Finalmente aceptamos
Un año después de la invitación de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, los disputados de la República dicen sí. El aniversario se cumplió hace poco, pues fue el 15 de mayo anterior, al inicio del calvario de la pandemia, que nos llegó el anuncio desde la OCDE.
Hemos demorado un año en el vaivén del Poder Ejecutivo, con su ya orgánica condición de convocatorias desconvocadas, que incluyó este proyecto en diversas ocasiones hasta que, la semana anterior los diputados lo hicieron ley de la República.
Las formalidades cumplidas en la puerta de ingreso al parisino club de países rectores, nos invitan a diversas reflexiones respecto de qué consecuencias tiene este “sí” – similar al que da la o el enamorado a fuerza de emoción con carente reflexión – que hace que dichas decisiones en no pocas ocasiones, cuando caen al mundo de la realidad concreta, como caerá ésta por gravedad histórica, percatarnos de aquellas consecuencias no vistas con anterioridad.
Durante el proceso de ajuste regulatorio en materia tributaria, camino a la admisión por invitación, tuvimos que adoptar normas de transparencia y compromisos serios respecto de la cooperación internacional, para combatir toda clase de transgresión al derecho económico, especialmente en lo atinente a los aspectos que, desde la óptica de posiciones agresivas en materia fiscal, conducen no solo a la erosión de las bases imponibles, como su consecuente efecto en la competencia y la competitividad.
¡Es un extraño sentimiento de orden dual! Uno de celebración pues, prima facie, logra Costa Rica ser el miembro 38 de esta organización tan prestigiosa e influyente, más que eso, determinante en la suerte de las políticas de mejores prácticas que se expanden por el abanico de las diversas áreas de la convivencia en sociedad, donde el pivote más conocido es el fiscal, pero las aportaciones de la entidad van mucho más allá de éstas.
El sentimiento que contrasta con el del honor de formar parte de tan exclusivo grupo de países rectores del quehacer de la convivencia social, es el de si es este el mejor momento, si es el estado de cosas en lo político, social y económico, que constituyen la realidad cotidiana de la sociedad costarricense los más apropiados para ser miembros plenos de dicha organización. Surge el sentimiento encontrado con aquel que resulta que, la realidad de esta participación es un acto de orden dinámico, en el que hay que dar la “talla”, a fin de permanecer en el club; es decir, no se trata solo de haber ingresado, sino de lograr permanecer a la altura de las exigencias consecuentes a la condición de membresía.
Ser miembro de la OCDE como ente que dicta las mejores prácticas para una sociedad mejor, no es garantía de que los objetivos de una convivencia social más cohesiva y aceptable estén en primera prioridad del país. Para muestra de ello solo veamos países compañeros de club en este momento, donde se baten las calles con el desorden de la descomposición social.
¡Pobre Chile! Que ya pasó por aquellos momentos de zozobra entre la pandemia sanitaria y la endemia de la revuelta social… miremos el espejo de la querida Colombia, miembro 37 del grupo, hoy inmersa en la misma combinación de realidades.
En palabras sencillas, ser miembro del club de quienes dictan mejores normas para la convivencia no es ni mucho menos una garantía de que, sin trabajar por la construcción de la justicia, podemos sentarnos en la mecedora de la historia a ver como se descompone, se pudre y estalla la lucha social mal encausada en “justicia callejera”. A través de que, contrarios al legítimo derecho de manifestación y de defensa de los intereses de cada quien, no entienden de los límites de esos derechos, ahí donde empiezan los de la sociedad en su conjunto de tener libertad de expresión de maneras pacíficas, sin aspavientos y con respeto al orden constitucional.
Es grande el reto que tenemos todos los países hoy, siendo o no miembros de la OCDE, de poder demostrar en momentos como el actual, donde la cohesión social se ve afectada por los asuntos no resueltos, que por años llevamos a la espalda sin resolver, como el tamaño, función y dimensión del Estado, aspecto que cada vez que se toca, provoca conmoción sin que los actores sectoriales entiendan que la economía es un conjunto, de cuyo equilibrio depende la estabilidad de las naciones y su bienestar, está por encima de sus intereses mezquinos.
Tenemos el gran reto de modernizar la estructura de ingresos fiscales, revisar la de los gastos públicos no salariales, donde debe hacerse clara conciencia que el concepto técnico de gasto público incluye a las exenciones, estas que son abundantes deben revisarse con profundidad, pues parte de los sesgos sectoriales que criticamos en el sector público como disparador del gasto es la estructura en costo y tamaño del Estado, pero no se limita a esto, sino que se traslada de manera sectorial a quienes se benefician de protecciones excesivas, que el último reporte de la OCDE, considera-como lo son-perniciosas, no solo en materia de equilibrio fiscal sino de competencia y competitividad, una profunda y diáfana revisión de exenciones se hace urgente.
No debe seguir recayendo la carga pública del tributo en sus diversas manifestaciones, incluyendo las cargas parafiscales de la seguridad social, que también hace nota la OCDE, como un tema estructural a resolver, con el fin de contar con políticas más inclusivas a costos mas razonables, para mitigar la agobiante informalidad que tiene como efecto indirecto, el recargo de los costos fiscales y parafiscales en cabeza de menos contribuyentes, que huyen motivados por las altos costos de cumplimiento a la zona de la informalidad tolerada por una deficiente gestión de la Administración Tributaria.
Como consecuencia de la necesaria reforma fiscal de momento se conoce el proyecto de renta de personas físicas, donde uno de los elementos a determinar en relación con la incorporación del impuesto sobre la renta, es precisamente el tema del incremento patrimonial en cabeza de los sujetos pasivos en su condición personal.
Consideramos no solo oportuno, sino urgente que a dicho proyecto se le incluya la previsión de una regularización patrimonial voluntaria, con coste fiscal razonable en una baja alícuota y con facilidades de pago adecuadas a la realidad económica que enfrentan los agentes económicos, cerrando el capítulo de un pasado de acumulaciones patrimoniales, que carentes de control, no resulten en que las personas físicas vean el riesgo de los bienes acumulados a través del tiempo, en ocasiones a título de donación, en otras de sucesión y no en pocas, con ingresos omisos al fisco, pero que ante la propia condición de inacción de la Administración no sea que resulte este impuesto en un hecho generador perverso, que es la tolerancia del sistema en su conjunto.
El club al que ahora pertenecemos aparte de los aspectos de orden en materia de finanzas públicas, plantea la necesidad de una representación digna de nuestro país, que sea inteligente y con claridad de agenda país, que no vaya a dejar en evidencia, que el problema económico parte de la propia cabeza del equipo económico, es recomendable revisar las credenciales de quien vaya a representarnos en el foro de París, para poder obtener de la condición de miembro, los mayores beneficios posibles de esta inversión en lo legal que estamos por transitar, asimismo, el costo de la suma de aproximadamente dos millones y medio de dólares, para tener silla propia en ese foro internacional.
Si hacemos la tarea de la manera apropiada en forma y tiempo, como país podemos sacar beneficios importantes; ser miembro de la OCDE, fue un largo camino de validación de pares de este organismo respecto de 14 áreas de la gestión del ambiente económico y regulatorio. Sería una lástima que por inopia perdiéramos esta oportunidad con una mala representación.
Estar en la OCDE es en la óptica de los agentes económicos institucionales como el Fondo Monetario Internacional, así como el resto de los organismos de manejo de fondos y préstamos, una credencial apreciable, hay que sacarle provecho a esta situación, ya que la OCDE no es un organismo que presta dinero, pero sí que apalanca la imagen país.
Para evitar perder en la puerta de entrada a la OCDE la credencial de cara a los organismos internacionales de financiamiento, consideramos urgente que el gobierno de la República haga del conocimiento del Fondo Monetario Internacional, la situación de la realidad de avance de los proyectos de acompañamiento al empréstito.
Las normas de empleo público, las de aumento del control fiscal, incluida la reforma tributaria que parece se centra de momento en aumentos en el impuesto de las personas físicas y el de los no residentes, así como leyes de autonomía del Banco Central, aplicación de las NIIF a instituciones como el ICE y AyA, así como el Consejo de Producción, son entre otras las condiciones que se establecen para que los desembolsos se perfeccionen. La tarea está de nuestro lado como país y de nuestros gobernantes el procurarlas.
No debemos olvidar que los USD$1.750 millones de dólares al ser desembolsados a través del tiempo, son por sí mismos insuficientes y en el transcurso del tiempo más aun, por lo que la inmediatez de las reformas debe provocarse mediante un dialogo inteligente, que requiere de contrapartes que no se atoren en la visión de los impactos electorales, cuyos vientos ya arrecian en el ambiente nacional, no pudiendo aislarse de estos, los mismos deben obedecer a objetivos mas trascendentales que las próximas elecciones, sean éstas internas de partido o las propias nacionales.
Debemos recordar que al ser insuficientes los recursos del FMI, son las señales, ambas en su conjunto, la de la membresía plena de Costa Rica en la OCDE, como este crédito, que se convierten en llaves para proyectos de financiamiento más sustanciales y urgentes como los serán los de el BID entre otros actores financieros internacionales.
Publicado en La Republica el martes 25 mayo, 2021
