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¿Para adónde vamos?

Es una pregunta de difícil respuesta… En realidad, tomamos rumbo norte y de pronto, dimos un viro en reversa de forma acelerada al sur. El país ha perdido a un funcionario de probado quilate. Cuando se designó a don Rodrigo Chaves como ministro de Hacienda, no solo le felicitamos, sino que advertimos en este mismo medio, a lo que venía en un país con un gobierno de brújula cargada del magnetismo de la confusión.

El descontrol del discurso y la acción práctica nos ha llevado a diversos actores de la sociedad civil a sentirnos frente a una gran tomadura del pelo.

Es ridículo cómo nos creímos la mentira con la que apoyamos la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, bajo la promesa de una disciplina fiscal regulada por una vilipendiada “regla fiscal.” Ahora descubrimos que aplicable solo a una vaga mitad de los que voluntariamente se someten temporalmente a ella, para guardar las apariencias temporales.

Tenemos un gobierno con una cabeza que tiene sus órganos desconectados y descoordinados. Oye, pero no escucha. Habla, pero no comunica. Ve, pero obvia la realidad, y deja que cada uno en el ámbito del Poder Ejecutivo haga una mejor o peor imitación de su corroída disfunción, desde la cabeza misma de este Poder.

Tenemos un banquero central que le da miedo aumentar el circulante, función inherente a la banca central del país, pero no tiene empacho de alzar la voz para decir que hay que subir las tarifas del IVA del 13% actual al 15%. Una ausencia funcional que – de nuevo – solo imita la incoherencia de su presidente.

¡No es de recibo! Tenemos un país con urgencia de una inyección seria, con coraje, de dinero circulante, pero nuestro banquero central – al menos a nivel nominal – lleva su puesto en una disfunción, como quien no tiene tarea propia, y se mete en el patio de su vecino y colega del Banco Mundial, el entonces Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves.

Esto fue la penúltima gota que se aportaba al vaso lleno.

La ley que releva a las municipalidades de la opcional “regla fiscal” simplemente es la manera que, en concurso el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, llegaron a dar la estocada final.

No a Rodrigo Chaves, quien simplemente continuara su vida, sino a las valoraciones del compromiso efectivo que parecía haber asumido el país con los que le financiamos, con organismos internacionales y contribuyentes.

Nos dan a todos una doble bofetada en retribución a haber creído en su gran mentira. Han pateado a quienes financiamos la fiesta, que a manos llenas tiene este gobierno, de los recursos de todos como si estuviéramos en Jauja.

Recordemos el estado del entorno en el momento en que se discutía la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estábamos al borde del precipicio. Las calificadoras de riesgo, como parteras, estaban en la sala esperando el momento del parto de la norma, para mejorar la condición de riesgo calificado como agravado por la indisciplina fiscal y la carencia de recursos frescos. Le mentimos como país al mundo. ¡Qué pena me da! Fui participe de esta gran mentira y pido disculpas.

Disculpas a los contribuyentes que, de buena fe, pero sin buena gana – pues pagar impuestos no es placer ni siquiera de los más pervertidos masoquistas – y, en un acto de altruismo nacional, dimos el apoyo desde la academia, la empresa y los grupos de cámaras empresariales a la necesidad de contar con un IVA que según ley tenía potencial recaudatorio directo e indirecto.

Es decir, tanto el propio del impuesto indirecto como el de recabar información de gran valor para determinar cumplimiento en materia del impuesto sobre la renta. Que, a la vez, se modernizó de manera profunda, pero sin mucho concierto, de a callado.

Disculpas a la comunidad de organismos internacionales. Entre otros, El Banco Mundial del que era – es – funcionario el pateado exministro de Hacienda. También se les engañó en el compromiso de entrar en el camino de la seriedad del manejo de las finanzas públicas con diligencia, compromiso y rumbo de racionalidad.

¡Esto nos va a salir caro! Las calificadoras de riesgo verán con ojos distintos la próxima hoja de ruta, donde la “dulce revancha” viene empacada de reformas estructurales más drásticas e imperativas.

En la década de los 80, cuando el país rompe con el Club de París, que llevó a la debacle económica que nos costó décadas recuperarnos, fue un acto frontal, con agallas, estemos o no de acuerdo con lo hecho. No se entró en una posición de amañada mentira institucional, como la que hoy leemos en el par de años que ha manejado la Administración Alvarado Quesada. De manera rastrera se engañó, en lugar de enfrentar como lo hizo Carazo Odio en aquel entonces.

Retomar el camino de la reconstrucción económica nos hizo pasar por tres dolorosos programas de ajuste estructural. Nos puso en remojo económico y tensiones sociales por diez largos años, cuando aún las condiciones de la realidad política permitían poner de acuerdo, no sin dolor, costo y dificultad. Fue el comienzo del fin del bipartidismo manejable y contrastante con la sociedad de hoy, que en su conjunto y su manifestación atomizada en diversidad de partidos y diputados independientes hace que no se vea una clara respuesta a la pregunta que planteamos, de ¿Quo Vadis Costa Rica?

La ocurrencia del señor Cubero, quien propone subir el IVA del 13 al 15%, amerita que le dedique unas líneas, porque el mérito de la carencia de mérito, lo amerita.

Cualquier persona seria, que conozca mínimos de economía, así como todo aquel que goce del privilegio del sentido común, sabe que estamos en una profunda y aún no dimensionada recesión.

En una recesión – si queremos salir de ella – debemos estimular el consumo, claramente la ocurrente propuesta no va en esa dirección.

Desde el más básico consumidor dependiente de un ingreso fijo, hasta el mas docto de los economistas sabe que, subir un impuesto que recae sobre el consumo de bienes y servicios, reduce la cantidad que de estos puede consumir el conjunto de los agentes económicos. Como consecuencia se reduce la velocidad a la que la economía podrá salir de la profunda recesión en que nos han sumido el Covid-19 de manera inocente y la Administración Alvarado Quesada de manera absurda y desde antes que la pandemia fuera la cobija que abriga y disimula la falta de gestión sesuda de lo económico.

Antes de hablar de cambiar la tarifa al alza del impuesto, hay muchas cosas que se deben considerar de previo:

  • Hacer un reglamento de IVA que sea legal, eliminando el exceso de orificios que a la ley se le crearon, en el reglamento ilegal promovido por el Ejecutivo en sentido contrario a la Constitución Política. De esto da cuenta ya al menos una sentencia del Contencioso Administrativo.
  • Eliminar de una buena vez el disfraz de legalidad que da el régimen simplificado y la multiplicidad de distorsiones que provoca al sector formal la falsa formalidad que brinda este régimen y la forma que hace deficiente la recaudación y potencial recaudatorio del IVA y renta, así como la transparencia de origen de abundantes riquezas.
  • Eliminar de manera sensata las múltiples exenciones del artículo 8 de la Ley del IVA, así como sus ilegales encadenamientos otorgados por normas infra legales, incluyendo el reglamento, resoluciones y otras disposiciones de mera fuente de nueva normativa del Facebook de la Administración.

Al nuevo ministro de Hacienda don Elián Villegas, los mejores deseos. Tanto por él por su excelente gestión efectuada en su anterior institución, el Instituto Nacional de Seguros; como por que, al irle bien a él, nos iría bien a todos.

Sin ánimo pesimista, oírle hablar en sus primeras declaraciones me da pena por él. Parece estar desconectado a los acontecimientos de indisciplina fiscal que es liderada por el presidente mismo. Una contradicción respecto de su propósito de mantener la disciplina en materia del gasto público. Propósito que aplaudimos mucho, pero desconfiamos pues estará durmiendo con el enemigo, si no hay un cambio milagroso en la dirección y efectivo compromiso de acción del Poder Ejecutivo en la quebrantada “regla fiscal”.

Costa Rica, Patria mía, que pena me da no poder responderte con claridad y exactitud ¿para adónde vamos? o más aún ¿para adónde nos llevan?

Publicado en el periódico La República el 02 de junio del 2020

 

Servicios veterinarios gravados al 4% con el IVA, beneficios y complicaciones

 

 

 

 

 

 

 

 

Los médicos veterinarios podrán facturar a un 4% de IVA sus servicios, luego de la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en el que le da la razón al Colegio de Médicos Veterinarios.

Los Veterinarios interpusieron una demanda para revisar la legalidad del artículo 23.1.b del Reglamento a la Ley del IVA, que consideraba como servicios de salud únicamente los prestados a humanos.

El Contencioso resolvió a favor del Colegio de Veterinarios en la Sentencia 009-2020-VII y a continuación explicamos, no solo las razones en las que el órgano judicial fundamenta su decisión, sino otras implicaciones relacionadas que es necesario mencionar.

La autoridad judicial se basa en que el artículo 11.1.b de la Ley del IVA indica de forma general, que tendrán tarifa reducida: “(…) Los servicios de salud privados prestados por centros de salud autorizados, o profesionales en ciencias de la salud autorizados. Los profesionales en ciencias de la salud deberán, además, encontrarse incorporados en el colegio profesional respectivo.” En adición, incorpora que la interpretación de lo que se debe considerar por profesionales de la salud está contenido en el artículo 40 de la Ley General de Salud, donde están mencionados los especialistas que tengan mínimo grado de licenciatura en: Farmacia, Medicina, Microbiología Química Clínica, Odontología, Veterinaria, Enfermería, Nutrición y Psicología Clínica.

La sentencia concluye que “la norma reglamentaria restringe de manera abierta y flagrante las disposiciones al respecto establecidas en la ley, modificando en esencia el contenido de la norma legal que regula, lo cual sin duda alguna constituye una flagrante violación al principio de supremacía legal y de jerarquización normativa”.

El Tribunal Contencioso Administrativo le recordó al Ministerio de Hacienda que las potestades reglamentarias están en subordinación con respecto a una norma con carácter de Ley; por lo que es fundamental apegarse al principio de reserva de ley, especialmente cuando se trata de materia tributaria.

Se determinó que la limitación creada vía reglamentaria, que obligaba a los profesionales en medicina veterinaria a gravar sus servicios a una tarifa del 13% de IVA, es ilegal; y por ende deberá aplicarse la tarifa diferenciada del 4%en estos.

Un asunto colateral a lo resuelto a nivel tarifario tiene que ver con el tema de la devolución automática del IVA.

El último párrafo del artículo 28 de la Ley de IVA estableció que cuando se presta un servicio de salud privado y este haya “(…) sido cancelados por medio de tarjeta de crédito, débito o cualquier otro medio electrónico que autorice la Administración Tributaria (…)”, se realizará la devolución del monto del impuesto. Mientras que el artículo 39 del Reglamento a la Ley de IVA establece que:

“(…) 1. En el caso de la prestación de servicios de salud privados, cuando el pago se realice mediante tarjetas de crédito o de débito o cualquier otro medio electrónico de pago que mediante resolución general autorice la Administración Tributaria, siempre y cuando esta tenga acceso a la información de la transacción realizada; el contribuyente que preste el servicio deberá reembolsar el impuesto cobrado al consumidor final. Para estos efectos, el contribuyente utilizará el campo asignado dentro de la estructura del comprobante electrónico para registrar el reembolso del impuesto.

  1. En estos casos, el contribuyente deberá registrar el débito correspondiente de la operación realizada y aplicando como pago a cuenta el impuesto reembolsado al consumidor final, en la declaración auto liquidativa correspondiente.”

El hecho de que se incluya a los servicios veterinarios como gravados al 4%; hace que sea de acatamiento obligatorio también la norma que se refiere a la devolución del impuesto. De tal manera, los médicos veterinarios deberán aplicar la figura de la devolución en su proceso de facturación, cuando reciban el pago por los medios indicados.

No todo es completamente positivo para el sector de los médicos veterinarios.

Si bien lograron que los usuarios y consumidores finales de sus servicios tengan que cancelar menos IVA o no cancelarlo del todo (por el asunto de las devoluciones); lo cierto es que esas ventas a tarifa reducida generan consecuencias importantes.

Los médicos veterinarios comprarán por regla general sus insumos a tarifa del 13% de IVA y solo se podrán acreditar hasta un 4%, por lo que el restante 9% deberán tomarlo como un costo (artículo 30.1 de la Ley de IVA).

Este principio se aplica cuando tengan identificación específica entre sus compras y sus ventas. Caso contrario, si no se cuenta con identificación específica y venden a diferentes tarifas, este IVA al 4% generará la obligación de realizar cálculos de proporcionalidad o prorrata más complejos.

Veamos,

El 9% restante del IVA debe ser considerado un gasto cuando, por ejemplo, el médico veterinario compra un producto, digamos de limpieza exclusiva de su mesa de trabajo (al 13%) que será utilizado sí y solo sí, para la venta de sus servicios de consulta de medicina veterinaria, que será vendida con un IVA del 4%.

Mientras que, el recibo de electricidad o el agua del local deberá incluirse en el cálculo de prorrata, pues esos servicios, comprados al 13% de IVA serán utilizados de manera indistinta para la venta de servicios médicos (al 4%) como en la venta de alimentos, juguetes y accesorios para mascotas que deben venderse con IVA al 13%.

Será más que necesario para estos profesionales contar con el suficiente conocimiento o con las herramientas necesarias que hagan posible una aplicación pacífica de la normativa tributaria.

Es importante mencionar que la anulación de la norma reglamentaria, no afecta las actuaciones que hicieron los profesionales en veterinaria ajustándose a una norma ilegal. En este sentido, el órgano jurisdiccional establece que “(…) Dicha anulación surtirá efectos declarativos y retroactivos a la fecha de entrada en vigencia de la norma, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe y de las situaciones jurídicas que se hayan consolidado durante la vigencia de la misma (…)”.

Se debe reconocer la importancia de esta sentencia no solo a nivel del gremio de los médicos veterinarios, sino como la primera muestra de cómo se irán resolviendo algunas otras ilegalidades – que abundan – en las normas reglamentarias de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Situación comentada en diversas oportunidades por los especialistas en la materia tributaria, que hemos manifestado vicios en normativa infralegal “post-reforma fiscal”. Esta es la primera ilegalidad de muchas otras que pronto serán discutidas en Tribunales de Justicia; generando gran cantidad de anulaciones de disposiciones normativas.

 

Diferimiento del pago del IVA: Regulación para arreglos de pago

La Ley de Alivio Fiscal otorgó la posibilidad de diferir el pago del IVA y el Impuesto Selectivo de consumo de los meses de abril, mayo y junio, para cancelarlos a más tardar el 31 de diciembre de 2020.

Además contempla que el contribuyente pueda establecer un arreglo de pago con la Administración en los casos en los que le sea imposible hacer el pago antes del 31 de diciembre.

Para optar por un arreglo de pago, se contemplan lo siguientes requisitos según la Resolución DGT-R-09-2020:

  1. Que se prevea no poder cancelar la totalidad de los impuestos a más tardar el 31 de diciembre de 2020.
  2. Presentar la solicitud de facilidades de pago a más tardar el 15 de Octubre 2020.
  3. Las deudas tributarias deben sumar más de medio salario base (¢225.100).
  4. No se puede aplicar sobre deudas tributarias que hayan sido objeto de denuncia penal.
  5. Debe estar al día con las obligaciones formales y materiales.
  6. Cancelar la prima inicial de 20% del monto total adeudado de previo a la presentación de la solicitud.

Por otra parte, la solicitud deberá ser presentada ante la Administración Tributaria que le corresponda a cada contribuyente. Existe posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria, para lo cual se deberá utilizar los formularios que se encuentran en el sitio web: www.hacienda.go.cr/contenido/13009-facilidades-de-pago

Para efectos de la presentación:

  1. Se debe enviar a los correos electrónicos dispuestos para cada Administración Tributaria.
  2. Se puede firmar con firma digital o con firma física. En el caso de que no se tenga firma digital, se debe imprimir la solicitud escanearla y enviarla junto con la imagen del documento de identidad por ambos lados.
  3. En caso de representantes de personas jurídicas debe adjuntar certificación literal de la sociedad que acredita sus capacidades de actuación.
  4. Se debe aportar declaración jurada que indique
    • Que ha enfrentado situaciones de naturaleza económico-financieras que le impiden pagar la deuda dentro del plazo de la moratoria, es decir, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.
    • Que está en capacidad de generar los flujos de efectivo necesarios para cumplir con la facilidad de pago.
  5. Cuando el monto adeudado supere los cien salarios base (¢45.020.000) debe rendir una garantía de acuerdo al artículo 182 bis, del Reglamento de Procedimiento Tributario.

En los casos en los que se deba rendir garantía por la cuantía de lo adeudado, se deben seguir las siguientes reglas:

  1. La garantía debe ser, en orden de prelación:
    1. Garantía a la primera demanda o compromiso incondicional de pago, emitida por una empresa aseguradora o bancaria.
    2. Aval bancario o fianza solidaria emitida por una institución financiera.
  2. Las entidades aseguradoras o financieras a que se refiere el presente artículo, deberán ser las supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) o la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), respectivamente.
  3. Todos los costos y gastos asociados a la constitución y vigencia de la garantía correrán por cuenta del obligado tributario.
  4. Las garantías deben otorgarse en todos los casos a favor del Ministerio de Hacienda.

Avances significativos

El pasado 10 de setiembre en este espacio, bajo el título de “Trampa de osos”, alertamos el grave riesgo legal que implicaba la noticia que se había divulgado en días anteriores, en el sentido que el Ministerio de Hacienda pretendía en un corto plazo plantear a los contribuyentes la determinación de su obligación mensual del IVA; dejando al contribuyente solamente el camino del reclamo en caso de no estar de acuerdo con los valores determinados, invirtiendo el sistema de autodeterminación del as obligaciones tributarias en general y con ello provocando la grave consecuencia jurídica de la inversión de la carga de la prueba.

Destacamos en esa ocasión la transgresión a una serie de normas que custodian al sistema tributario costarricense respecto de la pretensión difundida en los medios en cabeza de Doña Alicia Avendaño, directora de Tecnologías de Información del Ministerio de Hacienda, quien atendió el pasado martes 24 una entrevista en el programa La Lupa, de CRC 89.1 radio, para referirse al tema. El resultado de tal entrevista fue lo que consideramos una valiente rectificación de parte de la señora Avendaño; un avance significativo en la dirección correcta, en el sentido de cambiar la errónea posición de la Administración en algo no solo más propio, sino que de valor efectivo para el contribuyente.

Se pasa de la pretensión de determinación de oficio a una mera propuesta no vinculante para apoyar a los contribuyentes en su declaración del IVA. Celebramos tanto el resultado, como haber sido instrumentales por este medio para tan trascendental cambio.

En la misma dirección de Tecnologías de la información de ese Ministerio, se anuncia, en la entrevista indicada y a través de otros medios de comunicación lo que sí es fundamental hacer en procura de optimizar los resultados esperados de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El anuncio del uso del “big data”, minería de bases de datos y la inteligencia artificial como medios para llevar cabo una mejor gestión, que aumente la detección temprana de incumplimientos, que en un sistema de IVA universal se convierten en grandes “bolsas de fraude.” Quienes hacen creer a los contribuyentes que están cumpliendo con su deber de contribuir, aumentan, como ya ocurre, su caudal de enriquecimiento particular a costa de los bolsillos de los contribuyentes y de los de las finanzas públicas. Un efecto indeseable de enriquecimiento ilícito que puede frenarse únicamente con controles más extensivos y estratégicos que puede brindar la minería de datos.

Y es que tocar los bolsillos de las finanzas públicas es tocar los bolsillos de todos nosotros, quienes contribuimos de acuerdo con nuestro mejor entendimiento jurídico y un gran sacrificio económico, en procura de un bien jurídico que inspira el deber constitucional de contribuir a las cargas públicas, siendo un despropósito tan nefasto y mezquino, como el enriquecimiento de unos pocos por su acción delictiva, tanto como por parte del pasivo consentimiento que se puede dar en una Administración Tributaria inoportuna, tolerante, permisiva y que no optimiza sus recursos de información, enriquecidos con el IVA y el sistema de facturación electrónica en su versión 4.3, ambos vigentes desde el pasado 1 de julio.

Celebramos la corrección de dirección hecha por el Ministerio de Hacienda hace una semana y consideramos que en el tanto se logre el combate del fraude se mitigaran las cargas.

Publicado en La República el 24 de setiembre del 2019

Incertidumbre

Estamos en el tercer mes de la moratoria general de intereses, multas y sanciones que se otorgó mediante Ley especial, para los primeros meses de vigencia de la ley del IVA. Desafortunadamente muchos contribuyentes desaprovecharon este período, confundiéndole con una especie de vacaciones fiscales. Esto, sin ser el propósito de la norma, ha sido un desafortunado efecto.

Este mes de setiembre, es el último de ese trimestre especial y veremos qué efectos se empiezan a dar a partir del mes de octubre en materia de gestión tributaria. Luego de una moratoria que, para quienes cumplimos con nuestros deberes, no ha dejado de ser un agravio comparativo en el mercado, respecto de aquellos agentes económicos que, por la norma especial o el concurrente deporte de evadir los impuestos, han generado el mercado de “sin IVA”, sin consecuencia alguna.

Es fundamental para la salud de las finanzas públicas del país llevar a cabo al inicio de entrada plena en vigor de la norma, la campaña de una gestión tributaria celosa, que evite que esta distorsión sea un disuasor del cumplimiento y que más bien, cumplir sea un aliciente competitivo para quienes hacemos bien las cosas.

El mes de setiembre también es el del cierre tradicional del impuesto sobre la renta en su último periodo ordinario. Esta fecha proviene de nuestra tradición cafetalera, que es la génesis de nuestro impuesto sobre la renta; recién modificado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Es un asunto realmente irresponsable, risible y sorprendente, que, a hoy, faltando menos de dos semanas para dicho cierre, no contemos aún con un formulario que represente la forma en que los contribuyentes vamos a autodeterminar y liquidar nuestro impuesto sobre la renta de 2019. Este formulario, es para todos los contribuyentes un misterio sin resolver, en particular por el agua de dos vertientes que confluyen en este periodo: las normas de la “vieja ley” vigente nueve meses y la “nueva ley” vigente los últimos tres.

Son de especial atención las rentas que estuvieron gravadas de manera general hasta el 30 de junio pasado y las que, a martillazos, se han venido gravando por las normas de rentas de capital inmobiliario, capital mobiliario y ganancias y pérdidas de capital.

Este juego de “gallo tapado” que ha destacado a un Ministerio de Hacienda desordenado, desconsiderado, caótico y errático en su actuar, tiene en particular a los buenos contribuyentes en vilo.

La improvisación como estilo de gestión tributaria, la amorfa y mutante masa normativa, ha caracterizado la entrada en vigor de las nuevas regulaciones. Nos da la extraña sensación que Hacienda, no se creía a si misma, que iba a lograr la aprobación de esta ley, que ella misma es la primera gran sorprendida y que a esto responde simplemente de esta forma invertebrada.

Recordemos que venimos de un sistema donde los servicios, en especial los de los contadores, eran unos de orden muy accesorio y anual para la mayor parte de los contribuyentes; que son ahora múltiplos resultantes de la universalización del IVA y los controles que genera por si misma la facturación electrónica.

Los contadores, personajes de temporada que aparecían por estas épocas para la declaración de renta, estamos en particular, imbuidos hoy en el mar de incertidumbre del “¿cómo?” con el que los contribuyentes inquietos – los buenos contribuyentes – nos abruman, sin tener claridad aún ante la gestión de la Administracion Tributaria de las respuestas inequívocas a tan fundamentales preguntas.

Reitero, el problema lo plantean los buenos contribuyentes. A los evasores les da lo mismo evadir la ley vieja que la nueva, para ellos solo estrenan norma por evadir, pero no comporta carga alguna de cumplimento.

Es un buen momento para que como país nos planteemos si es que no se debe también, hacer una reforma integral de la anacrónica institución de la Administracion Tributaria, que no termina de aclararse a sí misma y ahí donde interviene, en lugar de aclarar confunde. Es quizá el momento de levantar la voz de los costarricenses responsables, no perfectos, para exigir normas de calidad coherentes a las exigencias crecientes de la nueva normativa.

Es un buen momento para plantear una nueva reforma, integral, tan urgente o más que la misma reforma fiscal que hoy lija los bolsillos de los costarricenses. Es momento de lijar la calidad de los funcionarios en manos de quienes ha caído la responsabilidad de administrar este arsenal jurídico, con un evidente primer trimestre, que, si esto fuera un partido de fútbol, habríamos de haber agotado ya los cambios en un funcionariado con astenia, inerte ante la norma y sin visos de cambio.

Lo que ha ocurrido en términos de fútbol es que ha ascendido un equipo de tercera división a la primera división. A la vez hemos cambiado de liga, al tener unas exigencias, que ni la propia Administración conoce en su fundamento. Temas de gran trascendencia, han cambiado fundamentalmente desde la raíz el sistema tributario del país, con los odres viejos, el vino nuevo de la normativa se desparramará.

Luego se hará lo que es predecible, es decir, que la reforma no es suficiente para solventar el problema craso de la incompetencia de la Administración, ya por conocimiento o por oportunidad y en la mayor parte de las veces por una evidente combinación de ambas que se denota en la administración por improvisación. La consecuencia previsible: aumento en tarifas de impuestos o echar la culpa de nuevo a los empresarios, sin hacer introspección alguna por parte de Tributación, que hace rato no pasa un examen de solvencia.

No en vano cuando hace 19 años se discutía la norma que dio origen al vertiginoso cambio de nuestro sistema tributario, los enemigos más importantes del proyecto estaban en la propia Administración. Desde entonces se planteaba la necesaria modernización de esta unidad del Ministerio de Hacienda, creando como se proponía una Agencia Tributaria moderna, con una carrera acreditada de funcionarios por idoneidad y no por antigüedad, para que se hiciera viable aquello que ya advertía el autor Musgrave y Musgrave, que “el sistema tributario vale lo que valga la Administración en aplicarlo”. Planteo la pregunta retórica: ¿Cuánto vale nuestro sistema tributario hoy?

Que el silencio no sea la respuesta, exijamos la acción pues nos tocara pagar muy caro si hoy consentimos que esta pieza clave del engranaje sea la única rueda cuadrada de este vehículo jurídico tributario que recientemente hemos modernizado.


Publicado en La República el 17 de setiembre de 2019

Trampa de osos

Como en toda trampa hay que estar alerta para no caer en ella. La reciente noticia del Ministerio de Hacienda relativa a prever tener resuelto en seis meses, el cálculo automático del complejo sistema del IVA, suena como aquellas cosas que nos enseñaron de niños: Tenga cuidado con todo aquello que es demasiado bueno para ser cierto. Puede acabar siendo solo aparentemente bueno, con unas subyacentes consecuencias que hoy deseamos compartir con ustedes.

Indica la nota de prensa: “La idea es que Hacienda haga el cálculo y el usuario únicamente acepte el monto o bien, si está en desacuerdo, plantee el reclamo con su propio cálculo” (CRhoy.com del 5 de setiembre, párrafo tercero).

La información antes citada tiene dos componentes: la dulce carnada y la mortal trampa.

La dulce carnada es que se le descargue de la responsabilidad del cálculo engorroso y complejo. Tan complejo que el propio Director de Tributación recomendaba que el contribuyente procure el apoyo profesional de un contador. La pendular posición de no se preocupe, en la estación de autoservicio de la Administración se lo preparamos y le hacemos remisión exprés de su declaración del IVA.

¡Seductora propuesta! ¡Cómo la de la serpiente que nos tiene aquí pariendo desde los inicios de la humanidad! Es decir, tanto como la propia narración del Génisis sobre el origen alegórico del pecado original.

Veamos los personajes: la serpiente, aunque obvia, la identificamos como la Administración. La tentación: hacernos la vida simple, como dioses, aspiración ancestral del Hombre. Liberándonos de nuestra responsabilidad como contribuyentes, o quizá despojándonos de nuestro derecho de autodeterminar la obligación que nos corresponde en aplicación de los principios que rigen nuestro sistema tributario hasta hoy; dejando al Omnisciente Estado, que viva por nosotros, que actúe por nuestra cuenta, que ejerza nuestra libertad en condición de esbirro, en la entrega de lo único que nos hace distintos de los estados totalitarios, el poder ejercer el principio de la autonomía y la libertad.

Así las cosas, volveríamos a un derecho tributario medieval, donde el Señor de la Gleba decía que apetecía de nuestros frutos del esfuerzo, sin mas derecho que el del llanto, representado en la reclamación indicada en la “buena noticia” que nos da Tributación.

La trampa mortal: La consecuencia de caer en la seducción de la serpiente. Siguiendo con la alegoría, consecuencia, el pecado, que en teología lo entendemos como la muerte eterna, el contribuyente confinado a la opción de aceptar, “o si bien si está en desacuerdo, plantear el reclamo con su propio cálculo”.

Estamos ante algo que jurídicamente transgrede no solo un deber manifiesto de la ley y el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, sino que en la dotrina tributaria de los Estados democráticos, deviene del propio principio de reserva material de ley, que no se remite o limita a que la ley diga o establezca; sino que debe atender el ordenamiento de los principios de la tutela de los contribuyentes, en relación con sus derechos inalienables, cuando se respeta el ordenamiento, los principios de la Constitución misma y las leyes de la República.

Se invierte el principio de la carga de la prueba establecido en el artículo 185 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios:

“Artículo 185.- Carga de la prueba

La carga de la prueba incumbe a la Administración Tributaria respecto de los hechos constitutivos de la obligación tributaria material, mientras que incumbe al contribuyente respecto de los hechos impeditivos, modificativos o extintivos de la obligación tributaria. En ese sentido, corresponde a este último, según el caso, demostrar los hechos o actos que configuren sus costos, gastos, pasivos, créditos fiscales, exenciones, no sujeciones, descuentos y, en general, los beneficios fiscales que alega existentes a su favor.”

Según la directora de Tecnologías de Información del Ministerio de Hacienda, en flagrante desconocimiento del ordenamiento jurídico sobre los principios de autodeterminación y autoliquidación de la obligación tributaria, dice, como solución binaria, que simplemente, si no estamos de acuerdo con lo determinado por Hacienda, procedamos a reclamar.

Esto se dice fácil, en especial cuando sólo se ha estado del lado de la burocracia y nunca se ha tenido que enfrentar a la cruda realidad del sistema tributario de los empresarios privados, los asesores fiscales y los contadores; a quienes nos ha tocado batir barro para procurar que lleguen recursos a las arcas del Estado.

No le advirtieron a la señora Avendaño, que el Código de Normas y Procedimientos tributarios en su artículo 122 indica: “La determinación debe efectuarse de acuerdo con las declaraciones juradas que presenten los contribuyentes y responsables en el tiempo y las condiciones establecidas por la Administración Tributaria, salvo cuando este Código o las leyes particulares fijen otro procedimiento. La declaración debe presentarse en los medios oficiales aprobados por la Administración.”

Es la norma legal, no la ocurrencia administrativa la que dicta el qué y el cómo se determinan en el caso del contribuyente las obligaciones tributarias. Basta ya de atropellos y ocurrencias, basta ya de lograr los fines sin importar los medios, esto solo se aparta del Estado democrático de derecho y se acerca a los asquerosos estados totalitarios.

Conforma el artículo 122 antes dicho, la norma marco que se consagra en la Ley del IVA en el artículo 27:

“Artículo 27- Liquidación y pago. Los contribuyentes citados en el artículo 4 de esta ley deben liquidar el impuesto a más tardar el decimoquinto día natural de cada mes, mediante declaración jurada de las ventas de bienes o prestación de servicios correspondientes al mes anterior. En el momento de presentarla, debe pagarse el impuesto respectivo. La obligación de presentar la declaración subsiste aun cuando no se pague el impuesto o cuando la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal represente un saldo en favor del contribuyente.

El impuesto o, en su caso, las declaraciones deben pagarse o presentarse en los lugares que designe la Administración Tributaria a los contribuyentes. Mientras no se haya efectuado la desinscripción de un contribuyente, la obligación de presentar la declaración se mantiene, aun cuando por cualquier circunstancia no exista la obligación de pagar el impuesto. Los contribuyentes, que tengan agencias o sucursales dentro del país, deben presentar una sola declaración que comprenda la totalidad de las operaciones realizadas por tales establecimientos y las correspondientes a sus casas matrices.”

Es abundante la carga de citas legales que podríamos hacer y rogamos disculpas a los lectores por el abuso de ellas, pero no podemos dejar de, al menos demostrar fundamentalmente por medio de una carga pruebas legales, de que estamos en presencia de una borrachera de poder; que se denota la falta de apego al derecho.

En algunos miembros del sector privado, hemos leído lo que es, el complemento a la pretensión del fin a cualquier costa, con algunos contadores inclusive confundiendo esta noticia con la llegada de la contabilidad electrónica.

¡Ni por lejos estamos ahí! Solo para las personas que de buena fe lo deseen entender, esto dista de ser la contabilidad electrónica a la que aluden algunos. La creación de la contabilidad electrónica pasa por procesos formales que requieren de la emisión de normativa, que en los Estados de derecho inicia con una norma de marco legal: La emisión de un plan único de cuentas – del que hemos insistido sobre su urgente emisión y nos referiremos a ello en otro momento –. Pero no es ni de lejos este pretendido atropello de la Administración, un asomo de estas normas ya presentes inclusive en países de la región, donde hemos tenido oportunidad de participar apoyando técnicamente a las Administraciones Tributarias, para lograr estos fines con apego a los derechos fundamentales de los Estados de democráticos de derecho.

Costarricenses, la reforma fiscal que se ha promovido era una imperiosa respuesta que como país debimos haber dado hace muchos años. Su logro es digno de reconocer, pero lo que no vamos a permitir es que esta conquista en pro de la salud de las Finanzas Públicas se haga al precio del atropello, ya sea por ignorancia de los depositarios de la norma o por un perverso deseo de socavar las bases mismas de los principios constitucionales en que se sostiene la democracia institucional. Son los límites de nuestro apoyo de buena fe al saneamiento de la condición fiscal del país.

Esperamos que la difícil armonía de los pesos y contrapesos se haga presente en esta etapa en que el sector privado ha sacrificado mucho, cedido muchísimo, pero que en nada se debe confundir el ser condescendiente con ser idiota. Recuerden, los funcionarios públicos se deben al principio de legalidad, sus actos solo pueden llegar hasta donde las normas del derecho positivo se los permiten, no donde sus ambiciones desubicadas de poder les hagan desembocar.

Desde las cámaras empresariales, los gremios en general y en especial el de abogados y contadores, hay que actuar con frontal contundencia cuando aun queda tiempo de hacerlo dentro del derecho y no en consentimiento tácito del silencio. Cuenten con nosotros quienes quieran defender sus derechos.


Publicado en La República el 10 de setiembre del 2019.

Consideraciones para el debido cumplimiento del IVA

El debido cumplimiento del IVA contempla una serie variada de elementos que van más allá de la compleja declaración D104.2; aun cuando esta representa un reto para el responsable de llenarla, principalmente por el nivel de detalle y segmentación de la información que requiere. 

El primer paso es entender cómo se va a liquidar el impuesto, conociendo los derechos de crédito del contribuyente y cómo aplicarlos a cada compra según su uso. Además, se debe contemplar que, desde la misma aceptación de las facturas de compras ante Tributación, hay que determinar el crédito fiscal, de forma transaccional, al seleccionar la condición del IVA para cada factura aceptada en plazo e indicar cuánto del IVA soportado es crédito y cuánto es gasto. 

En cuanto los derechos de crédito del contribuyente, estos se definen con el tipo de ventas que se realizan. Una persona, o sociedad, puede tener cuatro tipos diferentes de ventas, o una combinación de estas. Los tipos son las ventas con derecho pleno, las cuales contemplan ventas de bienes y servicios al 13% y como excepción ventas no sujetas -CCSS y Municipalidades- y algunas exentas (revisar el artículo 30 del Reglamento del IVA), ventas con derecho reducido al 4%, ventas con derecho reducido al 2% y ventas sin derecho de crédito. 

La forma en que se aplican los créditos fiscales en las compras, y las condiciones del IVA en la aceptación de las facturas de compras, depende directamente de si el contribuyente tiene solo un tipo de venta de las descritas en el párrafo anterior, o si más bien presenta una combinación de dos o más tipos de ventas. 

Si solo tiene un tipo de venta, todas sus compras relacionadas con el negocio serán de uso exclusivo para vender a ese tipo. Eso implica que, al aceptar las facturas de gasto, debe aceptarlas con la condición de IVA 1. Genera Crédito o 2. Genera Crédito Parcial, donde la primera será para el escenario de ventas con derecho pleno de crédito y la segunda aplicará en los demás escenarios de un solo tipo de venta. 

En cambio, si tiene más de un tipo de venta, deberá aceptar las compras de uso exclusivo, con las condiciones antes indicadas, y las de uso indistinto, con la condición 5. Para el caso particular de bienes de capital (activos), se deben aceptar con la condición 3. Bienes de Capital, aplicando las reglas de acreditación según el caso. 

Es importante considerar que para los casos de ventas al 4% y ventas al 2%, en las compras de uso exclusivo, se debe realizar la aplicación del derecho de crédito limitado, reconociendo como crédito lo proporcional a la tarifa de venta, siempre que esta sea mayor a la de compra. 

Todo lo anterior debería de aplicarse de forma sistemática, realizando de previo a la liquidación del IVA, un ejercicio de clasificación de las operaciones del contribuyente. Debe conocer el tipo de venta que realiza y clasificar con esta información las compras usuales del negocio. De esta forma, se tendrá una guía para aplicar al momento de liquidar el impuesto mes a mes. 

Sumado a lo anterior, considerando el llenado de la declaración D104.2, es importante que en el registro de la información de ventas y compras se contemple la necesidad de segmentar por actividad, tarifa y naturaleza de la transacción. 

Hay que considerar que el procesamiento de esta información, para la liquidación del impuesto, se realiza al terminar el mes. Desde que se va registrando la información, deberían de considerarse los criterios que se utilizarán para ordenar cada una de las operaciones, procurando poder procesar la información de forma oportuna para la presentación de la declaración. 

Ante la diversidad de elementos a considerar para el debido cumplimiento del IVA, lo invitamos a cotizar nuestro servicio para determinar el correcto tratamiento de este impuesto. En este servicio, nuestro grupo de expertos trabajará con su equipo contable en una serie de talleres participativos, para identificar la casuística de su operación y definir juntos el proceso correcto para el cumplimiento del IVA de su operación. 

Conversemos.

Eduardo Vargas

Socio | Grupo Camacho Internacional

El impacto de los ajustes por precios de transferencia en el IVA

Las empresas que conforman grupos económicos realizan usualmente ajustes a sus transacciones relacionadas por motivo de sus políticas de Precios de Transferencia. El presente artículo procura estudiar el impacto que estos ajustes realizados pueden tener a efectos del IVA.

De acuerdo con el Reglamento a la Ley de Impuesto sobre la Renta (Decreto N 18445-4), en su Título V, los grupos empresariales están obligados a documentar de una forma rigurosa sus políticas de Precios de Transferencia y a realizar ajustes en los valores de las operaciones realizadas en el seno del grupo con el fin de que las operaciones entre partes vinculadas se encuentren valoradas a precio de mercado.

Tradicionalmente se ha creído que Precios de Transferencia es un tema que guarda relación de forma exclusiva con los tributos directos, en el tanto la normativa que lo regula se encuentra ligada usualmente al impuesto sobre las utilidades. 

Sin embargo, no podemos olvidar que los ajustes que se realicen con motivo de cumplir con el Impuesto Sobre Renta consisten también en modificaciones a la base imponible del IVA, a un nivel transaccional, donde la valoración de esta base es la contraprestación según el principio de plena competencia. 

Surge entonces la interrogante de si ¿Los ajustes realizados como consecuencia de las políticas de precios de transferencia al final del período tendrían también incidencia en el IVA declarado durante los 12 meses del período -recordando que el periodo del IVA es mensual? Es decir, si la modificación o ajuste que se realiza en los precios para la afectación de la base imponible en el Impuesto Sobre la Renta implica también una modificación en materia del IVA, para las 12 declaraciones que componen el periodo fiscal de ISR. 

Son diversas las dificultades prácticas que los efectos de estos ajustes tienen en materia del IVA, siento este un impuesto sometido a una gran cantidad de obligaciones formales de declaración y reporte asociadas a un marco temporal definido, por lo que las implicaciones prácticas de cualquier tipo de ajuste que se deba hacer tiempo después de la realización de la operación suponen, sin duda, una complejidad para los contribuyentes a la hora de determinar el alcance y las consecuencias de esa interacción. 

Hay que recordar que el IVA es un impuesto de carácter mensual, donde, en caso de realizar un ajuste de precios de transferencia al final del periodo -momento normal para hacer estos ajustes-, se deberían de rectificar las declaraciones ya presentadas del IVA, lo que implicaría rectificar 12 declaraciones de IVA y pagar el ajuste tributario correspondiente. Lo anterior nos lleva concluir que, para efectos del IVA, el análisis de Precios de Transferencia debe ser prospectivo y no con el año vencido. 

Si las partes locales del grupo económico tienen todas derecho pleno de acreditación en el IVA, este ajuste realizado de forma prospectiva no tendrá costos tributarios incrementales para las partes. Sin embargo, ¿qué sucede cuando una de las partes tiene derechos limitados de crédito? ¿Qué efectivo de costo incremental, para el grupo, conlleva un ajuste de precios de transferencia en ese escenario?

En Grupo Camacho Internacional contamos con un servicio diseñado para estos efectos, el cuál inicia con una etapa de análisis de riesgos de su situación y recomendaciones concretas que usted debe realizar. Contáctenos y trabaje con nosotros la gestión de sus precios de transferencia, con un enfoque aplicado tanto en IVA, como en Renta. Reunámonos y escuche porque somos su mejor opción para trabajar este tema.

 

Esteban Hernández | Grupo Camacho Internacional

El IVA y su impacto en Precios de Transferencia

Con la entrada en vigor de la Ley para el Fortalecimiento en la Finanzas Publicas, Ley
9635, los contribuyentes se enfrentan a nuevos retos para el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias. Estos retos traen consigo distintas consecuencias que pudiesen
no estarse evaluando de forma completa.

Uno de los temas que más toma relevancia, y en el cual no se ha profundizado en detalle,
corresponde a las implicaciones que trae el Impuesto al Valor Agregado (en adelante IVA)
en la gestión de su cumplimiento de Precios de Transferencia.

Inicialmente, debemos recordar que contar con el estudio de Precios de Transferencia es
una obligación anual para todos aquellos contribuyentes, del impuesto sobre renta, que
mantengan transacciones con partes relacionadas nacionales o del exterior, y que dichas
transacciones tengan un impacto al momento de la determinación de la base imponible.
(ver Artículo 65 del Decreto Ejecutivo 18.445). Hasta antes de la reforma fiscal, precios
de transferencia regulaba únicamente de forma expresa la base imponible del impuesto
sobre utilidades.

Con la entrada en vigor del IVA, se establece que la determinación de la base imponible
del IVA, en la venta intercompañía de bienes y servicios, debe cumplir con el principio de
plena competencia.

Lo anterior conlleva, en la mayoría de los casos, a profundizar el análisis de precios de
transferencia más allá del comúnmente utilizado método del margen neto, cuya aplicación
comúnmente se realiza en un análisis agrupado y global de la operación del
contribuyente.

Es necesario analizar si las metodologías utilizadas actualmente en sus estudios de
precios de transferencia son las más adecuadas para reflejar una valoración de plena
competencia por tipo de transacción, procurando que, ante una posible fiscalización,
puedan defender sus análisis realizados y de esta forma evitar ajustes por parte de la
Administración Tributaria tanto en la base imponible de ISR como en la de IVA.

Este sentido, es importante recalcar que, bajo la normativa actual, la aplicación de un
ajuste de Precios de Transferencia por parte de la Administración Tributaria conlleva
incrementos a la base imponible tanto en ISR como en IVA.

Por ejemplo, si se trata de una transacción que genera un ingreso al Contribuyente y se
determina que la venta generó un monto menor al valor de mercado (venta por debajo del
rango intercuartil), el ajuste que se debe aplicar es un aumento en los ingresos a efectos
tributarios. Esto conlleva corregir la base imponible a efectos de renta, y corregir las
últimas 12 declaraciones de IVA, en el caso donde el estudio de precios de transferencia
se realice hasta final del año.

Con base en lo descrito anteriormente, se hace necesario tener consideraciones
adicionales inherentes a la utilización metodologías que analizan transacciones
agrupadas, como el margen neto, a través de los resultados operativos de la entidad. Esto
porque si bien el resultado obtenido pudiese cumplir con las valoraciones de mercado a
efectos del impuesto sobre utilidades; al realizar un análisis de las transacciones de forma
individual, los resultados que se obtengan nos pueden llevar a determinar ajustes en
Precios de Transferencia y esto a su vez nos llevaría a un nuevo cálculo en el IVA.

De este modo, con la entrada en vigencia del IVA, es importante que todos los
contribuyentes realicen análisis preliminares en materia de Precios de Transferencia con
el objetivo de identificar aquellas transacciones que no cumplan con el principio de plena
competencia, o que hayan sido analizadas en el pasado de forma agrupada a través de
un margen neto. Al ser el IVA un impuesto con periodo mensual es fundamental ser
prospectivos en estos análisis y asegurar el debido cumplimiento previo a realizar la
venta, no al final del periodo fiscal.

En Grupo Camacho Internacional contamos con un servicio diseñado para estos efectos,
el cuál inicia con una etapa de análisis de riesgos de su situación y recomendaciones
concretas que usted debe realizar.

Contáctenos y trabaje con nosotros la gestión de sus precios de transferencia.

 

Artículo escrito en colaboración por: José Guerra y Carlos Solís


Inscríbase aquí en nuestra charla virtual gratuita:

Ley para el Fortalecimiento en las Finanzas Publicas y sus implicaciones en Precios de Transferencia

Fecha: Miércoles, 31 de julio de 2019

Hora: 9:00 am (Costa Rica)

 

La moratoria del IVA

El día 1 de julio del presente año entró a regir la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, Ley 9635. Luego de un largo camino recorrido por el Ministerio de Hacienda por lograr regular todas las aristas de esta revolucionaria Ley, esto se logró, parcialmente.  

Si bien es cierto que se lograron regular temas pendientes de reglamentar según la ley citada supra, quedaron ciertos cabos sueltos que el Ministerio de Hacienda nos promete regular en los próximos meses y así tener un panorama completo de la aplicación del nuevo Impuesto del Valor Agregado.  

Consecuentemente, los legisladores, aprobaron en segundo debate el día 4 de julio la ´´Ley moratoria para la aplicación de sanciones relacionadas con el impuesto al valor agregado (iva)´´, tramitada en el expediente 21.485 que decreta un período de tres meses de moratoria en el que el Ministerio de Hacienda está imposibilitado para sancionar los incumplimientos relacionados con el Impuesto sobre el Valor Agregado.

Es preciso entender ahora el alcance de dicha disposición legislativa, puesto que no se debe mal interpretar dicha moratoria como la posibilidad material del contribuyente de no cumplir con las obligaciones tributarias producto del nuevo Impuesto sobre el Valor Agregado. 

Según dicha ley, se trata de tres meses, entendidos como los períodos de julio, agosto y setiembre, en las que no se aplicarán sanciones, intereses, mora, multas u otra disposición sancionatoria según lo establecido en los artículos 80, 80 bis y 81 la Ley N.°4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, aplicable a los contribuyentes del impuesto al valor agregado, definidos en la Ley N.°9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por inconsistencias o inexactitud que deriven de la declaración, la liquidación, el pago, la aplicación de créditos fiscales u otras diferencias en la determinación o el cálculo del impuesto al valor agregado

Lo anterior no desvirtúa la obligatoriedad de cada contribuyente de realizar la declaración, liquidación y pago del Impuesto al Valor Agregado, ni del pago del monto principal que la Administración Tributaria determine.  Es decir, no se está pretendiendo con la moratoria postponer la entrada en vigor del IVA, el cual mantiene todos sus efectos y sus obligaciones.  

Debe tomarse en cuenta además que la moratoria no será aplicable en los casos de fraude a la hacienda pública regulado en el artículo 92, es decir en los casos en los que se busque un beneficio patrimonial por el no pago de tributos, o infracciones calificadas como muy graves conforme al artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Igualmente quedarán excluidos de esta posible moratoria, cualquier contribuyente cuando se considere que existió una maniobra con el fin de evitar el pago, así como como grandes contribuyentes nacionales y grandes empresas territoriales bajo cualquier supuesto en el que actúen. 

Una vez dicho lo anterior, es menester informar que tanto los legisladores como el Ministerio de Hacienda consideran que estos tres meses son suficientes para que todos los obligados tributarios comprendan e interioricen el funcionamiento integral del IVA, y que, acabado este lapso, entrarán a aplicar todas las sanciones aplicables en todo el proceso recaudatorio de dicho impuesto. 

Por lo tanto, es importante aplicar desde ya, uno de los principios rectores del Derecho Tributario como lo es el de buena fe, y comenzar a aplicar las prácticas correctas para entender a cabalidad el funcionamiento del IVA y no vernos sorprendidos en el mes de octubre con las posibles sanciones. En todo caso, es siempre acertado asesorarse con expertos en materia tributaria que lo guíen por buen camino y por las buenas prácticas tributarias. 

En Grupo Camacho Internacional contamos con un equipo de expertos en materia tributaria, dispuestos a ayudarlo en todo momento y guiarlo tanto como lo ocupe en este nuevo Régimen Tributario al que nos enfrentamos todos en el país. 

 

Daniel Garro

Consultor de Impuestos

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