Lo que si podemos y debemos hacer ya

Lo que si podemos y debemos hacer ya

 

  

 

Ante la situación económica que nos agobia y que apenas es el inicio del azote a las finanzas públicas, debemos basarnos en un enfoque de lo que sí se puede hacer. Maneras creativas y constructivas, no bloqueándonos con lo que es complejo y cuesta arriba, sino más bien, enfocándonos en lo que sí se puede para iniciar el camino de la remediación.

Partimos de una situación previa a la pandemia sanitaria. Veníamos enfermos en lo económico. Debemos actuar en dirección correcta, en lo simple primero, para aprovechar lo que ya tenemos como dotación de marco legal. Basarnos en un primer signo positivo, para luego lograr evitar un default de deuda en los próximos 18 meses, según lo ha indicado el exministro de Hacienda, que sale por la ventana cuando se planta ante el presidente de la República.

Presento acciones concretas que debe hacer el Gobierno Central en los próximos 30 días para mejorar la condición de partida en el camino de la gestión económica que, de forma coherente, provoque un pacto social basado en comunicación clara, ausente hasta ahora en la gestión gubernamental de la Administración Alvarado Quesada.

Primera acción: Que el Ministro de Hacienda, en el plazo no mayor a 30 días, emita un reglamento de IVA que sea legal, que elimine todas las exenciones ilegalmente otorgadas.

Si el Ministerio omite esta acción, demando de la Procuraduría General de la Republica establecer las acciones legales que le competen, para que esta situación se legalice a la brevedad en razón de la pérdida de la capacidad recaudatoria, la cual debe ser reestablecida al impuesto de valor agregado.

Si la Procuraduría General de la República determina la ilegalidad del reglamento – aspecto de forma, pues indiscutiblemente lo es porque se opone frontalmente al principio de reserva material de ley –, que se establezca la acción concreta ante la Sala Constitucional para que determine si el mismo es acorde con este principio constitucional o no.

Planteado este recurso, como de última opción y que de manera urgente la Sala dimensione las consecuencias de dicha ilegalidad en cuanto responsabilidad de los funcionarios que cedieron – a cambio de no sabemos qué – a violentar la ley con beneficios concretos a quienes no lograron colar su exención en la Asamblea Legislativa.

Segunda acción: Que la presidencia de la República, al entrar en el periodo de sesiones extraordinarias, remita un proyecto de restablecimiento pleno e irrestricto de la regla fiscal. El proyecto de ley debe establecer derogatoria plena de toda norma que se le oponga la regla fiscal creada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Se deben mantener las normas de excepción en los casos de fuerza mayor, exclusivamente aplicables a los cuerpos del Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo en lo que se refiere a la atención de transferencias a los desempleados, Ministerio de Ciencia y Tecnología en lo que respecta a la investigación de las condiciones de combate a la pandemia y el área de salud de la CCSS; exclusiones que deben ser de orden temporal únicamente hasta que las situaciones concretas de atención de la pandemia, sean superadas.

Esta última providencia de orden temporal es fundamental, ya que parte de los grandes aceleradores y disparadores de la base del gasto público, fue el imprudente manejo de la crisis financiera e inmobiliaria del 2008. Las normas del Plan Escudo de la Administración Arias Sánchez no tuvieron la providencia debida de emitir un orden temporal para una crisis que, al igual que todas, tenía un inicio y un fin.

Se engordo irresponsablemente el tamaño del estado, con la medida keynesiana del momento, sin plantear la debida reducción a posterior, por motivos que solo se pueden atribuir a asuntos de popularidad o populismo, que hoy seguimos pagando y de forma cada vez más cara.

No solo se generaron gastos pertinentes a la creación de soluciones de empleo que debieron ser de orden temporal y que se quedaron en la estructura incrementada del estado, sino que se convirtieron en detonantes de la deuda pública. Una deuda que asciende a sumas históricas sin precedentes y que pone a Costa Rica en condiciones de difícil acceso al crédito “stand by” que se gestiona ante el Fondo Monetario Internacional. Aun obteniendo ese crédito, será insuficiente para atender las urgentes necesidades que plantea el actual parón económico nacional.

Tercera acción: Que la presidencia de la República priorice en la agenda legislativa el proyecto de ley que procura financiamiento a las empresas del sector productivo para contar con un “tanque de oxígeno” que desacelere o evite el cierre consecutivo y desgarrador de empresas y emprendimientos. Un cierre que engrosa el número de familias en condición de desempleo, con la consiguiente reducción de la demanda por bienes y servicios, no porque la necesidad se haya desaparecido, sino porque se esfuma en esta condición de creciente destrucción de generadores de riqueza, empeorando las condiciones de la economía en general.

Cuarta acción: Enviar de manera urgente, para su inmediata aprobación, un presupuesto serio, cierto y comprometido de reducción de gastos. Este proyecto debe estar exento de mentiras y falacias, de engaños y tomaduras de pelo al pueblo que está en necesidad de tener señales claras para saber, en medio de un ambiente incierto, qué de cierto hay en el gobierno de la República, en sus intenciones y en las acciones consecuentes que le acompañen.

Quinta acción: Creación del impuesto al salario escolar, exclusivamente aplicable al sector público que gana por encima del mínimo exento en el impuesto al trabajo personal dependiente, esto a las tarifas crecientes del 10 al 25%. Así inicia el camino de la equiparación de las condiciones del empleado público en esta materia con el trabajador privado.

Este impuesto tiene un efecto de señal. Su efecto recaudatorio es mínimo para el tamaño de las necesidades, pero es fundamental para iniciar el proceso de equiparación de condiciones de equidad horizontal, para empezar el camino de concertación nacional con una cancha más nivelada.

Sexta acción: Hacer de obligado acatamiento en todas las instituciones del Estado la Norma Internacional de Información Financiera. En especial a aquellas que afectan sus modelos tarifarios por ese desacato, por la falacia de los arrendamientos entre otros, en concreto y con especial aplicación al ICE. Un inicio de reducción sustancial de las tarifas eléctricas de manera inmediata, tanto a nivel residencial como industrial. Teniendo en cuenta que este es un disparador de los altos costos de producción que generan al final una erosión de la capacidad de consumo de los, ya de por sí, apaleados bolsillos de los consumidores.

Séptima acción: Instalar y permitir funcionar el comité fiscal creado en la propia Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para parar el baile de las exenciones que se ha montado alrededor de la condición pandémica. Todos quieren caldo, pero nadie quiere aportar a la sopa. Esto es el resultado de muchos años de malas prácticas y usos que crearon costumbres perniciosas, pero llegó el día de parar la fiesta.

Así como escuchamos a las autoridades de salud advertir de manera insistente en la necesidad de evitar las fiestas y aglomeraciones en estos tiempos de pandemia de salud; indudablemente, es momento de asumir la responsabilidad de que a cada exención otorgada se le tenga un ahorro equivalente en materia de gasto público, ya que estas exenciones, no son otra cosa que gastos de todos los costarricenses en beneficio específico y particular de algunos pocos.

Todos estamos en el barco que debemos llevar a buen puerto. Si el barco encalla o sucumbe, nos hundimos todos. La hecatombe económica que puede crear, de entrar en condición de impago de deuda – simplemente es el peor de los impuestos – como látigo social, solo tiene una ventaja, que no hay “lobby” de grupo de presión alguna, que dé exenciones contra ese impuesto.

En una posición de conciencia ciudadana, con el patriotismo que permitió por la mayoría de los doscientos años de independencia, crear no solo un ejemplar modelo de estado democrático, con visión social, proyección de bienestar y una equidad que nos daba el seguro de la estabilidad social. Todos debemos ceder, en lo que nos corresponde a cada quien; entendiendo que este no es un parto sin dolor, y que no hay epidural que nos lo pueda evitar.

O lo hacemos de manera patriótica e inmediata nosotros, por medio de una autoridad competente del gobierno central que lidere con una clara hoja de ruta, que conozca y haga transparente al país los objetivos que se espera de cada una de las acciones que se propongan con transparencia, sin falacias, ni artificios, sin sinvergüenzadas, con verdadero espíritu patriótico, o estamos en problemas.

Dijo el presidente del Banco Central – en una de las pocas declaraciones públicas sensatas que le he escuchado, ya que su silencio cuando le toca hablar es preocupante-, una verdad palmaria: “o logramos pactar entre todos los actores públicos y privados, o las dimensiones de la crisis económica serán devastadoras, superando incluso – la que aun recordamos con temor traumático – la crisis más grande hasta esta fecha” aludiendo a la de los años ochenta del siglo pasado.

Así como nos insisten nuestras autoridades de salud, que el combate de la Covid-19, está en nuestras manos, en los hábitos de higiene y de distanciamientos social, también está en manos de un equipo económico – carente de un pilar claro – tomar estas acciones.

Lanzamos el llamado vehemente y respetuoso a actuar, antes que alguien tenga que venir a sentarse en el asiento del conductor, que le está reservado hasta ahora a la dirección de la democracia institucional en cabeza del presidente de la Republica.

Don Carlos, le quiero decir algo como costarricense. Le están tendiendo una gran trampa haciéndole creer que se puede llegar económicamente ilesos hasta el final de su mandato. Lo engaña la incapacidad de sus colaboradores, carentes de pilar orientativo en materia de lo que hay que hacer, si usted es inteligente, no pida que le digan lo que le gusta escuchar sino la verdad.

Como todos merecemos el beneficio de la duda; si no son ellos, los carentes de pilar, a usted le recuerdo que la historia le ha puesto una oportunidad de la que solo salen los estadistas, no los políticos, por lo que le dedico a usted mi conclusión.

He de concluir recordando a Abraham Lincoln cuando en momentos críticos dijo: “se puede mentir a todos durante algún tiempo; a algunos durante todo el tiempo, pero no a todos durante todo el tiempo”.

Publicado en La República el martes 28 julio, 2020

 

Con y sin sentido

Con y sin sentido

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las buenas intenciones en muchas ocasiones son el buen inicio para un sinsentido. Olvidan, por la falacia de la composición, que lo que es bueno para la parte, no necesariamente es bueno para el todo en su conjunto. Algunos han ensamblado el decir que, de buenas intenciones está adornado el camino al infierno; siendo esta la manera popular de describir lo antes dicho.

Hay una diversidad de iniciativas legislativas en discusión en este momento que, en principio de buena fe, pretenden ayudar a palear la dura situación económica que se deriva de la pandemia sanitaria, que azota de manera inmisericorde el mundo, con un movimiento que se cierne hoy sobre América, como continente, sin dejar a Costa Rica exenta de esta cobertura, con una importante pérdida en el terreno ganado, que se avizoraba cuando se contrastan las relajaciones de medidas con las del resto de los países del orbe.

Las iniciativas que revisaremos tienen dos tendencias: Una fiscal y otra de inyección de recursos a la economía. Aspecto que indudablemente tiene efectos diversos en lo que, como país, debemos buscar, así como efectos secundarios que se pueden derivar.

El expediente número 21.444 pretende una mal llamada moratoria, que en realidad en términos propios es una exención temporal del impuesto de valor agregado a las siguientes actividades:

“a) Los arrendamientos de inmuebles destinados a viviendas, así como los garajes y anexos accesorios a las viviendas y el menaje de casa.

b) Los arrendamientos de locales comerciales.

c) El suministro de energía eléctrica residencial.

d) La venta o la entrega de agua residencial.

e) Las ventas, así como las importaciones o internacionales, de los bienes agropecuarios incluidos en la canasta básica, como las transacciones de semovientes vivos, la maquinaria, el equipo, las materias primas, los servicios e insumos necesarios, en toda la cadena de producción, y hasta su puesta a disposición del consumidor final.

f) Las ventas, así como las importaciones o internaciones, de los artículos definidos en la canasta básica, incluyendo la maquinaria, el equipo, los servicios e insumos necesarios para su producción, y hasta su puesta a disposición del consumidor final.”

Si estamos en la lectura sin análisis, hasta aplaudiríamos la iniciativa, ya que la propuesta da un alivio del impuesto a las actividades dichas por un plazo de seis meses.

La siguiente iniciativa procura, bajo el expediente 21963, exenciones – algunas redundantes con el expediente anterior – que se extenderían hasta la reactivación económica en vez de por un plazo definido. El proyecto atiende aspectos redundantes en exenciones de: electricidad, agua en diversos consumos, alquileres de PYME, entre otros.

Este proyecto tiene la condición agravada cuando se compara con el anterior, que modifica la norma misma del IVA en su artículo 8 de exenciones; haciendo a esta norma una norma permanente, aunque su intención y predicado sean temporales. De nuevo, el diablo está en los detalles y se requeriría de una nueva norma legal para eliminar o acabar con esta norma “temporal.” Una diabólica condición de dejar en forma permanente y de incierta corrección en el futuro indeterminado.

Por otra parte en el expediente 21.934 se promueve una iniciativa de orden expresamente sectorial que afectaría, de aprobarse, a los servicios vinculados al turismo. Estos servicios se iniciaron a gravar en la primera escala de sujeción al 4% el pasado 1 de julio. El proyecto pretende que el transitorio que regula la entrada en vigor creciente del impuesto de valor agregado, se lea de la siguiente manera:

“TRANSITORIO IX- Los servicios turísticos prestados por quienes se encuentren debidamente inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) estarán exentos del impuesto sobre el valor agregado durante los dos primeros años de vigencia de la presente ley.

Asimismo, estarán sujetos a una tarifa reducida del cuatro por ciento (4%) durante el tercer año de vigencia de esta ley, y a una tarifa reducida del ocho por ciento (8%) durante el cuarto año de vigencia de esta ley. A partir del quinto año de vigencia de esta ley estarán sujetos a la tarifa general del impuesto sobre el valor agregado.”

Tienen en común los tres proyectos anteriores echar mano a la nueva norma del IVA, cuyo cumpleaños primero recién se cumplió el pasado 1 de julio. Desconocen los proponentes que esto erosiona las ya decrépitas cifras de la recaudación tributaria, de por sí alicaídas por el reciente “Alivio fiscal” que no será sino el dolor de parte de la Hacienda Pública que acumula un déficit oficial cercano al 10%.

Podemos esperar que ese déficit sea mucho peor por la caída de la actividad económica real, la producción de bienes y servicios que no se estimula por tocar el impuesto de valor agregado, al que, siendo el juguete nuevo de unos y otros, de alguna forma, la “ramera del momento”, todos han tratado de meter mano y lo han logrado, sin resistencia de la norma, que ha sido facilona, simplemente para hacer la ficción de la reactivación.

El IVA requiere de transacciones para ser sujetas al impuesto. Esto no se logra prostituyendo aún más la trastocada norma. La política económica no puede depender exclusivamente de la eliminación a pocos de los tributos, como se propone, aunque sea de forma parcial o temporal. Debemos entrar en conciencia, la pandemia económica que enfrentamos debe ser atendida de manera resuelta, tanto como la sanitaria.

La COVID 19 mata, la otra mata la creación de la actividad económica, destruye la dignidad misma del ser humano: su derecho al trabajo en condiciones adecuadas en lo económico y lo social, de lo que ha dependido siempre la paz social.

La crisis económica que debemos enfrentar requiere de esfuerzos muy distintos a seguir poniendo parches de apariencia, aunque su intención sea buena, su efecto es nefasto.

Otro proyecto que se encuentra en la corriente legislativa es el que corre su suerte bajo el expediente 21.967. El único que de forma limitada, pero adecuadamente direccionada supera la visión de que es el Estado el que debe hacer por medios de ayuda que demeritan y desmejoran las condiciones de la empresa, el emprendedor y el empresario.

Este expediente apunta a la dirección correcta: La inyección, repito tímida y limitada, de recursos frescos a la economía para la activación de la misma. Mediante una modalidad de emisión monetaria que debe hacer el Banco Central de Costa Rica, el cual usaría las estructuras de los bancos comerciales – pero fuera de los recursos de libre administración de éstos – para conducir la elegibilidad y cumplimiento de requisitos del crédito de corto plazo, así como su cobranza.

Los créditos que en estas condiciones se establezcan se deben colocar a la mayor celeridad. Serían créditos sin intereses, a un plazo máximo de tres años. Su valor es equivalente a tres meses de planillas, cargas sociales y gastos financieros de otras operaciones que el sujeto de este beneficio tenga a la fecha de la operación.

Para ser elegible, las condiciones son no haber reducido la planilla o de inmediato reestablecerla por niveles equivalentes al 75% de la misma previo a la reducción de ésta; así como ser o inscribirse como contribuyente en el sistema tributario general, no el régimen simplificado y estar al día o tener arreglos de pago con la seguridad social, o bien, regularizar esta situación también.

Las virtudes de este proyecto son diversas. Por una parte promueve la formalización de los informales, la eliminación del disfraz de formalidad conocida como régimen simplificado, el fomento del empleo y las consecuencias virtuosas que este genera. No excluye por tamaño de empresa, solo a través de condiciones objetivas, lo que permite una accesibilidad universal.

Fomenta la preservación o reconstrucción del empleo formal, así como la estimulación de las capacidades de consumo de esos empleos nuevos o reestablecidos. Ataca uno de los efectos más nefastos de la pandemia económica, que es una tasa de desempleo que puede estar acercándose de manera acelerada al 20% de los nacionales, si creemos en los datos de solicitud de bonos proteger que llega al millón de solicitudes. Más del 20% de la población económicamente activa indudablemente.

A la banca comercial se le pone una retribución por sus servicios de gestión y colocación. Un aliciente para acelerar la colocación, que se compone de una comisión estructurada de la siguiente manera:

a) Primer mes: 2% sobre el monto de los préstamos colocados

b) Segundo mes: 1,5% sobre el monto de los préstamos colocados

c) Tercer mes: 1% sobre el monto de los prestamos colocados

Esto pone exigencia de acción a la banca comercial del Estado. Parte de las condiciones de otorgamiento de crédito, según el proyecto, es que los indicadores financieros de la banca no serán afectados. La administración de los fondos será a través de sus unidades fiduciarias y una vez que lleguen los pagos de parte de los potenciales deudores, el dinero se “des-emite”; es decir, se saca de circulación y se devuelve al Banco Central para evitar efectos sistémicos en la economía.

El monto máximo de la emisión para este propósito es equivalente al 5% del PIB de 2019, lo que garantiza a la vez que la interrelación con otras variables no deseadas de posibles efectos cambiarios e inflacionarios, cuente con un tope de garantía, para que unos y otros, lo aprueben de manera expedita.

¿Qué nos gustaría ver sobre este proyecto?

Primero, que se le dé vía rápida. Esto quema las manos todos los días que pasan sin estímulo. Así mismo, que sea más ambicioso, cuando vemos la capacidad de otros países de nuestro nuevo club de ricos – la OCDE – haciendo inyecciones de estímulos de billones de unidades de moneda fuerte, es indudable que, aunque sus modalidades sean de entregas sin repago, no tenemos dichas capacidades, ni es culturalmente apropiado fomentarlas.

A la vez, una de las características que nos parece fundamental ambicionar es la de la condición revolutiva del programa, con topes de 5% por semestre y no por programa total, por un tiempo limitado a la duración de la pandemia económica y financiera que nos agobia. Esto debe definirse en términos objetivos en el año en que crezcamos en términos reales de manera sostenida, al menos por dos ciclos anuales en términos reales, por encima de la tasa de posible inflación.

Por el momento en que se encuentra este proyecto – aún en comisión – es un buen tiempo para que se le incorporen medidas de esta naturaleza.

Hay que actuar rápido, es un proyecto que, de aprobarse en tres meses, es absolutamente extemporáneo. Hay que tomar decisiones a riesgo de equivocarse, tampoco debemos tener miedo a los errores, pues ya los hemos cometido en el pasado y no dejaremos de hacer – aunque nos lo propusiéramos – en el futuro. Debemos apostar por el país y sus creadores de riqueza y empleo, que ambos fomentan el cimiento de la capacidad de seguir adelante en la tarea de reconstrucción de la economía.

A la vez, que se mantengan las condiciones de garantía en meras garantías fiduciarias, sea el aval de la empresa y sus socios, lo que crea escrúpulos que distinguirá entre los que necesitan y los improvisados y oportunistas; enfocando los fondos en quienes estén efectivamente comprometidos en reconstruir país.

Son las iniciativas que tiendan a esta dirección de orden múltiple, empleo, producción, formalidad, las que vemos como sustentables. La política fiscal de alivio solo aplica cuando hay actividad económica, es poco o nada lo que aporta diferir la entrada en vigor del IVA un sector como el turismo, que experimenta por primera vez una temporada cero.

Publicado en La República el martes 14 julio, 2020

 

Lo tendremos que pagar… ¿Cómo lo haremos?

 

Hemos visto un movimiento singular en lograr tener un marco legal, que al menos en el corto plazo sea apto – en la medida de las posibilidades país – para atender la peor parte de la pandemia, que es la larga cola del fenómeno de salud, en el ámbito de lo económico.

En el sector privado hemos visto con beneplácito la demostración que se ha hecho evidente: con voluntad política todo acuerdo – inclusive en materias altamente sensibles – se logra con aplastantes mayorías en el Congreso. Tanto si son con impulso propio o de iniciativas del Poder Ejecutivo, así como de instancias sometidas de manera indirecta por grupos desinteresados de la sociedad civil por medio de los respetables diputados de la mayoría de las fracciones legislativas.

Estamos seguros de la capacidad de resiliencia de la humanidad ante situaciones catastróficas como las que vive el mundo entero hoy, de inusitados antecedentes. Lo indeterminado aún es, precisamente ¿cómo lograr que haya un reparto adecuado de las cargas y costes asociados al levantamiento del peso muerto que genera la gestión de esta crisis?

Hasta hoy, hemos visto programas solidarios tendentes a atender el creciente nivel de desempleo, que nos toma en la boca de apertura del 2020 en uno de los niveles más vergonzosos que hemos tenido en la historia de los últimos 40 años. Un balance de apertura del 12.4% de desempleo abierto según datos oficiales, sin contabilizar los altos niveles de subempleo, informalidad y desempleo estructural; tan común y contradictorio en Costa Rica antes del inicio de la pandemia. Este es nuestro punto de partida para enfrentar tanto la crisis de salud como la económica derivada.

Estamos ahora de cara a cifras espeluznantes de niveles de más del 30%; que superan las tasas históricas alcanzadas en lo profundo del cráter de la crisis estructural de 1982. Esto según escenarios que pueden llegar a ser hasta del 50% bajo proyecciones del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esto por si mismo se califica y descalifica a la vez.

¿En que medida hay respuesta del Gobierno Central a aportar a la solución de manera sostenible en el tiempo?

A pesar de los elogios que se han ganado, también debemos decir que es poco el tiempo que hay, como para tomarse más tiempo para actuar sobre un largo pendiente estructural. Extrañamos y resentimos que, cuando hubo oportunidad de hacer una reforma ordenada y paulatina, ahora haya urgencia y deba ser más bien drástica y unísona.

Como todo en la vida lo que no se paga temprano, se termina pagando, aunque sea tarde y quizá de las formas en que menos esperábamos que ocurriera.

El sector privado ha aplaudido, hasta hoy, lo que de manera constructiva se ha hecho para aliviar la crisis económica. Pero debemos decir que, si queremos evitar la destrucción masiva y sostenible del aparato productivo y el aumento irreversible del desempleo, es fundamental cambiar el paradigma de las finanzas y la velocidad en que se lance el financiamiento masivo del sector privado.

El efecto multiplicador de cada día sin flujo de caja deteriora de forma irreparable la capacidad productiva y alarga el plazo de la recuperación de lo que quiera que vaya a ser recuperable; en particular, en los sectores más afectados por esta crisis económica: Los sectores de servicios y las Pyme, ni que decir de los prestadores de servicios autónomos, que suman más de medio millón de personas, según datos del INEC.

El financiar al sector privado con dispensa de trámites, poniendo el dinero donde y cuando se necesita, es la única manera de evitar llegar a las cifras de desempleo indicadas y que una vez ahí ubicadas, solo atizan la hoguera de la recesión preexistente al Covid-19.

Para esto, hay que partir del principio de escasez de los recursos, lo que se va a dar a unos no se puede dar a otros que, aunque suene a obviedad se ha perdido de vista.

Hemos censado en el sistema financiero con la resultante de que, los trámites en lugar de expeditos se advierten desde la puerta – cuando la abren, virtual o física –como más lentos de lo usual.

Cuando se solicitan los nuevos requisitos, para la obtención del crédito empresarial de estas condiciones, no solo son los mismos anteriores, sino que los criterios de evaluación financiera permanecen inmutables a la nueva realidad. Tanto como la exigencia de garantías inclusive con refuerzo ante el aumento del riesgo.

Se requiere que, desde las autoridades rectoras del sector financiero, se pase de la instancia a la exigencia de revaloración de plazos de trámite, reducción y adecuación de la parametrización financiera a la condición real y actual, que se elimine el celo de garantías que al final se deberán devorar los bancos, si los negocios no sobreviven.

Solo revisen la historia de la crisis inmobiliaria de 2008 en España y experimenten en cabeza ajena, ya que en la propia será irreversible desde la óptica económica y social.

El otro asunto que ya está en sala de emergencias y de impostergable corrección es entrarle frontalmente a la eliminación de las redundancias del Estado. O hacemos eso para aumentar capacidad de generar riqueza, o nos garantizamos que ese escaso recurso financiero vaya a alimentar al mórbido tamaño del Estado, en detrimento de las finanzas de los que generamos la riqueza del país que, por cierto, somos la fuente de recursos sanos para financiar el nuevo tamaño del Estado, a través de los impuestos de las actividades que pervivan.

Es indudable que la opción para esta inherente escasez de recursos es o un colón de riqueza incremental, o un colón de pobreza incremental, no hay vuelta de página ni tiempo.

La celeridad con que se tramitaron los urgentes proyectos de flexibilidad de jornadas, alivio fiscal y otras medidas, que van en la dirección correcta, pero en dosis insuficientes para salvar el aparato productivo, debe ser urgentemente acompañada de una reducción del gasto público, que evite la desleal competencia entre la demanda de fondos del Ministerio de Hacienda en la colocación de papel deuda – en apariencias más seguro que colocar en créditos – y la capacidad de aumentar inclusive recaudación incremental, sea recursos sanos, si se dirigen la misma cantidad de recursos al sector productivo.

Debe tenerse claro que estamos en tiempos extraordinarios, donde seguir resolviendo los asuntos de manera ordinaria no es aplicable.

El Estado empleador, redundante, improductivo y gastón debe abandonarse ya. Ciertamente aumentará el nivel de desempleo, pero liberará capacidad de producción que genere empleo para que haya consumidores y se reactive la economía que estamos esperando hace ya nueve meses, que nos digan cómo la iban a reactivar y seguimos a la espera. El momento es ahora.

Debemos tomar conciencia, que la razón de déficit fiscal incrementado nos pone en condiciones altamente limitadas de tomar créditos accesibles de los organismos financieros internacionales. Lo que nos lleva a fuentes de financiamiento encarecidos a tasas que no serían nada favorables para el país, escenario tristemente semejante al que hundió a Costa Rica en el abismo de la miseria en al inicio de la década de 1980.

El retroceso es insalvable, e insostenible, las condiciones no dan para pensar mucho respecto del camino a tomar, hay pocos chances de equivocarse siendo valientes en las dos líneas generales indicadas, con alto riesgo en la lentitud o en la excesiva pensadera.

A la vez, si se desea contar con el apoyo del sector productivo del país para medidas de orden recaudatorio y compromisos con el sostenimiento de los empleos, hay que poner en acción esta postergada medida.

Recordemos que la aprobación con beneplácito privado de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fue bajo el entendimiento de aplicación de una regla fiscal, que ha sido repudiada por las ilustradas instituciones del Poder Judicial, las Universidades y un plural de actores que se han dado el lujo de comportarse como ciudadanos de otra República. La de los de la Costa Rica pujante, mientras los demás somos los de la Costa Rica que puja, para tratar de sacar el barco de la tormenta, si estamos ya enfrentando los costes de la Ley indicada, ese pacto se ha roto, debe ser inmediatamente reestablecido.

Esta tormenta que hoy enfrentamos nos toma con proa floja. No tenemos la fortaleza de finanzas públicas para ser presentables ante acreedores institucionales; a no ser por una mínima cuantía resultante de la necesidad de cambios estructurales, como los que en su momento generó aquella legendaria crisis de ajustes estructurales severos. Los de mayor edad podemos testimoniar que fueron muy dolorosos e inevitables entonces, como podrían llegar a serlo pronto si no actuamos ya.

Debemos nivelar la cancha o nos hundimos todos, sin distinción. ¿Es esto por lo que queremos optar? Ya las Cámaras empresariales han hecho vehemente llamado al Poder Ejecutivo para que actúe en las líneas de: financiar ya, a los sectores productivos y reducir ya el gasto público. El menú esta en la mesa, hay que actuar, nótese que no hablamos de opciones de acción sino de conjunción de estas.

Además, todas las transferencias que para palear temporalmente la crisis se han generado, no solo han hecho decrecer, aunque sostener en algo, la capacidad de consumo de los nuevos desempleados. Esto no es sustentable y además debe pagarse, la pregunta después de racionalizar la lógica obligación de pago es ¿Cómo lo haremos?

La labor y las circunstancias que enfrentamos es para estadistas, no para nadie de mente corta. Es con las acciones que mediremos el efectivo calibre de nuestros gobernantes. No hay espacio para mucho pensar, será indispensable que se declare una ampliación del Estado de emergencia para atender, Dios mediante, no la pandemia sanitaria, sino sus graves secuelas que son una pandemia económica de urgente acción.

El sistema económico puede componerse por dos vías: por las políticas con que se le dirija y estimule, o por medios autocompositivos. Los primeros pueden ser dolorosos, pero el dolor es susceptible de ser administrado y dosificado. Dejar que sean las fuerzas de la autocomposición del mercado las que tomen las riendas del futuro económico, aparte de una imperdonable traición a la Patria, es una acción genocida de lesa humanidad.

Así como la virtud del gobierno en materia de salud fue dejar que especialistas en esta materia tomaran control de la pandemia, con un papel de dirección de orquesta – entre más imperceptible mejor –, asimismo debe el Gobierno dejar que los especialistas en materia de política económica hagan lo propio, generando un clima propicio de gestión como facilitador en la Asamblea Legislativa.

Quedamos a la espera, el tiempo se agota.

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Publicado en el periódico La República el 21 de abril del 2020

Gestión de las empresas en crisis

Los orígenes de las crisis son muy variados, pueden responder a eventos internos de la empresa o el mercado, como es la salida masiva del personal, entrada de competidores fuertes, entre otros, o bien puede ser a razón de situaciones externas de la empresa como sucede con las crisis económicas. 

Por ello, las empresas deben de encontrarse listas para ambas situaciones. Para el caso de las primeras, un fuerte gobierno corporativo, una estrategia y planes preventivos de crisis son altamente eficaces, pero son factores que las empresas no pueden controlar. 

En Costa Rica, nos encontramos a las puertas de una crisis económica, los mercados vienen desacelerando, según la ultima encuesta de la confianza del consumidor del 29 de agosto, señala que la confianza en de los consumidores se redujo en 10 puntos en los últimos tres meses. Esto deja una puntuación de 34.9/100, y con una perspectiva de una reducción a futuro de otra caída en los próximos tres meses de 14 puntos. 

Las razones de esta desconfianza pueden ser muchas: 

La difícil situación fiscal del país y la especulación de si habrá o no reforma fiscal.
El aumento de la tasa monetaria, lo cual tiene impacto en las tasas de interés de los préstamos.
La fluctuación del dólar, entre otros. 

Lo cierto es que la aprobación o no de la reforma fiscal nos viste dos panoramas en el horizonte: 

  1. Con reforma fiscal, que se espera que fuera una crisis económica controlada, con una reducción en los gastos del Estado, un tipo de cambio controlado, pero al alza y un mercado retraído por expectativas negativas en cuanto a crecimiento país.  
  2. Sin reforma fiscal, que sería una crisis económica disparada, con intervención por parte de organismos internacionales ante la caída en impago por parte del gobierno y una situación muy similar a la vivida en los años 80´s en Costa Rica o bien lo que está viviendo Argentina.

Ante estas dos situaciones lo cierto es que las empresas responsables deben aprender a gestionar en crisis económica, lo cual es muy diferente a gestionar en épocas de bonanza o en tiempos de vientos normales. 

Entonces, ¿Qué hacer frente a la crisis? 

Primero, para entrar en perspectiva, la crisis es una situación similar a la de un gran terremoto, en ese caso se pueden tomar tres posturas, la primera es congelarse y no actuar, lo cual conlleva a morir enterrado con el edificio. La segunda que es correr sin rumbo, lo que probablemente lleve a la misma conclusión de la primera pero esta vez sería morir en camino a ningún lugar y la tercera que es tener preparada una ruta de escape y un plan seguro de camino para saber que en el momento de la crisis cuando la misma este presionando conocer exactamente cuales pasos dar, como darlos y como anticiparse para poder llegar a puerto seguro. 

Así pues, claramente la recomendación siempre será tomar la tercera, y ¿qué significa tener un plan estructurado en caso de crisis?

Básicamente va sobre cinco pasos cruciales en los momentos de crisis: 

  1. Analizar el entorno, comprender la crisis y conocer cómo, cuándo, por cuánto tiempo y dónde se darán las afectaciones de la crisis a la empresa. Esto nos permitirá monitorear el avance de la crisis. Entre mejor le lleve el pulso a la situación, mejor será mi reacción.
  2. Identificación sobre nuestra propuesta de valor como empresa. En estos casos es cuando mejor debemos de poder responder algunas preguntas claves: ¿Qué necesidad es la que suplimos? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Cuál es nuestro producto? ¿Por qué me compran mis clientes? O en sentido contrario a efectos de diseñar la estrategia: ¿Es la necesidad que suplimos prescindible o postergable? ¿Cómo serán afectados nuestros clientes? ¿Qué tan posible es que mis clientes reduzcan o eliminen sus compras a mi empresa? 

    Sin duda, el conocer estas preguntas es algo que no solo en tiempos de crisis es necesario, sin embargo, en este momento es realmente crucial.Esto pues, el conocer cuál es la necesidad que estamos cubriendo nos indicará que tan urgente es la misma. Saber quienes son nuestros clientes, nos inducirá a conocer cuál será el comportamiento de éstos ante la crisis. Saber el tipo de producto que ofrecemos nos indicará cuáles son los productos suplementarios o complementarios que pueden indicarnos cómo nos afectará la crisis y, por último, saber por qué nos eligen será crucial para entender por qué podrían dejar de elegirnos.

  3. El tercer paso, es un replanteamiento de la estrategia. Con todos los insumos que nos da el paso anterior, es más sencillo replantear la estrategia ante la crisis. Es importante recordar dos cosas, las crisis económicas son temporales, por ello las decisiones estratégicas que tomemos para sobrellevar la crisis deben de pensarse en el ahora y en el post crisis. Un caso dramático, que ha sido un error frecuente en muchas empresas, es que en época de crisis pasan de ser competidores de margen a ser de volumen. Así luego de la crisis el subir los precios es prácticamente imposible y la marca queda desprestigiada como una marca de valor. Por ello, esta estrategia debe de ser realizada con un análisis frio de las circunstancias actuales y futuras.
  4. Ejecución. El cuarto paso, es que luego de tener la estrategia bien planteada, se necesita llevar a la práctica. Es crucial entender que lo que la empresa produce y el cómo lo produce debe esta alineado con lo que comunica y cómo lo comunica, con el fin de que ambos procesos sean congruentes con lo que se entrega y se recibe.Esto nos lleva a plantear que toda la empresa funcione de forma alineada desde la parte más estratégica como es la visión y la misión, hasta fases más operativas como es el marketing, la operación y las finanzas y todo a su vez respondiendo siempre al entorno.Esta puede ser la fase más difícil y en donde se debe de realizar con mayor cuidado pues es la fase práctica en donde se requiere un gran nivel de compromiso desde las altas gerencias hasta los colaboradores mas operativos.
  5. Y, por último, el paso que muchas veces se olvida es el de seguimiento. Posterior a la realización del análisis, el replanteamiento de la estrategia, llevar a cabo la estrategia y que se pone en marcha el plan para evitar la crisis, es crucial darle seguimiento a todo lo decidido y tener en cuenta que todo lo que se haya planteado y decidido debe ser flexible.Por ello es necesario darle un seguimiento y comprender que la rigidez es lo que matará a las empresas. Miyamoto Musashi en su libro de los cinco anillos lo indica en el manuscrito del agua con mucha claridad:“La posición fija es el camino de la muerte, la fluidez es el camino de la vida. Esto es algo que debe ser entendido.”

    Por ello, entre más flexible se muestre la compañía ante las circunstancias que puedan surgir con la crisis, mejor será su éxito.

Estos cinco pasos parecen sencillos, sin embargo, aplicarlos es lo que puede llevarnos al éxito y ayudarnos en la gestión en tiempos de crisis. Con esto en mente, GCI International Consulting desea acompañar a las compañías en la realización de estos pasos. Sin duda, prepararnos para lo peor nos hará siempre exitosos ante lo mejor, por lo que tener un plan y conocer cómo gestionar a una empresa en crisis es crucial en los tiempos actuales. 

Articulo escrito por:
Eduardo Rodríguez Bolaños
Socio de Consultoría
erodriguez@grupocamacho.com

 


Referencias:

  1. El libro de los cinco anillos / Miyamoto Musashi; traducción Antonio Carrillo. — Madrid: Dojo Ediciones, 2010.

 

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