Lo que si podemos y debemos hacer ya

Lo que si podemos y debemos hacer ya

 

  

 

Ante la situación económica que nos agobia y que apenas es el inicio del azote a las finanzas públicas, debemos basarnos en un enfoque de lo que sí se puede hacer. Maneras creativas y constructivas, no bloqueándonos con lo que es complejo y cuesta arriba, sino más bien, enfocándonos en lo que sí se puede para iniciar el camino de la remediación.

Partimos de una situación previa a la pandemia sanitaria. Veníamos enfermos en lo económico. Debemos actuar en dirección correcta, en lo simple primero, para aprovechar lo que ya tenemos como dotación de marco legal. Basarnos en un primer signo positivo, para luego lograr evitar un default de deuda en los próximos 18 meses, según lo ha indicado el exministro de Hacienda, que sale por la ventana cuando se planta ante el presidente de la República.

Presento acciones concretas que debe hacer el Gobierno Central en los próximos 30 días para mejorar la condición de partida en el camino de la gestión económica que, de forma coherente, provoque un pacto social basado en comunicación clara, ausente hasta ahora en la gestión gubernamental de la Administración Alvarado Quesada.

Primera acción: Que el Ministro de Hacienda, en el plazo no mayor a 30 días, emita un reglamento de IVA que sea legal, que elimine todas las exenciones ilegalmente otorgadas.

Si el Ministerio omite esta acción, demando de la Procuraduría General de la Republica establecer las acciones legales que le competen, para que esta situación se legalice a la brevedad en razón de la pérdida de la capacidad recaudatoria, la cual debe ser reestablecida al impuesto de valor agregado.

Si la Procuraduría General de la República determina la ilegalidad del reglamento – aspecto de forma, pues indiscutiblemente lo es porque se opone frontalmente al principio de reserva material de ley –, que se establezca la acción concreta ante la Sala Constitucional para que determine si el mismo es acorde con este principio constitucional o no.

Planteado este recurso, como de última opción y que de manera urgente la Sala dimensione las consecuencias de dicha ilegalidad en cuanto responsabilidad de los funcionarios que cedieron – a cambio de no sabemos qué – a violentar la ley con beneficios concretos a quienes no lograron colar su exención en la Asamblea Legislativa.

Segunda acción: Que la presidencia de la República, al entrar en el periodo de sesiones extraordinarias, remita un proyecto de restablecimiento pleno e irrestricto de la regla fiscal. El proyecto de ley debe establecer derogatoria plena de toda norma que se le oponga la regla fiscal creada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Se deben mantener las normas de excepción en los casos de fuerza mayor, exclusivamente aplicables a los cuerpos del Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo en lo que se refiere a la atención de transferencias a los desempleados, Ministerio de Ciencia y Tecnología en lo que respecta a la investigación de las condiciones de combate a la pandemia y el área de salud de la CCSS; exclusiones que deben ser de orden temporal únicamente hasta que las situaciones concretas de atención de la pandemia, sean superadas.

Esta última providencia de orden temporal es fundamental, ya que parte de los grandes aceleradores y disparadores de la base del gasto público, fue el imprudente manejo de la crisis financiera e inmobiliaria del 2008. Las normas del Plan Escudo de la Administración Arias Sánchez no tuvieron la providencia debida de emitir un orden temporal para una crisis que, al igual que todas, tenía un inicio y un fin.

Se engordo irresponsablemente el tamaño del estado, con la medida keynesiana del momento, sin plantear la debida reducción a posterior, por motivos que solo se pueden atribuir a asuntos de popularidad o populismo, que hoy seguimos pagando y de forma cada vez más cara.

No solo se generaron gastos pertinentes a la creación de soluciones de empleo que debieron ser de orden temporal y que se quedaron en la estructura incrementada del estado, sino que se convirtieron en detonantes de la deuda pública. Una deuda que asciende a sumas históricas sin precedentes y que pone a Costa Rica en condiciones de difícil acceso al crédito “stand by” que se gestiona ante el Fondo Monetario Internacional. Aun obteniendo ese crédito, será insuficiente para atender las urgentes necesidades que plantea el actual parón económico nacional.

Tercera acción: Que la presidencia de la República priorice en la agenda legislativa el proyecto de ley que procura financiamiento a las empresas del sector productivo para contar con un “tanque de oxígeno” que desacelere o evite el cierre consecutivo y desgarrador de empresas y emprendimientos. Un cierre que engrosa el número de familias en condición de desempleo, con la consiguiente reducción de la demanda por bienes y servicios, no porque la necesidad se haya desaparecido, sino porque se esfuma en esta condición de creciente destrucción de generadores de riqueza, empeorando las condiciones de la economía en general.

Cuarta acción: Enviar de manera urgente, para su inmediata aprobación, un presupuesto serio, cierto y comprometido de reducción de gastos. Este proyecto debe estar exento de mentiras y falacias, de engaños y tomaduras de pelo al pueblo que está en necesidad de tener señales claras para saber, en medio de un ambiente incierto, qué de cierto hay en el gobierno de la República, en sus intenciones y en las acciones consecuentes que le acompañen.

Quinta acción: Creación del impuesto al salario escolar, exclusivamente aplicable al sector público que gana por encima del mínimo exento en el impuesto al trabajo personal dependiente, esto a las tarifas crecientes del 10 al 25%. Así inicia el camino de la equiparación de las condiciones del empleado público en esta materia con el trabajador privado.

Este impuesto tiene un efecto de señal. Su efecto recaudatorio es mínimo para el tamaño de las necesidades, pero es fundamental para iniciar el proceso de equiparación de condiciones de equidad horizontal, para empezar el camino de concertación nacional con una cancha más nivelada.

Sexta acción: Hacer de obligado acatamiento en todas las instituciones del Estado la Norma Internacional de Información Financiera. En especial a aquellas que afectan sus modelos tarifarios por ese desacato, por la falacia de los arrendamientos entre otros, en concreto y con especial aplicación al ICE. Un inicio de reducción sustancial de las tarifas eléctricas de manera inmediata, tanto a nivel residencial como industrial. Teniendo en cuenta que este es un disparador de los altos costos de producción que generan al final una erosión de la capacidad de consumo de los, ya de por sí, apaleados bolsillos de los consumidores.

Séptima acción: Instalar y permitir funcionar el comité fiscal creado en la propia Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para parar el baile de las exenciones que se ha montado alrededor de la condición pandémica. Todos quieren caldo, pero nadie quiere aportar a la sopa. Esto es el resultado de muchos años de malas prácticas y usos que crearon costumbres perniciosas, pero llegó el día de parar la fiesta.

Así como escuchamos a las autoridades de salud advertir de manera insistente en la necesidad de evitar las fiestas y aglomeraciones en estos tiempos de pandemia de salud; indudablemente, es momento de asumir la responsabilidad de que a cada exención otorgada se le tenga un ahorro equivalente en materia de gasto público, ya que estas exenciones, no son otra cosa que gastos de todos los costarricenses en beneficio específico y particular de algunos pocos.

Todos estamos en el barco que debemos llevar a buen puerto. Si el barco encalla o sucumbe, nos hundimos todos. La hecatombe económica que puede crear, de entrar en condición de impago de deuda – simplemente es el peor de los impuestos – como látigo social, solo tiene una ventaja, que no hay “lobby” de grupo de presión alguna, que dé exenciones contra ese impuesto.

En una posición de conciencia ciudadana, con el patriotismo que permitió por la mayoría de los doscientos años de independencia, crear no solo un ejemplar modelo de estado democrático, con visión social, proyección de bienestar y una equidad que nos daba el seguro de la estabilidad social. Todos debemos ceder, en lo que nos corresponde a cada quien; entendiendo que este no es un parto sin dolor, y que no hay epidural que nos lo pueda evitar.

O lo hacemos de manera patriótica e inmediata nosotros, por medio de una autoridad competente del gobierno central que lidere con una clara hoja de ruta, que conozca y haga transparente al país los objetivos que se espera de cada una de las acciones que se propongan con transparencia, sin falacias, ni artificios, sin sinvergüenzadas, con verdadero espíritu patriótico, o estamos en problemas.

Dijo el presidente del Banco Central – en una de las pocas declaraciones públicas sensatas que le he escuchado, ya que su silencio cuando le toca hablar es preocupante-, una verdad palmaria: “o logramos pactar entre todos los actores públicos y privados, o las dimensiones de la crisis económica serán devastadoras, superando incluso – la que aun recordamos con temor traumático – la crisis más grande hasta esta fecha” aludiendo a la de los años ochenta del siglo pasado.

Así como nos insisten nuestras autoridades de salud, que el combate de la Covid-19, está en nuestras manos, en los hábitos de higiene y de distanciamientos social, también está en manos de un equipo económico – carente de un pilar claro – tomar estas acciones.

Lanzamos el llamado vehemente y respetuoso a actuar, antes que alguien tenga que venir a sentarse en el asiento del conductor, que le está reservado hasta ahora a la dirección de la democracia institucional en cabeza del presidente de la Republica.

Don Carlos, le quiero decir algo como costarricense. Le están tendiendo una gran trampa haciéndole creer que se puede llegar económicamente ilesos hasta el final de su mandato. Lo engaña la incapacidad de sus colaboradores, carentes de pilar orientativo en materia de lo que hay que hacer, si usted es inteligente, no pida que le digan lo que le gusta escuchar sino la verdad.

Como todos merecemos el beneficio de la duda; si no son ellos, los carentes de pilar, a usted le recuerdo que la historia le ha puesto una oportunidad de la que solo salen los estadistas, no los políticos, por lo que le dedico a usted mi conclusión.

He de concluir recordando a Abraham Lincoln cuando en momentos críticos dijo: “se puede mentir a todos durante algún tiempo; a algunos durante todo el tiempo, pero no a todos durante todo el tiempo”.

Publicado en La República el martes 28 julio, 2020

 

Disminución o eliminación de pagos parciales del Impuesto sobre la Renta

Disminución o eliminación de pagos parciales del Impuesto sobre la Renta

¿Sabía que puede solicitar que se le disminuyan o eliminen los pagos parciales del impuesto sobre la renta?

El tanque de oxígeno que brindó la Asamblea Legislativa a los contribuyentes con la Ley de Alivio Fiscal ante el COVID-19 (Ley 9830) está por terminarse. El pago parcial del impuesto sobre la renta de setiembre está a la vuelta de la esquina y este sí será de pago obligatorio, sin importar la complicada situación de flujo de caja que pueda estar enfrentando su negocio en estos tiempos de crisis.

No realizar el pago parcial implica la imputación de intereses a partir del día en que se debió haber liquidado hasta el día en que efectivamente se efectúe dicho pago, agravando la situación financiera de las empresas.

NO todo son malas noticias.

De conformidad con el último párrafo del artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley 7092), el legislador deja abierta la posibilidad de que la Administración Tributaria rectifique las cuotas de los pagos parciales cuando los contribuyentes lo soliciten por escrito, antes de la fecha de su vencimiento y demuestren satisfactoriamente “…que la base del cálculo está afectada por ingresos extraordinarios o cuando se prevean pérdidas para el período fiscal del que se trate.”

Para los efectos de lo mencionado anteriormente, se debe tomar en cuenta la resolución DGT-R-07-2018 “Procedimiento para la eliminación o disminución de pagos parciales del impuesto sobre la renta”.

En dicha resolución se anexa el modelo oficial de “SOLICITUD DE DISMINUCIÓN O ELIMINACION DE PAGOS PARCIALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA” y se indica, entre otras cosas, que ya sea que se solicite una eliminación o bien una disminución de pagos parciales, se debe aportar una clara y demostrable cuantificación de la incidencia negativa de situaciones en los resultados finales, indicando ampliamente los hechos que fundamentan la solicitud y ofreciendo los elementos probatorios que sean necesarios.

A la luz de la complicada situación que atravesamos en la actualidad, lamentablemente es de esperar que muchos negocios estén previendo pérdidas para este periodo fiscal.

En Grupo Camacho Internacional nos interesa cuidar de su flujo de caja, asesorándolo y acompañándolo en este proceso de solicitud de eliminación o disminución de pagos parciales. Ponemos a disposición nuestra experiencia de más de 30 años para que aumente su probabilidad de éxito en esta solicitud.

Este trámite debe ser gestionado con tiempo, dado que la Administración Tributaria cuenta con un plazo de hasta dos meses para resolver estas peticiones según consta en el artículo 122 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, por lo que lo invitamos a iniciar cuanto antes.

 

Escrito por: Alberto Rubí, Consultor de impuestos.

Mucho más que un año de vigencia: El ciclo de vida del IVA

Mucho más que un año de vigencia: El ciclo de vida del IVA

 

En toda creación hay un ciclo de vida. La norma del IVA, al cumplir un año de su entrada en vigor, junto con el resto de las normas de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no se exime del paso del tiempo y de su propio ciclo vital.

Al igual que en la vida de las personas, las afectaciones inherentes al ciclo vital son endógenas – es decir, propias – o exógenas – ajenas. Esta norma, ha tenido de todas ellas. Es un cuerpo vital, sometido desde su larga gestación de 20 años, más larga imposible, hasta su parto en diciembre de 2018. Amenazada por detractores diversos, con disfraces que van desde los sinceros detractores frontales de la norma hasta sus propios custodios. Este es el ambiente en que sale de cuidados postparto a la vida el pasado 1 de julio de 2019.

Las nodrizas que debían cuidar la norma le han intentado envenenar desde que custodiaban a la madre, en el proceso legislativo, con acciones concretas y diversas e inacciones que, si no lograron dejar en las entrañas de la norma, no tuvieron reparo de hacerle evidentes escisiones para que su destino fuese la pérdida vital de capacidad recaudatoria del impuesto a través del reglamento.

Lo venimos denunciando de este a oeste y de norte a sur, desde hace más de un año de promulgación del ilegal reglamento.

En este ciclo vital hemos creído ver de todo, pero hoy, queremos advertir a los lectores, contribuyentes todos, ya sea en condición de contribuyentes económicos – quienes pagamos efectivamente el impuesto por razones de consumo o uso de bienes o servicios en el territorio nacional – o bajo condición de ser responsables contribuyentes jurídicos – quienes somos instrumentos de recaudación y liquidación de una compleja obligación mensual – sobre diversos aspectos a tener en cuenta en tan particular cumpleaños.

El reto ampliado para el que actúa como contribuyente jurídico es el de cumplir con la responsabilidad de aplicar la norma. Hacerlo requiere de precisión interpretativa amplia, así como el seguimiento a pie juntillas, de los múltiples ribetes que salen en adición de la norma viviente o agonizante en manos de la Administración Tributaria. La responsabilidad no se acaba con la etapa de liquidación mensual que debemos hacer, sino que es extensiva a dos fases más, una de las cuales ya hemos superado y de la otra debemos mantenernos alerta.

Esos dos momentos adicionales son: el de la liquidación anual de la proporcionalidad y el de las fiscalizaciones.

En relación con la liquidación de la proporcionalidad hay cuestiones aún focales de riesgo, tales como si hicimos o no deducciones conforme ley o conforme la norma reglamentaria; o, por el contrario, si del menú lo que escogimos por ahí fue alguna de las otras y diversas normas infra legales.

Esto comportar en sí retos por definir, aunque también hay quienes al mero estilo del vaquero, se han hecho respecto de la liquidación de proporcionalidad anual, como quien no es con ellos, cuando el riesgo será solo materializado en procesos de fiscalización a los que aludiremos más adelante.

Por otra parte, estamos a la puerta de entrada del sistema de CABYS, por sus siglas al Catálogo de Bienes y Servicios. Un listado elaborado por el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda; donde se asigna un número o código a cada uno de los bienes y servicios que se comercializan en el país. A partir del próximo 1 de diciembre, toda factura electrónica deberá seguir por servicio o producto la codificación en este sistema uniforme en el que todos debemos facturar.

Todos estos bienes o servicios debidamente codificados se encuentran precalificados en torno a su situación general respecto de la sujeción al Impuesto al Valor Agregado. El CABYS determina previamente que un producto puede estar: Exento, gravado a la tarifa general del 13% y gravado a una tarifa diferenciada o reducida. Este catálogo puede ser accedido en la página web del Banco Central de Costa Rica.

La implementación del CABYS implica una labor de preparación en la que todos los contribuyentes nos debemos estar avocados a resolver. Puede llegar a ser muy envolvente en materia de tiempo e indudablemente, debe haber medios de capacitación interna para que en lo operativo podamos manejar el asunto relacionado con la clasificación de manera adecuada, sino se hace más tendente el riesgo humano, la errónea codificación que conlleva riesgos susceptibles de sanción de multa y rechazo de las facturas en el sistema de validación del Ministerio de Hacienda.

A partir del 1 de diciembre de 2020 todos los contribuyentes que estén obligados a emitir facturas electrónicas – sea todos menos los de transición y los de régimen simplificado excepto que se lo soliciten sus clientes, con lo que no se eximen del uso de este sistema- deberán indicar en cada línea de producto el código CABYS correspondiente.

El campo asignado en la factura electrónica para incorporar dicha información es el denominado: “Código de Producto/Servicio”. El Ministerio de Hacienda podrá rechazar la emisión de la factura electrónica cuando no se ingrese dicho código o cuando se ingrese de forma errónea. De momento, la información que ha publicado el Ministerio de Hacienda indica que en caso de que en el catálogo de bienes y servicios no se encuentre alguno en específico; se recomienda: utilizar sinónimos, recurrir a los niveles jerárquicos o contactar directo al Banco Central de Costa Rica. Esto es una engorrosa tarea que debe estar programada en cada empresa con anticipación, para que, con sincronización musical, la melodía suene a partir de 1 de diciembre. ¡Vaya fecha rebuscada!

Para algunos contribuyentes, ajustar sus sistemas para la inclusión del código CABYS en cada producto, será un trabajo denso y largo. Es importante identificar las necesidades que se tienen en cada caso e iniciar el proceso de implementación de dicha normativa lo más pronto posible, con el objetivo de entrar a pruebas a la brevedad para luego poner en producción para entrenamiento, el cual debe ser exhaustivo ya que ahí, en la última línea de riesgo probable, está la fuente misma de la data y es donde, puede estar iniciando un efecto irreparable de errores significativos.

¿Qué valor utilitario tiene CABYS a la Administración Tributaria? Hay al menos dos que veremos en el mediano plazo: por un lado, para el sector importador, el control ahora uniforme y sistemático, casi sin intervención humana, de las entradas de productos mediante los DUA de importación y las cantidades de bienes que se venden, siendo un medio sencillo de detección de irregularidades en liquidaciones aduaneras por código, así como los de ventas por factura electrónica.

Esto dará mediante la minería de datos y la robótica, medios de control fiscal más eficaces en el transcurrir del tiempo.

También, con las bases de datos de comparabilidad interna que toda esta información sistematizada genera, se pueden depurar y crear verdaderos indicadores sectoriales de rendimientos en las áreas no solo de bienes, sino de actividades de servicios. Sirve a la detección automática de los indicios de la informalidad, que formule estrategias de fiscalización tocante a estas betas de no tributación que han sido de manera permanente el flagelo de los que sí tributamos formalmente.

Las fases siguientes en el ciclo de vida del IVA, no serán menos escabrosas con el marco de referencia que hemos venido planteando en nuestro artículo de la semana anterior y este. Lo que hay es un buen caldo de cultivo para la fase de fiscalización en arenas movedizas. Esto como resultado de la inseguridad jurídica a la que nos enfrentamos, e inclusive el nivel de hambre de recursos que tendrá Tributación después de su tiempo de ayuno. En términos lógicos, deberán venir al mercado a comer con hambre vieja, lo que debe tomar a los contribuyentes prevenidos y no viendo para otro lado.

La forma de prevenir es conociendo la condición propia, determinando con una parte independiente, a nivel de diagnóstico tributario, la prueba ácida de la posible fiscalización. Cuídese en el proceso de selección de quién, y con quién va a efectuar este proceso. Hay poco conocimiento real en el mercado y mucho mercadeo carente de contenido.

Vaya a la segura o mejor no haga nada. Ya se dará cuenta de su condición cuando le fiscalicen, pero no lo deje para entonces, tampoco contrate a quien le susurre al oído lo que quiere escuchar, para eso, mejor no se desgaste.

Debe estar dispuesto a aprovechar las ventajas de la acidez y objetividad del tercero, esto le permitirá hacer decisiones informadas dentro de las que está, la valoración de las opciones de aprovechar, en el momento oportuno, la reducción de las contingencias detectadas con aprovechamiento de las ventajas de las rectificaciones voluntarias.

Recuerde que quien, de manera espontánea, aunque extemporánea rectifica sus declaraciones, solo debe pagar la diferencia autodeterminada y los intereses respectivos. Como sanción tiene una minimización de las consecuencias, pagando el 1% mensual de mora con un tope del 20% máximo. Muchísimo más favorable que las onerosas multas del articulo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que van de un mínimo del 50% hasta el 150% de la obligación determinada en fase de inspección o fiscalización.

Los números son elocuentes, la detección temprana, acción voluntaria y oportuna, son claramente del sistema de autoliquidación, que en efecto paga cualquier inversión en asesoría de calidad en esta materia. No se prive de estos ahorros significativos ante el riesgo incrementado por la precaria condición de las finanzas del país.

Publicado en La República el martes 30 junio, 2020

 

IVA en servicios transfronterizos

IVA en servicios transfronterizos

 

 

 

 

 

 

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Sí, Netflix, Amazon, la publicidad digital y otros servicios transfronterizos tendrán IVA. Así lo establecía la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas pero hasta ahora la Administración Tributaria procederá a cobrarlo.

La “Resolución sobre cobro y percepción del impuesto sobre el valor agregado sobre servicios digitales transfronterizos” establece las formas y metodologías a aplicar para el cobro del IVA de plataformas digitales y bienes intangibles cuando sean vendidos por una persona no domiciliada en Costa Rica.

La resolución es un instrumento para aplicación del artículo 30 de la Ley del IVA donde se graban dichos servicios.

A pesar de no ser un asunto nuevo, la implementación o cobro del impuesto no es simple, por lo que se requería esta nueva resolución que establece los parámetros bajo los cuales se aplicará.

La resolución DGT-R-13-2020 crea dos posibilidades para efectos del cobro del IVA, que se explican a continuación:

  1. Cobro del IVA por parte de los proveedores e intermediarios de servicios digitales y bienes intangibles transfronterizos.

En este primer mecanismo se crea un registro al que se pueden inscribir las empresas que brindan el servicio o un intermediario. Deben remitir por correo electrónico un formulario de “Solicitud de inscripción”. Posteriormente, deben apersonarse de forma física a la Administración Tributaria para aportar documentación que demuestre la existencia y vigencia de la empresa, así como que se consigne la representación legal que ejerce la persona física.

Toda documentación que sea extranjera debe estar debidamente apostillada y traducida al idioma español, de ser necesario.

Una vez verificados todos los requisitos, se le acepta la solicitud de inscripción y se le brinda un Número de Identificación Tributaria Especial (NITE) y el de su representante legal.

El cobro por medio de retención a través de los emisores de tarjetas de crédito o débito no aplicará para las empresas inscritas; por lo que, al inscribirse, se informará a las entidades crediticias para que se abstengan de realizar la retención.

Algunas de las obligaciones de los proveedores o intermediarios inscritos son:

  • Mantener actualizado el Registro Único Tributario
  • Identificar el lugar donde se consumen los servicios digitales o los bienes intangibles.
  • Realizar el cobro del IVA sobre las ventas, cuando sean de consumo en el territorio nacional.
  • Declarar el impuesto mediante formulario D-188 a más tardar dentro de los primeros 15 días naturales del mes siguiente a aquel en que se dio la venta. En el caso de los intermediarios, deberán presentar una declaración informativa de las transacciones mensuales sobre las cuales cobró el impuesto, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al mes en el que se efectuó la venta; y esta declaración se realiza mediante el formulario D-185.
  • Pagar el impuesto y enviar comprobante de pago vía correo electrónico.
  • Llevar registros auxiliares que den sustento a lo declarado.

IMPORTANTE: La resolución indica que estos proveedores o intermediarios no se encuentran obligados a emitir comprobantes electrónicos.

Sobre la base imponible, el artículo 8 de la resolución establece algunos supuestos aplicables según sea cada caso, a saber:

  1. La base imponible a utilizar por el proveedor corresponderá al monto bruto de la contraprestación; y sobre dicha base deberá aplicarse el 13% de IVA.
  2. Los intermediarios, deberán proceder sobre los montos cobrados por cada uno de los proveedores locales que intervengan en la transacción de la siguiente manera:

“(…)

  1. Si el proveedor local cobró el 13% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, emitió el respectivo comprobante y lo detalló en la transacción, el intermediario debe realizar una retención al proveedor equivalente al 6% del monto de la transacción, antes del cálculo del IVA.
  2. Si el proveedor local no cobró el 13% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, o no emitió comprobante autorizado, el intermediario debe agregar el equivalente al 13% del monto bruto de la transacción.
  • En todos los casos en que el intermediario cobre comisión o cargo alguno al cliente o consumidor final, deberá agregar el equivalente al 13% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.”

 Cobro del IVA a cargo de emisores de tarjetas de crédito o débito

Este mecanismo obliga a todos los emisores de tarjetas de crédito y débito de fungir como agentes de retención y percepción del IVA, cuando sus tarjetahabientes utilicen su tarjeta para realizar compras de servicios digitales o bienes intangibles por medio de internet u otra plataforma.

La norma va más allá; indica que también están obligadas las entidades que comercialicen a partir de una cuenta bancaria o cualquier plataforma digital; pensando claramente en la utilización de banca virtual para el pago de estos servicios transfronterizos.

Según indica la misma resolución, en el artículo 16, las entidades están obligadas a realizar la retención del impuesto, siempre y cuando “dentro de la trama transmitida durante la transacción, se encuentren los caracteres incluidos en la lista de proveedores o intermediarios de servicios transfronterizos que el emisor deberá aplicar la percepción”.

Es decir, siempre que en la trama de las transacciones se contemplen los caracteres indicados en el listado que contiene la resolución, se deberá realizar la respectiva retención y percepción del IVA.

El listado será actualizado cada 6 meses, por lo que no sería de extrañar que se sigan incluyendo algunas otras plataformas que por el momento no se han contemplado.

La Administración Tributaria informará a las entidades de percepción del IVA cuando incluya nuevos proveedores o intermediarios en el listado, y en caso de que el agente de percepción no efectúe los cambios, responde solidariamente por la percepción que no realice.

Con relación a la declaración y pago del impuesto, el perceptor deberá realizarlo a más tardar dentro de los 3 días hábiles siguientes de efectuada la percepción al tarjetahabiente. Esto se realizará mediante el formulario D-102.

Se establece la obligación de presentar una declaración informativa mensual dentro de los 15 días naturales siguientes del mes a aquel en que se efectuó la percepción; y este se realizará con el formulario D-169.

También se genera la obligación para los agentes de percepción de mantener registros auxiliares que sustenten las declaraciones. En este caso, se debe tener el detalle de todas las transacciones de compras de servicios y bienes intangibles de sus tarjetahabientes.

La resolución contempla 2 aspectos adicionales en torno al IVA: los comprobantes de respaldo y el asunto de los créditos.

Sobre el primer aspecto se indica que los consumidores de dichos servicios que sean contribuyentes del IVA podrán utilizar como respaldo las facturas que emitan los proveedores o intermediarios domiciliados en el exterior, el estado de cuenta bancaria o cualquier otro documento equivalente.

Para estos efectos se debe consignar por separado el monto de la transacción y el impuesto pagado; y el contribuyente debe figurar como titular en la factura, cuenta o en el comprobante utilizado.

Respecto al crédito del impuesto por el monto pagado, solamente se dice que cuando se adquiera este tipo de servicios se aplicará lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Al tratarse de servicios digitales o bienes intangibles requeridos para el desarrollo de una actividad sujeta al IVA, el contribuyente tendrá derecho al crédito fiscal.

En los últimos días han surgido noticias informando sobre esta nueva resolución. Algunas mencionan el inicio del cobro de IVA en esos servicios digitales o bienes intangibles a partir del 1 de agosto, pero se debe analizar lo que realmente establece la normativa.

El transitorio I de la resolución indica dos plazos diferentes de inicio. Uno se refiere a la percepción que realizan las entidades que emiten tarjetas de crédito y débito; el otro, al inicio de cobro de IVA por parte de proveedores o intermediarios de forma directa.

El momento de inicio de percepción del impuesto que realizan las entidades que emiten tarjetas de crédito o débito es ambiguo, pues se indica que “iniciará a partir del primer día natural del mes siguiente a aquel en que la Dirección General de Tributación comunique a estos el listado de proveedores e intermediarios sobre los cuales deberá efectuarse la percepción del IVA mediante tarjetas de débito y crédito y otros medios de pago, detallado en el Anexo 6 de la presente resolución.”

Si se tiene la publicación de dicha resolución como la comunicación, este cobro iniciará a partir del 1 de julio; pero si se piensa en una comunicación individual, no existe forma de conocer cuándo serán comunicados dichos entes.

El inicio del cobro del IVA por parte de proveedores o intermediarios se establece a partir del 1 de agosto. Estos proveedores o intermediarios podrán iniciar desde ya su proceso de inscripción, pero el inicio del cobro se realizará hasta dicha fecha.

Gabriel Arroyo Oconitrillo – Consultor de Impuestos

¿Quién va a pagar lo que no se recaudó?

¿Quién va a pagar lo que no se recaudó?

La pregunta que alude a dos corrientes de fugas de negligencia, o de falta de pudor y rigor de parte de la Administración Tributaria durante el último año desde la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Ante la necesidad de financiar el déficit creciente que nos abruma, hoy planteamos algunas áreas de preocupación. Condiciones que deben ser resueltas previas a hablar de cualquier carga tributaria que agrave la situación de ingreso disponible de los consumidores, en detrimento especialmente de la sustentabilidad de la economía en momentos de crítica recesión manifiesta y alargada.

En primer lugar, nos referiremos a las normas que recién se dictaron sobre la forma en que tributan los servicios transfronterizos. Trataremos de plantear algunas preguntas relacionadas con el fondo de este asunto: Sobre el tiempo de su emisión, la evidente falta de diligencia que ha habido, así como las claras pregustas de ¿quién va a pagar lo no recaudado?

La segunda área de abordaje es, precisamente, algunos de los aspectos del reglamento del IVA que, como hemos publicado de forma reiterada, presenta ilegalidades que han tenido incidencia en el monto de la recaudación y los riesgos que esto conlleva para los contribuyentes.

El pasado 12 de junio fue publicada la resolución DGT-R-13-2020, denominada “Resolución sobre cobro y percepción del impuesto sobre el valor agregado sobre servicios digitales transfronterizos.” Esta normativa establece las formas y metodologías a aplicar para el cobro del IVA en algunas plataformas digitales y también en lo que respecta a la compra de bienes intangibles, cuando estos sean vendidos por una persona no domiciliada en Costa Rica.

Esta nueva resolución es solo un instrumento para la aplicación del impuesto, porque estos servicios en realidad se encuentran gravados desde la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El artículo 30 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado deja claro que dichos servicios se encuentran gravados. Sin embargo, se requería esta nueva resolución que establece los parámetros bajo los cuales se aplicará.

El mecanismo crea un registro al que se pueden inscribir las empresas que brindan el servicio o un intermediario. En este proceso de inscripción deben remitir por correo electrónico un formulario de “Solicitud de inscripción”. Posteriormente, deben apersonarse de forma física a la Administración Tributaria para aportar documentación que demuestre la existencia y vigencia de la empresa, así como que se consigne la representación legal que ejerce la persona física.

Sobre la base imponible el artículo 8 de la resolución establece algunos supuestos aplicables según sea cada caso, a saber:

a. “La base imponible por utilizar por el proveedor corresponderá al monto bruto de la contraprestación; y sobre dicha base deberá aplicarse el 13% de IVA.

b. Los intermediarios, deberán proceder sobre los montos cobrados por cada uno de los proveedores locales que intervengan en la transacción de la siguiente manera:

“(…)

I. Si el proveedor local cobró el 13% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, emitió el respectivo comprobante y lo detalló en la transacción, el intermediario debe realizar una retención al proveedor equivalente al 6% del monto de la transacción, antes del cálculo del IVA.

II. Si el proveedor local no cobró el 13% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, o no emitió comprobante autorizado, el intermediario debe agregar el equivalente al 13% del monto bruto de la transacción.

III. En todos los casos en que el intermediario cobre comisión o cargo alguno al cliente o consumidor final, deberá agregar el equivalente al 13% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.”

Como es claro en la lectura de la resolución, estos términos no requerían esperar un año desde la entrada en vigor de la ley del IVA para todos nosotros, los demás contribuyentes del sistema tributario. Como si no hubiera sido suficiente el retraso, además se otorga plazo a las actividades transfronterizas para iniciar el cobro del IVA a partir del 1 de agosto próximo.

En la práctica, por motivos que al menos en buena fe podemos decir son de negligencia, se les da un trato desigual y beneficioso a estas actividades respecto de los demás agentes económicos, que desde el 1 de julio de 2019 recaudamos el IVA y lo cobramos a nuestros clientes.

¿Qué actividades caen en estos supuestos?

Todas aquellas de servicios que son de prestación por medio de la activación de las plataformas digitales de no residentes nacionales. Las que nos sirven para la entrega de bienes a domicilio, las que corresponden a servicios de transporte de personas, aunque alguno de los muchos viceministros de Hacienda llegó a decir que no estaban afectos por ser una prestación de cuestionada legalidad del servicio mismo.

No criticamos al señor exviceministro – que es una posición política, no técnica, que debió ser adecuadamente asesorado – por quienes aún permanecen en la Administración Tributaria como comandantes de la custodia de la técnica de la aplicación normativa.

Ahora que todos sabemos quiénes son los que se beneficiaron de tener este “paraíso fiscal” de 13 meses, la pregunta que nos planteamos es ¿quién va a pagar el monto de lo no recaudado?

Así como, ¿cuánto le habría servido al país una mayor diligencia, sentido de responsabilidad y rigor de urgencia fiscal? ¿Cuánto es el monto que se ha tirado por la ventana como si no fuera necesario para las arcas del Estado? ¿Quiénes son los responsables de tratar como recursos propios los que son de todos nosotros? ¡Es fácil ser generoso con lo ajeno!

Según las normas de responsabilidad de la Ley General de Administración Pública, estos actos u omisión de los mismos, acarrean responsabilidad al jerarca o funcionario concreto que le provocó desmejoramiento patrimonial al Estado.

Quedamos a la espera de las acciones que a tal efecto tome la Procuraduría General de la República, para resarcir a Costa Rica, ahora más que nunca se requiere.

En relación con el reglamento, la Procuraduría General de la República debe plantear los juicios de lesividad. Es decir, de reclamación por daño causado, que les cabe a los funcionarios que emitieron el reglamento, tanto como a aquellos que, sabiendo que su deber es el de enmendar, no lo han hecho aún. Todos ellos los que, en vez de emitir un reglamento que se limite a indicar el cómo, sin transformar o torcer la norma superior – la Ley misma – se han encargado de provocar un derrame diario de los recursos suyos y míos.

Les corresponde a los funcionarios de hoy el proceso de remediación para que los desaciertos de sus predecesores no pervivan sempiternamente.

Los ejemplos de exenciones otorgadas por vía reglamentaria son abundantes. De hecho, el Tribunal Contencioso Administrativo en su voto 009-2020, dejó sin efecto la exención que otorgó el reglamento para los servicios de salud animal, que se crean en el artículo 23 b) del reglamento, sin encontrar sustento en la norma de la Ley.

Esta jurisprudencia indica que efectivamente las exenciones y las sujeciones a gravamen son materia privativa de la Ley.

Esta sentencia es el primero de diversos ejemplos que se encuentran efectivamente dispersos por todo el reglamento. ¿Debe esperarse la Administración activa del Estado a la mera aplicación de las sentencias conforme estas se presenten?

En un impuesto de valor agregado, la regla general es que solo generan derecho de deducción aquellas transacciones que a su vez provoquen un impuesto pagado por su destinatario. Es decir, que el consumidor final sea parte, de igual manera, del principio de la conexión de valor agregado.

En Costa Rica, la norma legal está siendo abrumadoramente atropellada por la reglamentaria.

Darle a alguien que vende exento – como abundan los casos en el reglamento – derecho de crédito pleno, sea de todo lo que paga de IVA en fases anteriores, es regalarle recursos a este sujeto, quien por supuesto ve reducidos sus costos de adquisición sin que tenga deber de traslado de dicho beneficio al consumidor. Se hace un gracioso regalo reglamentario a quien debe ser un mero intermediario del impuesto.

Lo peor es que este incremento de rentabilidad es un aprovechamiento “legal”, pues hay sustentación jurídica. El reglamento está aún vigente, pero es indudable que provoca un empobrecimiento absurdo, antieconómico y antijurídico de las arcas del Estado, que tarde o temprano, debemos pagar todos.

Dicho en sencillo, ese gratuito otorgamiento a manos llenas de exenciones reglamentarias y derechos de acreditar en casos de haber exención total o parcial, lo pagamos todos. Asumimos una consecuencia por quien, al lograr hacer la palanca a quienes no les tembló la mano al firmar el ilegal reglamento, simplemente obtuvo un beneficio del que goza “legalmente.” Lo pagamos de una manera u otra todos los demás contribuyentes.

Las deficiencias del reglamento son de urgente atención por la Administración para que los actuales jerarcas no sean participes pasivos de la “piñata” hecha por sus antecesores, con daño cuantificable en acciones de lesividad que pueden inclusive ser “sorpresivamente” cobradas a los contribuyentes. Esos que, dentro del plazo de prescripción pueden – a resultas de una acción de la Procuraduría – tener que reintegrar lo deducido de más, conforme lo que dictó la ley; por supuesto, sin que esto acarree responsabilidad sancionadora en contra de los contribuyentes, quienes cuentan con una norma de cobertura.

¿Quién va a pagar los derechos de crédito, o las abundantes exenciones que, de manera generosa, como si fueran recursos propios, regalaron en las normas reglamentarias aquellos funcionarios?

Hay dos respuestas: Mientras no se haga nada, ya sea por parte de alguna de las diversas autoridades que tienen el poder y deber de actuar, seremos todos los demás quienes paguemos. Cuando las autoridades competentes actúen, serán los que, cubiertos por una norma reglamentaria, se beneficiaron de aquellos regalos.

Esto nos recuerda el conocido refrán de nuestro pueblo, “unos son los que se comen la piña y a otros los que les duele la panza”

Me opongo – e insto a los posibles perjudicados a hacerlo – a pagar esos yerros y concesiones ilegales por medio de más impuestos.

Publicado en La República el martes 23 junio, 2020

 

El COVID19 y los Precios de Transferencia

 

El 2020 será un año muy particular para los estudios de precios de transferencia. Debemos recordar que, si bien la obligación es anual, las administraciones tributarias tienen un plazo de 4 o 5 años para solicitar el estudio (el plazo de prescripción varía en la región latinoamericana), por lo cual será de vital importancia que la documentación de este año lleve explícitos todos los efectos que sufrió la empresa y el grupo económico por la crisis económica producto de la pandemia COVID 19.

Los principales puntos para incluir o abordar de mejor manera en los informes son los siguientes:

  • Asignación de riesgos en el grupo económico,
  • cadena de valor y sus modificaciones,
  • financiamientos intragrupo,
  • costos fijos en la estructura y su efecto en resultados,
  • asuntos de comparabilidad,
  • documentación de hechos extraordinarios,
  • acuerdo de precios por anticipado, y
  • cambios de metodología de análisis.

En futuras entregas abordaremos cada uno de estos elementos enunciados a efectos introductorios en esta entrega.

Es fundamental documentar la asignación de riesgos dentro de las empresas del grupo. Desde la aplicación de las Directrices OECD 2017, la definición contractual de los términos y condiciones es primordial en la delimitación de la transacción por ser analizada, el punto de partida del análisis de la transacción.

Una asignación clara de riesgos coherente con el modelo de negocio y la sustancia de cada operación dará fuerza a las conclusiones de precios de transferencia que se realicen para este periodo. Debe considerarse en el análisis, en particular en las últimas tendencias, la capacidad de la unidad de negocios a enfrentar las consecuencias de los riesgos asumidos, en caso de que los mismos lleguen a materializarse.

Respecto a la cadena de valor, en el 2020, las empresas han tenido que cambiar su forma de operar. Han utilizado todas las estrategias posibles dentro de sus grupos económicos, pero muchos de estos cambios han tenido efectos en la cadena de valor del grupo y se debe tener esta documentación de nuevas funciones, riesgos y activos bien definida. Es fundamental diferenciar aquellas decisiones de orden circunstancial de las que devienen de un cambio estructural permanente que de todas formas el grupo habría reestructurado aún sin la pandemia.

Uno de los principales temas, sino el principal, para este 2020, es el efectivo. La pérdida de flujo de caja que han tenido las empresas lleva a los grupos económicos al aumento de sus operaciones financieras intercompañía, en concreto, las de tesorería común o centralizada, ya que el sentido de propiedad del recurso se ha convertido en un concepto de uso más que de pertenencia económica y jurídica.

La mayoría de estas operaciones no están respaldadas por contratos y carecen de un análisis tributario respecto a la deducibilidad de gastos por transacciones financieras entre relacionadas, así como la contraprestación de mercado por esta operación.

Se debe considerar que tenemos países con normas de subcapitalización establecidas que van desde el 30% de los intereses netos como máximo deducible hasta el 20% mencionado por la OECD. Además, en algunos países de la región los intereses entre relacionadas son ingresos gravables, pero gastos no deducibles. Es necesario realizar una evaluación exhaustiva de la transacción y poner en marcha acciones de planificación fiscal que eventualmente no fueran usuales en otras circunstancias, a fin de evitar que, el costo fiscal de la decisión correcta, la convierta en invaluable el costo.

La aplicación de ajustes de comparabilidad técnicos y económicos podrán ser muy relevantes en el contexto de la crisis. Por ejemplo, practicar ajustes por capacidad ociosa para compañías intensivas en bienes de capital, donde se pueden remover del análisis ciertos gastos extraordinarios que de otra forma distorsionarían las conclusiones.

Se debe sobreabundar en detalles que normalmente no sería necesario ahondar. Las condiciones absolutamente irrepetibles de esta pandemia deben preparar la prueba para años futuros de muchísimo litigio tributario, donde precios de transferencia será parte importante de la ecuación en el aumento de la recaudación fiscal.

Es de vital importancia registrar y valorar el impacto que ha tenido el coronavirus en la Compañía analizada como, por ejemplo, la reducción del volumen de negocio, anulación de pedidos, comunicaciones con clientes, proveedores y el Grupo, o los costes adicionales en lo que se han incurrido como podrían ser, costes de restructuración, gastos de publicidad, amortización de inventario, etc., para poder aislar la pérdida generada por estos motivos.

Una posible solución sería comparar la ratio costes de venta, generales y administrativos de la Compañía analizado en relación con los ingresos (costes/Ingresos) del periodo actual con efectos de la pandemia, respecto con ejercicios de años anteriores, para intentar extraer conclusiones a aplicar en la corrección calculada y poder justificar que las pérdidas o disminución del beneficio son debidas al impacto del Coronavirus y no a la aplicación de precios de transferencia inadecuados.

La elaboración de información contable que nos lleve al uso de metodologías directas será altamente recomendable para este periodo. La mayoría de las empresas cerrarán su periodo con marginaciones operativas inferiores al año anterior y en algunas ocasiones en negativo, por lo cual realizar un análisis de margen neto hará quedar a la empresa fuera del rango de plena competencia y, sin la documentación soporte, puede provocar que llame la atención a la administración tributaria. Es un año para lograr que finalmente se hagan las respectivas adopciones de la Normativa contable de NIIF, donde sea aplicable.

El impacto es variado según cada grupo empresarial, por lo que el mensaje más relevante es tener claro el sentido de oportunidad. Debe ser en este momento, y no al final del año, donde se analice y determine:

  1. ¿Cómo impacta el COVID 19 al grupo económico?
  2. ¿Cuál es su interrelación con los resultados de la operación del Grupo Económico?

Es fundamental tener claridad sobre cómo y qué documentar- procurando lograr un análisis y documentación robusta-para el cumplimiento de los precios de transferencia del periodo, así como las demás obligaciones tributarias, siendo precios de transferencia accesorio a la determinación de la base imponible del impuesto sobre la renta.

Los invitamos a tener una conversación por los diversos medios que tenemos disponibles a fin de valorar estos aspectos en su negocio, contáctenos.

 

¿Qué está pasando en el mundo?

 

Aunque la pregunta puede ser vista desde diversos ángulos, es importante remarcar la importancia de incluir un repaso de nuestro entorno mundial, ya que en una economía global e interdependiente como la que vivimos, hay una diversa gama de fenómenos que estamos experimentando, que nos son inexplicables a primera vista.

Un fenómeno que no dejó de sorprender de manera completa a propios y extraños fue la inusitada conducta del precio del petróleo en el mercado internacional, para entregas a mayo. Conducta que no se ha limitado a este bien -clasificado en la familia de los “commodities”- sino que ha impactado a muchos relacionados con las industrias de la construcción, la movilización y la energía.

Los “commodities” tienen la característica de ser transados en los mercados entre productores o intermediarios, adquiridos por una dualidad de compradores. Tanto por aquellos que encuentran en estos bienes una manera de inversión, como por los que son grandes distribuidores de regiones o países que consumen dichos bienes.

Aunque sea la primera vez que nos acerquemos a mirar esta forma particular de bienes en la economía, es importante indicar que solo mediante el acercamiento a ellos, sin exceso de tecnicismos, podemos comprender qué pasó con el petróleo y por que éste y sus hermanos los “commodities” son medios para invertir.

Si el lector presta cuidado, habrá notado que he mencionado el precio que bajó fue el del petróleo con entregas a mayo, lo que nos da una de las múltiples característica de estos “commodities.” No se transan para ser entregados al momento, como los demás bienes de consumo o de inversión, sino que se transan a un precio, el día de adquisición para una fecha de compromiso de entrega en el futuro, variando el precio según el momento de la entrega.

Esto nos lleva a por qué los inversionistas usan los “commodities” como instrumentos para obtener beneficios. Conforme más se aleja la fecha de entrega, el precio al que se transa el bien tiende a ser menor por los riesgos y el valor del dinero en el tiempo, asimilable a los rendimientos en medios directos, tales como las tasas de interés, siendo más altos, conforme está mas cerca el momento de la entrega.

Todo se basa en el principio básico que supone que obtendrá una ganancia, aquel que, en condiciones normales de mercado, haya comprado a más largo plazo y venda cerca de la fecha de la entrega. Sin embargo, aquí está la explicación del inusitado “precio negativo.” Estas transacciones suponen “condiciones normales de mercado”, al variar esta condición simplemente el precio se comporta de manera absolutamente caprichosa, pudiendo ser mayor o menor según sean las condiciones de riesgo que los compradores y vendedores perciban.

Al alargarse la crisis de salud, con la consecuente medida de confinamiento o distanciamiento social, se ha provocado una condición anormal en el mercado. El petróleo que ya estaba embarcado por los exportadores, conforme caminaban las manecillas del reloj a la fecha de entrega, no encontraba compradores – pues los consumidores finales se encuentran paralizados -y genera un gran aprieto a los que habían comprado sin conocer siquiera la existencia del Covid-19 y sus consecuencias en la movilización y por ende, en los patrones de consumo del petróleo.

Esto hizo que los dueños del petróleo estuvieran dispuestos a pagarle a su comprador, así como lo lee, por llevarse el producto, para reducir el tamaño de sus pérdidas y la consecuencia en la mayor parte de los mercados fue la reducción consecuente de los derivados del petróleo. Anormal, lo que es indicador de que los mercados se están comportando de manera totalmente anormal.

Ya no solo el de los “commodities” sino el de los demás productos como aquellos relacionados a los nuevos consumos, sean los que se utilizan para la atención de la emergencia sanitaria, así como la demanda desordenada, estimulada por el temor, la histeria y el pánico de que nos quedáramos sin abasto de alimentos y el curioso consumo masivo de papel higiénico.

De ahí que cuando nuestras autoridades sanitarias nos dicen que el mercado de las mascarillas, el de los aparatos para hacer pruebas de contaminados, así como muchos otros requeridos en la atención del Covid-19, están experimentando condiciones anormales de mercado, es precisamente, por comportarse de forma distinta a la que se comportaban antes de la pandemia.

Hacer este espeso repaso por dos áreas de las múltiples que ocurren actualmente en el mundo, nos dicen cuáles son los retos por superar cuando estamos decidiendo: ¿qué debemos hacer con nuestra empresa en los tiempos actuales?

Si nos miramos nuestros zapatos solamente, pues nos aprietan en la actual situación, permaneciendo en nuestro metro cuadrado, estamos limitando las posibilidades de la empresa para sobrevivir en las turbulencias que vive la burbuja azul, el planeta en el que vivimos todos. El problema no son los zapatos, el problema es el terreno que estamos pisando.

Son los mismos zapatos, aquellos en los que nos sentíamos cómodos, los que de repente nos dan una sensación agobiante de incomodidad inexplicable. Es equívoco creer que el problema son los zapatos, navegar en las batidas aguas económicas de hoy, es agobiante y mortal, si no logramos definir cuáles son los adecuados vestidos y equipamiento con que debemos enfrentar esta travesía de indefinida temporalidad.

Responder la pregunta ¿qué está pasando en el mundo? con la inocencia de sospechar que el problema son mis zapatos, es garantía letal para su empresa o emprendimiento.

Valga decir, que, además, percatarnos de la diferencia por la persistente molestia en nuestros pies, puede llegar a ser un factor exacerbante de la condición de riesgo en la que nos encontramos.

Estamos en una recesión económica resultado de la pandemia, que los optimistas indican que no se iniciará a recuperar antes del final de 2021, lo que nos lleva a tener que tomar decisiones valientes, disruptivas e innovadoras a la mayor brevedad. El tiempo es como el oxígeno del tanque, tan crítico como saber, con cuanto cuento para sobrellevar esta situación.

Cuando el empresario o emprendedor llega a este punto de la encrucijada necesita ayuda, pero lo aconsejable es que la busque lo antes posible. Estamos viviendo tiempos que nunca a nuestra generación le tocó vivir. Apasionantes como reto de supervivencia, pero se necesita de mucha ayuda especializada, no en Covid-19, sino en gestión de crisis en al menos cinco pilares básicos.

Primer pilar: manejo de riesgo, siendo esto la capacidad primaria de identificarlos, medirlos y gestionarlos; ya sea trasladándolos a otros agentes de la economía, o identificando cómo reducirlos o mitigarlos. Esto es toda una disciplina de la gestión administrativa que toma años de preparación y tenemos días, con suerte meses, para poder actuar.

Segundo pilar: estructuración financiera. Un factor crítico al que en nuestra práctica profesional hemos detectado la mayor parte de las empresas. Empresarios y emprendedores cuentan con la mayor experiencia, aunque los que han tenido que renegociar y aprovechar los diversos alivios institucionales existente, renquean de manera importante, ya por exceso o por defecto.

Tercer pilar: administración del asunto de continuidad de negocio, o el de negocio en marcha. Muchos, por ver el corto plazo, están obviando que, al tomar decisiones apresuradas y carentes de dimensionamiento, pueden estar poniendo en riesgo la efectiva capacidad de continuar en negocios, después de indiscriminadas conductas o recortes que se convertirán en un boomerang mal administrado, que golpea a la vuelta.

Cuarto pilar: tema tributario. Es momento para navegar aprovechando cada alivio que la ley marco así denominada, de Alivio Fiscal, otorga con conciencia y responsabilidad. De igual manera es imperdonable no acceder a la planificación adecuada de las cargas tributarias, para lograr disminuir este importante costo – que llega casi al 58% de carga acumulada – dentro del marco de la ley. Disciplina que debe pasar por un apoyo experto, distinto a la buena técnica de llenado de declaraciones impositivas.

Quinto pilar: tan crítico como los anteriores, la comunicación en su dimensión estratégica, orden operativo, manejo de comunicación en crisis en la diversidad de públicos y en sus dimensiones internas y externas. Este es un suero vital que muchas organizaciones han perdido de vista y de no gestionarlo, aun si hipotéticamente estuvieran haciendo bien el resto de los pilares, podrían estar sembrando el germen de su futura lápida.

Administrar en crisis requiere, como pueden notar, una diversidad multidisciplinaria que debe estar atenta como en una unidad de cuidados intensivos a cada signo vital, a cada progreso o retroceso. No son solo son los respiradores los importantes, también lo son la gama de valoraciones multidisciplinarias que en estas salas especializadas y escasas se deben gestionar. Así como son de escasas las camas de UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) también lo son los proveedores integrales de apoyo profesional para poder mejorar las posibilidades de supervivencia empresarial.

Así como un paciente prudente debe evitar la automedicación en todos los casos, se hace absolutamente exigente que, cuando se llega a necesitar de cuidados intensivos, evite por más que su empirismo empresarial le haya sido útil, llegar a tratar de resolver por sí mismo algo absolutamente nuevo, ya que puede estar acelerando lo que cree estar evitando, la muerte de su negocio y aumentando el riesgo sobre los bienes personales y familiares.

Déjenos ayudarle, somos su unidad de cuidados intensivos empresariales, no se espere para el final, puede que no haya camas, espacios, respiradores o que su propia condición haga que ya nada le logre evitar.

Publicado en el periódico La República el 05 de mayo del 2020

DGT: Una pausa en las fiscalizaciones

¿Qué hacemos en esta pausa de dos meses? ¡Es hora de trabajar! – Lineamientos temporales extraordinarios de los procesos de fiscalización

La atención de la emergencia del COVID-19 conlleva una serie de consecuencias relacionadas en las diferentes áreas del aparato gubernamental. De ahí los cinco lineamientos temporales relacionados con los procesos de actuaciones fiscalizadoras publicados por la Dirección General de Tributación.

Entre los lineamientos publicados destaca el que “No se notificarán nuevas comunicaciones de inicio de actuación fiscalizadora durante los meses de abril y mayo de 2020”. Un antónimo a la filosofía expuesta por el Ministerio de Hacienda en cuanto a las acciones tendientes a la recaudación tributaria.

Lo cierto es que estas cosas no suceden todo el tiempo y que, en lugar de tomar un respiro, frotarnos las manos y hacer lo que es más cómodo – que es nada -, deberíamos estar pensando y ejecutando las maneras en las que podemos sacar ventaja del mandato temporal. Aprovechar que, de momento, no tendremos que lidiar con nuevos procesos de fiscalización en los próximos dos meses.

De seguro muchos de los que están leyendo esto se encuentran en una etapa incómoda de sus negocios. Más de uno no puede dormir tranquilo porque es conocedor de sus “pecados” tributarios… ¿Cuántos sienten que están a punto de ser “descubiertos” y no tienen claridad de lo que deberían estar haciendo para que los disparos, cuando lleguen, no sean mortales?

Puede que usted no sea parte de ese grupo, pero que pertenezca a otro aún peor: el de los que no conocen siquiera que tienen prácticas y políticas empresariales riesgosas.
Los que no conocen que tienen condiciones objetivas y subjetivas que los hacen ser el siguiente en la lista de “prospectos a fiscalizar.” Estos últimos tienen una doble exposición respecto al grupo anterior.

Si usted es de este segundo grupo de seguro duerme tranquilo, sí, pero tiene la batalla perdida desde ya si sus conductas son fiscalizadas y la Administración considera que sus prácticas de negocios, en su criterio, son distintas a las previstas por la normativa.

De acuerdo con nuestra experiencia profesional, la mayor parte de quienes reciben traslados de cargos resultantes de fiscalizaciones, se confiesan sorprendidos. Desconocían que sus prácticas no eran acordes a las disposiciones legales, esto inclusive por ser temas de puro criterio subjetivo de la Administración Tributaria.

Y ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo en esta fase de “tregua”?

La respuesta es, al menos, el definir su mapa de riesgos.
Para poder tener una buena estrategia, es necesario trabajar los riesgos desde tres perspectivas: 1. Identificarlos, 2. Medirlos y 3. Mitigarlos.

El momento de actuar es ya, no mañana ni en una, cuatro u ocho semanas. Tome estos dos meses de ventaja como una oportunidad en medio de la crisis. Diagnostique su negocio y empiece a trabajar en las medidas preventivas y correctivas necesarias para mitigar los riesgos que ya tiene y en los que podría estar a punto de incurrir.

De seguro la Administración Tributaria seguirá afilando el hacha, haciendo inteligencia tributaria con la información que le están obligando a declarar. Procesándola, analizándola y comparándola.

Lo aseguramos… a su regreso, dentro de dos meses, ellos sí que tendrán una estrategia de fiscalización. ¿Tendrá usted la suya lista?

En Grupo Camacho Internacional le ayudamos con la preparación y administración de su mapa de riesgos y le asesoramos en cuanto a las medidas que desde el punto de vista estratégico es conveniente que vaya implementando. Somos su aliado antes, durante y después de un proceso de fiscalización.

Lucía Vargas Solís
Socia
Grupo Camacho Internacional

Salvamento y valentía en tiempos de COVID – 19

Es indudable que cuando una sociedad enfrenta una crisis puede sacar lo mejor y lo peor de sus entrañas.

Hoy debemos destacar la encomiable labor que, en diversas áreas de la atención de la crisis que plantea el Covid-19, Costa Rica ha realizado. Ha sacado su capital histórico a relucir, con su sistema de salud de excelencia e inclusión universal, que ha hecho de nuestro país líder en el manejo de esta pandemia mundial.

Debemos devolvernos a la década de los años 40 del siglo pasado. Dar honor a quienes honor merecen, a los preclaros próceres Calderón Guardia, Sanabria Martínez, Mora Valverde, Figueres Ferrer; quienes sellaron las garantías sociales costarricenses con la visión de estar listos para, sin ejército, poder enfrentar una guerra como esta, donde el valor de la vida readquiere la significación que tiene por antonomasia, a pesar de las tendencias “modernistas” de la destrucción y descarte de la condición humana y la vida.

Hoy hay que agradecer y honrar no solo al Poder Ejecutivo, que bien lo merece, sino en particular, a todos los que son artífices silenciosos del sistema de salud, seguridad social, seguridad ciudadana, Hacienda, atención de emergencias, autoridades migratorias y una incontable cantidad de protagonistas anónimos. Ellos, haciendo de la vida cotidiana la tabla de su heroísmo, nos permiten decir que el país enfrenta con inteligencia y valentía la condición de crisis que debemos vivir resultado de la pandemia.

Hay que destacar la labor, también extraordinaria, de los miembros del Poder Legislativo; quienes a paso redoblado han hecho posible la rápida aprobación de iniciativas legales que otrora habría tomado meses o hasta años. Con conciencia de esta urgencia, aprobaron leyes no solo en tiempo récord sino en calidad sintética, simple, sin florituras ni complejidades.

Manifestaron con claridad la voluntad del legislador y sin temor al qué dirán o qué dijeron quienes se les salieron sus reconocidos bajos y rastreros instintos: los paladines de la falsa protección de los intereses del trabajador. Dieron el valiente paso de pasar esta legislación de flexibilización de las inelasticidades que tiene nuestra legislación laboral, sesionando y dando segundo debate a la ley de flexibilización de las jornadas laborales, este sábado 21 de marzo.

En cuanto a las medidas de orden fiscal, se debe decir que se hicieron decisiones oportunas y acordes a la realidad de la condición de las finanzas públicas. Somos un país con limitaciones en el orden de las finanzas públicas, pero no en cuanto a voluntad. Denota que ésta es más importante para avanzar, que los aspectos que conlleva la gran tarea de evitar la destrucción de los medios de producción y la pérdida de los empleos que sostienen tanto la producción como el consumo, dínamos ambos de un sistema económico.

Hacemos algunas advertencias, tanto de orden legal como financiero, de lo que conlleva acogerse a las medidas recién aprobadas. En primera instancia, son medidas de carácter general, es decir, no tienen condiciones subjetivas – excepto por un guiño en el caso de la exención del IVA de los arrendamientos – para su aplicación. Son de aplicación inmediata y no requieren de trámite alguno para poder acogerse a las mismas. Así lo estipula la ley de Alivio Fiscal ante el COVID-19, bajo el número 9830 y publicada en la gaceta del pasado 20 de marzo.

En relación con ARTÍCULO 1- Moratoria del impuesto al valor agregado, esta aplica a los meses de marzo, abril y mayo. Se mantiene el deber formal de presentación de las declaraciones en las fechas respectivas al día quince del mes siguiente, pero no se tiene que pagar el impuesto. Queda el plazo abierto hasta el 31 de diciembre para atender esta obligación, ya sea mediante cancelación del IVA o con un arreglo de pago ante la Administración.

Cabe destacar que este dinero es una transferencia temporal de recursos del Estado al contribuyente. Es decir, no es más que un financiamiento que hay que manejar con la prudencia financiera respectiva.

Recuerde que, en el mes de diciembre, las empresas y contribuyentes en general tenemos una acumulación de diversas obligaciones que concurren. Es recomendable que, de acceder a esta línea de crédito a tasa cero de interés, haga las diligencias financieras para reservar montos que le permitan acumular el efectivo necesario al momento de la liquidación definitiva de la deuda tributaria.

La disposición adicional del ARTÍCULO 2- Eliminación de los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades es el único artículo de la norma de Alivio que no constituye un endeudamiento en estricto sentido. No se condiciona el plazo de pago, por supuesto, debiéndose efectuar la liquidación completa en un tracto del impuesto sobre la renta el próximo 15 de marzo de 2021 de haber base imponible, para el período fiscal, de 12 o 15 meses, 2020.

Cabe destacar que en la redacción del articulado – debido a la bien intencionada carrera del legislador – se indica los pagos parciales de los meses de abril, mayo y junio de 2020; y esto puede causar confusión, por lo que es de recibo una aclaración.

Estamos frente a una norma temporal que es derivada de la norma originaria que pervive del artículo 22 de la ley 7092 de impuesto sobre la renta.

No es jurídicamente aplicable la exención de lo que no se está obligado. Es decir, no es coherente la exención de los meses de abril y mayo. Esto nos lleva al uso de la teleología, el método de interpretación jurídica finalista, siendo el fin último de la norma eximir tres pagos parciales. Como no se reforma la norma originaria, sino que se exime de la obligación en ella creada, visto que el artículo 22 se mantienen siendo los pagos eximidos los que indica el inciso b), se refiere expresamente a los tres pagos de marzo, junio y setiembre, indudablemente solo estos son los susceptibles de eximir y no los que en lo literal indica la norma de Alivio Fiscal ante COVID-19 Ley 9830.

También es importante agregar que esta exención de pagos parciales no aplica a los contribuyentes que les corresponda la liquidación de impuestos, en los meses de abril, mayo y junio, evidentemente relacionado con el periodo fiscal anterior, por periodos fiscales especiales otorgados por ley, sean meses de cierre especial: enero, febrero y marzo respectivamente.

Otras moratorias análogas en característica a la indicada para el IVA se crean para el impuesto selectivo de consumo y los aranceles de nacionalización, excepto para los productos agrícolas y pecuarios incluidos en los capítulos 1 al 24 del Sistema Arancelario Centroamericano, evitándose siempre posibles desabastos.

Las normas de estas moratorias se aplican de igual forma por tres meses: marzo, abril y mayo para el impuesto selectivo de consumo y los de abril a junio en el caso de los aranceles.

Iguales recomendaciones de cuidado de manejo de flujos de caja se aplican a estas obligaciones que se demoran sin costos de financiamiento, pero con obligación de pago o arreglo ante la Autoridad respectiva antes del 31 de diciembre de 2020.

El Poder Ejecutivo podrá, mediante decreto, extender por un mes más las moratorias de las diversas obligaciones, sin que esto implique aumento en el plazo de liquidación y pago, o liberación mediante arreglo al final del presente año.

Se crea una exención temporal en el IVA a los arrendamientos utilizados para actividades comerciales por los meses de abril, mayo y junio de 2020. Siempre que, tanto arrendador como arrendatario, estén inscritos en el registro único tributario, exclusivamente en el régimen general del IVA o el especial agropecuario, lo que hace que no sean elegibles a esta exención, los arrendatarios que se encuentren inscritos en el régimen simplificado.

Estas medidas de alivio fiscal son de gran ayuda para palear la condición crítica del embate económico consecuencia de la caída mundial de la economía, incuantificable hasta el momento.

Pero indudablemente plantean una duda subyacente: ¿de donde sacará el Ministerio de Hacienda los recursos para financiarse? ¿Cómo enfrentará no solo la caída temporal por las facilidades otorgadas, sino por la caída general de la actividad económica en su conjunto?

No tenemos una respuesta cierta, pero si podemos presumir que sus medios serán pocos y entre sus municiones estará la intensificación de las medidas de fiscalización. Los contribuyentes, a pesar de estar en su propia guerra económica de supervivencia, no debemos bajar las alertas para estar preparados, conociendo que el hambre de la Administración Tributaria aumentará y debe llenar un vacío de carácter incremental en el de por sí penoso déficit fiscal.

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Publicado en el periódico La República el 24 de Marzo del 2020

Secreto bancario y otros

Se ha publicado en consulta una resolución que pretende establecer los requisitos para gozar de la exención tarifaria que otorga, de manera incondicional, el transitorio XXIII de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas a los rendimientos financieros de las inversiones previas a la ley.

Esto aparte de excesivo, es ilegal y de grave carga de requisitos que deberán especialmente atender las instituciones financieras y que, de manera directa o indirecta, harán traslado económico de esta carga a los partícipes del sistema financiero formal, yendo a contrapelo de la esperada reactivación económica, la formalización e inclusividad financiera.

Es curiosamente contradictorio que, en medio de una gran urgencia nacional, resultado del covid-19, en la que el equipo de gobierno se ha planteado una serie de medidas para proteger a los trabajadores, empresas y sostenibilidad del sistema económico que parecen encomiables y que esperamos vean pronto la luz, que se estén siquiera considerando otras normas que abusan en el crecimiento de requisitos y trámites; y que aumentan los costos, ya de todas formas severos, del sistema financiero.

La resolución que aludimos establece un requisito que no se encuentra en la ley mencionada. Obliga el reporteo de los beneficiarios de exención parcial tarifaria, a los beneficiarios de títulos que perciben rentas de capital mobiliario al que alude el transitorio de ley. Indica en síntesis que los instrumentos financieros, que hubiesen sido emitidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, mantendrían el tratamiento tributario que venían teniendo desde el momento de su emisión hasta el de su vencimiento. Esto sigue la mera lógica jurídica del principio constitucional de no retroactividad de la normativa, que tutela la Constitución Política, tornándose en innecesario, irrelevante y abusivo.

El pretender establecer requisitos no previstos en la ley mediante una norma infra-legal como la resolución que analizamos, da la sensación que la osadía de la Administración no encuentra límites ni respeto o conocimiento al derecho de los contribuyentes; que en un Estado de Derecho son los que permiten al contribuyente conocer los deberes de sus obligaciones en el marco del respecto de sus derechos, no dejándole en el estado de indefensión o peor aun poniéndole, ante el Estado abusador que tiene en frente, a tener que optar por la desobediencia civil.

Dicho lo anterior no podemos dejar de rescatar dos conceptos que van desarrollándose en el ámbito de la discusión de los medios para el combate de la evasión fiscal, así como algunos indicios que debemos tener en cuenta los contribuyentes del texto mismo del “gazapo” jurídico que se propone en el borrador de la resolución en cuestión.

Pretende la resolución en el artículo 7 a) obligar la divulgación del beneficiario del título valor emitido, así como la indicación del origen de los fondos invertidos.

Esto es especialmente importante para inversionistas que hasta ahora han permanecido en un anonimato legal, al amparo de las inversiones particularmente no titularizadas, tales como los ahorros de cajas de ahorro, mutuales, cooperativas, asociaciones de ahorro y auxilio mutuos y asociaciones solidaristas.

Los inversionistas que cumplan con la condición subjetiva de ahorrar por estos medios y a la vez la objetiva de haber efectuado dicha inversión antes de la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, son los especialmente definidos como de interés para la determinación de cumplir con el deber de justificar el origen de los fondos invertidos.

Tenemos corriendo una pretensión planteada por el Ministerio de Hacienda relacionada con la ruptura del secreto bancario, que contrasta con algunos de los datos para acceder a lo que la ley ya otorgó: el tratamiento de los rendimientos del capital mobiliario generados por inversiones efectuadas previas a la vigencia de la actual ley de renta.

Si tomamos este como un indicio de las pretensiones del Ministerio de Hacienda de obtener de los contribuyentes la información que alude a la fuente de la riqueza que han ahorrado y acumulado en forma de inversiones en títulos y lo extendemos a todas las tipologías de recursos financieros que estén depositados en el sistema financiero, estamos ante una hipótesis general de lo que puede ser la pretensión de apertura completa del secreto bancario.

Al respecto del secreto bancario, debemos desmitificar las características de este a efectos fiscales, el cual está abierto desde setiembre de 2012, con el debido cumplimiento de una mera diligencia judicial que no implica especiales complejidades.

Significa, por tanto, pretensiones de generalizar sin proceso judicial y sin que medie causa motivante de la investigación el flujo libre, espontáneo y periódico de la información de los fondos a nombre de inversionistas, sean personas físicas o jurídicas, contribuyentes o no del impuesto sobre la renta.

Aspecto que se asemejaría a la pretensión de la citada resolución en el sentido de que el primero de los ocho elementos que se pretenden requerir a las instituciones financieras es precisamente la fuente de los fondos habidos.

Cabe una primera reflexión y es la que alude a depositantes que no sean contribuyentes del impuesto, que tendrán que justificar el origen de los fondos y probar la exención de la fuente o no sujeción desde la óptica de prueba jurídica; más allá de la mera explicación de paso que pueda haber dado – si es que la dio en su momento – a la entidad financiera depositaria.

Otro aspecto que debemos recordar los contribuyentes es la condición actual de la apertura de este secreto bancario, reglado por la Ley 9068 “Ley para el cumplimiento del Estándar de Transparencia Fiscal”, que crea el artículo 106 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Este artículo indica la obligación de suministro de información de cuentas bancarias, inversión y otros instrumentos financieros, supeditando la norma actual el acceso a esa información al cumplimento de requisitos de mera forma, según lo regla el inciso b) del citado artículo que a requerimiento del Director de la Administración Tributaria debe:

“El juez revisará que la solicitud cumpla con todos los requisitos establecidos en el numeral 2 anterior y deberá resolver dentro del plazo de cinco días hábiles, contado a partir del momento en que se recibe la respectiva solicitud. En el caso de que la solicitud cumpla con todos los requisitos, el juez emitirá una resolución en la que autoriza a la Administración Tributaria a remitir el requerimiento de información directamente a la entidad financiera, adjuntando copia certificada de la resolución. Cuando se trate de un requerimiento de información en poder de entidades financieras dentro de un proceso individual de fiscalización, de conformidad con lo que se establece del artículo 144 al artículo 147 de este Código, la resolución del juez deberá contener una valoración sobre si la información es previsiblemente pertinente para efectos tributarios dentro de ese proceso de acuerdo con lo que establece el último párrafo del artículo 106 bis de este Código.

La entidad financiera deberá suministrar la información solicitada por la Administración Tributaria en un plazo no mayor de diez días hábiles. Tanto el requerimiento de información como la copia de resolución que se presente a la entidad financiera deberán omitir cualquier detalle sobre los hechos o circunstancias que originen la investigación o del proceso de fiscalización y que pudieran violentar la confidencialidad de la persona sobre quien se requiera la información frente a la entidad financiera, o los compromisos adquiridos conforme a un convenio internacional que contemple el intercambio de información en materia tributaria.

Si el juez considera que la solicitud no cumple con los requisitos del numeral 2 anterior, emitirá una resolución en la que así lo hará saber a la Administración Tributaria, en donde concederá un plazo de tres días hábiles para que subsane los defectos. Este plazo podrá ser prorrogado hasta por diez días hábiles, previa solicitud de la Administración Tributaria cuando la complejidad de los defectos a subsanar así lo justifique.”

Es decir, el juez no ejerce función alguna de control de calidad, mas que la del cumplimiento de los pocos requisitos de forma que indica el Código.

Es válido entonces preguntarse que es lo que mejoraría la calidad de la Transparencia Fiscal, abrir el chorro de la información a tirar con escopeta abierta a todos los partícipes del sistema financiero, o afinar la puntería en el uso de la herramienta ya disponible desde 2012, donde la tasa de éxito inclusive de la información que se ha obtenido, ha tenido una baja significación en el aumento de la recaudación resultante de las fiscalizaciones en las que se ha usado la herramienta.

¿Qué nos haría pensar que darle mayor arsenal de información a la Administración, le mejorará sus capacidades de uso y análisis de la información?

¿No será apropiado que se mejoren los procedimientos de gestión de la información abundante con la que ya cuenta la tributación, antes de seguir llenando canastos sin fondo, con recolectores con incapacidad histórica demostrada?

¿No será prudente dejar que se haga primero una limpia seria de la calidad de los procedimientos y los funcionarios, antes de dar armas adicionales a algunos funcionarios cuya ética y moral ejecutiva de funciones ha denotado ser cuestionable?

No podemos dejar de preocuparnos por indicios como el enunciado respecto de la resolución para acceder a una exención, que de pleno derecho e incondicionalmente tienen los inversionistas. Se estén enseñando las fauces del lobo que puede aparecer si se abre la caja de “pandora” de dar rienda suelta a la orgia de la información.

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Publicado en el periódico La República el 17 de Marzo del 2020

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