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Category Archives: Reforma Fiscal

Cosas que olvidamos en el camino

Es fundamental retomar la ruta de la cotidianidad que no se agota. Es claro, que la reforma fiscal ha levantado una serie de realidades que han estado latentes y que algunas de ellas siguen de manera menos frontal, haciendo detracción de un proceso en el que Costa Rica, como sociedad en su conjunto, está en el borde de caer en condiciones de impago de su deuda y la capacidad de atender sus gastos corrientes de operación para el cumplimiento de los mandatos constitucionales tenemos encomendado al Estado.
Es positivo ver como el sector productivo del país, mediante los representantes de las diversas cámaras gremiales, aumentan la voz y la unen al unísono, en favor de la aprobación del proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Entiéndase en toda la dimensión lo que acabo de indicar, aquellos a quienes nos tocará pagar los impuestos incrementales, quienes deberemos a la vez de enfrentar los costos de cumplimiento aumentados, resultantes de la reforma, estamos con la opción por Costa Rica de someternos a la imposición.
Quien quiere que no padezca de miopía, en especial la miopía mental, la pequeñez cerebral, la mezquindad individual y entienda que la vida en sociedad tiene que ser enfrentada de manera solidaria, responsable y que todos ganamos en el mediano y largo plazo, teniendo un país más próspero, tenemos claridad que será un proceso con dolor, pero con motivo correcto, el de tener que aportar todos más a la solución, no más al problema y sus causas cada vez más evidentes. Si bien está claro que la reforma es insuficiente en recursos y que definitivamente se requiere una reforma adicional, más inclusiva de sujetos y sectores que se han quedado, mediante la resistencia pasiva, en el anonimato fiscal, es evidente que lo que más necesita Costa Rica hoy, es ese primer paso, antes de dar los siguientes.
No nos parece de recibo a los contribuyentes, empresarios y profesionales, asalariados y consumidores, que tengamos que soportar el flagelo de las excusas disfrazadas de principios de legalidad, como excusa para dejar de hacer lo que se debió hacer hace años. La responsabilidad histórica no tolera más diferimiento o procrastinación, ya sentimos el frío de muerte, eso es una realidad que todos los agentes económicos experimentamos, no es una forma de hacer propaganda, es un medio de hacer conciencia clara en los que aún insisten en caducos argumentos, que alcanzaría con una sola medida a la vez, no es así, requerimos muchas de manera simultánea.
También es necesario que, ya que tenemos una demora grave en este proceso, el Gobierno de la República inicie las gestiones respectivas a sus manifestaciones de voluntad, en el sentido del cierre de instituciones y venta de algunas con algún valor razonable en el mercado. No hay tiempo que perder, entendemos que es mucho lo que hay que hacer, pero debido a las demoras ocurridas, también deben ser diversas y diversificadas las soluciones que le mostremos al mercado de manera simultánea y no en acciones seriales.
La confianza de los consumidores e inversionistas, está en un declive muy fuerte y sostenido, el mensaje no puede ir pausa paso, debe ser simultaneado con el enfoque que ya de todas formas ha anunciado el Ministerio de Hacienda, un país con más de 300 instituciones, muchas de las que han dejado de tener sentido histórico, manteniendo por una parte un enfermizo olor a ropero viejo, del que no nos desprendemos por todo lo que nos sirvió cuando éramos niños, tanto como el costo que comporta este síndrome del país coleccionista de organismos, ministerios, instituciones autónomas, semiautónomas y una larga lista de etcéteras; que todos conocemos la pérdida de su vigencia, necesidad y utilidad, pero que aún no somos capaces de cortar esa gangrena.
Pues ya toca, el mensaje sintonizado de la aprobación de la reforma fiscal, así como la de la acción de parar esta hemorragia de recursos, son indudablemente los medios más apreciados para el rescate indispensable de la confianza de los inversores, los consumidores y los entes de calificación de riesgo de los instrumentos de deuda de nuestro país. Recordemos que los primeros actores en la cuestión de mercados reales, son precisamente los dos primeros, luego llegan las calificadoras, los mercados se acomodan más rápidamente y de forma anticipada a la calificación de los títulos, esto es análogo a los malos estudiantes, cuando llegan a examinarse salen mal, pero no es ahí donde empezó, es ahí donde se consuma el consecuente de no ser buenos estudiantes.
Como país vamos aplazados en materia del manejo de las finanzas públicas, que ha generado que los mercados de generación de riqueza pasaran de un aletargamiento que traían hace varios años, a una astenia total actualmente, cayendo en una profunda recesión. Volviendo al paralelismo con el mal estudiante, es común encontrar quien confunda las causas con los efectos. El estudiante de malos hábitos, puede que caiga en depresión emocional por sus resultados académicos, consecuencia de su falta de asumir la responsabilidad que le correspondía, no cabe decir, que es mal estudiante porque está deprimido, tampoco, cabe decir, que la economía cayó en recesión y eso ha hecho que caiga la recaudación. El frío no está en las cobijas, para más abundar, durante una época recesiva como la actual, que desde los más básicos principios de economía se solucionan con más trabajo, producción y productividad, viene en nuestro caso a ser aderezado por una huelga que sus promotores llaman con orgullo la más exitosa de la historia, por sus “logros” y duración, lo que es lo mismo su intifada ha logrado su fin si este era como es cada vez más evidente el caos nacional. Por cierto, los impuestos que pagaremos son para financiar sus salarios y sus excesos de beneficios, es mentira que ellos han hecho este llamado nacional por los más pobres del país, para que no se grave la canasta básica, son argumentos infantiles que para hoy todos tenemos claros, sin embargo, están encubiertos por la cobija de Robin Hood.
Actores todos de esta larga noche de tragicomedia, paremos ya de dramas y vamos a las acciones de corrección, los ciudadanos honestos de este país, así como los más pobres que son los más honrados de todos, ya estamos hartos de que hayan secuestrado entre una camarilla de bandoleros a nuestra querida Costa Rica.

 

Carlos Camacho Córdoba

 

Socio Director

 

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¿Dónde estamos hoy?

La pregunta es muy amplia y solo usaré algunas de las posibles respuestas con el fin de ubicar el tema concreto de la reforma fiscal que nos ha tomado de manera monotemática nuestra columna.
Podemos responder en primera instancia a esta pregunta diciendo que estamos en la presencia del hundimiento del barco social del Estado costarricense conocido entre muchas de las características de los hundimientos por una de las mas tristes y dramáticas, que hace indudable el momento en el que nos encontramos, es la presencia de la huida en colonia desesperada de ratas, típico signo de que la embarcación ha sucumbido. De la sociedad costarricense hemos visto salir ratas de los lugares más insólitos, algunos muy esperables y comunes como las alcantarillas de los sindicatos, pero la semana pasada vimos con asco las ratas del Poder Judicial, salir al mas puro estilo de las ratas de los mejores restaurantes de los bellos barrios parisinos. Duele tener que expresarse de esta manera de miembros de los supremos poderes de una republica que amamos con el corazón pero hoy la vemos como la triste historia de Bertolt Bretch “La evitable ascensión de Arturo Ui”, un drama alemán de la entrada de Hitler en el poder alemán como consecuencia de la descomposición de aquella sociedad. Cuando tuve la oportunidad de ver esta obra en el teatro de la Aduana, me daba la sensación de que esto podría ocurrir en cualquier país en especial, cualquiera que hubiese llegado a perderse, en sus instituciones de manera tan caótica, siendo el Pinochet de aquellos años, el títere del que se hablaba en Costa Rica por la influencia de los grandes profesores chilenos de la diáspora de aquel triste momento, hubo quienes con razonables valoraciones argumentaban que era el Franco español de 1975.
Recuerdo, en la tertulia de nuestro grupo de amigos que concluíamos que Costa Rica no tenía ni era viable que tuviera esta mugrosa condición de sociedad necrosa, que pena me da cuarenta años después venir a reconocer a aquellos mis amigos de entonces y a mis contemporáneos de hoy, que estaba absolutamente equivocado, que todo aquello que no era posible en aquella Costa Rica, es una triste realidad hoy, que ha llegado a todos los estamentos del conjunto de la sociedad, recuerdo que era delirante la escena final del ataúd de la sociedad en la que se proponía la evitable ascensión de Arturo Ui, pero también lo paródico de esto es que las sociedades inteligentes y libres, tienen hendiduras de falsas bases entre otras las creencias de sentirnos inmunes a esos fenómenos. Qué triste Costa Rica, estamos ahí, en el borde del barranco y las mezquindades de la izquierda trasnochada y la derecha institucionalizada, con expresiones decimonónicas como las del presidente de la Corte, que redefine la condición de clase media como si viviera en el Principado de Liechtenstein o el Gran Ducado de Luxemburgo, cuando a nuestra realidad cotidiana la acompañan mas signos de tercermundismo que de esas perfumadas sociedades en las que se siente el señor presidente de la corte y la corte de los mustafá.
Ahora bien, el gran gazapo que dio pie a los dos párrafos anteriores, es de lo que en relación al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el que viene a ser un medio insuficiente en monto, pero indispensable en señales antes los agentes económicos que claman por señales de cambio en el proceso de la pasiva perdida de la credibilidad país en materia financiera. Este proyecto, se encuentra en una fase de orden interlocutoria, en la que las instituciones responsables han hecho ver que el mismo es indispensable, no limitándose a esto, sino haciendo serias advertencias respecto de las consecuencias de no contarse con esta aprobación de inmediato.
Valga decir, que esta consulta es irregular en el procedimiento-una irregularidad más- ya que la misma se supone debe haberse realizado con anterioridad al primer debate del proyecto, por lo que debieron las instituciones dejar de pronunciarse en razón de la falta de oportunidad, que habrá de dimensionarse en la misma resolución que resulte de la posible consulta de constitucionalidad que ha de presentarse esta misma semana, la que es de orden optativo en razón de concurrir la voluntad de al menos diez diputados. Ahora bien, dados los acontecimientos, así como la especial condición de votación en contra de parte de 22 diputados simplemente es de esperar que tal consulta se dé una vez agotado el plazo para estas consultas atípicas por el momento procesal en que se dan. De darse la consulta facultativa a la Sala Constitucional, se ha de dejar pasar treinta días, plazo máximo para que la Sala emita su dictamen, las diversas combinaciones de sentencias probables se ha aumentado en ámbito en razón de la reacción a la protección de los derechos y privilegios manifestada por la Corte Plena, poniendo en un grave compromiso legal a los señores magistrados de la Sala Constitucional al tener que resolver en función y a pesar de lo ya manifiesto por el pleno de la Corte, es una situación de difícil resolución.
Aparte de la importancia que tiene que antes de fin de año se pueda tener un proyecto aprobado en segundo debate, está en juego la credibilidad de nuestro órgano máximo de garantía del sistema legal en que se fundamenta la democracia, esperamos que este nuevo ingrediente agregado a la olla de vapor en la que se cocina este delicado proyecto no haga explotar las bases mismas de la condición de Estado de derecho en nuestro país.

 

Carlos Camacho Córdoba 

 

Socio Director

 

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Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/donde-estamos-hoy

Nuestro nuevo servicio: GCI Consulting

GCI Consulting es la nueva línea de servicios de Grupo Camacho Internacional que ofrece al mercado servicios técnicos relativos al área de consultoría estratégica, financiera, de riesgo y de cumplimiento para las empresas.
Nace a raíz de nuestra visión de negocio cliente-centristas, en donde Grupo Camacho Internacional busca participar hombro a hombro con sus clientes y así apoyarlos de manera integral.
Gracias a la experiencia adquirida por años por parte de Grupo Camacho Internacional, junto con los conocimientos técnicos desarrollados sobre las áreas específicas en consultoría, los conocimientos de los mercados internacionales y la participación en los mercados latinoamericanos, GCI Consulting se consolida como el compañero de viaje perfecto para las empresas de la región.
Nuestros 30 años en el mercado centroamericano nos respaldan como la compañía indicada para realizar lecturas adecuadas de las necesidades de los mercados y para ejecutar acciones en los mercados centroamericanos. Nuestra consolidación empresarial nos permite tener un alto conocimiento de la idiosincrasia centroamericana y contar con la capacidad para brindar un panorama completo de los diferentes jugadores del mercado tanto en temas normativos, comportamientos de la demanda, las situaciones macroeconómicas y también los oferentes de los mercados.

 

¿Qué necesidades serán cubiertas por parte de GCI Consulting?

 

Las necesidades que suscitan esta nueva área nacen de solicitudes que nos han expresado nuestros clientes. Algunas de estas necesidades son:

 

1.- Necesidad de tecnificar el modo de operación de las compañías

 

Las compañías centroamericanas al enfrentarse a mercados cada día más técnicos, deben de contar con una estrategia que guíe a la táctica y a la vez que se alinee con las normas de comportamiento de la compañía, la cultura expuesta y sus funcionamientos generales.
Si bien, muchas empresas se han guiado a lo largo de los años con la buena intuición de sus dueños; el llevar a cabo una estructuración ordenada del funcionamiento y las claves del éxito del negocio permite potenciar en gran medida a la compañía y logra identificar los pilares funcionales que le hagan perdurar a lo largo del tiempo.
Para solventar esta necesidad GCI Consulting presenta el área de servicio de Consultoría en gestión: una revisión externa de la empresa para la aplicación de los modelos de negocio más actuales buscando la generación de estrategias, tácticas y cultura que vayan alineadas con el mercado al cual se desea abordar.
A su vez dentro de este servicio mientras se realizan revisiones estratégicas, también se hacen análisis de la compañía a nivel operativo para encontrar maximizaciones de las ganancias mediante la optimización eficiente de costos, el generar una estructura financiera más acorde con la línea de negocio e identificar un valor agregado en el que la empresa cumpla con el buen funcionamiento normativo de los países y con los requerimientos propios de las industrias.

 

2.- Gestión de los planes de sucesión

 

Muchos de los fundadores de las compañías del mercado han observado la necesidad de gestionar planes de sucesión para asegurar la perduración de la compañía en el tiempo.
Un plan de sucesión sobrepasa la simple disposición patrimonial, sino que responde a la necesidad de que la empresa perdure en el tiempo. Es crucial la buena comunicación en las empresas, las buenas prácticas y los correctos procesos para que el plan de sucesión sea solo una de las partes del buen funcionamiento de la empresa y así concretar con certeza la viabilidad a futuro.
Es necesario que exista un buen gobierno corporativo que trascienda a los tiempos y a los puestos de las empresas, y que observe de manera holística el buen funcionamiento de las empresas y los procesos necesarios para el avance de la misma hacia un mundo más competitivo, siempre buscando una mayor eficiencia.
GCI Consulting dispone a sus clientes el servicio de Gobierno Corporativo. Un servicio que brindará un mayor control de la empresa, procurará la comunicación eficiente entre la asamblea de accionistas, los interesados de la empresa y el área corporativa para que pueda asegurarse el futuro de las empresas.
El servicio de Gobierno Corporativo de GCI Consulting brinda herramientas empresariales que colaboran en la búsqueda de procesos eficientes para que se dé el cumplimiento de normativas nacionales empresariales tanto fiscales como de mercado.
GCI Consulting le brinda a sus clientes procedimientos de comunicación, herramientas de gestión, generación del plan de sucesión, revisión de cumplimiento normativo entre otras ventajas. Todo esto según las necesidades de cada compañía.

 

3.-El manejo de riesgo en épocas difíciles

 

Los últimos años posteriores a la crisis económica del 2008 han significado que los países latinoamericanos pasen de una balanza fiscal entre el 2006 al 2017 en promedio de 0.3% del PIB a -3.6% del PIB. Esto en conjunto con un letargo en la economía país ha generado un descenso de las calificaciones con su respectiva influencia general en los mercados y por ende en las compañías.
Las compañías se enfrentan a una realidad cada día más compleja y por deben estar listos para los momentos de crisis.
Desde GCI Consulting se comprende que toda crisis implica dos posibilidades: una oportunidad o un desacierto y en definitiva lo que marcará cuál de las dos circunstancias se den será el nivel de preparación y detección de los panoramas en estos momentos de inflexión.
Por esta razón GCI Consulting ha generado el servicio de Manejo del riesgo, el cual busca realizar un análisis exhaustivo de cuáles son los riesgos inmediatos y mediatos de las compañías, tanto financieros como reputacionales, de mercado, entre otros; para así poder realizar un plan de abordaje a los mismos.
Este servicio a su vez consta de colaboraciones con las compañías en la implementación del abordaje de estas circunstancias difíciles para que la empresa sienta que su patrimonio está seguro, mitigando las externalidades negativas de los países y mercados en donde se encuentre. Además, se les brinda herramientas y estrategias que colaboren para ver la crisis como un momento de oportunidad de mejora más que como una situación negativa.

 

4.-Cumplimiento de normativas

 

En el mundo globalizado los países han generado nuevas normativas y requerimientos para las compañías. Una última normativa que ha venido a impactar los mercados es la referente al “lavado de dinero”.
La misma ha evolucionado por la promoción de la GAFILAT, en donde a nivel Centroamericano se encuentran normas como la Ley 9449 en Costa Rica, Ley 23 en Panamá, Ley APNFD en Honduras, Ley 67 en Guatemala, Ley 735 en Nicaragua y Ley 498 en El Salvador. Estas leyes vienen a regular las actividades y profesiones no financieras designadas, es decir, las nuevas normativas no solo afectan al sector financiero si no también a diferentes sectores según se señala en cada norma.
El poder atender la nueva legislación desde las compañías es crucial para la continuidad del funcionamiento del negocio; aunado al hecho de que los mercados son cada día más sofisticados y le solicitan a las empresas múltiples certificados de cumplimientos para poder entrar en los mismos.
Por esta razón GCI Consulting ha generado el área de Cumplimiento Empresarial.   El área brinda un acompañamiento en el cumplimiento de normativas tanto para cumplir los requisitos iniciales  como para convertir ese cumplimiento de las normas en una oportunidad para las empresas, que les permita maximizar sus beneficios.

 

5.-Protección y gestión de activos

 

Debido a las circunstancias macroeconómicas, la protección de activos y su gestión es algo de sumo interés para las compañías y las personas físicas. Es crucial tener un conocimiento adecuado de la normativa, conocer los mercados y cuál es es el fin último de la gestión de los activos; así como tener presente que ante cualquier circunstancia particular que pueda suceder, el patrimonio familiar se encuentre protegido.
GCI Consulting ha generado la línea de servicio de Protección y Gestión de Activos en donde se realizan planeaciones patrimoniales tanto empresariales como familiares para la correcta protección de estos de forma tal que se le brinde paz a las familias y a los empresarios ante las diferentes circunstancias que puedan suceder.
GCI Consulting se convierte en el compañero de viaje para la realización de constituciones legales, planificaciones, asesoramientos sucesorios entre otros para las compañías a lo largo de Centroamérica.

 

6.-Requerimiento de información para la inversión

 

La información para los inversionistas es crucial a la hora de la toma de decisiones. La ejecución de los planes de inversión conlleva muchos procesos normativos para la puesta en marcha de los negocios producto de estas inversiones; por ello requieren de atención especial pues pueden significar el logro de los objetivos o su fracaso.
GCI Consulting ha generado el servicio de Asesoramiento en Inversión en donde les brinda a sus clientes una percepción económica y del mercado y en caso de que así lo requieran el acompañamiento para emprender la empresa en la región.
Debido a la experiencia y conocimientos de mercado, GCI Consulting brinda un importante valor agregado al posibilitarle al inversionista un conocimiento profundo del mercado latinoamericano así como  una aproximación y perspectiva que le darán fuertes herramientas para la toma de decisiones.
Con todas estas áreas, GCI Consulting presenta un paquete integral de servicios que le brinda a las compañías un aliado fiel para la generación de negocios y el perfeccionamiento de su gestión ante las eventualidades del mercado; siempre respondiendo a la filosofía de que el cliente es primero y que nuestra misión es que estemos todos mejor.

Fase tres

Hemos entrado a partir del pasado 5 de octubre en la fase dos de la discusión del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el que sin duda ha tenido al país sumido en una larga disputa carente de norte.
La carencia de norte se hace evidente cuando los que vamos a pagar esos impuestos nuevos y quienes tendremos que soportar las cargas indirectas impuestas por la normativa conjunta de IVA y modificaciones del Impuesto sobre la Renta, somos los sectores productivos de la riqueza en el sector privado, que aplaudimos la mayoría que se logró en la votación del pasado viernes de 35 votos a favor y 22 en contra para las reglas fiscales que vienen a apoyar la parte de la solución de la grave crisis fiscal que tiene nuestro país y abren un hálito de esperanza al inicio de un camino que al menos de manera ordenada resuelva en el largo plazo los asuntos de estructura fiscal.
Felicitamos a los señores diputados por la gran gallardía de su voto, tanto a favor como en contra, pues en la pluralidad de criterios está la sabiduría, eso denota los claros valores fundamentales de la democracia institucional que caracteriza al ser costarricense y el consecuente Estado de Derecho, que contrasta con la anarquía anónima de la calle que sobrepasa el ejercicio del derecho legal a la huelga, rayando en actos terroristas directos e indirectos, distantes por mucho de la forma de ser costarricense.
Sin duda, hay quienes con el pleno ejercicio de su derecho a disentir han actuado en conciencia y votado en sentido negativo, así como aquellos que han ejercido su derecho a la huelga ya por cuarta semana en defensa de los privilegios excesivos que han causado el grave deterioro de la condición país debido a ser desproporcionados.
Tenemos una recaudación de país infradesarrollado, aspecto que en primera instancia se avanza en resolver con los nuevos impuestos, pero costos de manejo del Estado como el de los países más privilegiados, en concreto los escandinavos en primer lugar, siendo el costo costarricense el de burocracia el tercero en el ranking mundial, contrastando índices de recaudación que nos ponen en los niveles de las centenas en orden descendente, causado en particular por disparadores como las exenciones excesivas e indefinidas en algunos casos, tanto como la evasión y elusión, así como el descarado contrabando.
Este es el motivo por el que no basta con los nuevos impuestos que quienes debemos soportarlos estamos dispuestos en condición de ciudadanos responsables de la integridad de la estabilidad de las finanzas en lo que según la ley que deriva del deber constitucional de contribuir a las cargas públicas, al menos nosotros los que nos hemos sometido al régimen general de tributación, estamos dispuestos a aportar no con gusto, sí con dolor, pero con solidaridad que nos consuela.
Por su parte quienes se benefician por el excesivo paternalismo estatal histórico de las condiciones de privilegio de quienes hoy siguen en huelga, pues hay que poner coto al crecimiento galopante de dichos excesos, uno de los tres factores que en el gasto nos tiene agobiados en las finanzas públicas.
Las causas se pueden resumir de manera muy clara, un Estado conformado por algunos funcionarios altamente corruptos que se enriquecen —por supuesto de manera ilícita pero tristemente impune—, un alto nivel de privilegios en especial concentrado en algunos sectores de la burocracia nacional, siendo la tercera el costo asociado al endeudamiento que se ha requerido para pagar la fiesta griega que sin duda trae consigo consecuencias agrias que ha tenido que pasar ese país mediterráneo.
Una vez concluida la fase dos del proceso siendo esta la del primer debate de la norma por crear, sigue ahora un pasillo del lado, que es opcional de lograrse recoger al menos diez firmas de señores diputados para que se presente una consulta a la Sala Constitucional, en particular referida a asuntos del procedimiento utilizado en la aplicación del artículo del reglamento legislativo 208 bis, que ha sido el aplicado como procedimiento expedito de trámite en este proyecto en particular.
Esta es la tercera fase, en la que existe la posibilidad de que en el plazo máximo de 30 días desde la presentación del proyecto a consulta los resultados probables sean tres: que se encuentre que el proyecto se tramitó conforme el derecho lo ordena con lo que se sigue a la penúltima etapa de la fase de trámite, sea el segundo debate.
La otra posibilidad es que la Sala encuentre que hubo asuntos que se desapegaron del procedimiento, por lo que siendo solventarlos deben serlo antes de que la norma sea aprobada en segundo debate, siendo aquellos vicios de orden principalmente formales solventarlos en fases oportunas.
La tercera opción es la más grave, que implicaría que se encuentren vicios no curables en el proceso legislativo, con declaratoria de inconstitucionalidad y dejando el intento de norma en eso, un simple intento de lograr resolver las condiciones graves del estado de cosas en materia financiera pública.
Esta opción es la que ha ocurrido como antecedente en dos casos anteriores, en el proceso conocido como Pacto Fiscal, en la administración Pacheco de la Espriella y el de Solidaridad Tributaria de la administración Chinchilla Miranda, sucumbiendo en el abismo ambos proyectos por motivos de procedimiento que se definieron como insolventables y, por tanto, declarándose sendas inconstitucionalidades.
Ciertamente, debo ser el primero en admitir que hay vicios que son evidentes en el proceso de trámite del proyecto, también lo hemos advertido de manera reiterada por lo que no se trata de tapar el sol con un dedo y desdecirnos ya que somos coherentes y no como los detractores del Estado de derecho que justificar que el fin legitima cualquier medio, sin embargo, en materia de la aplicación de las valoraciones que haga la Sala Constitucional, se debe tener claro que los derechos y deberes constitucionales son una policromática gama de equilibrios entre bienes y principios jurídicos a considerar tal y como lo dimensionaran los padres del derecho constitucional tanto en la doctrina como en la aplicación concreta en Costa Rica, por los iniciadores de la Sala, indicando que los derechos deben ser dimensionados por sus especiales efectos, siendo la responsabilidad de un Tribunal de lo Constitucional, ser probo en las valoraciones de las consecuencias, debiendo en ocasiones extremas optar no solo por el buen derecho, sino a la luz del mal menor para la sociedad para la que está hecha la Constitución ya que esta no puede terminar siendo un valor en sí misma, sino un instrumento para que el equilibrio de deberes y derechos procuren de la manera más eficiente el bienestar general.
Es con estas líneas de orden fundamental en el derecho constitucional, que instamos respetuosamente a la Sala Constitucional a dimensionar en su sentencia que si bien hay —porque los hay— quebrantos en el procedimiento, la consecuencia de dejar al país a expensas de una crisis galopante donde el conjunto de la sociedad para quien la Constitución debe procurar su bienestar y el efectivo acceso a los derechos fundamentales al acceso al trabajo, la salud, la educación, el libre tránsito, la libertad en su amplio sentido que incluye no ser esclavos de un pesado yugo económico que haga inaccesible el derecho pleno a la condición de la dignidad individual del ciudadano.
Señores magistrados de la honorable Sala Constitucional, el país confía en el poder que se les ha confiado, es tiempo de recuperar el valor fundamental del derecho que es el de tener certidumbre de consecuencias, estamos seguros que son conscientes de la gravedad de su sentencia, que no solo lo es de legalidad del proceso, sino que sus dimensiones son las de marcar el inicio de un camino bifurcado, entre la solución de la estabilidad del país o del caos económico, político y social, por lo más valioso de sus creencias, las mías son en Dios, rogamos resuelvan en el tiempo y la forma que sus conciencias les dicten en buen juicio respecto de todos, como lo dicen ustedes de manera elegante y elocuente erga omnes.

 

Carlos Camacho Córdoba

 

Socio Director

 

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Facturación Electrónica: Aspectos generales a considerar para quien enfrenta esta nueva obligación

 

En este año surge la obligación de la emisión y uso de facturas electrónicas. Lo anterior, para muchos contribuyentes y ciudadanos, ha generado un “cambio abismal”, existiendo tanto comentarios a favor como en contra.
A nivel de normativa en Costa Rica, el tema se maneja al día de hoy como producto de la Ley No. 9416, denominada Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en la que se indica textualmente en el artículo 2, que el uso de la facturación electrónica debe ser obligatorio.
La facturación electrónica es una formalización en la economía, ya que -en principio-, todos los contribuyentes se van a encontrar reportando en tiempo real al Ministerio de Hacienda sus comprobantes de ingresos emitidos. Esto es esencial para el control tributario, ya que le otorga la información necesaria a la Administración Tributaria para que realice una mejor recaudación, y de igual manera, una mejor gestión y verificación.
Con la facturación electrónica, la Administración recibirá la información relevante de las operaciones, obteniendo de forma desagregada los siguientes datos:

 

  • Quién factura (emisor).
  • Quién recibe la factura (receptor).
  • Monto factura.
  • Fecha (al ser validada por el sistema, fecha cierta de la transacción).
  • Detalle o concepto de la factura.

 

Como elemento de control adicional, se debe indicar que estas facturas no son “anulables”, sino que deberá seguirse un procedimiento formal para dejarla sin efecto (por medio de notas de crédito electrónicas).  Este procedimiento permite la trazabilidad de las operaciones, fundamental para la verificación por parte de la Administración Tributaria.
Es importante entender que la normativa de comprobantes electrónicos no reforma a nivel tributario material, es decir, lo que modifica es el medio y forma en la que se deben emitir los comprobantes electrónicos, pero no la obligación tributaria y sus características.
Resaltamos lo anterior, ya que, debido a esta obligación, muchos contribuyentes han iniciado a cuestionar sus prácticas habituales, las cuales en varias ocasiones, no cumplen con lo estipulado en el ordenamiento, como si fuera consecuencia de la facturación electrónica este incumplimiento.
En atención a esto, es necesario hacer una interpretación integral de la norma. Interrogantes como “¿ahora todos tienen que emitir facturas?, ¿en qué me afecta a mí que una persona no me dé comprobantes autorizados?”, son preguntas que se responden, no con la normativa de los comprobantes electrónicos, sino con la normativa tributaria general y vigente incluso antes de la normativa de los citados comprobantes.
En cuanto la obligatoriedad del uso de estos documentos, la Resolución No. DGT-R-12-2018, de fecha 19 de febrero, establece la obligatoriedad para la emisión de comprobantes, a todos los contribuyentes, según el último dígito de su número de identificación, sea esta persona física o jurídica:

 

  • Si su último dígito es 1, 2 y 3, inició el pasado primero de septiembre 2018.
  • Para los dígitos 4, 5 y 6, inició a partir del 1º de octubre 2018.
  • Para los dígitos 7, 8, 9 y 0, iniciará a partir del 1º de noviembre 2018.

 

El inicio del uso de los comprobantes no debe ser una decisión espontánea por parte del contribuyente, ya que se debe seguir un procedimiento previo a nivel interno, otro ante la administración tributaria y, además, realizar acciones posteriores para dar inicio formalmente con la emisión de los comprobantes electrónicos.
En cuanto al procedimiento previo, se debe tomar una decisión fundamental y es sobre cuál sistema utilizará para emitir estos comprobantes. Se otorgan tres opciones posibles para elegir: 1) desarrollar un programa propio; 2) contratar a un proveedor (sea gratuito o de suscripción) y 3) utilizar el sistema gratuito del Ministerio de Hacienda.
Posteriormente, se debe realizar la modificación a nivel del Registro Único Tributario, la cual puede hacerse de manera digital, por medio de la Administración Tributaria Virtual (ATV) o presencialmente en las oficinas de la Administración Tributaria.
Posteriormente, debe obtenerse la llave criptográfica (método de seguridad que garantizan la integridad, autenticidad y autoría de los comprobantes electrónicos), independientemente si se utiliza o no el sistema gratuito de facturación electrónica ofrecido por el Ministerio de Hacienda. La llave criptográfica es la que permitirá indicar que el contribuyente es el que realmente está emitiendo los comprobantes electrónicos.
Por último, parte de las generalidades que deben conocer es la obligación de los receptores de facturas electrónicas. Los receptores de los comprobantes deben, por mandato de los artículos 9 y 10 de la citada Resolución No. DGT-R-48-2016, realizar la confirmación de los comprobantes en un plazo no mayor a 8 días hábiles. Caso contrario, no podrán tomar dichos gastos como deducibles.
En próximas publicaciones, se ampliará el tema de los requisitos de los comprobantes, tipos de comprobantes, emisión de representaciones gráficas, métodos de contingencia, obligación de conservación de los comprobantes, entre otros temas que se encuentran alrededor de los comprobantes electrónicos.
En Grupo Camacho Internacional estamos para apoyarle en la implementación de la facturación electrónica. Realizamos capacitaciones para el personal que se encuentre relacionado al ciclo contable, de preparación de pagos a proveedores, además para apoyarle en la modificación en el Registro Único Tributario, y en general, atender de manera personalizada, sus consultas específicas sobre el tema, tanto de procedimientos a seguir, como de la emisión, recepción y entre otras que surgen en el uso cotidiano de los comprobantes electrónicos.

 

Bernal Alfaro

 

Consultor de impuestos

 

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Un mal acuerdo, mejor que…

Después de una fase de la continua huelga que ha tenido y mantiene paralizadas condiciones operativas del país, antes una condición de alargue que inicia con la posición del gobierno de, no se dialoga sin que se deponga la huelga, y la que prevaleció, que fue de los sindicatos en el sentido de, o hay diálogo o no hay levantamiento de la huelga, a pesar de lo que se pactó, el diálogo y sus condiciones, se acabó el plazo y no llegaron a acuerdo alguno.
El conocido refrán de nuestro pueblo que dice, es mejor el llegar a un mal arreglo que tener un buen pleito, encontró su excepción en esta puntiaguda situación, la cual denota la mala fe y falta de voluntad de los grupos sindicales, que han destruido riqueza, han acelerado la desmejora económica y social de Costa Rica, dejando evidenciado que su propósito no es construir sino destruir.
No ablandar los caminos de avance sino de quebrantar frontalmente el orden constitucional del ejercicio del derecho de tránsito y trabajo, de los que generamos los recursos de los que se derivan la fuente de pago de los huelguistas y de cientos de miles de trabajadores que igual que los molestos personajes simplemente tienen derecho a disentir, pero lo hacen sin apartarse de la forma de ser costarricense.
Al fin que la huelga se levante según la disposición del gobierno y sindicatos de acceder a la mediación en el diálogo para que sea la Iglesia católica la mediadora, por lo que después de una ida y otra vuelta, hubo una lista de acuerdos que dependerían exclusivamente en su ejecución de la voluntad del Poder Legislativo. A su vez, el avance en el Congreso se hizo aletargado, a pesar de la condición especial de trámite expedito según el articulo 208 bis del Reglamento Legislativo. Este aletargamiento surge de la posibilidad de que los sindicatos y el gobierno llegaran a compromisos, con el fin de incorporar los mismos en el proyecto, tiempo perdido miserablemente y de forma inocente, dejando un hálito de esperanza a la buena fe, la gran ausente de este proceso.
Ahora bien, por la etapa procesal en la que se encuentra el proyecto, es materialmente imposible desde la óptica legal usar más mecanismos de incorporación, ya que en este primer debate se permiten solamente las mociones de reiteración que hayan previamente sido rechazadas en la fase de comisión, esto introduce una nueva irregularidad al procedimiento del expediente 20.580, de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Volvemos a un punto donde para cumplir hay que incumplir, con lo que es necesario volver a retomar la propuesta que hicimos en el mes de mayo, que en aquel momento era más oportuna que hoy, de retirar este expediente de la corriente legislativa, incorporar en uno nuevo los acuerdos viables del resultado de diálogo de sindicatos y gobierno y dar inicio en un nuevo expediente consensuado a la vez de la mejor manera con las bancadas más importantes del Congreso, de manera que se logre una excepción adicional al proyecto, bajo un procedimiento que se acoja al articulo 208 bis, pero con plazos más cortos, para que inclusive se revisen los plazos de entrada en vigor a tres meses por ejemplo, resolver los asuntos de conexidad de las normas atípicas del Código y la Amnistía para tener un texto y en especial un procedimiento con la nitidez jurídica de procedimiento indispensable. No sea que después de este largo proceso, simplemente con los múltiples vicios de procedimiento, el proyecto llegue a encallar en la Sala Constitucional.
Por otra parte, sabemos que en la Corte se considera que el proyecto puede llegar a tal destino, esto sería nefasto para las condiciones económicas del país, ya que los supuestos de rescate país, solo estaremos ante la imposibilidad de repagar la letras del tesoro. La calificación del país y su verdadera capacidad de hacer frente a la deuda interna y externa, simplemente se harán inmanejables, haciendo de las medidas de gobierno más que una solución de un letal mecanismo de aceleración de las condiciones generales de desmejoramiento del país.
Será que estamos ante el escenario macabro y maquiavélico en el que no hay más que conformarse con aceptar que ante la ausencia de liderazgo de sector privado, el sector gubernamental, deberemos, como país, optar por pedirle una cotización de servicios temporales de liderazgo a los dirigentes sindicales para que se sienten frente a sí mismos y logren un acuerdo que sea ganancioso para el país, será que, en su condición de mercenarios, esta vez ¿no se les llegó al precio correcto? Cómo leer en esta condición de oscuridad en la que nos han sumido las autoridades incapaces de ejercer su posición y los líderes sindicales que parecen querer y pedir mucho, pero a la hora de poner el puño y letra a comprometer se les cae la mano.
Qué pena Costa Rica, yo solo puedo decirte, querido país, que estamos todos igualmente desconcertados de unos y de otros, que no fue con actitudes así con lo que hicimos de esta patria la diferencia de la región. 

 

Carlos Camacho Córdoba

 

Socio Director 

 

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Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/un-mal-acuerdo-mejor-que

Precios de Transferencia en el IVA

El tema de Precios de Transferencia aparece de forma explícita en el Artículo 12, Capítulo IV del Título I del Proyecto de Ley nombrado: “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, el cual trata sobre la Base Imponible del IVA*:
“En las operaciones entre partes vinculadas, el precio neto de venta debe ajustarse al valor normal de mercado que pactarían partes independientes, siempre que se produzca un perjuicio fiscal.”

 

¿Cómo se produce un perjuicio fiscal?
En términos generales, se produce un perjuicio fiscal cuando un contribuyente, de alguna forma, paga menos impuestos de lo que debería realmente pagar.

 

A la luz del IVA ¿Cuándo se produce un perjuicio fiscal?
El IVA a pagar es el resultado de la diferencia entre los créditos fiscales o saldos a favor del contribuyente y los débitos fiscales o saldos que adeuda el contribuyente al fisco:

 

IVA a pagar=Débitos Fiscales-Créditos Fiscales

 

Dicho lo anterior, hay tres posibilidades para que se genere un perjuicio fiscal:
  1. Débitos Fiscales artificialmente bajos.
  2. Créditos Fiscales artificialmente altos.
  3. Una combinación de las posibilidades anteriores.

 

¿Cómo se generan los créditos y débitos fiscales en IVA?
Cuando un contribuyente realiza la venta de un bien o servicio actúa como agente receptor de impuestos y así contrae una deuda con el fisco o lo que se conoce como un débito fiscal.
Por su parte, cuando el contribuyente adquiere un bien o servicio, debe pagar IVA con lo cual se genera un saldo a favor del contribuyente o lo que se conoce como crédito fiscal.

 

¿Por qué se busca ajustar el precio neto de venta al valor normal de mercado?
Suponga que un contribuyente vende un bien o servicio a una parte vinculada a un precio inferior al valor normal de mercado. Bajo esta condición estaría percibiendo menor IVA, disminuyendo artificialmente sus débitos fiscales y por tanto produciendo un perjuicio fiscal.
Por su parte, suponga que un contribuyente compra un bien o servicio a una parte vinculada a un precio superior al valor normal de mercado. En este caso estaría pagando mayor IVA, aumentando artificialmente sus créditos fiscales y por tanto produciendo un perjuicio fiscal. La mayor expresión de este ejemplo se manifiesta en las transacciones a valores cero.
Para solventar estas situaciones, el fisco se vale de la técnica de Precios de Transferencia para que los contribuyentes realicen sus operaciones con partes vinculadas al valor normal de mercado y de esa forma reporten los débitos y créditos fiscales correctos a la hora de liquidar el IVA.
El IVA se liquida de forma mensual, por lo que es de vital importancia acoplarse a los valores normales de mercado mes a mes y para esto es necesario contar de forma oportuna con el Estudio de Precios de Transferencia, el cual ya de por sí, debe estar a disposición de la Administración Tributaria para fines de renta como lo indica el nuevo artículo 81 bis (producto de la reforma) y como se encuentra presente en nuestra normativa desde setiembre del 2013 mediante el  Decreto 37898-H.
La correcta determinación de los créditos fiscales es además indispensable para el adecuado cálculo de la proporción de crédito fiscal que deberá aplicar el contribuyente según los artículos 23 y 24 de la nueva Ley de Impuesto Sobre el Valor Agregado, introducido en el Título I del Proyecto de Ley. Sin ahondar en este punto, si el contribuyente está determinando sus créditos fiscales erróneamente a raíz de no acoplarse a los valores normales de mercado en la adquisición de bienes o servicios con partes vinculadas, al finalizar el periodo tendrá una proporción de crédito fiscal sesgada alimentada de datos incorrectos y adolecerá esta situación durante todo el periodo fiscal por venir.
Dicho lo anterior, el contribuyente debe conocer de manera previa, los valores normales de mercado de las operaciones que se disponga a ejecutar con partes vinculadas. Esto requiere de un análisis de mercado para determinar los márgenes de tolerancia que se reflejan entre partes independientes y poder utilizarlos como referencia en la determinación de Precios de Transferencia.
En Grupo Camacho Internacional prestamos asesoría tributaria de forma integral, por lo que somos sus mejores aliados para anticiparse a la entrada en vigor del IVA y realizar los Estudios de Precios de Transferencia de forma oportuna para cumplir con la correcta determinación de créditos fiscales y el adecuado cálculo de la proporción de crédito fiscal.

 

*La Base Imponible para el IVA corresponde al precio neto de venta del bien o servicio.

 

Alberto Rubí

 

Consultor de impuestos

 

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De frente

En un proceso de gran incertidumbre jurídica como la existente en el mercado interno costarricense actualmente, es fundamental no perder de vista cuáles son los elementos que constituyen el norte de las empresas y empresarios, para definir decisiones cotidianas, como invertir, cerrar operaciones, aumentar o disminuir las plazas de empleo, entre otros.
Más relevante aún es tener la claridad de cuáles y cuándo entraran en vigor las normas que afectan y las que podrían llegar a afectar las actividades económicas en las que se ubican sus inversiones o apetitos de inversión.
Es racional y razonable que los agentes económicos que se enfrentan a normas de orden tributario lo hagan con especial cautela, en particular cuando dichas normas han sido gravitantes en el ambiente de la discusión nacional por alrededor de dos décadas.
Como consecuencia de esta incertidumbre tenemos en el sector público una huelga que entra a sus dos semanas de resistencia, con una clara erosión de los protagonistas y muy particularmente del Gobierno, quien ha roto su propia consigna, sea la de no entablar diálogo hasta que se deponga el estado de huelga.
Por su parte los huelguistas se han ganado el repudio de los sectores productivos ya que pasaron del ejercicio de un derecho a la transgresión del derecho que nos asiste a todos al libre tránsito por el territorio nacional, la atención de los servicios públicos de salud, la distribución de los combustibles y el funcionamiento de la infraestructura portuaria, medio por el que se logra efectuar una parte significativa tanto de las exportaciones como las importaciones.
Paralizar el país, mientras otros debemos seguir de manera esquiva, intentar poder ejercer nuestro derecho individual de trabajo y el cumplimiento del deber de producir riqueza para con la patria, de donde nace la fuente de nuestro sustento y los recursos que mediante la recaudación de los impuestos a nuestras actividades financia los gastos públicos del Estado.
Es necesario desatar este nudo gordiano, hacer de este proceso un paso rápido a efectos de evitar los avisos que han venido a pocos siendo remitidos por diversos interesados internacionales.
Vemos cómo la banca internacional recomienda a sus inversionistas y clientes, tener cautela con la compra de papel de deuda de Costa Rica, ante la inminente recalificación de riesgo que da tanto, el desgaste de la estabilidad social, como el desmejoramiento galopante de la economía. También vemos las advertencias que ya hacen sin concretar aún, las autoridades de calificación de riesgos que se enfrentan a las variables macroeconómicas costarricense con creciente preocupación, sin aún ejecutar una recalificación de la deuda.
A la vez, vemos cómo el entorno de las exportaciones nacionales se ve bloqueado tanto por la situación de los puertos como por la grave crisis de la hermana República de Nicaragua, que hace inviable el tránsito seguro hacia el resto de la región por parte de las personas y las mercaderías. Estamos secuestrados en nuestras propias fronteras.
El tipo de cambio se ha acelerado en la depreciación, signo de debilitamiento de la economía interna y la desconfianza de los inversores en el futuro de la moneda local.
Esto está provocando a la vez una mayor tasa de inflación real, que, sin duda, no es propicia para la entrada en vigor de una reforma tributaria como la que se plantea, pero menos oportuno es no hacerla, pues solo será peor.
Durante el transcurso del tiempo de discusión del proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, hemos venido indicando la inconveniencia de restar potencial recaudatorio y abrir a las puertas del fraude en consecuencia de las abundantes y mal estructuradas exenciones que se manifiestan en especial en el proyecto del IVA en un sentido inverso al que la gente comúnmente comprende.
En un sistema de IVA, tener más exenciones y más tarifas preferenciales o reducidas es contrario a las mejores prácticas de los sistemas más moderno del IVA.
En el periódico Vanguardia de España, el día 22 de los corrientes se indica que “España es el país de Europa en el que más exenciones y tipos reducidos de IVA existen, con lo que de forma legal el fisco del país deja de ingresar un 60% de la recaudación potencial máxima, según datos de la Comisión Europea, en la que ha participado el Institut d’Economía de Barcelona (IEB) con datos del 2016”.
Por cierto, valga decir que la referencia viene a colación en razón del modelo de IVA usado para el proyecto de ley en discusión.
Por tanto, si por la víspera sabemos el día, sin duda hay mucho que mejorar en nuestra legislación en ciernes. Pero, no habrá nunca un sistema tributario perfecto, pues todos los partícipes activos y pasivos del sistema no lo somos.
Sin embargo, si deseamos tener el sistema perfecto debemos partir del principio de realidad y es que lo perfecto es el enemigo de lo bueno.
A pesar de lo antes dicho, se sigue pregonando la necesidad de mejores tratos, sea mayores exenciones en los extremos que reclaman los sindicatos y el que buscan inclusive sectores empresariales, en clara contradicción a la necesidad de generar la lógica neutralidad de IVA en el proceso de la cadena de valor agregado económica de las diversas fases de creación de riqueza por medio de bienes y prestaciones de servicios.
El empresario hoy debe estar preparado para ir de frente, de cara a los embates ya sea de la reforma para lo que no es de recibo ni recomendable mantenerse inmutable, así como una revisión de las velas del barco empresarial, pues de no contarse con el choque frontal con las reglas de una reforma fiscal, se avecina una tormenta, que requiere bajar velas, buscar una ensenada y esperar que la misma manifieste de pleno su intensidad.
No es tiempo para improvisar, para aquellos que quieran sacar la mejor partida de este difícil tránsito en el que nos encontramos como país.
Viene a lugar la frase del expresidente de Estados Unidos de América, “ …se le puede mentir a algunos durante todo el tiempo, a algunos durante algún tiempo, pero no a todos todo el tiempo”, es tiempo de hablar con la verdad y prepararse para el embate de frente, sin ambages con seriedad y templanza. 

 

Carlos Camacho Córdoba

 

Socio Director 

 

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Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/de-frente

¿Cuál es el impacto del IVA en su Flujo de Efectivo?

Para comenzar a tratar la temática del flujo de efectivo, primero es importante tener en claro la importancia de este dentro de las finanzas de su empresa. El flujo de caja (Cash Flow) es aquel informe que nos indica cuales son las entradas y salidas reales de efectivo en una empresa. Este libro es el que tiene la mayor importancia financiera, pues es el que nos señala si una empresa tiene la capacidad de pagar deudas, repartir dividendos, comprar inventario, etc.
Por lo anterior, todo financiero siempre asegura que el flujo de caja es el aspecto más crucial de una empresa. Un flujo de caja sano es sinónimo de una empresa sana. Dentro del flujo de caja, hay un concepto con el que se debe ser cuidadoso, pues muchas veces se deja de lado, este es el capital de trabajo, pues es la cuenta que nos indica el efectivo en corto plazo y el necesario para el funcionamiento diario. Sin entrar a explicar con mayor detalle el capital de trabajo, solo como un fin aclaratorio, el capital de trabajo se refiere a las variaciones entre el activo circulante menos el pasivo circulante
Muchas veces las compañías lo pierden de vista al inclinarse a un análisis más básico de pérdidas y ganancias y dejan de observar la necesidad de las correctas políticas de cobro y pago, que les permitan el funcionamiento diario de la empresa, sin tener que recurrir a préstamos o de hacerlo saber detectarlo de forma oportuna. Frente a un panorama de futuras tasas de interés al alza, la idea de pedir préstamos para cumplir con obligaciones, puede ser la peor táctica que lleve a una empresa la iliquidez e inclusive en casos extremos a la quiebra, en especial en época de crisis.
Ahora bien, con lo anterior claro, podemos comenzar a vislumbrar cuál sería el impacto del IVA en el flujo de caja. El IVA genera, a nivel contable al hacer una compra, un aumento de un 13% en una cuenta por cobrar con el fisco (el crédito fiscal) y a la hora de la venta, un aumento del 13% en una cuenta por pagar con el fisco (el débito fiscal) los cuales se liquidan en los primeros 15 días y se paga la diferencia, esto si existe acreditación plena.
Ahora bien, el conflicto ocurre cuando las ventas se realizan a plazos mayores de un mes, pues cuando eso sucede así, con el registro de la venta, al mes siguiente se debe cancelar el IVA que se haya devengado, aunque se tenga pendiente la percepción de la misma. Como consecuencia de esta situación, se comienza a financiar un IVA del cliente. Otro efecto por considerar son las empresas que realizan las ventas con tarjetas de crédito, pues la reforma plantea realizar una retención del 6% en las ventas. De forma tal que si la diferencia entre el crédito y el débito del IVA es menor al 6%, que ya se retuvo, las compañías tendrán que solicitar una devolución.  
Ahora bien, esos son los problemas en el flujo de caja fáciles de solucionar. Los problemas reales se dan cuando la empresa se enfrenta a las reglas de prorrata, pues la norma indica que se calculará el porcentaje del IVA pagado, que es realmente acreditable, al inicio del año con la experiencia del año anterior y hasta diciembre podrá realizar el ajuste necesario, aspecto que redunda en la práctica del desmejoramiento del corto plazo del flujo de caja.
Así pues, en caso de que la empresa por alguna razón sufra variaciones en ventas o productos, su porcentaje cambiará y en el supuesto de que la empresa haya tomado un crédito fiscal mayor que el real, la empresa tendrá que hacer un desembolso el 15 de enero para pagar la diferencia acumulada en razón de la aplicación de la prorrata. Entonces en las fechas de mayor salida de efectivo, por temas de aguinaldo también tendrá que asumir este desembolso, cuyo cálculo obligado es anual, aunque las mejores prácticas de administración del efectivo recomiendan la gestión mensual del cálculo y reserva respectiva de efectivo a efectos de atender en tan importunada fecha una obligación sobrevenida.
En conclusión, para que el IVA no genere afectaciones en el flujo de efectivo, se debe de hacer una revisión de las políticas de cobro y pago de las empresas y a su vez, en caso de corresponder realizar prorrateo, realizar el cálculo y tener un monitoreo constante para poder realizar las reservas del caso.

 

Eduardo Rodriguez

 

Gerente de impuestos

 

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Encrucijada

Es común que en los momentos más críticos de la historia de los pueblos, haya que llegar a un punto de encrucijada, donde las decisiones que se tomen marquen el resto del camino de la historia; estos hitos son a veces evidentes en el momento, pero si miramos a lo largo de la historia de la humanidad y de nuestra propia historia personal, en muchas ocasiones solamente nos damos cuenta de estar en una encrucijada —cuando vemos retrospectivamente y no nos es tan evidente— quizá por lo sinuoso del camino, qué tan sutil pueden llegar a ser estos puntos de inflexión histórica.
Creo que estamos en esta encrucijada histórica para el pueblo costarricense, que está de fiesta por su 197 aniversario de su independencia, de cara al bicentenario, teniendo que hacer una muda completa de los elementos componentes de los elementos fundamentales del pacto social.
Como en toda encrucijada podemos encontrarnos y lo estamos, en una paradoja que es de carácter multidimensional, pues después de habernos aletargado en la historia de la solución de asuntos que llevan con nosotros décadas de estar en urgente reparación, hemos entrado al hospital general de la enfermedad social en estado comatoso.
No exagero, quizá para algunos que están viendo los recientes acontecimientos como simples hechos aislados, meras coincidencias, o incidentes propios de un mero cambio generacional, esto parezca que tenga una visión si no apocalíptica, al menos pesimista.
Creo que ni una ni la otra, simplemente hay que unir los puntos que parecen aislados y hacer de ellos el cuadro de los hechos para ver lo profundamente evidente que es el estado de las cosas en nuestro país.
El primer elemento paradójico es, cómo lograr entender el razonamiento de quienes ejerciendo sus derechos de manifestación en un país, libre, democrático e independiente, pueden estar solicitando mantener el statu quo de los beneficios de contar con Estado magnánimo, para unos pocos, usando a las mayorías como “carne de cañón”, para que lleven a cabo manifestaciones cuya legitimidad reside en la condición efectiva de los manifestantes, para que los verdaderos privilegiados vean detrás de las ventanas con burlona risa, cómo los que deben manifestarse lo hacen creyendo que es para el logro de beneficios muy marginales para sí, cuando el asunto se concentra en concesiones asquerosas por excesivas, para unos pocos de la clase sindical, la clase política y algunos empresarios de la corrupción. Es distinto decir empresarios de la corrupción, que empresarios corruptos, pues en las palabras reside la acción y de ahí el deber de cuidado en el uso de estos términos para no caer en los extremismos que alimenten la polarización ya estridente de nuestra sociedad.
Por una parte, tenemos un modelo de Estado diseñado después de la instauración de la Segunda República y que llega a su culmen de condición máxima de intervencionismo en la década de los 70, con la Costa Rica, de modelo del Estado empresario.
En síntesis, llegar a las manifestaciones más puras de una sociedad socialista que enfrenta con una nueva realidad de entornos en la década de los 80, cuando la guerra centroamericana, la ruptura de relaciones con los organismos financieros internacionales, la escalada de los precios internacionales del petróleo y una economía privada de monocultivo, eran las características que daban origen a la mayor clase media de América Latina, después de que este modelo tocó fondo, esa clase media —en especial la que dependía de los ahorros de su vida como medio de subsistencia— vieron erosionadas las capacidades de compra de sus ahorros a valores exiguos y hasta de características insultantes.
La crisis de los años 80 no fue otra cosa que la demostración que inclusive Costa Rica, con toda su paz histórica, con toda su belleza y sin ejército, podía dejar más víctimas que una guerra fratricida que es la de matar de cuajo, la aspiración de que ese modelo de Estado continuara siendo el modelo de Estado empresario, hubo que empezar por tomar decisiones valientes, complejas e impopulares, hubo que cerrar empresas estatales y privatizar algunas, no daba la cobija para el cuerpo de la víctima, había que elegir, no sin dolor pero seguros de que aquellas opciones eran parte de la solución de una encrucijada.
La sociedad venía enferma, la crisis de los 80 tenía profundas raíces en los anteriores varios gobiernos, donde se había perfeccionado la condición ideal para la caída libre.
La crisis no se presentó en la mitad de los años 70 por dos motivos muy sencillos: siendo un país de monocultivo concentrado en el café, se dio una escalada en los precios del grano, una extraordinaria productividad en Costa Rica y unas heladas en Brasil que sostuvieron con elementos externos, las ya precarias condiciones internas.
Una crisis como la de la década de los 80 no se genera en uno o dos años, como las actuales condiciones de Costa Rica no se generaron en esta administración, solo se agravaron en esta y la anterior, pero venían gravemente viciadas y profundamente heridas de las tres administraciones precedentes, es decir, que lo que hoy vemos como problema tiene orígenes hace más de 20 años.
Desde entonces se viene debatiendo la necesidad de reformar el sistema fiscal costarricense por uno más moderno, que evitara las disociaciones de tenencia de riqueza con las de manifestaciones de capacidad contributiva, esto se planteó en dos proyectos anteriores que, por razones de orden formal, fueron derrumbados de su fase más avanzada de vida jurídica cual fue, en sendos proyectos el del primer debate de los mismos.
Hemos dejado para después lo que se debió hacer muchísimos años atrás, pero ha llegado el momento de después. No hay manera de tirar más adelante la solución pues tenemos el problema más severo inclusive que el de la década de los 80.
Justifico la afirmación, a la crisis de los 80 entramos con la clase media más grande de América Latina, con un Estado empleador y con una condición de Guerra Fría en el mundo y guerra ardiente en Centroamérica, los Estados Unidos de entonces al igual que la Unión Soviética de entonces, luchaban por la partida de Monopoly —clásico juego de mesa— por la influencia hegemónica en la región de Centroamérica, entrando los soviéticos de entonces, por el enclave de la isla de Cuba a Nicaragua y el resto de la región y con una visión aguerrida de los republicanos en el poder del Gobierno de Estados Unidos, estos hechos aunque pueden verse como agravantes fueron una palanca para la salida del abismo, hoy estas condiciones no existen, la guerra de Nicaragua, aunque parece común a la década de los 80, está absolutamente desconectada de las prioridades de acción del escritorio del presidente de Estado Unidos, le importa muy poco el patio de atrás ya que esta inclusive frontalmente a su más cercano vecino México, así como en una guerra comercial con la Unión Europea, así como con su mayor acreedor e inversionista, China.
Hoy además, en lo interno de Costa Rica, hay un fenómeno que no existía en la década de los 80, los endeudamientos de hipoteca, vehículos y consumos sostenidos con un preocupante endeudamiento que reside en las personas con menos capacidad de pago de manera preocupante, con unos niveles que superan el 20% de que están por debajo de la línea de pobreza, con un desempleo abierto que supera el 11% y creciendo, un costarricense que vive como si tuviera, sin atender los compromisos mínimos, esto solo provoca un caldo de cultivo para una crisis muchísimo más grave sin que haya factores exógenos que nos sean favorables.
Tenemos un pueblo de propietarios, eso nos hacía sentir muy orgullosos cuando lo contrastábamos con los proletarios, pero sin duda, tenemos propietarios de más deudas de las que están en capacidad de soportar, condiciones que entienden muy bien los países desarrollados que tuvieron su propio caldo de esta carne hace ya una década y aún están en proceso de recuperación.
Si no tomamos las medidas no solo fiscales sino de recorte del gasto y sus disparadores: pensiones, deuda y salarios corrientes —cargados de la odiosa concentración de privilegios en manos de unos pocos— la condición no se solucionará solo con el paquete de impuestos.
Las propuestas extemporáneas con que se ha manejado el inicio de la huelga, requiriendo al Presidente de la República retirar el plan fiscal, cuando el pueblo no sabe, pero los dirigentes sí, que esto era facultad del señor Presidente hasta el 31 de agosto, con lo que el llamado a huelga en setiembre solo se explica en la mala fe de pretender desestabilizar la paz social de Costa Rica.
Sepan ustedes, señores dirigentes de los trabajadores, que es una vergüenza nacional que alguien que se dice representar a la clase trabajadora, esté gozando por los últimos 344 meses de permiso con goce de salario, sea que un no trabajador, pues no sabe lo que es eso, está encabezando la representación de quienes sí cumplen con ese deber natural de trabajar, trabajar y trabajar, como lo indicara don Carlos Alvarado, el día de la apertura de su mandato, lo que hacemos la mayor parte de los costarricenses, muchos en el sector público de manera honrada, así como todos en el sector privado, pues el mercado es inmisericorde.
Sepan ustedes, señores dirigentes de los trabajadores, que nosotros los empresarios honestos, que por cierto somos la mayoría, no somos felices con nuevos impuestos, pero entendemos claramente la importancia de tener una economía sana, pues de ahí es donde comen los trabajadores del sector privado, los empresarios y ustedes.
No sentimos un dolor sádico, cuando pagamos impuestos solo nos duele saber que haya gente como ustedes y como los evasores fiscales profesionales y los empresarios de la corrupción y del contrabando, que sean las lacras de esta sociedad, donde nuestras contribuciones les subsidian sus estilos de vida.
A don Carlos Alvarado, nuestro presidente sin distinción de quién votó y no por él, nuestra solidaridad y decirle que ya que logró en tan poco tiempo derrumbar su popularidad, haga que al menos sea por los motivos correctos, no se preocupe por ser el peor Presidente en percepción pública, pues fue de medidas impopulares que logramos en los 80 salir con una Costa Rica fortalecida, afánese señor Presidente por ser impopular, eso sí por los motivos correctos, que las personas correctas le respaldaremos si no nosotros y el resto de la Patria le dejaran solo.
Y al final de los tiempos todo se arreglará, habrá siempre que aprobar impuestos, aumentar desempleo, aumentar tipo de cambio y tasas de interés, disparar la inflación, la carga más regresiva que una sociedad puede tener es destruir el capital, las fuentes de la riqueza y las aspiraciones de sus ciudadanos.

 

Carlos Camacho Córdoba

 

Socio Director 

 

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Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/encrucijada

 

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