No basta con serlo
Hay un viejo dicho, atribuido a Plutarco, que dice, “La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo.” Esta sentencia de orden moral, muy aplicable a todo ámbito de la vida, hoy recae sobre Costa Rica y su participación en la OCDE.
No me referiré a la penosa página que denota aquel otro sabio adagio de que recogerás lo que siembras, que la sociedad costarricense le aplicó al Señor Solís, en su pretensión de volver a los orígenes de la Bastilla, a disfrutar los goces de las bondades parisinas. Pero sí que esto, es una conducta que hace cuestionable la madurez para conducirnos como miembros de la OCDE.
Debemos recordar cuál es el propósito de la organización a la que pertenecemos con una gran oportunidad y una grave responsabilidad. El órgano de emisión de políticas y mejores prácticas en los diversos ámbitos de la vida en sociedad, para lograr una vida mejor para todos sus habitantes.
Dice la propia presentación de la OCDE en su página web:
“En colaboración con gobiernos, responsables de políticas públicas y ciudadanos, trabajamos para establecer estándares internacionales y proponer soluciones basadas en datos empíricos a diversos retos sociales, económicos y medioambientales. La OCDE es un foro único, un centro de conocimientos para la recopilación de datos y el análisis, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas. Asesoramos en materia de políticas públicas y en el establecimiento de estándares y normas a nivel mundial en ámbitos que van desde la mejora del desempeño económico y la creación de empleo al fomento de una educación eficaz o la lucha contra la evasión fiscal internacional.”
Es por esta definición que los países, tanto miembros como no miembros, se adhieren a las políticas de mejor desempeño público. Una sociedad de libertades con fines sociales tales como la promoción de la competencia, evitando la concentración de actividades económicas en manos monopolios o actos monopolísticos que atentan contra el objetivo de lograr una vida mejor para una mayor cantidad de personas habitantes de todos los países del mundo. Por supuesto, el compromiso es mayor al momento de predicar con el ejemplo por parte de los países miembros.
No deja de ser contradictoria la abrumadora y creciente brecha que, como sociedad, hemos llegado a fomentar, tolerar y promover por acciones u omisiones, tanto en la materia de la conducción de los asuntos públicos como los de la esfera privada. Esas relaciones disfuncionales que hemos dejado sean perversas relaciones pasionales – como las de la mujer del César – que hacen del Estado un ente para ordeñarlo, sea tanto como funcionarios – salvo excepciones que por supuesto hay – como proveedores del gran comprador de empresas privadas que en diversas ocasiones abusan del Estado a cambio de dadivas, favores y favorecimientos electoreros – claro que también hay proveedores honestos del Estado, probablemente los más.
En esa perversidad nos conducimos como un país que requiere de una transformación para cumplir con los más altos estándares de probidad y transparencia, pilares que fomentamos desde nuestro asiento de París, pero no correspondemos de manera concreta en las prácticas de compras públicas y funcionarios eficientes y contestes al deber y honor de servir a la sociedad que les ha hecho depositarios de su confianza. Esa que se ve retribuida, no en todos, pero sí en muchos casos, con la bofetada de la burlesca y cínica acción de corrupción en materias que requieren urgente acción.
Dentro de los pilares de la OCDE prima una especial atención a la transparencia y rendición de cuentas. Asumimos, en el camino de incorporación, compromisos que serán medidos de manera recurrente en cuanto al cierre de brechas detectadas en aquel momento, en el 2016. Hoy, si vamos a examen, la nota solo desmejorará, no hay credibilidad por falta de transparencia.
No hay rendición de cuentas sustancial, aunque la haya en lo material. Son muchos los casos que denotan que no basta con la formalidad del control, sino que se requiere de contar con medios ex ante, que eviten que los crímenes contra la Hacienda pública sigan proliferando.
Las acciones de transparencia no son responsabilidad solamente del Poder Ejecutivo, el peor de todos en todo caso, sino de cada uno de los Poderes Supremos de la República, todos ellos de capa caída.
En el aspecto fiscal el predicado de la OCDE es claro y contundente: evitar la evasión fiscal internacional mediante toda suerte de instrumentos útiles a la transparencia fiscal internacional. Pasa por la recopilación de la información previsiblemente relevante en materia fiscal para que la misma sea susceptible de ser usada para que la evasión interna se reduzca, tanto como para generar un ambiente de intercambio efectivo de información que sea eficaz y espontáneo.
La ruta a la admisión de Costa Rica como país miembro fue una estricta valoración de diversas áreas, la suscripción de diversos instrumentos jurídico-tributarios de la fiscalidad internacional en la que nos comprometimos a ser dignos miembros postulantes en aquel momento, hoy miembros plenos de dicho organismo.
Ser miembros de la OCDE requiere un cambio en la cultura de los gobernantes en todos los Poderes de la República, tanto como del resto de los actores del quehacer social. No es una tarea fácil ni tampoco rápida, pero lo no hecho en el camino es deuda por resolver a la brevedad.
Se requiere, por ejemplo, de un control de calidad del cumplimiento de la legislación nueva que se promueva, con las mejores intensiones y propósitos, para que se determine si entra en colisión con alguno de los principios, valores o postulados que, como órgano supranacional, hemos comprometido.
Tal es el caso que de la ley 9996 LEY PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONISTAS,
RENTISTAS Y PENSIONADOS, publicada el pasado 14 de julio. Tiene como propósito la atracción de inversiones en tractos de ciento cincuenta mil dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, con el objetivo de que tal influjo de inversión colabore en la condición de nuestros flujos de capital e inyecte recursos frescos a las actividades económicas.
Sin entrar a determinar las bondades de esta normativa por sí misma, comparando por ejemplo el monto de la inversión requerida y los beneficios fiscales que se otorgan, tema de una discusión separada, la cual no parece haber considerado la relación costo beneficio de las consecuencias pretendidas.
El artículo 5 de dicha ley exime a los inversionistas y rentistas de una serie de impuestos que van desde: a) el 100% de exención de menaje de casa b) la exención del 100% de los impuestos aplicables a la importación hasta de dos vehículos terrestres, aéreos o marítimos, exención que incluye a la del impuesto del valor agregado, las sumas c) exención del impuesto sobre la renta de los ingresos que le dieron origen a la condición de residente, pagando solo por las rentas que devenguen en otras actividades locales d) exoneración del 20% del impuesto de traspaso de bienes inmuebles e) exoneración de los bienes necesarios para el ejercicio de su actividad económica ya sea profesional o científica.
Por supuesto que comprendemos el marco de las circunstancias en las que se promueve la ley para captar la atención de los nómadas cibernautas, pero, no podemos dejar de llamar la atención de dos aspectos: los referentes a la condición de residentes fiscales que pueden estar obviando el deber de contribuir; así como los agravios comparativos para con otros regímenes de orden migratorio, incluida la condición propia de los locales costarricenses, que estamos en clara condición de desventaja fiscal con respecto a estos sujetos beneficiarios de la nueva ley.
Debemos preguntarnos si estamos, con normas como estas, siendo focos de prácticas fiscales nocivas a las que nos comprometimos como miembros de la OCDE a combatir. Lo que hemos escrito con una mano, lo hemos borrado con la otra, a falta de un análisis más pausado de la técnica legislativa para contrastarla con nuestra nueva condición de país miembro del club de los reguladores mundiales.
Es evidente que apenas “gateamos” en el gran reto de incorporación al concierto de las naciones rectoras, pero a la vez, se hace evidente, también, que no hay nadie a cargo del deber de cuidado de las avanzadas que hacemos ya “gateando” o traccionando de cualquier otra forma, es decir, no hay adulto a cargo de estos asuntos.
Publicado en La Republica el martes 20 julio, 2021
