Ruge el cierre

Ruge el cierre

 

A pesar de estar todos concentrados en operación de supervivencia, entre bailadas que nos dan y martillazos que siguen mancillando la producción, no perdamos de vista que estamos a las puertas del primer cierre fiscal de renta con reglas nuevas.

Si bien hemos asumido algunas de las novedades respecto de la nueva normativa vigente para el cierre fiscal 2020, resulta que las reglas siguen siendo como “arena movediza”, gracias a las ocurrencias e improvisaciones de la Administracion Tributaria.

Ilustro: El pasado 19 de agosto se publica resolución general, bajo el número DGT 22-2020, que dicta de oficio la creación de período fiscal obligatorio que va del 1 de octubre 2019 al 30 de setiembre de 2020. Quiere decir que todas las actividades cafetaleras y análogas, así como las cañeras, deberán preparar su cierre fiscal en menos de 40 días después de la publicación de la citada disposición.

Contrasta la anterior resolución con la nueva regla general de cierre fiscal con corte al próximo 31 de diciembre – si no se les ocurre otra improvisación – que es una de las novedades diversas introducidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Si bien la Administración está facultada para el acto indicado arriba, la pregunta subyacente es ¿tiene la Administración un mapa de ruta o, por el contrario, dicta normas conforme las querencias y ocurrencias del funcionario de turno?

Parece que es más lo último que lo primero.

Esto conlleva una señal de incertidumbre jurídica. Un ingrediente prescindible en momentos de tanta incertidumbre, proveniente de tan diversa gama de factores intrínsecamente incontrolables. Es deseable que aquellos que puedan ser dotados de oportunidad y menos improvisación, se procuren para el golpeado y agobiado sector privado, que es quien se ha echado a sus espaldas la crisis sanitaria, la consecuente recesión económica y a la postre, de la falta de claridad de las autoridades de gobierno.

Por otra parte, muchos sectores de la economía han concentrado – como corresponde – sus esfuerzos a la contención de la crisis, sin darse cuenta que queda muy poco tiempo para revisar las condiciones de una posible liquidación del impuesto sobre la renta con reglas nuevas, intrincadas y tan complejas; que pueden llevar a una empresa en pérdidas financieras a toparse con bases imponibles positivas, como consecuencia de las limitaciones introducidas en la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas a la ley de impuesto sobre la renta.

Es decir, aquellos que se están ateniendo a que, como sus resultados financieros son negativos, hay poco o nada que hablar en renta, hoy más que nunca están equivocados. Es oportuno, a pesar de lo disonante que pueda parecer, tomar conciencia de la necesidad imperiosa, de ver hoy cuál es su condición fiscal en renta.

Por primer año en la historia económica del país los paradigmas han sido derribados, en cuanto posibles decisiones y acciones correctivas del final de año, cosa que debe considerar el contribuyente en este período fiscal.

Dos son los aspectos concretos que deben tomarse en cuenta: la condición del caudal informativo que tiene la Administración Tributaria a su haber, con medios tales como la factura electrónica, no solo de venta sino de compra de bienes y servicios. Asimismo, las diversas limitaciones existentes en relación con los derechos de deducción de una multiplicidad de operaciones que saltan a la arena como elementos novedosos en este siberiano período fiscal de 15 meses para todos, menos para quien a la Administración se le ocurra, que no será así.

Con las declaraciones mensuales del IVA los contribuyentes han mandado fotografías mensuales de la semblanza de las ventas y las compras, como ya lo hacían los contribuyentes del antiguo impuesto sobre las ventas; pero, además, han dado una cantidad abundante de información adicional que se consigna en la declaración de IVA respecto de gastos.

Esto limita las tradicionales soluciones caseras del último momento para ver cuánto era la obligación tributaria que se “quería” pagar, en contraste con la que se “debía” pagar.

Con los medios de cruce de información existentes hoy, un enfoque tradicional de dejar “para ver como sale al final”, puede llegar a ser una fuente de abundantes y desagradables sorpresas.

Respecto de esas limitaciones a la deducibilidad, debe tener en cuenta el contribuyente que las mismas no son ni tradicionales ni conocidas de manera general. Es importante determinar hoy más que nunca el valor de la base imponible en concordancia con estas reglas, conciliando el resultado financiero con la aplicación de limitación a la deducción de gastos que, aunque reales, necesarios y pertinentes a la generación de renta, simplemente, enfrentaremos por primera vez una limitación a su deducibilidad.

Tomemos como ejemplo la carga financiera. Valga decir, que por cierto es una de las características de muchas empresas que tienen un alto nivel de endeudamiento y que pudo ser agravado debido a la pandemia. Si dicho financiamiento es con partes relacionadas o sujetos privados de financiamiento, sean empresas o personas, simplemente tiene una limitación en el artículo 9 bis de la ley de nueva creación.

Reza el mencionado artículo: “Se establece una deducibilidad máxima por gastos por intereses netos de un veinte por ciento (20%) de la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Uaiida) por cada periodo impositivo.” Este 20% como deducción máxima empieza en un limite del 30% del resultado de utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, reduciéndose a razón de dos puntos para alcanzar el 20% indicado por la norma, en cinco años.

Asimismo, no es fiscalmente deducible, el gasto que se cause por donaciones cuando las mismas -aunque estas sean hechas a entidades registradas en la administración Tributaria – bajo el siguiente supuesto: “La deducción no podrá exceder del diez por ciento (10%) de la renta neta calculada del contribuyente donante, sin tomar en cuenta la donación”.

Esto pone al contribuyente en un interesante ejercicio de calculo que debe llevar a cabo con antelación para determinar el monto efectivamente deducible de sus donaciones, con independencia del monto donado a los sujetos autorizados, según la redacción antes citada, del párrafo final del articulo 8 q) de la Ley de impuesto sobre la renta.

Debe tener en cuenta el contribuyente, para finalizar con las ilustraciones no para completarlas, que se aplican normas relativas a precios de transferencia. Los precios de transferencia pasan de ser norma de orden reglamentario, como lo fueron desde 2013, mediante el decreto 37.898-H, a la norma que recoge la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 81 bis, denominado, principio de libre competencia. Este artículo hace de obligado acatamiento la valoración de las operaciones tanto locales como internacionales que lleve a cabo el contribuyente con sus partes relacionadas o vinculadas, según corresponda, debiendo contar con la documentación apropiada – estudio de precios de transferencia – para practicar el ajuste, siempre que sea incrementando la base imponible, cuando los precios pactados entre sus partes vinculadas y las que hubiera pactado en condiciones de mutua independencia, resulten diferentes en contra del interés fiscal.

Obliga el reglamento a la declaración de precios de transferencia, que, por la norma reglamentaria nueva de la ley, hace declarantes de precios de transferencia a los grandes contribuyentes, grandes empresas territoriales, empresas bajo el régimen de zona franca, así como los contribuyentes de cualquier tamaño cuyas transacciones acumuladas con vinculados, excedan los mil salarios base al año.

Todo esto y mucho más debe incorporar hoy el contribuyente en la planeación de su macro cierre fiscal 2020 sin excepción alguna. Más aun ante los rugidos de fiera hambrienta de Hacienda, por las obvias razones que el estado de necesidad ha creado consecuente con la atención de la pandemia de un lado, así como con los acompañantes de siempre, el despilfarro, el estado comelón, la falta de ética en el manejo del gasto público entre muchos otros disparadores del endémico déficit fiscal de nuestro país.

Nuestra recomendación más insistente y pertinente es que tome acción, ya que de una crisis puede pasar a otra evitable en el supuesto de tener que pagar de manera sobrevenida – en caso de la caña y café – el próximo 15 de diciembre el impuesto sobre la renta 2020 o a más tardar, para el resto de los actores económicos, el próximo 15 de marzo de 2021.

La triste realidad de la pérdida financiera no da pie a estar tranquilos. Las bases imponibles y los resultados financieros distan cada vez más, por lo que no debe dejar para después lo que debe evaluar en su actual estado ya.

Publicado en La República El Martes 25 de agosto de 2020

La isla de la fantasía

La isla de la fantasía

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No puedo dejar de manifestar mi perplejidad ante el manifiesto escándalo del inocente descanso de fin de semana del presidente y su familia, así como de su compañero ministro quien, aparte de accionista de la sociedad que le dio hospedaje a la peregrina familia, es supuesto titular de la sociedad panameña del helicóptero que les transportó hasta el paradisíaco retiro.

No caeré, o evitaré hacerlo, en discutir los hechos sobre los que se conduce la investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público; por el respeto que merece esta fase procesal, a pesar de las descalificaciones hechas por el señor presidente; el presunto imputado de la posible causa de enriquecimiento ilícito, quien consideró abusiva la actuación de la “vindicta pública”, sea el Ministerio público.

Me referiré eso sí, como es inevitable para un fiscalista, a los diversos matices tributarios de lo que parece ser el viaje a la isla de la fantasía, con un “Tattoo” y el personaje de Ricardo Montalván que encarnaba al Señor Roarke, quien, por vivir en un paraíso fiscal, no tenía los problemas de los actuales involucrados en tan silenciosa escapadita escandalosa de un ciudadano común que solo quiere cumplir su sueño, hoy pesadilla.

Cuando Costa Rica decidió dar un giro a las mejores prácticas tributarias por necesidad, por un lado, dadas las condiciones de sus endémicos déficits fiscales, y por otro, debido al compromiso de cara a la incorporación como miembro número 38 de la OCDE – aunque hoy desteñido ahora por ministros de estado de baja calaña -, simplemente nos pusieron en el camino de obligar a todos los contribuyentes a una serie de obligaciones de tres dimensiones: formales, materiales y de vigilancia.

Sobre los deberes formales, desde el dictado de las normas uniformadas en factura electrónica, Costa Rica se pone a la vanguardia de muchos países. Inclusive de otros miembros OCDE, que, después de muchos años de desarrollo fiscal, simplemente no cuentan con un sistema integral e integrado de comprobantes electrónicos que no se limita a la factura, sino que incluye de forma integral las notas de débito y crédito; como los únicos medios lícitos, de gestionar cambios a la facturación en términos accesorios a ésta, cuando a errores o correcciones de la misma corresponde. Así como a un procedimiento tasado en la normativa actual 4.3 de factura electrónica, vigente desde 1 de julio de 2019, fecha que coincide con la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Sin embargo, se ha hecho evidente que este avance tiene excepciones en la “isla de la fantasía.” Quizá por alguna de las diversas causas de desnivelación de la cancha, la lejanía de la capital, la cercanía al capitán, ¡quién sabe! Pero lo cierto es que ahí parece que no se aplican las reglas de factura electrónica que sí aplican a todos nosotros los ciudadanos responsables y solidarios. Quienes contribuimos en el aspecto formal con esta normativa, que implica a la vez controlar el buen recaudo o cobro del impuesto de valor agregado, mismo que se crea en la Ley de Fortalecimientos de las Finanzas Públicas.

Recordamos algunas no pocas intervenciones del paseante presidente, en las que nos hacía conciencia a todos de la fundamental importancia que tiene la solidaridad fiscal en la solución de los diversos problemas de esta índole que enfrenta nuestro país. En el episodio previo a la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en la que nos convenció a propios y extraños que era fundamental que toda capacidad contributiva manifiesta en la capacidad de uso, goce o disfrute de servicios, quede al alcance de la sujeción al impuesto del valor agregado.

Y todos nos la creímos, debo admitir. Yo lo sigo creyendo así. Por eso me parece inaudito el escándalo fiscal que se ha armado por un uso, goce y disfrute que no es en sí el problema, sino la diversidad de irregularidades fiscales que de este acto menor se derivaron. Por tanto, pueden devenir en indicios de conductas aún peores que puedan resultar de investigaciones en curso.

También hemos escuchado los melodiosos discursos del Señor Presidente, sobre la necesaria solidaridad con la que se deben entender los esfuerzos que, en esta pandemia, todos debemos hacer para lograr que la ecuación del equilibrio y desequilibrio fiscal sea alimentado por quienes tenemos la bendición y privilegio de seguir teniendo acceso a la riqueza mediante nuestra condición de empresariado, empleo o de acto emprendedor.

Qué pena que en la “isla de la fantasía”, aun no se facture el IVA y que supuestos expertos en la materia, perfectamente desconocidos por todos, salieran pretendiendo decir que probablemente aquella “no sujeción”, por la que no se facturaba el impuesto era debido a las normas transitorias que aplican al sector turismo.

¡Mentirosos! Sepan todos que los únicos servicios turísticos a los que se les extendió el plazo para la exención prevista para actividades turísticas son los servicios para actividades adyacentes al servicio hotelero y de restaurantes, que ya, desde la antigua ley del impuesto sobre las ventas estaban sujetos a tarifa plena en el territorio nacional, incluida – he de imaginar – la “isla de la fantasía”.

Hemos de notar también en este fantasioso recorrido, que los derechos de los contribuyentes una vez más se han tirado por el suelo. ¡Qué de nuevo nos enfrentamos a la condición de flagrante ruptura de la confidencialidad de la información tributaria!

Confidencialidad consagrada en el artículo 117 que dice literalmente: “Artículo 117. Carácter confidencial de las informaciones. Las informaciones que la Administración Tributaria obtenga de los contribuyentes, responsables y terceros, por cualquier medio, tienen carácter confidencial; y sus funcionarios y empleados no pueden divulgar en forma alguna la cuantía u origen de las rentas, ni ningún otro dato que figure en las declaraciones, ni deben permitir que estas o sus copias, libros o documentos, que contengan extractos o referencia de ellas sean vistos por otras personas que las encargadas en la Administración de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales reguladoras de los tributos a su cargo.”

El deber de silencio de los funcionarios públicos respecto de los aspectos tributarios de un contribuyente en particular es pleno. No se puede divulgar. Sin embargo, en flagrante contradicción de este deber, la Administración Tributaria se ha prestado a la circense condición de la situación, ya de por sí vergonzosa por cuenta ajena. Esto es un llamado a la reflexión sobre la calidad de funcionarios… ¿en manos de quiénes descansan los deberes y obligaciones y los correlativos derechos constitucionales y legales de los contribuyentes?

En estas actuaciones debemos distinguir dos aspectos medulares para no caer en las cortinas de humo que siempre empañan el entendimiento. El funcionario público – el director de tributación en concreto – tiene el deber de aclarar el cumplimiento o no, de los comprobantes claramente “hechizos”, sin IVA. Esos que, por más que los remienden en abuso de formalidades notariales que no le dan carácter alguno de legalidad, sino que solo hacen más mella a la empobrecida imagen de quien – puede que a hoy, si tiene pudor y si hay coherencia – fuera, o aún sea el ministro de enlace con sector privado.

Recordemos que por menos que eso, se fueron el director de la administración tributaria, el viceministro de hacienda, y el ministro de hacienda. A esa lista se debería, indudablemente, agregar al señor Garnier.

Caso distinto es el actuar del Director de Tributación. Quien tiene la responsabilidad, y por probidad debería hacer lo propio, de guardar confidencialidad sobre la información el contribuyente de la “isla de la fantasía” según el artículo 117 transcrito arriba y aun así, ventiló detalles y por voluntad propia. Un actuar que debería acarrear consecuencias severas por su incumplimiento.

Tenga por seguro, don Carlos, que, en buen derecho, aparte de su renuncia le caben clara responsabilidad por las transgresiones al derecho del contribuyente al divulgar que la paradisiaca isla no emitió comprobantes electrónicos sino hasta tres días después. En su grave accionar además incluyó datos tan concretos como la hora de emisión y el supuesto inicio de actuaciones fiscalizadoras divulgado en medios.

Esto es distinto que aclarar la condición que deben cumplir los comprobantes. Lo primero es meritorio de un proceso de sanción inmediata y su carta de renuncia – es conmutativo, puede ir en cualquier orden -; lo segundo es cumplir con el deber debido de aclarar al público las características, que leyendo la norma deben cumplir los comprobantes electrónicos. Que por más notarizados que fueran los “papeles de la isla” simplemente no cumplen con aquellos requisitos de factura electrónica.

Debe entenderse, por último, que el minimalismo de los que defienden al señor presidente abusa de la inteligencia y respeto de los costarricenses, quienes cumplimos con el deber de tributar haciendo efectivo el deber de cumplimiento formal, material y de vigilancia.

Nos han hecho campañas para que nos aseguremos se consignen los impuestos correspondientes en el comprobante respectivo, para que participemos activamente en la labor de todos, de asegurarnos que los prestadores de servicios y proveedores de bienes están cumpliendo con la factura electrónica.

¡No se vale que le digan a los costarricenses, menos en un momento social tan complejo como el que vivimos, que el presidente, como “cualquier ciudadano” no tenía el deber de vigilancia!

El presidente y todo funcionario público mantienen su envestidura en todo momento, aun de vacaciones en la “isla de la fantasía”.

No es cierto que estemos hablando de un ciudadano común, estamos hablando del ciudadano que fue elegido por la mayoría democrática de un sistema de derecho para regir los destinos de la Patria.

Más allá de esto, estamos hablando del funcionario público de más alto rango constitucional del Poder Ejecutivo, quien, por cierto, firmó personalmente la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Viene ahora su defensa a tratar a los costarricenses como si fuéramos ignorantes diciendo que ese deber de comprobación y vigilancia no le tocaba a este consumidor común.

Da una gran pena tener ciudadanos sometidos al deber de contribuir y contribuyendo, en coexistencia con aquellos que, no respetando su propia envestidura, quieren ser ciudadanos de un abolengo incuestionable, propiciando el peligroso abismo de las hendiduras sociales, que solo son los vientos, que cuando se siembran, garantizan la cosecha de las tempestades.

Publicado en La República el martes 18 agosto, 2020

Crisis

Hemos iniciado un tortuoso camino de crisis económica, que ha sido disparada en especial por la falta de definición oportuna de las políticas fiscales que garanticen a los inversionistas los términos y condiciones de orden razonablemente predecibles que permitan definir el nivel de riesgo que se quiere tomar o como está ocurriendo, que no se puede asumir debido a la falta de elementos básicos a la decisión de orden racional de consumidores e inversionistas.

Una economía en estas condiciones espera con angustia de reloj segundero, el momento que acaba en su plazo máximo el próximo 26 de los corrientes relativo a la votación de la Sala Constitucional respecto del futuro legal del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Hoy enfrentamos ya la crisis, la pregunta subyacente es ¿de qué magnitud, duración y profundidad será el calado de la crisis en la que ya estamos inmersos y en la que apenas estamos en sus etapas más iniciales? La respuesta dependerá claramente de los resultados del voto de la Sala Constitucional. Pero debemos tener claridad, la crisis no es evitable, solo se lograría dimensionar en medidas más razonables, si el voto es favorable a continuar con el segundo debate del proyecto, que si no lo permite de manera absoluta la Sala en su ansiada sentencia.

Primer escenario, optimista, hay luz verde de parte de la Sala para continuar la discusión en segundo debate de dicho proyecto, en razón de la espera que ha tenido este remedio el mismo será no solo insuficiente, por los motivos que en otras ocasiones hemos mencionado, como tardío por ende inoportuno, habiendo en consecuencia de las diversas formas de procrastinarían social a la remediación, simplemente, habrá que entrar en la aplicación de un derecho tributario, cuyos atributos de virtud se ven de por sí menoscabados, dadas las condiciones que tenemos hoy en el país. Se logrará aumentar la recaudación, pero muchísimo menos de lo esperado, por la alta dependencia de los resultados recaudatorios, en particular resultantes del consumo de bienes y servicios, que ante la posible entrada en vigor de la imposición sobre el valor agregado podría generarse.

A la vez, como consecuencia de la contracción económica que ya enfrentamos, las empresas verán mermadas sus utilidades, por lo que por más que se amplíen los elementos y capacidades contributivas nuevas, las mismas se asomaran tímidamente, pues en recesión, lo difícil es sobrevivir y tanto mas ser rentables, aspecto sobre el que se fundamenta la imposición directa como lo es el caso del impuesto sobre la renta en las diversas cédulas, aspecto que dependerá de la reactivación de la economía, centrando casi en la imposición incremental sobre el trabajo personal dependiente, que de manera inmediata afectara el ingreso disponible que solo empeora el ciclo del consumo, que de nuevo entra a profundizar la crisis de la economía real.

Ahora bien, digo escenario optimista aparte de lo expresado, porque en caso de aprobar el proyecto tendremos un crecimiento moderado en las tasas de interés, resultante de una mejor posible calificación de los organismos internacionales y la posibilidad de lograr que los organismos financieros internacionales nos faciliten los recursos que se requieren para la reestructuración del plazo y composición de la deuda interna y externa del país. Bajo estos supuestos la crisis será corta, entre tres y cinco años, la pasaremos mal, pero ordenadamente desde la óptica de la esperanza de recuperación, que al menos detendrá la caída libre en que se encuentran las confianzas tanto de consumidores como inversionistas. Veremos empresas cerrar, las reglas de consumo seguirán contrayéndose, pero al ordenar en el mediano plazo las finanzas públicas hay que trabajar fuerte y al final de la presente Administración o mediados de la próxima, estaremos a flote de nuevo retomando un posible crecimiento discreto debido a la circunstancia de la economía global, que viene en recalentamiento y tendrá incidencia en las facilidades de que Costa Rica se vea más rápidamente fuera del abismo, inevitable en una economía globalizada.

En caso que no se dé la reforma fiscal, los vientos serán muy otros, los factores macroeconómicos serán erráticos, se tendrán alzas más allá de las vistas en más de una generación completa, inclusive las condiciones de la peor crisis de la que tenemos memoria, la de los años 1980 a 1983, se considerarían como más favorables que las que nos rodean hoy, vemos bajo estas circunstancias, peligrosos signos de una crisis prolongada, con un agravamiento en los niveles de desempleo, pobreza y seguridad, triángulo social. Asimismo, tasas de interés, de dos dígitos medios, tipos de cambio de cuatro dígitos y aumentos escandalosos en la morosidad e incumplimiento de obligaciones financieras, dejando en manos del sector financiero, activos que serán como un cementerio de garantías en el triángulo económico, donde se puede ver que la crisis puede durar entre seis y diez años, si hacemos las cosas razonablemente bien con los sobrevivientes del sistema económico, cumpliéndose el ciclo bíblico de los años de vacas flacas. Para quien no crea, que lea qué pasó a países como España, Portugal, Grecia, Chipre e Italia, para usar ejemplos recientes.

¿Qué puedo hacer como persona, como empresa y como empresario? Actuar, planear y ejecutar acciones en un plazo inmediato, ya que tanto uno como otro de los escenarios, son verdaderamente complejos y la crisis ya está aquí para quedarse por un plazo ya medio o largo dependiendo de la suerte de la reforma fiscal. Es entendible ninguno de nosotros: individuos, empresas o empresarios, puede por sí mismo hacer otra cosa que no sea lo dicho, ya que el peso de la crisis no es manejable por actores económicos individuales, no se quede de último, hay que tener el plan de evacuación hecho, evitar desesperar, actuar en consecuencia de lo planeado, ser profesionalmente asesorado en ambos posibles escenarios, para poder aumentar la posibilidad de supervivencia.

Estamos juntos en el mismo barco, vamos camino al témpano, solo falta definir si será grande o de enormes proporciones.

 

Carlos Camacho Córdoba
Socio Director
ccamacho@grupocamacho.com

 

Silencio incómodo

Como sociedad estamos ante un momento de silencio incómodo, hemos perdido el norte de la ruta país, los parámetros de la economía son alarmantes en principio, pero, nadie se atreve a vaticinar cuál es el resultado del destape de la voz de la Sala Constitucional.

Como quien está en espera en una sala de emergencias, con esperanza, pero con temor, sentimientos encontrados de esperanza y miedo, si nuestro paciente, Costa Rica, entra a ser rescatado, ¿o alguien deberá hacerlo por nosotros? Si vamos a continuar como un país de alguna autonomía de gestión, o si, por el contrario, deberemos implorar la gestión de los organismos financieros internacionales, como en el caso de una empresa que está a punto de saber sus resultados, sus síntomas son malos y se espera lo peor, aunque se añora lo mejor.

Es como encontrarse en una morgue para el reconocimiento de un cuerpo, con un amigo o familiar desaparecido, la esperanza de que sea se convierte en la añoranza de que no lo sea, que quien está en la fría paleta de la gaveta de reconocimientos, se parezca, pero no sea el nuestro. Guardamos una esperanza ahogada en que, de no ser el cadáver, el amigo o pariente aun pueda aparecer con vida, pero una cosa no es garantía de la otra, bajar un sudor frío cuando oímos la apertura de la gaveta, sostenemos la respiración, no sabemos, qué va pasar, tal vez sí, pero no queremos que sea esa la resultante.

Hoy estamos en un incómodo silencio expectante, no hay plan b, no hay buenos síntomas, la paciente de la sala de emergencias solo causa llamadas cada vez más apresuradas de todas partes, en relación con buscar más especialistas, aún no ha muerto lo sabemos, pero los médicos pasan esquivos a nuestro lado, nadie nos mira de frente, sus facciones son ilegibles, pero es evidente que las nuestras son cada vez más angustiadas, no queremos que salgan médicos a hablarnos, queremos que salga aquel ser amado por esa puerta para abrazarle como si viniera de ultratumba.

Mientras tanto, la vida continúa, aunque los mensajes de texto, las llamadas son cada vez más insistentes, ¿qué esperamos? No lo sabemos, esperamos lo mejor, pero tenemos traumas, las dos últimas veces que estuvimos en condiciones iguales, nuestro ser querido, no salió, tuvimos que sacarle, por otra puerta, fue un médico indolente quien anteriormente habíamos visto y parecía ser el ave de mal agüero que siempre da las malas noticias, pues estaba en las dos veces anteriores y salió y dijo el país, no recibirá una reforma fiscal, en pro del derecho, masacraremos los derechos.

Han llamado presurosos a más médicos, vemos entrar al médico apático y hasta antipático, otra vez entra a la sala el ave de mal agüero, rezamos sin recordar ni la oración, estamos perturbados, quedamos a la espera….

 

Carlos Camacho Córdoba
Socio Director
ccamacho@grupocamacho.com

Cosas que olvidamos en el camino

Es fundamental retomar la ruta de la cotidianidad que no se agota. Es claro, que la reforma fiscal ha levantado una serie de realidades que han estado latentes y que algunas de ellas siguen de manera menos frontal, haciendo detracción de un proceso en el que Costa Rica, como sociedad en su conjunto, está en el borde de caer en condiciones de impago de su deuda y la capacidad de atender sus gastos corrientes de operación para el cumplimiento de los mandatos constitucionales tenemos encomendado al Estado.
Es positivo ver como el sector productivo del país, mediante los representantes de las diversas cámaras gremiales, aumentan la voz y la unen al unísono, en favor de la aprobación del proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Entiéndase en toda la dimensión lo que acabo de indicar, aquellos a quienes nos tocará pagar los impuestos incrementales, quienes deberemos a la vez de enfrentar los costos de cumplimiento aumentados, resultantes de la reforma, estamos con la opción por Costa Rica de someternos a la imposición.
Quien quiere que no padezca de miopía, en especial la miopía mental, la pequeñez cerebral, la mezquindad individual y entienda que la vida en sociedad tiene que ser enfrentada de manera solidaria, responsable y que todos ganamos en el mediano y largo plazo, teniendo un país más próspero, tenemos claridad que será un proceso con dolor, pero con motivo correcto, el de tener que aportar todos más a la solución, no más al problema y sus causas cada vez más evidentes. Si bien está claro que la reforma es insuficiente en recursos y que definitivamente se requiere una reforma adicional, más inclusiva de sujetos y sectores que se han quedado, mediante la resistencia pasiva, en el anonimato fiscal, es evidente que lo que más necesita Costa Rica hoy, es ese primer paso, antes de dar los siguientes.
No nos parece de recibo a los contribuyentes, empresarios y profesionales, asalariados y consumidores, que tengamos que soportar el flagelo de las excusas disfrazadas de principios de legalidad, como excusa para dejar de hacer lo que se debió hacer hace años. La responsabilidad histórica no tolera más diferimiento o procrastinación, ya sentimos el frío de muerte, eso es una realidad que todos los agentes económicos experimentamos, no es una forma de hacer propaganda, es un medio de hacer conciencia clara en los que aún insisten en caducos argumentos, que alcanzaría con una sola medida a la vez, no es así, requerimos muchas de manera simultánea.
También es necesario que, ya que tenemos una demora grave en este proceso, el Gobierno de la República inicie las gestiones respectivas a sus manifestaciones de voluntad, en el sentido del cierre de instituciones y venta de algunas con algún valor razonable en el mercado. No hay tiempo que perder, entendemos que es mucho lo que hay que hacer, pero debido a las demoras ocurridas, también deben ser diversas y diversificadas las soluciones que le mostremos al mercado de manera simultánea y no en acciones seriales.
La confianza de los consumidores e inversionistas, está en un declive muy fuerte y sostenido, el mensaje no puede ir pausa paso, debe ser simultaneado con el enfoque que ya de todas formas ha anunciado el Ministerio de Hacienda, un país con más de 300 instituciones, muchas de las que han dejado de tener sentido histórico, manteniendo por una parte un enfermizo olor a ropero viejo, del que no nos desprendemos por todo lo que nos sirvió cuando éramos niños, tanto como el costo que comporta este síndrome del país coleccionista de organismos, ministerios, instituciones autónomas, semiautónomas y una larga lista de etcéteras; que todos conocemos la pérdida de su vigencia, necesidad y utilidad, pero que aún no somos capaces de cortar esa gangrena.
Pues ya toca, el mensaje sintonizado de la aprobación de la reforma fiscal, así como la de la acción de parar esta hemorragia de recursos, son indudablemente los medios más apreciados para el rescate indispensable de la confianza de los inversores, los consumidores y los entes de calificación de riesgo de los instrumentos de deuda de nuestro país. Recordemos que los primeros actores en la cuestión de mercados reales, son precisamente los dos primeros, luego llegan las calificadoras, los mercados se acomodan más rápidamente y de forma anticipada a la calificación de los títulos, esto es análogo a los malos estudiantes, cuando llegan a examinarse salen mal, pero no es ahí donde empezó, es ahí donde se consuma el consecuente de no ser buenos estudiantes.
Como país vamos aplazados en materia del manejo de las finanzas públicas, que ha generado que los mercados de generación de riqueza pasaran de un aletargamiento que traían hace varios años, a una astenia total actualmente, cayendo en una profunda recesión. Volviendo al paralelismo con el mal estudiante, es común encontrar quien confunda las causas con los efectos. El estudiante de malos hábitos, puede que caiga en depresión emocional por sus resultados académicos, consecuencia de su falta de asumir la responsabilidad que le correspondía, no cabe decir, que es mal estudiante porque está deprimido, tampoco, cabe decir, que la economía cayó en recesión y eso ha hecho que caiga la recaudación. El frío no está en las cobijas, para más abundar, durante una época recesiva como la actual, que desde los más básicos principios de economía se solucionan con más trabajo, producción y productividad, viene en nuestro caso a ser aderezado por una huelga que sus promotores llaman con orgullo la más exitosa de la historia, por sus “logros” y duración, lo que es lo mismo su intifada ha logrado su fin si este era como es cada vez más evidente el caos nacional. Por cierto, los impuestos que pagaremos son para financiar sus salarios y sus excesos de beneficios, es mentira que ellos han hecho este llamado nacional por los más pobres del país, para que no se grave la canasta básica, son argumentos infantiles que para hoy todos tenemos claros, sin embargo, están encubiertos por la cobija de Robin Hood.
Actores todos de esta larga noche de tragicomedia, paremos ya de dramas y vamos a las acciones de corrección, los ciudadanos honestos de este país, así como los más pobres que son los más honrados de todos, ya estamos hartos de que hayan secuestrado entre una camarilla de bandoleros a nuestra querida Costa Rica.

 

Carlos Camacho Córdoba

 

Socio Director

 

ccamacho@grupocamacho.com

¿Dónde estamos hoy?

La pregunta es muy amplia y solo usaré algunas de las posibles respuestas con el fin de ubicar el tema concreto de la reforma fiscal que nos ha tomado de manera monotemática nuestra columna.
Podemos responder en primera instancia a esta pregunta diciendo que estamos en la presencia del hundimiento del barco social del Estado costarricense conocido entre muchas de las características de los hundimientos por una de las mas tristes y dramáticas, que hace indudable el momento en el que nos encontramos, es la presencia de la huida en colonia desesperada de ratas, típico signo de que la embarcación ha sucumbido. De la sociedad costarricense hemos visto salir ratas de los lugares más insólitos, algunos muy esperables y comunes como las alcantarillas de los sindicatos, pero la semana pasada vimos con asco las ratas del Poder Judicial, salir al mas puro estilo de las ratas de los mejores restaurantes de los bellos barrios parisinos. Duele tener que expresarse de esta manera de miembros de los supremos poderes de una republica que amamos con el corazón pero hoy la vemos como la triste historia de Bertolt Bretch “La evitable ascensión de Arturo Ui”, un drama alemán de la entrada de Hitler en el poder alemán como consecuencia de la descomposición de aquella sociedad. Cuando tuve la oportunidad de ver esta obra en el teatro de la Aduana, me daba la sensación de que esto podría ocurrir en cualquier país en especial, cualquiera que hubiese llegado a perderse, en sus instituciones de manera tan caótica, siendo el Pinochet de aquellos años, el títere del que se hablaba en Costa Rica por la influencia de los grandes profesores chilenos de la diáspora de aquel triste momento, hubo quienes con razonables valoraciones argumentaban que era el Franco español de 1975.
Recuerdo, en la tertulia de nuestro grupo de amigos que concluíamos que Costa Rica no tenía ni era viable que tuviera esta mugrosa condición de sociedad necrosa, que pena me da cuarenta años después venir a reconocer a aquellos mis amigos de entonces y a mis contemporáneos de hoy, que estaba absolutamente equivocado, que todo aquello que no era posible en aquella Costa Rica, es una triste realidad hoy, que ha llegado a todos los estamentos del conjunto de la sociedad, recuerdo que era delirante la escena final del ataúd de la sociedad en la que se proponía la evitable ascensión de Arturo Ui, pero también lo paródico de esto es que las sociedades inteligentes y libres, tienen hendiduras de falsas bases entre otras las creencias de sentirnos inmunes a esos fenómenos. Qué triste Costa Rica, estamos ahí, en el borde del barranco y las mezquindades de la izquierda trasnochada y la derecha institucionalizada, con expresiones decimonónicas como las del presidente de la Corte, que redefine la condición de clase media como si viviera en el Principado de Liechtenstein o el Gran Ducado de Luxemburgo, cuando a nuestra realidad cotidiana la acompañan mas signos de tercermundismo que de esas perfumadas sociedades en las que se siente el señor presidente de la corte y la corte de los mustafá.
Ahora bien, el gran gazapo que dio pie a los dos párrafos anteriores, es de lo que en relación al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el que viene a ser un medio insuficiente en monto, pero indispensable en señales antes los agentes económicos que claman por señales de cambio en el proceso de la pasiva perdida de la credibilidad país en materia financiera. Este proyecto, se encuentra en una fase de orden interlocutoria, en la que las instituciones responsables han hecho ver que el mismo es indispensable, no limitándose a esto, sino haciendo serias advertencias respecto de las consecuencias de no contarse con esta aprobación de inmediato.
Valga decir, que esta consulta es irregular en el procedimiento-una irregularidad más- ya que la misma se supone debe haberse realizado con anterioridad al primer debate del proyecto, por lo que debieron las instituciones dejar de pronunciarse en razón de la falta de oportunidad, que habrá de dimensionarse en la misma resolución que resulte de la posible consulta de constitucionalidad que ha de presentarse esta misma semana, la que es de orden optativo en razón de concurrir la voluntad de al menos diez diputados. Ahora bien, dados los acontecimientos, así como la especial condición de votación en contra de parte de 22 diputados simplemente es de esperar que tal consulta se dé una vez agotado el plazo para estas consultas atípicas por el momento procesal en que se dan. De darse la consulta facultativa a la Sala Constitucional, se ha de dejar pasar treinta días, plazo máximo para que la Sala emita su dictamen, las diversas combinaciones de sentencias probables se ha aumentado en ámbito en razón de la reacción a la protección de los derechos y privilegios manifestada por la Corte Plena, poniendo en un grave compromiso legal a los señores magistrados de la Sala Constitucional al tener que resolver en función y a pesar de lo ya manifiesto por el pleno de la Corte, es una situación de difícil resolución.
Aparte de la importancia que tiene que antes de fin de año se pueda tener un proyecto aprobado en segundo debate, está en juego la credibilidad de nuestro órgano máximo de garantía del sistema legal en que se fundamenta la democracia, esperamos que este nuevo ingrediente agregado a la olla de vapor en la que se cocina este delicado proyecto no haga explotar las bases mismas de la condición de Estado de derecho en nuestro país.

 

Carlos Camacho Córdoba 

 

Socio Director

 

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Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/donde-estamos-hoy

Compras públicas

 

Hemos centrado en los últimos meses nuestra atención a referirnos a algunos de los aspectos estructurales de la causa y efectos del déficit fiscal en Costa Rica, sin dejar de lado, los temas que se encuentran hoy en el cuarto de cocimiento constitucional, hay que ver otro de los elementos disparadores de los gastos y costos de operación del Estado costarricense, este es el de las compras públicas.
Tres componentes son principales en la distribución del gasto público, la atención de los compromisos salariales y todos los elementos componentes y de componendas que este involucra, aspecto que hemos ya remarcado como uno de los que debe recibir una revista integral para cesar del concepto del Estado empleador al del Estado facilitador, para que la riqueza fluya en su construcción de una forma que sea lubricante al bienestar general en razón de los elementos redistributivos de un buen sistema tributario, que también le falta muchísimo que avanzar aun en el hipotético caso de aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El segundo de los elementos que pesa en la carga del presupuesto es la del servicio de la deuda, tanto en los elementos cuantitativos como cualitativos de la misma. En los elementos cuantitativos debemos de ver la cantidad de veces PIB que se cubre anualmente con la deuda, esto a efectos de medir endeudamiento dinámico de la economía. A la vez el elemento del costo del capital que es un aspecto de fuentes compuestas tanto por los elementos del interno económico, como del factor de riesgo de impago de la deuda por el descalce de los plazos, aspecto este ultimo que se ha exacerbado en las ultimas administraciones gubernamentales, llegando a su valor puntual mas grave en el reciente acto de presión a las finanzas maltrechas con la acción de emisión de letras del tesoro, con plazo el día de navidad de este año. Esto afecta los costos de servicio de forma global en el cumplir con las obligaciones conjuntas de la deuda.
El tercero, es el de las compras del Estado, venimos históricamente haciendo del Estado un actor tan determinante en la función económica colectiva, que por doquiera cualquier desacierto en el correcto manejo de las finanzas públicas, tiene efectos sistémicos en diversidad incontable de sectores, ya que el Estado costarricense sigue siendo aparte de un gran empleador de lujo, un comprador compulsivo de bienes y servicios para un múltiplo creciente de funciones e instituciones. Este aspecto ha sido la cara oculta de la luna en la discusiones relativas al déficit, esto tiene que ver no solo con la cantidad de las compras, su uso adecuado, su gestión transparente y los elementos de abultados costos de contratación que son justificados en los costos de gestión de las mencionadas compras, incluyendo los aspectos de “atenciones especiales” que se financian en función de una cadena alimenticia de corrupción en las secciones de proveeduría y las de sus jerarcas, tanto como las de los empresarios que se dicen honestos pero forzados a que para lograr la “continuidad de sus negocios”, han de someterse al arbitrio de las fuerzas de la competencia, cada vez más agresiva en las practicas de entretenimiento de funcionarios, atención de sus complementos o dádivas, para que se necesite o no se compre lo que el oferente privado mas “sagaz”-corrupto es mejor término-pueda colocar sus productos, en lugar de satisfacer los requerimientos racionalmente para el Estado, lograr que unos y otros logren sus cuotas de ventas.
Se denota en el sistema de compras publicas de bienes y servicios desde la publicación misma de los pliegos o carteles licitatorios, tanto como las especificaciones casi con “nombres y apellidos” que deben tener los prestadores de servicios, como son trajes hechos a la medida, en muchos casos de mero llenado de requisitos de cumplimiento con un número determinado de ofertas para que el ganador preseleccionado, vaya acompañado al momento de la selección o ratificación de la ya hecha para que todo parezca formalmente correcto, sin que esencialmente lo sea. Mientras los dos primeros aspectos el de los salarios y deuda han sido abordados abundantemente por todos, es llamativo como los elefantes rosados se pasean al frente nuestro a vista y paciencia de todos, pasando desapercibidos desde proveedores que carecen de los medios materiales para las prestaciones que se presentan a ofertar como aquellos que solo son influenciadores de sectores de compras que hacen su vida de la gestoría en ¿Cómo vender al Estado? Para más, sin que este necesite comprar. Es llamativa la habilidad con que estos paquidermos rosados del sistema son cuasi invisibles, han logrado pasar sin pena ni gloria por el banquillo de las causas fundamentales del creciente déficit fiscal del país, si bien es cierto que la condición no es unilateral de la empresa o empresas, que se dedican a estas actividades, muchas de ellas licitas, con motivo económico válido y que satisfacen necesidades especificas existentes en el Estado, también es cierto que la mayor cantidad de los escándalos de concubinatos escandalosos entre proveedores del Estado y éste, por la falta de rigor en los controles, de ética en los funcionarios y de contraloría eficaz de la probidad en el manejo de los fondos públicos, aspectos que hacen del Estado una víctima fácil y un facilitador ideal del consentimiento de conducción de escasos y caros fondos públicos  a pocos y corruptos bolsillos privados. Cuando estaremos consientes que la transparencia es más que un hermoso discurso y debe ser el resultado de la rendición de cuentas periódicas y claras en informes de “libro blanco” del uso racional de los recursos de las instituciones, a la vez que sean inclusivos de las partidas de fondos propios como de los programas de ayuda internacional o interinstitucional, los que pasan por ríos caudalosos de fácil transito de contratos de menor rigor relativo en materia de evaluación integral de los costos efectivos del manejo del gran aparato estatal y sus ramificaciones diversas.
La corrupción es un hilo muy delgado con el que se teje el fin de la institucionalidad de los estados modernos, camino a la peligrosa derecha extrema o la lúgubre izquierda oportunista, Costa Rica, debe evitar ser presa de esta maraña entretejida por pocos inescrupulosos de un lado y otro del mostrador transaccional, que deterioran la credibilidad en el corto plazo y en el largo plazo la sostenibilidad de la democracia institucional.
El frío, por tanto, lo determinamos cada vez que nos adentramos en cada tema, más fuera que dentro de las cobijas, hay que anunciar y denunciar los casos que están destruyendo la institucionalidad del país y lesionando en contra de las mayorías las ya débiles finanzas públicas.  
Carlos Camacho Córdoba

 

Socio Director

 

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Un mal acuerdo, mejor que…

Después de una fase de la continua huelga que ha tenido y mantiene paralizadas condiciones operativas del país, antes una condición de alargue que inicia con la posición del gobierno de, no se dialoga sin que se deponga la huelga, y la que prevaleció, que fue de los sindicatos en el sentido de, o hay diálogo o no hay levantamiento de la huelga, a pesar de lo que se pactó, el diálogo y sus condiciones, se acabó el plazo y no llegaron a acuerdo alguno.
El conocido refrán de nuestro pueblo que dice, es mejor el llegar a un mal arreglo que tener un buen pleito, encontró su excepción en esta puntiaguda situación, la cual denota la mala fe y falta de voluntad de los grupos sindicales, que han destruido riqueza, han acelerado la desmejora económica y social de Costa Rica, dejando evidenciado que su propósito no es construir sino destruir.
No ablandar los caminos de avance sino de quebrantar frontalmente el orden constitucional del ejercicio del derecho de tránsito y trabajo, de los que generamos los recursos de los que se derivan la fuente de pago de los huelguistas y de cientos de miles de trabajadores que igual que los molestos personajes simplemente tienen derecho a disentir, pero lo hacen sin apartarse de la forma de ser costarricense.
Al fin que la huelga se levante según la disposición del gobierno y sindicatos de acceder a la mediación en el diálogo para que sea la Iglesia católica la mediadora, por lo que después de una ida y otra vuelta, hubo una lista de acuerdos que dependerían exclusivamente en su ejecución de la voluntad del Poder Legislativo. A su vez, el avance en el Congreso se hizo aletargado, a pesar de la condición especial de trámite expedito según el articulo 208 bis del Reglamento Legislativo. Este aletargamiento surge de la posibilidad de que los sindicatos y el gobierno llegaran a compromisos, con el fin de incorporar los mismos en el proyecto, tiempo perdido miserablemente y de forma inocente, dejando un hálito de esperanza a la buena fe, la gran ausente de este proceso.
Ahora bien, por la etapa procesal en la que se encuentra el proyecto, es materialmente imposible desde la óptica legal usar más mecanismos de incorporación, ya que en este primer debate se permiten solamente las mociones de reiteración que hayan previamente sido rechazadas en la fase de comisión, esto introduce una nueva irregularidad al procedimiento del expediente 20.580, de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Volvemos a un punto donde para cumplir hay que incumplir, con lo que es necesario volver a retomar la propuesta que hicimos en el mes de mayo, que en aquel momento era más oportuna que hoy, de retirar este expediente de la corriente legislativa, incorporar en uno nuevo los acuerdos viables del resultado de diálogo de sindicatos y gobierno y dar inicio en un nuevo expediente consensuado a la vez de la mejor manera con las bancadas más importantes del Congreso, de manera que se logre una excepción adicional al proyecto, bajo un procedimiento que se acoja al articulo 208 bis, pero con plazos más cortos, para que inclusive se revisen los plazos de entrada en vigor a tres meses por ejemplo, resolver los asuntos de conexidad de las normas atípicas del Código y la Amnistía para tener un texto y en especial un procedimiento con la nitidez jurídica de procedimiento indispensable. No sea que después de este largo proceso, simplemente con los múltiples vicios de procedimiento, el proyecto llegue a encallar en la Sala Constitucional.
Por otra parte, sabemos que en la Corte se considera que el proyecto puede llegar a tal destino, esto sería nefasto para las condiciones económicas del país, ya que los supuestos de rescate país, solo estaremos ante la imposibilidad de repagar la letras del tesoro. La calificación del país y su verdadera capacidad de hacer frente a la deuda interna y externa, simplemente se harán inmanejables, haciendo de las medidas de gobierno más que una solución de un letal mecanismo de aceleración de las condiciones generales de desmejoramiento del país.
Será que estamos ante el escenario macabro y maquiavélico en el que no hay más que conformarse con aceptar que ante la ausencia de liderazgo de sector privado, el sector gubernamental, deberemos, como país, optar por pedirle una cotización de servicios temporales de liderazgo a los dirigentes sindicales para que se sienten frente a sí mismos y logren un acuerdo que sea ganancioso para el país, será que, en su condición de mercenarios, esta vez ¿no se les llegó al precio correcto? Cómo leer en esta condición de oscuridad en la que nos han sumido las autoridades incapaces de ejercer su posición y los líderes sindicales que parecen querer y pedir mucho, pero a la hora de poner el puño y letra a comprometer se les cae la mano.
Qué pena Costa Rica, yo solo puedo decirte, querido país, que estamos todos igualmente desconcertados de unos y de otros, que no fue con actitudes así con lo que hicimos de esta patria la diferencia de la región. 

 

Carlos Camacho Córdoba

 

Socio Director 

 

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Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/un-mal-acuerdo-mejor-que

De frente

En un proceso de gran incertidumbre jurídica como la existente en el mercado interno costarricense actualmente, es fundamental no perder de vista cuáles son los elementos que constituyen el norte de las empresas y empresarios, para definir decisiones cotidianas, como invertir, cerrar operaciones, aumentar o disminuir las plazas de empleo, entre otros.
Más relevante aún es tener la claridad de cuáles y cuándo entraran en vigor las normas que afectan y las que podrían llegar a afectar las actividades económicas en las que se ubican sus inversiones o apetitos de inversión.
Es racional y razonable que los agentes económicos que se enfrentan a normas de orden tributario lo hagan con especial cautela, en particular cuando dichas normas han sido gravitantes en el ambiente de la discusión nacional por alrededor de dos décadas.
Como consecuencia de esta incertidumbre tenemos en el sector público una huelga que entra a sus dos semanas de resistencia, con una clara erosión de los protagonistas y muy particularmente del Gobierno, quien ha roto su propia consigna, sea la de no entablar diálogo hasta que se deponga el estado de huelga.
Por su parte los huelguistas se han ganado el repudio de los sectores productivos ya que pasaron del ejercicio de un derecho a la transgresión del derecho que nos asiste a todos al libre tránsito por el territorio nacional, la atención de los servicios públicos de salud, la distribución de los combustibles y el funcionamiento de la infraestructura portuaria, medio por el que se logra efectuar una parte significativa tanto de las exportaciones como las importaciones.
Paralizar el país, mientras otros debemos seguir de manera esquiva, intentar poder ejercer nuestro derecho individual de trabajo y el cumplimiento del deber de producir riqueza para con la patria, de donde nace la fuente de nuestro sustento y los recursos que mediante la recaudación de los impuestos a nuestras actividades financia los gastos públicos del Estado.
Es necesario desatar este nudo gordiano, hacer de este proceso un paso rápido a efectos de evitar los avisos que han venido a pocos siendo remitidos por diversos interesados internacionales.
Vemos cómo la banca internacional recomienda a sus inversionistas y clientes, tener cautela con la compra de papel de deuda de Costa Rica, ante la inminente recalificación de riesgo que da tanto, el desgaste de la estabilidad social, como el desmejoramiento galopante de la economía. También vemos las advertencias que ya hacen sin concretar aún, las autoridades de calificación de riesgos que se enfrentan a las variables macroeconómicas costarricense con creciente preocupación, sin aún ejecutar una recalificación de la deuda.
A la vez, vemos cómo el entorno de las exportaciones nacionales se ve bloqueado tanto por la situación de los puertos como por la grave crisis de la hermana República de Nicaragua, que hace inviable el tránsito seguro hacia el resto de la región por parte de las personas y las mercaderías. Estamos secuestrados en nuestras propias fronteras.
El tipo de cambio se ha acelerado en la depreciación, signo de debilitamiento de la economía interna y la desconfianza de los inversores en el futuro de la moneda local.
Esto está provocando a la vez una mayor tasa de inflación real, que, sin duda, no es propicia para la entrada en vigor de una reforma tributaria como la que se plantea, pero menos oportuno es no hacerla, pues solo será peor.
Durante el transcurso del tiempo de discusión del proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, hemos venido indicando la inconveniencia de restar potencial recaudatorio y abrir a las puertas del fraude en consecuencia de las abundantes y mal estructuradas exenciones que se manifiestan en especial en el proyecto del IVA en un sentido inverso al que la gente comúnmente comprende.
En un sistema de IVA, tener más exenciones y más tarifas preferenciales o reducidas es contrario a las mejores prácticas de los sistemas más moderno del IVA.
En el periódico Vanguardia de España, el día 22 de los corrientes se indica que “España es el país de Europa en el que más exenciones y tipos reducidos de IVA existen, con lo que de forma legal el fisco del país deja de ingresar un 60% de la recaudación potencial máxima, según datos de la Comisión Europea, en la que ha participado el Institut d’Economía de Barcelona (IEB) con datos del 2016”.
Por cierto, valga decir que la referencia viene a colación en razón del modelo de IVA usado para el proyecto de ley en discusión.
Por tanto, si por la víspera sabemos el día, sin duda hay mucho que mejorar en nuestra legislación en ciernes. Pero, no habrá nunca un sistema tributario perfecto, pues todos los partícipes activos y pasivos del sistema no lo somos.
Sin embargo, si deseamos tener el sistema perfecto debemos partir del principio de realidad y es que lo perfecto es el enemigo de lo bueno.
A pesar de lo antes dicho, se sigue pregonando la necesidad de mejores tratos, sea mayores exenciones en los extremos que reclaman los sindicatos y el que buscan inclusive sectores empresariales, en clara contradicción a la necesidad de generar la lógica neutralidad de IVA en el proceso de la cadena de valor agregado económica de las diversas fases de creación de riqueza por medio de bienes y prestaciones de servicios.
El empresario hoy debe estar preparado para ir de frente, de cara a los embates ya sea de la reforma para lo que no es de recibo ni recomendable mantenerse inmutable, así como una revisión de las velas del barco empresarial, pues de no contarse con el choque frontal con las reglas de una reforma fiscal, se avecina una tormenta, que requiere bajar velas, buscar una ensenada y esperar que la misma manifieste de pleno su intensidad.
No es tiempo para improvisar, para aquellos que quieran sacar la mejor partida de este difícil tránsito en el que nos encontramos como país.
Viene a lugar la frase del expresidente de Estados Unidos de América, “ …se le puede mentir a algunos durante todo el tiempo, a algunos durante algún tiempo, pero no a todos todo el tiempo”, es tiempo de hablar con la verdad y prepararse para el embate de frente, sin ambages con seriedad y templanza. 

 

Carlos Camacho Córdoba

 

Socio Director 

 

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Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/de-frente

Tres etapas y un posible impasse

 

El proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ha concluido la primera de las tres fases legislativas planteadas en el acuerdo legislativo de vía rápida para el expediente 20.580, la fase concluida es la de la comisión que solo falta remita su dictamen al plenario y este acto de inicio a la segunda, esta es la fase de primer debate en el plenario legislativo, el que se caracteriza especialmente de una manera distinta a los procesos de aprobaciones legislativas por el proceso de orden abreviado asignado bajo el artículo 208 bis del reglamento legislativo, donde las únicas mociones que se pueden presentar por diputado son una y solamente de reiteración, es decir, aquellas que habiendo sido presentadas en la comisión no fueran incorporadas o acogidas. Esto hace que la fase de primer debate sea predeciblemente rápida, pero no por eso debe ser-en mi criterio-atropellada, diferencia que la marcará la agilidad no solo para lograr los votos que en principio ya tendría en mayoría simple, sino por lo critico que será esta segunda etapa en la activación o no del impasse al que nos referiremos. Hay que evitar victorias en plenario que generen sabores a marrosa derrota por falta de dialogo.
El aspecto mas delicado de esta segunda etapa del primer debate es, el manejo de las negociaciones para aceptar las mociones que teniendo un fondo de interés nacional, mejora recaudatoria, así como que evite la generación de mas exenciones, pues de esa fiesta ya hubo abundancia excesiva en la primera etapa, sean de recibo, en especial de aquellas que presenten las fracciones como la del Partido Restauración Nacional ya que cuenta con la bancada individual más grande, así como por haber estado al margen de los procesos de negociación de la etapa primera, lo anterior para que se evite en la medida de lo posible el impasse. Considero que lograr la mayoría de los votos en el primer debate es por supuesto fundamental para, continuar en el esfuerzo por aportar al menos de manera primera una dotación de recursos adicionales a la condición fiscal del país, que sabemos será insuficiente para la dimensión de las necesidades.
Si no se logra este manejo con respeto y con audacia, podemos sumir al país en el impasse, este consiste en el proceso de consulta a la Sala Constitucional, que siendo opcional en el proceso del ínterin entre primer y segundo debates, requiere de la firma solicitado la participación de la Sala en el proceso, de al menos de diez diputados, que realmente con lo que conocemos al momento de manifestaciones hechas por algunos minoritarios se lo están planteando, pero no llega su numero a diez, sin embargo, la balanza la puede inclinar en efecto la fracción mayoritaria, que cuenta con catorce votos que dependiendo de su forma de negociar con el gobierno, o de este con ellos, puede ser lo que vuelque la balanza a la consecución de las firmas y llevarnos al impasse, ya decíamos en nuestra columna anterior, el factor tiempo es critico, de no existir este impasse el proyecto podría estar finalmente listo en su aprobación legislativa de segundo y último debate para el final de este mes.
Si el impasse se activa, hay dos escenarios, que la Sala tome todo el plazo de ley para emitir su criterio a la consulta, este plazo es de un mes, el criterio de la Sala es de orden vinculante con dos escenarios posibles en ese caso son: el primero que considere que no hay vicios en el procedimiento, aspecto ya de por sí difícil y donde será critica una valoración más allá de la forma los aspectos de oportunidad de una decisión meramente de cajón, copiando las dos sentencias que han dejado a Costa Rica de vuelta a base cero en materia fiscal, con Solidaridad Tributaria y el Pacto Fiscal, lo que es la salida fácil para la Sala, aparentemente gananciosa para país, pero la que conllevará las consecuencias mas nefastas para la economía y esta con rostro de ganadores y perdedores indudablemente en contra de las personas mas necesitados o menos favorecidas en primer instancia, pero destruyendo de manera masiva riqueza que hoy es la que sostiene la base recaudatoria y aumentando los niveles de informalidad, generando una caótica situación de default en la deuda con escaladas en los tipos de interés y de cambio, sumiéndonos en un caracol de caída libre.
De encontrar vicios de procedimiento, que los hay, la Sala tiene que indicar a la vez la magnitud de los mismos a efectos de dimensionar si los mismos son resolubles y a que etapa habría que llevar el proyecto para solventar los vicios incurridos, si nos mandan a base cero, estamos ante el caos antes dicho, si nos devuelve a una fase avanzada y demora un tanto la enmienda de la condición, esto puede ser la mejor de las salidas, de ahí que los señores de la Sala deben de tener muy en cuenta la correcta caja de balances y resonancias de los derechos y los deberes, ya que en esto consiste la sabiduría de una tribunal de constitucionalidad, en ir a la consideración global de los valores jurídicos en juego y decantarse en la sentencia por la tutela del interés general, sin obviar hacer las respectivas advertencias que legalmente correspondan en relación con la forma.
Si el escenario del impasse se da y se aplican los criterios de tutela del interés general por encima de los aspectos de forma, después de transcurrido el plazo se iría al proceso final sea tercera etapa que es el segundo debate, con lo que los tiempos si todo marcha para adelante, donde está la verdadera opción país, es ya el final de setiembre o de octubre eventualmente.
No puedo dejar de advertir la importancia por tanto de evitar caer en el impasse por el riesgo que implica y el tener que eventualmente que tirar al cesto de la basura el proyecto-peor pero posible escenario-con lo que estaríamos con el proyecto depositando en un cesto sin fondo a lo mas preciado que tenemos que es nuestro país.
El manejo de las relaciones y negociaciones en el segundo párrafo son críticas, también es crítico llamar la atención al deber patriótico de los señores diputados de la fracción de mayoría, de usar esta herramienta con una visión país, sin aspavientos pero con firmeza, con claridad de que hay cosas que se logran y se pueden lograr en esta etapa aun, pero escogiendo con pericia el uso del arte de la política que es el dialogo, la construcción y la razón, si por cualquier motivo no se les acercan a negociar vayan a buscar los votos de los asuntos medulares de las mociones de reiteración. El país estará expectante sin duda de la aplicación de los elementos constructivos del arte de la política que es el de ceder sin acceder, como lo planteaba en su momento un Santo católico San José María Escrivá, ceder para seguir luchando-sin acceder, por un valor superior dejar para mejor momento el asunto- es una virtud cardinal que todos los diputados, sin distingo de partido y evitando los discursos tentadores de orden populista deben tener, contando con que hoy mas que nunca el destino de la Patria a la que juraron lealtad y defensa, están en juego y solo depende de ustedes, padres y madres de la Patria.
Cuando tengan que interiorizar sus decisiones no dejen de poner en ella el rosto humano de los que hemos depositado la confianza en ustedes, unos en unos y otros en otros, pero todos en ustedes los que hoy toca representar los mas altos intereses de la Patria. 

 

Carlos Camacho Córdoba 

 

Socio Director

 

ccamacho@grupocamacho.com

 

Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/tres-etapas-y-un-posible-impasse
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