Documentación y Declaración de Precios de Transferencia

Precios de Transferencia

¿Qué es?

A partir del Decreto Ejecutivo 37898-H, del 13 de setiembre del 2013, se establecen los lineamientos sobre precios de transferencia para todos los contribuyentes costarricenses, dicho decreto, establece la documentación soporte (estudio de precios de transferencia) y obligaciones formales (Declaración de Precios de Transferencia)

¿Desde cuándo?

El 13 de septiembre del 2016, la Dirección General de Tributación[1], estable que la declaración de precios de transferencia es de carácter anual y que entrará a regir una vez se activen los módulos del ATV[2], necesarios para subirla al sistema y para periodos subsiguientes se establece su presentación para el 30 de junio de cada año.

¿Qué debe incluir un estudio de Precios de Trasferencia?

Por otro lado, si bien el estudio es obligatorio desde el 2013, es hasta la resolución[3] sobre documentación soporte que se establece la documentación necesaria que debe contener un estudio de precios de transferencia, la cual se resume seguidamente:

  • Actividades y funciones desarrolladas por el contribuyente.
  • Lista de activos fijos utilizados en las operaciones vinculadas.
  • Riesgos inherentes a la actividad.
  • Información general de las empresas del Grupo.
  • Estados Financieros del ejercicio fiscal del contribuyente.
  • Métodos de precios de transferencia utilizados.
  • Identificación de cada transacción intercompañía.
  • Documentación relevante que soporte las transacciones intercompañía.

 ¿A quién aplica?

Todos los contribuyentes que lleven a cabo transacciones con partes relacionada durante el periodo fiscal deberán tener a mano la documentación soporte[4], Por otro lado, la presentación de la declaración únicamente aplica para Grandes Contribuyentes, Grandes Empresas Territoriales y Empresas en Regímenes de Zona Franca.

Sanciones por incumplimiento

Artículo 83, del CNPT[5], establece una sanción equivalente a una multa monetaria proporcional al 2% (dos por ciento) de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor, en el periodo del impuesto sobre las utilidades anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base.

Asegurarle que tanto su declaración, como el estudio estarán en su poder, mucho antes que la Dirección General de Tributación, se lo solicite, así como darle seguridad en el proceso ofreciéndole conocimiento y la experiencia por la cual nos posiciona como una de las firmas más importantes del país

 

 

[1] Se publica mediante la Resolución No. DGT-R-44-2016, y basado en el artículo 8 del Decreto.

[2] Sistema en línea ATV (Administración Tributaria Virtual).

[3] Se publica mediante la Resolución DGT-R-016-2017 y basado en el artículo 9 del decreto.

[4] Indicada en la resolución DGT-R-016-2017.

[5] Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Zonas francas y OCDE

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Es llamativo que en la vista realizada hace un mes por parte de funcionarios de la OCDE a Costa Rica, la agenda de asuntos prioritarios fuera tan especialmente inversa a las prioridades que a lo interno hemos definido, al menos como derroteros, a nivel interno como país. La prioridad uno de la agenda planteada por la secretaría de asuntos fiscales de la Organización, los cuales inician por el agresivo planteamiento de desmantelar en un plazo muy breve el régimen de zonas francas.

Esta condición complementada con la de reducir las contribuciones de la seguridad social, que merecen análisis aparte, así como en tercer lugar llegar a un acuerdo en materia de una reforma fiscal integral, son los elementos que nos han dejado en la lista de pendientes.

En relación con el régimen, si bien es cierto la acción cinco de las acciones BEPS, propone que las figuras y regímenes que de manera activa o pasiva provoquen la localización de utilidades gravables en otras jurisdicciones por motivo de atribución de valoraciones diversas a las respectivas en el concepto de cadena de valor. Esto quiere decir, que aquellos regímenes, no solo el de zona franca costarricense, sino todos los que permiten el traslado artificioso de utilidades a jurisdicciones o regímenes que permitan una menor tributación relativa del grupo económico, serán considerados como regímenes perniciosos y por ende deben ser desmantelados por los países que han convenido con las acciones BEPS, tal es el caso de Costa Rica desde la suscripción misma del marco inclusivo que como país depositamos ante la OCDE. Una medida de esta naturaleza debe ser negociada con los miembros del comité de asuntos fiscales de la OCDE con un adecuado apego al principio de “equal footing”, es decir, si debemos hacer tal decisión la misma y su puesta en marcha no pueden hacerse como pioneros con las consecuencias que en la competitividad país sin duda podemos asumir, sino en forma simultánea con los demás jugadores mundiales en condiciones análogas.

No es aceptable que Costa Rica desmantele ningún régimen especial, sin garantía de que otros países en especial competidores por la atracción de la inversión extranjera directa, en forma simultanea lleven a cabo acciones concomitantes a la vez que se logre en concordancia con un acuerdo de revisión de pares hecho por los partícipes de los regímenes en los que se garantice que no habrá competencia ni en la dirección del desmantelamiento ni en el momento en que dicha acción se tome. Costa Rica, debe mantener sus compromisos asumidos con los organismos internacionales y no sería de recibo no cumplir con temas pactados del marco inclusivo de las normas BEPS, pero sin duda, no a cualquier precio, ya que el efecto en las exportaciones, el nivel de empleo, las divisas y el sistema cambiario, así como los demás agregados macroeconómicos serian un contrasentido a los propósitos de entrada del país en la OCDE.

Para este tipo de temas el sector privado debe tener claro entendimiento de la extensión de compromisos que tiene el país, la manera en que se espera que, como tal comporte en conductas esperadas, así como una interacción oportuna de orden técnico con el Ministerio de Hacienda que es la Autoridad Competente de cara a la OCDE para este tipo de diálogos educados, en los que la sociedad civil tiene una importante labor que llevar a cabo.

Cortesía de La República