para que impere el escrúpulo económico de la prudencia; así como la actualización de los valores existentes en la contabilidad que por cualquier motivo, se haya distorsionado respecto de la actual condición financiera real de su valor recuperable, en especial ante la condición de entrada en vigor de un régimen nuevo para el país, respecto de la sujeción al impuesto con la creación del impuesto de ganancias de capital. Para ambos supuestos se ha propuesto una tarifa reducida del 2,25%, que por un plazo de un año se tenga la oportunidad que los contribuyentes logren esta medida complementaria a la amnistía, ya que la amnistía a como ha quedado explicada, resuelve los asuntos de los resultados de los contribuyentes visto esto desde la óptica contable del estado de resultados integrales, siendo el remedio para los asuntos contables relativos al balance general, dejando de una vez por toda la parte del armisticio para los contribuyentes.

 

Respecto del transitorio, a la vez es fundamental que se ponga en marcha a la brevedad ya que en las condiciones económicas que nos encontramos no estamos para esperas, como regla general del transitorio XXVII del proyecto, las normas transitorias, sean tanto la de regularización actualización como la de la amnistía y muy especialmente esta segunda, puede empeorar las finanzas del Estado, ya que el efecto nuncio que provoca esta situación puede llevar a dejar por fuera, en especial situaciones litigiosas que si se fallaran ahora, se tendrían que perder de la oportunidad de que la de esta mitigación de costos, ya que las normas transitorias entrarían a regir el primer día del periodo fiscal siguiente a la entrada en vigor del Titulo I de la ley, que sería en el mejor de los casos 1° de octubre de 2019 o 1° de enero de 2020, en caso que el proyecto de apruebe del 1° de octubre de este año en adelante, que al paso que vamos es razonable esperar eso, si la Asamblea no toma acciones de inmediato, para que dichos plazos sean entonces el 1° de octubre de este año y el 1° de enero del 2019; quizá para entonces los aromas que lleguen sean los de un incensario de tardío funeral para la economía costarricense.

 

Debemos también enunciar la contraparte del armisticio, no es de recibo, que el Poder Ejecutivo, siga a manos llenas gastando de la forma que lo viene haciendo, ya que el informe de la Contraloría reporta un crecimiento; los impuestos de renta y ventas han crecido solamente el 2% y el 0,7%, para el mes de junio del año corriente, mientras que los gastos corren como gacelas en las praderas de Jauja a una tasa de crecimiento del 8,6% para el mismo periodo, lo que no requiere saber ni de economía ni de política para entender la velocidad acelerada con que cae nuestra Costa Rica, de manera desbarrancada al abismo. Dejamos solo planteado, que dando dulces a los sectores de los contribuyentes, no cesaremos de nuestro deber de vigilancia en favor de la estabilidad económica, social y política de nuestra Patria.

 

Carlos Camacho Córdoba

Socio Director

ccamacho@grupocamacho.com

 

Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/contadores-a-cero

Dos reglamentos relevantes

Antes del cierre de la Administracion Solís Rivera, han quedado publicados dos reglamentos que son determinantes en la vida de las empresas y sus relaciones con los entes públicos en general, tanto como en particular con tres instituciones que son rectoras del cumplimiento de las obligaciones de los agentes económicos a partir de las respectivas publicaciones.

Valga decir, que en todo caso, las dos instituciones a pesar de tener objetivos específicos de gestión y control de los elementos propios de su ámbito, son afluentes que alimentan a la vez a una de las instituciones que es el objeto de análisis del presente artículo, sea, cómo inciden las regulaciones de registro de accionistas con el ICD (Instituto de Control de Drogas) como la SUGEF (Superintendencia General de Entidades Financieras), esta información recabada esta directa e indirectamente vinculada con el cumplimiento fiel de los deberes tributarios, haciendo un alumbrado a las zonas oscuras del anonimato -el particularmente nefasto de las actividades ilícitas- la concentración de los grupos económicos, la transparencia del patrimonio de los beneficiarios últimos de las entidades y cadenas de estas en figuras, con y sin personalidad jurídica propia, con plazos perentorios muy cortos para que las instituciones que se convierten en instrumentales al cumplimiento de los deberes de transparencia como la Dirección de Notariado y el Registro Público, con plazo de puesta en marcha el próximo 30 de junio, sea en los próximos 60 días.

El reglamento de la ley 9449 relativa a las modificaciones de la ley 8204, “LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO”, incluye sin más postergación el deber de inscripción ante la SUGEF, de las actividades económicas de manejo de fondos de terceros en la amplia gama de esta modalidad, que incluye-al no haber exclusiones legales establecidas-las de manejo de fondos intragrupo, aspecto que levanta banderas a la gestión de esta naturaleza en el ámbito natural de la administración de las empresas con tesorería común o el uso de las prácticas de consolidación del efectivo, para ser utilizado ahí donde el grupo lo requiere, con mucha laxitud respecto de la documentación, tanto como del establecimiento de reglas, términos y condiciones que tienen tanto el impacto previsto por esta normativa de anti lavado de activos, como las banderas fiscales relacionadas con los asuntos de precios de transferencia, que comportan estas actividades y su incidencia fiscal respectiva, asunto que no puede ser obviado por los actores económicos.

Aparte de los regulados financieros, están ahora a la inscripción, así como a los deberes de reporte periódico, muy posiblemente de orden mensual, las siguientes actividades: La compraventa o el traspaso de bienes inmuebles y bienes muebles registrables o no registrables, tales como armas, piedras y metales preciosos, obras de arte, joyas, automóviles y los seguros. b)    Los casinos, las apuestas y otras operaciones relacionadas con juegos de azar. c)     Operadoras de tarjetas de crédito que no formen parte de un grupo financiero. d)    Servicios profesionales. e)     Medios alternativos de transferencias financieras f) las de otorgamiento de facilidades crediticias de cualquier naturaleza, etc.

La importancia de esta regulación es no solo del orden de control del ámbito que pretende regular, sino, que a través de la información periódica, esta enviando señales al sistema de control, en este caso en manos de la SUGEF, para comprobar su buen conducir de los negocios, pero no deben perder de vista las actividades enunciadas, la accesibilidad de esta información a la Administracion Tributaria de conformidad con el deber de toda entidad de suministrar a la Administracion información que sentando en su haber pueda tener incidencia tributaria.

Cuando el contribuyente interioriza esta realidad, se dará cuenta de la necesidad de efectuar cambios sustanciales para efectos de conformar una disciplina de cumplimiento tributario, que se incorpore en las venas mismas del negocio mediante el concepto de gobierno corporativo tributario, que implica, incorporar en labores ex ante, desde las mismas actividades de toma de decisiones estratégicas, prácticas tendentes a poder enviar sus fotografías financieras a las autoridades sin tener sobresaltos, resultantes de ajustes tardíos de propósito únicamente tributario, que quedará muy evidente en sus reportes, así como en el contraste de la información a través del tiempo, siendo esto uno de los mayores retos culturales que implica la adopción de esta normativa, aparte de las complejidades operativas y técnicas que implica en sí misma la actividad regulada y la diversa incorporación de figuras de prácticas que deben ser estandarizadas a todos los efectos de cumplir con la SUGEF.

Por su parte el reglamento de registro de accionistas que llega a poner las reglas de orden en relación con los deberes de todas las entidades, nacionales o extranjeras operando en el país de hacer del pleno conocimiento de la Administracion Tributaria y del ICD, los beneficiarios últimos de las entidades, con o sin personería jurídica propia, atribuyendo la titularidad de estos beneficiarios con propósito dual, por un lado conocer los elementos constitutivos de los grupos económicos y la concentración empresarial a efectos fiscales, así como determinar a efectos de las normas del ICD, la acumulación de riqueza que no tenga fuente legitima de origen lícito, incluído en el concepto de licitud, no solo la actividad subyacente que dio origen a la riqueza, sino que la prueba de la debida tributación correspondiente de la misma.

La mera interposición de figuras jurídicas locales o internacionales, con propósito de disimular la atribución patrimonial a sus efectivos beneficiarios, tiene una norma de cierre que deviene de la Ley de Lucha Contra el Fraude Fiscal de diciembre de 2016, que es la atribución de la titularidad al administrador de la entidad local.

Esta presunción, así como la atribución al ultimo beneficiario, tienen como fin último, poder activar en cabeza de dichos beneficiarios las presunciones fiscales del articulo 5 de la ley de impuesto sobre la renta, sea que cuando alguien detente un patrimonio que supere aquel que pueda demostrarse que ha tributado conforme las normas del país en que se originó dicho patrimonio, o que no estaba según las normas respectivas en obligación de pagar impuestos, no así aquellos patrimonios que sin poder demostrar jurídicamente por medios idóneos la trazabilidad del mismo, no solo puedan verse frente a determinaciones de obligaciones en renta, sino que eventualmente de caber otros elementos de falta de prueba de legitimidad de la actividad subyacente, ser perseguidos por lavado de activos, blanqueo de capitales o actividades conexas.
Es así como los dos reglamentos tienen en común poder llevar procesos paralelos en materia administrativa-SUGEF y Tributación- tanto, como en el ámbito penal del lavado de activos y legitimación de capitales, tanto como financiamiento al terrorismo y actividades conexas.

En la entrada en vigor de las dos normas reglamentarias es de recibo por parte de los contribuyentes efectuar una clara determinación, particularmente a las reglas del nuevo ámbito de cobertura en la ley 9443, en relación con las actividades mismas, procediendo a su inmediato proceso de inscripción, ya de por sí las instituciones financieras, han venido requiriendo a ciertas actividades de estas ramas, llevar a cabo sus procesos de solicitud de inscripción ante la SUGEF, so pena de cerrar las cuentas que en dichas instituciones mantengan quienes teniendo el deber de inscribirse no lo hagan en plazos perentorios. Esto implica riesgos severos de negocio en marcha para quienes no cumplan en fase voluntaria.

Por otra parte, son punto de conexión ambos reglamentos en las posibles implicaciones de flujo de información, cumplimiento con el estándar global de transparencia, deberes de conocimiento de los clientes, los accionistas, así como la adecuada documentación de debida diligencia ya no limitada a los agentes financieros, sino a un importante nuevo conjunto de actores que inician el mes de mayo, con regulaciones urgentes que atender.
Por último, no debemos perder de vista que los contribuyentes, tenemos unos deberes que al cumplirlos incrementan el acervo de información que debe tener coherencia interna y externa, por lo que conviene efectuar labores que aporten al mapeo de sus nuevos riesgos, en especial ante el cambio de las autoridades en las instituciones, resultantes del cambio de gobierno, así como de la desesperada necesidad de Hacienda de llevar recursos nuevos y frescos a sus arcas.

Carlos Camacho Córdoba
Socio Director Grupo Camacho Internacional
ccamacho@grupocamacho.com

Gestión Tributaria

 
¿Qué debo estar haciendo en mi empresa en este momento?

Sin duda, la vida cotidiana nos lleva a velocidades cada vez más aceleradas y requiere de nosotros como responsables de las decisiones más estratégicas de nuestros negocios, hacer un claro cuadro de mando estratégico. Si bien las empresas que cierran su periodo fiscal en setiembre están en el proceso de finalizar, afinar y financiar el cumplimiento de sus obligaciones del impuesto sobre la renta, es importante, indicar que esta acción operativa no debe absorber las acciones estratégicas.

Para quienes cierran sus cuentas anuales el próximo fin de diciembre, están en los preparativos de las mismas a la vez de afinar detalles de diversos cumplimientos en materia de reportes, a casa matriz, a las entidades de supervisión, a los acreedores, así como accionistas y Administración Tributaria. Todos estos son elementos que atienden a la operatividad de objetivos más estratégicos.

¿Cuáles deben ser las acciones estratégicas?

Para este momento debemos estar centrados en que operativamente se estén cumpliendo con los asuntos antes dichos, pero basados en una planificación estratégica, que permita medir la gestión del elemento de costo que corresponde al gasto por impuesto sobre la renta. Este costo, al igual que todos los demás debe ser susceptible de incorporarse y alinearse con los planes estratégicos de carácter integral que toda empresa organizada y moderna debe tener. Los impuestos sobre las utilidades no son solamente resultados residuales, no pueden tampoco tratarse como problemas ex post, para cambiar este paradigma las gerencias deben incorporar en sus cuadros estratégicos el manejo de las obligaciones fiscales de su grupo económico, haciendo en esta época, sin distinción del momento de cierre, es la planeación fiscal de 2018 y siguientes.

Esta tarea no es por definición una tarea ex post, ni de medio año, muchas veces en la práctica profesional, atendemos a quienes con sobresalto llegan a contarnos preocupados, que han tenido un excelente año, como si esto fuera una mala noticia, su sobresalto surge que no planearon el costo fiscal de este deseable escenario. Todo lo que un contribuyente puede administrar es la tasa efectiva del impuesto como resultado de acciones ex ante, ¿cuándo? Ahora.

Nosotros le podemos ayudar a mejorar sus resultados después de impuestos, siempre en apego a la legalidad, con oportunidad y en una adecuada manera de manejar sus costos fiscales, considerando los escenarios diversos de costo/ riesgo, que comporta toda decisión inteligente de negocios.

En nuestra experiencia, el éxito en el manejo del costo tributario y más aún, la reducción de las determinaciones en las empresas fiscalizadas, logra un mejor resultado, cuando la empresa tiene la disciplina de incorporar la planificación fiscal como parte de sus prácticas anuales, así como el monitoreo periódico. En Grupo Camacho internacional, contamos con las herramientas, el conocimiento y la capacidad de respuesta individualizada para atender estas y necesidades, déjenos acompañarle.

Cuidados especiales con el cierre

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Los contribuyentes están en una serie de actos relacionados con la liquidación de las obligaciones del impuesto a las utilidades, según se denomina en la ley de renta 7092.

Entre los aspectos que debemos considerar en primera instancia es que este impuesto grava las rentas de carácter continuo u ocasional que tenga como fuente la territorialidad para el acto económico que se debe analizar. Los conceptos de sujeción a las rentas como de fuente costarricense, tiene más que ver con aspectos de ordenamiento de los recursos en el territorio nacional y con la infraestructura costarricense de orden económico y jurídico.

Esto ha dado una especial flexibilidad, al concepto de territorialidad aumentada, tema que causa relaciones litigiosas diversas y cada vez más frecuentes. Aquellas prestaciones que se hacen entre dos países que no involucran a Costa Rica, la típica figura de intermediación internacional de bienes o servicios, donde el proveedor y comprador de los mismos no está en Costa Rica, pero su gestión se hace mediante el uso de recursos e infraestructura costarricense, es típicamente una causa de atribución de rentas al contribuyente costarricense, con independencia del lugar de pago de los bienes, servicios o las meras comisiones de la diligencia comercial indicada.

Esto por supuesto rompe paradigmas no solo en el ámbito del impuesto a las utilidades, sino que es también tocante a las obligaciones tributarias de quien recibe rentas del trabajo personal dependiente, aspecto que toca a los esquemas de “Salary Split” o complementos salariales, en especial de empresas con presencia multinacional, en la realidad económica de hoy, se presenta como un fenómeno más frecuente por razón de la internacionalización de los negocios.

El otro aspecto que es tocante al mismo tema del arraigo a la fuente costarricense, lo constituyen los casos de las empresas extranjeras controladas desde Costa Rica. Tal es el caso de las denominadas operaciones “Offshore”, cuya única o principal sustancia está en Costa Rica, visto por defecto, en sentido contrario, aquella empresa de otra jurisdicción, carece de medios de prueba sustanciales de la organización de recursos humanos, materiales, tecnológicos o materiales que prueben que la gestión misma de la entidad está llevándose a cabo en aquel país, otro aspecto que no sea su mera constitución y la nominal condición de sus personeros en el otro país. El hecho de que en Costa Rica se lleve a cabo la gestión fundamental de control de la entidad aludida es suficiente, para que, sin reforma legal, aquella entidad tenga deber real de contribuir en Costa Rica por las rentas que se le puedan atribuir a la misma.

Muchos se preguntarán ¿cómo es esto sin una reforma legal? ¿Cómo lo detectaría la Tributación? Simplemente en la era de la transparencia e intercambio fiscal en la que nos encontramos todo el rastro de estas operaciones a nivel de cuentas corrientes y otros medios de transmisión de pagos, está plenamente transparente a las Administraciones Tributarias, Costa Rica no es la excepción.

Cortesía de La República