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Monthly Archives: septiembre 2021

Si no pasa nada ¿Qué pasa?

Aunque paradójica, la situación de qué ocurre cuando no ocurre nada, es una de las alternativas por las que puede conducirse la solución de una situación concreta, en este caso, la viabilidad del cumplimiento de los compromisos de Costa Rica frente al FMI.

Ya cumplimos con el aprobar la norma marco de financiamiento por parte del Fondo Monetario Internacional, lo que dio origen al primer desembolso de fondos; pero aparte de ello, nos comprometimos con la entidad financiera con otros dos pilares: La ley de empleo público y la reforma fiscal.

Surgen preguntas sobre la viabilidad de lograr acuerdos de carácter urgente, no solo para cumplir ante el FMI – objetivo subyacente – sino para evitar que la debacle financiera y económica en la que estamos sumidos como país, llegue a un punto de no retorno.

Tenemos una Asamblea Legislativa que se quebranta como una galleta de soda, en pedazos, al más análogo modo de un rompecabezas de piezas cuyas características se parten y pintan en función de la recta final de una próxima elección nacional de poderes legislativo y ejecutivo en febrero próximo. Casi un 15% de los candidatos son actuales diputados.

Las dos leyes pendientes son de poca popularidad y a pesar del sentido de urgencia, cuentan con uno de imprudencia para quien quiere cultivar votos para las próximas elecciones. Es poco viable lograr un acuerdo nacional que, además de urgente, se haga con la profundidad y seriedad que el país requiere.

La ley de empleo público, cuyos efectos son indispensables, cuenta con el beneplácito y aplauso de la mayor parte de los que formamos el sector privado, pero es claramente impopular en la gran mayoría de los empleados públicos; todos ellos votantes en las elecciones venideras.

La reforma tributaria nos afecta a todos. En especial a quienes generamos riqueza y empleo. Eso es contrario a los intereses de los abundantes partidos – la mayor cantidad histórica hasta hoy vista – que compiten, además de por votos, por contribuciones del sector privado para financiar sus pretensiones de llegar a ser gobierno. La viabilidad de una reforma fiscal en estos momentos tiene contención en estas visiones de corto plazo.

Como país, lo deseable habría sido que este debate -que tiene mas de un año de haberse propuesto- se hubiese llevado a cabo antes del ya irreversible proceso electoral, donde Tirios y Troyanos pierden de vista que el tiempo es una cuenta regresiva de la que no podemos pedir a Cronos, que nos haga una rebaja.

La verdadera perspectiva del tiempo para resolver está vencida. ¡Se acabó el tiempo! Ya estamos viendo consecuencias de ello y de cómo se llega al otro lado de la orilla electoral. El tipo de cambio del colón costarricense está en franca picada, agravado por la condición estacional de importaciones incrementales propias de las fechas de fin de año.

Las tasas de interés de entidades financieras que prestan, cuando prestan en efecto, están en una situación de tilinte presión al alza; lo que desmejora el consumo y la inversión y hace más lenta la verdadera y ansiada recuperación de la economía.

Menos perceptibles al público general son los informes de las agencias de valoración de riesgo respecto a Costa Rica, así como la incidencia de estas valoraciones sobre los bonos – ahora casi basura – que estamos colocando en el mercado. Un motivo que encarece el costo de financiamiento de nuestras necesidades urgentes.

Siendo optimistas, el horizonte temporal no acaba con las elecciones, sino que, por las características de atomización partidaria, muestra de la desquebrajada condición de nuestro pacto social, tenemos que esperar a la instalación de la nueva Asamblea Legislativa, que desgraciadamente será más dispersa en representantes que la actual, haciendo aún menos viable la consecución de acuerdos.

En el mejor de los escenarios estamos a nueve meses de llegar a aprobar las leyes mencionadas lo que nos deja el tanque de oxígeno vacío para maniobrar en el zigzagueante camino de las finanzas públicas.

¿Qué podemos esperar los agentes económicos que ocurra?

Una triste combinación de consecuencias que pueden llegar de manera abrupta o paulatina dependiendo de en qué medida se puedan posponer temas de gasto público, para que, aunque sea por administración del tiempo – y no por la solución real de las causas – simplemente aumentemos la oxigenación del herrumbrado tanque de oxígeno de nuestras finanzas públicas.

Vemos también un aumento en las acciones de fiscalización de los contribuyentes. No me cansaré de insistir, que es siempre sobre los mismos, pues la comodidad de seguir golpeando al ya golpeado, aunque carece de decencia, es cómodo a los señores de la Administración Tributaria; a quienes les da poca gana de ponerse serios con la informalidad que deteriora la economía en detrimento no solo del fisco, sino de la competencia y la competitividad.

El aumento en la presión de fiscalizaciones hace un llamado a los empresarios y emprendedores, profesionales liberales y todo agente económico que asume con seriedad su condición. Es hora de tomar acciones de prevención ante la intifada que plantea Tributación.

Recomendamos con urgencia tomar medidas prudenciales de valoración de sus riesgos. Esos que antes parecía que se materializarían de manera lejana y que hoy es como el jalón que hace quien se ahoga en las aguas turbulentas, que por salvarse ahoga a quien le socorre.

Por carente de sentido que suene, este es el último recurso que tiene la Administración Pública para mantener las prebendas que genera y aumenta la no aprobación de la ley de empleo público, así como la no aprobación de la reforma fiscal.

Es con ese soma con el que nos drogaremos en el escenario de un “Mundo Feliz” como el de Huxley, donde a la vez, entre menos conciencia de la gravedad tenga el ciudadano, más proclive es para que le tomen como víctima de esta guerra que se plantea en términos de una exigencia cada vez más canibalizaste de la Administración Tributaria.

Es en ese cuarto oscuro donde, a la vez, debemos recordar que en la economía los asuntos que no se logran arreglar en el derecho, propiciando legislación ágil, oportuna, simple, equitativa, llevan entonces a la desobediencia civil, así como a la debacle del descontrol de las variables macroeconómicas.

Tomar conciencia de la realidad, a pesar de lo dura que esta pueda ser, nos da mejores oportunidades de salir bien librados del embate que la Administración Tributaria lleva a cabo, como “cura silenciosa” del grave problema que plantea no hacer las cosas bien y en tiempo.

Esta “cura silenciosa” no deja de ser espuria… En realidad, lograr cobrar las pretensiones de las propuestas de regularización resultantes de los procesos de fiscalización inquisitoriales es un proceso lentísimo, aumentando la carga del litigio en costes adicionales para el contribuyente.

Se cae además en el falaz argumento de que el problema está en la defraudación de los formales cuando – sin eximir posibles casos de estos también – el problema más profundo está en la economía subterránea, que es consentida, conocida y tolerada por la misma Administración Tributaria.

El mensaje es equívoco. Parece que nos dan señales de salir de la formalidad con todas las cargas que esta conlleva, e irnos a la playa paradisiaca de la informalidad, donde parece que la tolerancia y la alcahuetería de los cómplices de actuar para controlar, es manifiesta y evidente.

Es tiempo de rescatar nuestro país con acciones valientes, históricas, generosas, solidarias y subsidiarias, donde cada uno ponga lo que puede y debe, dejando de lado el reloj electoral, que llegó porque todo plazo se cumple, haciendo lo que nuestros valientes antepasados hicieron para lograr la Costa Rica que todos anhelamos mantener; no dejándola sucumbir por el envilecimiento de los mezquinos intereses de unos pocos.

Las normas de impuestos deberían de ser simples

Conforme analizamos y pretendemos aplicar la norma tributaria nos percatamos de que es un enjambre de muy difícil aplicación. Aparte del odioso acto de tener que soportar cargas impuestas – razón del término “impuesto”, – para hacerlo, además, hay que entender una maraña normativa nada amigable.

Las normas tributarias deberían de ser simples. En particular cuando son diseñadas para la autodeterminación y autoliquidación por parte del contribuyente común.

¡Pasa lo contrario! Ese contribuyente, en su mayoría, enfrenta las normas con una reacción natural y primaria: ¿Cuál es la tarifa? Típica pregunta, ¿eso cuánto paga de impuestos?

Es un reto superlativo explicar a contribuyentes, gestores de empresas grandes y medianas, ni que decir los de micro o pequeñas empresas, que incluso esa simple pregunta tiene una serie de condiciones que determinan cuál debe ser la respuesta más razonable.

¡Es asombroso! De pronto el contribuyente diligente debe – casi obligatoriamente – buscar asistencia para el cumplimiento ordinario y recurrente, porque desde la propia construcción se trata de una norma compleja.

Incluso nos preguntamos si detrás de esa compleja construcción existe un ánimo de hacer que, en lugar de lograr que la norma se cumpla, las leyes inviten al incumplimiento, con una suerte de trampa repleta de lenguaje rebuscado. ¡Más perversa aún sería la pretensión de cobrar sanciones severas a quien, haciendo su mejor esfuerzo, incumple, al menos parcialmente, por la compleja normativa!

Es más complejo aun cuando las propias administraciones tributarias trastabillan para dar interpretaciones de aplicación de la norma a casos concretos. Peor aún cuando, como en el caso costarricense, las respuestas a consultas no son vinculantes pues, además de los frecuentes desaciertos interpretativos por parte de la administración,   se trata de aseveraciones meramente informativas.

¡Es asombroso! Se espera que los agentes económicos, además de someterse al deber constitucional de contribuir, deban peligrosamente hacer la tarea de interpretación jurídica en cada acto de liquidación de cualquier tributo. Por menor que parezca este acto, puede causar un agravio significativo al bolsillo.

Un sistema tributario complejo es una invitación al incumplimiento. ¡Más aún cuando   la fuerza de control de las autoridades tributarias no alcanza! Peor cuando los escasos recursos para fiscalización se acompañan de desidia de los funcionarios, por lo que aumentan las condiciones de promoción de los omisos al sistema.

¡Es un agravio la diferencia de lo que implica contribuir para aquellos con los medios materiales y humanos para atender sus obligaciones fiscales, incluso con asistencia especializada respecto de aquellos que ni siquiera tienen idea que requieren asistencia! Esos que creen que basta con leer rápidamente la norma.

¡Resulta que leer rápidamente no basta! Todos lo hemos vivido en diversas instancias de nuestras vidas como contribuyentes.

Quienes nos dedicamos profesionalmente a la práctica de los impuestos tenemos claridad en que, aún lo cristalino, puede llegar a ser difuso e imperfectamente aplicado. Puede haber una norma adicional por ahí o alguna interpretación trasnochada… Quizás una jurisprudencia contradictoria que abre a tela de duda una aplicación que, en tesis de principio, debería de ser simple.

Por supuesto, la complejidad e inseguridad jurídica no es un monopolio de nuestros legisladores, tampoco es exclusivo de la Administración Tributaria. Siempre que vemos el zacate del vecino, este se ve más verde, pero cuando nos movemos a él aparecen los pequeños grandes detalles. Esos que hacen que aquello que parecía más amigable, lo fuera significativamente menos.

En el derecho tributario comparado cuesta, en regla general, encontrar una excepción a la intrincada complejidad normativa, de reglamentos, directrices y multiplicidad de detalles que nunca consideran empatizar con el contribuyente.

En diversas ocasiones he recibido consultas de algún exlegislador sobre temas fiscales, que me aborda con la pregunta frecuente: ¿A quién se le ocurrió hacer una ley tan compleja? ¡Eso no lo entiende nadie!

Pues, en no pocas ocasiones, ese exlegislador que pregunta estuvo inclusive en las comisiones legislativas que estudiaron la norma. Él, una vez que se convierte en contribuyente, la encuentra ininteligible.

Debo aclarar que no estoy abogando por el simplismo chambón, carente de técnica. ¡Por el contrario! Como especialista en la materia, sueño con una aplicación de la técnica legislativa adecuada, oportuna, inequívoca, con claridad del lenguaje.      ¡Desde la gramática hasta la ortografía! Sueño con coherencia de la nueva norma respecto del resto del ordenamiento, para evitar contradicciones, posibles derogatorias tácitas, odiosas contradicciones legales y abusivas cláusulas inconclusas que dejan a todos los usuarios del sistema en incapacidad de aplicación.

Espero que las administraciones tributarias, en su función de instrumentalizar el cumplimiento, hagan un alineamiento práctico de la norma dictada por el legislador, considerando que la norma solo se explica e instrumenta en esta instancia. No hay manera de reparar los posibles o aparentes yerros, que de haberlos corresponde llevar la enmienda a iniciativa legislativa, respetando el principio constitucional de reserva material de ley.

Luego se ve mal, pero se tiene poco en cuenta todo lo anterior, que hay quienes aprovechan la coyuntura de falta de cuidad y empatía con el contribuyente para sacar provecho para sí mismo. Hacen de esto un acto lícito, al alcance de muy pocos, de quienes sí puede invertir en asesoría de calidad. Nosotros recomendamos asesorarse, pero tenemos claro que es un agravio comparativo.

Para quienes tienen los medios y logran encontrar asesores de calidad, les invito a hacer un uso intensivo de sus servicios, será una inversión de gran rédito. Para quienes no tienen posibilidad material de hacerlo, pues sus recursos exiguos apenas si dan para una economía de sobrevivencia, propongo la creación del “defensor de los contribuyentes”. Uno que vele tanto por los intereses difusos del colectivo, como los concretos de aquellos que, teniendo que enfrentar normas igualmente complejas que los que tienen cómo pagar asesores, puedan acceder a unos consultorios de asesoría de calidad, pero autónoma de los criterios fiscalistas de la Administración, que en su servicio al contribuyente se convierte en juez y parte.

El tener acceso a la ley debe ser un derecho, no el privilegio de algunos. Menos aun cuando puede conllevar, de manera inclusive regresiva, a consecuencia sancionatorias. Quien no tiene para pagar asesores, más gravosa le será proporcionalmente la sanción que conllevaría un incumplimiento idéntico al de otro contribuyente en condiciones de acceder a la asesoría.

Bicentenario de Independencia

Es motivo de gran alegría llegar a esta fecha con un país que -partiendo de puntos de salida análogos en la región- ha logrado un avance significativo en diversidad de materias, donde los pilares fundamentales han sido la educación y la abolición temprana del ejército.

Profundizar en la historia de una de las democracias electorales más estables del mundo es fundamental para plantearnos, como país, la hoja de ruta que nos distinguirá en las generaciones venideras.

Hoy Costa Rica, al igual que el resto de sus hermanas repúblicas centroamericanas, celebra la crítica noche de deliberación que se dio en la Capitanía General de Guatemala previo a la firma del acta de Independencia.

El bicentenario nos debe, a la vez, hacer asumir compromisos de cara a los próximos siglos por venir.

La diferencia entre los políticos y los estadistas es que los primeros se fijan en los efectos de las próximas elecciones y los segundos en los de las próximas generaciones. Una de las características a destacar de nuestra historia patria, está en manos de los estadistas que no han vuelto a retoñar.

Cuando un pueblo pierde estadistas, pierde la capacidad de sostener la conducción de asuntos que le harán, no solo sobrellevar, sino sobresalir en el elenco de la historia. Hace décadas enterramos a nuestros últimos estadistas, es tiempo de sembrar con urgencia ese espíritu histórico, que cambia el rumbo.

Así como lo hace el sembrador humilde en el campo, lo debe hacer el miembro de los supremos poderes en su posición. Es solo con independencia de si, que comerá de los frutos de lo que está sembrando. Debe hacerlo con hidalguía y con certeza de que su función en la historia es hacer lo que le corresponde, con claro compromiso de trascendencia, más allá de sus propios intereses y a pesar de estos mismos.

Somos una República joven, con un pacto social sui generis, que en el medio de una corta vida ha hecho grandes decisiones y acciones que nos encaminan a plantearnos como Nación una hoja de ruta marcada por el respeto mutuo y el aprecio de las grandes diferencias, como base para construir. Que permiten identificar cómo nos complementamos y cómo limar aquellas asperezas mezquinas que hacen imposible llegar a acuerdos.

Hoy más que nunca, estamos en un hito histórico. Más que una mera conmemoración, requiere de un momento de solmene reflexión: Qué tan, efectivamente, somos independientes hoy para dejar un legado a las generaciones venideras y que puedan levantar la antorcha de la libertad y la sinceridad como elementos claves de un pacto social sostenible y duradero.

En los últimos veinte años ha habido más cambios en el mundo, en velocidad y direcciones retadoras que, en todos los anteriores de nuestra vida independiente. Esto requiere de herramientas de construcción, ¿Qué vamos a hacer con Costa Rica en los próximos doscientos años?

Costa Rica le entra a esta pregunta sumida en una gran crisis de valores, donde la corrupción y el engaño descarados hacen héroes de caricatura, que se espera sean los imitables de las generaciones venideras.

La corrupción debe ser erradicada de todos los ámbitos en que se manifiesta, viendo cómo resolvieron los padres de la patria incipiente de hace doscientos años esas mismas tentaciones humanas, que han existido y seguirán existiendo.

Fue la existencia recia de valores inalienables, en una moral, no en diversidad de versiones y colores de quien escoge el sabor del helado del día, que se construyeron los grandes acuerdos para que Costa Rica el país modelo para muchos. Una moral que llega rasgada y violentada en este momento de conmemoración.

No dejamos de celebrar lo bueno, aspirando a reforzarlo, a seguir caminando con alegría por un país que promueva la verdadera y efectiva libertad de expresión. Un país donde valga más saber, entender, estudiar y proponer, que sobornar, suplantar, prevaricar y una variada gama de otros verbos de connotación penal.

No podemos dejar de agradecer a los preclaros padres de nuestra historia. Quienes construyeron el terreno para que la educación fuera el medio de escalación en la sociedad y el modelo a seguir entre los héroes. Esos mismos que promulgaban valores, donde se tenía respeto por la autoridad, porque sin caer en autoritarismo, la autoridad se hacia notar, se hacía sentir. Esto empezaba por los padres en la casa y hasta los maestros en las clases. ¡Ni que decir de quienes ostentaban cargos de servicio público! Desde el más humilde síndico hasta el más preclaro presidente de cualquiera de los Supremos Poderes.

Hoy cuesta distinguir unos de otros. La autoridad es ejercida con temor, sin claridad, sin valores, con ausencia de principios y con una clara visión egoísta del hedonismo moderno, donde lo que interesa es la ostentación, más que el servicio, donde ser líder da miedo, pues implica responsabilidades de las que rehuimos muchos.

Cuesta encontrar quién sea libre, en un sentido de responsabilidad de ejercicio de sus funciones, ya sea en casa, el aula, el ámbito de la empresa privada, la función pública y la claridad de la necesaria responsabilidad y encadenamiento coherente de principios y valores que permita retomar el sendero de construcción de la Costa Rica que hoy conmemoramos. A la vez, con el amor que le tenemos, cumplimos el deber de hacer un llamado de atención, empezando por nosotros mismos y haciéndolo llegar a todos los hombres y mujeres que de manera histórica y heroica deseen, como corresponde, retomar el camino de los próximos doscientos años de vida independiente.

No seremos independientes mientras no salgamos del flagelo y esclavitud de la pobreza y la creciente condición de miseria, fomentada por el desempleo generado por condiciones de barreras de la acción del sector privado. Ese sector que tiene como responsabilidad el generar riqueza para luego repartirla en un sistema solidario de derecho que sea objetivo y no fastidie a quien trabaja y genera riqueza, manifestación de libertad.

Mientras no dejemos de vivir, más bien de comernos el pan del futuro, con deudas asfixiantes que no pagaremos, pero seguimos pidiendo como si fuéramos a pagar responsablemente, no estaremos en condición de llamarnos libres, independientes, sino siervos de la deuda y del servicio de esta.

Queremos una Costa Rica próspera, pero no la lograremos si no actuamos todos, desde nuestra función propia para hacer con excelencia cada día lo que nos corresponda para abonar una tierra fértil, de muchas personas honradas, que no se envilecen ante la tentación, a pesar de la necesidad de su condición social.

Podemos y debemos trabajar en esta construcción que permita al país recobrar la esperanza. Si no tenemos estadistas hoy, seamos cada uno una parte de la visión del estadista moderno en la economía colaborativa. Si los tiempos han cambiado tanto, no es a la sombra de caudillos, como lo fue en el pasado, que lograremos recuperar el camino del progreso, la paz y la justicia social, sino mediante lo que cada uno de nosotros aporte a esta noble causa.

Estamos en un punto de inflexión donde a la vuelta de pocos meses estaremos en las urnas de nuevo. ¡Qué orgullo saber que podemos elegir de forma libre nuestros próximos representantes en el Poder Ejecutivo y Legislativo!

Solo haremos una elección libre si la hacemos informados, de preferencia exentos de superficiales y aparentes temas de orden individual que, llevados al colectivo, le pongan de rodillas de la propaganda fascista – como en la última elección. Sepamos ser libres, informémonos y actuemos, no solo en las elecciones, pues la democracia no se reduce a un sistema electoral, sino que se extiende a un sistema de vivir con responsabilidades de todos, para con cada uno y para con la sociedad en su conjunto.

Ese nuevo impuesto mínimo global

En varias ocasiones hemos mencionado la nueva normativa que está por llegar luego del acuerdo entre ministros de Finanzas o de Hacienda, en una reunión en el mes de julio en Venecia, en la que se dio un ultimátum a la planeación fiscal agresiva.

La planeación fiscal agresiva es uno de los conceptos que más ha combatido la OCDE en los últimos veinte años. Lo reconoce como un medio de reparto impropio de las cargas que todos, como sociedad, debemos sobrellevar en nuestras espaldas por el nivel de renta que generemos en nuestras condiciones personales o empresariales.

Se entiende que una planificación agresiva es lesiva al principio de solidaridad, al de igualdad y al de libertad empresarial; provoca efectos indeseables, tanto en lo que respecta a la recaudación como a lo que es tocante a la lealtad en la competencia entre agentes económicos.

Desde la óptica de la solidaridad resulta que, quienes tienen prácticas de planificación fiscal agresiva son aquellos que, por lo general – las excepciones siempre confirman estas reglas, han tenido un mayor éxito comercial y, por tanto, han obtenido una porción de riqueza del colectivo de consumidores de las sociedades a las que sirven. A su vez, son contribuyentes, tanto en la imposición directa propia como en la indirecta a través de la adquisición de bienes y servicios, pero dejan poco o nada de tributación por los beneficios obtenidos del colectivo social.

Extraen beneficios legítimos para sí, a través de prácticas algunas legales, otras en fraude de ley, así como muchas de orden agresivo y transgresivo de la norma, y no devuelven a la sociedad de forma solidaria y mediante el sistema tributario de aquel país, territorio o jurisdicción, las respectivas y proporcionales cargas tributarias.

Este fenómeno no solo es muy común, sino que es creciente.

Según datos de la propia OCDE, las cien empresas más rentables del mundo no tributan fundamentalmente en ninguna jurisdicción. Aprovechan una norma arcaica, mediante actos de abuso de convenios para evitar doble imposición o a través de la deslocalización artificial o artificiosa de sus beneficios para evitar el pago de impuestos en las diferentes jurisdicciones.

Estas empresas se aprovechan, junto con otras cuya tributación efectiva es menor al 10% sobre las utilidades mediante alambicados mecanismos de obtención de beneficios, y exigen a países sedientos de la atracción de inversión, ceder a presiones y peticiones abusivas. Procuran concesiones especiales, justificados en la posible agregación de valor, al menos en empleos, que va desde contribuciones parafiscales como la seguridad social de sus empleados y los impuestos de estos, bajo el principio de que, en algunos casos llegan a ser mayores que las cargas fiscales que los gobiernos anulan a las corporaciones.

Las acciones BEPS surgen como un consenso de reglas globales que permitieran detectar y evitar el traslado artificial de utilidades hacia países, jurisdicciones y territorios con laxitud en materia fiscal, para evitar que las tasas efectivas de impuestos fueran nulas o simplemente muy bajas.

Las normas BEPS surgieron como reacción al faltante en las arcas de los países más poderosos del mundo, quienes atribuían la responsabilidad de esa filtración o drenaje fiscal a los países menos desarrollados, aunque el descubrimiento final fue que estos últimos tampoco estaban obteniendo la recaudación.

A pesar de que ya tienen más de cinco años en marcha, las 15 acciones para evitar el desplazamiento de las utilidades de una jurisdicción a otra, con el único o principal fin de obtener beneficios tributarios o evitar la obligación de contribuir, han sido medidas insuficientes.

Después del golpe económico consecuencia de los cierres empresariales y gubernamentales de la pandemia de la COVID-19, los gobiernos de los países más desarrollados retomaron de forma seria y rápida la imperiosa necesidad de establecer mínimos que deben tributar las empresas a nivel global.

Este dialogo se aceleró con el cambio del presidente de los Estados Unidos, que llegó con una política análoga a la que de manera casi consensuada tenía la Unión Europea desde hace años, inclusive con una propuesta de tarifa mínima del 21%, en contraste con la acordada finalmente en Julio pasado del 15% como tarifa efectiva del impuesto sobre las utilidades y beneficios globales.

La siguiente discusión que surgió para lograr un consenso en los 139 países que convenimos que había que lograr dicha tributación mínima fue, precisamente, cómo se lograba una regla equitativa de reparto de dicha recaudación incremental, cuyos estimados superan los cientos de billones de euros anuales.

La magia la logran los protagonistas del G-7 y la OCDE mediante un reparto de acuerdo con las rentas derivadas en cada país o territorio desde los que las empresas, con o sin presencia física, es decir incluidas las empresas con presencia meramente digital, se repartiría de acuerdo con las ventas de estas en dichos países destino. Se logra una tributación que, en general, sigue la tesis de la residencia del contribuyente, pero en materia de reparto sigue la regla de la fuente de la riqueza.

Una empresa digital que genera el 5% de sus ingresos globales en un país cualquiera, tributará en su lugar de residencia, pero el 5% de los impuestos que se le cobren a esa empresa multinacional será un reembolso fiscal para el país fuente de aquellas rentas. Así se logra un acuerdo cohesivo que provoca incentivos aún a aquellos que no cobran impuestos propios.

El ejemplo anterior es de carácter sencillo, dependerá de cómo se termine de llevar a la legislación local de los países que asumimos el compromiso, la eficacia de que la cuota del impuesto mínimo sea efectivamente repartida de esta forma.

Las reglas de atribución pasan por tamices como los de cadena de valor, concepto inseparable de los precios de transferencia de los que tantas veces hemos dado cuenta de la importancia de actuar, para cumplir con los estándares que hacen pivotar las reglas acordadas en la OCDE, de la que somos miembros plenos.

Harán mal negocio entonces los paraísos fiscales, al menos en relación con una tributación nula, ya que lo que ellos renuncien a gravar lo cobrará otro en función de la generación de rentas o la mera presencia digital, concepto que viene a superar al centenario concepto de la presencia física conocido como establecimiento permanente.

En los momentos más difíciles surgen las soluciones mas ingeniosas y drásticas. Reconstruir la economía de la post pandemia será una tarea de titanes, que requiere de ser financiada, se debe entender que dicho financiamiento no puede recaer sobre los hombros de estos, así como que hay un límite a las ayudas financieras no reembolsables que han generados emisión monetaria abundante en el mundo desarrollado.

El plan Marshal vino a reconstruir el mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial, así mismo este impuesto mínimo global será el combustible de la nueva reconstrucción económica.

De la sensatez de nuestros gobernantes y la astucia de nuestros legisladores, los de cada país de los 139, dependerá si seremos líderes ganadores en esta nueva etapa de la post pandemia, o seremos simples seguidores, con efectos en la recaudación muy significativa para los primeros y muy residual, de migajas de pobre en el caso de los segundos.

La hoja de ruta tiene un alto sentido de urgencia, con lo que después de la reforma fiscal que llevará o debería llevar a cabo Costa Rica, para lograr acompañar los fondos provenientes del empréstito con el Fondo Monetario Internacional, toca en 2022, una nueva y más sofisticada reforma fiscal, que armonice con los aspectos que, según el calendario planteado en Venecia en julio pasado, entre a regir, como impuesto mínimo global al inicio del 2023. Esto suena lejos, pero es estrecho cuando hay que pasar por los minúsculos pasadizos de los 139 congresos comprometidos.

Aquellos que no tengan la legislación a punto para entrar a la nueva normativa de orden global simplemente serán perdedores naturales. El principio de correspondencia en la cooperación para recaudar será clave en la posibilidad de pasar cuentas a la hora del reparto de los resultados de este nuevo impuesto global.

Esperamos que nuestras autoridades, las nuevas, que será a quienes corresponda esta discusión, sean capaces y sagaces para sacar el mejor partido de esta nueva puerta de recursos que se abre, pero a la vez tengan entendimiento claro de los compromisos que esto implica.

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