Gestión de riesgos en un grupo económico

Gestión de riesgos en un grupo económico

El intercambio comercial ha evolucionado en los últimos meses a raíz de la alerta sanitaria que se vive a nivel mundial. El COVID 19 ha promovido que los grupos económicos adopten diversas medidas que les permitan continuar con sus operaciones comerciales ya sea a nivel local o en diversas jurisdicciones. Incluso, se han visto obligados a reinventarse de modo que logren mantener su posición comercial o simplemente reducir sus costos de operación. Se enfrentan a otra agraviante que es la inevitable pérdida económica ocasionada por la pandemia global, o en pocos casos, a una ganancia extraordinaria.

Las operaciones intragrupo han despertado un especial interés para la mayoría de las administraciones tributarias, ya que representan un desafío para prevenir actos de evasión fiscal y traslado de beneficios.

Resulta fundamental para los grupos económicos, mediante los precios de transferencia, definir un modelo de gestión de riesgos respecto de aquellas transacciones intercompañía de mayor relevancia económica para el conglomerado. A continuación, se exponen algunos elementos que pueden considerar los grupos económicos según la actividad económica desempeñada:

  1. Actividades de manufactura: estas actividades se caracterizan algunas por ser intensivas en mano de obra, otras requieren de mano de obra especializada o técnica y unas son intensivas en conocimiento, por lo que también desempeñan funciones de diseño e investigación. El siguiente gráfico muestra la relación margen de ganancia y asignación de riesgos para las actividades de manufactura desempeñadas:

Gráfico 1: Retribución esperada según riesgo asumido en actividades de manufactura

Fuente: Grupo Camacho Internacional

Con base en el gráfico y la descripción de empresas y operaciones en esta industria, es importante tener claro que una empresa maquiladora, la cual no asume un riesgo de inventario de materia prima, sino que su parte relacionada suministra la materia prima necesaria y esta simplemente ensambla y exporta el producto semi acabado, es de esperar que sea retribuida simplemente por el servicio de maquilado prestado.

Mientras que una empresa manufacturera especializada que utiliza activos intangibles importantes (conocimientos, procedimientos) en sus procesos productivos y asume riesgos asociados a la garantía del producto fabricado, será retribuida en mayor proporción que una empresa maquiladora.

Por lo tanto, una retribución optima por las actividades de manufactura desempeñadas, se determinará con base en la finalidad del proceso productivo, los activos tangibles e intangibles involucrados y los riesgos asumidos en relación con el producto manufacturado.

  1. Actividades de comercialización de productos terminados: las empresas que desempeñan estas funciones aprovechan las economías de escala para ofrecer mejores precios y ocupar un nicho de mercado importante. También registran numerosos proveedores con los cuales negocian los precios de compra de los productos, venden a mejor precio a su mercado meta y obtienen mejores márgenes de utilidad. El siguiente gráfico muestra la relación margen de ganancia y asignación de riesgos para las actividades de comercialización desempeñadas:

Gráfico 2: Retribución esperada según riesgo asumido en actividades de comercialización de productos terminados

Fuente: Grupo Camacho Internacional

De acuerdo con el gráfico anterior, es importante considerar que el margen de ganancia atribuible a una empresa que simplemente adquiere un bien para la reventa será menor en comparación con la retribución de aquella que desempeña funciones comerciales sustanciales y asume la totalidad de los riesgos de propiedad de los bienes, publicidad, comercialización, distribución y garantía.

Resulta importante mencionar sobre los grupos económicos que mantengan canales de distribución claramente definidos a través de una sociedad intermediaria, éstos deberán prestar atención no solo al precio de reventa o de compra al proveedor; sino también a las funciones desempañadas por la entidad intermediaria y determinar si asume un riesgo de relevancia económica o la retribución es atribuible a otra sociedad del grupo económico.

El margen de ganancia que ha de esperarse por desempeñar funciones de comercialización se determinará considerando la particularidad de las funciones efectuadas y los riesgos asociados a la comercialización del producto.

  1. Centros de servicios: inicialmente eran áreas o departamentos que generaban costos a una empresa. No forman parte de las actividades comerciales sustantivas; no obstante, los servicios prestados por estos centros han evolucionado y se han especializado, por lo que actualmente se espera no solo que cubran sus costos de operación sino también que generen una utilidad.
  2. Usualmente estos centros operan en diversas jurisdicciones, por lo que se incrementan las obligaciones tributarias del grupo económico. El siguiente gráfico muestra la relación entre el margen de ganancia y la asignación de riesgos según actividades desempeñadas por un centro de servicios:

 Gráfico 3: Retribución esperada según riesgo asumido en actividades desempeñadas por un centro de servicios

Fuente: Grupo Camacho Internacional

Es importante determinar si las funciones desempeñadas por el centro de servicios son meramente auxiliares, de apoyo o si se trata de una parte relacionada del grupo económico especializada. Esto significa que, si una sociedad miembro simplemente recupera los costos incurridos por la prestación de un servicio de apoyo, no obtendrá un margen de ganancia representativo.

En la medida que los servicios auxiliares o de apoyo se especialicen, generen valor y se lleven a cabo de manera independiente, se obtendrán mayores retribuciones; consecuentemente, los riesgos que asume un centro de servicios especializado son mayores; puesto que se expone a un riesgo de garantía del servicio.

En términos generales, la retribución esperada se encuentra muy ligada a las funciones desempeñadas, los activos involucrados y a los riesgos asumidos. De la misma manera, la distribución de la pérdida económica que registre el grupo económico deberá ser proporcional a los elementos antes citados.

Una adecuada administración del riesgo contribuye al grupo económico a alinear sus operaciones vinculadas de cumplimiento con el principio de plena competencia. Por esta razón, los grupos económicos, deben documentar sus políticas de precios de transferencia. Así pueden reflejar una posición convincente ante las autoridades fiscales respecto de sus declaraciones tributarias, reducir eventuales costos de cumplimiento mediante un modelo de gestión de riesgos óptimo y evitar controversias en materia de precios de transferencia.

Ante retos inusitados, los agentes económicos requieren de la excelencia y compromiso en sus servicios profesionales.

Los precios de transferencia hasta hace poco, un servicio comoditizado para cumplimiento, donde el precio mandaba, deben ser hoy el eje con el que las empresas logren la mejora de sus habilidades competitivas de gestión para aprovechar mejorar su rentabilidad y reducir su tributación relativa con el menor de los riesgos fiscales relativos e inherentes.

Grupo Camacho Internacional es una respuesta integral a los retos que representa esta crítica condición pandémica, con un enfoque holístico, apegado a la realidad y con visión de empresarios y emprendedores, más allá que meros prestadores de servicios de temporada.

El COVID19 y los Precios de Transferencia

 

El 2020 será un año muy particular para los estudios de precios de transferencia. Debemos recordar que, si bien la obligación es anual, las administraciones tributarias tienen un plazo de 4 o 5 años para solicitar el estudio (el plazo de prescripción varía en la región latinoamericana), por lo cual será de vital importancia que la documentación de este año lleve explícitos todos los efectos que sufrió la empresa y el grupo económico por la crisis económica producto de la pandemia COVID 19.

Los principales puntos para incluir o abordar de mejor manera en los informes son los siguientes:

  • Asignación de riesgos en el grupo económico,
  • cadena de valor y sus modificaciones,
  • financiamientos intragrupo,
  • costos fijos en la estructura y su efecto en resultados,
  • asuntos de comparabilidad,
  • documentación de hechos extraordinarios,
  • acuerdo de precios por anticipado, y
  • cambios de metodología de análisis.

En futuras entregas abordaremos cada uno de estos elementos enunciados a efectos introductorios en esta entrega.

Es fundamental documentar la asignación de riesgos dentro de las empresas del grupo. Desde la aplicación de las Directrices OECD 2017, la definición contractual de los términos y condiciones es primordial en la delimitación de la transacción por ser analizada, el punto de partida del análisis de la transacción.

Una asignación clara de riesgos coherente con el modelo de negocio y la sustancia de cada operación dará fuerza a las conclusiones de precios de transferencia que se realicen para este periodo. Debe considerarse en el análisis, en particular en las últimas tendencias, la capacidad de la unidad de negocios a enfrentar las consecuencias de los riesgos asumidos, en caso de que los mismos lleguen a materializarse.

Respecto a la cadena de valor, en el 2020, las empresas han tenido que cambiar su forma de operar. Han utilizado todas las estrategias posibles dentro de sus grupos económicos, pero muchos de estos cambios han tenido efectos en la cadena de valor del grupo y se debe tener esta documentación de nuevas funciones, riesgos y activos bien definida. Es fundamental diferenciar aquellas decisiones de orden circunstancial de las que devienen de un cambio estructural permanente que de todas formas el grupo habría reestructurado aún sin la pandemia.

Uno de los principales temas, sino el principal, para este 2020, es el efectivo. La pérdida de flujo de caja que han tenido las empresas lleva a los grupos económicos al aumento de sus operaciones financieras intercompañía, en concreto, las de tesorería común o centralizada, ya que el sentido de propiedad del recurso se ha convertido en un concepto de uso más que de pertenencia económica y jurídica.

La mayoría de estas operaciones no están respaldadas por contratos y carecen de un análisis tributario respecto a la deducibilidad de gastos por transacciones financieras entre relacionadas, así como la contraprestación de mercado por esta operación.

Se debe considerar que tenemos países con normas de subcapitalización establecidas que van desde el 30% de los intereses netos como máximo deducible hasta el 20% mencionado por la OECD. Además, en algunos países de la región los intereses entre relacionadas son ingresos gravables, pero gastos no deducibles. Es necesario realizar una evaluación exhaustiva de la transacción y poner en marcha acciones de planificación fiscal que eventualmente no fueran usuales en otras circunstancias, a fin de evitar que, el costo fiscal de la decisión correcta, la convierta en invaluable el costo.

La aplicación de ajustes de comparabilidad técnicos y económicos podrán ser muy relevantes en el contexto de la crisis. Por ejemplo, practicar ajustes por capacidad ociosa para compañías intensivas en bienes de capital, donde se pueden remover del análisis ciertos gastos extraordinarios que de otra forma distorsionarían las conclusiones.

Se debe sobreabundar en detalles que normalmente no sería necesario ahondar. Las condiciones absolutamente irrepetibles de esta pandemia deben preparar la prueba para años futuros de muchísimo litigio tributario, donde precios de transferencia será parte importante de la ecuación en el aumento de la recaudación fiscal.

Es de vital importancia registrar y valorar el impacto que ha tenido el coronavirus en la Compañía analizada como, por ejemplo, la reducción del volumen de negocio, anulación de pedidos, comunicaciones con clientes, proveedores y el Grupo, o los costes adicionales en lo que se han incurrido como podrían ser, costes de restructuración, gastos de publicidad, amortización de inventario, etc., para poder aislar la pérdida generada por estos motivos.

Una posible solución sería comparar la ratio costes de venta, generales y administrativos de la Compañía analizado en relación con los ingresos (costes/Ingresos) del periodo actual con efectos de la pandemia, respecto con ejercicios de años anteriores, para intentar extraer conclusiones a aplicar en la corrección calculada y poder justificar que las pérdidas o disminución del beneficio son debidas al impacto del Coronavirus y no a la aplicación de precios de transferencia inadecuados.

La elaboración de información contable que nos lleve al uso de metodologías directas será altamente recomendable para este periodo. La mayoría de las empresas cerrarán su periodo con marginaciones operativas inferiores al año anterior y en algunas ocasiones en negativo, por lo cual realizar un análisis de margen neto hará quedar a la empresa fuera del rango de plena competencia y, sin la documentación soporte, puede provocar que llame la atención a la administración tributaria. Es un año para lograr que finalmente se hagan las respectivas adopciones de la Normativa contable de NIIF, donde sea aplicable.

El impacto es variado según cada grupo empresarial, por lo que el mensaje más relevante es tener claro el sentido de oportunidad. Debe ser en este momento, y no al final del año, donde se analice y determine:

  1. ¿Cómo impacta el COVID 19 al grupo económico?
  2. ¿Cuál es su interrelación con los resultados de la operación del Grupo Económico?

Es fundamental tener claridad sobre cómo y qué documentar- procurando lograr un análisis y documentación robusta-para el cumplimiento de los precios de transferencia del periodo, así como las demás obligaciones tributarias, siendo precios de transferencia accesorio a la determinación de la base imponible del impuesto sobre la renta.

Los invitamos a tener una conversación por los diversos medios que tenemos disponibles a fin de valorar estos aspectos en su negocio, contáctenos.

 

¿Para adónde vamos?

Es una pregunta de difícil respuesta… En realidad, tomamos rumbo norte y de pronto, dimos un viro en reversa de forma acelerada al sur. El país ha perdido a un funcionario de probado quilate. Cuando se designó a don Rodrigo Chaves como ministro de Hacienda, no solo le felicitamos, sino que advertimos en este mismo medio, a lo que venía en un país con un gobierno de brújula cargada del magnetismo de la confusión.

El descontrol del discurso y la acción práctica nos ha llevado a diversos actores de la sociedad civil a sentirnos frente a una gran tomadura del pelo.

Es ridículo cómo nos creímos la mentira con la que apoyamos la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, bajo la promesa de una disciplina fiscal regulada por una vilipendiada “regla fiscal.” Ahora descubrimos que aplicable solo a una vaga mitad de los que voluntariamente se someten temporalmente a ella, para guardar las apariencias temporales.

Tenemos un gobierno con una cabeza que tiene sus órganos desconectados y descoordinados. Oye, pero no escucha. Habla, pero no comunica. Ve, pero obvia la realidad, y deja que cada uno en el ámbito del Poder Ejecutivo haga una mejor o peor imitación de su corroída disfunción, desde la cabeza misma de este Poder.

Tenemos un banquero central que le da miedo aumentar el circulante, función inherente a la banca central del país, pero no tiene empacho de alzar la voz para decir que hay que subir las tarifas del IVA del 13% actual al 15%. Una ausencia funcional que – de nuevo – solo imita la incoherencia de su presidente.

¡No es de recibo! Tenemos un país con urgencia de una inyección seria, con coraje, de dinero circulante, pero nuestro banquero central – al menos a nivel nominal – lleva su puesto en una disfunción, como quien no tiene tarea propia, y se mete en el patio de su vecino y colega del Banco Mundial, el entonces Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves.

Esto fue la penúltima gota que se aportaba al vaso lleno.

La ley que releva a las municipalidades de la opcional “regla fiscal” simplemente es la manera que, en concurso el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, llegaron a dar la estocada final.

No a Rodrigo Chaves, quien simplemente continuara su vida, sino a las valoraciones del compromiso efectivo que parecía haber asumido el país con los que le financiamos, con organismos internacionales y contribuyentes.

Nos dan a todos una doble bofetada en retribución a haber creído en su gran mentira. Han pateado a quienes financiamos la fiesta, que a manos llenas tiene este gobierno, de los recursos de todos como si estuviéramos en Jauja.

Recordemos el estado del entorno en el momento en que se discutía la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estábamos al borde del precipicio. Las calificadoras de riesgo, como parteras, estaban en la sala esperando el momento del parto de la norma, para mejorar la condición de riesgo calificado como agravado por la indisciplina fiscal y la carencia de recursos frescos. Le mentimos como país al mundo. ¡Qué pena me da! Fui participe de esta gran mentira y pido disculpas.

Disculpas a los contribuyentes que, de buena fe, pero sin buena gana – pues pagar impuestos no es placer ni siquiera de los más pervertidos masoquistas – y, en un acto de altruismo nacional, dimos el apoyo desde la academia, la empresa y los grupos de cámaras empresariales a la necesidad de contar con un IVA que según ley tenía potencial recaudatorio directo e indirecto.

Es decir, tanto el propio del impuesto indirecto como el de recabar información de gran valor para determinar cumplimiento en materia del impuesto sobre la renta. Que, a la vez, se modernizó de manera profunda, pero sin mucho concierto, de a callado.

Disculpas a la comunidad de organismos internacionales. Entre otros, El Banco Mundial del que era – es – funcionario el pateado exministro de Hacienda. También se les engañó en el compromiso de entrar en el camino de la seriedad del manejo de las finanzas públicas con diligencia, compromiso y rumbo de racionalidad.

¡Esto nos va a salir caro! Las calificadoras de riesgo verán con ojos distintos la próxima hoja de ruta, donde la “dulce revancha” viene empacada de reformas estructurales más drásticas e imperativas.

En la década de los 80, cuando el país rompe con el Club de París, que llevó a la debacle económica que nos costó décadas recuperarnos, fue un acto frontal, con agallas, estemos o no de acuerdo con lo hecho. No se entró en una posición de amañada mentira institucional, como la que hoy leemos en el par de años que ha manejado la Administración Alvarado Quesada. De manera rastrera se engañó, en lugar de enfrentar como lo hizo Carazo Odio en aquel entonces.

Retomar el camino de la reconstrucción económica nos hizo pasar por tres dolorosos programas de ajuste estructural. Nos puso en remojo económico y tensiones sociales por diez largos años, cuando aún las condiciones de la realidad política permitían poner de acuerdo, no sin dolor, costo y dificultad. Fue el comienzo del fin del bipartidismo manejable y contrastante con la sociedad de hoy, que en su conjunto y su manifestación atomizada en diversidad de partidos y diputados independientes hace que no se vea una clara respuesta a la pregunta que planteamos, de ¿Quo Vadis Costa Rica?

La ocurrencia del señor Cubero, quien propone subir el IVA del 13 al 15%, amerita que le dedique unas líneas, porque el mérito de la carencia de mérito, lo amerita.

Cualquier persona seria, que conozca mínimos de economía, así como todo aquel que goce del privilegio del sentido común, sabe que estamos en una profunda y aún no dimensionada recesión.

En una recesión – si queremos salir de ella – debemos estimular el consumo, claramente la ocurrente propuesta no va en esa dirección.

Desde el más básico consumidor dependiente de un ingreso fijo, hasta el mas docto de los economistas sabe que, subir un impuesto que recae sobre el consumo de bienes y servicios, reduce la cantidad que de estos puede consumir el conjunto de los agentes económicos. Como consecuencia se reduce la velocidad a la que la economía podrá salir de la profunda recesión en que nos han sumido el Covid-19 de manera inocente y la Administración Alvarado Quesada de manera absurda y desde antes que la pandemia fuera la cobija que abriga y disimula la falta de gestión sesuda de lo económico.

Antes de hablar de cambiar la tarifa al alza del impuesto, hay muchas cosas que se deben considerar de previo:

  • Hacer un reglamento de IVA que sea legal, eliminando el exceso de orificios que a la ley se le crearon, en el reglamento ilegal promovido por el Ejecutivo en sentido contrario a la Constitución Política. De esto da cuenta ya al menos una sentencia del Contencioso Administrativo.
  • Eliminar de una buena vez el disfraz de legalidad que da el régimen simplificado y la multiplicidad de distorsiones que provoca al sector formal la falsa formalidad que brinda este régimen y la forma que hace deficiente la recaudación y potencial recaudatorio del IVA y renta, así como la transparencia de origen de abundantes riquezas.
  • Eliminar de manera sensata las múltiples exenciones del artículo 8 de la Ley del IVA, así como sus ilegales encadenamientos otorgados por normas infra legales, incluyendo el reglamento, resoluciones y otras disposiciones de mera fuente de nueva normativa del Facebook de la Administración.

Al nuevo ministro de Hacienda don Elián Villegas, los mejores deseos. Tanto por él por su excelente gestión efectuada en su anterior institución, el Instituto Nacional de Seguros; como por que, al irle bien a él, nos iría bien a todos.

Sin ánimo pesimista, oírle hablar en sus primeras declaraciones me da pena por él. Parece estar desconectado a los acontecimientos de indisciplina fiscal que es liderada por el presidente mismo. Una contradicción respecto de su propósito de mantener la disciplina en materia del gasto público. Propósito que aplaudimos mucho, pero desconfiamos pues estará durmiendo con el enemigo, si no hay un cambio milagroso en la dirección y efectivo compromiso de acción del Poder Ejecutivo en la quebrantada “regla fiscal”.

Costa Rica, Patria mía, que pena me da no poder responderte con claridad y exactitud ¿para adónde vamos? o más aún ¿para adónde nos llevan?

Publicado en el periódico La República el 02 de junio del 2020

 

Servicios veterinarios gravados al 4% con el IVA, beneficios y complicaciones

 

 

 

 

 

 

 

 

Los médicos veterinarios podrán facturar a un 4% de IVA sus servicios, luego de la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en el que le da la razón al Colegio de Médicos Veterinarios.

Los Veterinarios interpusieron una demanda para revisar la legalidad del artículo 23.1.b del Reglamento a la Ley del IVA, que consideraba como servicios de salud únicamente los prestados a humanos.

El Contencioso resolvió a favor del Colegio de Veterinarios en la Sentencia 009-2020-VII y a continuación explicamos, no solo las razones en las que el órgano judicial fundamenta su decisión, sino otras implicaciones relacionadas que es necesario mencionar.

La autoridad judicial se basa en que el artículo 11.1.b de la Ley del IVA indica de forma general, que tendrán tarifa reducida: “(…) Los servicios de salud privados prestados por centros de salud autorizados, o profesionales en ciencias de la salud autorizados. Los profesionales en ciencias de la salud deberán, además, encontrarse incorporados en el colegio profesional respectivo.” En adición, incorpora que la interpretación de lo que se debe considerar por profesionales de la salud está contenido en el artículo 40 de la Ley General de Salud, donde están mencionados los especialistas que tengan mínimo grado de licenciatura en: Farmacia, Medicina, Microbiología Química Clínica, Odontología, Veterinaria, Enfermería, Nutrición y Psicología Clínica.

La sentencia concluye que “la norma reglamentaria restringe de manera abierta y flagrante las disposiciones al respecto establecidas en la ley, modificando en esencia el contenido de la norma legal que regula, lo cual sin duda alguna constituye una flagrante violación al principio de supremacía legal y de jerarquización normativa”.

El Tribunal Contencioso Administrativo le recordó al Ministerio de Hacienda que las potestades reglamentarias están en subordinación con respecto a una norma con carácter de Ley; por lo que es fundamental apegarse al principio de reserva de ley, especialmente cuando se trata de materia tributaria.

Se determinó que la limitación creada vía reglamentaria, que obligaba a los profesionales en medicina veterinaria a gravar sus servicios a una tarifa del 13% de IVA, es ilegal; y por ende deberá aplicarse la tarifa diferenciada del 4%en estos.

Un asunto colateral a lo resuelto a nivel tarifario tiene que ver con el tema de la devolución automática del IVA.

El último párrafo del artículo 28 de la Ley de IVA estableció que cuando se presta un servicio de salud privado y este haya “(…) sido cancelados por medio de tarjeta de crédito, débito o cualquier otro medio electrónico que autorice la Administración Tributaria (…)”, se realizará la devolución del monto del impuesto. Mientras que el artículo 39 del Reglamento a la Ley de IVA establece que:

“(…) 1. En el caso de la prestación de servicios de salud privados, cuando el pago se realice mediante tarjetas de crédito o de débito o cualquier otro medio electrónico de pago que mediante resolución general autorice la Administración Tributaria, siempre y cuando esta tenga acceso a la información de la transacción realizada; el contribuyente que preste el servicio deberá reembolsar el impuesto cobrado al consumidor final. Para estos efectos, el contribuyente utilizará el campo asignado dentro de la estructura del comprobante electrónico para registrar el reembolso del impuesto.

  1. En estos casos, el contribuyente deberá registrar el débito correspondiente de la operación realizada y aplicando como pago a cuenta el impuesto reembolsado al consumidor final, en la declaración auto liquidativa correspondiente.”

El hecho de que se incluya a los servicios veterinarios como gravados al 4%; hace que sea de acatamiento obligatorio también la norma que se refiere a la devolución del impuesto. De tal manera, los médicos veterinarios deberán aplicar la figura de la devolución en su proceso de facturación, cuando reciban el pago por los medios indicados.

No todo es completamente positivo para el sector de los médicos veterinarios.

Si bien lograron que los usuarios y consumidores finales de sus servicios tengan que cancelar menos IVA o no cancelarlo del todo (por el asunto de las devoluciones); lo cierto es que esas ventas a tarifa reducida generan consecuencias importantes.

Los médicos veterinarios comprarán por regla general sus insumos a tarifa del 13% de IVA y solo se podrán acreditar hasta un 4%, por lo que el restante 9% deberán tomarlo como un costo (artículo 30.1 de la Ley de IVA).

Este principio se aplica cuando tengan identificación específica entre sus compras y sus ventas. Caso contrario, si no se cuenta con identificación específica y venden a diferentes tarifas, este IVA al 4% generará la obligación de realizar cálculos de proporcionalidad o prorrata más complejos.

Veamos,

El 9% restante del IVA debe ser considerado un gasto cuando, por ejemplo, el médico veterinario compra un producto, digamos de limpieza exclusiva de su mesa de trabajo (al 13%) que será utilizado sí y solo sí, para la venta de sus servicios de consulta de medicina veterinaria, que será vendida con un IVA del 4%.

Mientras que, el recibo de electricidad o el agua del local deberá incluirse en el cálculo de prorrata, pues esos servicios, comprados al 13% de IVA serán utilizados de manera indistinta para la venta de servicios médicos (al 4%) como en la venta de alimentos, juguetes y accesorios para mascotas que deben venderse con IVA al 13%.

Será más que necesario para estos profesionales contar con el suficiente conocimiento o con las herramientas necesarias que hagan posible una aplicación pacífica de la normativa tributaria.

Es importante mencionar que la anulación de la norma reglamentaria, no afecta las actuaciones que hicieron los profesionales en veterinaria ajustándose a una norma ilegal. En este sentido, el órgano jurisdiccional establece que “(…) Dicha anulación surtirá efectos declarativos y retroactivos a la fecha de entrada en vigencia de la norma, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe y de las situaciones jurídicas que se hayan consolidado durante la vigencia de la misma (…)”.

Se debe reconocer la importancia de esta sentencia no solo a nivel del gremio de los médicos veterinarios, sino como la primera muestra de cómo se irán resolviendo algunas otras ilegalidades – que abundan – en las normas reglamentarias de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Situación comentada en diversas oportunidades por los especialistas en la materia tributaria, que hemos manifestado vicios en normativa infralegal “post-reforma fiscal”. Esta es la primera ilegalidad de muchas otras que pronto serán discutidas en Tribunales de Justicia; generando gran cantidad de anulaciones de disposiciones normativas.

 

Soluciones y ocurrencias

Ahora tenemos más claras las características del problema económico que teníamos antes del COVID – 19 y aunque las consecuencias pandémicas en la economía continúan en proceso de definición, la realidad pre-COVID no debe escudarse en esta realidad posterior; más cuando las sus dimensiones efectivas aún están escribiéndose y empeorando.

Primera reflexión para rescatar: El mundo entero verá como consecuencia de Covid-19 una caída de sus niveles de producción y empleo, pero no todo el mundo partió de realidades económicas equivalentes. De igual manera que ese decrecimiento ocurra al colectivo, no se manifiesta de manera equitativa a todos los agentes de la economía, ni siquiera de manera proporcional.

Segunda reflexión clara: Costa Rica venía sumida en una profunda recesión desde hace muchos años, donde la más acelerada caída por supuesto la vemos ahora, pero que tiene cola desde junio de 2019, mucho antes que Covid-19 como pretexto y realidad saliera a la luz pública. Digo junio, por que desde entonces la administración Alvarado Quesada nos ha venido dando “atolillo con el dedo” en su acostumbrada y cada vez menos creíble estrategia de manejo de expectativa en divulgar milagros, sin contar con el “milagrero”.

Tercera reflexión: El tamaño, la profundidad y duración de las consecuencias de orden económico, de la realidad exacerbada por la pandemia sanitaria, simplemente dependerán de las medidas de reactivación que cada economía presente y, más que proyecte, ponga en acción de manera oportuna.

Cuarta reflexión: La reactivación económica debe ser diferente, pero acá se ha venido manejando de manera indistinta por moros y cristianos, a la solución de los efectos desatados y encendidos por la pandemia. Si la seguimos tratando de sanar por los síntomas, vamos indudablemente a errar. La reactivación económica es el conjunto de acciones sistemáticas y programáticas tendentes a solventar las causas y nunca los efectos de la caída de la producción.

Quinta reflexión: Costa Rica es un país poco competitivo por problemas estructurales, que no han sido atendidos desde hace décadas que vienen maquillándose. En este estornudo de Covid-19, simplemente se le está cayendo su añejo maquillaje multicapas, aportadas cada una de ellas, por las múltiples administraciones de Estado, que han pilotado la nave nacional antes y durante la actual administración.

Sexta reflexión: No hemos iniciado el camino de la reactivación económica. Los actos “magnánimos” hasta hoy legislados van en la línea del alivio del síntoma originado en el gran mal de nuestra economía, ser incapaz de gastar más que lo que es capaz de recolectar por medio de ingresos sanos al Estado. A la economía hay que meterle plata de verdad, estamos hablando de dotar de estímulos financieros de fondos no reembolsables producto de emisión. El banquero central debe despertar y apechugar, no es de recibo mantener entradas de dólares provenientes de, no se sabe dónde, que hagan del Colón costarricense la única moneda no devaluada del mundo. No le debe tener miedo a seguir cuidando el indicador de inflación que le asusta como el tigre debajo de la cama.

El Estado puede financiarse de tres formas fundamentales: mediante impuestos, deuda o donaciones. Estas últimas se han venido a más en los actos solidarios derivados de la pandemia de la Covid-19, pero no son por demás un medio normal y recurrente de vivir con el digno título de país en vías de desarrollo. Título que nos hemos enchufado en nuestro cerebro y nos hemos creído, por que es menos feo que el de subdesarrollados, o por que quienes dictan las medidas para esa clasificación, simplemente toman en cuenta algunas y no todas las variables de fondo de las economías.

Un país en vías de desarrollo es en contraste a uno subdesarrollado, aquel que va camino, es decir, con dirección a puerto de salida, de la condición de precarias variables económicas y sociales, con un paso sostenido y sostenible en el tiempo, para mejorar sus condiciones de competitividad. Es de la competitividad de donde se deriva el desarrollo, la capacidad de generar riqueza que produzca bienestar.

Que bien suena, pero entendámoslo… Una sociedad desarrollada es aquella que tiene o está, en proceso de construir en el mediano plazo condiciones de solvencia en sus variables mas críticas de orden fundamental.

Primero, un sector privado que cuente con las libertades de gestión que le permitan el cumplimiento de su triple misión: generar riqueza, empleo y contribuir a las cargas públicas en un sistema tributario equitativo y certero en lo jurídico; simple – ojo, no simplista – en el cumplimiento y que sea competitivo en lo horizontal de la comparación con las condiciones de los países de sus ares de influencia en el mercado.

Segundo, contar con un Estado que sea eficiente y eficaz en la función de asumir sus roles fundamentales de garantizar bienes o servicios no susceptibles de ser manejados de forma eficiente ni rentable por el sector privado.

Es decir, prestaciones tales como la sanidad universal en su acceso y accesibilidad, de la que hoy podemos dar cuenta al mundo con tanto orgullo. La seguridad ciudadana en todas sus caras, desde la seguridad física, la de tránsito, la jurídica, el acceso a la justicia pronta, cumplida y objetiva; esto alude a la justicia sin sesgos a favor o en contra de cargas ideológicas, o más aun exenta de corrupción.

Un Estado que pague salarios y prestaciones justas a sus servidores, siendo estricto y riguroso en el nivel de exigencia y propiciando el crecimiento de los funcionarios. Que abole, como se hizo con el ejército, la inamovilidad que es la fuente mayor tutela de la incompetencia y la corrupción del compadrazgo. Que, en ese concepto de justicia en la compensación de sus funcionarios, sea una justicia con métricas de gestión y competencia leal con el sector privado en materia laboral. Sin privilegios ni gollerías, adecuado a la realidad fiscal del Estado para sostener las cargas laborales.

Un Estado de función de regulación de la libre gestión de la armonía, entre las naturales contraposiciones y dicotomías entre desarrollo o ambiente, entre recursos naturales y su racional aprovechamiento, procurando que el estado de equilibrio se logre con la mínima intervención, como un padre que cuida sin sobreprotección ni descuido a sus hijos.

Un Estado que mantenga el acceso universal a la educación de forma cualitativa y cuantitativa. Que entienda que no basta con contar con aulas en el rincón más recóndito del país – que es motivo de orgullo nacional – pero ¿para qué aulas sin empleo? Hay que dar condiciones a la educación en lo cualitativo, orientar los programas y dotación de medios materiales, humanos y tecnológicos de equivalencia a los que se cuenta en las mejores instituciones educativas del sector privado. Modelar desde las bases una efectiva accesibilidad de los educandos a la inserción social. No apretarles como embutidos en el embudo social a ley de la selva en condiciones tan dispares. Una educación que atienda la función de formación para la vida, que incluya la capacidad orientativa de orden vocacional y con miras a la demanda de la empresa privada por personas capacitadas y capaces de ser competitivas y competentes.

Un Estado que, sabiendo que debe tener deudas, las adquiera con la certeza razonable de su capacidad de pagarlas y con el fruto del fomento de su buen uso. Endeudarse responsablemente conlleva a usar los recursos prestados para inversión en infraestructura, para dotar a la empresa privada de capacidades incrementadas de competitividad. Un estado de que valore el monto acumulado de sus compromisos de deuda mediante una planificación que trascienda a la Administración del gobernante de turno, que sea obediente a un proyecto país, que sea sustentable, evitando endeudarse para el pago de gastos corrientes.

Este debe ser un Estado delgado, pero bien alimentado. Con unos impuestos como fuentes principales de su financiamiento para sus gastos funcionales y de inversión, que fomenten la creación de la riqueza, entendiendo que su función es la de promotor y no de obstructor y mucho menos enemigo de la pagadora de sus recursos, que es la empresa privada.

Una empresa privada que cuente con un Estado amigable como el descrito, donde la natural contraposición de intereses no se exime, pero se pacta de forma transparente sin costos o agendas ocultas de parte y parte, indudablemente, será una empresa privada que tendría un marco de acción inicial para hablar de un plan de reactivación económica.

En esos términos, a las empresas privadas no les dolerá pagar impuestos justos, basados en su creación de riqueza, para que la función redistributiva del Estado sea ejecutada con la mira a la inserción de quienes no lo han logrado aun, pero evitando convertir el subsidio en la profesión u oficio del receptor, excepto en casos de orden natural.

Es necesario sintetizar todo lo anterior a ver si las autoridades de una buena vez entienden.

O reducen la ineptitud de gestión del Estado, cortando ya, no mañana, el tamaño, las funciones, las personas y las actitudes obstructivas y destructivas del clima de inversión, o el punto de partida de la reactivación económica no se puede siquiera plantear.

Costará y dolerá, pero la gangrena social que se viene alimentando con una empresa privada decreciente, desmotivada, con costos crecientes de operación resultantes de las evidentes falencias de infraestructura pública, dejará muy pronto al Estado solitario y habiendo matado la “gallina de los huevos de oro”.

Señores del Estado, esto es a todos los Poderes de éste. Ustedes han asumido el deber constitucional de defender los intereses de la patria. Hagan lo que se debe hacer de una buena vez. De otra forma, cada día que pasa está hundido en la historia y ésta se los cobrará.

La falta de valentía, sensatez y coraje que les vienen caracterizando solo avizora que la crisis no es de dos, sino de tres componentes: sanitaria, económica y de ineptitud en las autoridades, de todas ellas, la peor es la última.

Estoy seguro de que Costa Rica cuenta con un gran capital humano para salir adelante. Si ustedes no van a hacer nada, al menos no obstruyan el paso, pero tengan la responsabilidad de dejar hacer a quienes queremos construir un país que se dirija al norte del desarrollo y no al sur del populismo que les caracteriza su gestión.

Publicado en el periódico La República el 26 de mayo del 2020

Es una falta de respeto

El pasado 4 de mayo, el Presidente de la República, compareció conforme lo establece la Constitución Política a brindar su informe a la Asamblea Legislativa. Un acto solemne que es, en sentido constitucional, la gala del equilibrio de poderes en una democracia institucional.

¡Es una falta de respeto llegar a este acto para dedicarse en forma estructural a indicar obras hechas, así como aquellas por hacer! Así como un breve relato sobre como ve la economía, con una superficialidad tal que dejaba a propios y extraños con una gran expectativa. Dejando para el “transcurso de la semana”, la presentación de los asuntos atinentes a la economía.

Así de impreciso como el término utilizado, soslaya la responsabilidad del Presidente de al menos dejar planteado en su comparecencia en el pleno del primer Poder de la República, la ruta que requeriría de los diputados su atención prioritaria. No es de recibo, es imperdonable, la falta de ubicación espacio temporal que tiene el mandatario.

No estaba presentando un informe de un año cualquiera, por el contrario, estamos en un año donde el equilibrio económico y social del país – la institucionalidad misma – enfrentan el reto más grande del que haya conocimiento histórico en la bicentenaria República. Si el señor Presidente, deseaba como se aprecia, no abusar del uso del tiempo en su comparecencia al Congreso, debió priorizar en lo trascendente que es cómo gestionar esta situación de urgencia que enfrentamos no solos, sino con el resto de los compañeros de crisis en este pandémico planeta.

El señor Presidente como comunicador conoce, o le debieron enseñar en clase, que la generación de expectativa es una clave de la comunicación que debe administrarse con gran responsabilidad. Debería tener claro que, al abrir la puerta de ésta, habría de llevar al anuncio indicado de su equipo económico a asuntos que estuviesen maduros, claros y conducentes a los fines necesarios y urgentes.

Esboza el Presidente en los arqueros de su plan económico por anunciar, temas que están absolutamente desconectados de las medidas anunciadas por el “nuevo equipo económico”, haciendo alusión a predicados generales, tales como la necesidad de la incorporación de la formalidad de los informales de la economía, aspecto que es indispensable, pero que no incluye acción conexa alguna en los bocetos presentados el pasado viernes.

Se indica en el discurso la necesidad de que todos contribuyamos de manera solidaria a sobrellevar las cargas públicas que esta pandemia ha incrementado. Sin embargo, el gran ausente de la conferencia de prensa del pasado viernes es el Ministro de Hacienda. ¡Curioso que no forme parte del equipo económico ahora! ¿Será que no habrá cargas fiscales que anunciar, por lo que se le excusa al Señor ministro?

A pesar de la ausencia del Ministro, el Presidente anuncia como acción magnánima el reducir en un 10% su salario, indicando que era como acción ejemplificante a la necesidad de crear cargas temporales, que pesarían sobre el residual de empleados que queden, después del desmantelamiento que estamos enfrentando de los empleos. La acción no parece coherente con la ausencia del Ministro Chaves en la conferencia del equipo económico.

En materia de disciplina fiscal, es decir, respecto de recorte de los gastos públicos que siguen drenando las finanzas del Estado, el Ejecutivo anuncia y repite en la conferencia del viernes el cierre de Fonabe ¿cuánto aporta esta acción a la reducción del gasto público?

En materia de acciones concretas el anuncio de empréstitos para atender obras es una acción que, más que aliviar, agobia en este momento. Hay una falta de conexidad temporal en las prioridades de la reactivación económica. Las obras que se anuncian financiar ciertamente serán generadores de empleo, pero en un plazo de gran descalce temporal respecto de la tasa creciente de desempleo que está dándose en el sector privado.

Para este macro tema, que debió ser el corazón ya del mensaje del Presidente o de su “nuevo equipo económico”, se piensa resolver dentro del planteamiento, aumentando los créditos de los bancos a los sectores productivos, en novecientos mil millones de colones. Eso suena a mucho dinero para una persona y lo es para individuos, pero es apenas poner en disponibilidad alrededor del 4% del crédito total.

¡Esto no es solamente insuficiente! Sino que pasa por los elementos que mencioné en mi columna del pasado 28 de abril; será inútil cualquier recurso que se ponga para la reactivación de la economía si no se dan lineamientos imperativos de cambio de parámetros a las entidades financieras y los reguladores, para que de manera obligada aterricen a la nueva realidad.

Por supuesto, quien quiera que vaya a tener la responsabilidad de emitir esa orden de aterrizaje debe estar en tierra, bien aterrizado, en torre de control. No solo con poder, sino sin miedo de ejercerlo, como lo denota la figura decolorada del Presidente y su “nuevo equipo económico”. Aquí o alguien se empodera y toma con coraje las acciones que urgentes, o el país se va al barranco, no solo económico, sino al consecuente descalabro social.

El manejo del discurso en crisis, señor Presidente, recordará usted de sus lecciones de comunicador profesional – que debe desempolvar – es fundamental. La elocuencia de lo que se dice y el volumen de los silencios, no dejar que los silencios se entiendan como el conjunto vacío de las ideas, que es lo que hoy en el colectivo empresarial percibimos de usted y de su “nuevo equipo económico”.

¿Ha comprendido el gobierno que le correspondió no solo la oportunidad histórica de hacer entrar a Costa Rica en la tercera centuria de vida republicana, sino que, para lograrlo hay que enfrentar el reto de hoy, que resulta de una pandemia económica que deriva de la pandemia sanitaria?

Cuando en la comunicación se requiere ser buenos emisores de mensajes, también es fundamental la escucha de los clamores sectoriales a los que se tiene el privilegio y responsabilidad de gobernar. El Poder Ejecutivo, debe aterrizar de su actitud autista en lo económico, para hacer la tarea que, en lo que respecta a salud, se ha hecho de manera tan extraordinaria.

Entienda el “nuevo equipo económico” que los sectores productivos a quienes regentan tienen realidades y sugerencias que han planteado hasta la saciedad, en lo que se ha convertido a hoy en un elocuente concierto de sordera.

Hay que conformar equipos de trabajo no solo para que el sector productivo decreciente del país se incorpore, sino para que éste sea tomado en cuenta en las soluciones que requiere esta crisis económica que apenas asoma sus fauces. Aún falta mucho que verle a esta destrucción de empresas y empleo, si lo que ya hemos visto nos preocupa, lo que nos falta ver, en especial si la actitud del gobierno no da un giro contundente, simplemente nos debe preparar para una verdadera catástrofe de la que tendremos que dar cuenta a muchas generaciones venideras. Serán ellos quienes tendrán que pagar el precio de la inoperancia, la arrogancia y la ignorancia – características elocuentes todas – de un gobierno que, hace con una mano cosas absolutamente extraordinarias y dignas de resaltar, cuando deja que los expertos de salud manejen esta parte del problema, pero entumen cuando se trata de resolver lo económico, equivocando el camino al no tomar ninguno definido.

Estamos ante la encrucijada de Alicia en el país de las maravillas y su encuentro con el conejo y la paradoja de qué camino tomar: ¿Sabes adónde vas? – pregunta el conejo. La tímida respuesta fue no. Entonces no importa que camino tomes, siempre llegaras a cualquier sitio.

Creo que hoy, aunque parezca paradójico, hemos encallado en saber qué queremos, para poder articular el diseño de la ruta, sea el camino por el que nos iremos a ese destino deseado. En lo económico, no hay claridad de para dónde queremos dirigir al país, muchos sabemos dónde no ir, pero, es evidente que aquí los músicos están tomando las manos del títere del director, para hacer cada uno lo que a su parte le conviene, sin considerar lo que es la necesidad del conjunto.

En crisis, aumentar la incertidumbre haciendo hipérboles de anuncios, que generan expectativas que luego quedan huecas y exacerban la ansiedad, alimentan la crisis. Solamente agravan el problema y no aportan la solución. Esto también lo debía tener claro el comunicador profesional, señor Presidente.

Publicado en el periódico La República el 12 de mayo del 2020

¿Qué está pasando en el mundo?

 

Aunque la pregunta puede ser vista desde diversos ángulos, es importante remarcar la importancia de incluir un repaso de nuestro entorno mundial, ya que en una economía global e interdependiente como la que vivimos, hay una diversa gama de fenómenos que estamos experimentando, que nos son inexplicables a primera vista.

Un fenómeno que no dejó de sorprender de manera completa a propios y extraños fue la inusitada conducta del precio del petróleo en el mercado internacional, para entregas a mayo. Conducta que no se ha limitado a este bien -clasificado en la familia de los “commodities”- sino que ha impactado a muchos relacionados con las industrias de la construcción, la movilización y la energía.

Los “commodities” tienen la característica de ser transados en los mercados entre productores o intermediarios, adquiridos por una dualidad de compradores. Tanto por aquellos que encuentran en estos bienes una manera de inversión, como por los que son grandes distribuidores de regiones o países que consumen dichos bienes.

Aunque sea la primera vez que nos acerquemos a mirar esta forma particular de bienes en la economía, es importante indicar que solo mediante el acercamiento a ellos, sin exceso de tecnicismos, podemos comprender qué pasó con el petróleo y por que éste y sus hermanos los “commodities” son medios para invertir.

Si el lector presta cuidado, habrá notado que he mencionado el precio que bajó fue el del petróleo con entregas a mayo, lo que nos da una de las múltiples característica de estos “commodities.” No se transan para ser entregados al momento, como los demás bienes de consumo o de inversión, sino que se transan a un precio, el día de adquisición para una fecha de compromiso de entrega en el futuro, variando el precio según el momento de la entrega.

Esto nos lleva a por qué los inversionistas usan los “commodities” como instrumentos para obtener beneficios. Conforme más se aleja la fecha de entrega, el precio al que se transa el bien tiende a ser menor por los riesgos y el valor del dinero en el tiempo, asimilable a los rendimientos en medios directos, tales como las tasas de interés, siendo más altos, conforme está mas cerca el momento de la entrega.

Todo se basa en el principio básico que supone que obtendrá una ganancia, aquel que, en condiciones normales de mercado, haya comprado a más largo plazo y venda cerca de la fecha de la entrega. Sin embargo, aquí está la explicación del inusitado “precio negativo.” Estas transacciones suponen “condiciones normales de mercado”, al variar esta condición simplemente el precio se comporta de manera absolutamente caprichosa, pudiendo ser mayor o menor según sean las condiciones de riesgo que los compradores y vendedores perciban.

Al alargarse la crisis de salud, con la consecuente medida de confinamiento o distanciamiento social, se ha provocado una condición anormal en el mercado. El petróleo que ya estaba embarcado por los exportadores, conforme caminaban las manecillas del reloj a la fecha de entrega, no encontraba compradores – pues los consumidores finales se encuentran paralizados -y genera un gran aprieto a los que habían comprado sin conocer siquiera la existencia del Covid-19 y sus consecuencias en la movilización y por ende, en los patrones de consumo del petróleo.

Esto hizo que los dueños del petróleo estuvieran dispuestos a pagarle a su comprador, así como lo lee, por llevarse el producto, para reducir el tamaño de sus pérdidas y la consecuencia en la mayor parte de los mercados fue la reducción consecuente de los derivados del petróleo. Anormal, lo que es indicador de que los mercados se están comportando de manera totalmente anormal.

Ya no solo el de los “commodities” sino el de los demás productos como aquellos relacionados a los nuevos consumos, sean los que se utilizan para la atención de la emergencia sanitaria, así como la demanda desordenada, estimulada por el temor, la histeria y el pánico de que nos quedáramos sin abasto de alimentos y el curioso consumo masivo de papel higiénico.

De ahí que cuando nuestras autoridades sanitarias nos dicen que el mercado de las mascarillas, el de los aparatos para hacer pruebas de contaminados, así como muchos otros requeridos en la atención del Covid-19, están experimentando condiciones anormales de mercado, es precisamente, por comportarse de forma distinta a la que se comportaban antes de la pandemia.

Hacer este espeso repaso por dos áreas de las múltiples que ocurren actualmente en el mundo, nos dicen cuáles son los retos por superar cuando estamos decidiendo: ¿qué debemos hacer con nuestra empresa en los tiempos actuales?

Si nos miramos nuestros zapatos solamente, pues nos aprietan en la actual situación, permaneciendo en nuestro metro cuadrado, estamos limitando las posibilidades de la empresa para sobrevivir en las turbulencias que vive la burbuja azul, el planeta en el que vivimos todos. El problema no son los zapatos, el problema es el terreno que estamos pisando.

Son los mismos zapatos, aquellos en los que nos sentíamos cómodos, los que de repente nos dan una sensación agobiante de incomodidad inexplicable. Es equívoco creer que el problema son los zapatos, navegar en las batidas aguas económicas de hoy, es agobiante y mortal, si no logramos definir cuáles son los adecuados vestidos y equipamiento con que debemos enfrentar esta travesía de indefinida temporalidad.

Responder la pregunta ¿qué está pasando en el mundo? con la inocencia de sospechar que el problema son mis zapatos, es garantía letal para su empresa o emprendimiento.

Valga decir, que, además, percatarnos de la diferencia por la persistente molestia en nuestros pies, puede llegar a ser un factor exacerbante de la condición de riesgo en la que nos encontramos.

Estamos en una recesión económica resultado de la pandemia, que los optimistas indican que no se iniciará a recuperar antes del final de 2021, lo que nos lleva a tener que tomar decisiones valientes, disruptivas e innovadoras a la mayor brevedad. El tiempo es como el oxígeno del tanque, tan crítico como saber, con cuanto cuento para sobrellevar esta situación.

Cuando el empresario o emprendedor llega a este punto de la encrucijada necesita ayuda, pero lo aconsejable es que la busque lo antes posible. Estamos viviendo tiempos que nunca a nuestra generación le tocó vivir. Apasionantes como reto de supervivencia, pero se necesita de mucha ayuda especializada, no en Covid-19, sino en gestión de crisis en al menos cinco pilares básicos.

Primer pilar: manejo de riesgo, siendo esto la capacidad primaria de identificarlos, medirlos y gestionarlos; ya sea trasladándolos a otros agentes de la economía, o identificando cómo reducirlos o mitigarlos. Esto es toda una disciplina de la gestión administrativa que toma años de preparación y tenemos días, con suerte meses, para poder actuar.

Segundo pilar: estructuración financiera. Un factor crítico al que en nuestra práctica profesional hemos detectado la mayor parte de las empresas. Empresarios y emprendedores cuentan con la mayor experiencia, aunque los que han tenido que renegociar y aprovechar los diversos alivios institucionales existente, renquean de manera importante, ya por exceso o por defecto.

Tercer pilar: administración del asunto de continuidad de negocio, o el de negocio en marcha. Muchos, por ver el corto plazo, están obviando que, al tomar decisiones apresuradas y carentes de dimensionamiento, pueden estar poniendo en riesgo la efectiva capacidad de continuar en negocios, después de indiscriminadas conductas o recortes que se convertirán en un boomerang mal administrado, que golpea a la vuelta.

Cuarto pilar: tema tributario. Es momento para navegar aprovechando cada alivio que la ley marco así denominada, de Alivio Fiscal, otorga con conciencia y responsabilidad. De igual manera es imperdonable no acceder a la planificación adecuada de las cargas tributarias, para lograr disminuir este importante costo – que llega casi al 58% de carga acumulada – dentro del marco de la ley. Disciplina que debe pasar por un apoyo experto, distinto a la buena técnica de llenado de declaraciones impositivas.

Quinto pilar: tan crítico como los anteriores, la comunicación en su dimensión estratégica, orden operativo, manejo de comunicación en crisis en la diversidad de públicos y en sus dimensiones internas y externas. Este es un suero vital que muchas organizaciones han perdido de vista y de no gestionarlo, aun si hipotéticamente estuvieran haciendo bien el resto de los pilares, podrían estar sembrando el germen de su futura lápida.

Administrar en crisis requiere, como pueden notar, una diversidad multidisciplinaria que debe estar atenta como en una unidad de cuidados intensivos a cada signo vital, a cada progreso o retroceso. No son solo son los respiradores los importantes, también lo son la gama de valoraciones multidisciplinarias que en estas salas especializadas y escasas se deben gestionar. Así como son de escasas las camas de UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) también lo son los proveedores integrales de apoyo profesional para poder mejorar las posibilidades de supervivencia empresarial.

Así como un paciente prudente debe evitar la automedicación en todos los casos, se hace absolutamente exigente que, cuando se llega a necesitar de cuidados intensivos, evite por más que su empirismo empresarial le haya sido útil, llegar a tratar de resolver por sí mismo algo absolutamente nuevo, ya que puede estar acelerando lo que cree estar evitando, la muerte de su negocio y aumentando el riesgo sobre los bienes personales y familiares.

Déjenos ayudarle, somos su unidad de cuidados intensivos empresariales, no se espere para el final, puede que no haya camas, espacios, respiradores o que su propia condición haga que ya nada le logre evitar.

Publicado en el periódico La República el 05 de mayo del 2020

Diferimiento del pago del IVA: Regulación para arreglos de pago

La Ley de Alivio Fiscal otorgó la posibilidad de diferir el pago del IVA y el Impuesto Selectivo de consumo de los meses de abril, mayo y junio, para cancelarlos a más tardar el 31 de diciembre de 2020.

Además contempla que el contribuyente pueda establecer un arreglo de pago con la Administración en los casos en los que le sea imposible hacer el pago antes del 31 de diciembre.

Para optar por un arreglo de pago, se contemplan lo siguientes requisitos según la Resolución DGT-R-09-2020:

  1. Que se prevea no poder cancelar la totalidad de los impuestos a más tardar el 31 de diciembre de 2020.
  2. Presentar la solicitud de facilidades de pago a más tardar el 15 de Octubre 2020.
  3. Las deudas tributarias deben sumar más de medio salario base (¢225.100).
  4. No se puede aplicar sobre deudas tributarias que hayan sido objeto de denuncia penal.
  5. Debe estar al día con las obligaciones formales y materiales.
  6. Cancelar la prima inicial de 20% del monto total adeudado de previo a la presentación de la solicitud.

Por otra parte, la solicitud deberá ser presentada ante la Administración Tributaria que le corresponda a cada contribuyente. Existe posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria, para lo cual se deberá utilizar los formularios que se encuentran en el sitio web: www.hacienda.go.cr/contenido/13009-facilidades-de-pago

Para efectos de la presentación:

  1. Se debe enviar a los correos electrónicos dispuestos para cada Administración Tributaria.
  2. Se puede firmar con firma digital o con firma física. En el caso de que no se tenga firma digital, se debe imprimir la solicitud escanearla y enviarla junto con la imagen del documento de identidad por ambos lados.
  3. En caso de representantes de personas jurídicas debe adjuntar certificación literal de la sociedad que acredita sus capacidades de actuación.
  4. Se debe aportar declaración jurada que indique
    • Que ha enfrentado situaciones de naturaleza económico-financieras que le impiden pagar la deuda dentro del plazo de la moratoria, es decir, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.
    • Que está en capacidad de generar los flujos de efectivo necesarios para cumplir con la facilidad de pago.
  5. Cuando el monto adeudado supere los cien salarios base (¢45.020.000) debe rendir una garantía de acuerdo al artículo 182 bis, del Reglamento de Procedimiento Tributario.

En los casos en los que se deba rendir garantía por la cuantía de lo adeudado, se deben seguir las siguientes reglas:

  1. La garantía debe ser, en orden de prelación:
    1. Garantía a la primera demanda o compromiso incondicional de pago, emitida por una empresa aseguradora o bancaria.
    2. Aval bancario o fianza solidaria emitida por una institución financiera.
  2. Las entidades aseguradoras o financieras a que se refiere el presente artículo, deberán ser las supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) o la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), respectivamente.
  3. Todos los costos y gastos asociados a la constitución y vigencia de la garantía correrán por cuenta del obligado tributario.
  4. Las garantías deben otorgarse en todos los casos a favor del Ministerio de Hacienda.

Decreto ejecutivo: Protocolo para Centros de Trabajo

 

Para regresar a las oficinas post COVID 19 es necesario una serie de compromisos y medidas por parte de empleadores, encargados de salud ocupacional y trabajadores.

A continuación el texto del Decreto Ejecutivo Nº 42317-MTSS-S al respecto:


EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
LA MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y
EL MINISTRO DE SALUD

Con fundamento en los artículos 21, 50, 66, 140 inciso 8) y 146 de la Constitución Política;
los artículos 25, 28 inciso 2) subinciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley
número 6227 del 2 de mayo de 1978; los artículos 273, 274, 282, 283, 284, inciso ch), 288 y
300 del Código de Trabajo, Ley número 2 del 27 de agosto de 1943; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, Ley número 4229 del 11 de diciembre de 1968; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Ley número 4229 del 11 de
diciembre de 1968; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ley número 4534 del
23 de febrero de 1970 Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Ley número 7907 del 03 de
septiembre de 1999; los numerales 1, 2, 5, 6, 88 a 102 de la Ley Orgánica del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Ley número 1860 del 21 de abril de 1955; Reglamento de
Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional, Decreto Ejecutivo número
39408-MTSS del 23 de noviembre de 2015; el artículo 41 del Reglamento General de los
Riesgos del Trabajo, Decreto Ejecutivo número 13466-TSS del 24 de marzo de 1982; los
artículos 1, 2, 3, 10, 11 del Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020;
y,

CONSIDERANDO

I. Que los artículos 21 y 50 de la Constitución Política regulan los derechos
fundamentales a la vida y salud de las personas, así como el bienestar de la
población, que se constituyen en bienes jurídicos de interés público que el Estado
está obligado a proteger, mediante la adopción de medidas que les defiendan de
toda amenaza o peligro.
II. Que el Estado de Costa Rica es respetuoso de los Derechos Humanos que han sido
consagrados en los diferentes instrumentos jurídicos a nivel internacional y
nacional en procura de hacer realidad los principios de igualdad de derechos y
respeto a la dignidad humana.
III. Que según los artículos 4, 6, 7, 337, 338, 340, 341, de la Ley General de Salud, Ley
Nº 5395 del 30 de octubre de 1973 y los ordinales 2 inciso b) y 57 de la Ley Orgánica
del Ministerio de Salud, Ley Nº 5412 del 08 de noviembre de 1973, las normas de
salud son de orden público. Ante ello, el Ministerio de Salud como autoridad
competente podrá ordenar y tomar las medidas especiales para evitar el riesgo o
daño a la salud de las personas, o que estos se difundan o agraven, así como para
inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares. Dichas
normas legales que establecen la competencia del Ministerio de Salud en materia
de salud consagran la potestad de imperio en materia sanitaria, que le faculta para
dictar todas las medidas técnicas que sean necesarias para enfrentar y resolver los
estados de emergencia sanitarios.

IV. Que las autoridades están obligadas a aplicar el principio de precaución en materia
sanitaria en el sentido de que deben tomar las medidas preventivas que fueren
necesarias para evitar daños graves o irreparables a la salud de los habitantes.
V. Que mediante Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, se
declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de
Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la
enfermedad COVID-19.
VI. Que, debido al estado de emergencia nacional, resulta imperante aplicar medidas
inmediatas de prevención, atención y mitigación de la alerta sanitaria por COVID-
19, así como garantizar el cumplimiento efectivo de los protocolos del Ministerio
de Salud y conjuntamente, tomar medidas preventivas que contribuyan al
adecuado manejo de la problemática objeto de la presente regulación.
VII. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el órgano encargado de fiscalizar
el cumplimiento administrativo de las normas laborales y buscar la armonización
de las relaciones laborales, previendo mecanismos de control generales y
específicos de seguridad e higiene en el trabajo.
VIII. Que el Estado costarricense, como patrono, debe proveer a las personas
trabajadoras del Sector Público un lugar de trabajo libre de riesgos por causa de la
labor que realizan.
IX. Que las instituciones y empresas deben tomar las medidas necesarias para la
higiene y seguridad del trabajo, con el fin de proteger la vida, la salud y la
integridad de las personas trabajadoras en el ejercicio de su actividad laboral.
X. Que es competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio del
Consejo de Salud Ocupacional, promover la reglamentación necesaria que
garantice, en todo centro de trabajo, las condiciones óptimas de salud
ocupacional.
XI. Que los fundamentos esgrimidos en los criterios técnicos y técnico jurídicos
especializados en la materia propia de la competencia en salud ocupacional,
devienen de las normas supraconstitucionales, constitucionales, legales y también
reglamentarias que, al amparo del ordinal 282 del Código de Trabajo, Ley número
2 del 27 de agosto de 1943, al ser emitidos y aprobados por el Consejo de Salud
Ocupacional, en cuanto Cuerpo Colegiado legalmente constituido, se convierten
en vinculantes para todos los centros de trabajo públicos y privados del país.
XII. Que de conformidad con los artículos 288 y 300 del Código de Trabajo, las
empresas e instituciones, que cuenten con 10 o más personas trabajadoras
deberán constituir Comisiones de Salud Ocupacional y con más de cincuenta
personas permanentes trabajadoras están obligadas a mantener Oficina o
Departamento de Salud Ocupacional.
XIII. Que con apego a lo prescrito en el artículo 301 del Código de Trabajo, todas las
dependencias públicas o instituciones del Estado están obligadas a prestar la
colaboración que solicite el Consejo de Salud Ocupacional para el mejor
cumplimiento de sus funciones.
XIV. Que el Poder Ejecutivo debe intervenir ante acciones laborales que atenten contra
la dignidad humana y la igualdad de oportunidades.
XV. Que el Consejo de Salud Ocupacional mediante el acuerdo número 002-2020
tomado en sesión extraordinaria número 012-2020 del día lunes 23 de marzo del
2020, elaboró la presente disposición para que sea oficializada y emitida por el
Poder Ejecutivo.
Por tanto,

DECRETAN
LA ACTIVACIÓN DE PROTOCOLOS Y MEDIDAS SANITARIAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO
POR PARTE DE LAS COMISIONES Y OFICINAS O DEPARTAMENTOS DE SALUD
OCUPACIONAL ANTE EL COVID-19

Artículo 1°. – Objetivo. Este Decreto Ejecutivo tiene como objetivo promover que las
comisiones y oficinas o departamentos de salud ocupacional colaboren con la divulgación e
implementación de los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud, el Poder Ejecutivo y
demás autoridades públicas en materia sanitaria, ante la declaratoria de estado de
emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación
de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19.
Artículo 2°. – Ámbito de aplicación. El presente Decreto Ejecutivo rige para todo el país y es
de aplicación obligatoria en todos los centros y lugares de trabajo, públicos o privados.
Artículo 3°. – De las obligaciones de la persona empleadora. Las personas empleadoras en
el ejercicio de sus funciones deberán:
a) Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y las indicadas en los protocolos y
medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud, el Poder Ejecutivo y demás
autoridades públicas, para los centros de trabajo ante la declaratoria de emergencia
sanitaria del COVID-19.
b) Informar a las personas trabajadoras sobre el contenido de los protocolos establecidos por
las autoridades públicas para los centros de trabajo ante la emergencia sanitaria del
COVID-19.
c) Mantener los centros de trabajo en las condiciones de inocuidad y seguridad establecidas
en los protocolos por las autoridades públicas.
Artículo 4°. – De las obligaciones de las estructuras preventivas en salud ocupacional. Las
personas que conforman las comisiones y oficinas o departamentos de salud ocupacional en
el ejercicio de sus funciones deberán:
a) Identificar y evaluar las áreas de mayor riesgo con relación al contagio del virus COVID-19
y verificar cumplimiento de los protocolos emitidos por las autoridades públicas en estas
áreas.
b) Vigilar que en el centro de trabajo se cumplan las disposiciones legales y reglamentarias
establecidas en los protocolos emitidos por las autoridades públicas para la prevención del
COVID-19.
c) Establecer una estrecha comunicación con la persona empleadora y las personas
trabajadoras con relación a los lineamientos establecidos en los protocolos emitidos por
las autoridades públicas.
d) Promover actividades de información sobre la prevención de los riesgos laborales
asociados al contagio del virus COVID-19.
Artículo 5°. – De las obligaciones de la persona trabajadora. Las personas trabajadoras en el
ejercicio de sus funciones deberán:
a) Someterse a los lineamientos y disposiciones indicadas en los protocolos y medidas
sanitarias emitidos por las autoridades públicas para los centros de trabajo ante la
emergencia sanitaria del COVID-19.
b) Colaborar y participar en los programas que procuren su capacitación, en materia de
prevención y abordaje de la enfermedad COVID-19.
c) Mantener una constante y estricta vigilancia de su salud, para detectar síntomas de
contagio del COVID-19.
d) Reportar cualquier situación de riesgo de contagio del COVID-19 que identifique en el
centro de trabajo.
e) Utilizar, conservar y cuidar los equipos y elementos de protección personal que se le
suministren.
f) Manejar adecuadamente los desechos bioinfecciosos.
Artículo 6º.-Vigencia. El presente Decreto Ejecutivo rige a partir de su publicación en el diario
oficial La Gaceta.
Dado en la Presidencia de la República, a los veinte días del mes de abril del dos mil veinte
CARLOS ALVARADO QUESADA
GEANINNA DINARTE ROMERO
MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
DANIEL SALAS PERAZA
MINISTRO DE SALUD

DGT: Una pausa en las fiscalizaciones

¿Qué hacemos en esta pausa de dos meses? ¡Es hora de trabajar! – Lineamientos temporales extraordinarios de los procesos de fiscalización

La atención de la emergencia del COVID-19 conlleva una serie de consecuencias relacionadas en las diferentes áreas del aparato gubernamental. De ahí los cinco lineamientos temporales relacionados con los procesos de actuaciones fiscalizadoras publicados por la Dirección General de Tributación.

Entre los lineamientos publicados destaca el que “No se notificarán nuevas comunicaciones de inicio de actuación fiscalizadora durante los meses de abril y mayo de 2020”. Un antónimo a la filosofía expuesta por el Ministerio de Hacienda en cuanto a las acciones tendientes a la recaudación tributaria.

Lo cierto es que estas cosas no suceden todo el tiempo y que, en lugar de tomar un respiro, frotarnos las manos y hacer lo que es más cómodo – que es nada -, deberíamos estar pensando y ejecutando las maneras en las que podemos sacar ventaja del mandato temporal. Aprovechar que, de momento, no tendremos que lidiar con nuevos procesos de fiscalización en los próximos dos meses.

De seguro muchos de los que están leyendo esto se encuentran en una etapa incómoda de sus negocios. Más de uno no puede dormir tranquilo porque es conocedor de sus “pecados” tributarios… ¿Cuántos sienten que están a punto de ser “descubiertos” y no tienen claridad de lo que deberían estar haciendo para que los disparos, cuando lleguen, no sean mortales?

Puede que usted no sea parte de ese grupo, pero que pertenezca a otro aún peor: el de los que no conocen siquiera que tienen prácticas y políticas empresariales riesgosas.
Los que no conocen que tienen condiciones objetivas y subjetivas que los hacen ser el siguiente en la lista de “prospectos a fiscalizar.” Estos últimos tienen una doble exposición respecto al grupo anterior.

Si usted es de este segundo grupo de seguro duerme tranquilo, sí, pero tiene la batalla perdida desde ya si sus conductas son fiscalizadas y la Administración considera que sus prácticas de negocios, en su criterio, son distintas a las previstas por la normativa.

De acuerdo con nuestra experiencia profesional, la mayor parte de quienes reciben traslados de cargos resultantes de fiscalizaciones, se confiesan sorprendidos. Desconocían que sus prácticas no eran acordes a las disposiciones legales, esto inclusive por ser temas de puro criterio subjetivo de la Administración Tributaria.

Y ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo en esta fase de “tregua”?

La respuesta es, al menos, el definir su mapa de riesgos.
Para poder tener una buena estrategia, es necesario trabajar los riesgos desde tres perspectivas: 1. Identificarlos, 2. Medirlos y 3. Mitigarlos.

El momento de actuar es ya, no mañana ni en una, cuatro u ocho semanas. Tome estos dos meses de ventaja como una oportunidad en medio de la crisis. Diagnostique su negocio y empiece a trabajar en las medidas preventivas y correctivas necesarias para mitigar los riesgos que ya tiene y en los que podría estar a punto de incurrir.

De seguro la Administración Tributaria seguirá afilando el hacha, haciendo inteligencia tributaria con la información que le están obligando a declarar. Procesándola, analizándola y comparándola.

Lo aseguramos… a su regreso, dentro de dos meses, ellos sí que tendrán una estrategia de fiscalización. ¿Tendrá usted la suya lista?

En Grupo Camacho Internacional le ayudamos con la preparación y administración de su mapa de riesgos y le asesoramos en cuanto a las medidas que desde el punto de vista estratégico es conveniente que vaya implementando. Somos su aliado antes, durante y después de un proceso de fiscalización.

Lucía Vargas Solís
Socia
Grupo Camacho Internacional

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