Con y sin sentido

Con y sin sentido

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las buenas intenciones en muchas ocasiones son el buen inicio para un sinsentido. Olvidan, por la falacia de la composición, que lo que es bueno para la parte, no necesariamente es bueno para el todo en su conjunto. Algunos han ensamblado el decir que, de buenas intenciones está adornado el camino al infierno; siendo esta la manera popular de describir lo antes dicho.

Hay una diversidad de iniciativas legislativas en discusión en este momento que, en principio de buena fe, pretenden ayudar a palear la dura situación económica que se deriva de la pandemia sanitaria, que azota de manera inmisericorde el mundo, con un movimiento que se cierne hoy sobre América, como continente, sin dejar a Costa Rica exenta de esta cobertura, con una importante pérdida en el terreno ganado, que se avizoraba cuando se contrastan las relajaciones de medidas con las del resto de los países del orbe.

Las iniciativas que revisaremos tienen dos tendencias: Una fiscal y otra de inyección de recursos a la economía. Aspecto que indudablemente tiene efectos diversos en lo que, como país, debemos buscar, así como efectos secundarios que se pueden derivar.

El expediente número 21.444 pretende una mal llamada moratoria, que en realidad en términos propios es una exención temporal del impuesto de valor agregado a las siguientes actividades:

“a) Los arrendamientos de inmuebles destinados a viviendas, así como los garajes y anexos accesorios a las viviendas y el menaje de casa.

b) Los arrendamientos de locales comerciales.

c) El suministro de energía eléctrica residencial.

d) La venta o la entrega de agua residencial.

e) Las ventas, así como las importaciones o internacionales, de los bienes agropecuarios incluidos en la canasta básica, como las transacciones de semovientes vivos, la maquinaria, el equipo, las materias primas, los servicios e insumos necesarios, en toda la cadena de producción, y hasta su puesta a disposición del consumidor final.

f) Las ventas, así como las importaciones o internaciones, de los artículos definidos en la canasta básica, incluyendo la maquinaria, el equipo, los servicios e insumos necesarios para su producción, y hasta su puesta a disposición del consumidor final.”

Si estamos en la lectura sin análisis, hasta aplaudiríamos la iniciativa, ya que la propuesta da un alivio del impuesto a las actividades dichas por un plazo de seis meses.

La siguiente iniciativa procura, bajo el expediente 21963, exenciones – algunas redundantes con el expediente anterior – que se extenderían hasta la reactivación económica en vez de por un plazo definido. El proyecto atiende aspectos redundantes en exenciones de: electricidad, agua en diversos consumos, alquileres de PYME, entre otros.

Este proyecto tiene la condición agravada cuando se compara con el anterior, que modifica la norma misma del IVA en su artículo 8 de exenciones; haciendo a esta norma una norma permanente, aunque su intención y predicado sean temporales. De nuevo, el diablo está en los detalles y se requeriría de una nueva norma legal para eliminar o acabar con esta norma “temporal.” Una diabólica condición de dejar en forma permanente y de incierta corrección en el futuro indeterminado.

Por otra parte en el expediente 21.934 se promueve una iniciativa de orden expresamente sectorial que afectaría, de aprobarse, a los servicios vinculados al turismo. Estos servicios se iniciaron a gravar en la primera escala de sujeción al 4% el pasado 1 de julio. El proyecto pretende que el transitorio que regula la entrada en vigor creciente del impuesto de valor agregado, se lea de la siguiente manera:

“TRANSITORIO IX- Los servicios turísticos prestados por quienes se encuentren debidamente inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) estarán exentos del impuesto sobre el valor agregado durante los dos primeros años de vigencia de la presente ley.

Asimismo, estarán sujetos a una tarifa reducida del cuatro por ciento (4%) durante el tercer año de vigencia de esta ley, y a una tarifa reducida del ocho por ciento (8%) durante el cuarto año de vigencia de esta ley. A partir del quinto año de vigencia de esta ley estarán sujetos a la tarifa general del impuesto sobre el valor agregado.”

Tienen en común los tres proyectos anteriores echar mano a la nueva norma del IVA, cuyo cumpleaños primero recién se cumplió el pasado 1 de julio. Desconocen los proponentes que esto erosiona las ya decrépitas cifras de la recaudación tributaria, de por sí alicaídas por el reciente “Alivio fiscal” que no será sino el dolor de parte de la Hacienda Pública que acumula un déficit oficial cercano al 10%.

Podemos esperar que ese déficit sea mucho peor por la caída de la actividad económica real, la producción de bienes y servicios que no se estimula por tocar el impuesto de valor agregado, al que, siendo el juguete nuevo de unos y otros, de alguna forma, la “ramera del momento”, todos han tratado de meter mano y lo han logrado, sin resistencia de la norma, que ha sido facilona, simplemente para hacer la ficción de la reactivación.

El IVA requiere de transacciones para ser sujetas al impuesto. Esto no se logra prostituyendo aún más la trastocada norma. La política económica no puede depender exclusivamente de la eliminación a pocos de los tributos, como se propone, aunque sea de forma parcial o temporal. Debemos entrar en conciencia, la pandemia económica que enfrentamos debe ser atendida de manera resuelta, tanto como la sanitaria.

La COVID 19 mata, la otra mata la creación de la actividad económica, destruye la dignidad misma del ser humano: su derecho al trabajo en condiciones adecuadas en lo económico y lo social, de lo que ha dependido siempre la paz social.

La crisis económica que debemos enfrentar requiere de esfuerzos muy distintos a seguir poniendo parches de apariencia, aunque su intención sea buena, su efecto es nefasto.

Otro proyecto que se encuentra en la corriente legislativa es el que corre su suerte bajo el expediente 21.967. El único que de forma limitada, pero adecuadamente direccionada supera la visión de que es el Estado el que debe hacer por medios de ayuda que demeritan y desmejoran las condiciones de la empresa, el emprendedor y el empresario.

Este expediente apunta a la dirección correcta: La inyección, repito tímida y limitada, de recursos frescos a la economía para la activación de la misma. Mediante una modalidad de emisión monetaria que debe hacer el Banco Central de Costa Rica, el cual usaría las estructuras de los bancos comerciales – pero fuera de los recursos de libre administración de éstos – para conducir la elegibilidad y cumplimiento de requisitos del crédito de corto plazo, así como su cobranza.

Los créditos que en estas condiciones se establezcan se deben colocar a la mayor celeridad. Serían créditos sin intereses, a un plazo máximo de tres años. Su valor es equivalente a tres meses de planillas, cargas sociales y gastos financieros de otras operaciones que el sujeto de este beneficio tenga a la fecha de la operación.

Para ser elegible, las condiciones son no haber reducido la planilla o de inmediato reestablecerla por niveles equivalentes al 75% de la misma previo a la reducción de ésta; así como ser o inscribirse como contribuyente en el sistema tributario general, no el régimen simplificado y estar al día o tener arreglos de pago con la seguridad social, o bien, regularizar esta situación también.

Las virtudes de este proyecto son diversas. Por una parte promueve la formalización de los informales, la eliminación del disfraz de formalidad conocida como régimen simplificado, el fomento del empleo y las consecuencias virtuosas que este genera. No excluye por tamaño de empresa, solo a través de condiciones objetivas, lo que permite una accesibilidad universal.

Fomenta la preservación o reconstrucción del empleo formal, así como la estimulación de las capacidades de consumo de esos empleos nuevos o reestablecidos. Ataca uno de los efectos más nefastos de la pandemia económica, que es una tasa de desempleo que puede estar acercándose de manera acelerada al 20% de los nacionales, si creemos en los datos de solicitud de bonos proteger que llega al millón de solicitudes. Más del 20% de la población económicamente activa indudablemente.

A la banca comercial se le pone una retribución por sus servicios de gestión y colocación. Un aliciente para acelerar la colocación, que se compone de una comisión estructurada de la siguiente manera:

a) Primer mes: 2% sobre el monto de los préstamos colocados

b) Segundo mes: 1,5% sobre el monto de los préstamos colocados

c) Tercer mes: 1% sobre el monto de los prestamos colocados

Esto pone exigencia de acción a la banca comercial del Estado. Parte de las condiciones de otorgamiento de crédito, según el proyecto, es que los indicadores financieros de la banca no serán afectados. La administración de los fondos será a través de sus unidades fiduciarias y una vez que lleguen los pagos de parte de los potenciales deudores, el dinero se “des-emite”; es decir, se saca de circulación y se devuelve al Banco Central para evitar efectos sistémicos en la economía.

El monto máximo de la emisión para este propósito es equivalente al 5% del PIB de 2019, lo que garantiza a la vez que la interrelación con otras variables no deseadas de posibles efectos cambiarios e inflacionarios, cuente con un tope de garantía, para que unos y otros, lo aprueben de manera expedita.

¿Qué nos gustaría ver sobre este proyecto?

Primero, que se le dé vía rápida. Esto quema las manos todos los días que pasan sin estímulo. Así mismo, que sea más ambicioso, cuando vemos la capacidad de otros países de nuestro nuevo club de ricos – la OCDE – haciendo inyecciones de estímulos de billones de unidades de moneda fuerte, es indudable que, aunque sus modalidades sean de entregas sin repago, no tenemos dichas capacidades, ni es culturalmente apropiado fomentarlas.

A la vez, una de las características que nos parece fundamental ambicionar es la de la condición revolutiva del programa, con topes de 5% por semestre y no por programa total, por un tiempo limitado a la duración de la pandemia económica y financiera que nos agobia. Esto debe definirse en términos objetivos en el año en que crezcamos en términos reales de manera sostenida, al menos por dos ciclos anuales en términos reales, por encima de la tasa de posible inflación.

Por el momento en que se encuentra este proyecto – aún en comisión – es un buen tiempo para que se le incorporen medidas de esta naturaleza.

Hay que actuar rápido, es un proyecto que, de aprobarse en tres meses, es absolutamente extemporáneo. Hay que tomar decisiones a riesgo de equivocarse, tampoco debemos tener miedo a los errores, pues ya los hemos cometido en el pasado y no dejaremos de hacer – aunque nos lo propusiéramos – en el futuro. Debemos apostar por el país y sus creadores de riqueza y empleo, que ambos fomentan el cimiento de la capacidad de seguir adelante en la tarea de reconstrucción de la economía.

A la vez, que se mantengan las condiciones de garantía en meras garantías fiduciarias, sea el aval de la empresa y sus socios, lo que crea escrúpulos que distinguirá entre los que necesitan y los improvisados y oportunistas; enfocando los fondos en quienes estén efectivamente comprometidos en reconstruir país.

Son las iniciativas que tiendan a esta dirección de orden múltiple, empleo, producción, formalidad, las que vemos como sustentables. La política fiscal de alivio solo aplica cuando hay actividad económica, es poco o nada lo que aporta diferir la entrada en vigor del IVA un sector como el turismo, que experimenta por primera vez una temporada cero.

Publicado en La República el martes 14 julio, 2020

 

Documentación de Precios de Transferencia por el COVID-19 

Documentación de Precios de Transferencia por el COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El impacto que ha generado la pandemia tanto a las empresas nacionales como multinacionales se va incrementado. Las empresas van adoptando nuevas normas y buscan administrar de manera más eficiente los recursos. Aplican planes de continuidad comercial de acción rápida para, de esta forma, lograr sobrellevar de una mejor manera su negocio y así mantenerse operando.

Las empresas no deben enfocarse solamente en su operación comercial con el objetivo de asegurar su continuidad; sino que al gestionar los desafíos ocasionados por el COVID-19 no deben olvidarse de las obligaciones tributarias, en especial el tema de Precios de Transferencia.

Deben gestionar los riesgos fiscales mediante la preparación de documentación de precios de transferencia para respaldar sus transacciones con partes relacionadas, e implementarlas de la mejor manera para defender sus posiciones de precios de transferencia. Las fiscalizaciones continuarán y es posible que aumenten producto del COVID, donde las Administraciones Tributarias van que querer comprobar que todos los ajustes de la operación con relacionadas que se hicieron en época de crisis cumplen con el principio de plena competencia.

En las futuras fiscalizaciones, las empresas que han sobrevivido a la crisis deberán experimentar grandes desafíos. Las Administraciones Tributarias ejercerán ajustes, argumentando que las pérdidas grupales producto del COVID-19 deberían haber sido asignadas en otros países y no donde la empresa es contribuyente. Aquí será críitica la documentación, tanto a nivel de documentación local como la del master file, que debe probar la cantidad de pérdidas atribuidas a cada jurisdicción.

La pregunta que como empresa se debe realizar es ¿Qué debo preparar ante esta situación?

Lo primero es realizar una revisión de sus políticas de precios de transferencia actual, donde sea posible determinar si continúan siendo las apropiadas dados los cambios en su esquema de negocio y la nueva realidad económica a la que se debe enfrentar.

La documentación es crítica para demostrar por qué es apropiado mantener las políticas de precios de transferencia actuales o más bien resulta necesario alejarse de ellas.

Considere lo siguiente para definir las políticas de Precios de Transferencia y su documentación:

  • Los impactos del COVID-19 en la productividad, así como cualquier disminución en la demanda de los servicios prestados;
  • La afectación del COVID-19 en la rentabilidad del grupo multinacional y cómo esto se está distribuyendo en las empresas que lo conforman;
  • Revisar cómo se asigna el riesgo en el grupo económico y cualquier cambio ejecutado en esta área;
  • Cuantificar los costos adicionales en los que se ha incurrido como: costos de reestructuración, gastos de publicidad, amortización de inventario;
  • Cualquier restricción en los movimientos de personas y producto.

Aunque quizás no sea uno de los primeros desafíos que las empresas mantengan en sus horizontes, las implicaciones de los precios de transferencia de las respuestas a la crisis de Covid-19 conllevan un riesgo sustancial para la forma en que los grupos económicos desarrollan sus operaciones.

Los grupos económicos deben comprender que es necesario adoptar un enfoque coherente de sus decisiones relacionadas con los precios de transferencia a medida que reconfiguran sus sistemas y cadenas de suministro en todo el mundo.

La recomendación es considerar las implicaciones de los precios de transferencia al formular las respuestas a la crisis de Covid-19 y revisar las implicaciones de las decisiones ya tomadas tan pronto como sea razonable. Además, desarrollar cuanto antes la documentación soporte que permita demostrar que sus políticas de precios de transferencia obedecen a la realidad económica que enfrentan como consecuencia del COVID-19.

Con el panorama descrito es vital que los contribuyentes se asesoren correctamente para así cumplir con la documentación soporte de las transacciones llevadas a cabo con partes relacionadas y de esta forma evitar cualquier tipo de contingencia que pueda surgir en el tema de Precios de Transferencia. Es fundamental que la historia se escriba y describa de forma detallada en la documentación de abajo hacia arriba, pero sin duda, debemos concentrar esta documentación de manera especial en el asunto las decisiones inusuales que como grupo económico hubo que tomar. Por ejemplo, desde la estructuración, la relocalización, la centralización funcional, la comparabilidad de estos actos respecto de las estructuras pre Covid-19, con respecto a las indispensables de tomar en esta época de retos singulares.

Nuestro equipo experto en la materia se encuentra a su disposición para en conjunto lograr el debido cumplimiento de esta obligación.

Carlos Solís Marin – Consultor Precios de Transferencia 

Impuestos ¿Para qué?

Impuestos ¿Para qué?

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una pregunta que es bien probable que usted y muchos de los lectores se han hecho. Ya sea una o varias veces en su vida, y si no lo ha hecho aún es probablemente porque no se ha percatado que los mismos existen, viven y conviven con todos nosotros desde nuestro nacimiento y hasta nuestra muerte. En algunas jurisdicciones acompañan hasta el más allá a través del impuesto de las sucesiones.

Cuando enfocamos esta pregunta nos enfrentamos a la realidad contrastante de querer que, de una buena vez, esta pandemia sanitaria causada por el virus SARS COV 2 – que produce la Covid 19 – sea exterminada. Eliminando todos los virus del planeta, sin entender que esto sería auto-exterminar la vida misma. No todos los virus son dañinos y más bien, algunos son indispensables para la conservación de la salud y del ecosistema que permite la vida.

¡Qué paradoja! Así como no todos los virus son malos, tampoco todos los impuestos lo son. Aunque el termino bueno o malo no lo uso aquí en una connotación moral ni ética, sino en un sentido lato.

Es decir, en el sentido de uso común del término, sin alusiones de orden ideológico.

Más bien es en contraposición al bienestar, o, dicho de otra manera, queremos ver en los conceptos, por motivos culturales, representaciones de bien o mal en blanco o negro, cuando la vida no es necesariamente binaria a pesar de que se pueda representar informáticamente así. Puede, en contraste, que los impuestos nos gusten o no, a mí no me gustan y creo que esta es la situación de muchos de nosotros.

No todos los impuestos son malos y tal como sucede con los virus, sin quienes la vida sería biológicamente inviable, debemos entender que, sin impuestos, la vida en sociedad tampoco lo sería, en particular en la versión del Estado democrático moderno.

Se debe distinguir entre los virus y los impuestos que construyen vida de los que no. Si se dejan a la libre, uno como el otro, pueden destruir la fuente misma de vida. En el caso de los impuestos, la generación de la riqueza sobre la que recaen, su base imponible, simplemente se destruirá y reconstruirla no es labor fácil ni rápida.

Los detractores de las vacunas, por ejemplo, son personas que ya por experiencias propias o ajenas han visto consecuencias no deseadas en personas concretas, que en efecto ocurren en casos singulares y que han alimentado este movimiento. También lo están quienes sin respetar el criterio del beneficio a la comunidad se enfrentan al virus de SARS Cov 2, como si esta fuese una opción personal sin considera el efecto entre quienes queremos mantener la vida en la medida que logremos prevenir contagios con lo que cada quien de nosotros puede aportar, que es su conducta propia y la de sus núcleos propios. En la vida en comunidad, estas consideraciones, aunque respetables deben ceder espacio al bien común de las mayorías.

¿En materia de explicar el por qué existen los impuestos? Debemos entender que los mismos son resultado de la evolución del estado feudal al Estado Moderno, en la versión de este que entiende que la función social de la producción es del sector privado y la del cumplimiento de objetivos de orden social al Estado, es el modelo de un Estado no solo Moderno, sino Democrático. Los impuestos son medios, no fines en sí mismos, por lo que los fines lo son sus usos, siendo el impuesto, en la gama de los tributos el o los medios para alcanzar unos fines.

Los fines en una sociedad democrática, deben pasar por una valoración del pueblo representado por el Poder Legislativo, ya que es este el llamado, ya por iniciativa propia o del Poder Ejecutivo, alinear de forma deseablemente coherente, los objetivos a alcanzar, con las formas en que los mismos se alcanzarán.

Hoy Costa Rica se enfrenta, como muchos Estados a una tarea titánica de revisar profundamente no solo la clase de Estado que desea tener hoy, sino el que de manera responsable vamos a heredar a nuestras próximas generaciones. El Estado del pasado, diseñado por nuestros padres o abuelos, no es sustentable económicamente hoy, no podemos quedarnos sentados de brazos cruzados para que sea el cruel ajuste de mercado el que auto componga la crítica condición fiscal.

Estamos en las puertas de optar por suscribir-no negociar- un acuerdo tipo Standby, con el Fondo Monetario Internacional, esta opción es la mejor que tiene el país para poder resolver temas concretos de corto plazo, con condiciones que implican la resolución de asuntos que como sociedad venimos postergando, negando, ignorando o simplemente, por lo incomoda que es la posibilidad de salirse del estatus quo, se consideran diabólicas.

La elocuente ignorancia del presidente de la República, cuando hace semanas dijo que iba a pactar términos, pero no aceptar condiciones, solo puede ser visto en buena fe, como la elocuencia de su incapacidad y la de su equipo económico, o como la maldosa posición de buscar culpables y chivos expiatorios fuera de lo que corresponde al deber ser de la reforma integral y urgente del Estado, para que de manera ordenada y no en manos de las fuerzas del “mercado”, simplemente se nos venga una pandemia económica que destruya la riqueza-cada vez más escasa y altamente concentrada-que solo aumenta el ciclo del desempleo y la pobreza abrumadora.

Iniciar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, lo es hacerlo con la comunidad internacional en su conjunto, es decir, con sus 189 miembros actuales, los que no verán bien, que de llegar a un acuerdo, incumplamos el mismo, ya que estos acuerdos Standby, son inyecciones dosificadas de recursos contra cumplimiento de objetivos concretos de reducción de las causas que dan origen a la necesidad de estos recursos extraordinarios, misma que la encontramos en dos componente fundamentales: el tamaño y costo del Estado y la calidad y cantidad de los impuestos que pagamos los costarricenses que sí tributamos, pues son muchos y siempre los mismos, quienes no lo hacen por su condición de privilegio legal o de privilegio administrativo.

El tamaño, el costo, la eficiencia, el costo de servir a los fines de nuestras instituciones es sencillamente el gran postergado de la discusión, donde los sectores sindicales, los gobiernos de turno y su escandaloso contubernio nos han llevado al estado actual de las cosas fiscales.

En materia de este posible acuerdo-no negociación-con el Fondo, hay compromisos que se tasan en esta línea de costo y tamaño del Estado, donde se requiere de voluntad, inteligencia y determinación por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo en primera instancia y normas de acompañamiento de orden legislativo.

En buen costarricense ha llegado la hora de “partir el ayote”, a tal fin se requiere de tres insumos: ayote-que lo hay- un buen cuchillo, que lo podemos hasta alquilar si no lo tenemos, creo que en materia de inteligencia y talentos sí los hay, así como voluntad, aquí amigos no hay “voluntad de alquiler”, esta es una labor exclusiva del presidente y su equipo económico, que requiere de hablar con la verdad, aunque sea la primera vez, pero lo deben hacer ya, no seguir engañando a la población en la existencia de otras pócimas mágicas, que no las hay.

En materia de impuestos vemos con dolor y desanimo el retorno del jerarca de Tributación, quien ha tenido por años sin fin, la responsabilidad incumplida de luchar contra la evasión y la elusión, pero más aún, la gran batalla pendiente con los omisos, la cual parece es el único sector que celebra su retorno por inopia y beneficio propio de esta gran masa de no contribuyentes, este es el concepto de los que no pagan por privilegio administrativo-inacción o complicidad de Tributación- da igual, como el privilegio legal que requiere reformas en el Congreso para que todos contribuyamos.

Una sociedad de la que nos beneficiamos todos, debe ser igual y equitativamente ser financiada por todos, cada quien, según su capacidad actual y efectiva de contribuir, pero no se vale, usar, pedir, demandar y tener ciudadanos de categoría de pagadores solamente, como la tenemos hoy, contrastado con una sociedad de beneficiarios de la vida en común, donde sus contribuciones o no las son o se limitan a muy poca cosa.

El ajuste que se dará con el acuerdo-no negociación, los que ya entendieron les pido disculpas por la reiteración, pero es para que los funcionarios empezando por el presidente entiendan-será doloroso tanto para el sector público, como el sector privado, pasará por el recorte del tamaño, las prebendas y beneficios abusivos del sector público, llevándolos a reducirse a lo que podemos financiar con tributos, así como un aumento de la ya de por sí alta carga tributaria.

Aquí no queda santo con cabeza, excepto que optemos por seguir manteniendo una sociedad democrática de dos pisos: el de los pagadores, que seremos cada vez los menos y el de los privilegiados que lo serán mientras el Estado no caigan en condiciones de impago, que sería la consecuencia de no llegar a este acuerdo, pues el mensaje al resto de los miembros del Fondo es, que no tenemos voluntad de partir el ayote, acto impostergable.

 Publicado en La República el martes de 07 julio, 2020

Mucho más que un año de vigencia: El ciclo de vida del IVA

Mucho más que un año de vigencia: El ciclo de vida del IVA

 

En toda creación hay un ciclo de vida. La norma del IVA, al cumplir un año de su entrada en vigor, junto con el resto de las normas de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no se exime del paso del tiempo y de su propio ciclo vital.

Al igual que en la vida de las personas, las afectaciones inherentes al ciclo vital son endógenas – es decir, propias – o exógenas – ajenas. Esta norma, ha tenido de todas ellas. Es un cuerpo vital, sometido desde su larga gestación de 20 años, más larga imposible, hasta su parto en diciembre de 2018. Amenazada por detractores diversos, con disfraces que van desde los sinceros detractores frontales de la norma hasta sus propios custodios. Este es el ambiente en que sale de cuidados postparto a la vida el pasado 1 de julio de 2019.

Las nodrizas que debían cuidar la norma le han intentado envenenar desde que custodiaban a la madre, en el proceso legislativo, con acciones concretas y diversas e inacciones que, si no lograron dejar en las entrañas de la norma, no tuvieron reparo de hacerle evidentes escisiones para que su destino fuese la pérdida vital de capacidad recaudatoria del impuesto a través del reglamento.

Lo venimos denunciando de este a oeste y de norte a sur, desde hace más de un año de promulgación del ilegal reglamento.

En este ciclo vital hemos creído ver de todo, pero hoy, queremos advertir a los lectores, contribuyentes todos, ya sea en condición de contribuyentes económicos – quienes pagamos efectivamente el impuesto por razones de consumo o uso de bienes o servicios en el territorio nacional – o bajo condición de ser responsables contribuyentes jurídicos – quienes somos instrumentos de recaudación y liquidación de una compleja obligación mensual – sobre diversos aspectos a tener en cuenta en tan particular cumpleaños.

El reto ampliado para el que actúa como contribuyente jurídico es el de cumplir con la responsabilidad de aplicar la norma. Hacerlo requiere de precisión interpretativa amplia, así como el seguimiento a pie juntillas, de los múltiples ribetes que salen en adición de la norma viviente o agonizante en manos de la Administración Tributaria. La responsabilidad no se acaba con la etapa de liquidación mensual que debemos hacer, sino que es extensiva a dos fases más, una de las cuales ya hemos superado y de la otra debemos mantenernos alerta.

Esos dos momentos adicionales son: el de la liquidación anual de la proporcionalidad y el de las fiscalizaciones.

En relación con la liquidación de la proporcionalidad hay cuestiones aún focales de riesgo, tales como si hicimos o no deducciones conforme ley o conforme la norma reglamentaria; o, por el contrario, si del menú lo que escogimos por ahí fue alguna de las otras y diversas normas infra legales.

Esto comportar en sí retos por definir, aunque también hay quienes al mero estilo del vaquero, se han hecho respecto de la liquidación de proporcionalidad anual, como quien no es con ellos, cuando el riesgo será solo materializado en procesos de fiscalización a los que aludiremos más adelante.

Por otra parte, estamos a la puerta de entrada del sistema de CABYS, por sus siglas al Catálogo de Bienes y Servicios. Un listado elaborado por el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda; donde se asigna un número o código a cada uno de los bienes y servicios que se comercializan en el país. A partir del próximo 1 de diciembre, toda factura electrónica deberá seguir por servicio o producto la codificación en este sistema uniforme en el que todos debemos facturar.

Todos estos bienes o servicios debidamente codificados se encuentran precalificados en torno a su situación general respecto de la sujeción al Impuesto al Valor Agregado. El CABYS determina previamente que un producto puede estar: Exento, gravado a la tarifa general del 13% y gravado a una tarifa diferenciada o reducida. Este catálogo puede ser accedido en la página web del Banco Central de Costa Rica.

La implementación del CABYS implica una labor de preparación en la que todos los contribuyentes nos debemos estar avocados a resolver. Puede llegar a ser muy envolvente en materia de tiempo e indudablemente, debe haber medios de capacitación interna para que en lo operativo podamos manejar el asunto relacionado con la clasificación de manera adecuada, sino se hace más tendente el riesgo humano, la errónea codificación que conlleva riesgos susceptibles de sanción de multa y rechazo de las facturas en el sistema de validación del Ministerio de Hacienda.

A partir del 1 de diciembre de 2020 todos los contribuyentes que estén obligados a emitir facturas electrónicas – sea todos menos los de transición y los de régimen simplificado excepto que se lo soliciten sus clientes, con lo que no se eximen del uso de este sistema- deberán indicar en cada línea de producto el código CABYS correspondiente.

El campo asignado en la factura electrónica para incorporar dicha información es el denominado: “Código de Producto/Servicio”. El Ministerio de Hacienda podrá rechazar la emisión de la factura electrónica cuando no se ingrese dicho código o cuando se ingrese de forma errónea. De momento, la información que ha publicado el Ministerio de Hacienda indica que en caso de que en el catálogo de bienes y servicios no se encuentre alguno en específico; se recomienda: utilizar sinónimos, recurrir a los niveles jerárquicos o contactar directo al Banco Central de Costa Rica. Esto es una engorrosa tarea que debe estar programada en cada empresa con anticipación, para que, con sincronización musical, la melodía suene a partir de 1 de diciembre. ¡Vaya fecha rebuscada!

Para algunos contribuyentes, ajustar sus sistemas para la inclusión del código CABYS en cada producto, será un trabajo denso y largo. Es importante identificar las necesidades que se tienen en cada caso e iniciar el proceso de implementación de dicha normativa lo más pronto posible, con el objetivo de entrar a pruebas a la brevedad para luego poner en producción para entrenamiento, el cual debe ser exhaustivo ya que ahí, en la última línea de riesgo probable, está la fuente misma de la data y es donde, puede estar iniciando un efecto irreparable de errores significativos.

¿Qué valor utilitario tiene CABYS a la Administración Tributaria? Hay al menos dos que veremos en el mediano plazo: por un lado, para el sector importador, el control ahora uniforme y sistemático, casi sin intervención humana, de las entradas de productos mediante los DUA de importación y las cantidades de bienes que se venden, siendo un medio sencillo de detección de irregularidades en liquidaciones aduaneras por código, así como los de ventas por factura electrónica.

Esto dará mediante la minería de datos y la robótica, medios de control fiscal más eficaces en el transcurrir del tiempo.

También, con las bases de datos de comparabilidad interna que toda esta información sistematizada genera, se pueden depurar y crear verdaderos indicadores sectoriales de rendimientos en las áreas no solo de bienes, sino de actividades de servicios. Sirve a la detección automática de los indicios de la informalidad, que formule estrategias de fiscalización tocante a estas betas de no tributación que han sido de manera permanente el flagelo de los que sí tributamos formalmente.

Las fases siguientes en el ciclo de vida del IVA, no serán menos escabrosas con el marco de referencia que hemos venido planteando en nuestro artículo de la semana anterior y este. Lo que hay es un buen caldo de cultivo para la fase de fiscalización en arenas movedizas. Esto como resultado de la inseguridad jurídica a la que nos enfrentamos, e inclusive el nivel de hambre de recursos que tendrá Tributación después de su tiempo de ayuno. En términos lógicos, deberán venir al mercado a comer con hambre vieja, lo que debe tomar a los contribuyentes prevenidos y no viendo para otro lado.

La forma de prevenir es conociendo la condición propia, determinando con una parte independiente, a nivel de diagnóstico tributario, la prueba ácida de la posible fiscalización. Cuídese en el proceso de selección de quién, y con quién va a efectuar este proceso. Hay poco conocimiento real en el mercado y mucho mercadeo carente de contenido.

Vaya a la segura o mejor no haga nada. Ya se dará cuenta de su condición cuando le fiscalicen, pero no lo deje para entonces, tampoco contrate a quien le susurre al oído lo que quiere escuchar, para eso, mejor no se desgaste.

Debe estar dispuesto a aprovechar las ventajas de la acidez y objetividad del tercero, esto le permitirá hacer decisiones informadas dentro de las que está, la valoración de las opciones de aprovechar, en el momento oportuno, la reducción de las contingencias detectadas con aprovechamiento de las ventajas de las rectificaciones voluntarias.

Recuerde que quien, de manera espontánea, aunque extemporánea rectifica sus declaraciones, solo debe pagar la diferencia autodeterminada y los intereses respectivos. Como sanción tiene una minimización de las consecuencias, pagando el 1% mensual de mora con un tope del 20% máximo. Muchísimo más favorable que las onerosas multas del articulo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que van de un mínimo del 50% hasta el 150% de la obligación determinada en fase de inspección o fiscalización.

Los números son elocuentes, la detección temprana, acción voluntaria y oportuna, son claramente del sistema de autoliquidación, que en efecto paga cualquier inversión en asesoría de calidad en esta materia. No se prive de estos ahorros significativos ante el riesgo incrementado por la precaria condición de las finanzas del país.

Publicado en La República el martes 30 junio, 2020

 

¿Quién va a pagar lo que no se recaudó?

¿Quién va a pagar lo que no se recaudó?

La pregunta que alude a dos corrientes de fugas de negligencia, o de falta de pudor y rigor de parte de la Administración Tributaria durante el último año desde la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Ante la necesidad de financiar el déficit creciente que nos abruma, hoy planteamos algunas áreas de preocupación. Condiciones que deben ser resueltas previas a hablar de cualquier carga tributaria que agrave la situación de ingreso disponible de los consumidores, en detrimento especialmente de la sustentabilidad de la economía en momentos de crítica recesión manifiesta y alargada.

En primer lugar, nos referiremos a las normas que recién se dictaron sobre la forma en que tributan los servicios transfronterizos. Trataremos de plantear algunas preguntas relacionadas con el fondo de este asunto: Sobre el tiempo de su emisión, la evidente falta de diligencia que ha habido, así como las claras pregustas de ¿quién va a pagar lo no recaudado?

La segunda área de abordaje es, precisamente, algunos de los aspectos del reglamento del IVA que, como hemos publicado de forma reiterada, presenta ilegalidades que han tenido incidencia en el monto de la recaudación y los riesgos que esto conlleva para los contribuyentes.

El pasado 12 de junio fue publicada la resolución DGT-R-13-2020, denominada “Resolución sobre cobro y percepción del impuesto sobre el valor agregado sobre servicios digitales transfronterizos.” Esta normativa establece las formas y metodologías a aplicar para el cobro del IVA en algunas plataformas digitales y también en lo que respecta a la compra de bienes intangibles, cuando estos sean vendidos por una persona no domiciliada en Costa Rica.

Esta nueva resolución es solo un instrumento para la aplicación del impuesto, porque estos servicios en realidad se encuentran gravados desde la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El artículo 30 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado deja claro que dichos servicios se encuentran gravados. Sin embargo, se requería esta nueva resolución que establece los parámetros bajo los cuales se aplicará.

El mecanismo crea un registro al que se pueden inscribir las empresas que brindan el servicio o un intermediario. En este proceso de inscripción deben remitir por correo electrónico un formulario de “Solicitud de inscripción”. Posteriormente, deben apersonarse de forma física a la Administración Tributaria para aportar documentación que demuestre la existencia y vigencia de la empresa, así como que se consigne la representación legal que ejerce la persona física.

Sobre la base imponible el artículo 8 de la resolución establece algunos supuestos aplicables según sea cada caso, a saber:

a. “La base imponible por utilizar por el proveedor corresponderá al monto bruto de la contraprestación; y sobre dicha base deberá aplicarse el 13% de IVA.

b. Los intermediarios, deberán proceder sobre los montos cobrados por cada uno de los proveedores locales que intervengan en la transacción de la siguiente manera:

“(…)

I. Si el proveedor local cobró el 13% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, emitió el respectivo comprobante y lo detalló en la transacción, el intermediario debe realizar una retención al proveedor equivalente al 6% del monto de la transacción, antes del cálculo del IVA.

II. Si el proveedor local no cobró el 13% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, o no emitió comprobante autorizado, el intermediario debe agregar el equivalente al 13% del monto bruto de la transacción.

III. En todos los casos en que el intermediario cobre comisión o cargo alguno al cliente o consumidor final, deberá agregar el equivalente al 13% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.”

Como es claro en la lectura de la resolución, estos términos no requerían esperar un año desde la entrada en vigor de la ley del IVA para todos nosotros, los demás contribuyentes del sistema tributario. Como si no hubiera sido suficiente el retraso, además se otorga plazo a las actividades transfronterizas para iniciar el cobro del IVA a partir del 1 de agosto próximo.

En la práctica, por motivos que al menos en buena fe podemos decir son de negligencia, se les da un trato desigual y beneficioso a estas actividades respecto de los demás agentes económicos, que desde el 1 de julio de 2019 recaudamos el IVA y lo cobramos a nuestros clientes.

¿Qué actividades caen en estos supuestos?

Todas aquellas de servicios que son de prestación por medio de la activación de las plataformas digitales de no residentes nacionales. Las que nos sirven para la entrega de bienes a domicilio, las que corresponden a servicios de transporte de personas, aunque alguno de los muchos viceministros de Hacienda llegó a decir que no estaban afectos por ser una prestación de cuestionada legalidad del servicio mismo.

No criticamos al señor exviceministro – que es una posición política, no técnica, que debió ser adecuadamente asesorado – por quienes aún permanecen en la Administración Tributaria como comandantes de la custodia de la técnica de la aplicación normativa.

Ahora que todos sabemos quiénes son los que se beneficiaron de tener este “paraíso fiscal” de 13 meses, la pregunta que nos planteamos es ¿quién va a pagar el monto de lo no recaudado?

Así como, ¿cuánto le habría servido al país una mayor diligencia, sentido de responsabilidad y rigor de urgencia fiscal? ¿Cuánto es el monto que se ha tirado por la ventana como si no fuera necesario para las arcas del Estado? ¿Quiénes son los responsables de tratar como recursos propios los que son de todos nosotros? ¡Es fácil ser generoso con lo ajeno!

Según las normas de responsabilidad de la Ley General de Administración Pública, estos actos u omisión de los mismos, acarrean responsabilidad al jerarca o funcionario concreto que le provocó desmejoramiento patrimonial al Estado.

Quedamos a la espera de las acciones que a tal efecto tome la Procuraduría General de la República, para resarcir a Costa Rica, ahora más que nunca se requiere.

En relación con el reglamento, la Procuraduría General de la República debe plantear los juicios de lesividad. Es decir, de reclamación por daño causado, que les cabe a los funcionarios que emitieron el reglamento, tanto como a aquellos que, sabiendo que su deber es el de enmendar, no lo han hecho aún. Todos ellos los que, en vez de emitir un reglamento que se limite a indicar el cómo, sin transformar o torcer la norma superior – la Ley misma – se han encargado de provocar un derrame diario de los recursos suyos y míos.

Les corresponde a los funcionarios de hoy el proceso de remediación para que los desaciertos de sus predecesores no pervivan sempiternamente.

Los ejemplos de exenciones otorgadas por vía reglamentaria son abundantes. De hecho, el Tribunal Contencioso Administrativo en su voto 009-2020, dejó sin efecto la exención que otorgó el reglamento para los servicios de salud animal, que se crean en el artículo 23 b) del reglamento, sin encontrar sustento en la norma de la Ley.

Esta jurisprudencia indica que efectivamente las exenciones y las sujeciones a gravamen son materia privativa de la Ley.

Esta sentencia es el primero de diversos ejemplos que se encuentran efectivamente dispersos por todo el reglamento. ¿Debe esperarse la Administración activa del Estado a la mera aplicación de las sentencias conforme estas se presenten?

En un impuesto de valor agregado, la regla general es que solo generan derecho de deducción aquellas transacciones que a su vez provoquen un impuesto pagado por su destinatario. Es decir, que el consumidor final sea parte, de igual manera, del principio de la conexión de valor agregado.

En Costa Rica, la norma legal está siendo abrumadoramente atropellada por la reglamentaria.

Darle a alguien que vende exento – como abundan los casos en el reglamento – derecho de crédito pleno, sea de todo lo que paga de IVA en fases anteriores, es regalarle recursos a este sujeto, quien por supuesto ve reducidos sus costos de adquisición sin que tenga deber de traslado de dicho beneficio al consumidor. Se hace un gracioso regalo reglamentario a quien debe ser un mero intermediario del impuesto.

Lo peor es que este incremento de rentabilidad es un aprovechamiento “legal”, pues hay sustentación jurídica. El reglamento está aún vigente, pero es indudable que provoca un empobrecimiento absurdo, antieconómico y antijurídico de las arcas del Estado, que tarde o temprano, debemos pagar todos.

Dicho en sencillo, ese gratuito otorgamiento a manos llenas de exenciones reglamentarias y derechos de acreditar en casos de haber exención total o parcial, lo pagamos todos. Asumimos una consecuencia por quien, al lograr hacer la palanca a quienes no les tembló la mano al firmar el ilegal reglamento, simplemente obtuvo un beneficio del que goza “legalmente.” Lo pagamos de una manera u otra todos los demás contribuyentes.

Las deficiencias del reglamento son de urgente atención por la Administración para que los actuales jerarcas no sean participes pasivos de la “piñata” hecha por sus antecesores, con daño cuantificable en acciones de lesividad que pueden inclusive ser “sorpresivamente” cobradas a los contribuyentes. Esos que, dentro del plazo de prescripción pueden – a resultas de una acción de la Procuraduría – tener que reintegrar lo deducido de más, conforme lo que dictó la ley; por supuesto, sin que esto acarree responsabilidad sancionadora en contra de los contribuyentes, quienes cuentan con una norma de cobertura.

¿Quién va a pagar los derechos de crédito, o las abundantes exenciones que, de manera generosa, como si fueran recursos propios, regalaron en las normas reglamentarias aquellos funcionarios?

Hay dos respuestas: Mientras no se haga nada, ya sea por parte de alguna de las diversas autoridades que tienen el poder y deber de actuar, seremos todos los demás quienes paguemos. Cuando las autoridades competentes actúen, serán los que, cubiertos por una norma reglamentaria, se beneficiaron de aquellos regalos.

Esto nos recuerda el conocido refrán de nuestro pueblo, “unos son los que se comen la piña y a otros los que les duele la panza”

Me opongo – e insto a los posibles perjudicados a hacerlo – a pagar esos yerros y concesiones ilegales por medio de más impuestos.

Publicado en La República el martes 23 junio, 2020

 

Cadena de valor y sus modificaciones en tiempos de Coronavirus

Cadena de valor y sus modificaciones en tiempos de Coronavirus

Escrito por: Daniel Serrano, Consultor en Precios de Transferencia

Las decisiones empresariales que se adoptan en el contexto económico provocado por el COVID-19 pueden ocasionar un impacto en los Precios de Transferencia que las compañías fijan en sus operaciones con partes vinculadas.

Este impacto va a depender de la profundidad y duración del estado de alarma, así como de las consecuencias económicas que se deriven de la situación. Algo difícil de determinar hoy en día.

Un área que sin duda tendrá un impacto es la operatividad y cadena de valor de los negocios. En algunos casos se producirá una centralización de funciones (para optimizar costos), mientras que en otros, la descentralización puede llevar a mejorar la capacidad de reacción y adaptación a mercados concretos.

Será necesario revisarla contribución que las diferentes entidades hacen a la generación de valor del negocio y al control de los riesgos y, en consecuencia, se requerirá:

  • Adecuar las políticas actuales de precios de transferencia al nuevo perfil de funciones y de riesgos de cada entidad.
  • Plantear modelos para la asignación de pérdidas acumuladas globalmente entre las distintas entidades de un grupo.
  • Prestar atención al efecto que puedan tener en el análisis de operaciones vinculadas medidas temporales surgidas como consecuencia de la crisis.
  • Mantener en cuenta posibles “excepciones” que será necesario llevar a políticas habituales de precios de transferencia. Estas se deberán justificar sobre la base del comportamiento de terceras partes como consecuencia de la crisis.

No se puede descartar el surgimiento de sinergias o de nuevos tipos de operaciones vinculadas entre entidades de un mismo grupo, derivadas fundamentalmente de prestaciones de servicios o subcontratación de actividades.

En estos momentos resulta difícil ver la totalidad de consecuencias que esta crisis ha provocado y provocará. Puede catalizar una modificación completa del modelo operativo del negocio de un determinado grupo económico. Ocasionar la reconfiguración de su cadena de valor, así como la reestructuración de sus operaciones vinculadas, que deberán ser objeto de identificación y correcto tratamiento en materia de precios de transferencia.

  • Preparación de la documentación obligatoria: valoración de operaciones vinculadas

La documentación correspondiente a la valoración de operaciones vinculadas del ejercicio fiscal 2020, deberá de reflejar de forma clara el proceso de toma de decisiones y motivos que llevaron a introducir ajustes en las políticas de precios de transferencia, como consecuencia de la crisis a todos los niveles (cadena de valor o suministro, funciones, riesgos y activos empleados, caracterización funcional de las partes, precios o márgenes, comparables empleados en la justificación de condiciones de mercado, entre otros.).

Habrá que prestar especial atención a la información contenida en el Masterfile (archivo maestro), procurando que los cambios que se produzcan se reflejen debidamente y sean coherentes con el contenido de la documentación de cada entidad en su debida jurisdicción.

Ahora más que nunca, será necesario adoptar un enfoque conjunto para realizar la documentación de precios de transferencia.

Será recomendable monitorear las modificaciones que se produzcan en el desarrollo de las actividades de negocio, en las cadenas de valor y de suministro y en las necesidades operativas y financieras; así como el impacto en el desarrollo de las operaciones vinculadas dentro de los grupos multinacionales.

En Grupo Camacho Internacional contamos con un equipo experto para poder asesorarle en el tema. Podemos aclarar sus consultas y asegurarle el cumplimiento en Precios de Transferencia.

En Grupo Camacho Internacional, estamos más allá de las fronteras de los precios de transferencia y el cumplimiento. Existimos para que su empresa y grupo empresarial puedan salir fortalecidas de estos tiempos de cambio, que plantean tanto retos como oportunidades. No se limite en su manejo al mero cumplimiento, dese la oportunidad de redituar de las oportunidades que esta crisis mundial plantea. Contáctenos y con gusto conversamos.

Gestión de riesgos en un grupo económico

Gestión de riesgos en un grupo económico

El intercambio comercial ha evolucionado en los últimos meses a raíz de la alerta sanitaria que se vive a nivel mundial. El COVID 19 ha promovido que los grupos económicos adopten diversas medidas que les permitan continuar con sus operaciones comerciales ya sea a nivel local o en diversas jurisdicciones. Incluso, se han visto obligados a reinventarse de modo que logren mantener su posición comercial o simplemente reducir sus costos de operación. Se enfrentan a otra agraviante que es la inevitable pérdida económica ocasionada por la pandemia global, o en pocos casos, a una ganancia extraordinaria.

Las operaciones intragrupo han despertado un especial interés para la mayoría de las administraciones tributarias, ya que representan un desafío para prevenir actos de evasión fiscal y traslado de beneficios.

Resulta fundamental para los grupos económicos, mediante los precios de transferencia, definir un modelo de gestión de riesgos respecto de aquellas transacciones intercompañía de mayor relevancia económica para el conglomerado. A continuación, se exponen algunos elementos que pueden considerar los grupos económicos según la actividad económica desempeñada:

  1. Actividades de manufactura: estas actividades se caracterizan algunas por ser intensivas en mano de obra, otras requieren de mano de obra especializada o técnica y unas son intensivas en conocimiento, por lo que también desempeñan funciones de diseño e investigación. El siguiente gráfico muestra la relación margen de ganancia y asignación de riesgos para las actividades de manufactura desempeñadas:

Gráfico 1: Retribución esperada según riesgo asumido en actividades de manufactura

Fuente: Grupo Camacho Internacional

Con base en el gráfico y la descripción de empresas y operaciones en esta industria, es importante tener claro que una empresa maquiladora, la cual no asume un riesgo de inventario de materia prima, sino que su parte relacionada suministra la materia prima necesaria y esta simplemente ensambla y exporta el producto semi acabado, es de esperar que sea retribuida simplemente por el servicio de maquilado prestado.

Mientras que una empresa manufacturera especializada que utiliza activos intangibles importantes (conocimientos, procedimientos) en sus procesos productivos y asume riesgos asociados a la garantía del producto fabricado, será retribuida en mayor proporción que una empresa maquiladora.

Por lo tanto, una retribución optima por las actividades de manufactura desempeñadas, se determinará con base en la finalidad del proceso productivo, los activos tangibles e intangibles involucrados y los riesgos asumidos en relación con el producto manufacturado.

  1. Actividades de comercialización de productos terminados: las empresas que desempeñan estas funciones aprovechan las economías de escala para ofrecer mejores precios y ocupar un nicho de mercado importante. También registran numerosos proveedores con los cuales negocian los precios de compra de los productos, venden a mejor precio a su mercado meta y obtienen mejores márgenes de utilidad. El siguiente gráfico muestra la relación margen de ganancia y asignación de riesgos para las actividades de comercialización desempeñadas:

Gráfico 2: Retribución esperada según riesgo asumido en actividades de comercialización de productos terminados

Fuente: Grupo Camacho Internacional

De acuerdo con el gráfico anterior, es importante considerar que el margen de ganancia atribuible a una empresa que simplemente adquiere un bien para la reventa será menor en comparación con la retribución de aquella que desempeña funciones comerciales sustanciales y asume la totalidad de los riesgos de propiedad de los bienes, publicidad, comercialización, distribución y garantía.

Resulta importante mencionar sobre los grupos económicos que mantengan canales de distribución claramente definidos a través de una sociedad intermediaria, éstos deberán prestar atención no solo al precio de reventa o de compra al proveedor; sino también a las funciones desempañadas por la entidad intermediaria y determinar si asume un riesgo de relevancia económica o la retribución es atribuible a otra sociedad del grupo económico.

El margen de ganancia que ha de esperarse por desempeñar funciones de comercialización se determinará considerando la particularidad de las funciones efectuadas y los riesgos asociados a la comercialización del producto.

  1. Centros de servicios: inicialmente eran áreas o departamentos que generaban costos a una empresa. No forman parte de las actividades comerciales sustantivas; no obstante, los servicios prestados por estos centros han evolucionado y se han especializado, por lo que actualmente se espera no solo que cubran sus costos de operación sino también que generen una utilidad.
  2. Usualmente estos centros operan en diversas jurisdicciones, por lo que se incrementan las obligaciones tributarias del grupo económico. El siguiente gráfico muestra la relación entre el margen de ganancia y la asignación de riesgos según actividades desempeñadas por un centro de servicios:

 Gráfico 3: Retribución esperada según riesgo asumido en actividades desempeñadas por un centro de servicios

Fuente: Grupo Camacho Internacional

Es importante determinar si las funciones desempeñadas por el centro de servicios son meramente auxiliares, de apoyo o si se trata de una parte relacionada del grupo económico especializada. Esto significa que, si una sociedad miembro simplemente recupera los costos incurridos por la prestación de un servicio de apoyo, no obtendrá un margen de ganancia representativo.

En la medida que los servicios auxiliares o de apoyo se especialicen, generen valor y se lleven a cabo de manera independiente, se obtendrán mayores retribuciones; consecuentemente, los riesgos que asume un centro de servicios especializado son mayores; puesto que se expone a un riesgo de garantía del servicio.

En términos generales, la retribución esperada se encuentra muy ligada a las funciones desempeñadas, los activos involucrados y a los riesgos asumidos. De la misma manera, la distribución de la pérdida económica que registre el grupo económico deberá ser proporcional a los elementos antes citados.

Una adecuada administración del riesgo contribuye al grupo económico a alinear sus operaciones vinculadas de cumplimiento con el principio de plena competencia. Por esta razón, los grupos económicos, deben documentar sus políticas de precios de transferencia. Así pueden reflejar una posición convincente ante las autoridades fiscales respecto de sus declaraciones tributarias, reducir eventuales costos de cumplimiento mediante un modelo de gestión de riesgos óptimo y evitar controversias en materia de precios de transferencia.

Ante retos inusitados, los agentes económicos requieren de la excelencia y compromiso en sus servicios profesionales.

Los precios de transferencia hasta hace poco, un servicio comoditizado para cumplimiento, donde el precio mandaba, deben ser hoy el eje con el que las empresas logren la mejora de sus habilidades competitivas de gestión para aprovechar mejorar su rentabilidad y reducir su tributación relativa con el menor de los riesgos fiscales relativos e inherentes.

Grupo Camacho Internacional es una respuesta integral a los retos que representa esta crítica condición pandémica, con un enfoque holístico, apegado a la realidad y con visión de empresarios y emprendedores, más allá que meros prestadores de servicios de temporada.

Soluciones y ocurrencias

Ahora tenemos más claras las características del problema económico que teníamos antes del COVID – 19 y aunque las consecuencias pandémicas en la economía continúan en proceso de definición, la realidad pre-COVID no debe escudarse en esta realidad posterior; más cuando las sus dimensiones efectivas aún están escribiéndose y empeorando.

Primera reflexión para rescatar: El mundo entero verá como consecuencia de Covid-19 una caída de sus niveles de producción y empleo, pero no todo el mundo partió de realidades económicas equivalentes. De igual manera que ese decrecimiento ocurra al colectivo, no se manifiesta de manera equitativa a todos los agentes de la economía, ni siquiera de manera proporcional.

Segunda reflexión clara: Costa Rica venía sumida en una profunda recesión desde hace muchos años, donde la más acelerada caída por supuesto la vemos ahora, pero que tiene cola desde junio de 2019, mucho antes que Covid-19 como pretexto y realidad saliera a la luz pública. Digo junio, por que desde entonces la administración Alvarado Quesada nos ha venido dando “atolillo con el dedo” en su acostumbrada y cada vez menos creíble estrategia de manejo de expectativa en divulgar milagros, sin contar con el “milagrero”.

Tercera reflexión: El tamaño, la profundidad y duración de las consecuencias de orden económico, de la realidad exacerbada por la pandemia sanitaria, simplemente dependerán de las medidas de reactivación que cada economía presente y, más que proyecte, ponga en acción de manera oportuna.

Cuarta reflexión: La reactivación económica debe ser diferente, pero acá se ha venido manejando de manera indistinta por moros y cristianos, a la solución de los efectos desatados y encendidos por la pandemia. Si la seguimos tratando de sanar por los síntomas, vamos indudablemente a errar. La reactivación económica es el conjunto de acciones sistemáticas y programáticas tendentes a solventar las causas y nunca los efectos de la caída de la producción.

Quinta reflexión: Costa Rica es un país poco competitivo por problemas estructurales, que no han sido atendidos desde hace décadas que vienen maquillándose. En este estornudo de Covid-19, simplemente se le está cayendo su añejo maquillaje multicapas, aportadas cada una de ellas, por las múltiples administraciones de Estado, que han pilotado la nave nacional antes y durante la actual administración.

Sexta reflexión: No hemos iniciado el camino de la reactivación económica. Los actos “magnánimos” hasta hoy legislados van en la línea del alivio del síntoma originado en el gran mal de nuestra economía, ser incapaz de gastar más que lo que es capaz de recolectar por medio de ingresos sanos al Estado. A la economía hay que meterle plata de verdad, estamos hablando de dotar de estímulos financieros de fondos no reembolsables producto de emisión. El banquero central debe despertar y apechugar, no es de recibo mantener entradas de dólares provenientes de, no se sabe dónde, que hagan del Colón costarricense la única moneda no devaluada del mundo. No le debe tener miedo a seguir cuidando el indicador de inflación que le asusta como el tigre debajo de la cama.

El Estado puede financiarse de tres formas fundamentales: mediante impuestos, deuda o donaciones. Estas últimas se han venido a más en los actos solidarios derivados de la pandemia de la Covid-19, pero no son por demás un medio normal y recurrente de vivir con el digno título de país en vías de desarrollo. Título que nos hemos enchufado en nuestro cerebro y nos hemos creído, por que es menos feo que el de subdesarrollados, o por que quienes dictan las medidas para esa clasificación, simplemente toman en cuenta algunas y no todas las variables de fondo de las economías.

Un país en vías de desarrollo es en contraste a uno subdesarrollado, aquel que va camino, es decir, con dirección a puerto de salida, de la condición de precarias variables económicas y sociales, con un paso sostenido y sostenible en el tiempo, para mejorar sus condiciones de competitividad. Es de la competitividad de donde se deriva el desarrollo, la capacidad de generar riqueza que produzca bienestar.

Que bien suena, pero entendámoslo… Una sociedad desarrollada es aquella que tiene o está, en proceso de construir en el mediano plazo condiciones de solvencia en sus variables mas críticas de orden fundamental.

Primero, un sector privado que cuente con las libertades de gestión que le permitan el cumplimiento de su triple misión: generar riqueza, empleo y contribuir a las cargas públicas en un sistema tributario equitativo y certero en lo jurídico; simple – ojo, no simplista – en el cumplimiento y que sea competitivo en lo horizontal de la comparación con las condiciones de los países de sus ares de influencia en el mercado.

Segundo, contar con un Estado que sea eficiente y eficaz en la función de asumir sus roles fundamentales de garantizar bienes o servicios no susceptibles de ser manejados de forma eficiente ni rentable por el sector privado.

Es decir, prestaciones tales como la sanidad universal en su acceso y accesibilidad, de la que hoy podemos dar cuenta al mundo con tanto orgullo. La seguridad ciudadana en todas sus caras, desde la seguridad física, la de tránsito, la jurídica, el acceso a la justicia pronta, cumplida y objetiva; esto alude a la justicia sin sesgos a favor o en contra de cargas ideológicas, o más aun exenta de corrupción.

Un Estado que pague salarios y prestaciones justas a sus servidores, siendo estricto y riguroso en el nivel de exigencia y propiciando el crecimiento de los funcionarios. Que abole, como se hizo con el ejército, la inamovilidad que es la fuente mayor tutela de la incompetencia y la corrupción del compadrazgo. Que, en ese concepto de justicia en la compensación de sus funcionarios, sea una justicia con métricas de gestión y competencia leal con el sector privado en materia laboral. Sin privilegios ni gollerías, adecuado a la realidad fiscal del Estado para sostener las cargas laborales.

Un Estado de función de regulación de la libre gestión de la armonía, entre las naturales contraposiciones y dicotomías entre desarrollo o ambiente, entre recursos naturales y su racional aprovechamiento, procurando que el estado de equilibrio se logre con la mínima intervención, como un padre que cuida sin sobreprotección ni descuido a sus hijos.

Un Estado que mantenga el acceso universal a la educación de forma cualitativa y cuantitativa. Que entienda que no basta con contar con aulas en el rincón más recóndito del país – que es motivo de orgullo nacional – pero ¿para qué aulas sin empleo? Hay que dar condiciones a la educación en lo cualitativo, orientar los programas y dotación de medios materiales, humanos y tecnológicos de equivalencia a los que se cuenta en las mejores instituciones educativas del sector privado. Modelar desde las bases una efectiva accesibilidad de los educandos a la inserción social. No apretarles como embutidos en el embudo social a ley de la selva en condiciones tan dispares. Una educación que atienda la función de formación para la vida, que incluya la capacidad orientativa de orden vocacional y con miras a la demanda de la empresa privada por personas capacitadas y capaces de ser competitivas y competentes.

Un Estado que, sabiendo que debe tener deudas, las adquiera con la certeza razonable de su capacidad de pagarlas y con el fruto del fomento de su buen uso. Endeudarse responsablemente conlleva a usar los recursos prestados para inversión en infraestructura, para dotar a la empresa privada de capacidades incrementadas de competitividad. Un estado de que valore el monto acumulado de sus compromisos de deuda mediante una planificación que trascienda a la Administración del gobernante de turno, que sea obediente a un proyecto país, que sea sustentable, evitando endeudarse para el pago de gastos corrientes.

Este debe ser un Estado delgado, pero bien alimentado. Con unos impuestos como fuentes principales de su financiamiento para sus gastos funcionales y de inversión, que fomenten la creación de la riqueza, entendiendo que su función es la de promotor y no de obstructor y mucho menos enemigo de la pagadora de sus recursos, que es la empresa privada.

Una empresa privada que cuente con un Estado amigable como el descrito, donde la natural contraposición de intereses no se exime, pero se pacta de forma transparente sin costos o agendas ocultas de parte y parte, indudablemente, será una empresa privada que tendría un marco de acción inicial para hablar de un plan de reactivación económica.

En esos términos, a las empresas privadas no les dolerá pagar impuestos justos, basados en su creación de riqueza, para que la función redistributiva del Estado sea ejecutada con la mira a la inserción de quienes no lo han logrado aun, pero evitando convertir el subsidio en la profesión u oficio del receptor, excepto en casos de orden natural.

Es necesario sintetizar todo lo anterior a ver si las autoridades de una buena vez entienden.

O reducen la ineptitud de gestión del Estado, cortando ya, no mañana, el tamaño, las funciones, las personas y las actitudes obstructivas y destructivas del clima de inversión, o el punto de partida de la reactivación económica no se puede siquiera plantear.

Costará y dolerá, pero la gangrena social que se viene alimentando con una empresa privada decreciente, desmotivada, con costos crecientes de operación resultantes de las evidentes falencias de infraestructura pública, dejará muy pronto al Estado solitario y habiendo matado la “gallina de los huevos de oro”.

Señores del Estado, esto es a todos los Poderes de éste. Ustedes han asumido el deber constitucional de defender los intereses de la patria. Hagan lo que se debe hacer de una buena vez. De otra forma, cada día que pasa está hundido en la historia y ésta se los cobrará.

La falta de valentía, sensatez y coraje que les vienen caracterizando solo avizora que la crisis no es de dos, sino de tres componentes: sanitaria, económica y de ineptitud en las autoridades, de todas ellas, la peor es la última.

Estoy seguro de que Costa Rica cuenta con un gran capital humano para salir adelante. Si ustedes no van a hacer nada, al menos no obstruyan el paso, pero tengan la responsabilidad de dejar hacer a quienes queremos construir un país que se dirija al norte del desarrollo y no al sur del populismo que les caracteriza su gestión.

Publicado en el periódico La República el 26 de mayo del 2020

Cambio de parámetros en fiscalización y criterios bancarios

 

Como consecuencia de la singular situación que vivimos en este momento como humanidad, surgen una serie de retos que son absolutamente inusitados pero que debemos enfrentar en medio de esta turbulencia. Debemos concientizar cada uno para poder abordarlos y en la medida de lo posible, resolverlos.

Dedicaremos esta entrega al análisis de cambios en los parámetros fiscales y financieros como instrumento para la toma de decisiones, en especial de reguladores y regulados del sector financiero.

En cuanto a los parámetros fiscales, debemos considerar el efecto COVID-19 en la determinación de criterios de selección de contribuyentes, para ser fiscalizados. habrá que ser cuidadosos en la selección de los parámetros que están usando, tanto aquellos de inclusión, como los que sugerimos se revisen para su exclusión o redimensionamiento del motivo de selección.

En cuanto a los criterios de inclusión vemos que los fiscos estarán, o deberían estar si actúan con lógica y sensatez, altamente interesados en gestionar procesos intensivos de fiscalización, de los sectores económicos que se han visto favorecidos por esta pandemia, al menos los más evidentes.

Quienes se encuentran en estos sectores deben estar conscientes de la situación y ser cautos en el uso – en particular en el abuso – de los medios para palear las utilidades extraordinarias que se han generado en sus negocios, las cuales tienen características singulares, algunas más sostenibles en el tiempo que otras.

Los fiscos por su parte deben ser prudentes en no querer hacer pesca ilegal con redes a mar abierto. Pueden llegar a ser falsos positivos los que lleguen a capturar en sus procesos de fiscalización, si no segmentan de manera granulada, las características propias de los sujetos a fiscalizar.

Debemos entender que sectores como salud y alimentos son grandes “ganadores” temporales de esta pandemia. La pregunta que debemos plantearnos es si todos los elementos del sector específico, que incluye una variedad múltiple de actividades, está experimentando de manera paritaria esta condición.

Eso dependerá de muchísimos factores, que, de carecerse de la inteligencia adecuada y su aplicación de previo a la selección, puede toparse con que se mezclen productos o servicios de salud, que no son sensibles en igual dirección positiva que los que son más consumidos en los tiempos del Covid-19.

En el sector alimentos encontrarán retos de índole igualmente diverso. Los hábitos de consumo de la población han cambiado de manera importante durante la pandemia. Se seguirán experimentando cambios, conforme los consumidores que tenían capacidad adquisitiva se formen en las filas de los desempleados; teniendo que reconvertir sus canastas de hábitos alimenticios – para quienes tengan la fortuna de lograr darse el lujo de comer – de acuerdo a su nueva condición, que aunque en principio es temporal, su duración es indeterminada en este momento.

Factores de exclusión en salud son aquellos servicios que se han dado en convertirse en postergables por motivos económicos o de las condiciones especiales de prioridades de los centros de prestación de los servicios. Tales como los servicios de odontología, cirugía estética, entre otros, que por sus características simplemente requieren o contacto cercano, o acercan al paciente receptor a factores de riesgo que puede postergar en su uso.

Es decir, tanto en alimentos como en salud podemos ver la gran necesidad de una minuciosa minería para detectar sectores que, fiscalizarlos basados en la premisa de ser ganadores, puede ser imprecisamente peligroso, a la vez de erosivo de la ya de por sí difícil situación, que puedan estar enfrentando algunos de estos agentes económicos.

Un factor que al cierre de este año será crítico, será el efecto que estas distorsiones, tanto positivas como negativas, tendrán en la determinación de comparabilidad de transacciones susceptibles de ser valoradas por metodologías de precios de transferencia, debido a las obligaciones que se establecen en la ley de impuesto sobre la renta y su reglamento.

Es previsible que los factores de comparabilidad tanto interna como externa sean severamente retados a requerir minuciosos medios de documentación de los factores que tuvieron incidencia en estas variaciones positivas o negativas. Los comportamientos de los comparables, tanto internos como externos, provenientes los últimos de bases de datos históricas tendrán serias tareas de efectuar en la medida de lo viable, la comparabilidad exigida por la norma legal y técnica de las guías de la OCDE.

No podemos dejar de enfocar los cambios que se requieren en la parametrización y la visión de riesgo por asumir que los agentes económicos del sector financiero deben, a nuestro criterio, realizar, para poder evitar riesgos sistémicos que puedan convertirse en el fantasma de la profecía autocumplidora.

Los bancos deben entrar con ojos frescos a evaluar a los sujetos de crédito, sin mantenerse en los viejos paradigmas del pánico, prestando solo a quien no lo necesita, por contar con los medios para garantizar de manera apropiada sus operaciones, para dejarlos dormir bien a ellos y a los reguladores.

Pues esta crisis económica requiere de reguladores valientes y banqueros y agentes económicos del sector financiero verdaderamente conocedores del concepto de financiar en tiempos de crisis.

Financiar en tiempos de crisis, con los parámetros tradicionales, es una negativa del crédito en la puerta de la institución financiera. Es un no en el bolsillo para quien realmente lo necesita. El empresario que requiere acceso directo a crédito, o los colaboradores de este que, por la crisis, debieron ser cesados de sus empleos y se encuentran ahora con operaciones financieras activas que sí fueron aceptadas y riesgos que fueron asumidos en condiciones diferentes a las extraordinarias que hoy vivimos. Una cartera que fácilmente se le puede enfermar a los regulados temerosos.

El precio de la falta de coraje y visión de reguladores y regulados en adecuar, no aflojar, los parámetros de otorgamiento de financiamiento de rescate financiero para la pandemia económica, puede llegar a ser la condición de incapacidad de impago de carteras que ya tienen “sanas” los actores del sector financiero.

Empezarán a desmejorarse poco a poco, y por tanto, darán inicio a la caída en pérdidas sistémicas, de los conservadores reguladores y regulados. Es decir, por evitarlo terminarán provocándolo, no de la forma que ven sino de la manera que he descrito.

Todos los elementos están interrelacionados: Sin crédito, no hay producción de bienes o servicios, sin estos no hay empleo, sin empleo no hay consumidores…

Así hasta los negocios saludables a quienes sí les estarían dispuestos a prestar los reguladores y regulados en la visión tradicional, de seleccionar las frutas con caña de pescar, empezarán a ver la caída de sus ingresos. Esto desmejorará las capacidades de generación de nuevos créditos y las entidades se quedarán con sus recursos, pagando rendimientos exiguos a sus ahorrantes, los que queden, sin poder colocar sus recursos, pues sus anacrónicos parámetros les alertan no de riesgo, sino de terror.

Regulados, adecúense a la nueva realidad. Reguladores ubíquense en el rol histórico que les ha correspondido. El libro con el que venían regulando unos y asumiendo riesgos otros, se ha quedado caduco a la realidad de hoy y corresponde a ustedes escribir el nuevo texto de gestión. Tanto reguladores como regulados, tienen en sus manos la importante tarea de dar cuenta a la historia de cómo contribuyeron al éxito o a propiciar el fracaso de sus clientes, los generadores de la riqueza real, no financiera que ustedes administran.

En el entramado económico de la interdependencia de la economía, se requiere de manera muy especial y particular enfocarse en las pequeñas y medianas empresas. Los piñones fundamentales del sistema económico. Estos son los primeros eslabones en los que se fundamenta el empleo e inicia la cadena de valor, hasta desembocar en los grandes conglomerados.

Es decir, en esta interdependencia, al generar un encadenamiento que ayude con condiciones efectivamente accesibles a las PYME, estaremos propiciando el estimulo de la demanda agregada mediante la reducción de la necesidad de cierre y destrucción de unidades de producción y sus consecuentes consecuencias en el empleo.

Es fundamental apreciar la incidencia directa que tiene el destino de las PYMES, no solo en el encadenamiento activo de la producción, sino en los niveles que derivan en la generación de rentas pasivas al sector inmobiliario. Un sistema en manos de fondos de inversión inmobiliaria, que de resfriarse infectará sistémicamente el aparataje financiero. Un aumento en desocupación de locales y comercios por el mal momento de las PYMES se convierte en incapacidad de pago de deudas por parte de los fondos inmobiliarios y por ende, en una infección del sistema financiero.

Reaccionemos antes de que sea demasiado tarde.

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Publicado en el periódico La República el 28 de abril del 2020

Diferimiento del pago del IVA: Regulación para arreglos de pago

La Ley de Alivio Fiscal otorgó la posibilidad de diferir el pago del IVA y el Impuesto Selectivo de consumo de los meses de abril, mayo y junio, para cancelarlos a más tardar el 31 de diciembre de 2020.

Además contempla que el contribuyente pueda establecer un arreglo de pago con la Administración en los casos en los que le sea imposible hacer el pago antes del 31 de diciembre.

Para optar por un arreglo de pago, se contemplan lo siguientes requisitos según la Resolución DGT-R-09-2020:

  1. Que se prevea no poder cancelar la totalidad de los impuestos a más tardar el 31 de diciembre de 2020.
  2. Presentar la solicitud de facilidades de pago a más tardar el 15 de Octubre 2020.
  3. Las deudas tributarias deben sumar más de medio salario base (¢225.100).
  4. No se puede aplicar sobre deudas tributarias que hayan sido objeto de denuncia penal.
  5. Debe estar al día con las obligaciones formales y materiales.
  6. Cancelar la prima inicial de 20% del monto total adeudado de previo a la presentación de la solicitud.

Por otra parte, la solicitud deberá ser presentada ante la Administración Tributaria que le corresponda a cada contribuyente. Existe posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria, para lo cual se deberá utilizar los formularios que se encuentran en el sitio web: www.hacienda.go.cr/contenido/13009-facilidades-de-pago

Para efectos de la presentación:

  1. Se debe enviar a los correos electrónicos dispuestos para cada Administración Tributaria.
  2. Se puede firmar con firma digital o con firma física. En el caso de que no se tenga firma digital, se debe imprimir la solicitud escanearla y enviarla junto con la imagen del documento de identidad por ambos lados.
  3. En caso de representantes de personas jurídicas debe adjuntar certificación literal de la sociedad que acredita sus capacidades de actuación.
  4. Se debe aportar declaración jurada que indique
    • Que ha enfrentado situaciones de naturaleza económico-financieras que le impiden pagar la deuda dentro del plazo de la moratoria, es decir, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.
    • Que está en capacidad de generar los flujos de efectivo necesarios para cumplir con la facilidad de pago.
  5. Cuando el monto adeudado supere los cien salarios base (¢45.020.000) debe rendir una garantía de acuerdo al artículo 182 bis, del Reglamento de Procedimiento Tributario.

En los casos en los que se deba rendir garantía por la cuantía de lo adeudado, se deben seguir las siguientes reglas:

  1. La garantía debe ser, en orden de prelación:
    1. Garantía a la primera demanda o compromiso incondicional de pago, emitida por una empresa aseguradora o bancaria.
    2. Aval bancario o fianza solidaria emitida por una institución financiera.
  2. Las entidades aseguradoras o financieras a que se refiere el presente artículo, deberán ser las supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) o la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), respectivamente.
  3. Todos los costos y gastos asociados a la constitución y vigencia de la garantía correrán por cuenta del obligado tributario.
  4. Las garantías deben otorgarse en todos los casos a favor del Ministerio de Hacienda.
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