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Se va El Jefe… ¿y Nosotros?

Se va El Jefe… ¿y Nosotros?

 

“Mi jefe está mayor, la noto cansada y con menos energía.  La empresa se está moviendo más lentamente para ajustarse al ritmo de ella y me preocupa que ya no tenga la misma capacidad para guiarnos como lo hizo en años anteriores y que la empresa se vea afectada.  Muchos dependemos de esta empresa, con el salario que ganamos acá mantenemos a nuestras familias.”

Una preocupación recurrente de altos ejecutivos en las empresas de diversas industrias es la incertidumbre creada cuando el rendimiento del líder de la empresa disminuye, provocado por el paso de los años.  Es un tema muy difícil de abordar para sus allegados cercanos sin ser etiquetados como desleales, revolucionarios, rebeldes y hasta oportunistas.

En los colaboradores cercanos hay gran ansiedad, pero también algunos excelentes talentos, altamente comprometidos con la empresa y el líder.  Si no se aborda adecuadamente, estos talentos simplemente empiezan a buscar horizontes en otras empresas o en sus propios emprendimientos, como resultado de la zozobra que genera la indefinición de quien sucederá al líder cuando se retire, o peor aún ¿quién entraría a liderar, en caso de una muerte repentina?

Desafortunadamente, a muchos buenos líderes les cuesta trabajo reconocer el momento correcto para retirarse.  Precisamente porque es un paso difícil de dar que conlleva una carga emocional muy fuerte.  Entre otras cosas, el retiro implica ceder el poder, dejar una posición de prestigio y renombre que acarrea el puesto desempeñado.  Retirarse implica aceptar que se cierra una etapa de la vida.

Indudablemente la persona que se retira es la más afectada, y por consiguiente deberá planificar muy bien su salida.  ¿Cuáles serán las nuevas actividades a las que dedicará su tiempo? ¿Cómo va a mantener su estilo de vida, tiene los recursos financieros necesarios? ¿Cuándo y cómo lo va a comunicar? ¿Quién será su sucesor(a)?

Sin embargo, la sucesión también involucra y afecta a muchos otros grupos de interés: la familia*, los clientes, los proveedores, los acreedores, otros socios y a los colaboradores de la empresa.

Por ejemplo, para clientes y proveedores el retiro puede ser la pérdida de su principal contacto en la empresa.  Para los colaboradores la salida del jefe puede representar desde un cambio abrupto en sus condiciones laborales hasta el despido.

Todo el esfuerzo que es apreciado por el líder de sus más fieles e idóneos colaboradores puede irse por la borda por carencia de un buen plan de sucesión debidamente comunicado a todas las partes involucradas, los sucesores no necesariamente conocen siquiera, ni reconocen mucho menos, el valor que aporta este personal clave para la continuidad del negocio.

Para prevenir problemas futuros, en el caso de los colaboradores de la empresa y especialmente aquellos que pertenecen al círculo de confianza del empresario o gerente general, se debe procurar que la salida del líder se haga de forma planificada.

Aunque los planes no garantizan el éxito, definitivamente ayudan a tener una sucesión ordenada donde predomine el diálogo y se busque el consenso.  Se deben definir claramente los procesos, las expectativas deben ser acotadas y las partes deben conocer de manera oportuna los actos que preparan la salida del líder para que, en el peor de los escenarios, la empresa mantenga su valor y de manera ideal sea más bien la renovación del liderazgo una oportunidad para  dar nuevos aires al negocio.

Una transición generacional desordenada y sin planificación usualmente crea conflicto, desconfianza y produce un mal resultado que se materializa, en concreto, en la pérdida parcial o total del valor de la empresa en marcha.  El mejor escenario para todas las partes involucradas, incluyendo a los colaboradores de la empresa, es que exista orden y claridad en lo que va a suceder.

Una sucesión bien planificada toma en cuenta factores críticos tales como:

  • El desarrollo de un proceso de evaluación para candidatos sucesores.
  • La selección del sucesor o sucesora.
  • La creación de un plan de desarrollo para el sucesor(a).
  • El desarrollo de un plan estratégico para la empresa.
  • El diseño de un Protocolo de Empresa para establecer las reglas de participación y empleo, especialmente de los familiares.
  • El desarrollo de un plan de participación y retención de ejecutivos clave, y
  • Un plan de retiro para el líder de la empresa.

La sucesión será la última prueba de éxito empresarial que afronte el empresario.  Si la transición fracasa, es muy probable que la empresa se debilite, cierre o termine siendo mal vendida; y el esfuerzo de toda una vida se desvanecerá.

Es importante ayudar al líder de la empresa para que pueda dar este difícil paso y ejecutarlo con éxito.  Indirectamente se le estará ayudando también a todas las otras personas que tienen una relación con la empresa y dependen de su continuidad.

*Entiéndase por familia el concepto tradicional de familia nuclear, así como el concepto contemporáneo más amplio y general.

Efectos de cambio en tarifas

Efectos de cambio en tarifas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque cualquier cambio en el que se grava o se determina cómo se calcula base de aplicación de un gravamen debe pasar, indudablemente, por aprobación legislativa como mandato constitucional de reserva de Ley, esta es una iniciativa que, usualmente, es impulsada por el Poder Ejecutivo. Igual sucede con la definición de tarifas aplicables y la definición de quiénes son los obligados a pagar una nueva obligación tributaria.

Como estamos en las puertas de una revisión estructural de los ingresos del Estado haremos un repaso de en qué consisten estos.

Los estados democráticos de derecho se plantean, ya sea por mandatos de orden constitucional primarios o como consecuencia de principios inspirados en ellos, por medio de normas legales, los deberes que debe cumplir el Estado y las instituciones o medios materiales, humanos y tecnológicos que le permitirán el cumplimiento de estos objetivos.

Son de irrenunciable reserva al Estado costarricense, los deberes del cuidado de la vida humana, por tanto, todos los medios instrumentales a esta, como lo son la sanidad y la seguridad ciudadana son deberes que tutelan el principio fundamental.

De igual forma, como país desde los albores de nuestra vida republicana, optamos por tener una educación universal para los habitantes de la República. Un instrumento de dignificación de la condición de la persona, así como un medio de desarrollo económico, con preferencia a la inserción económica basada en el talento y no en la competencia por el hambre.

Hemos optado como país a una preferencia por la protección de la condición de los trabajadores en ejercer sus derechos y garantías. Consagramos desde el orden constitucional y complementos de orden normativo laboral, normas que sean acordes a la condición de un salario mínimo, un sistema solidario de orden contributivo para la sustentación de la persona en incapacidad temporal o permanente de trabajo, así como una dotación de retiro acorde a sus contribuciones, con algunos matices cada vez más regresivos.

Como nación, también hemos optado por un modelo de desarrollo basado en el equilibrio del desarrollo económico; con una vocación preferente por la naturaleza como parte instrumental a la dotación de unas condiciones de calidad de vida de los habitantes no solo para nosotros, sino con una clara contribución al mundo. Nuestra huella de limpieza ambiental representa casi el 25% del territorio nacional dedicado a la conservación de los suelos, el aire y las aguas de nuestro país, para nosotros y para el mundo.

Todas estas opciones de las funciones que como Estado nos planteamos tienen indudablemente en un mundo económico, un uso alternativo que implica el costo de mantener, sostener, financiar e invertir, no solo en las prestaciones actuales sino en las necesarias herramientas para dar sustentabilidad futura a dichas necesidades.

Este pacto social se vulnera de diversas formas. Por una parte, cuando el deber de hacer lo debido por norma legal no se cumple a cabalidad de la manera más eficiente, sabiendo que los recursos de todos son los que se comprometen en cada acción y en cada omisión.

Tanto en aquellas situaciones en que el contenido presupuestario para el cumplimiento de dicho mandato, parte de ese pacto social, es inexistente o en las que su contenido se ve – como en este momento – comprometido por la escasez de los recursos tributarios sanos.

La ecuación de ingresos del Estado la componen fundamentalmente los tributos, los precios públicos de los servicios que este presta en condición de participe de la economía – modelo por revisar – así como, de los financiamientos tanto de orden local como internacional que obtenga.

La Administración Alvarado Quesada si bien es protagonista del cambio más significativo de la norma legal de modernización del sistema tributario costarricense, ha sido también la más irresponsable en su custodia, puesta en marcha y rigor de aplicación… y no solo en la recaudación tolerando con ojos abiertos y bocas cerradas la evasión abierta y flagrante.

No se ha limitado solo a esa falta de rigor, sino que también ha propiciado el menoscabo de la sanidad fiscal sosteniendo normas reglamentarias en IVA que son absolutamente ilegales. Regalando beneficios a grupos de interés concretos e identificables, con la mera lectura de la norma.

De igual forma ha sido protagonista de la irresponsabilidad de la administración de la regla fiscal. Regla que se ha roto, rompiendo la parte del pacto social que nos engatuso a todos los que apoyamos la necesaria reforma en lo tributario a cambio de aquello que, aunque plasmado en la norma legal, ha quedado, una vez más, en simples promesas huecas, como hueco es el discurso con que nos sigue rodando la Administración Alvarado Quesada.

Por ese motivo, no tiene ni cara ni autoridad moral – si es que de esto entienden – para llegar y promover, propiciar y comprometer eventualmente cambios en tarifas en el impuesto sobre la renta, con incrementos de la actual tarifa general del 30% al 35% o más. Está demostrado que, a mayor tarifa de impuesto sobre las utilidades de las empresas, los efectos esperados de la recaudación se convierten más bien en recaudación reducida.

Gravar las utilidades de las empresas con unas tarifas mayores sí promueve la no inversión en el país, desestimula la creación de empleo – con la actual condición de desempleo – no siendo contestes a las necesidades sociales que, para mantener el pacto social, requerimos.

La recaudación baja debido a dos fenómenos. El camino legal, que consiste en que, quien iba a hacer una inversión no la hace – o al menos no en Costa Rica – y el que respecta a la mayor estimulación de la evasión fiscal – acto ilegal que, está demostrado se incrementa – con una Administración Tributaria incapaz desde su cabeza hasta sus pies de combatir este flagelo.

Aumentar la tarifa del IVA del 13 % actual al 15 o 16% es simplemente inaceptable cuando los índices de actividad económica real han caído de manera dramática consecuencia del estrangulamiento del empleo y la empresa. Encarecer los bienes y servicios de quienes tienen menor ingreso, o ya carecen de esto, es solo cavar de manera profunda en la fosa de la recesión, donde tendremos cadáveres resultantes de la destrucción del sistema de libre empresa que es uno de los principios constitucionales más vulnerados por la actual administración.

Aumentar la tarifa del IVA no puede ser de recibo en coexistencia con seguir de manera ilegal entregando exenciones ilegales, que no fueron aprobadas por los diputados. Los facultados para otorgar – por principio de reserva material de ley – exenciones como parte de la potestad tributaria que le encomienda el artículo 121.13 de la Constitución Política.

Como ciudadanos debemos exigir a nuestros diputados tomar control de estas propuestas cuando les lleguen y condicionar cualquier posible aumento – eventualmente necesario – para que, de darse, ocurra en consecuencia de al menos dos años consecutivos de reducciones permanentes en el tamaño del Estado, en la eliminación definitiva de los sistemas de privilegios de orden salarial, con consecuentes repercusiones en las pensiones de las “vacas sagradas”, que habiendo aportado poco, siguen “mamando” mucho.

¡Solo así! Viendo para creer. Toda posible presunción de buena fe de la actual administración ha sido desbaratada por el Poder Ejecutivo desde su cabeza hasta sus pies. Ha hecho mérito la Administración Alvarado Quesada para que no se le pueda dar lugar a siquiera dudar en su favor. Lo han destruido, han lapidado todo su capital relacional, su credibilidad y han burlado al pueblo de Costa Rica.

No a cualquier aumento de tarifas de impuestos de renta ni de IVA. Antes deben reparar tanto el tema de la reducción sostenida y sustentable del Estado, como ampliar la base a todos los contribuyentes, eliminar privilegios en lo público y en lo privado por igual.

Solo así veremos materializado el principio constitucional de igual ante la ley, consagrado en la Constitución Política, tan maltrecho, por cierto, pues hemos hecho de la igualdad, una condición de castas y estamentos, que son vientos sembrados que solo cultivarán tempestades.

Publicado en La República el Martes 08 de septiembre de 2020

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