Gestión empresarial y acciones contables
En un sistema de gestión empresarial la contabilidad de la empresa es fundamental para la toma de decisiones y tolerancia ante múltiples temas de auditoría operativa o financiera.
Una serie de elementos cualitativos característicos de la contabilidad según las Normas Internacionales de Información Financiera, que son de referencia obligada y acatamiento obligatorio en el ámbito nacional costarricense.
Estas reglas contables contemplan la neutralidad técnica necesaria para adaptarse a cualquier ambiente de gestión empresarial; a la vez, esa condición de orden flexible es una gran desventaja para las partes involucradas, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Este problema de “aterrizaje” de la normativa técnica contable se pretendió resolver con las normas para PYME desde hace varios años. sin embargo, el nivel de cumplimiento de la normativa es de bajo a muy bajo en la vida de la empresa y el empresario.
La llevanza de la contabilidad es una obligación que tenemos todos los agentes económicos y un instrumento de importancia superlativa y objetiva para la toma de decisiones.
La degeneración de la obligación contable a niveles de mero cumplimiento para únicamente efectos tributarios ha sido el tizón que aumenta el fuego de la carencia de información confiable, objetiva, neutra, y exenta de sesgos que permitiría a un plural de agentes económicos tomar decisiones sobre un negocio o entidad. Dicha información permitiría otorgar o no créditos, medir riesgos de gestión, aumentar o disminuir las necesidades propias del capital de trabajo entre otras decisiones de manera sencilla.
La trascendencia de último ratio, es la de la base cierta para la determinación de las obligaciones tributarias, conforme lo establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Esta base cierta debe ser conteste a una normativa técnica con dificultades para ser aplicada, como lo hemos señalado desde hace años. La dificultad pasa por una serie de postulados técnicos, pero también, por elementos de orden mecánico y objetivo que permitan calificar o descalificar una contabilidad. Esto hoy, depende de una decisión – criterio peligroso en manos del auditor fiscal.
La decisión es peligrosa porque muchas veces los conocimientos de los auditores fiscales sobre la normativa técnica contable están desactualizados. Pero también por sus consecuencias: Si la contabilidad del contribuyente es pasible de ser desconocida por la administración, se expone a la activación de la base presunta en la determinación de su base imponible y de su obligación tributaria.
Las consecuencias son peores cuando el contribuyente desconoce su base cierta y debe defenderse ante órganos resolutores compuestos por profesionales en el derecho y no en la técnica contable.
Es un tema de difícil solución si no se instrumentaliza el medio de seguridad jurídica que, en concordancia con la técnica contable provea al contribuyente con los medios ciertos y esenciales para saber qué se espera de su contabilidad. Una certeza legal para que, cuando suceda la calificación de insuficiencia sobre la base cierta, el empresario sepa qué es aplicable en la fase de fiscalización.
Dicho instrumento, el plan único de cuentas, o plan general contable, es a la vez un medio hermético sin dejar de ser flexible para que la comparabilidad de la información de los contribuyentes a nivel sectorial sea aplicable y coopere con la gestión de la Administración Tributaria, detectando desviaciones sectoriales, que hoy, con el raquítico instrumento que se declara el impuesto a la utilidades que es el formulario D.101, sin modificación ni adecuación alguna posterior a la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, impide una gestión de riesgo fiscal objetivo.
El catálogo de cuentas, con un manual descriptivo de los movimientos y documentos fuente que son admisibles para el sustento de los débitos y créditos de cada cuenta predeterminada, es un instrumento idóneo. No es una invención propia, sino que basta con ver a cada lado para detectar las mejores prácticas que otros países miembros de la OCDE latinoamericanos han implementado en México, Colombia y Chile.
Este catálogo permite, a la vez, hacer realista y menos traumática la entrada en vigor de la contabilidad digital, propia e inherente de la tributación digital a la que estamos aspirando después de la larga noche de terror y terrorismo cibernauta que sufrimos el semestre anterior.
En nuestro país, como en los países de la OCDE mencionados, la información financiera ya está en los servidores de las respectivas Administraciones Tributarias. Falta solo voluntad para tener esta normativa técnica en ejecución. Se requiere de una disposición reglamentaria que regule el catálogo de cuentas; el manual descriptivo incardinado con la regulación de documentos electrónicos será un paso de gigante que acaba en buen recaudo cuando se hace el buen cierre.
No basta con haber puesto la primera piedra de una gran obra. Si de esta no se derivan el resto de las acciones correspondientes, estamos ante obras inconclusas que hacen perder credibilidad y cuyo costo es la deslegitimación de las acciones tendentes al control y adopción de mejores prácticas.
Un mecanismo preparatorio debe entrar en marcha antes de que los contribuyentes debamos tener el resto de nuestra información en los servidores de la Administración. Ya todas las transacciones de compraventa, tanto de bienes como servicios, están en posesión de la Administración. Lo que falta es poca cosa, pero indispensable, para contar con la contabilidad plena del contribuyente en tiempo real. Esa en la que la técnica de exploración de “big data” y el aprovechamiento de la inteligencia artificial hace más ágil la administración de la información. Un entorno en el que el espacio a la discrecionalidad se minimiza.
Si el gobierno de la República se plantea una seria lucha contra la corrupción debe cerrar todo posible acceso a la discrecionalidad. Esta puede favorecer una tentación que termina materializándose en actos de terrible corrupción de unos y otros. Corruptor y corrupto en igualdad de responsabilidad, con el gran perdedor etéreo que es el Erario Público. Al final, en términos concretos, somos usted y yo, quienes sí hacemos nuestro mejor esfuerzo por cumplir con las pesadas cargas de las contribuciones públicas, sean estas de orden fiscal o parafiscal quienes sufrimos más.
En la era de la digitalización y la revolución informática es una obligación para los agentes privados y para los entes públicos el contar con los medios idóneos para que información crítica y vital para la toma de decisiones esté segura. Solo así podemos mantener un ambiente fiscal adecuado, seguro, en el que tanto contribuyentes como instituciones receptoras de información sensible trabajemos en cumplir con las mejores prácticas y altos estándares de ciberseguridad.
No debemos administrar con base en efectos traumáticos producto de los recientes ataques cibernéticos a Hacienda y a la Caja Costarricense del Seguro Social. No deben ser estos los motivos por los que toda empresa, con independencia de su tamaño, vele por la seguridad de su información. Aunque dichos indeseables actos no hubiesen ocurrido, lo prudente y responsable es tener los adecuados protocolos para el manejo de la seguridad de la información; tan básico como cerrar la puerta de la casa. No porque la del vecino la acaban de robar, sino para minimizar los disparadores potenciales de riesgo.
Ante realidades como esta urgimos a las autoridades competentes la emisión de reglas concretas, ciertas, aterrizadas, sin ambages, sin portillos para la interpretación o aplicaciones creativas que erosionen las bases imponibles o dejen a los contribuyentes en condiciones de indefensión material, aunque a la formal o aparente siempre podrán acceder.
Si queremos ser un país que aspira al desarrollo y a abandonar los vestigiales elementos que han sido remora para el progreso social, la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad en lo público como en lo privado, hay que seguir tomando pasos de orden disruptivo. Sobre esto hemos hablado por más de veinte años a pesar de la sordera conveniente de a quienes les servía más bien tener abiertas las arcas para beneficio de unos pocos.
Esperamos que en este inicio de la Administración Chaves Robles se haga lo que hemos planteado por años. Varios directores de Tributación incluso estuvieron de acuerdo, de los dientes para afuera, pero nunca lo pusieron en marcha. Los mandos medios han tenido secuestrado a nuestro país.
