Category Archives: Reforma Fiscal

Con y sin sentido

Con y sin sentido

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las buenas intenciones en muchas ocasiones son el buen inicio para un sinsentido. Olvidan, por la falacia de la composición, que lo que es bueno para la parte, no necesariamente es bueno para el todo en su conjunto. Algunos han ensamblado el decir que, de buenas intenciones está adornado el camino al infierno; siendo esta la manera popular de describir lo antes dicho.

Hay una diversidad de iniciativas legislativas en discusión en este momento que, en principio de buena fe, pretenden ayudar a palear la dura situación económica que se deriva de la pandemia sanitaria, que azota de manera inmisericorde el mundo, con un movimiento que se cierne hoy sobre América, como continente, sin dejar a Costa Rica exenta de esta cobertura, con una importante pérdida en el terreno ganado, que se avizoraba cuando se contrastan las relajaciones de medidas con las del resto de los países del orbe.

Las iniciativas que revisaremos tienen dos tendencias: Una fiscal y otra de inyección de recursos a la economía. Aspecto que indudablemente tiene efectos diversos en lo que, como país, debemos buscar, así como efectos secundarios que se pueden derivar.

El expediente número 21.444 pretende una mal llamada moratoria, que en realidad en términos propios es una exención temporal del impuesto de valor agregado a las siguientes actividades:

“a) Los arrendamientos de inmuebles destinados a viviendas, así como los garajes y anexos accesorios a las viviendas y el menaje de casa.

b) Los arrendamientos de locales comerciales.

c) El suministro de energía eléctrica residencial.

d) La venta o la entrega de agua residencial.

e) Las ventas, así como las importaciones o internacionales, de los bienes agropecuarios incluidos en la canasta básica, como las transacciones de semovientes vivos, la maquinaria, el equipo, las materias primas, los servicios e insumos necesarios, en toda la cadena de producción, y hasta su puesta a disposición del consumidor final.

f) Las ventas, así como las importaciones o internaciones, de los artículos definidos en la canasta básica, incluyendo la maquinaria, el equipo, los servicios e insumos necesarios para su producción, y hasta su puesta a disposición del consumidor final.”

Si estamos en la lectura sin análisis, hasta aplaudiríamos la iniciativa, ya que la propuesta da un alivio del impuesto a las actividades dichas por un plazo de seis meses.

La siguiente iniciativa procura, bajo el expediente 21963, exenciones – algunas redundantes con el expediente anterior – que se extenderían hasta la reactivación económica en vez de por un plazo definido. El proyecto atiende aspectos redundantes en exenciones de: electricidad, agua en diversos consumos, alquileres de PYME, entre otros.

Este proyecto tiene la condición agravada cuando se compara con el anterior, que modifica la norma misma del IVA en su artículo 8 de exenciones; haciendo a esta norma una norma permanente, aunque su intención y predicado sean temporales. De nuevo, el diablo está en los detalles y se requeriría de una nueva norma legal para eliminar o acabar con esta norma “temporal.” Una diabólica condición de dejar en forma permanente y de incierta corrección en el futuro indeterminado.

Por otra parte en el expediente 21.934 se promueve una iniciativa de orden expresamente sectorial que afectaría, de aprobarse, a los servicios vinculados al turismo. Estos servicios se iniciaron a gravar en la primera escala de sujeción al 4% el pasado 1 de julio. El proyecto pretende que el transitorio que regula la entrada en vigor creciente del impuesto de valor agregado, se lea de la siguiente manera:

“TRANSITORIO IX- Los servicios turísticos prestados por quienes se encuentren debidamente inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) estarán exentos del impuesto sobre el valor agregado durante los dos primeros años de vigencia de la presente ley.

Asimismo, estarán sujetos a una tarifa reducida del cuatro por ciento (4%) durante el tercer año de vigencia de esta ley, y a una tarifa reducida del ocho por ciento (8%) durante el cuarto año de vigencia de esta ley. A partir del quinto año de vigencia de esta ley estarán sujetos a la tarifa general del impuesto sobre el valor agregado.”

Tienen en común los tres proyectos anteriores echar mano a la nueva norma del IVA, cuyo cumpleaños primero recién se cumplió el pasado 1 de julio. Desconocen los proponentes que esto erosiona las ya decrépitas cifras de la recaudación tributaria, de por sí alicaídas por el reciente “Alivio fiscal” que no será sino el dolor de parte de la Hacienda Pública que acumula un déficit oficial cercano al 10%.

Podemos esperar que ese déficit sea mucho peor por la caída de la actividad económica real, la producción de bienes y servicios que no se estimula por tocar el impuesto de valor agregado, al que, siendo el juguete nuevo de unos y otros, de alguna forma, la “ramera del momento”, todos han tratado de meter mano y lo han logrado, sin resistencia de la norma, que ha sido facilona, simplemente para hacer la ficción de la reactivación.

El IVA requiere de transacciones para ser sujetas al impuesto. Esto no se logra prostituyendo aún más la trastocada norma. La política económica no puede depender exclusivamente de la eliminación a pocos de los tributos, como se propone, aunque sea de forma parcial o temporal. Debemos entrar en conciencia, la pandemia económica que enfrentamos debe ser atendida de manera resuelta, tanto como la sanitaria.

La COVID 19 mata, la otra mata la creación de la actividad económica, destruye la dignidad misma del ser humano: su derecho al trabajo en condiciones adecuadas en lo económico y lo social, de lo que ha dependido siempre la paz social.

La crisis económica que debemos enfrentar requiere de esfuerzos muy distintos a seguir poniendo parches de apariencia, aunque su intención sea buena, su efecto es nefasto.

Otro proyecto que se encuentra en la corriente legislativa es el que corre su suerte bajo el expediente 21.967. El único que de forma limitada, pero adecuadamente direccionada supera la visión de que es el Estado el que debe hacer por medios de ayuda que demeritan y desmejoran las condiciones de la empresa, el emprendedor y el empresario.

Este expediente apunta a la dirección correcta: La inyección, repito tímida y limitada, de recursos frescos a la economía para la activación de la misma. Mediante una modalidad de emisión monetaria que debe hacer el Banco Central de Costa Rica, el cual usaría las estructuras de los bancos comerciales – pero fuera de los recursos de libre administración de éstos – para conducir la elegibilidad y cumplimiento de requisitos del crédito de corto plazo, así como su cobranza.

Los créditos que en estas condiciones se establezcan se deben colocar a la mayor celeridad. Serían créditos sin intereses, a un plazo máximo de tres años. Su valor es equivalente a tres meses de planillas, cargas sociales y gastos financieros de otras operaciones que el sujeto de este beneficio tenga a la fecha de la operación.

Para ser elegible, las condiciones son no haber reducido la planilla o de inmediato reestablecerla por niveles equivalentes al 75% de la misma previo a la reducción de ésta; así como ser o inscribirse como contribuyente en el sistema tributario general, no el régimen simplificado y estar al día o tener arreglos de pago con la seguridad social, o bien, regularizar esta situación también.

Las virtudes de este proyecto son diversas. Por una parte promueve la formalización de los informales, la eliminación del disfraz de formalidad conocida como régimen simplificado, el fomento del empleo y las consecuencias virtuosas que este genera. No excluye por tamaño de empresa, solo a través de condiciones objetivas, lo que permite una accesibilidad universal.

Fomenta la preservación o reconstrucción del empleo formal, así como la estimulación de las capacidades de consumo de esos empleos nuevos o reestablecidos. Ataca uno de los efectos más nefastos de la pandemia económica, que es una tasa de desempleo que puede estar acercándose de manera acelerada al 20% de los nacionales, si creemos en los datos de solicitud de bonos proteger que llega al millón de solicitudes. Más del 20% de la población económicamente activa indudablemente.

A la banca comercial se le pone una retribución por sus servicios de gestión y colocación. Un aliciente para acelerar la colocación, que se compone de una comisión estructurada de la siguiente manera:

a) Primer mes: 2% sobre el monto de los préstamos colocados

b) Segundo mes: 1,5% sobre el monto de los préstamos colocados

c) Tercer mes: 1% sobre el monto de los prestamos colocados

Esto pone exigencia de acción a la banca comercial del Estado. Parte de las condiciones de otorgamiento de crédito, según el proyecto, es que los indicadores financieros de la banca no serán afectados. La administración de los fondos será a través de sus unidades fiduciarias y una vez que lleguen los pagos de parte de los potenciales deudores, el dinero se “des-emite”; es decir, se saca de circulación y se devuelve al Banco Central para evitar efectos sistémicos en la economía.

El monto máximo de la emisión para este propósito es equivalente al 5% del PIB de 2019, lo que garantiza a la vez que la interrelación con otras variables no deseadas de posibles efectos cambiarios e inflacionarios, cuente con un tope de garantía, para que unos y otros, lo aprueben de manera expedita.

¿Qué nos gustaría ver sobre este proyecto?

Primero, que se le dé vía rápida. Esto quema las manos todos los días que pasan sin estímulo. Así mismo, que sea más ambicioso, cuando vemos la capacidad de otros países de nuestro nuevo club de ricos – la OCDE – haciendo inyecciones de estímulos de billones de unidades de moneda fuerte, es indudable que, aunque sus modalidades sean de entregas sin repago, no tenemos dichas capacidades, ni es culturalmente apropiado fomentarlas.

A la vez, una de las características que nos parece fundamental ambicionar es la de la condición revolutiva del programa, con topes de 5% por semestre y no por programa total, por un tiempo limitado a la duración de la pandemia económica y financiera que nos agobia. Esto debe definirse en términos objetivos en el año en que crezcamos en términos reales de manera sostenida, al menos por dos ciclos anuales en términos reales, por encima de la tasa de posible inflación.

Por el momento en que se encuentra este proyecto – aún en comisión – es un buen tiempo para que se le incorporen medidas de esta naturaleza.

Hay que actuar rápido, es un proyecto que, de aprobarse en tres meses, es absolutamente extemporáneo. Hay que tomar decisiones a riesgo de equivocarse, tampoco debemos tener miedo a los errores, pues ya los hemos cometido en el pasado y no dejaremos de hacer – aunque nos lo propusiéramos – en el futuro. Debemos apostar por el país y sus creadores de riqueza y empleo, que ambos fomentan el cimiento de la capacidad de seguir adelante en la tarea de reconstrucción de la economía.

A la vez, que se mantengan las condiciones de garantía en meras garantías fiduciarias, sea el aval de la empresa y sus socios, lo que crea escrúpulos que distinguirá entre los que necesitan y los improvisados y oportunistas; enfocando los fondos en quienes estén efectivamente comprometidos en reconstruir país.

Son las iniciativas que tiendan a esta dirección de orden múltiple, empleo, producción, formalidad, las que vemos como sustentables. La política fiscal de alivio solo aplica cuando hay actividad económica, es poco o nada lo que aporta diferir la entrada en vigor del IVA un sector como el turismo, que experimenta por primera vez una temporada cero.

Publicado en La República el martes 14 julio, 2020

 

Mucho más que un año de vigencia: El ciclo de vida del IVA

Mucho más que un año de vigencia: El ciclo de vida del IVA

 

En toda creación hay un ciclo de vida. La norma del IVA, al cumplir un año de su entrada en vigor, junto con el resto de las normas de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no se exime del paso del tiempo y de su propio ciclo vital.

Al igual que en la vida de las personas, las afectaciones inherentes al ciclo vital son endógenas – es decir, propias – o exógenas – ajenas. Esta norma, ha tenido de todas ellas. Es un cuerpo vital, sometido desde su larga gestación de 20 años, más larga imposible, hasta su parto en diciembre de 2018. Amenazada por detractores diversos, con disfraces que van desde los sinceros detractores frontales de la norma hasta sus propios custodios. Este es el ambiente en que sale de cuidados postparto a la vida el pasado 1 de julio de 2019.

Las nodrizas que debían cuidar la norma le han intentado envenenar desde que custodiaban a la madre, en el proceso legislativo, con acciones concretas y diversas e inacciones que, si no lograron dejar en las entrañas de la norma, no tuvieron reparo de hacerle evidentes escisiones para que su destino fuese la pérdida vital de capacidad recaudatoria del impuesto a través del reglamento.

Lo venimos denunciando de este a oeste y de norte a sur, desde hace más de un año de promulgación del ilegal reglamento.

En este ciclo vital hemos creído ver de todo, pero hoy, queremos advertir a los lectores, contribuyentes todos, ya sea en condición de contribuyentes económicos – quienes pagamos efectivamente el impuesto por razones de consumo o uso de bienes o servicios en el territorio nacional – o bajo condición de ser responsables contribuyentes jurídicos – quienes somos instrumentos de recaudación y liquidación de una compleja obligación mensual – sobre diversos aspectos a tener en cuenta en tan particular cumpleaños.

El reto ampliado para el que actúa como contribuyente jurídico es el de cumplir con la responsabilidad de aplicar la norma. Hacerlo requiere de precisión interpretativa amplia, así como el seguimiento a pie juntillas, de los múltiples ribetes que salen en adición de la norma viviente o agonizante en manos de la Administración Tributaria. La responsabilidad no se acaba con la etapa de liquidación mensual que debemos hacer, sino que es extensiva a dos fases más, una de las cuales ya hemos superado y de la otra debemos mantenernos alerta.

Esos dos momentos adicionales son: el de la liquidación anual de la proporcionalidad y el de las fiscalizaciones.

En relación con la liquidación de la proporcionalidad hay cuestiones aún focales de riesgo, tales como si hicimos o no deducciones conforme ley o conforme la norma reglamentaria; o, por el contrario, si del menú lo que escogimos por ahí fue alguna de las otras y diversas normas infra legales.

Esto comportar en sí retos por definir, aunque también hay quienes al mero estilo del vaquero, se han hecho respecto de la liquidación de proporcionalidad anual, como quien no es con ellos, cuando el riesgo será solo materializado en procesos de fiscalización a los que aludiremos más adelante.

Por otra parte, estamos a la puerta de entrada del sistema de CABYS, por sus siglas al Catálogo de Bienes y Servicios. Un listado elaborado por el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda; donde se asigna un número o código a cada uno de los bienes y servicios que se comercializan en el país. A partir del próximo 1 de diciembre, toda factura electrónica deberá seguir por servicio o producto la codificación en este sistema uniforme en el que todos debemos facturar.

Todos estos bienes o servicios debidamente codificados se encuentran precalificados en torno a su situación general respecto de la sujeción al Impuesto al Valor Agregado. El CABYS determina previamente que un producto puede estar: Exento, gravado a la tarifa general del 13% y gravado a una tarifa diferenciada o reducida. Este catálogo puede ser accedido en la página web del Banco Central de Costa Rica.

La implementación del CABYS implica una labor de preparación en la que todos los contribuyentes nos debemos estar avocados a resolver. Puede llegar a ser muy envolvente en materia de tiempo e indudablemente, debe haber medios de capacitación interna para que en lo operativo podamos manejar el asunto relacionado con la clasificación de manera adecuada, sino se hace más tendente el riesgo humano, la errónea codificación que conlleva riesgos susceptibles de sanción de multa y rechazo de las facturas en el sistema de validación del Ministerio de Hacienda.

A partir del 1 de diciembre de 2020 todos los contribuyentes que estén obligados a emitir facturas electrónicas – sea todos menos los de transición y los de régimen simplificado excepto que se lo soliciten sus clientes, con lo que no se eximen del uso de este sistema- deberán indicar en cada línea de producto el código CABYS correspondiente.

El campo asignado en la factura electrónica para incorporar dicha información es el denominado: “Código de Producto/Servicio”. El Ministerio de Hacienda podrá rechazar la emisión de la factura electrónica cuando no se ingrese dicho código o cuando se ingrese de forma errónea. De momento, la información que ha publicado el Ministerio de Hacienda indica que en caso de que en el catálogo de bienes y servicios no se encuentre alguno en específico; se recomienda: utilizar sinónimos, recurrir a los niveles jerárquicos o contactar directo al Banco Central de Costa Rica. Esto es una engorrosa tarea que debe estar programada en cada empresa con anticipación, para que, con sincronización musical, la melodía suene a partir de 1 de diciembre. ¡Vaya fecha rebuscada!

Para algunos contribuyentes, ajustar sus sistemas para la inclusión del código CABYS en cada producto, será un trabajo denso y largo. Es importante identificar las necesidades que se tienen en cada caso e iniciar el proceso de implementación de dicha normativa lo más pronto posible, con el objetivo de entrar a pruebas a la brevedad para luego poner en producción para entrenamiento, el cual debe ser exhaustivo ya que ahí, en la última línea de riesgo probable, está la fuente misma de la data y es donde, puede estar iniciando un efecto irreparable de errores significativos.

¿Qué valor utilitario tiene CABYS a la Administración Tributaria? Hay al menos dos que veremos en el mediano plazo: por un lado, para el sector importador, el control ahora uniforme y sistemático, casi sin intervención humana, de las entradas de productos mediante los DUA de importación y las cantidades de bienes que se venden, siendo un medio sencillo de detección de irregularidades en liquidaciones aduaneras por código, así como los de ventas por factura electrónica.

Esto dará mediante la minería de datos y la robótica, medios de control fiscal más eficaces en el transcurrir del tiempo.

También, con las bases de datos de comparabilidad interna que toda esta información sistematizada genera, se pueden depurar y crear verdaderos indicadores sectoriales de rendimientos en las áreas no solo de bienes, sino de actividades de servicios. Sirve a la detección automática de los indicios de la informalidad, que formule estrategias de fiscalización tocante a estas betas de no tributación que han sido de manera permanente el flagelo de los que sí tributamos formalmente.

Las fases siguientes en el ciclo de vida del IVA, no serán menos escabrosas con el marco de referencia que hemos venido planteando en nuestro artículo de la semana anterior y este. Lo que hay es un buen caldo de cultivo para la fase de fiscalización en arenas movedizas. Esto como resultado de la inseguridad jurídica a la que nos enfrentamos, e inclusive el nivel de hambre de recursos que tendrá Tributación después de su tiempo de ayuno. En términos lógicos, deberán venir al mercado a comer con hambre vieja, lo que debe tomar a los contribuyentes prevenidos y no viendo para otro lado.

La forma de prevenir es conociendo la condición propia, determinando con una parte independiente, a nivel de diagnóstico tributario, la prueba ácida de la posible fiscalización. Cuídese en el proceso de selección de quién, y con quién va a efectuar este proceso. Hay poco conocimiento real en el mercado y mucho mercadeo carente de contenido.

Vaya a la segura o mejor no haga nada. Ya se dará cuenta de su condición cuando le fiscalicen, pero no lo deje para entonces, tampoco contrate a quien le susurre al oído lo que quiere escuchar, para eso, mejor no se desgaste.

Debe estar dispuesto a aprovechar las ventajas de la acidez y objetividad del tercero, esto le permitirá hacer decisiones informadas dentro de las que está, la valoración de las opciones de aprovechar, en el momento oportuno, la reducción de las contingencias detectadas con aprovechamiento de las ventajas de las rectificaciones voluntarias.

Recuerde que quien, de manera espontánea, aunque extemporánea rectifica sus declaraciones, solo debe pagar la diferencia autodeterminada y los intereses respectivos. Como sanción tiene una minimización de las consecuencias, pagando el 1% mensual de mora con un tope del 20% máximo. Muchísimo más favorable que las onerosas multas del articulo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que van de un mínimo del 50% hasta el 150% de la obligación determinada en fase de inspección o fiscalización.

Los números son elocuentes, la detección temprana, acción voluntaria y oportuna, son claramente del sistema de autoliquidación, que en efecto paga cualquier inversión en asesoría de calidad en esta materia. No se prive de estos ahorros significativos ante el riesgo incrementado por la precaria condición de las finanzas del país.

Publicado en La República el martes 30 junio, 2020

 

¿Qué va a pasar con el alivio fiscal?

¿Qué va a pasar con el alivio fiscal?

 
Muchos nos acogimos a la ley de Alivio Fiscal ante el COVID-19 que permitía el diferimiento de los impuestos selectivos de consumo, aranceles e IVA para los meses de abril, mayo y junio.

Quienes optamos por acogernos no hemos tenido que – para acceder a este derecho – cumplir con más trámite que el debido cumplimiento de las obligaciones formales, donde la presentación con dispensa de pago no acarrea ni sanciones ni intereses.

Esta moratoria tiene como fecha de pago, el próximo 31 de diciembre a más tardar. Su reglamento indica que, de querer el contribuyente acogerse a un plazo mayor que éste, debe gestionar una solicitud de arreglo de pago formal, ahora sí con intereses, aunque sin sanciones en el mes de octubre próximo.

El artículo 5 de la ley indica que se faculta al Poder Ejecutivo, mediante decreto, a extender por un mes más el plazo de la moratoria.

Además, el próximo pago a cuenta del impuesto sobre la renta, que vence el próximo 30 de junio, ha quedado eximido de pleno derecho, sin requerimiento de acción alguna de parte del contribuyente.

Ahí acaba el alivio. La cuestión es compleja… el alivio fiscal es a la condición financiera de los contribuyentes, lo que un analgésico es a un paciente que esta pronto a acabarse el efecto del remedio, pero al que aún no le detectan el mal que lo causa, por lo que, indudablemente, cuando el analgésico deje de hacer efecto, lo que vendrá será el dolor.

En este caso sí sabemos que el mal que causa el dolor es la severa recesión económica en la que venimos sumidos desde antes de Covid-19, pero que se agrava hoy por sus efectos.

Ahora bien, el dolor de entrada en el proceso de moratoria es diferente que el de la posible salida de ésta. Los contribuyentes recibimos el alivio en la etapa temprana de las consecuencias financieras de la pandemia sanitaria, pero hoy, estamos en la caída – aún a la libre – de la actividad económica general, estado que se agravó por el alargamiento, respecto de lo esperado de la pandemia de salud.

Ante los elementos recogidos en los párrafos anteriores debemos hacer varios llamados de atención a los diversos partícipes de la economía como un todo, para evitar que haya impagos crecientes y sin fundamento en las normas del ordenamiento jurídico.

En primera instancia, un llamado a los contribuyentes. Para este momento deben tener certeza de los efectos que en su flujo ha tenido al cierre del mes pasado esta moratoria. Debe ser consciente del adeudo tributario que ha acumulado por cada una de las posibles condiciones de aplazamiento legal de las obligaciones tributarias.

Debe contrastar el monto de esta deuda con su capacidad esperada de pago, la cual es evidente que es una incógnita muy grande. Recomendamos preparar un flujo de gastos y costos en su mínima expresión, con una estimación conservadora de ingresos, la cual debe ser muy realista a la luz de las condiciones actuales de su negocio y el mercado, tanto como las expectativas de la economía de su entorno empresarial.

Con base en las proyecciones aproximadas que surgen de la parte inicial, lleve a cabo el cálculo de su efectiva capacidad de pagar el monto acumulado de la deuda. Acompáñese por expertos, puede que la realidad que usted percibe desde el interno del negocio no tenga las perspectivas apropiadas del entorno y el panorama en la línea temporal para medir capacidad de pago.

No se quede hasta el final para la solicitud de un eventual arreglo de pago. Una vez que tenga la base del monto del posible arreglo que tenga que solicitar, evite las colas del mes de octubre. Actúe con antelación y valore la capacidad real de rendir garantías suficientes, conforme a la normativa aplicable a los fraccionamientos que aplica a estas obligaciones.

Es fundamental que la Administración Tributaria por su parte, sin desapegarse de la norma, tenga inteligencia de lograr buenos acuerdos con los contribuyentes, en contraste con rechazos de arreglos que le dejan en una condición litigiosa contra el contribuyente. Esta condición resulta de forma frecuente la estocada final para obligar el cierre de las puertas de su negocio.

El Poder Ejecutivo, entendiendo que la Ley de Alivio Fiscal se estableció bajo circunstancias que esperaban contar con una solución y reactivación de la economía para este momento o finales de este mes, – premisa que es evidente no se cumplirá – debería, por certeza jurídica de los contribuyentes, anunciar a la brevedad si accederá o no a la facultad otorgada en la misma Ley en el artículo 5. Extender por un mes más la moratoria, es decir incluir el mes de julio. Si bien esto no es ni de lejos una medida de reactivación económica, sí una de alivio, o alargue de la agónica condición del flujo de caja de los contribuyentes.

A la vez, de forma adelantada y entendiendo que la condición de rentabilidad de los contribuyentes será mayoritariamente deficitaria de forma general, es apropiado eximir el pago del parcial de renta de setiembre, a fin de evitar una abrumadora carga de documentación de parte de los contribuyentes y las administraciones tributarias que se verán abrumadas de solicitudes evitables por disposición proactiva de iniciativa del Ejecutivo, que requiere promover norma legal, lo cual siendo que lleva tiempo, es oportuno lo haga a la brevedad.

A pesar de que todas están son medidas de protección del flujo de los contribuyentes, lo que es cierto, es que no podemos perder de vista la urgencia que a la vez tendrá el fisco, en procura de recursos después de estos tres meses de sequía que ha generado la aplicación de la Ley de Alivio a la caja del Estado.

Para muestra de esta sed de recursos, solo veamos la actual condición de más de 40.000 contribuyentes con procesos de sanción iniciadas a partir del incumplimiento de sus deberes de declaración de beneficiarios finales.

No deja de preocupar también, la necesidad de acudir a procurar fondos incrementales a los organismos financieros internacionales, con propósito de poder generar un efecto shock de recursos en la economía que, conducida de manera apropiada, permite a los agentes económicos que generan riqueza real llegar a activar la economía real, generando en primera instancia, riesgo de continuar con cierre de empresas y destrucción del empleo, tan fundamental para la reactivación económica. Aspecto que no podemos perder de vista, pues esta es una materia que hemos venido arrastrando como malos estudiantes.

Como país requerimos restructurar nuestras condiciones de infraestructura, por lo que es apropiado la consecución de fondos para este fin. Sin embargo, todo esto contrasta con la carrera cada vez más agobiante contra el tiempo, el largo plazo se debe seguir añorando y construyendo, pero con la claridad absoluta de que éste solo llegará si propiciamos los puentes financieros necesarios para lograr que los actores de la economía lleguemos a aquel añorado largo plazo.

La pérdida de clasificación país por la indisciplina fiscal sostenida generó un obstáculo más en la condición de efectiva accesibilidad a estos indispensables recursos frescos. Una condición que requiere salirnos del esquema tradicional del manejo de las variables macroeconómicas y entrar en medios de orden creativo – tales como la venta urgente de instituciones que pueden ser aún atractivas para el sector privado, que hoy son de propiedad pública – ante una realidad cuyos antecedentes no cuentan con registro en la historia moderna. La Gran Depresión de los años 30 del siglo anterior, que se ha usado como contraste a la actual, se queda corta en forma especial, por las diferencias que conlleva la realidad de una economía más interrelacionada y global, donde iremos según las teorías del movimiento a la velocidad del más lento.

Esperamos que, así como nos es de evidente en materia de salud, que nuestro problema no solo es resultado de la gestión que todos hacemos en materia preventiva para controlar la pandemia, si no de lo que hagan o están dejando de hacer países vecinos, también tengamos igual claridad del entorno que nos rodea en lo económico y su efectiva incidencia en la generación de condiciones para la reactivación de lo que nos da de comer cada día.

Así como hemos hecho del slogan de salud, que saldremos solo juntos, también entendamos que igual lema aplica a lo económico. Debemos advertir la necesidad de la calidad de compañeros de camino, que requerimos para superar esta prueba de resistencia que, de golpe, se nos presenta y durará mucho más que la pandemia sanitaria.

Publicado por periódico La República, Martes 09 de junio 2020

 

¿Para adónde vamos?

Es una pregunta de difícil respuesta… En realidad, tomamos rumbo norte y de pronto, dimos un viro en reversa de forma acelerada al sur. El país ha perdido a un funcionario de probado quilate. Cuando se designó a don Rodrigo Chaves como ministro de Hacienda, no solo le felicitamos, sino que advertimos en este mismo medio, a lo que venía en un país con un gobierno de brújula cargada del magnetismo de la confusión.

El descontrol del discurso y la acción práctica nos ha llevado a diversos actores de la sociedad civil a sentirnos frente a una gran tomadura del pelo.

Es ridículo cómo nos creímos la mentira con la que apoyamos la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, bajo la promesa de una disciplina fiscal regulada por una vilipendiada “regla fiscal.” Ahora descubrimos que aplicable solo a una vaga mitad de los que voluntariamente se someten temporalmente a ella, para guardar las apariencias temporales.

Tenemos un gobierno con una cabeza que tiene sus órganos desconectados y descoordinados. Oye, pero no escucha. Habla, pero no comunica. Ve, pero obvia la realidad, y deja que cada uno en el ámbito del Poder Ejecutivo haga una mejor o peor imitación de su corroída disfunción, desde la cabeza misma de este Poder.

Tenemos un banquero central que le da miedo aumentar el circulante, función inherente a la banca central del país, pero no tiene empacho de alzar la voz para decir que hay que subir las tarifas del IVA del 13% actual al 15%. Una ausencia funcional que – de nuevo – solo imita la incoherencia de su presidente.

¡No es de recibo! Tenemos un país con urgencia de una inyección seria, con coraje, de dinero circulante, pero nuestro banquero central – al menos a nivel nominal – lleva su puesto en una disfunción, como quien no tiene tarea propia, y se mete en el patio de su vecino y colega del Banco Mundial, el entonces Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves.

Esto fue la penúltima gota que se aportaba al vaso lleno.

La ley que releva a las municipalidades de la opcional “regla fiscal” simplemente es la manera que, en concurso el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, llegaron a dar la estocada final.

No a Rodrigo Chaves, quien simplemente continuara su vida, sino a las valoraciones del compromiso efectivo que parecía haber asumido el país con los que le financiamos, con organismos internacionales y contribuyentes.

Nos dan a todos una doble bofetada en retribución a haber creído en su gran mentira. Han pateado a quienes financiamos la fiesta, que a manos llenas tiene este gobierno, de los recursos de todos como si estuviéramos en Jauja.

Recordemos el estado del entorno en el momento en que se discutía la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estábamos al borde del precipicio. Las calificadoras de riesgo, como parteras, estaban en la sala esperando el momento del parto de la norma, para mejorar la condición de riesgo calificado como agravado por la indisciplina fiscal y la carencia de recursos frescos. Le mentimos como país al mundo. ¡Qué pena me da! Fui participe de esta gran mentira y pido disculpas.

Disculpas a los contribuyentes que, de buena fe, pero sin buena gana – pues pagar impuestos no es placer ni siquiera de los más pervertidos masoquistas – y, en un acto de altruismo nacional, dimos el apoyo desde la academia, la empresa y los grupos de cámaras empresariales a la necesidad de contar con un IVA que según ley tenía potencial recaudatorio directo e indirecto.

Es decir, tanto el propio del impuesto indirecto como el de recabar información de gran valor para determinar cumplimiento en materia del impuesto sobre la renta. Que, a la vez, se modernizó de manera profunda, pero sin mucho concierto, de a callado.

Disculpas a la comunidad de organismos internacionales. Entre otros, El Banco Mundial del que era – es – funcionario el pateado exministro de Hacienda. También se les engañó en el compromiso de entrar en el camino de la seriedad del manejo de las finanzas públicas con diligencia, compromiso y rumbo de racionalidad.

¡Esto nos va a salir caro! Las calificadoras de riesgo verán con ojos distintos la próxima hoja de ruta, donde la “dulce revancha” viene empacada de reformas estructurales más drásticas e imperativas.

En la década de los 80, cuando el país rompe con el Club de París, que llevó a la debacle económica que nos costó décadas recuperarnos, fue un acto frontal, con agallas, estemos o no de acuerdo con lo hecho. No se entró en una posición de amañada mentira institucional, como la que hoy leemos en el par de años que ha manejado la Administración Alvarado Quesada. De manera rastrera se engañó, en lugar de enfrentar como lo hizo Carazo Odio en aquel entonces.

Retomar el camino de la reconstrucción económica nos hizo pasar por tres dolorosos programas de ajuste estructural. Nos puso en remojo económico y tensiones sociales por diez largos años, cuando aún las condiciones de la realidad política permitían poner de acuerdo, no sin dolor, costo y dificultad. Fue el comienzo del fin del bipartidismo manejable y contrastante con la sociedad de hoy, que en su conjunto y su manifestación atomizada en diversidad de partidos y diputados independientes hace que no se vea una clara respuesta a la pregunta que planteamos, de ¿Quo Vadis Costa Rica?

La ocurrencia del señor Cubero, quien propone subir el IVA del 13 al 15%, amerita que le dedique unas líneas, porque el mérito de la carencia de mérito, lo amerita.

Cualquier persona seria, que conozca mínimos de economía, así como todo aquel que goce del privilegio del sentido común, sabe que estamos en una profunda y aún no dimensionada recesión.

En una recesión – si queremos salir de ella – debemos estimular el consumo, claramente la ocurrente propuesta no va en esa dirección.

Desde el más básico consumidor dependiente de un ingreso fijo, hasta el mas docto de los economistas sabe que, subir un impuesto que recae sobre el consumo de bienes y servicios, reduce la cantidad que de estos puede consumir el conjunto de los agentes económicos. Como consecuencia se reduce la velocidad a la que la economía podrá salir de la profunda recesión en que nos han sumido el Covid-19 de manera inocente y la Administración Alvarado Quesada de manera absurda y desde antes que la pandemia fuera la cobija que abriga y disimula la falta de gestión sesuda de lo económico.

Antes de hablar de cambiar la tarifa al alza del impuesto, hay muchas cosas que se deben considerar de previo:

  • Hacer un reglamento de IVA que sea legal, eliminando el exceso de orificios que a la ley se le crearon, en el reglamento ilegal promovido por el Ejecutivo en sentido contrario a la Constitución Política. De esto da cuenta ya al menos una sentencia del Contencioso Administrativo.
  • Eliminar de una buena vez el disfraz de legalidad que da el régimen simplificado y la multiplicidad de distorsiones que provoca al sector formal la falsa formalidad que brinda este régimen y la forma que hace deficiente la recaudación y potencial recaudatorio del IVA y renta, así como la transparencia de origen de abundantes riquezas.
  • Eliminar de manera sensata las múltiples exenciones del artículo 8 de la Ley del IVA, así como sus ilegales encadenamientos otorgados por normas infra legales, incluyendo el reglamento, resoluciones y otras disposiciones de mera fuente de nueva normativa del Facebook de la Administración.

Al nuevo ministro de Hacienda don Elián Villegas, los mejores deseos. Tanto por él por su excelente gestión efectuada en su anterior institución, el Instituto Nacional de Seguros; como por que, al irle bien a él, nos iría bien a todos.

Sin ánimo pesimista, oírle hablar en sus primeras declaraciones me da pena por él. Parece estar desconectado a los acontecimientos de indisciplina fiscal que es liderada por el presidente mismo. Una contradicción respecto de su propósito de mantener la disciplina en materia del gasto público. Propósito que aplaudimos mucho, pero desconfiamos pues estará durmiendo con el enemigo, si no hay un cambio milagroso en la dirección y efectivo compromiso de acción del Poder Ejecutivo en la quebrantada “regla fiscal”.

Costa Rica, Patria mía, que pena me da no poder responderte con claridad y exactitud ¿para adónde vamos? o más aún ¿para adónde nos llevan?

Publicado en el periódico La República el 02 de junio del 2020

 

Soluciones y ocurrencias

Ahora tenemos más claras las características del problema económico que teníamos antes del COVID – 19 y aunque las consecuencias pandémicas en la economía continúan en proceso de definición, la realidad pre-COVID no debe escudarse en esta realidad posterior; más cuando las sus dimensiones efectivas aún están escribiéndose y empeorando.

Primera reflexión para rescatar: El mundo entero verá como consecuencia de Covid-19 una caída de sus niveles de producción y empleo, pero no todo el mundo partió de realidades económicas equivalentes. De igual manera que ese decrecimiento ocurra al colectivo, no se manifiesta de manera equitativa a todos los agentes de la economía, ni siquiera de manera proporcional.

Segunda reflexión clara: Costa Rica venía sumida en una profunda recesión desde hace muchos años, donde la más acelerada caída por supuesto la vemos ahora, pero que tiene cola desde junio de 2019, mucho antes que Covid-19 como pretexto y realidad saliera a la luz pública. Digo junio, por que desde entonces la administración Alvarado Quesada nos ha venido dando “atolillo con el dedo” en su acostumbrada y cada vez menos creíble estrategia de manejo de expectativa en divulgar milagros, sin contar con el “milagrero”.

Tercera reflexión: El tamaño, la profundidad y duración de las consecuencias de orden económico, de la realidad exacerbada por la pandemia sanitaria, simplemente dependerán de las medidas de reactivación que cada economía presente y, más que proyecte, ponga en acción de manera oportuna.

Cuarta reflexión: La reactivación económica debe ser diferente, pero acá se ha venido manejando de manera indistinta por moros y cristianos, a la solución de los efectos desatados y encendidos por la pandemia. Si la seguimos tratando de sanar por los síntomas, vamos indudablemente a errar. La reactivación económica es el conjunto de acciones sistemáticas y programáticas tendentes a solventar las causas y nunca los efectos de la caída de la producción.

Quinta reflexión: Costa Rica es un país poco competitivo por problemas estructurales, que no han sido atendidos desde hace décadas que vienen maquillándose. En este estornudo de Covid-19, simplemente se le está cayendo su añejo maquillaje multicapas, aportadas cada una de ellas, por las múltiples administraciones de Estado, que han pilotado la nave nacional antes y durante la actual administración.

Sexta reflexión: No hemos iniciado el camino de la reactivación económica. Los actos “magnánimos” hasta hoy legislados van en la línea del alivio del síntoma originado en el gran mal de nuestra economía, ser incapaz de gastar más que lo que es capaz de recolectar por medio de ingresos sanos al Estado. A la economía hay que meterle plata de verdad, estamos hablando de dotar de estímulos financieros de fondos no reembolsables producto de emisión. El banquero central debe despertar y apechugar, no es de recibo mantener entradas de dólares provenientes de, no se sabe dónde, que hagan del Colón costarricense la única moneda no devaluada del mundo. No le debe tener miedo a seguir cuidando el indicador de inflación que le asusta como el tigre debajo de la cama.

El Estado puede financiarse de tres formas fundamentales: mediante impuestos, deuda o donaciones. Estas últimas se han venido a más en los actos solidarios derivados de la pandemia de la Covid-19, pero no son por demás un medio normal y recurrente de vivir con el digno título de país en vías de desarrollo. Título que nos hemos enchufado en nuestro cerebro y nos hemos creído, por que es menos feo que el de subdesarrollados, o por que quienes dictan las medidas para esa clasificación, simplemente toman en cuenta algunas y no todas las variables de fondo de las economías.

Un país en vías de desarrollo es en contraste a uno subdesarrollado, aquel que va camino, es decir, con dirección a puerto de salida, de la condición de precarias variables económicas y sociales, con un paso sostenido y sostenible en el tiempo, para mejorar sus condiciones de competitividad. Es de la competitividad de donde se deriva el desarrollo, la capacidad de generar riqueza que produzca bienestar.

Que bien suena, pero entendámoslo… Una sociedad desarrollada es aquella que tiene o está, en proceso de construir en el mediano plazo condiciones de solvencia en sus variables mas críticas de orden fundamental.

Primero, un sector privado que cuente con las libertades de gestión que le permitan el cumplimiento de su triple misión: generar riqueza, empleo y contribuir a las cargas públicas en un sistema tributario equitativo y certero en lo jurídico; simple – ojo, no simplista – en el cumplimiento y que sea competitivo en lo horizontal de la comparación con las condiciones de los países de sus ares de influencia en el mercado.

Segundo, contar con un Estado que sea eficiente y eficaz en la función de asumir sus roles fundamentales de garantizar bienes o servicios no susceptibles de ser manejados de forma eficiente ni rentable por el sector privado.

Es decir, prestaciones tales como la sanidad universal en su acceso y accesibilidad, de la que hoy podemos dar cuenta al mundo con tanto orgullo. La seguridad ciudadana en todas sus caras, desde la seguridad física, la de tránsito, la jurídica, el acceso a la justicia pronta, cumplida y objetiva; esto alude a la justicia sin sesgos a favor o en contra de cargas ideológicas, o más aun exenta de corrupción.

Un Estado que pague salarios y prestaciones justas a sus servidores, siendo estricto y riguroso en el nivel de exigencia y propiciando el crecimiento de los funcionarios. Que abole, como se hizo con el ejército, la inamovilidad que es la fuente mayor tutela de la incompetencia y la corrupción del compadrazgo. Que, en ese concepto de justicia en la compensación de sus funcionarios, sea una justicia con métricas de gestión y competencia leal con el sector privado en materia laboral. Sin privilegios ni gollerías, adecuado a la realidad fiscal del Estado para sostener las cargas laborales.

Un Estado de función de regulación de la libre gestión de la armonía, entre las naturales contraposiciones y dicotomías entre desarrollo o ambiente, entre recursos naturales y su racional aprovechamiento, procurando que el estado de equilibrio se logre con la mínima intervención, como un padre que cuida sin sobreprotección ni descuido a sus hijos.

Un Estado que mantenga el acceso universal a la educación de forma cualitativa y cuantitativa. Que entienda que no basta con contar con aulas en el rincón más recóndito del país – que es motivo de orgullo nacional – pero ¿para qué aulas sin empleo? Hay que dar condiciones a la educación en lo cualitativo, orientar los programas y dotación de medios materiales, humanos y tecnológicos de equivalencia a los que se cuenta en las mejores instituciones educativas del sector privado. Modelar desde las bases una efectiva accesibilidad de los educandos a la inserción social. No apretarles como embutidos en el embudo social a ley de la selva en condiciones tan dispares. Una educación que atienda la función de formación para la vida, que incluya la capacidad orientativa de orden vocacional y con miras a la demanda de la empresa privada por personas capacitadas y capaces de ser competitivas y competentes.

Un Estado que, sabiendo que debe tener deudas, las adquiera con la certeza razonable de su capacidad de pagarlas y con el fruto del fomento de su buen uso. Endeudarse responsablemente conlleva a usar los recursos prestados para inversión en infraestructura, para dotar a la empresa privada de capacidades incrementadas de competitividad. Un estado de que valore el monto acumulado de sus compromisos de deuda mediante una planificación que trascienda a la Administración del gobernante de turno, que sea obediente a un proyecto país, que sea sustentable, evitando endeudarse para el pago de gastos corrientes.

Este debe ser un Estado delgado, pero bien alimentado. Con unos impuestos como fuentes principales de su financiamiento para sus gastos funcionales y de inversión, que fomenten la creación de la riqueza, entendiendo que su función es la de promotor y no de obstructor y mucho menos enemigo de la pagadora de sus recursos, que es la empresa privada.

Una empresa privada que cuente con un Estado amigable como el descrito, donde la natural contraposición de intereses no se exime, pero se pacta de forma transparente sin costos o agendas ocultas de parte y parte, indudablemente, será una empresa privada que tendría un marco de acción inicial para hablar de un plan de reactivación económica.

En esos términos, a las empresas privadas no les dolerá pagar impuestos justos, basados en su creación de riqueza, para que la función redistributiva del Estado sea ejecutada con la mira a la inserción de quienes no lo han logrado aun, pero evitando convertir el subsidio en la profesión u oficio del receptor, excepto en casos de orden natural.

Es necesario sintetizar todo lo anterior a ver si las autoridades de una buena vez entienden.

O reducen la ineptitud de gestión del Estado, cortando ya, no mañana, el tamaño, las funciones, las personas y las actitudes obstructivas y destructivas del clima de inversión, o el punto de partida de la reactivación económica no se puede siquiera plantear.

Costará y dolerá, pero la gangrena social que se viene alimentando con una empresa privada decreciente, desmotivada, con costos crecientes de operación resultantes de las evidentes falencias de infraestructura pública, dejará muy pronto al Estado solitario y habiendo matado la “gallina de los huevos de oro”.

Señores del Estado, esto es a todos los Poderes de éste. Ustedes han asumido el deber constitucional de defender los intereses de la patria. Hagan lo que se debe hacer de una buena vez. De otra forma, cada día que pasa está hundido en la historia y ésta se los cobrará.

La falta de valentía, sensatez y coraje que les vienen caracterizando solo avizora que la crisis no es de dos, sino de tres componentes: sanitaria, económica y de ineptitud en las autoridades, de todas ellas, la peor es la última.

Estoy seguro de que Costa Rica cuenta con un gran capital humano para salir adelante. Si ustedes no van a hacer nada, al menos no obstruyan el paso, pero tengan la responsabilidad de dejar hacer a quienes queremos construir un país que se dirija al norte del desarrollo y no al sur del populismo que les caracteriza su gestión.

Publicado en el periódico La República el 26 de mayo del 2020

El impacto de los ajustes por precios de transferencia en el IVA

Las empresas que conforman grupos económicos realizan usualmente ajustes a sus transacciones relacionadas por motivo de sus políticas de Precios de Transferencia. El presente artículo procura estudiar el impacto que estos ajustes realizados pueden tener a efectos del IVA.

De acuerdo con el Reglamento a la Ley de Impuesto sobre la Renta (Decreto N 18445-4), en su Título V, los grupos empresariales están obligados a documentar de una forma rigurosa sus políticas de Precios de Transferencia y a realizar ajustes en los valores de las operaciones realizadas en el seno del grupo con el fin de que las operaciones entre partes vinculadas se encuentren valoradas a precio de mercado.

Tradicionalmente se ha creído que Precios de Transferencia es un tema que guarda relación de forma exclusiva con los tributos directos, en el tanto la normativa que lo regula se encuentra ligada usualmente al impuesto sobre las utilidades. 

Sin embargo, no podemos olvidar que los ajustes que se realicen con motivo de cumplir con el Impuesto Sobre Renta consisten también en modificaciones a la base imponible del IVA, a un nivel transaccional, donde la valoración de esta base es la contraprestación según el principio de plena competencia. 

Surge entonces la interrogante de si ¿Los ajustes realizados como consecuencia de las políticas de precios de transferencia al final del período tendrían también incidencia en el IVA declarado durante los 12 meses del período -recordando que el periodo del IVA es mensual? Es decir, si la modificación o ajuste que se realiza en los precios para la afectación de la base imponible en el Impuesto Sobre la Renta implica también una modificación en materia del IVA, para las 12 declaraciones que componen el periodo fiscal de ISR. 

Son diversas las dificultades prácticas que los efectos de estos ajustes tienen en materia del IVA, siento este un impuesto sometido a una gran cantidad de obligaciones formales de declaración y reporte asociadas a un marco temporal definido, por lo que las implicaciones prácticas de cualquier tipo de ajuste que se deba hacer tiempo después de la realización de la operación suponen, sin duda, una complejidad para los contribuyentes a la hora de determinar el alcance y las consecuencias de esa interacción. 

Hay que recordar que el IVA es un impuesto de carácter mensual, donde, en caso de realizar un ajuste de precios de transferencia al final del periodo -momento normal para hacer estos ajustes-, se deberían de rectificar las declaraciones ya presentadas del IVA, lo que implicaría rectificar 12 declaraciones de IVA y pagar el ajuste tributario correspondiente. Lo anterior nos lleva concluir que, para efectos del IVA, el análisis de Precios de Transferencia debe ser prospectivo y no con el año vencido. 

Si las partes locales del grupo económico tienen todas derecho pleno de acreditación en el IVA, este ajuste realizado de forma prospectiva no tendrá costos tributarios incrementales para las partes. Sin embargo, ¿qué sucede cuando una de las partes tiene derechos limitados de crédito? ¿Qué efectivo de costo incremental, para el grupo, conlleva un ajuste de precios de transferencia en ese escenario?

En Grupo Camacho Internacional contamos con un servicio diseñado para estos efectos, el cuál inicia con una etapa de análisis de riesgos de su situación y recomendaciones concretas que usted debe realizar. Contáctenos y trabaje con nosotros la gestión de sus precios de transferencia, con un enfoque aplicado tanto en IVA, como en Renta. Reunámonos y escuche porque somos su mejor opción para trabajar este tema.

 

Esteban Hernández | Grupo Camacho Internacional

Precios de Transferencia y su relación con el tema de Royalty e IVA

El objetivo del presente articulo es informar al lector sobre los cambios que trae la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N° 9635), principalmente entre la vinculación de Precios de Transferencia y los pagos de Royalty[1], donde el principal cambio es la inclusión del Impuesto al Valor Agregado (en adelante “IVA”) en el pago de este tipo de servicios.

Es muy común encontrar en términos de Precios de Transferencia que existen empresas con transacciones de pagos de Royalty por el uso de una marca o la representación de esta en territorio costarricense. Los contribuyentes que tienen este tipo de gastos deben tener presente que, con la entrada en vigor del IVA, estas transacciones se encuentran sujetas.

Pero ¿con base en qué se afirma lo anterior?, tomando como referencia el artículo 4 de la ley 9635, en el cual se define los contribuyentes del impuesto, indica lo siguiente:

“Artículo 4-Contribuyentes (…)

En el caso de la compra de servicios o de bienes intangibles, cuyo prestador no se encuentre domiciliado en el territorio de la República, el contribuyente será el destinatario del servicio o el bien intangible, independientemente del lugar donde se esté ejecutando, siempre que sea a la vez contribuyente de este impuesto, conforme a los dispuesto en el párrafo primero de este artículo.”

El contribuyente se debe preguntar ¿Por qué debo pagar IVA por un Royalty que pago en el exterior? La respuesta se encuentra en el Artículo 1 de la misma Ley que establece que el impuesto es aplicable sobre la prestación de servicios, independientemente del medio por el que sean prestados, siempre que sean realizados en el territorio de la república. De acuerdo con lo expuesto, el pago realizado se considera consumo territorial.

Ahora bien, planteado lo anterior, lo que se debe entender explícitamente es que hay una inversión del sujeto pasivo, en palabras sencillas el contribuyente costarricense que recibe el servicio es responsable de pagar.

Con respecto al comprobante electronico, es necesario recalcar que según el artículo 12 bis del recientemente reformado Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la renta numeral 1, indica que para que todo gasto sea deducible debe tener un comprobante electronico.

En cuanto al tratamiento del IVA, se debe reportar en mi declaración mensual generando una cuenta por pagar con la Administración Tributaria, que se cancela al mes siguiente y se convierte en un débito, al momento que se paga se transforma en una cuenta por cobrar con la Administración Tributaria considerado como un crédito fiscal en el porcentaje que la empresa tenga derecho.

En las entidades que tienen acreditación plena del IVA terminan siendo un efecto cero, sin embargo, debe contabilizarse debidamente con base en el artículo 18, numeral 2 inciso a. de la Ley N° 9635. Por otro lado, para los contribuyentes que no tienen derecho a acreditarse el 100% deben tener el cuidado correspondiente para el cálculo de este ya que en algunos casos debe asumir parte del costo.

Todo esto es importante en términos de Precios de Transferencia, ya que generalmente las transacciones de Royalty caen en el ámbito de transacciones con partes relacionadas, ya sean por ser intragrupo o por una relación de exclusividad. Es por ello por lo que el contribuyente debe tener presente el tratamiento contable y las sanciones a las que se puede enfrentar al no cumplir con lo anteriormente descrito.

Es importante recordar que las transacciones de Royalty deberían de valorarse, para efectos de precios de transferencia, en la mayoría de los casos, bajo una metodología de análisis directo, siendo las más común el Precio Comparable No Controlado. La valoración de plena competencia es fundamental en la determinación de la base imponible para el IVA, por lo que si el contribuyente valora incorrectamente sus pagos de regalía, se ve expuesto a sanciones no solo en renta, sino también en el IVA, por cada periodo -mes- en el que realice la operación.

Grupo Camacho Internacional ha diseñado un servicio para revisar si las transacciones con partes relacionadas se han trabajado acorde a lo que dicta el principio de plena competencia, con un enfoque que permita validar el cumplimiento tanto en ISR como en IVA. Este servicio inicia con una etapa de análisis de riesgos de su situación y recomendaciones concretas que usted debe realizar. Contáctenos y trabaje con nosotros la gestión de sus Precios de Transferencia.

[1] Uso de marca o conocido como regalía


Por: Carol Cifuentes | Grupo Camacho Internacional

Transacciones financieras, deducibilidad, partes relacionadas y la Reforma Fiscal

Es una práctica muy común en las compañías que forman parte de un mismo grupo económico el uso de figuras o vehículos financieros con el fin de financiarse o por el contrario, utilizar los excesos de efectivo con los que cuentan para apoyar a partes vinculadas a poder fondear sus operaciones (cash pooling).

Es imprescindible establecer que para que estas operaciones entre vinculados se puedan encontrar en cumplimiento con los valores de mercado, las mismas deben venir acompañadas de una tasa de interés en concordancia con las características propias del financiamiento, considerando variables como capital, plazo y términos contractuales de la operación.

Sin embargo, contar con una tasa de interés intrínseca en la operación, no es el único elemento determinante para el cumplimiento con los criterios de plena competencia en materia de precios de transferencia establecidos en el Artículo 65 del Decreto Ejecutivo 18.445 en Costa Rica.

En este sentido, es donde entran en juego las normas o criterios internacionales de subcapitalización (thin capitalization), enmarcados en la Acción 4 del paquete de acciones BEPS (en inglés Base Erosión and Profit Shifting) sobre la limitación de la erosión de la base imponible por vía de deducciones de intereses y otros gastos financieros. De igual forma, de acuerdo con la entrada en vigor de la Ley para el Fortalecimiento en la Finanzas Publicas, Ley 9635 (“Ley 9635”), se establecen regulaciones locales para el control de la deducibilidad de los intereses provenientes de operaciones financieras entre vinculados económicos.

Así las cosas, la subcapitalización se refiere a la existencia de un desbalance comprobable entre el capital que posee la empresa y el nivel de endeudamiento pactado con un tercero o vinculado económico foráneo, en el que se pueda demostrar la existencia de financiamiento excesivo para así disminuir base imponible gravable en el país por la deducibilidad de intereses elevados.

Tal como se comentó, dentro la Ley 9635 se adiciona en el Titulo II, articulo 2, inciso diez, la limitación a la deducibilidad de los intereses no bancarios, donde se establece una deducibilidad máxima por gastos por intereses netos de un veinte por ciento (20%) de la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, por cada periodo impositivo.

Los gastos por intereses netos que superen el veinte por ciento (20%) permitido en el periodo fiscal, según esta disposición, podrán ser deducidos en los periodos impositivos sucesivos y hasta que se agote dicha diferencia, siempre y cuando se cumpla, en cada periodo impositivo, con el límite señalado. En estos casos, el contribuyente queda obligado a comprobar la veracidad y atinencia de estos gastos por intereses netos, tanto contable y documentalmente, cualquiera que sea el ejercicio en que se originaron e independientemente de la prescripción ordinaria de dicho periodo.

De igual forma, en el inciso ocho, se establece que, para las sociedades de responsabilidad limitada, serán considerados como dividendos o participaciones sociales, los intereses o gastos financieros pagados en favor de socios de la entidad.

 

Ejemplo práctico:

Sí una compañía tiene gastos por intereses por ¢15 millones y una utilidad EBITDA (en inglés Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) de ¢30 millones, lo máximo que podría deducir de dicha utilidad para aplicar el impuesto sobre la renta es ¢6 millones (20% sobre la utilidad EBITDA). Por lo tanto, pagaría sus tributos sobre ¢24 millones (si no existiesen otros gastos deducibles adicionales).

Anteriormente, previo la reforma, podría reducirse de la utilidad ¢15 millones pagados por intereses y pagar el tributo sobre ¢15 millones.

Es importante que las empresas que tengan operaciones de financiamientos recibidos con vinculados económicos y/o entidades no bancarias, puedan estar al tanto de los limites en la deducibilidad de los intereses y validar la viabilidad de mantener estas operaciones de cara a los nuevos lineamientos en materia fiscal local e internacional.

En Grupo Camacho Internacional contamos con un servicio diseñado para estos efectos, el cuál inicia con una evaluación actual de políticas financieras intragrupo, con el fin de poder emitir recomendaciones prospectivas para asegurar el cumplimiento normativo de su empresa. Contáctenos y trabaje con nosotros la gestión de sus precios de transferencia.

 

José Guerra | Grupo Camacho Internacional

El IVA y su impacto en Precios de Transferencia

Con la entrada en vigor de la Ley para el Fortalecimiento en la Finanzas Publicas, Ley
9635, los contribuyentes se enfrentan a nuevos retos para el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias. Estos retos traen consigo distintas consecuencias que pudiesen
no estarse evaluando de forma completa.

Uno de los temas que más toma relevancia, y en el cual no se ha profundizado en detalle,
corresponde a las implicaciones que trae el Impuesto al Valor Agregado (en adelante IVA)
en la gestión de su cumplimiento de Precios de Transferencia.

Inicialmente, debemos recordar que contar con el estudio de Precios de Transferencia es
una obligación anual para todos aquellos contribuyentes, del impuesto sobre renta, que
mantengan transacciones con partes relacionadas nacionales o del exterior, y que dichas
transacciones tengan un impacto al momento de la determinación de la base imponible.
(ver Artículo 65 del Decreto Ejecutivo 18.445). Hasta antes de la reforma fiscal, precios
de transferencia regulaba únicamente de forma expresa la base imponible del impuesto
sobre utilidades.

Con la entrada en vigor del IVA, se establece que la determinación de la base imponible
del IVA, en la venta intercompañía de bienes y servicios, debe cumplir con el principio de
plena competencia.

Lo anterior conlleva, en la mayoría de los casos, a profundizar el análisis de precios de
transferencia más allá del comúnmente utilizado método del margen neto, cuya aplicación
comúnmente se realiza en un análisis agrupado y global de la operación del
contribuyente.

Es necesario analizar si las metodologías utilizadas actualmente en sus estudios de
precios de transferencia son las más adecuadas para reflejar una valoración de plena
competencia por tipo de transacción, procurando que, ante una posible fiscalización,
puedan defender sus análisis realizados y de esta forma evitar ajustes por parte de la
Administración Tributaria tanto en la base imponible de ISR como en la de IVA.

Este sentido, es importante recalcar que, bajo la normativa actual, la aplicación de un
ajuste de Precios de Transferencia por parte de la Administración Tributaria conlleva
incrementos a la base imponible tanto en ISR como en IVA.

Por ejemplo, si se trata de una transacción que genera un ingreso al Contribuyente y se
determina que la venta generó un monto menor al valor de mercado (venta por debajo del
rango intercuartil), el ajuste que se debe aplicar es un aumento en los ingresos a efectos
tributarios. Esto conlleva corregir la base imponible a efectos de renta, y corregir las
últimas 12 declaraciones de IVA, en el caso donde el estudio de precios de transferencia
se realice hasta final del año.

Con base en lo descrito anteriormente, se hace necesario tener consideraciones
adicionales inherentes a la utilización metodologías que analizan transacciones
agrupadas, como el margen neto, a través de los resultados operativos de la entidad. Esto
porque si bien el resultado obtenido pudiese cumplir con las valoraciones de mercado a
efectos del impuesto sobre utilidades; al realizar un análisis de las transacciones de forma
individual, los resultados que se obtengan nos pueden llevar a determinar ajustes en
Precios de Transferencia y esto a su vez nos llevaría a un nuevo cálculo en el IVA.

De este modo, con la entrada en vigencia del IVA, es importante que todos los
contribuyentes realicen análisis preliminares en materia de Precios de Transferencia con
el objetivo de identificar aquellas transacciones que no cumplan con el principio de plena
competencia, o que hayan sido analizadas en el pasado de forma agrupada a través de
un margen neto. Al ser el IVA un impuesto con periodo mensual es fundamental ser
prospectivos en estos análisis y asegurar el debido cumplimiento previo a realizar la
venta, no al final del periodo fiscal.

En Grupo Camacho Internacional contamos con un servicio diseñado para estos efectos,
el cuál inicia con una etapa de análisis de riesgos de su situación y recomendaciones
concretas que usted debe realizar.

Contáctenos y trabaje con nosotros la gestión de sus precios de transferencia.

 

Artículo escrito en colaboración por: José Guerra y Carlos Solís


Inscríbase aquí en nuestra charla virtual gratuita:

Ley para el Fortalecimiento en las Finanzas Publicas y sus implicaciones en Precios de Transferencia

Fecha: Miércoles, 31 de julio de 2019

Hora: 9:00 am (Costa Rica)

 

Obligatoriedad de utilización de EXONET

La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, además de incluir grandes cambios
sustanciales, trae consigo una serie de obligaciones formales y administrativas. Ejemplo de
ello es que, en muchos de los casos para poder gozar de las exoneraciones establecidas en
la ley, se deberá realizar un proceso de inscripción y solicitud en el sistema “EXONET”.

Un primer aspecto que resaltar es que, el sistema “EXONET” no es nuevo, sino que se creó
desde el 2004, para registrar y realizar solicitudes de exoneraciones. A pesar de esto, su
aplicación estaba enfocada a pocos supuestos que regula el artículo 9 del decreto
ejecutivo número 31611-H. Dentro de estos supuestos se mencionan: Equipo médico,
Insumos agrícolas, Bomberos de Costa Rica, entre otros.

Por su parte, el “Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado”, en su
artículo 11, inciso 9, estableció también los casos en los que se debe realizar el proceso de
inscripción y solicitud, para ser beneficiario de la exoneración. Los supuestos establecidos
en dicha norma se pueden resumir de la siguiente manera: La Cruz Roja, El cuerpo de
Bomberos de Costa Rica, las micro y pequeñas empresas (así inscritas en el MEIC), las
micro y pequeñas empresas agrícolas (así inscritas en el MAG), los concesionarios o
permisionarios de transporte terrestre de personas o servicio de cabotaje de personas, la
EARTH, el INCAE, la Fundación Ayúdenos a Ayudar, Asociación Pro-Hospital Nacional de
Niños, Fundación para el Rescate y Protección del Patrimonio de la Casa Presidencial, la
Asociación Obras del Espíritu Santo, Federación Cruzada Nacional de Protección al
Anciano, las Asociaciones de Desarrollo Comunal, las Junta de Educación y Administrativas
de escuelas o colegios, las ASADAS, los importadores de algunos equipos médicos (por
ejemplo: sillas de ruedas, equipo ortopédico, entre otros) y contribuyentes registrados
como exportadores.

Otro aspecto esencial del artículo 11, inciso 9 del reglamento en cuestión, es que
establece de manera expresa en su último párrafo que: “Las exenciones indicadas en el
artículo 8 de la Ley y no contempladas en este apartado no requerirán de autorización
para su aplicación, debiendo respaldar sus operaciones mediante los comprobantes
electrónicos autorizados por la Administración Tributaria, así como en sus registros
contables.” De esta forma, quedan por fuera de la obligación mencionada, algunos casos
importantes, como es en lo que respecta a las empresas en Régimen de Zonas Francas,
quienes gozan de la exención sin necesidad del trámite respectivo.

Con esta regulación se puede decir que hay no solo una carga administrativa de quienes
deben inscribirse, sino también de quienes son proveedores de dichos beneficiarios.
Esto se debe especialmente a que, a la hora de facturar a un ente exento, el proveedor
debe de indicar en el comprobante electrónico los datos de la exoneración, que le permitan a la
Administración Tributaria conocer que fue dada de forma correcta, esto de conformidad
con las nuevas regulaciones de comprobantes electrónicos (versión 4.3). Esto implica
también, la necesidad de que si nuestra empresa es proveedora de alguno de los entes,
órganos o instituciones que requieren dicha autorización, se deba verificar por los medios
disponibles, por una parte, que se encuentre con la debidamente autorizado y, por otro
lado, que dicha autorización se encuentre vigente.

Por otra parte, recientemente el Ministerio de Hacienda dictó una resolución mediante la
que establece que los proveedores de la Caja Costarricense del Seguro Social y de las
Municipalidades, también pueden solicitar exención para que adquieran bienes y servicios
necesarios para las operaciones con dichas instituciones sin el pago del Impuesto. Dicha
solicitud se hace por medio de una orden especial, que se deberá tramitar por medio del
sistema “EXONET”. Así las cosas, estos sujetos podrán optar por dicha exención o también
si no lo hacen, tendrán derecho a crédito pleno sobre las compras que hagan para tales
fines.

A este punto, se debe de mencionar que hay dos grandes momentos en términos de dar
un breve esbozo del procedimiento para cumplir con dicha obligación. El primer
momento, se refiere a una solicitud de inscripción en el sistema, para lo cual solamente se
debe ingresar al portal de “EXONET” y llenar el formulario web denominado “Solicitud de
registro de beneficiario”. Una vez enviado el formulario mencionado, se genera un
archivo, que indica los documentos que deben presentarse de forma física en el
departamento de exenciones del Ministerio de Hacienda. Al completar dicho trámite, se
debe esperar a que el departamento exenciones envíe un correo electrónico, que
contiene un enlace de activación, para que el usuario pueda finalizar el proceso de
inscripción y, resulta de interés mencionar que, al tratarse de una solicitud, podría ser
aprobada o denegada.

Hasta el momento en el que se concluye el registro descrito con anterioridad, es cuando
se puede iniciar a gestionar la solicitud formal de exoneración por medio del portal web.
De esta forma, se debe de ingresar al sistema y dirigirse al apartado de “Nueva solicitud”,
donde se seleccionará entre varias opciones posibles y se procederá a llenar el formulario
de solicitud. El llenado de esta solicitud tiene un coste administrativo alto, ya que no se
emiten las conocidas “cartas abiertas”, sino que el sistema requiere indicar uno a uno los
bienes y/o servicios en los cuales se va a utilizar la exención.

Al enviarse la solicitud de exoneración, se debe tomar en consideración que la
Administración Tributaria cuenta con 2 meses para contestar dicha gestión, sea favorable
o desfavorablemente. Además, según lo dispuesto en el manual del sistema al ingresar
la solicitud el proceso interno es el siguiente: La solicitud se pone en conocimiento de
un analista (en algunos casos especiales la solicitud es enviada en primer lugar a un ente
recomendado rector de la actividad). El analista puede devolver la solicitud para que se
efectúen correcciones o enviar una recomendación al coordinador de exencione. Este
último, de conformidad con la recomendación del analista aprueba o desaprueba la
solicitud.

Tomando lo dicho, es importante recalcar la importancia de que los beneficiarios de una
exención verifiquen en primer lugar si están obligados a realizar dicha solicitud y en caso
afirmativo lo realicen cuanto antes, para poder gozar plenamente de estas. Al mismo
tiempo, los proveedores de personas sean físicas o jurídicas, que tienen este beneficio
deben verificar toda la información referente a las exoneraciones que brinden, con el fin
de evitar aplicaciones indebidas de las exenciones.

 

Gabriel Arroyo Oconitrillo

Consultor Departamento Legal

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