RECTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN EN EL REGISTRO DE TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS FINALES

La obligatoriedad de realizar la declaración de Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales se mantiene vigente. Aunque varios medios de comunicación han indicado la suspensión de sanciones; esto no ha sido realizado por medio de una prórroga o reforma expresa a la normativa que rige la obligación. 

De la práctica de esta declaración han surgido algunos cuestionamientos respecto a la forma en la que operará. En ese sentido, con respecto a una posible rectificación de la declaración de registro de accionistas se debe responder a las preguntas: ¿Existe la figura de la rectificación en esta declaración? ¿Cuál es la forma en la que se debe realizar? y ¿Existe algún tipo de riesgo o sanción?

 

En ese orden de ideas, se puede decir que la figura de la rectificación sí existe en dicha declaración. Se reguló un sistema el cual se fundamenta en el artículo 15 de Resolución Conjunta de Alcance General para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales y el artículo 24 del Reglamento del registro de transparencia y beneficiarios finales. La primera norma mencionada, brinda mayor especificación del proceso, en el tanto establece:

“Cuando una persona física o jurídica considera que la información suministrada es incorrecta, debe solicitar la corrección de la declaración respectiva siguiendo alguno de los procedimientos descritos a continuación:

  1. Acudir ante el representante legal del sujeto obligado para solicitar la corrección de los datos suministrados mediante un escrito debidamente firmado y autenticado con el detalle y la justificación del caso, si el documento es electrónico debe estar firmado digitalmente. El representante legal o apoderado de la persona jurídica obligada debe realizar la respectiva declaración de rectificación en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales adjuntando el escrito correspondiente.
  2. Acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para que solucione la controversia y una vez resuelta, el representante legal o apoderado del sujeto obligado debe realizar la corrección en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales adjuntando la resolución judicial.

Cada vez que se registre una declaración de rectificación el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales emitirá un acuse de recibo y notificará al Instituto Costarricense sobre Drogas y a la Dirección General de Tributación para que realicen las valoraciones que consideren pertinentes.”

 

En el caso de que una persona considere que existen datos incorrectos, tiene dos vías para hacer valer esta situación. 

Respecto a la primera, la norma no indica que la persona que considera que debe de hacerse una corrección es la misma que es obligada a declarar, vacío normativo que se debe llenar interpretando lo establecido en el artículo 130 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, según el que: los sujetos pasivos tienen posibilidad de realizar declaraciones rectificativas. El inciso b del artículo citado anteriormente, establece que toda declaración presentada con posterioridad se tiene como rectificativa. 

El segundo supuesto, refiere a acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativa. Hoy se desconoce mediante qué tipo de proceso se tramitará esta Resolución o presunta respuesta, ya que se debe entender ante la existencia de este supuesto de instancia, que la solicitud de la rectificación corre la suerte de una petición según normas del derecho tributario, artículo 102 del Código, que indica que el silencio debe ser entendido procesalmente como una negación de lo solicitado. 

Es llamativo que la recurrencia tasada en el Código es la instancia para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, dejándose en principio fuera de esta esfera de instancia, causando un “per saltum” a la jurisdicción según reglas de procedimiento Contencioso Administrativo. 

A pesar de lo mencionado, el aspecto al que más se debe tomar atención es el último párrafo de dicho artículo el cual establece que en los casos en que exista una declaración rectificativa, se le notificará al Instituto Costarricense sobre Drogas y a la Dirección General de Tributación, para que realicen las valoraciones que consideren pertinentes. 

De esta forma, la acción de rectificar una declaración activará las alertas de las autoridades institucionales, por lo que se debe tener claro que dicha rectificación debe contener información veraz, que tenga sustento tanto documental como económico y que coincida con lo que se ha declarado frente a las autoridades tributarias. 

En caso de no ser así, estas alertas de seguro generarán una contingencia importante para la compañía que rectifica, lo cual la expone a que las autoridades tributarias inicien algún proceso de fiscalización.

Actualmente, no existe una sanción en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en el caso de que se declare información inexacta o incorrecta, dado que el artículo 84 bis de tal Código, únicamente prevé una sanción por INCUMPLIMENTO. La sanción es de dos por ciento (2%) de la cifra de los ingresos brutos de la persona jurídica o estructura jurídica, en el período del impuesto sobre las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base. 

Sin embargo, de forma general puede resultar aplicable las sanciones del artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en vista que, estas son sanciones por incumplimiento en el suministro de información, y se prevé una sanción en caso de constatarse errores, en el tanto se establece que esta sanción es del uno por ciento (1%) del salario base por cada registro incorrecto, entendido como registro la información de trascendencia tributaria sobre una persona física o jurídica u otras entidades sin personalidad jurídica. En este caso, la sanción impuesta no podrá exceder a la multa indicada anteriormente.

Bernal Alfaro 
Consultor Legal

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