Se va El Jefe… ¿y Nosotros?

Se va El Jefe… ¿y Nosotros?

 

“Mi jefe está mayor, la noto cansada y con menos energía.  La empresa se está moviendo más lentamente para ajustarse al ritmo de ella y me preocupa que ya no tenga la misma capacidad para guiarnos como lo hizo en años anteriores y que la empresa se vea afectada.  Muchos dependemos de esta empresa, con el salario que ganamos acá mantenemos a nuestras familias.”

Una preocupación recurrente de altos ejecutivos en las empresas de diversas industrias es la incertidumbre creada cuando el rendimiento del líder de la empresa disminuye, provocado por el paso de los años.  Es un tema muy difícil de abordar para sus allegados cercanos sin ser etiquetados como desleales, revolucionarios, rebeldes y hasta oportunistas.

En los colaboradores cercanos hay gran ansiedad, pero también algunos excelentes talentos, altamente comprometidos con la empresa y el líder.  Si no se aborda adecuadamente, estos talentos simplemente empiezan a buscar horizontes en otras empresas o en sus propios emprendimientos, como resultado de la zozobra que genera la indefinición de quien sucederá al líder cuando se retire, o peor aún ¿quién entraría a liderar, en caso de una muerte repentina?

Desafortunadamente, a muchos buenos líderes les cuesta trabajo reconocer el momento correcto para retirarse.  Precisamente porque es un paso difícil de dar que conlleva una carga emocional muy fuerte.  Entre otras cosas, el retiro implica ceder el poder, dejar una posición de prestigio y renombre que acarrea el puesto desempeñado.  Retirarse implica aceptar que se cierra una etapa de la vida.

Indudablemente la persona que se retira es la más afectada, y por consiguiente deberá planificar muy bien su salida.  ¿Cuáles serán las nuevas actividades a las que dedicará su tiempo? ¿Cómo va a mantener su estilo de vida, tiene los recursos financieros necesarios? ¿Cuándo y cómo lo va a comunicar? ¿Quién será su sucesor(a)?

Sin embargo, la sucesión también involucra y afecta a muchos otros grupos de interés: la familia*, los clientes, los proveedores, los acreedores, otros socios y a los colaboradores de la empresa.

Por ejemplo, para clientes y proveedores el retiro puede ser la pérdida de su principal contacto en la empresa.  Para los colaboradores la salida del jefe puede representar desde un cambio abrupto en sus condiciones laborales hasta el despido.

Todo el esfuerzo que es apreciado por el líder de sus más fieles e idóneos colaboradores puede irse por la borda por carencia de un buen plan de sucesión debidamente comunicado a todas las partes involucradas, los sucesores no necesariamente conocen siquiera, ni reconocen mucho menos, el valor que aporta este personal clave para la continuidad del negocio.

Para prevenir problemas futuros, en el caso de los colaboradores de la empresa y especialmente aquellos que pertenecen al círculo de confianza del empresario o gerente general, se debe procurar que la salida del líder se haga de forma planificada.

Aunque los planes no garantizan el éxito, definitivamente ayudan a tener una sucesión ordenada donde predomine el diálogo y se busque el consenso.  Se deben definir claramente los procesos, las expectativas deben ser acotadas y las partes deben conocer de manera oportuna los actos que preparan la salida del líder para que, en el peor de los escenarios, la empresa mantenga su valor y de manera ideal sea más bien la renovación del liderazgo una oportunidad para  dar nuevos aires al negocio.

Una transición generacional desordenada y sin planificación usualmente crea conflicto, desconfianza y produce un mal resultado que se materializa, en concreto, en la pérdida parcial o total del valor de la empresa en marcha.  El mejor escenario para todas las partes involucradas, incluyendo a los colaboradores de la empresa, es que exista orden y claridad en lo que va a suceder.

Una sucesión bien planificada toma en cuenta factores críticos tales como:

  • El desarrollo de un proceso de evaluación para candidatos sucesores.
  • La selección del sucesor o sucesora.
  • La creación de un plan de desarrollo para el sucesor(a).
  • El desarrollo de un plan estratégico para la empresa.
  • El diseño de un Protocolo de Empresa para establecer las reglas de participación y empleo, especialmente de los familiares.
  • El desarrollo de un plan de participación y retención de ejecutivos clave, y
  • Un plan de retiro para el líder de la empresa.

La sucesión será la última prueba de éxito empresarial que afronte el empresario.  Si la transición fracasa, es muy probable que la empresa se debilite, cierre o termine siendo mal vendida; y el esfuerzo de toda una vida se desvanecerá.

Es importante ayudar al líder de la empresa para que pueda dar este difícil paso y ejecutarlo con éxito.  Indirectamente se le estará ayudando también a todas las otras personas que tienen una relación con la empresa y dependen de su continuidad.

*Entiéndase por familia el concepto tradicional de familia nuclear, así como el concepto contemporáneo más amplio y general.

Efectos de cambio en tarifas

Efectos de cambio en tarifas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque cualquier cambio en el que se grava o se determina cómo se calcula base de aplicación de un gravamen debe pasar, indudablemente, por aprobación legislativa como mandato constitucional de reserva de Ley, esta es una iniciativa que, usualmente, es impulsada por el Poder Ejecutivo. Igual sucede con la definición de tarifas aplicables y la definición de quiénes son los obligados a pagar una nueva obligación tributaria.

Como estamos en las puertas de una revisión estructural de los ingresos del Estado haremos un repaso de en qué consisten estos.

Los estados democráticos de derecho se plantean, ya sea por mandatos de orden constitucional primarios o como consecuencia de principios inspirados en ellos, por medio de normas legales, los deberes que debe cumplir el Estado y las instituciones o medios materiales, humanos y tecnológicos que le permitirán el cumplimiento de estos objetivos.

Son de irrenunciable reserva al Estado costarricense, los deberes del cuidado de la vida humana, por tanto, todos los medios instrumentales a esta, como lo son la sanidad y la seguridad ciudadana son deberes que tutelan el principio fundamental.

De igual forma, como país desde los albores de nuestra vida republicana, optamos por tener una educación universal para los habitantes de la República. Un instrumento de dignificación de la condición de la persona, así como un medio de desarrollo económico, con preferencia a la inserción económica basada en el talento y no en la competencia por el hambre.

Hemos optado como país a una preferencia por la protección de la condición de los trabajadores en ejercer sus derechos y garantías. Consagramos desde el orden constitucional y complementos de orden normativo laboral, normas que sean acordes a la condición de un salario mínimo, un sistema solidario de orden contributivo para la sustentación de la persona en incapacidad temporal o permanente de trabajo, así como una dotación de retiro acorde a sus contribuciones, con algunos matices cada vez más regresivos.

Como nación, también hemos optado por un modelo de desarrollo basado en el equilibrio del desarrollo económico; con una vocación preferente por la naturaleza como parte instrumental a la dotación de unas condiciones de calidad de vida de los habitantes no solo para nosotros, sino con una clara contribución al mundo. Nuestra huella de limpieza ambiental representa casi el 25% del territorio nacional dedicado a la conservación de los suelos, el aire y las aguas de nuestro país, para nosotros y para el mundo.

Todas estas opciones de las funciones que como Estado nos planteamos tienen indudablemente en un mundo económico, un uso alternativo que implica el costo de mantener, sostener, financiar e invertir, no solo en las prestaciones actuales sino en las necesarias herramientas para dar sustentabilidad futura a dichas necesidades.

Este pacto social se vulnera de diversas formas. Por una parte, cuando el deber de hacer lo debido por norma legal no se cumple a cabalidad de la manera más eficiente, sabiendo que los recursos de todos son los que se comprometen en cada acción y en cada omisión.

Tanto en aquellas situaciones en que el contenido presupuestario para el cumplimiento de dicho mandato, parte de ese pacto social, es inexistente o en las que su contenido se ve – como en este momento – comprometido por la escasez de los recursos tributarios sanos.

La ecuación de ingresos del Estado la componen fundamentalmente los tributos, los precios públicos de los servicios que este presta en condición de participe de la economía – modelo por revisar – así como, de los financiamientos tanto de orden local como internacional que obtenga.

La Administración Alvarado Quesada si bien es protagonista del cambio más significativo de la norma legal de modernización del sistema tributario costarricense, ha sido también la más irresponsable en su custodia, puesta en marcha y rigor de aplicación… y no solo en la recaudación tolerando con ojos abiertos y bocas cerradas la evasión abierta y flagrante.

No se ha limitado solo a esa falta de rigor, sino que también ha propiciado el menoscabo de la sanidad fiscal sosteniendo normas reglamentarias en IVA que son absolutamente ilegales. Regalando beneficios a grupos de interés concretos e identificables, con la mera lectura de la norma.

De igual forma ha sido protagonista de la irresponsabilidad de la administración de la regla fiscal. Regla que se ha roto, rompiendo la parte del pacto social que nos engatuso a todos los que apoyamos la necesaria reforma en lo tributario a cambio de aquello que, aunque plasmado en la norma legal, ha quedado, una vez más, en simples promesas huecas, como hueco es el discurso con que nos sigue rodando la Administración Alvarado Quesada.

Por ese motivo, no tiene ni cara ni autoridad moral – si es que de esto entienden – para llegar y promover, propiciar y comprometer eventualmente cambios en tarifas en el impuesto sobre la renta, con incrementos de la actual tarifa general del 30% al 35% o más. Está demostrado que, a mayor tarifa de impuesto sobre las utilidades de las empresas, los efectos esperados de la recaudación se convierten más bien en recaudación reducida.

Gravar las utilidades de las empresas con unas tarifas mayores sí promueve la no inversión en el país, desestimula la creación de empleo – con la actual condición de desempleo – no siendo contestes a las necesidades sociales que, para mantener el pacto social, requerimos.

La recaudación baja debido a dos fenómenos. El camino legal, que consiste en que, quien iba a hacer una inversión no la hace – o al menos no en Costa Rica – y el que respecta a la mayor estimulación de la evasión fiscal – acto ilegal que, está demostrado se incrementa – con una Administración Tributaria incapaz desde su cabeza hasta sus pies de combatir este flagelo.

Aumentar la tarifa del IVA del 13 % actual al 15 o 16% es simplemente inaceptable cuando los índices de actividad económica real han caído de manera dramática consecuencia del estrangulamiento del empleo y la empresa. Encarecer los bienes y servicios de quienes tienen menor ingreso, o ya carecen de esto, es solo cavar de manera profunda en la fosa de la recesión, donde tendremos cadáveres resultantes de la destrucción del sistema de libre empresa que es uno de los principios constitucionales más vulnerados por la actual administración.

Aumentar la tarifa del IVA no puede ser de recibo en coexistencia con seguir de manera ilegal entregando exenciones ilegales, que no fueron aprobadas por los diputados. Los facultados para otorgar – por principio de reserva material de ley – exenciones como parte de la potestad tributaria que le encomienda el artículo 121.13 de la Constitución Política.

Como ciudadanos debemos exigir a nuestros diputados tomar control de estas propuestas cuando les lleguen y condicionar cualquier posible aumento – eventualmente necesario – para que, de darse, ocurra en consecuencia de al menos dos años consecutivos de reducciones permanentes en el tamaño del Estado, en la eliminación definitiva de los sistemas de privilegios de orden salarial, con consecuentes repercusiones en las pensiones de las “vacas sagradas”, que habiendo aportado poco, siguen “mamando” mucho.

¡Solo así! Viendo para creer. Toda posible presunción de buena fe de la actual administración ha sido desbaratada por el Poder Ejecutivo desde su cabeza hasta sus pies. Ha hecho mérito la Administración Alvarado Quesada para que no se le pueda dar lugar a siquiera dudar en su favor. Lo han destruido, han lapidado todo su capital relacional, su credibilidad y han burlado al pueblo de Costa Rica.

No a cualquier aumento de tarifas de impuestos de renta ni de IVA. Antes deben reparar tanto el tema de la reducción sostenida y sustentable del Estado, como ampliar la base a todos los contribuyentes, eliminar privilegios en lo público y en lo privado por igual.

Solo así veremos materializado el principio constitucional de igual ante la ley, consagrado en la Constitución Política, tan maltrecho, por cierto, pues hemos hecho de la igualdad, una condición de castas y estamentos, que son vientos sembrados que solo cultivarán tempestades.

Publicado en La República el Martes 08 de septiembre de 2020

Estudio Económico de la OCDE para Costa Rica: Elementos tributarios

Estudio Económico de la OCDE para Costa Rica: Elementos tributarios

Costa Rica es el miembro número 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) luego de una votación unánime en el mes de mayo. Tan solo dos meses después, la Organización publicó el Caso de Costa Rica de los Estudios Económicos de la OCDE.  

No resulta descabellado pensar que este estudio se utilice como insumo en la formulación de políticas, en particular las de índole tributaria que recogemos en este artículo.  

Uno de los principales mensajes del Estudio es que la implementación plena y oportuna de la reforma fiscal es crítica para restaurar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, asegurar la estabilidad macroeconómica y establecer las bases para mayores ingresos y mejoras más amplias en los niveles de vida.  

Revisaremos las sugerencias del Estudio para aumentar los ingresos fiscales, tales como modernizar la recaudación de impuestos y eliminar exenciones de impuestos. 

Costa Rica tiene mucho espacio para ampliar las bases impositivas sin aumentar las tasas y mejorar la combinación de impuestos. Las recomendaciones de alternativas para evaluar, puntualmente, en esta línea son las siguientes: 

  1. Gravar las utilidades de las cooperativas. 
  1. Gravar el aguinaldo. 
  1. Gravar el gasto en educación privada y salud a la tarifa general del IVA (13%).  
  1. Trasladar gradualmente carga impositiva desde las contribuciones a la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad. 

Con respecto a la primera recomendación, el Estudio indica que algunas cooperativas disfrutan de condiciones monopólicas en mercados clave y se benefician de la protección comercial, por lo que se justifica gravar sus utilidades. 

En relación con el aguinaldo, indica que este beneficia particularmente a contribuyentes con más recursos, por lo que sujetarlo al pago de impuestos se alinea con la búsqueda de la equidad. 

Referente a la tercera recomendación, la OCDE indica que gravar el gasto en educación privada y salud a tasas reducidas del IVA es particularmente regresivo. Beneficia desproporcionadamente a hogares de altos ingresos. 

Finalmente, respecto al traslado de carga impositiva, indica en el Estudio que la estructura tributaria actual depende excesivamente de las contribuciones a la seguridad social (un tercio de los ingresos totales). Las contribuciones de los empleadores a la seguridad social son relativamente altas (desalentando la formalidad) mientras que la recaudación de los impuestos a la propiedad es relativamente baja. Lo que se propone es reducir las cargas sociales al tiempo que aumenta el impuesto a la propiedad. Lo primero incentiva la formalidad y lo segundo reduce la desigualdad. 

Como participantes del sistema económico de Costa Rica, resulta importante tener presentes estas medidas sugeridas por la OCDE, de forma tal que, contrario a ser tomados por sorpresa en su eventual implementación, podamos anticiparnos y considerar cambios que nos ayuden gestionar las medidas dentro de nuestras organizaciones. 

 

Escrito por: Alberto Rubí, Consultor de Impuestos 

Llegó el FMI

Llegó el FMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos una aprobación mayoritaria de 40 diputados para el crédito rápido con el Fondo Monetario Internacional. Este es solo el inicio de un camino de transformaciones forzadas en el ámbito de lo económico, en concreto en temas estructurales que Costa Rica ha venido procrastinando de forma recurrente.

Si bien este primer crédito por más de quinientos millones de dólares es un mecanismo de salvavidas temporal, es también el puente a la siguiente facilidad de crédito de dos mil setecientos millones de dólares, que son fondos estructurales que comprometen una serie de cambios que debemos empezar, como sociedad, a digerir y de los que se tiene alguna idea, a pesar de la falta de transparencia, claridad y reiterada falta de comunicación del Poder Ejecutivo.

En tesis de principio, desde la óptica fiscal es donde debemos hacer cambios estructurales profundos. Muchos de ellos ya los conocemos porque formaron parte de pasados proyectos de ley que no llegaron a ver la luz, indudablemente no son extraños a los costarricenses.

Pretendo enunciar algunos de los temas que estarán en el tapete de las discusiones de los próximos meses en el país. Solo haré descripción de los asuntos para que, cuando corresponda, se haga la discusión del menú que habrá que comer con sus pro y contras. Es un acto de preparación a una comida amarga, por la que tendremos que pasar como sociedad en esta etapa de ajuste estructural irrenunciable e impostergable.

Renta mundial. Este es un concepto de muy amplio calado donde ilustrados ignorantes han hecho alarde al referirse al mismo. Falacias que son las que históricamente han detenido la inclusión en la base de la tributación de los residentes o nacionales – ya veremos cuando haya un proyecto serio. Lo que no es de recibo es que en las condiciones que vive el país, sigamos aun con anacrónicos argumentos, peleando con molinos de viento, lo que denota la paranoia a contribuir que padecemos todos, pero algunos de forma fundamentalista.

El proyecto que corre en la Asamblea Legislativa es carente de mínimas características de orden técnico, por lo que debemos dar por ignorado el mismo, si es que en algún momento nos debemos plantear seria e ineludiblemente esta forma incremental de contribuir.

No es un tema ideológico solamente sino de que, al optar por un instrumento de compleja administración, es fundamental dar certeza jurídica con relación a los límites y los alcances de esta posible modificación. Debemos de evaluar sin aventurados simplismos y sin trasnochados argumentos ni a favor o en contra, pero con alineamiento a la necesidad de ver cuáles son las condiciones de necesidad y efectivo beneficio de esta inclusión normativa de amplio alcance.

El otro aspecto que será tema de gran debate tiene que ver con dos temas de orden tarifario, tanto en el impuesto sobre la renta como en el del impuesto del valor agregado. El aumento de la actual tarifa de renta del 30 al 35% al menos, deberá ser evaluado por sus efectos en la recaudación como en la conducta de la elusión y la evasión fiscal.

En cuanto a las tarifas del IVA, volver a las tarifas originalmente propuestas por el exdiputado Ottón Solís en su momento del 15%, que, de nuevo, nos lleva la reflexión de cómo debe compaginar este aumento inminente en las tarifas del impuesto con temas como la activación de la economía por medio del aumento en el consumo.

Este activación es el ariete del sistema económico, hoy y pre Covid-19 atascado por la incapacidad demostrada de la Administración Alvarado Quesada de cumplir con su prometido plan de reactivación económica en junio de 2019, el cual sentados seguimos esperando.

A pesar de que las personas físicas fuimos las primeras en sobrellevar en forma directa el impuesto al salario, parece que no nos quedaremos sin tener que contribuir más aún. Las cargas tributarias aunadas a las cargas sociales hoy sobrepasan en el extremo superior el 35%.

De recargarse más aún, debe evaluarse su efecto en los ingresos disponibles tanto para el consumo como para la inversión. Se debe verificar que el conjunto de medidas no termine siendo más caro como remedio que el mal que pretenden atacar.

Aún con el escándalo del manejo de los fondos de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, es probable que vengan propuestas de incremento de las contribuciones a los sistemas de seguridad social, eventualmente para fortalecer el sistema de salud – pagar lo consumido por Covid-19 – así como la pandemia de la corrupción, la más permanente de todas y la que ha desangrado a los bolsillos de los costarricenses.

Hay que ver con detenimiento el efecto de medidas como estas en la inclusión laboral al sector formal, así como el impacto en el pequeño nivel de empleo, que hoy apenas alcanza poco más del 50% de la población en condiciones de trabajar, cuando contamos desempleo y subempleo.

La venta de las instituciones públicas de carácter rentable es una larga discusión que debemos atender con un gran cuidado. La discusión ha sido sobre si vendemos las “joyas de la abuela” para comer mañana y cómo vamos a quedarnos sin lo que la abuela con cariño construyó… El asunto es que el cariño y el hambre son incompatibles. Lo verdaderamente preocupante de fondo, es el carente nivel de transparencia de la actual Administración Alvarado Quesada.

Preocupan los posibles entretelones de compadre hablado que tengan estos procesos, cuando salgan a “subastas libres” pero amarradas a compradores orquestados de previo por los propios promotores de estas iniciativas. Aunque pueden ser medios inteligentes, si se hacen con la torpeza de esta Administración nos quedamos sin las “joyas de la abuela” en una gran piñata, al más puro estilo del calco de la piñata sandinista de la década de los 80 del siglo pasado en Nicaragua.

Será también motivo de discusión estructural el proceso de eliminación gradual o inmediato de las exenciones en renta a los sectores activos de la economía en regímenes especiales, tales como las cooperativas y las zonas francas. Nuevamente, estos asuntos han sido parte de una agenda postergada y deben medirse en relación con competencia, competitividad y derecho comparado internacional; sin demerito de la necesidad de eliminar los efectos distorsivos en el principio de contribución de forma solidaria a los gastos públicos del Estado.

En la línea del Estado, vendrán discusiones sobre la reducción severa del tamaño de este, con una norma de empleo público que deje el enfoque blandengue. Que sea aleje del orden cosmético y se acerque a la reducción real. Reducir al menos en un 20% el tamaño del gasto público es una necesidad de orden imperioso, que tendrá que discutirse sin dejar de considerar el impacto en el desempleo total.

Cuando se haya reducido el Estado, respecto de las remuneraciones de los funcionarios restantes, el planteamiento deberá venir por el tema de las compensaciones basadas en un concepto real de salario único, con una base reducida de costo salarial de al menos el 20% también, convirtiendo los actuales pluses salariales en incentivos por desempeño efectivo de las funciones acotadas de un Estado que deberá ser eficiente inexorablemente.

Habrá que entrar en postergación de obras. No estamos para trencitos, estamos para salir adelante con los básicos antes y con los caprichos de la Señora después. Aunque tengan el endeudamiento pactado, ese ha sido el problema, que creemos que tener financiadas las obras las viabiliza cuando solo las compromete para que otros las paguemos.

Faltarán años hasta que podamos, como país, una vez saneadas las finanzas públicas, hacer inversiones de esta naturaleza de forma responsable. Debe hacerse con los pies en la tierra. Cosa difícil para quienes se transportan helicóptero. ¡Deberán hacer un aterrizaje forzoso!

Para aumentar la producción y activar la economía debemos mantener como país una visión de corto, mediano y largo plazo. No es de recibo que los recursos naturales, que por siempre hemos preservado, se pongan en riesgo en nombre de la producción. No se vale que ahora abramos los cielos a la minería para satisfacer las necesidades de unos midas conocidos y otros por conocer.

No podemos perder de vista que nuestra riqueza está en los recursos naturales, en la capacidad intelectual y la creatividad que de esta se deriva y que debe ser financiada en condiciones realmente acordes a los duros momentos que enfrentamos.

Así como es bueno que el gobierno tome mejores condiciones en el crédito, el sector productivo debe recibir una inyección significativa. Algo equivalente al 30% de las reservas monetarias en condiciones de créditos de interés equivalente al costo de financiamiento país. Tan bajo como eso, en términos de largo plazo, poniendo en las manos de la banca la responsabilidad fiduciaria de administrar estos recursos. Eso sí, evitando que ocurra la triste historia de la Banca para el Desarrollo, cuya bondad publicitaria supera a su real impacto en la economía.

¡Sí! ¡De todo esto tendremos que hablar! No hay postre, todo es amargo, pero es la época que nos tocó vivir. Debemos pagar el precio de haber sido permisivos y tolerantes del despilfarro; el que debemos exigir eliminar de cuajo en el mismo pacto social que debemos adentrarnos para poder acceder a la zanahoria de los dos mil setecientos millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.

Tenemos una aprobación mayoritaria de 40 diputados para el crédito rápido con el Fondo Monetario Internacional.

Publicado en La República el Martes 01 de septiembre de 2020

Transformación digital, la normalidad

Transformación digital, la normalidad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tiempos de pandemia se habla de la “nueva normalidad.” Esto nos conecta de inmediato con las conferencias de prensa diarias de los Gobiernos.

El distanciamiento social, las restricciones vehiculares, las aperturas con aforo reducido, los cierres de negocios y el aumento en las tasas del desempleo son temas que se vuelven la comidilla diaria del pueblo, pero se deja de lado un elemento clave para esta normalidad, ya no nueva, que permite el desarrollo y mejoramiento en distintas áreas de la vida cotidiana: la transformación digital.

Si bien es cierto, en la actualidad, al menos en Costa Rica, la mayoría de las personas de distintas edades, estratos sociales y preparación académica tienen acceso a internet, esto no es sinónimo de que se haya adoptado a cabalidad la transformación digital.

La adaptabilidad va más a allá de las aplicaciones de los dispositivos móviles como celulares y tabletas; no se trata – solo – de utilizar el internet para la comunicación diaria entre pares y el aprovechamiento de canales sociales y de ocio.

La transformación digital es una penuria innovativa para muchos e incluso no es aún, en medio de la pandemia, una prioridad  en las empresas. No es lo mismo el uso de aplicaciones como Netflix, Spotify o redes sociales que la implementación de verdaderas herramientas para el desempeño diario de labores, superación personal y el mejoramiento continuo.

En el ámbito laboral, la digitalización es prioritaria, máxime en tiempos de Covid-19.

El contar con las herramientas para ejecutar los trabajos y los negocios, y si a esto le sumamos un capital humano consciente de la importancia de la digitalización como un nuevo estilo de vida, es el camino para que las empresas no se vean forzadas a interrupciones abruptas en la ejecución de servicios o bien, a cierres inesperados por reducción o suspensión de ingresos que no pueden controlar desde su modalidad de trabajo “análoga”.

La gran ventaja de las empresas que llevaron a cabo con un rotundo éxito el proceso de digitalización radica en la visión de sus líderes y la adaptabilidad de sus equipos. Les permite, en el ambiente actual, estar a la vanguardia de la excelencia en sus áreas de servicio, internas y externas. Son estas organizaciones las que han logrado sortear el entorno y evitado resentir los cambios por COVID – 19 de manera negativa.

Las entidades públicas y privadas han corrido para adaptar y adoptar sus necesidades sus necesidades en los últimos meses y han hecho modificaciones para continuar con sus procesos de manera digital.

Si bien es cierto, que algunas organizaciones habían ya implementado la virtualidad con buenos resultados, solía tratarse de planes piloto, enfocados en grupos de colaboradores o servicios, estas son las menos y la situación que vivimos desde marzo anterior solo demuestra que Costa Rica y la región estaba aún en pañales en cuanto a transformación digital.

Penurias sobran, pero un buen ejemplo es el caso de las instituciones educativas que debieron empezar por capacitar a los docentes de educación pública de Costa Rica para el uso de herramientas digitales. Algo completamente ajeno al cronograma típico del Ministerio. Y así como este, son cientos o miles de ejemplos de empresas y organizaciones.

Mientras en la vida diaria nos hemos digitalizado, incluso desde antes de la pandemia, de manera que acortamos distancias y mantenemos contacto con nuestros seres queridos, muchos aún tienen el reto de llevar esa digitalización a sus labores, que les permita ejecutar reuniones de trabajo, estudiar y contribuir al beneficio propio y colectivo.

La transformación digital es un elemento clave que complementa a la humanidad; y como tal, debemos adoptarla con naturalidad y actitud positiva.

¡Cierto! Los procesos de cambio suelen ser complejos en las empresas. Además, hay riesgos o cuidados para tener en cuenta, como, por ejemplo, temas de seguridad de la información, manejo ético de datos y responsabilidades de cada parte… Pero lo que es un hecho, es que debemos adoptar la transformación digital en nuestra realidad, que cada vez tiene menos de “nueva”.

Escrito por: Maritza Mora, Equipo Administrativo

Ruge el cierre

Ruge el cierre

 

A pesar de estar todos concentrados en operación de supervivencia, entre bailadas que nos dan y martillazos que siguen mancillando la producción, no perdamos de vista que estamos a las puertas del primer cierre fiscal de renta con reglas nuevas.

Si bien hemos asumido algunas de las novedades respecto de la nueva normativa vigente para el cierre fiscal 2020, resulta que las reglas siguen siendo como “arena movediza”, gracias a las ocurrencias e improvisaciones de la Administracion Tributaria.

Ilustro: El pasado 19 de agosto se publica resolución general, bajo el número DGT 22-2020, que dicta de oficio la creación de período fiscal obligatorio que va del 1 de octubre 2019 al 30 de setiembre de 2020. Quiere decir que todas las actividades cafetaleras y análogas, así como las cañeras, deberán preparar su cierre fiscal en menos de 40 días después de la publicación de la citada disposición.

Contrasta la anterior resolución con la nueva regla general de cierre fiscal con corte al próximo 31 de diciembre – si no se les ocurre otra improvisación – que es una de las novedades diversas introducidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Si bien la Administración está facultada para el acto indicado arriba, la pregunta subyacente es ¿tiene la Administración un mapa de ruta o, por el contrario, dicta normas conforme las querencias y ocurrencias del funcionario de turno?

Parece que es más lo último que lo primero.

Esto conlleva una señal de incertidumbre jurídica. Un ingrediente prescindible en momentos de tanta incertidumbre, proveniente de tan diversa gama de factores intrínsecamente incontrolables. Es deseable que aquellos que puedan ser dotados de oportunidad y menos improvisación, se procuren para el golpeado y agobiado sector privado, que es quien se ha echado a sus espaldas la crisis sanitaria, la consecuente recesión económica y a la postre, de la falta de claridad de las autoridades de gobierno.

Por otra parte, muchos sectores de la economía han concentrado – como corresponde – sus esfuerzos a la contención de la crisis, sin darse cuenta que queda muy poco tiempo para revisar las condiciones de una posible liquidación del impuesto sobre la renta con reglas nuevas, intrincadas y tan complejas; que pueden llevar a una empresa en pérdidas financieras a toparse con bases imponibles positivas, como consecuencia de las limitaciones introducidas en la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas a la ley de impuesto sobre la renta.

Es decir, aquellos que se están ateniendo a que, como sus resultados financieros son negativos, hay poco o nada que hablar en renta, hoy más que nunca están equivocados. Es oportuno, a pesar de lo disonante que pueda parecer, tomar conciencia de la necesidad imperiosa, de ver hoy cuál es su condición fiscal en renta.

Por primer año en la historia económica del país los paradigmas han sido derribados, en cuanto posibles decisiones y acciones correctivas del final de año, cosa que debe considerar el contribuyente en este período fiscal.

Dos son los aspectos concretos que deben tomarse en cuenta: la condición del caudal informativo que tiene la Administración Tributaria a su haber, con medios tales como la factura electrónica, no solo de venta sino de compra de bienes y servicios. Asimismo, las diversas limitaciones existentes en relación con los derechos de deducción de una multiplicidad de operaciones que saltan a la arena como elementos novedosos en este siberiano período fiscal de 15 meses para todos, menos para quien a la Administración se le ocurra, que no será así.

Con las declaraciones mensuales del IVA los contribuyentes han mandado fotografías mensuales de la semblanza de las ventas y las compras, como ya lo hacían los contribuyentes del antiguo impuesto sobre las ventas; pero, además, han dado una cantidad abundante de información adicional que se consigna en la declaración de IVA respecto de gastos.

Esto limita las tradicionales soluciones caseras del último momento para ver cuánto era la obligación tributaria que se “quería” pagar, en contraste con la que se “debía” pagar.

Con los medios de cruce de información existentes hoy, un enfoque tradicional de dejar “para ver como sale al final”, puede llegar a ser una fuente de abundantes y desagradables sorpresas.

Respecto de esas limitaciones a la deducibilidad, debe tener en cuenta el contribuyente que las mismas no son ni tradicionales ni conocidas de manera general. Es importante determinar hoy más que nunca el valor de la base imponible en concordancia con estas reglas, conciliando el resultado financiero con la aplicación de limitación a la deducción de gastos que, aunque reales, necesarios y pertinentes a la generación de renta, simplemente, enfrentaremos por primera vez una limitación a su deducibilidad.

Tomemos como ejemplo la carga financiera. Valga decir, que por cierto es una de las características de muchas empresas que tienen un alto nivel de endeudamiento y que pudo ser agravado debido a la pandemia. Si dicho financiamiento es con partes relacionadas o sujetos privados de financiamiento, sean empresas o personas, simplemente tiene una limitación en el artículo 9 bis de la ley de nueva creación.

Reza el mencionado artículo: “Se establece una deducibilidad máxima por gastos por intereses netos de un veinte por ciento (20%) de la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Uaiida) por cada periodo impositivo.” Este 20% como deducción máxima empieza en un limite del 30% del resultado de utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, reduciéndose a razón de dos puntos para alcanzar el 20% indicado por la norma, en cinco años.

Asimismo, no es fiscalmente deducible, el gasto que se cause por donaciones cuando las mismas -aunque estas sean hechas a entidades registradas en la administración Tributaria – bajo el siguiente supuesto: “La deducción no podrá exceder del diez por ciento (10%) de la renta neta calculada del contribuyente donante, sin tomar en cuenta la donación”.

Esto pone al contribuyente en un interesante ejercicio de calculo que debe llevar a cabo con antelación para determinar el monto efectivamente deducible de sus donaciones, con independencia del monto donado a los sujetos autorizados, según la redacción antes citada, del párrafo final del articulo 8 q) de la Ley de impuesto sobre la renta.

Debe tener en cuenta el contribuyente, para finalizar con las ilustraciones no para completarlas, que se aplican normas relativas a precios de transferencia. Los precios de transferencia pasan de ser norma de orden reglamentario, como lo fueron desde 2013, mediante el decreto 37.898-H, a la norma que recoge la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 81 bis, denominado, principio de libre competencia. Este artículo hace de obligado acatamiento la valoración de las operaciones tanto locales como internacionales que lleve a cabo el contribuyente con sus partes relacionadas o vinculadas, según corresponda, debiendo contar con la documentación apropiada – estudio de precios de transferencia – para practicar el ajuste, siempre que sea incrementando la base imponible, cuando los precios pactados entre sus partes vinculadas y las que hubiera pactado en condiciones de mutua independencia, resulten diferentes en contra del interés fiscal.

Obliga el reglamento a la declaración de precios de transferencia, que, por la norma reglamentaria nueva de la ley, hace declarantes de precios de transferencia a los grandes contribuyentes, grandes empresas territoriales, empresas bajo el régimen de zona franca, así como los contribuyentes de cualquier tamaño cuyas transacciones acumuladas con vinculados, excedan los mil salarios base al año.

Todo esto y mucho más debe incorporar hoy el contribuyente en la planeación de su macro cierre fiscal 2020 sin excepción alguna. Más aun ante los rugidos de fiera hambrienta de Hacienda, por las obvias razones que el estado de necesidad ha creado consecuente con la atención de la pandemia de un lado, así como con los acompañantes de siempre, el despilfarro, el estado comelón, la falta de ética en el manejo del gasto público entre muchos otros disparadores del endémico déficit fiscal de nuestro país.

Nuestra recomendación más insistente y pertinente es que tome acción, ya que de una crisis puede pasar a otra evitable en el supuesto de tener que pagar de manera sobrevenida – en caso de la caña y café – el próximo 15 de diciembre el impuesto sobre la renta 2020 o a más tardar, para el resto de los actores económicos, el próximo 15 de marzo de 2021.

La triste realidad de la pérdida financiera no da pie a estar tranquilos. Las bases imponibles y los resultados financieros distan cada vez más, por lo que no debe dejar para después lo que debe evaluar en su actual estado ya.

Publicado en La República El Martes 25 de agosto de 2020

Registro de beneficiarios finales hasta 2021, pero mucho cuidado  

RESUMEN: No se deberá realizar declaración Registro de Transparente y Beneficiarios Finales en septiembre 2020, siendo que la próxima declaración será hasta en el mes de abril del año 2021.

La noticia con el Registro de Accionistas – Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales – es mucho más allá que lo ya conocido sobre la fecha de presentación. ¡Cierto!

Según la resolución DGT-ICD-R-19-2020 quienes ya estaban listos para cumplir en Setiembre de 2020 con su segundo registro tendrán que esperar unos meses más, pero hay una serie de detalles que jamás debemos pasar por alto.

Así es, el primero detalle claro que es sobre fechas: Ahora la declaración 2020 se presenta en el mes de abril 2021, adoptando los nuevos plazos regulares de presentación, el mes de abril de cada año.

¡Eso sí! Si usted no ha presentado su declaración 2019 (que venció en abril de este año) está incumpliendo y debería regularizar cuanto antes la situación. La Administración Tributaria ya inició procesos para los más de 40.000 contribuyentes que no han cumplido con la obligación.

Para aquellas sociedades que se constituyan en el lapso entre el 1 de enero 2020 y el 31 de marzo 2021 se estableció una norma transitoria. No están obligadas a presentar su declaración dentro de los 20 días hábiles después de su inscripción (como indica la norma ordinaria), sino que tendrán hasta abril 2021 para presentar su primera declaración.

La resolución también establece que las sociedades que declararon el periodo 2019 y que presentan cambios en la distribución del capital social desde la fecha de la presentación hasta el mes de abril 2021, pueden presentar dichos cambios hasta el 30 abril 2021, cuando presenten su declaración ordinaria.

Es decir, la norma transitoria flexibiliza la estipulación de la Ley que establece que cuando se dan cambios mayores al 15% del capital se debe presentar una declaración extraordinaria a más tardar 15 días después de ese movimiento de capital.

La resolución abre una posibilidad que se debe analizar. La nueva norma abre espacio a movimientos en los capitales sociales de las sociedades que queden fuera de foco. Como la nueva fecha para presentar estas modificaciones es el 30 de abril del 2021 lo que se debe presentar en dicha declaración será el último movimiento.

Es decir, la presentación incluirá la composición accionaria a abril del 2021 y no todos los movimientos de capital realizados en ese lapso. ¡Sin duda una debilitación parcial al objetivo inicial del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales!

Este es un buen momento para repensar la declaración realizada para el periodo 2019. Usted debería debe evitara toda costa, en medio de la situación actual, riesgos legales o tributarios para no tener posibles contingencias. Es vital revisar ¿cómo hice mi declaración?, ¿me genera algún riesgo la forma en la que la presenté?, ¿cómo puedo reparar o disminuir cualquier riesgo? ¡Conversemos! En Grupo Camacho Internacional podemos apoyarle.

Escrito por: Gabriel Arroyo – Consultor de Impuestos

Sector Turismo y Sector Construcción, ¡Atención a los nuevos cambios en IVA!

Sector Turismo y Sector Construcción, ¡Atención a los nuevos cambios en IVA!

 

 

Como respuesta a los embates que ha causado la crisis sanitaria por COVID-19, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron dos proyectos de Ley para ampliar los plazos de exoneración y aplicación de tarifas reducidas en las industrias de Turismo y Construcción. Uno de ellos ya publicado en el Diario Oficial la Gaceta y el otro pronto a publicarse.

La Ley recién publicada es la número 21.934 de atención al Sector Turismo en la que se adiciona un párrafo final al artículo 26 de la Ley 9635 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, referente al crédito fiscal en operaciones sujetas a tarifa reducida.

La nueva normativa indica que el contribuyente tendrá derecho a crédito fiscal pleno en la compra de bienes y servicios vinculados con la prestación del servicio de transporte aéreo internacional, cuyo origen o destino sea el territorio nacional.

La modificación impacta de manera importante el negocio de quienes venden boletos aéreos a tarifa reducida del 4%. Ahora pueden acreditarse la totalidad de IVA soportado en la compra de bienes y servicios ligados exclusivamente con esta operación. Es decir, no tienen un costo incremental por el diferencial de las tarifas a las que compran y a las que venden. En principio, esto debería reducir el precio final de los boletos, incentivándose así su demanda.

La Ley también reforma el Transitorio IX de la Ley 9635, referente a la escala de aplicación gradual de la tarifa de IVA para los servicios turísticos prestados por quienes se encuentren debidamente inscritos ante el ICT.

La reforma extiende el plazo de aplicación de la exención del impuesto, originalmente válida por el primer año de vigencia de la Ley 9635, a los dos primeros años de vigencia de la Ley indicada.

Es preciso tener en cuenta que, a partir del 1 de julio del 2020, los servicios turísticos pasaron a estar gravados con una tarifa reducida del 4%. La reforma al Transitorio implica que esta tarifa del 4% se posponga hasta el 1 de julio del 2021. Consecuentemente, las tarifas del 8% y 13% del Transitorio se posponen a su vez para el cuarto y quinto año de vigencia de la Ley del IVA (julio 2022 y 2023 respectivamente).

También aclara que las obligaciones tributarias devengadas desde el 1 de julio de 2020 hasta la entrada en vigor de la nueva Ley, se deben declarar y pagar al fisco en los términos previstos en la Ley 9635; es decir, no hay una corrección retroactiva para la tarifa del 4% actualmente aplicable a estos servicios en caso de efectivamente retornar a la condición de exención.

El segundo Proyecto de Ley, el 21.637, que ya fue aprobado en segundo debate, pero aún no ha sido publicado tiene que ver con el Sector Construcción. En este se reforma el Transitorio V de la Ley 9635, referente a servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil.

En él se elimina por completo el segundo párrafo del Transitorio, el cual versa sobre la escala gradual de la tarifa de IVA que se aplica para estos servicios, actualmente en 4%, pasando por 8% a partir del 1 de julio del 2021 y que llegaría la tarifa general del 13% en el cuarto año de vigencia de la Ley 9635 (1 de julio del 2022).

También se eliminan las primeras líneas del párrafo tercero del Transitorio, en las que se indica que los beneficios fiscales de exención y tarifas reducidas no aplican para los servicios que no cumplan con los requisitos registrales que se estipulan en el párrafo primero del Transitorio.

Se adiciona un Transitorio V bis a Ley 9635, en el cual se describe el tratamiento tributario para todos los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil, prestados en relación con proyectos registrados y visados por el CFIA. Dicho tratamiento se resume en el siguiente cuadro:

 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto de Ley indica además que, a partir del 1 de julio de 2023, todos estos servicios estarían gravados con la tarifa general del 13% y que la aplicación de la exención y las tarifas reducidas se realizará independientemente del tratamiento tributario que haya correspondido a estos servicios durante el primer año de vigencia de la Ley 9635.

El Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de 30 días hábiles, según el Proyecto de Ley, para realizar las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley de IVA; particularmente en su Transitorio VII, el cual versa sobre estos servicios con el objetivo de que exista seguridad jurídica y evitar que el Reglamento no contradiga lo dispuesto en la Ley, como sucede actualmente en varios otros casos referentes al IVA.

¡Mucho cuidado! Tanto el sector construcción como el sector turismo podrían considerar que estas modificaciones son beneficiosas, pero ¡en realidad no es así!

Las operaciones exentas no otorgan derecho a crédito fiscal, por lo que quienes pertenecen a estas industrias han estado (y seguirán estando) obligados a incorporar el IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios vinculados con su actividad económica a sus costos operativos.

Esta situación posiblemente genera un efecto de reducción en sus márgenes de ganancia, un aumento en el precio final de los servicios o una combinación de las anteriores.

Lo mismo sucede con las tarifas reducidas que, por no contar con derecho pleno a crédito fiscal deben trasladar ese diferencial de tarifas al costo por parte del prestador del servicio.

¡Deben prepararse para para gestionar adecuadamente sus procesos, sus flujos de cajas y sus sistemas informáticos, contables y fiscal! Ya para las empresas turísticas es Ley y para los servicios de construcción es cuestión de días para que lo sea.

En Grupo Camacho Internacional contamos con la experiencia y conocimiento necesario para asesorarlo en estos y más cambios por venir. Lo esperamos.

Escrito por: Alberti Rubi – Consultor de Impuestos 

Que mal se ve con traje prestado

Que mal se ve con traje prestado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando le invitan a una fiesta, una de las primeras preguntas que surgen es cuál es el código de vestimenta. Esta pregunta es coherente con el principio de evaluación de contexto, para determinar si estamos o no a la altura de las circunstancias para atender aquel evento con solvencia social procedente.

De igual manera se espera de los funcionarios, especialmente de los funcionarios a los que se invitan a posiciones críticas de gobierno. Cada uno debería, en este momento crítico de la historia, discernir entre aceptar la posición o, más bien, optar por lo más valiente… renunciar a ella por incompatibilidades o incompetencias propias o de sus compañeros de equipo.

Es difícil ser invitado a un partido de futbol, aceptar el reto y llegar vestido con traje de esgrima. No solo por lo ridículo de la condición, sino por el compromiso en que pone a los demás jugadores. ¿Quién y cómo le dirá al desubicado que llegó al lugar o al juego incorrecto? ¿Quién confirmará si solo sabe de esgrima o si realmente juega al fútbol? No importa cuál haya sido la invitación que recibió… ha llegado con un elegante traje blanco a embarrialarse en la cancha. ¡Peor aún! A embarrialar la cancha por la fata de competencias requeridas para jugar en la posición en la que se le ha invitado.

Escuché detenidamente un interesante foro de Lead University, en el que participaron, entre otros, el presidente del Banco Central, el presidente del CONASSIF, dos expertos económicos y el ministro de Hacienda. La actividad fue moderada por don Gerardo Corrales, quien hizo una excelente labor al liderar con la diversidad de aquel panel, donde todos eran jugadores idóneos para sus posiciones, tratando temas inherentes a las condiciones del sistema financiero ante la crisis económica que plantea la pandemia y los retos del informe de la OCDE.

Pero ¡qué mal se le ve el traje prestado a don Elián Villegas! Parece que al ministro de Hacienda le es fácil ver la mota en el ojo del hermano, sin prestar atención siquiera, por autismo de su inopia, a la viga de sus propios ojos. Realmente de gran pena ver a alguien tan desubicado en su traje de esgrima para el partido de fútbol. Definitivamente lo que le urge es darse cuenta de dónde se le ha invitado, dónde están sus competencias y por un pareo simple, concluir que por él y por el país, lo mejor que puede hacer es irse.

Habló don Elián de la grave situación de tener excesos de poderes concentrados en muchas superintendencias del sector financiero y cómo, tal como le complementaban algunos de los panelistas expertos, esto se traduce en una impredecibilidad de seguridad jurídica afecta al sector financiero de la economía. Cuando se refiere al tema, don Elián lo hace con alarde de conocimiento de aquello y de absoluto desapego del lugar que le corresponde.

Don Elián, el Ministerio de Hacienda es su espacio y usted está mandado a regir acciones inherentes al mismo. Se encuentra sentado en la más grande caja de pandora, la Administración Tributaria, esa de la que usted, Don Elián, es temporalmente el jerarca.

Desconoce don Elián cual es el nivel de normativa ilegal, diversas y perversa que generan sus subalternos, en la Dirección General de Tributación, donde no ha aterrizado, cuando por motivos inexplicables prescinde de lo técnico para volver a lo de siempre, de cabeza a pies de la Tributación.

En diversas ocasiones inclusive el señor presidente del banco central, por ejemplo, menciona en el foro que uno de los asuntos que agrava la condición de evolución y competitividad del sector financiero es el déficit fiscal, que succiona los recursos de los ahorrantes en detrimento de la evolución del sistema financiero. O don Elián no entendió lo que tan claramente se le dijo o no fue capaz de agacharse para recoger el pañuelo.

También le advirtió el presidente del Banco Central que sus incapacidades para dar acción a las urgentes demandas que resuelvan el déficit fiscal simplemente hacen que las tasas de interés se sigan manifestando en presiones al alza. Mas allá de que, con las calificaciones positivas de los organismos competentes, simplemente reduciríamos el costo de capital y la accesibilidad a recursos del sistema financiero al sector de la producción de riqueza real, el decadente sector privado. Ese que sufre el embate de la pandemia de orden sanitario, financiero y de inoperancia estatal. Esa última, la peor de las tres.

¡Qué pena que tenga tan claro lo que no le corresponde y tan difuso lo que le han encomendado! ¡Qué pena, don Elián! Que su posición respecto de la OCDE sea una de disidencia flagrante pero solapada. ¡Qué pena! ¡Qué gente con las habilidades correctas, con idoneidad para sus puestos deban renunciar por ponencias tan absurdas como las del Ministerio de Hacienda y la Cancillería!

Lástima, porque es claro que el liderazgo necesario para pasar con éxito las revisiones de pares ante la OCDE surge del COMEX y debe reconocérsele como tal. Como el líder de la tarea desde lo técnico y lo práctico, como puente entre sectores públicos y privados. Un trabajo que nos tiene a un paso, con la aprobación del Congreso, de aceptar la invitación hecha a Costa Rica para formar parte de ese grupo.

Sus disociaciones explican la lamentable pérdida de una líder natural, por mérito propio, del proceso, doña Dyalá Jiménez Figueres. En cambio, mantenemos funcionarios tan desubicados como el actual ministro de Hacienda.

Perder una persona idónea para la posición adecuada por la incapacidad de otros actores desalineados solo denota que el director técnico, de nuestro hipotético equipo de fútbol, poco conoce de alineaciones y de la conformación de equipos de alto rendimiento y eficacia. Fundamentales para cumplir con los intereses de orden superior del país.

Don Carlos Alvarado, el director técnico, señor presidente, al alinear un equipo se debe buscar pareo entre las capacidades de los jugadores y las competencias de cada puesto. Don Carlos, sus destrezas para esto han sido erráticas. Cuando tiene un buen ministro de hacienda, por ejemplo, opta por interese mezquinos y lo saca del juego. Cuando tiene una extraordinaria ministra de comercio exterior, la deja ir por otros intereses hasta ahora difusos que se verán con el transcurrir del tiempo.

Don Carlos, que pena decirle, pero cuando uno está haciendo alineación debe ser coherente con la etimología de la palabra. Debe alinear destrezas con requerimientos y necesidades. ¡Qué pena también he de recordarle que el entrenador tiene en su equipo uno de titulares y otros en espera en banca! Lo que pasa es que usted ya se quedó sin unos y otros. Ha tenido que alinear a miembros de las graderías, eso, decía uno de los fundadores de su partido, que de Dios goce, don Alberto Cañas, es la peor de las cosas que le puede ocurrir a un país. ¡Cuando se mete a jugar los de la gradería! Tristemente está ocurriendo eso hoy en Costa Rica.

Estamos en las puertas de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que requiere de destreza técnica, emocional y diversidad de capacidades de orden coherente con el estado de la situación país. No podemos ir a negociar con representantes de las graderías… esto puede salir demasiado caro para Costa Rica.

Debemos pactar, sigo insistiendo, pero con los motivos correctos. Con los objetivos claros y los interlocutores idóneos. Extrañamos los tres elementos de esta fórmula, pero urge poner en la mesa a nuevos actores que se caractericen por su conocimiento, no por ser simples “yes man”, señor presidente.

Publicado en La República el martes 11 agosto, 2020

 

Lo que si podemos y debemos hacer ya

Lo que si podemos y debemos hacer ya

 

  

 

Ante la situación económica que nos agobia y que apenas es el inicio del azote a las finanzas públicas, debemos basarnos en un enfoque de lo que sí se puede hacer. Maneras creativas y constructivas, no bloqueándonos con lo que es complejo y cuesta arriba, sino más bien, enfocándonos en lo que sí se puede para iniciar el camino de la remediación.

Partimos de una situación previa a la pandemia sanitaria. Veníamos enfermos en lo económico. Debemos actuar en dirección correcta, en lo simple primero, para aprovechar lo que ya tenemos como dotación de marco legal. Basarnos en un primer signo positivo, para luego lograr evitar un default de deuda en los próximos 18 meses, según lo ha indicado el exministro de Hacienda, que sale por la ventana cuando se planta ante el presidente de la República.

Presento acciones concretas que debe hacer el Gobierno Central en los próximos 30 días para mejorar la condición de partida en el camino de la gestión económica que, de forma coherente, provoque un pacto social basado en comunicación clara, ausente hasta ahora en la gestión gubernamental de la Administración Alvarado Quesada.

Primera acción: Que el Ministro de Hacienda, en el plazo no mayor a 30 días, emita un reglamento de IVA que sea legal, que elimine todas las exenciones ilegalmente otorgadas.

Si el Ministerio omite esta acción, demando de la Procuraduría General de la Republica establecer las acciones legales que le competen, para que esta situación se legalice a la brevedad en razón de la pérdida de la capacidad recaudatoria, la cual debe ser reestablecida al impuesto de valor agregado.

Si la Procuraduría General de la República determina la ilegalidad del reglamento – aspecto de forma, pues indiscutiblemente lo es porque se opone frontalmente al principio de reserva material de ley –, que se establezca la acción concreta ante la Sala Constitucional para que determine si el mismo es acorde con este principio constitucional o no.

Planteado este recurso, como de última opción y que de manera urgente la Sala dimensione las consecuencias de dicha ilegalidad en cuanto responsabilidad de los funcionarios que cedieron – a cambio de no sabemos qué – a violentar la ley con beneficios concretos a quienes no lograron colar su exención en la Asamblea Legislativa.

Segunda acción: Que la presidencia de la República, al entrar en el periodo de sesiones extraordinarias, remita un proyecto de restablecimiento pleno e irrestricto de la regla fiscal. El proyecto de ley debe establecer derogatoria plena de toda norma que se le oponga la regla fiscal creada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Se deben mantener las normas de excepción en los casos de fuerza mayor, exclusivamente aplicables a los cuerpos del Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo en lo que se refiere a la atención de transferencias a los desempleados, Ministerio de Ciencia y Tecnología en lo que respecta a la investigación de las condiciones de combate a la pandemia y el área de salud de la CCSS; exclusiones que deben ser de orden temporal únicamente hasta que las situaciones concretas de atención de la pandemia, sean superadas.

Esta última providencia de orden temporal es fundamental, ya que parte de los grandes aceleradores y disparadores de la base del gasto público, fue el imprudente manejo de la crisis financiera e inmobiliaria del 2008. Las normas del Plan Escudo de la Administración Arias Sánchez no tuvieron la providencia debida de emitir un orden temporal para una crisis que, al igual que todas, tenía un inicio y un fin.

Se engordo irresponsablemente el tamaño del estado, con la medida keynesiana del momento, sin plantear la debida reducción a posterior, por motivos que solo se pueden atribuir a asuntos de popularidad o populismo, que hoy seguimos pagando y de forma cada vez más cara.

No solo se generaron gastos pertinentes a la creación de soluciones de empleo que debieron ser de orden temporal y que se quedaron en la estructura incrementada del estado, sino que se convirtieron en detonantes de la deuda pública. Una deuda que asciende a sumas históricas sin precedentes y que pone a Costa Rica en condiciones de difícil acceso al crédito “stand by” que se gestiona ante el Fondo Monetario Internacional. Aun obteniendo ese crédito, será insuficiente para atender las urgentes necesidades que plantea el actual parón económico nacional.

Tercera acción: Que la presidencia de la República priorice en la agenda legislativa el proyecto de ley que procura financiamiento a las empresas del sector productivo para contar con un “tanque de oxígeno” que desacelere o evite el cierre consecutivo y desgarrador de empresas y emprendimientos. Un cierre que engrosa el número de familias en condición de desempleo, con la consiguiente reducción de la demanda por bienes y servicios, no porque la necesidad se haya desaparecido, sino porque se esfuma en esta condición de creciente destrucción de generadores de riqueza, empeorando las condiciones de la economía en general.

Cuarta acción: Enviar de manera urgente, para su inmediata aprobación, un presupuesto serio, cierto y comprometido de reducción de gastos. Este proyecto debe estar exento de mentiras y falacias, de engaños y tomaduras de pelo al pueblo que está en necesidad de tener señales claras para saber, en medio de un ambiente incierto, qué de cierto hay en el gobierno de la República, en sus intenciones y en las acciones consecuentes que le acompañen.

Quinta acción: Creación del impuesto al salario escolar, exclusivamente aplicable al sector público que gana por encima del mínimo exento en el impuesto al trabajo personal dependiente, esto a las tarifas crecientes del 10 al 25%. Así inicia el camino de la equiparación de las condiciones del empleado público en esta materia con el trabajador privado.

Este impuesto tiene un efecto de señal. Su efecto recaudatorio es mínimo para el tamaño de las necesidades, pero es fundamental para iniciar el proceso de equiparación de condiciones de equidad horizontal, para empezar el camino de concertación nacional con una cancha más nivelada.

Sexta acción: Hacer de obligado acatamiento en todas las instituciones del Estado la Norma Internacional de Información Financiera. En especial a aquellas que afectan sus modelos tarifarios por ese desacato, por la falacia de los arrendamientos entre otros, en concreto y con especial aplicación al ICE. Un inicio de reducción sustancial de las tarifas eléctricas de manera inmediata, tanto a nivel residencial como industrial. Teniendo en cuenta que este es un disparador de los altos costos de producción que generan al final una erosión de la capacidad de consumo de los, ya de por sí, apaleados bolsillos de los consumidores.

Séptima acción: Instalar y permitir funcionar el comité fiscal creado en la propia Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para parar el baile de las exenciones que se ha montado alrededor de la condición pandémica. Todos quieren caldo, pero nadie quiere aportar a la sopa. Esto es el resultado de muchos años de malas prácticas y usos que crearon costumbres perniciosas, pero llegó el día de parar la fiesta.

Así como escuchamos a las autoridades de salud advertir de manera insistente en la necesidad de evitar las fiestas y aglomeraciones en estos tiempos de pandemia de salud; indudablemente, es momento de asumir la responsabilidad de que a cada exención otorgada se le tenga un ahorro equivalente en materia de gasto público, ya que estas exenciones, no son otra cosa que gastos de todos los costarricenses en beneficio específico y particular de algunos pocos.

Todos estamos en el barco que debemos llevar a buen puerto. Si el barco encalla o sucumbe, nos hundimos todos. La hecatombe económica que puede crear, de entrar en condición de impago de deuda – simplemente es el peor de los impuestos – como látigo social, solo tiene una ventaja, que no hay “lobby” de grupo de presión alguna, que dé exenciones contra ese impuesto.

En una posición de conciencia ciudadana, con el patriotismo que permitió por la mayoría de los doscientos años de independencia, crear no solo un ejemplar modelo de estado democrático, con visión social, proyección de bienestar y una equidad que nos daba el seguro de la estabilidad social. Todos debemos ceder, en lo que nos corresponde a cada quien; entendiendo que este no es un parto sin dolor, y que no hay epidural que nos lo pueda evitar.

O lo hacemos de manera patriótica e inmediata nosotros, por medio de una autoridad competente del gobierno central que lidere con una clara hoja de ruta, que conozca y haga transparente al país los objetivos que se espera de cada una de las acciones que se propongan con transparencia, sin falacias, ni artificios, sin sinvergüenzadas, con verdadero espíritu patriótico, o estamos en problemas.

Dijo el presidente del Banco Central – en una de las pocas declaraciones públicas sensatas que le he escuchado, ya que su silencio cuando le toca hablar es preocupante-, una verdad palmaria: “o logramos pactar entre todos los actores públicos y privados, o las dimensiones de la crisis económica serán devastadoras, superando incluso – la que aun recordamos con temor traumático – la crisis más grande hasta esta fecha” aludiendo a la de los años ochenta del siglo pasado.

Así como nos insisten nuestras autoridades de salud, que el combate de la Covid-19, está en nuestras manos, en los hábitos de higiene y de distanciamientos social, también está en manos de un equipo económico – carente de un pilar claro – tomar estas acciones.

Lanzamos el llamado vehemente y respetuoso a actuar, antes que alguien tenga que venir a sentarse en el asiento del conductor, que le está reservado hasta ahora a la dirección de la democracia institucional en cabeza del presidente de la Republica.

Don Carlos, le quiero decir algo como costarricense. Le están tendiendo una gran trampa haciéndole creer que se puede llegar económicamente ilesos hasta el final de su mandato. Lo engaña la incapacidad de sus colaboradores, carentes de pilar orientativo en materia de lo que hay que hacer, si usted es inteligente, no pida que le digan lo que le gusta escuchar sino la verdad.

Como todos merecemos el beneficio de la duda; si no son ellos, los carentes de pilar, a usted le recuerdo que la historia le ha puesto una oportunidad de la que solo salen los estadistas, no los políticos, por lo que le dedico a usted mi conclusión.

He de concluir recordando a Abraham Lincoln cuando en momentos críticos dijo: “se puede mentir a todos durante algún tiempo; a algunos durante todo el tiempo, pero no a todos durante todo el tiempo”.

Publicado en La República el martes 28 julio, 2020

 

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