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¡Cuidado! Los gastos no deducibles en Renta

Es correcto – pero no exento de riesgo – considerar que un gasto debe ser tratado como no deducible a los efectos del impuesto sobre la renta.

Estamos cerca del cierre fiscal del impuesto a las utilidades y debemos advertir sobre prácticas y tratamientos que, aunque apegados a la mejor representación de la realidad determinativa de la obligación tributaria, implican necesariamente riesgos que debemos alertar a contribuyentes y asesores tributarios.

Por definición, todo gasto en que incurra una sociedad o ente colectivo sujeto al impuesto sobre las utilidades, debe ser considerado como tesis de principio un gasto deducible, ya que debe existir conexidad o vínculo causal con la generación de rentas que sean gravadas con este impuesto.

Ahora bien, se debe entender que los gastos que no cumplan con la característica de esta vinculación, es decir con la generación de rentas gravables con el impuesto a las utilidades, no son deducibles de éste. Una primera causa de no deducibilidad es de orden intrínseco a la naturaleza misma de la erogación; también encontramos en la propia norma tributaria una serie de disposiciones que pueden ser de interés que enfoquemos en esta etapa y que tienen que ver con la protección de otros intereses fiscales o parafiscales, que nos plantean retos novedosos en el caso del cierre del periodo 2019 y en adelante.

Empecemos por una típica situación de protección de intereses parafiscales: no son deducibles las remuneraciones personales que no estén debidamente sometidas a los regímenes contributivos de la seguridad social.

Es decir, no serán deducibles aquellas relaciones laborales de orden directo o indirecto, que resulten de la prestación personal de servicios – ya sean manifiestamente personales, o artificiosamente disimulados por artilugios como el de servicios personales o de servicios profesionales – de la misma persona asalariada, por medio de la interposición de personas físicas o jurídicas con el fin de reducir la tributación correspondiente al impuesto al trabajo personal dependiente y las respectivas cuotas de la seguridad social.

En estos casos tenemos que abordar las situaciones a la luz de la reforma fiscal de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde se crea el impuesto al valor agregado. En caso de que alguna remuneración de naturaleza personal no sea tratada como salario con sus accesorias consecuencias, será servicio, con la consecuencia de estar obligado al pago del IVA y el impuesto de utilidades respectivo del beneficiario, siempre que este cumpla con la definición que da la norma de IVA relacionada con la organización por medios y riesgo propios de los factores de la producción de forma autónoma y a la vez de manera habitual e independiente.

Debemos entender que si alguien pretende evitar las consecuencias indicadas en el párrafo anterior “optando” por tratar como gastos no deducibles remuneraciones de carácter personal, pero que no se sometieron ni a la CCSS, ni al impuesto al salario, ni como remuneraciones sujetas al IVA, aunque su accionar es correcto, deviene en incompleto. El “hacerse los toreros,” como se dice popularmente, al tratar dichas erogaciones como no deducibles no le exime de un traslado de cargos por parte de Tributación y la CCSS según sus amplias facultades dentro de los períodos de prescripción respectivos.

No se considera de recibo como argumento de descargo, simplemente no haber deducido el gasto en el impuesto sobre las utilidades. Esa acción no brinda una inmunidad de cara a la re-caracterización respectiva de las erogaciones en fase de fiscalización. Esto se agrava cuando el receptor de las rentas respectivas requiere demostrar capacidad de pago a las entidades financieras con las que tiene o desea tener obligaciones financieras como sujeto de crédito. La información que sienta en las entidades financieras puede ser contrastada por la Administración Tributaria, aspecto que hace crujir las estructuras intensamente utilizadas en el pasado, en especial por patronos con altos niveles de remuneración a ejecutivos de alto rango.

También encontramos entre muchas, la casuística que presenta la norma en relación con la no deducibilidad de las rentas que se causaron en favor de no residentes, sean las que están sujetas al impuesto de retención respectivo. La norma legal indica que cuando no se practiquen las respectivas retenciones no se puede considerar deducible el gasto respectivo.

Esto viene a ser agravado por los casos de periodos posteriores a la entrada en rigor de la ley del IVA, que crea la figura de la inversión del sujeto pasivo en dicha obligación tributaria indirecta. De haberse incumplido, una u otra obligación, o peor aún ambas, el contribuyente podría verse tentado ante estos incumplimientos a considerar como no deducibles estas erogaciones. Dicho tratamiento, aunque apegado a la letra de la ley, en el sentido de restringir la deducción de obligaciones que no cumplieran con las respectivas retenciones, no da al contribuyente “capa de corso” ante fiscalizaciones de los impuestos de retención omitidos, así como desde el mes de julio, de las respectivas obligaciones de IVA por inversión del sujeto pasivo.

Otro caso frecuente que encontramos en entidades especialmente personales, familiares o de pocos socios – con evidentes estructuras de gobiernos corporativos débiles o inexistentes – donde la distinción de la(s) persona(s) de la entidad son débiles, es el pago de gastos que no son propios del giro del negocio, pero se tramitan, generan y benefician como si lo fueran.

Algunos con cautela y otros con descaro, olvidan distinguir que dichos gastos no son útiles, necesarios ni pertinentes para la generación de rentas gravadas en el impuesto sobre las utilidades. Como dichos gastos no generan derecho de deducción, siendo tanto los cautelosos como los escrupulosos coherentes, tratan con buen tino dichas erogaciones como no deducibles, aunque dicha acción tampoco les protege de los elementos de neutralidad fiscal.

Veamos, alguien que ha tenido erogaciones de la entidad que son para la cobertura de sus intereses personales o familiares, está indudablemente generando renta para sí mismo. Pueden entonces generarse traslados de cargos en su contra por omitir el reconocimiento de estos ingresos que se comportan como rentas en especie.

Las consecuencias varían, pues si hablamos de socios pasivos estas erogaciones son pasibles de ser re-caracterizadas por la Administración como dividendos en especie, que tributan según las reglas de rentas del capital mobiliario. Pero si a la vez se trata de socios que laboran en la empresa, serán erogaciones a las que la CCSS los quiera y pueda gravar por tratarse de remuneraciones de trabajo personal en forma de: gastos de educación, pago de obligaciones de orden bancario-hipotecas, leasing y tarjetas de consumo personal-viajes personales, etc.

Aquí el panorama puede empeorar si además en las respectivas declaraciones mensuales de IVA se hizo deducción impropia de los créditos fiscales que algunas de estas rentas en especie, claramente, no cumplían con el criterio de deducibilidad de los créditos por esos conceptos generados en IVA Sobre las consecuencias para quienes son son inescrupulosos ni si quiera las trataremos.

Como puede darse cuenta el lector, la línea a veces abultada y tratada como con poca atención y escrúpulo, debe ser motivo de particular atención debido a los efectos derivados de la mera consideración de no deducibles de algunas líneas de gastos que antes nos daban la sensación de ser hasta buenos contribuyentes, meticulosos y hoy deben apropiarnos de un sentido más integral e integrado del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El acumular este tipo de contingencias fiscales, deben ser actos que se eviten, pero si no se van a evitar, actos respecto de los que el contribuyente tenga clara la consecuencia que conllevan y, por ende, sepa el monto de la contingencia fiscal principal, así como sus derivados en intereses y sanciones que pueden resultar en montos impagables si vienen a ser exigidos por una Administración Tributaria cada vez más habida de recursos y con más medios de detección de su lado.

Como contribuyentes y asesores, la transición pasa por dejar de hacer lo mismo como si nada hubiera ocurrido. Lo hayamos asimilado o no, hemos entrado en una nueva era tributaria en Costa Rica, hacer lo mismo puede llegar a ser nefasto; aunque antes siempre funcionara o nunca pasara nada. Déjenos ayudarle a valorar sus riesgos, así como a gestionar de manera más eficiente a la luz de las nuevas reglas, sus viejos riesgos.

Carlos Camacho 
Socio Director 

Publicado en periódico La República el 19 de noviembre del 2019

Reenfoque fiscal

Con la constelación de elementos – nuevos y novedosos – que componen hoy la responsabilidad tributaria de los contribuyentes en Costa Rica, los agentes económicos debemos reenfocar la gestión de nuestros asuntos de orden fiscal a nivel local en un orden multinacional y multilateral de relaciones institucionales.

Es momento de redimensionar, las acciones temporales que debemos estar haciendo contribuyentes y asesores fiscales en el ámbito de nuestra nueva realidad. Debemos empezar por comprender que cada vez que generamos declaraciones de impuestos ante la Administración Tributaria enfrentamos la primera acción de un proceso de fiscalización.

Los contribuyentes debemos conocer que todo acto con posible trascendencia tributaria es susceptible de ser fiscalizado. Que la dinámica fiscalización actual es muy distinta de la que la Administración históricamente tenía.

El flujo de datos que generan los procesos de documentación electrónica de emisión, confirmación y reporteo en conjunto con las declaraciones de IVA mensuales, así como con las respectivas de renta ya sean de rentas de capital o de utilidades, son un conjunto de interrelacionada dimensión que está asentado en el “depositorio” de la Administración Tributaria.

Cuando el contribuyente procede con la presentación de la declaración de impuestos, lo que se da es un primer filtro de fiscalización automático, que no requiere de intervención humana: El verificar que los documentos electrónicos que están en el “servidor” de la Administración sean contestes a lo declarado.

A estos procesos se les conoce como fiscalización automática y aunque de momento no están generando mayor perturbación para los contribuyentes, es un hecho que es la Administración quien cuenta con el tiempo a su favor; pudiendo actuar y sancionar a partir del mes de octubre de este año en cuanto al IVA se refiere, en los siguientes cuatro años. Aspecto que no debe dejar de lado ningún contribuyente ni asesor fiscal serio.

El IVA es un impuesto con una doble potencia recaudadora que debemos recordar a todos: la directa que es el resultado del impuesto mismo, que, al ser en condiciones normales de mercado, trasladado a los clientes es “menos doloroso” y la indirecta a efectos de renta. Su mayor potencia recaudatoria se encuentra en el ámbito de la información de trascendencia tributaria que a efectos de renta, genera este contraste de contabilidad completa de orden mensual, con la práctica tradicional y obsoleta de contabilidad y ocupación anual respecto del impuesto sobre la renta.

Estamos remitiendo mensualmente, imágenes de gestión de nuestras actividades a la Administración Tributaria que tendrá poco o nada que “adivinar”, respecto del impuesto de renta por recaudar de cada uno de nosotros.

Esta realidad la estamos viviendo todos, aún quienes tienen la condición de exentos en IVA, lo que no les exime de sus obligaciones formales, que generan este segundo y potente efecto.

Las diversas fuentes de información que se han venido construyendo en el transcurrir del tiempo – en los últimos ocho años al menos – en conjunto con las facultades cada vez más amplias de la Administración para acceder a información financiera, bancaria y societaria tanto local como internacional de los contribuyentes, son un arsenal que en una fase de mera gestión tributaria y de manera más evidente en una fiscalización intensiva – aquella que implica el desplazamiento de recursos de la Administración en contacto con los contribuyentes – son una realidad que debe ser de cuidado para los contribuyentes. Quienes deben hacerse acompañar por profesionales conocedores de la materia de gestión del riesgo tributario y ya no por “ediles de contactos”, que tienen un amigo, primo o conocido en la Administración que les puede “arreglar” o “ayudar” en el asunto.

Se deben ir despidiendo de sus credenciales de asesores quienes remitían su aportación a las de ser meros edecanes, para el fomento de la corrupción de funcionarios y funcionarias que les “conocían” y “ayudaban”.

La información objetiva de hoy yace en diversas instituciones, más allá de la propia Administración Tributaria, incluyendo al mercado mismo. Un mercado que se ve perjudicado por las disparidades en competitividad que provocan los agentes económicos que incumplen a través de su falta de transparencia ante la Administración Tributaria y la Caja Costarricense del Seguro Social. Quienes distorsionan sus precios en el mercado, aumentando su margen de ganancia de manera distorsionada y provocando asimetrías de comparabilidad en precios de quienes sí somos cumplidores a ultranza de la norma, muy a pesar de su incidencia en nuestros flujos de efectivo y rentabilidad.

La era en la que nos encontramos hoy deja atrás las tradicionales prácticas de improvisación fiscal, para “definir” el monto de las contribuciones que, en renta, se improvisaban en el periodo de fin de año. Se muda a una necesaria planificación de los negocios que para ser rentables y sustentables, se basen en la adecuada incorporación presupuestaria de los costes fiscales de cumplimiento conforme normas nuevas, en concordancia con el ejercicio efectivo de las economías de opción, que surgen exclusivamente de las practicas que se basen en los medios solventes de la planificación fiscal, sustentada en los principios de cumplimiento y apego a los conceptos contestes a la correcta existencia de motivo económico válido.

Es en este marco referencial en el que deben, con mayor madurez e inteligencia de negocios, incorporar prácticas profesionales útiles a la reducción de los costes fiscales en el ámbito de la nueva realidad fiscal, para el largo periodo de 15 meses para muchos, que inició el pasado 1 de octubre y culminará el 31 de diciembre del año próximo.

Esta información abundante es, tanto local como del orden de la transparencia fiscal internacional, resultante del largo proceso de incorporación de Costa Rica a la OCDE, que según los últimos informes estamos a seis pasos de lograr esta meta de difusos y confusos beneficios a los agentes productivos, pero que sin duda, cambian de manera exponencial el aumento de fuentes de información disponibles para la Administración Tributaria.

Una Administración que cuenta hoy cómodamente con mecanismos de alta eficacia de intercambio de información previsiblemente relevante a los efectos de beneficiarios últimos costarricenses, con pasibles consecuencias para muchos que, basados de manera errónea en un malentendido sistema de tributación territorial, se escudan aun en la opacidad de sus activos extranjeros, los que recomendamos valorar a la luz de los nuevos riesgos crecientes.

La tendencia a la generación de información uniformada o estandarizada a nivel global hace tanto más urgente la existencia de nuestro propio plan único de cuentas, que debe abandonar el trasnochado concepto de contabilidad territorial. Un concepto falaz que puede conllevar graves sanciones tanto directas como indirectas de haber detección de patrimonios a nombre de personas físicas o jurídicas, que, al amparo del concepto de contabilidad territorial, hayan operado en un concepto antiguo y anárquico de contribuir a las cargas públicas del Estado conforme los deberes que establecen los principios constitucionales que traspasan de manera transversal el sistema tributario costarricense, de reciente modernización. Un aspecto que no consideran quienes se han convertido en “nuevos profetas” de la fiscalidad, con ausencia plena de conocimientos fundamentales, lo que los lleva de forma ineludible al enfoque parcial de deberes globales.

El único perdedor de estas prácticas profesionales, quizá más seductoras por sonar ser menos exigentes, son indudablemente los contribuyentes. Los clientes de quienes hacen “cantos de sirena”, quienes tarde o temprano se toparán con la cruda realidad de la globalización del sistema fiscal. Sea cauto, no se deje seducir, esté listo para ser sujeto de fiscalización en nuevo ambiente de reglas locales e internacionales.

Publicado el 12 de noviembre del 2019 en el periódico La República.

Cartas de navegación, bienvenido a bordo

Los mejores pilotos del mundo piden para planear sus viajes las cartas de navegación, esto ha sido la historia de la navegación desde sus orígenes. El nuevo Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves, debe ser, sin lugar a duda, un excelente piloto de finanzas públicas de países complejos. Lo han mandado a ser profeta en su propia tierra. ¡Vaya encarguito! Si hasta Jesús tuvo sus asuntos en Nazareth.

Las cartas de navegación son complicadas cuando no están homologadas: carecen de uniformidad, credibilidad, consistencia y coherencia. Las finanzas de un país se componen de las finanzas del sector público, las instituciones regularizadas y el estado del sector privado.

Un sector público de cuestionable credibilidad. Tanto que se ha requerido de investigaciones exhaustivas para determinar el tamaño del “hueco fiscal” que apareció como un cráter adherido al reconocido y preocupante déficit fiscal. Un déficit que dio origen al Plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, hoy reducido a una simple reforma de nuevos impuestos por la irresponsable gestión del gasto que hizo salir – hecho fáctico – a la anterior ministra de Hacienda. Acto que dio paso al regreso de don Rodrigo al país.

La tarea de un Ministro de Hacienda es ingrata siempre y requiere del calibre personal y profesional que indudablemente tiene don Rodrigo. Este debe ser complementado con un compromiso serio, auténtico y simplemente apegado al principio de legalidad por parte del resto de los actores políticos; empezando por la cabeza misma del Gobierno, con un especial y respetuoso llamado al Señor Presidente de la República, a poner un estate quieto a su “camarilla”.

Como punto de partida, es fundamental que sea de conocimiento público, que ya existe una contabilidad consolidada a nivel país con planes uniformes de cuentas. Aún hay grandes ausentes en esta uniformidad contable como la Caja Costarricense de Seguro Social, la UNED, la Universidad de Cota Rica y un número grande de municipalidades; pero al menos ya una parte significativa del sector público tiene cuentas consolidadas y uniformes, que son trazables y contrastables de conformidad con normas de referencia técnica. Estas cuentas darán al navegante del barco un mejor y más claro panorama del estado de las finanzas públicas en el sector público.

Ya existe desde 2017 la posibilidad de comparar información sistematizada en depósito y custodia de la Contabilidad Nacional, ente que debe ser el garante de la calidad y cumplimiento de esta responsabilidad.

Ahora bien, la realidad del sector privado hay que partirla en dos: La que corresponde al sector regulado, en particular por el CONASSIF y todas las superintendencias adscritas a este ente rector de los sectores financieros de la economía, y la realidad del sector productivo.

Las entidades reguladas cuentan con claridad de reglas de obligado cumplimiento desde hace casi dos décadas. La información sobre este este sector no solo es más abundante y rica, sino que tiene una unidad de rectoría y supervisión de vigilia tanto de su cumplimiento formal como de la calidad de su operación a través de las superintendencias y sus principios de transparencia. Con estas cartas de navegación también se pueda contar y en tesis de principio confiar para la toma de decisiones sectoriales.

Del sector no gubernamental se tienen todos los agentes financieros con información disponible para una cantidad de años que permiten hacer análisis y medir tendencias, fundamentales en la constelación que orienta a los buenos navegantes, que aparte de tener cartas tienen aun que aplicar la ancestral referencia astral.

Desafortunadamente, cuando llegamos a los actores de la economía real, el sector productivo generador de riqueza, los datos no solo están dispersos, sino que cuentan con unas reglas difusas. Aunque están estandarizadas en tesis de principio en el uso de las Normas Internacionales de Información Financiera, no hallan cobijo en planes de cuentas uniformes como sí los tiene el sector financiero de la economía, que también está obligado por esas normas referenciales de orden técnico, pero que a pesar de su amplitud y solvencia técnica se ha reconocido la necesidad de adecuarlas a través de los planes de cuenta del sector respectivo.

Cuando se quiere leer el resto del rompecabezas, las cartas de navegación económica no permiten resolver mediante un plan único de cuentas aplicable al sector privado. Uno que cuente con los elementos concretos y uniformes que permitiera la generación de un gran balance nacional consolidado, contrastable con el trabajo estadístico, no contable que hacen instituciones a cargo del cálculo de una variable tan clave para las decisiones en la economía como el cálculo del producto interno bruto.

El sector privado no puede seguir en la condición ayuna de normas, que solo dejan al empresariado en serios problemas de certeza legal. En especial cuando enfrenta procesos de fiscalización por parte de las autoridades tributarias, que hacen valoraciones subjetivas y por ende arbitrarias e ilegales respecto del cumplimiento de la contabilidad del contribuyente con las normas contables. Ellos tampoco las conocen pero que revierten la inversión de la carga de la prueba en contra del contribuyente.

Un contribuyente que hace su mejor esfuerzo a ciegas de norma cierta y concreta de aplicar las normas contables en el propio beneficio de ser una persona de negocios razonable y sensata. Pero sin reglas claras, las puertas de la arbitrariedad están abiertas. ¡Por cierto! se convierten en pasaje predilecto de las unidades de fiscalización de Tributación siempre a los mismos actores de la economía.

Este problema del contribuyente será la pieza que le falte al cuadro de navegación de cualquier tomador de decisiones, en especial en el Ministerio de Hacienda, donde se desconoce valores ciertos de la economía real del sector privado en ausencia de reglas claras de una norma de plan único de cuentas, de carácter general, cierto y unívoco, apegado a la misma filosofía con la que el resto de los agentes económicos descritos llevan ya sus cuentas. Un plan que propicie un ambiente de cancha nivelada para todos, salvaguardando el principio de igualdad constitucional y los valores de la transparencia en la gestión tanto pública como privada.

Urge que desde el Ministerio de Hacienda se atienda con sentido de real urgencia esta valiosa pieza instrumental. En el resto de los ordenamientos medianamente avanzados ya es norma hace muchos años, propiciando en especial certeza y uniformidad de criterio.

Esta labor regulatoria, debe estar fuera de la esfera de la Administración Tributaria, pero claramente dentro del Ministerio de Hacienda. Los detractores de todas las iniciativas presentadas en los últimos veinte años, han sido precisamente ellos, los custodios de la norma tributaria, pues se quedarían marcados de certidumbre donde la cancha de la arbitrariedad les ha sido complaciente. Darle este encargo a quien hoy saca ventaja de su inacción debe ser neutralizado con una unidad especializada del Ministerio, en conjunto con los colegios profesionales que tienen la encomienda de la ley de regentar la práctica de la contabilidad, a ver si de una buena vez hablando claro nos entendemos.

A don Rodrigo, finalmente, desearle lo mejor pues si su gestión es exitosa, los que seremos ganadores somos todos como país, eso pasa por la necesaria candencia del crisol. Esto, señoras y señores, va a ser doloroso, pero rescataremos al país… de otra forma, solo alargaremos una agonía que nuestra gente no merece.

Carlos Camacho Córdoba
Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Sobre endeudamiento y adónde nos lleva

El gobierno de la República se preocupa y manifiesta acciones para tratar de procurar el salvamento financiero de las personas cuyo endeudamiento es excesivo, en múltiplos del ingreso personal y familiar.

El Gobierno plantea tres grandes acciones para atender tan angustiante situación para los núcleos familiares:

1) La reestructuración financiera a largo plazo de los actuales niveles de endeudamiento,

2) la puesta en marcha de un programa de educación financiera para evitar que estas personas y familias vuelvan a caer en dicho nivel de sobre endeudamiento, y, por último,

3) la creación de una central de información crediticia que permita a los oferentes de facilidades crediticias conocer que aquel sujeto se ha comprometido a no volver a caer en condiciones de compromiso a su ingreso disponible.

El sobre endeudamiento además de generar gran angustia, genera pérdida de confianza del consumidor, con las consecuencias recesivas que ya de por sí conlleva esta condición. Nos parece que en tesis de principio hasta suena bien solventar esta realidad nacional que se ha convertido en un síndrome con una serie de síntomas que han desmejorado la condición del ser costarricense.

El Fondo Monetario Internacional en una alarmante publicación, hace notar los altos niveles de endeudamiento de las empresas a nivel de América Latina, donde Costa Rica no es la excepción. Este sobre endeudamiento desmejora la capacidad del crecimiento sano de las finanzas empresariales y, por tanto, reduce de forma significativa los niveles de inversión, creación de nueva riqueza, empleo y redunda en una baja en los niveles de confianza de las empresas y empresarios respecto de sus expectativas sobre la dinámica económica. Este fenómeno tiene como consecuencia también efectos recesivos peligrosos y de mayor impacto inclusive que el de la pérdida de confianza de los consumidores. Tiene un efecto multiplicador sobre la expectativa de las empresas, que, al tener una tendencia a la desmejora, como se encuentra hoy, provoca destrucción de riqueza, desempleo y postergación de la inversión nueva, o distracción de ésta a países más competitivos que Costa Rica.

A nivel del sector gubernamental la situación no es nada mejor. Desgraciadamente, nuestra recientemente aprobada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ha sido violentada de manera flagrante por las autoridades del Poder Ejecutivo. Quienes proponen evitar las condiciones de endeudamiento de las personas, pasan de lejos, como que no es con ellos, la urgencia de solucionar o proponer medios de sanación de las finanzas empresariales.

Finanzas que a su vez se ven azotadas por las nuevas cargas fiscales, que se lograron pactar como resultado de un programa de rehabilitación del Gobierno – todas las últimas diez administraciones – mediante la regla fiscal. El equivalente al programa de educación del consumidor para que financieramente rehabilitado evite caer en condición igual o empeorada.

Romper la regla fiscal con diversos sectores según los últimos acuerdos del Poder Ejecutivo, simplemente al más puro estilo de los narcodependientes y los ludópatas, que desean seguir gastando como si no fueran parte integral del país enfermo, es romper el pago de buenas intenciones que nos daba la regla fiscal, en la que ya no podemos creer más. Tratan de abstraerse de la condición de orden solidario que obliga la situación, en la que los sectores productivos estuvimos dispuestos a aceptar la imposición de cargas.

De la reforma fiscal lo que ha quedado es la mancha de sangre de una reforma tributaria. Lo que empezó siendo un pacto de parte y parte, se convirtió en un escenario en el que el sector privado y trabajadores asumen unas cargas impositivas directas e indirectas nuevas, que pagamos – al menos nominalmente – todos. Mientras que a otros les siguen otorgando privilegios odiosos para engordar a esas grandes minorías de siempre, junto con una Administración Tributaria que no ha hecho lo propio por iniciar acciones con el arsenal con que cuenta – incluso en exceso – contra los que siempre se burlan del deber constitucional de contribuir.

Hemos perdido la regla fiscal y una dama de hierro en la gestión de la reforma fiscal, vilmente utilizada por los orquestadores de este plan macabro para engañar a propios y extraños. El informe de la Contraloría General de la República es una cortina de humo elegante que no se merecía doña Rocío Aguilar, ahora exministra de Hacienda., que “coincide” oportunamente con el irresponsable proceso de negociación de la Presidencia de la Repúblico con sus compadres y patrones de las universidades, que generan la más escandalosa y flagrante violación para siempre jamás del engaño vendido como la regla fiscal.

No se ha caído en cuenta que, de no alcanzar los fondos de los impuestos para financiar las gollerías incrementadas, habrá que seguir endeudando al país.

¡Ah! ¡por cierto! Los fondos para financiar a las personas sobre endeudadas saldrán de las finanzas de todos, los que entienden y los que no quieren aceptar esta trama escandalosa. El Presidente de la República da una directriz a los bancos del Estado para que financien a los consumidores sobre endeudados; pero no se dice quién pagara las pérdidas que esto generará. Se los diré claramente: todos nosotros. Muy particularmente los actores del sector productivo, para quienes el plan de reactivación económica fue una mentira más que ya no llegará.

Los recursos de los bancos del Estado serán financiados de manera directa por el sector productivo ya de por sí endeudado, con tasas de interés más altas que será la forma de poder dar contenido al primer programa de loable rescate de las personas.

El destino del endeudamiento del ahorro nacional es: primero el seguir comprando títulos de deuda interna, externa y cualquier otro medio de absorción que use el gobierno de la República para financiar el predecible creciente déficit incremental. De manera marginal y residual el rescate de las personas que están altamente endeudadas, financiando no solo sus deudas sino el sostenimiento de sus otros dos encomiables pilares de gestión.

¿Como saldremos adelante en estas condiciones? Creo que tenemos derecho a una respuesta. Esta fábula es peligrosa y genera efectos irreparables especialmente en el tejido productivo y las calificaciones de riesgo que solo empeoraran el asunto aquí descrito. ¿Qué dirán los señores rectores de las Universidades? ¿Qué dirá el Poder Ejecutivo, cuando un tercero – revisión de pares por ejemplo – plantee el asunto de cuales son las medidas de remediación de estas condiciones fiscales?

Mientras tanto, ¡alerta buenos contribuyentes! Sabemos por dónde van a llegar los esfuerzos de apretar, no lo dudemos. Estemos listos para la intifada de la Administración contra quienes le queda cómodo llegarles, exigirles y fiscalizarles. ¡Sí! Una vez más siempre los mismos.

Carlos Camacho Córdoba
Socio Director Grupo Camacho Internacional
ccamacho@grupocamacho.com

Transacciones por valorar en IVA y Renta

Con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas pasamos de un criterio financiero de determinación de bases imponibles a uno más complejo de carácter económico; en el que lo que determina las bases de integración de impuestos directos e indirectos, es el costo económico de los bienes y servicios. Un aspecto que reta a contribuyentes de todos los tamaños.

Es importante indicar que estas reglas de valoración que abordaremos ya son aplicables a todas las transacciones de contribuyentes del IVA desde el mes de julio de 2019. Se deben contemplar además para el cierre de renta con fecha del pasado 30 de setiembre y que se liquida y paga el 15 de diciembre próximo.

Al ser una norma que aplica por igual a contribuyentes de todo tamaño, debemos caer en cuenta que se convierte, sin duda alguna, en un costo de regresivo efecto en el cumplimiento de los más pequeños y medianos. Aunque, de acuerdo con nuestra experiencia, la cuantía que ha resultado de ajustes de base imponible en fiscalizaciones en el impuesto sobre la renta de los grandes contribuyentes es significativa.

El articulo 12 párrafos cuarto y quinto de la ley del IVA indican:

“En las transacciones, cuya contraprestación no consiste en dinero, la base imponible será la que se habría acordado en condiciones normales de mercado y en la misma fase de producción o comercialización, entre partes independientes.

En las operaciones entre partes vinculadas, el precio neto de venta debe ajustarse al valor normal de mercado que pactarían partes independientes, siempre que se produzca un perjuicio fiscal.”

En relación con servicios, las normas de valoración de estas transacciones las encontramos en el reglamento artículo 17, incisos 3 y 4:

“3) En el caso de transacciones que no consisten en dinero, la base imponible será la que se habría acordado en condiciones normales de mercado entre partes independientes.

4) En las operaciones entre partes vinculadas, en los casos en que el valor del servicio prestado esté por debajo del precio de mercado, la base imponible debe ajustarse al valor normal de mercado que pactarían partes independientes y en los términos que establece el artículo 81 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta.”

Tanto las normas de valoración de base imponible de bienes como de servicios, en materia de causar la obligación tributaria de la imposición indirecta del IVA contienen sendas normas determinativas de la obligación.

Es así como surgen asuntos de la vida cotidiana que nos enfrentan en este nuevo modelo de tributación económica, no limitada a la contable financiera, aquella que requiere de contraprestación. Por tanto, si un contribuyente del IVA cuya actividad habitual es la prestación de un servicio en concreto presta su servicio de manera gratuita o inclusive por un precio, pero distinto de los que se habrían pactado en condiciones normales de mercado, incurre en la obligación del IVA bajo ese precio de mercado que habría cobrado a una tercera persona.

Existen casos diversos de esta índole, un ramillete plural de situaciones: Inmuebles ocupados a título gratuito mediando o no un documento escrito tal como un usufructo, tolerancia o comodato.

En estos y en otros supuestos de hecho, no solo se causa el IVA respectivo, sino que en materia de rentas del capital inmobiliario también el impuesto mensual de esta nueva cédula, vigente desde el mes de julio pasado. Excepto, eso sí, que se encuentre inscrito en el régimen de utilidades por lo que su obligación es sobre la liquidación general por utilidades. Bajo ningún concepto el pago de renta mobiliaria es sinónimo de no sujeción en IVA o viceversa.

Las prestaciones de servicios de quienes en su actividad habitual prestan servicios concretos, se gravan de igual manera con ambos tributos determinando la valoración con las reglas ya dichas y que dedicaremos algunas líneas a abordar más adelante.

Para servicios se contempla aquellos a los que se dedica de manera habitual. Por ejemplo, un contador que hace su propia contabilidad o su declaración de impuestos, muy distinto a si ese mismo sujeto decide reparar la tubería de su casa, a lo que no se dedica normalmente. Aunque constituye un servicio, en estricto sentido, este queda fuera del ámbito del tributo por no consistir en la actividad habitual aquella prestación sin contraprestación.

También debemos prestar especial cuidado a las donaciones de bienes sujetos al IVA ya que, de no recibirlos un sujeto exento, causa también IVA por el valor de mercado de aquella entrega de bienes con o sin valor atribuido, pero sin contraprestación.

Aquí es importante devolvernos a la referencia nada gratuita que hace el articulo 17 inciso 4) respecto de los medios de esta valoración apegados y en concordancia con las reglas de valoración que se determinan a los efectos de impuesto sobre la renta en el articulo 81 bis de esta ley, modificada por la ley de Fortalecimiento Público.

Este entramado hace que sea necesario el cumplimiento con los elementos formales y sustanciales que se determinan en el mencionado artículo de la Ley y las reglas relacionadas con operaciones vinculadas del título V del reglamento de la ley de impuesto sobre la renta, artículos del 65 al 74, último que se refiere a los deberes de todos los contribuyentes de contar con la información que, ante requerimiento de las autoridades tributarias, se solicite.

El no contar con la información genera sanciones por incumplimiento en los términos que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios; una multa del 2% de los ingresos brutos anuales del contribuyente, con un mínimo de tres y un máximo de cien salarios base de multa, lo que puede ser devastador para muchos negocios.

Se trata de estudios económicos complejos y detallados, lo que implica, como ya lo decía en la introducción, una suerte de obligación regresiva, en especial visto en el mero orden sancionador. Como especialistas que somos en la materia de precios de transferencia, entendemos de las demandas de orden cualitativo para poder cumplir con esta información. Una que llama a gritos a una contabilidad uniformada mediante un plan único de cuentas, que permita la segmentación comparable de la información para que contadores y economistas cuenten con un puente de comunicación entre el resultado contable uniformado con la agregación de valores económicos que engrosan las bases imponibles mensuales de IVA y de los impuestos de rentas de capitales mobiliarios e inmobiliarios, así como los anuales del impuesto sobre las utilidades.

Es hora de que esta compleja normativa sea tomada por una mesa técnica de profesionales en la materia para que desde la esfera de lo que dictan las normas técnicas de la contabilidad y las legales y técnicas que valoran las transacciones entre vinculados de las diversas naturalezas que establece el título V del reglamento, se evite que sea en la azotea de la comodidad de quien dicta normas sin saber qué implican donde se defina el tema.

No vaya a ser que nos receten normas de inspiración de quienes, sin haber pisado la vida real de la economía del contribuyente, les vuelva el mareo de poder excesivo para dictar normas de imposible cumplimiento.

Colegios profesionales, hay que abanderar estas normas técnicas de orden contable y de documentación que soporte la valoración de las transacciones conforme el reglamento, antes que la Administración las deje en el vacío del olvido y por tanto en el atascadero atiborrado de inseguridades jurídicas y técnicas o, nos obligue a lo que ni ella podría estar en capacidad de cumplir.

Este abanderamiento junto con las autoridades competentes se puede gestar si hay entendimiento y humildad técnica de las autoridades de su necesidad de “bajar al ras del suelo”.


Publicado en periódico La República el 22 de octubre del 2019

Mundo feliz

Cuando recordamos la obra literaria de ciencia ficción de Aldous Huxley y la comparamos con la realidad costarricense, nos parece que el Señor Huxley se dio un paseo por el futuro, visitando al país más feliz del planeta, nuestro país.

Al menos los índices así lo indicaban antes de la Reforma Fiscal. Podríamos casi jurar que el autor tomó espeluznantes elementos de nuestra realidad, de nuestra vida cotidiana, para alimentar a su obra maestra de la década de los 30 del siglo pasado.

Vamos a aterrizar. Costa Rica inició un proceso de Reforma Fiscal con matices de integralidad. Una propuesta que parece parar el sangrado de las finanzas públicas a través de elementos como la regla fiscal y el empleo público.

Componentes que fueron fundamentales para que, quienes debemos pagar la fiesta – o sea los generadores de la riqueza, en concreto el sector privado, denominado a estos efectos: los contribuyentes – apoyáramos, de manera antieconómica la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Antieconómica porque aceptamos someter la riqueza que generamos a que una menor cantidad de ella sirva para la nueva generación de empleo, más inversión y nueva riqueza, que sea la que alimente el círculo virtuoso de una tributación incremental.

Estábamos todos matriculados con el concepto de que nuestro país merece modernizar su sistema de arcaicos impuestos, propios de una primitiva economía. Un sistema que recaudaba básicamente contribuciones voluntarias para un sostenimiento mínimo del gasto público, atendiendo al mandato constitucional del deber de contribuir a las cargas públicas.

Nos convencieron de que a cambio de nuestro sacrificio íbamos a soportar unas cargas públicas más llevaderas. A contar con mayor equidad, ya no en el reparto del ingreso, sino en adecuar nuestro gasto a la realidad país.

Con alegría y peligrosa actitud de festinar y cacarear el huevo antes de ponerlo, se hace un alarde de falta de estrategia de gestión país. Anuncian el resultado fiscal del mes de setiembre, primero en muchos años con superávit primario. De no entenderse y dimensionarse como se debe, puede, y en efecto, crea conclusiones peligrosas. La primera: creer que una golondrina hace verano. La segunda: no entender qué es el superávit primario.

Aquí no ha sobrado nada. No es que hay para obra, mejoras y reformas del aparato productivo de la economía. Es solamente un dato de entre muchas variables adicionales, que si se omite su inclusión nos puede hacer tan felices como los personajes de un mundo feliz, que acuden al “soma” de las falacias para ser felices.

Por un lado, tenemos un gobierno que pacta de manera ilegal pero populista con huelguistas, que como koalas se pegan a las ramas de sus prevendas, infringiéndose la regla fiscal, así como incrementando la brecha de la igualdad entre quien produce la riqueza y aquellos que la engullen sin más límite que el de la aparente racionalidad.

El principio de igualdad ante la ley es cada vez más falaz. Hoy tenemos iguales demasiado distintos que los demás iguales. Romper la regla fiscal con negociaciones que la incumplan debe ser tratado con igual gravedad con la que se trataría si un contribuyente incumple con su obligación tributaria.

Es asimétrico e injusto en toda medida que haya sanciones para quien no contribuye, y no para quien, habiendo recibido su paga justa y adecuada a la realidad de nuestras finanzas públicas, simplemente atenta contra el Estado.

Planeemos la hipótesis de que, así como las universidades, Caja Costarricense de Seguro Social, las municipalidades y una larga lista de etcéteras, despotrican para evitar someterse a la regla fiscal, tengamos los contribuyentes que ver cada vez más estrechas nuestras finanzas privadas.

¿Será que el fortalecimiento de las finanzas públicas se cree sostenible mediante el debilitamiento hasta estrangular de las finanzas privadas?

Festinar un superávit primario es no entender que el problema fiscal no es un tablero de control de juegos de una moderna consola de realidades virtuales.

Es un acto que puede tener un efecto bumerán en los actores cuando haya que salir a negociar con firmeza con quienes quieren mantener sus prebendas y gollerías, mediante convenciones colectivas de vergüenza nacional, mediante el sostenimiento del insostenible y odioso sistema de pensiones de lujo que siguen protegidas en un gran bunker de complicidades y complejas componendas entre los beneficiarios y quienes se comprometieron a eliminarlas.

También será contraproducente hacer bulla de fiesta, para que tengamos el mundo feliz, cuando se den cuenta que la recaudación esperada no se alcanzó y con pies callados se acerquen de nuevo al sector productivo a persuadir, con quién sabe qué estratagema, la necesidad de aumentar los impuestos, a lo que desde ya decimos que no, se pueden evitar el intento.

El no lograr la recaudación esperada tiene tres orígenes concretos y los tres están en manos del Ministerio de Hacienda:

  1. Haber hecho reglamentos ilegales, que cedieron ante las presiones y tráficos de influencias, en frontal contravención al principio constitucional de reserva material de ley.
  2. La tolerancia histórica y continuada de que el sistema tributario se haga valer siempre respecto del grupo de contribuyentes que ya lo son. No hace esfuerzos ni acciones que procuren la inclusión de quienes siempre han gozado de su propio “paraíso fiscal” del incumplimiento y la omisión sin consecuencias.
  3. Aplicar las presiones de cumplimiento siempre sobre las mismas empresas y empresarios; disuadiendo la inversión, creación de empleo y espantando el ahorro nacional hacia cualquier jurisdicción razonable y principalmente donde se dé la aplicación de los elementos básicos de la seguridad jurídica.

¿Será entonces que, para recuperar los niveles de felicidad nacional, unos y otros hacemos lo que mejor nos parezca? Los funcionarios continúan “conquistando” sus privilegios, les dejamos de incomodar con la exigencia de la regla fiscal y normas de empleo público. A los contribuyentes nos quitan las excesivas e invasivas cargas, que tocan inclusive los derechos fundamentales de los principios de propiedad privada, no confiscatoriedad y manejo de la privacidad y derecho de gestión en el ámbito de la seguridad jurídica.

¿Qué tal si pactamos que mientras unos no cumplan los otros tampoco?

Este planteamiento hipotético nos llevaría a pactar que el pacto social no existe y que, al más puro estilo de Fuenteovejuna: ¿“Muerto el Rey que viva el Rey”?

¡Seamos serios! O nos comprometemos de manera coherente todos y exigimos con contundencia para que los acuerdos se cumplan o no funciona. Deben ceder sus índices de felicidad artificial y artificiosa, como el festinado anuncio de Hacienda sobre los resultados de setiembre.

Construyamos basados en el trillado principio de realidad económica – tan abusado, por cierto, por el Ministerio de Hacienda para justificar la fiscalización de siempre los mismos – para construir el país que queremos. ¡Qué sea tan feliz como sea viable! Pero principalmente un país que deje de lado las falacias y viva con lo que hay.

¡Los índices de confianza de los consumidores y los inversionistas son deprimentes! ¡Urge gestionarlos! La economía no es una paleta policromática de blancos, es una muy particular consecuencia de la correcta gestión de los ánimos de los agentes económicos, que alimentan esa paleta de colores de ánimo y confianza. El bien más escaso hoy en día en nuestro país. Si no hay riqueza, aunque la gravemos al 100% simplemente no va a alcanzar.


Publicado en periódico La República el 15 de octubre del 2019

Ganancias y pérdidas de capital

Ya son cuatro meses de entrada en vigor del concepto de ganancias y pérdidas de capital, que inició junto con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Las ganancias y pérdidas de capital grava las primeras y permita la compensación de las segundas con las primeras en ciertos términos y condiciones. Hemos detectado que es necesario revisar el concepto mismo de ganancia de capital, esclarecerlo para que, una vez claro y distinguible podamos construir juntos un mejor entendimiento de esta nueva normativa, que a la vez permita la tributación respectiva de una forma correcta.

El primer consejo práctico en este caso es olvidar el tradicional concepto de habitualidad que era fuente de distinción primaria para determinar si algún acto era generador de rentas corrientes o ganancias de capital. Esta vieja distinción la debemos mudar por la de bienes afectos a la actividad económica del contribuyente, aspecto que divide el sistema tributario de las enajenaciones de bienes duraderos de orden tangible o intangible a tributar como parte integral de la renta misma, o como parte de ganancias o pérdidas de capital.

El artículo 1 bis de la Ley de Impuesto sobre la Renta y el artículo 1 del Reglamento de esta, nos presentan la distinción de estos conceptos nuevos al derecho costarricense. Se entiende por actividad lucrativa aquella “Actividad de carácter empresarial y/o profesional consistente en la organización, por cuenta propia, de los factores de la producción y de los recursos humanos o de uno de ellos, con la intención de obtener ganancias mediante la participación en el mercado de bienes y servicios” y con base en esta definición se debe comprender cuáles son los bienes afectos a su actividad. Todo bien que esté dedicado de manera indudable a la actividad del contribuyente, es considerado en el momento de su enajenación, como una diferencia que debe ser gravada o deducida en la base imponible íntegra del impuesto sobre las utilidades, incorporándose – sin norma de periodificación alguna – a la base imponible del impuesto sobre las utilidades a una tarifa general de 30% en el caso de entes jurídicos en este periodo fiscal 2020 y siguientes.

Lo expuesto tiene alguna relación con la regla anterior de la Ley del Impuesto sobre la Renta que indicaba que era gravable o deducible la diferencia de valor que se produjera por cualquier enajenación de bienes depreciables, incluyéndolo como renta del periodo. El concepto con la incorporación del criterio de afectación de los bienes a la actividad es más amplio y aplica a todo bien, depreciable o no, amortizable o no, tangible o intangible. Por lo que, a pesar de no constituir parte de la actividad habitual del contribuyente, si éste enajena a cualquier título bienes afectos a la actividad lo debe hacer tributar con las reglas de renta de utilidades en el periodo en que dichas alteraciones o enajenaciones se den. Como la naturaleza de estas ganancias o pérdidas es inseparable de las reglas de liquidación y pago del impuesto sobre las utilidades, este es un impuesto de hecho generador continuo y de liquidación anual, teniendo efecto inclusive en la determinación general de los pagos parciales del impuesto de los periodos subsiguientes.

En sentido contrario, si algún elemento del balance del contribuyente, bienes tangibles o no, depreciables o no, amortizables o no, corresponde a bienes de uso e incorporación a la actividad lucrativa, será tratado como una ganancia o una perdida según sea el caso, que tributa en la cédula residual del sistema que se denomina ganancias y pérdidas de capital a una tarifa general del 15%, como regla general y aplicable sobre la diferencia de valor entre el valor en libros del bien y el valor de enajenación. En casos de pérdidas de capital de esta naturaleza puede aplicarse la misma contra futuras ganancias de capital de análoga naturaleza, que se generen en los tres años siguientes al periodo en el que se generó la pérdida respectiva, sin exceder ese plazo ni el monto de la pérdida. El hecho generador de este impuesto es de carácter instantáneo y de liquidación mensual, conforme se configuren los elementos del tributo. Siendo el plazo de pago los primeros quince días del mes siguiente de configurada la obligación.

En el caso de bienes no afectos a la actividad económica y para los que el titular cuente con prueba legal y contable de orden contrastable que evidencie que el mismo fue adquirido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el contribuyente en el momento de la enajenación del bien puede optar, a título del concepto de economía de opción, sea que cumple tributando el mínimo entre ambos, entre el 15% de la diferencia de valor de la regla general o el 2.25% del valor bruto de la enajenación sin reducciones de ninguna naturaleza en el monto del valor de dicha enajenación. Ambos tienen las mismas características en cuanto hecho generador, plazos de presentación y pago.

En síntesis, el concepto de ser o no ganancia de capital atiende no a la naturaleza del bien, ni a la frecuencia de la enajenación, sino al objeto enajenado. Si este formaba parte del capital que era unidad de generación de actividades lucrativas, siempre va a tributar como parte del impuesto sobre las utilidades y si por el contrario, los bienes son de naturaleza no afecta deberán atenerse a las normas de tributación indicadas para lo que en el derecho costarricense se entiende como ganancias y pérdidas de capital.

Tambien es importante resultar que este concepto para distinguir las ganancias sujetas al impuesto de las utilidades y las que se denominan ganancias de capital, no es ni mucho menos la mas común de las formas de hacer la distinción de las rentas como propias de la actividad económica y las que deben ser tratadas como sujetas a impuesto incidental de ganancias de capital, aspecto que tanto dificulta la explicación a propios como extranjeros. Esta última apreciación traerá indudables problemas de fiscalidad internacional en la aplicación de tratados para evitar doble imposición internacional, que tiene definiciones distintas a las que usa el derecho interno a los efectos de la aplicación de las reglas para otorgar créditos fiscales internacionales, como para someter a tributación correspondiente en los casos en los que partes internacionales residentes de países beneficiarios de Tratados estén involucradas, tal es el caso de los convenios con España, México y Alemania.

De igual manera la prueba fundamental para determinar una u otra condición de tributar por las reglas generales de utilidades o residuales de ganancias de capital, resulta de la adecuada trazabilidad contable. Una vez más, nos urge lograr sistemas de certeza legal y contable; un plan único de cuentas que en definitiva y de manera apriorista y sin ambages sea el que defina la afectación o no de un bien, así como el trazo de su cambio de condición, aspecto, que generaría pasarse de un sistema de tributación a otro, no como acto “artificial o artificioso” a los que alude el nuevo artículo 12 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para lo cual, evitando la aplicación abusiva del contribuyente o la voraz de la Administración, es urgente contar con esta pieza para que el engranaje tributario nuevo, sea funcional y evitemos que sucumba por su propio peso.

Hemos usado en diversos párrafos la expresión enajenación como el termino que alude al acto que activa la obligación del impuesto en uno u otro de los sistemas. No podemos dejar de atender que es necesario referirse a este concepto como uno de orden económico. No se limita exclusivamente a la transacción típica de compra-venta de bienes, sino que se extiende a diversas formas de enajenar el bien o derecho en cuestión, sea en dación en pago, intercambio, donación, aportaciones – excepto si se cumplen los requisitos de la neutralidad fiscal de las reestructuraciones empresariales – o cualquier otro modo de disposición onerosa o gratuita que se haga de un bien del contribuyente.

Especial atención debe prestarse a las transacciones de esta naturaleza que se den entre partes relacionadas a la luz de la norma legal de regulación de los precios de transferencia del artículo 81 bis de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

Entramos en una era en la que lo único continuo es el cambio, al que debemos responder con apertura a la educación continuada de los elementos propios de un cisma de mayores dimensiones que las que se han dado a conocer a los contribuyentes, aspecto que no les exime de la responsabilidad de cumplimiento, pero le obliga sofisticar sus medios de cumplir con asesoría experta en esta selva de normativa que será fiscalizada en algún momento, dentro del plazo de prescripción – cuatro años en el mejor de los casos – siendo ahí donde se den las consecuencias de la impericia de unos y la imprudencia de otros, así como de manera excepcional la posible mala fe de actores de una u otra parte en el sistema.

¡Esto apenas empieza! Todo lo que conocíamos y hacíamos y nos era funcional ha cambiado. No podemos continuar con esas viejas prácticas de sobrevivir con éxito relativo de menor riesgo de gestión de esta nueva cantidad de variables del ambiente tributario local, embotellado en el gran laboratorio de la fiscalidad internacional.

Busque ayuda, ¡ya! Estamos para servirle. Le diremos lo que debe oír, quizá no le guste, pero, si lo que busca es oír algo agradable, evite que le hablen seriamente de impuestos.

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Publicado en periódico La República el 8 de octubre del 2019.

Año Nuevo Fiscal

¡Estamos en el día uno de la entrada en vigor pleno de un año fiscal largo y lleno de novedades! En especial debido a las regulaciones relacionadas con los gastos deducibles modificadas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Para dimensionar es importante recordar que el periodo fiscal 2019, a los efectos de ingresos, ha tenido un impacto causado por la entrada en vigor de las cédulas de impuestos sobre la renta de capital inmobiliario, capital mobiliario y ganancias y pérdidas de capital.

Esta entrada abrupta en el sistema de renta hace del periodo 2019 un año de especial complejidad y necesaria atención, tanto para quienes cerraron ayer su periodo fiscal ordinario, como para quienes tienen periodos fiscales especiales. Es una lotería ya cerrada a la que solo se debe prestar mucho cuidado en el momento de la liquidación y pago, en particular para quienes se incorporaron por activa o por pasiva, a alguna de las cédulas especiales de nueva creación.

El año fiscal 2020 ordinario es un periodo de quince meses, que inicia hoy y finaliza el próximo 31 de diciembre de 2020. Este largo caminar plantea retos de una abundante novedad para todos los contribuyentes, ya que para que el mismo sea un feliz año, requerirá muchísimo más que plantearse una lista de buenos propósitos como acostumbran muchos, especialmente vacíos de contenidos programáticos y prácticos, que solo garantizan la frustración y el fracaso recurrente.

Si usted como contribuyente desconoce la práctica de la planificación fiscal, ordenamiento eficiente de sus actividades y búsqueda de mecanismos de lograr eficiencias tributarias programadas; es el momento de conocerla, pues si no incorpora esta práctica en su gobierno corporativo tributario, solo es posible avizorar grandes sobresaltos y sorpresas desagradables e irresolubles en el primer trimestre de 2021, cuando corresponde liquidar la obligación devengada en este largo y cruento invierno fiscal en el que nos adentramos hoy.

Cada uno en su propia medida debe diagnosticar el estado actual de sus obligaciones, y revisar sus relaciones comerciales y financieras con clientes y proveedores, tanto vinculados como independientes. Sus prácticas, que pudieron haber sido apropiadas al sistema tributario que hemos dejado a nuestras espaldas en 2019, deben revisarse, readecuarse y alinearse para evitar caer en el incumplimiento de una maraña normativa, que va desde normas comprensibles por el propio contribuyente hasta regulaciones que, en virtud de su complejidad, hacen que hasta los especialistas más connotados tengan que enfrentar con especial cuidado sus consejos para sus clientes.

Haremos un barrido temático de las novedades introducidas por la Ley 9635 a la vieja Ley del Impuesto sobre la Renta, que se resiste a un “resting” completo y sigue como quien no reconoce ni acepta su envejecimiento y en este la perdida de vigencia práctica. Deja un mosaico de notorias y disonantes cirugías estéticas, que estoy seguro todos notamos y nos preguntamos, por qué el legislador le sigue remendando la cara a una norma que se ve joven, pero con costos camina o recuerda su propio origen.

Costa Rica en su camino a la incorporación como miembro de la OCDE, adopta el marco inclusivo de las normas BEPS (base erosion profit shifting) y el legislador aprovecha la ley 9635, para dotar de normas sustantivas relacionadas con el impuesto sobre la renta.

La primera es, la nueva definición de establecimiento permanente, que retoma el concepto y lo alinea de manera completa a la acción 7 de ese complejo elemento de la fiscalidad internacional. De igual manera se redefinen los obligados a declarar en el artículo 2 de la Ley de Impuesto sobre la Renta: Toda entidad con o sin actividad está obligada a presentar sus declaraciones de renta, para que a través de esta norma que parece de mera forma y hasta un tanto sin sentido o interés fiscal, se dote de medios materiales para que la Administración Tributaria pueda patrullar prácticas de carácter nocivo en razón de la fiscalidad internacional, conforme la acción 5 de BEPS, así como la detección de prácticas de planificaciones fiscales agresivas, en concordancia con las guías que provee la acción 12 de BEPS.

Estas dos últimas normas descansan y apoyan los compromisos de transparencia fiscal internacional, que facilitan el intercambio automático y espontáneo desde Costa Rica al mundo y desde la mayoría de los países del mundo hacia Costa Rica, para controlar el patrimonio de los contribuyentes y detectar si el mismo ha sido debidamente declarado en la respectiva jurisdicción. Esto, junto a los valiosos elementos informativos que proveerá el registro de beneficiarios finales, brinda armas letales a las administraciones tributarias y aumenta los riesgos de detección y determinación de obligaciones tributarias hasta ahora ocultas; acabando con la era de la opacidad fiscal y societaria, para entrar en una de luces incandescentes de transparencia interna e internacional.

Si aun no ha hablado con su asesor fiscal respecto a la afectación de estos elementos de la fiscalidad internacional, sea que usted sea un exportador o importador de bienes o servicios, este es un buen día para empezar bien su año nuevo, después será tarde.

Todos los miembros de las cadenas directas o indirectas de valor añadido en el ámbito de la economía globalizada, estamos inmersos en esta compleja maraña de difícil digestión. Son pocos los especialistas que logran distinguir el impacto de todas estas normas, que si bien no versan sobre obligaciones de nuevos tributos, sí lo hacen sobre viejas manifestaciones que eran de orden neutro en términos fiscales y hoy provocan el riesgo de caer inclusive en prácticas fiscales de las que pueden surgir nuevas obligaciones.

En materia de gastos, la regla de subcapitalización o limitación de deducibilidad de gastos financieros netos es coherente con la acción 4 de las reglas BEPS. Consiste esta norma en no poder deducir mas carga financiera que el 30% del EBITDA, cuando la carga sea resultado de entidades no financieras, vinculadas o no, creando una norma de compensación de las cargas financieras no deducibles con requerimientos de cumplir deberes formales propios de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. Un tema que urge la emisión de un sistema de plan único de cuentas, con carácter urgente, para que al adentrase en esta espesa selva normativa al menos brinde halitos de esperanza a los agobiados contribuyentes.

La limitación de la deducción por donaciones a un máximo del 10% de la renta neta con las limitaciones de beneficiarios y con independencia de la efectiva cuantía de lo donado; y la regla de no deducción de gastos ocasionados con países considerados por la Administración Tributaria como paraísos fiscales es coherente con otra de las aristas de la acción 5 de BEPS. Tampoco serán considerados como gastos fiscalmente deducibles, aquellos que conlleven la condición de una asimetría híbrida, sea que, si el gasto es deducible en Costa Rica y no genera ingresos gravables en la otra jurisdicción, el mismo será tratado como no deducible en el país; esta compleja y sofisticada norma puede estar mas cerca suyo de lo que cree y deviene de la misma acción 2 de BEPS.

Si todo lo expuesto le suena extraño, complejo y casi esotérico o virtual, le comento que tiene razón, pero que eso no le exime de la aplicación a partir de hoy de estas reglas en su negocio. El mayor riesgo que corre como contribuyente es creer que estas normas de alta complejidad son solo aplicables a los conglomerados empresariales de gran tamaño y no a la “simpleza” o “pequeñez” de su empresa. Déjeme decirle que es altamente probable que esté equivocado y como dice un entrañable amigo catalán, aunque esto sea “matar moscas a cañonazos”, los que se encargarán de asegurarse del cumplimiento de esta normativa ni siquiera será la Administración local, sino un sinnúmero de cuerpos de inspectores sofisticados de la propia OCDE.

Es fundamental abrir los ojos a esta nueva realidad, entrar en un proceso de revisión experta, donde la mejor de las noticias ojalá sea que no le aplica nada de este complejo cuerpo de normas, pero recomendamos no hacer de cuenta que el tema no es con usted o con su empresa; de ser así puede caer en el riesgo análogo a la automedicación.


Artículo publicado en el periódico La República el 1 de octubre del 2019.

Avances significativos

El pasado 10 de setiembre en este espacio, bajo el título de “Trampa de osos”, alertamos el grave riesgo legal que implicaba la noticia que se había divulgado en días anteriores, en el sentido que el Ministerio de Hacienda pretendía en un corto plazo plantear a los contribuyentes la determinación de su obligación mensual del IVA; dejando al contribuyente solamente el camino del reclamo en caso de no estar de acuerdo con los valores determinados, invirtiendo el sistema de autodeterminación del as obligaciones tributarias en general y con ello provocando la grave consecuencia jurídica de la inversión de la carga de la prueba.

Destacamos en esa ocasión la transgresión a una serie de normas que custodian al sistema tributario costarricense respecto de la pretensión difundida en los medios en cabeza de Doña Alicia Avendaño, directora de Tecnologías de Información del Ministerio de Hacienda, quien atendió el pasado martes 24 una entrevista en el programa La Lupa, de CRC 89.1 radio, para referirse al tema. El resultado de tal entrevista fue lo que consideramos una valiente rectificación de parte de la señora Avendaño; un avance significativo en la dirección correcta, en el sentido de cambiar la errónea posición de la Administración en algo no solo más propio, sino que de valor efectivo para el contribuyente.

Se pasa de la pretensión de determinación de oficio a una mera propuesta no vinculante para apoyar a los contribuyentes en su declaración del IVA. Celebramos tanto el resultado, como haber sido instrumentales por este medio para tan trascendental cambio.

En la misma dirección de Tecnologías de la información de ese Ministerio, se anuncia, en la entrevista indicada y a través de otros medios de comunicación lo que sí es fundamental hacer en procura de optimizar los resultados esperados de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El anuncio del uso del “big data”, minería de bases de datos y la inteligencia artificial como medios para llevar cabo una mejor gestión, que aumente la detección temprana de incumplimientos, que en un sistema de IVA universal se convierten en grandes “bolsas de fraude.” Quienes hacen creer a los contribuyentes que están cumpliendo con su deber de contribuir, aumentan, como ya ocurre, su caudal de enriquecimiento particular a costa de los bolsillos de los contribuyentes y de los de las finanzas públicas. Un efecto indeseable de enriquecimiento ilícito que puede frenarse únicamente con controles más extensivos y estratégicos que puede brindar la minería de datos.

Y es que tocar los bolsillos de las finanzas públicas es tocar los bolsillos de todos nosotros, quienes contribuimos de acuerdo con nuestro mejor entendimiento jurídico y un gran sacrificio económico, en procura de un bien jurídico que inspira el deber constitucional de contribuir a las cargas públicas, siendo un despropósito tan nefasto y mezquino, como el enriquecimiento de unos pocos por su acción delictiva, tanto como por parte del pasivo consentimiento que se puede dar en una Administración Tributaria inoportuna, tolerante, permisiva y que no optimiza sus recursos de información, enriquecidos con el IVA y el sistema de facturación electrónica en su versión 4.3, ambos vigentes desde el pasado 1 de julio.

Celebramos la corrección de dirección hecha por el Ministerio de Hacienda hace una semana y consideramos que en el tanto se logre el combate del fraude se mitigaran las cargas.

Publicado en La República el 24 de setiembre del 2019

Incertidumbre

Estamos en el tercer mes de la moratoria general de intereses, multas y sanciones que se otorgó mediante Ley especial, para los primeros meses de vigencia de la ley del IVA. Desafortunadamente muchos contribuyentes desaprovecharon este período, confundiéndole con una especie de vacaciones fiscales. Esto, sin ser el propósito de la norma, ha sido un desafortunado efecto.

Este mes de setiembre, es el último de ese trimestre especial y veremos qué efectos se empiezan a dar a partir del mes de octubre en materia de gestión tributaria. Luego de una moratoria que, para quienes cumplimos con nuestros deberes, no ha dejado de ser un agravio comparativo en el mercado, respecto de aquellos agentes económicos que, por la norma especial o el concurrente deporte de evadir los impuestos, han generado el mercado de “sin IVA”, sin consecuencia alguna.

Es fundamental para la salud de las finanzas públicas del país llevar a cabo al inicio de entrada plena en vigor de la norma, la campaña de una gestión tributaria celosa, que evite que esta distorsión sea un disuasor del cumplimiento y que más bien, cumplir sea un aliciente competitivo para quienes hacemos bien las cosas.

El mes de setiembre también es el del cierre tradicional del impuesto sobre la renta en su último periodo ordinario. Esta fecha proviene de nuestra tradición cafetalera, que es la génesis de nuestro impuesto sobre la renta; recién modificado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Es un asunto realmente irresponsable, risible y sorprendente, que, a hoy, faltando menos de dos semanas para dicho cierre, no contemos aún con un formulario que represente la forma en que los contribuyentes vamos a autodeterminar y liquidar nuestro impuesto sobre la renta de 2019. Este formulario, es para todos los contribuyentes un misterio sin resolver, en particular por el agua de dos vertientes que confluyen en este periodo: las normas de la “vieja ley” vigente nueve meses y la “nueva ley” vigente los últimos tres.

Son de especial atención las rentas que estuvieron gravadas de manera general hasta el 30 de junio pasado y las que, a martillazos, se han venido gravando por las normas de rentas de capital inmobiliario, capital mobiliario y ganancias y pérdidas de capital.

Este juego de “gallo tapado” que ha destacado a un Ministerio de Hacienda desordenado, desconsiderado, caótico y errático en su actuar, tiene en particular a los buenos contribuyentes en vilo.

La improvisación como estilo de gestión tributaria, la amorfa y mutante masa normativa, ha caracterizado la entrada en vigor de las nuevas regulaciones. Nos da la extraña sensación que Hacienda, no se creía a si misma, que iba a lograr la aprobación de esta ley, que ella misma es la primera gran sorprendida y que a esto responde simplemente de esta forma invertebrada.

Recordemos que venimos de un sistema donde los servicios, en especial los de los contadores, eran unos de orden muy accesorio y anual para la mayor parte de los contribuyentes; que son ahora múltiplos resultantes de la universalización del IVA y los controles que genera por si misma la facturación electrónica.

Los contadores, personajes de temporada que aparecían por estas épocas para la declaración de renta, estamos en particular, imbuidos hoy en el mar de incertidumbre del “¿cómo?” con el que los contribuyentes inquietos – los buenos contribuyentes – nos abruman, sin tener claridad aún ante la gestión de la Administracion Tributaria de las respuestas inequívocas a tan fundamentales preguntas.

Reitero, el problema lo plantean los buenos contribuyentes. A los evasores les da lo mismo evadir la ley vieja que la nueva, para ellos solo estrenan norma por evadir, pero no comporta carga alguna de cumplimento.

Es un buen momento para que como país nos planteemos si es que no se debe también, hacer una reforma integral de la anacrónica institución de la Administracion Tributaria, que no termina de aclararse a sí misma y ahí donde interviene, en lugar de aclarar confunde. Es quizá el momento de levantar la voz de los costarricenses responsables, no perfectos, para exigir normas de calidad coherentes a las exigencias crecientes de la nueva normativa.

Es un buen momento para plantear una nueva reforma, integral, tan urgente o más que la misma reforma fiscal que hoy lija los bolsillos de los costarricenses. Es momento de lijar la calidad de los funcionarios en manos de quienes ha caído la responsabilidad de administrar este arsenal jurídico, con un evidente primer trimestre, que, si esto fuera un partido de fútbol, habríamos de haber agotado ya los cambios en un funcionariado con astenia, inerte ante la norma y sin visos de cambio.

Lo que ha ocurrido en términos de fútbol es que ha ascendido un equipo de tercera división a la primera división. A la vez hemos cambiado de liga, al tener unas exigencias, que ni la propia Administración conoce en su fundamento. Temas de gran trascendencia, han cambiado fundamentalmente desde la raíz el sistema tributario del país, con los odres viejos, el vino nuevo de la normativa se desparramará.

Luego se hará lo que es predecible, es decir, que la reforma no es suficiente para solventar el problema craso de la incompetencia de la Administración, ya por conocimiento o por oportunidad y en la mayor parte de las veces por una evidente combinación de ambas que se denota en la administración por improvisación. La consecuencia previsible: aumento en tarifas de impuestos o echar la culpa de nuevo a los empresarios, sin hacer introspección alguna por parte de Tributación, que hace rato no pasa un examen de solvencia.

No en vano cuando hace 19 años se discutía la norma que dio origen al vertiginoso cambio de nuestro sistema tributario, los enemigos más importantes del proyecto estaban en la propia Administración. Desde entonces se planteaba la necesaria modernización de esta unidad del Ministerio de Hacienda, creando como se proponía una Agencia Tributaria moderna, con una carrera acreditada de funcionarios por idoneidad y no por antigüedad, para que se hiciera viable aquello que ya advertía el autor Musgrave y Musgrave, que “el sistema tributario vale lo que valga la Administración en aplicarlo”. Planteo la pregunta retórica: ¿Cuánto vale nuestro sistema tributario hoy?

Que el silencio no sea la respuesta, exijamos la acción pues nos tocara pagar muy caro si hoy consentimos que esta pieza clave del engranaje sea la única rueda cuadrada de este vehículo jurídico tributario que recientemente hemos modernizado.


Publicado en La República el 17 de setiembre de 2019