Ahora es tiempo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los nuevos retos y sorpresas por la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no se acaban… ¡Aún casi dos años luego de aprobada en la Asamblea Legislativa! Empresas, empresarios, personas físicas y por supuesto, inversionistas locales y extranjeros continuamos adaptándonos a la nueva normativa.

Una sorpresa para la que se acaba el tiempo es la inclusión en el artículo 2 de la ley de impuesto sobre las utilidades de una nueva regulación, en su inciso a) indicando la obligatoriedad de declaración para:

“a) Todas las personas jurídicas legalmente constituidas, con independencia de si realizan o no una actividad lucrativa, las sociedades de hecho, las sociedades de actividades profesionales, las empresas del Estado, los entes colectivos sin personalidad jurídica y las cuentas en participación que haya en el país”

Esta declaración de impuesto sobre la renta, en tesis de principio, podría verse como mera tramitología pues uno declara renta cuando la hay; no así cuando la actividad no cumple con los supuestos de organización de bienes de capital, trabajo, inteligencia o gestión para lograr un resultado. Muchas personas jurídicas, que no llevan a cabo dicha condición de actividad, cuando enfrentan la norma del artículo 2 a), pasan a veces despistadas de las consecuencias que esto puede acarrear.

Vale la pena insistir que en los próximos meses, hasta el 31 de diciembre de este inolvidable 2020 – un largo año fiscal de transición, entre otras calificaciones que cada uno puede aportar desde su óptica propia, debemos revisar si tenemos sociedades que caen en el supuesto de inactivas; con particular énfasis en aquellas que son sociedades de mera tenencia de bienes.

Una entidad de mera tenencia de bienes conlleva la obligación de declarar, donde lo que es objeto de declaración es precisamente los bienes que tiene, ya sean estos muebles o inmuebles. Estos bienes deben estar apropiadamente contabilizados, sean locales o extranjeros, ya que la distinción no alcanza al patrimonio, cuando a territorialidad se refiere.

Muchos contribuyentes, con el sesgo de la tradición fiscal, caen en el equívoco de considerar que, si no tiene que declarar, no tienen que llevar contabilidad, obviando que el deber de contabilidad deviene de las normas del Código de Comercio, no así de las normas fiscales, que solamente se valen de la existencia de la base contable para determinar a partir de valores ciertos, las bases imponibles de diversos tributos.

Es por eso que hoy debemos asumir con conciencia lo que la Administración Tributaria está esperando de contribuyentes con sociedades de mera tenencia de bienes: una declaración de patrimonio con fecha 31 de diciembre 2020 habiendo cumplido de previo – o sea ya – con la primera obligación de inscribir el código de actividad 960113 “personas jurídicas constituidas en el país que no desarrollan actividad de fuente costarricense”.

La declaración anual de estas sociedades inactivas, donde el asunto de riesgo que queremos subrayar reposa en las que siendo inactivas son tenedoras de bienes, deben se presenta en el formulario D.135 “Declaración patrimonial para personas jurídicas inactivas.” Para completarlo el contribuyente cuenta con el mismo plazo que los contribuyentes de renta, es decir hasta el 31 de marzo de 2021.

Tenga consciencia de la consecuencia tributaria de esta declaración: Quien tiene sus bienes en sociedades de estas características podría ser sujeto a un impuesto sobre la renta del 30% del valor de su patrimonio, que no sea susceptible de ser fiscalmente justificado.

Un patrimonio está fiscalmente justificado cuando proviene de fondos que sean resultado de rentas disponibles. Es decir, de rentas que hubiesen pagado en su momento el impuesto sobre la renta respectivo a la generación de dicha manifestación de riqueza, o que no correspondía a fuentes que, por la naturaleza de los fondos, no les alcanzaba la obligación legal de haber tributado, ya por exención o por no sujeción.

El asunto es un tema probatorio. Es decir, la cuestión fiscal no se refiere a la licitud de la actividad de la que provienen los fondos, aspecto que es fiscalmente irrelevante, si no a poder probar documentalmente la fuente generadora de las rentas que le dieron origen a dicho patrimonio.

Siguiendo la lógica jurídica de la integración de la norma, si una entidad costarricense se inscribe bajo la categoría indicada, se supone que las fuentes de la renta no son costarricenses. Ahora bien, como la cuestión es de forma, debemos entender que, en una sociedad inactiva, los bienes no resultan de su actividad, por lo que la norma del artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta, trataría las partes que no sean susceptibles de probar origen fiscal, como incrementos patrimoniales no justificados, sujetos al 30% del impuesto sobre la renta.

El tema obliga a acción a los contribuyentes con bienes en sociedades inactivas, quienes deben enfrentar la obligación de declarar y justificar, ante una fiscalización, las fuentes fiscales de sus bienes en custodia de sociedades que ahora son transparentes para la Administración Tributaria; como resultado del registro de beneficiarios últimos.

Nótese que, además, no aplican reglas de prescripción establecidas en el artículo 8 modificado del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Una veda a la posibilidad de decir, esto no es conmigo, la sociedad la he tenido por 20 años y eso está prescrito.

La mala noticia es que no lo está y que dicha imputación de prescripción surge a partir del momento de la determinación hecha por la Administración en fase de fiscalización.

Es recomendable que los contribuyentes se asesoren apropiadamente. Deben contar con que las normas de transparencia fiscal internacional ponen de manifiesto información relevante en materia tributaria, que incluye en el análisis particularizado de cada caso, los activos locales y los que se tengan en el extranjero, so pena de que, de detectarse por información de terceros, incluida la información proveniente del intercambio internacional se puede llegar a encausar la omisión, dependiendo de la cuantía, por vía penal tributaria. Una vía recién estrenada por la Administración, con su primer caso finalizado 16 años después del inicio del proceso.

A pesar de todas las dificultades y angustias propias del 2020, es fundamental concientizar este riesgo que recae en cabeza del ente jurídico o, a la vez, en el beneficiario último que se haya indicado en el registro de beneficiarios finales. Un registro que se ha puesto en marcha en la mayor parte de los países, incluida la novedosa condición en nuestros vecinos Nicaragua y Panamá.

Se ha acabado la era del oscurantismo fiscal. Hay que actuar para lograr trasparentar los patrimonios, labor nada menuda, pero indispensable a fin de evitar que le tomen por una desagradable sorpresa que llegue a agravar la ya de por sí difícil situación que enfrentamos todos en este complejo momento de la historia económica y vital de cada uno.

Cuando se combinan estos factores con un gobierno que esta sediento de recursos, no es bueno apuntarse a la tesis peregrina, de eso no me va a pasar a mí. Que se acompaña de la otra, que escuchamos con frecuencia, yo no soy tan grande, no soy de interés para Tributación.

Con la ayuda de la tecnología, el potencial recaudatorio de lo descrito es potente y no importando su tamaño, imagino que a nadie le resulta siquiera pensable perder el 30% de su patrimonio.

Publicado en La República el martes 13 de octubre de 2020

 

¡El diablo está en los detalles! Cuidado con el CABYS 

Una frase que hemos escuchado mucho, pero pocas veces le prestamos la atención que deberíamosLa Administración Tributaria ha evolucionado con una serie de requisitos la Facturación Electrónica. Si los vemos realmente a detalle, muy probablemente nos vayamos a encontrar frente a una situación de riesgo tributario.  

¿Cuáles son los detalles que debemos de revisar dentro de estos nuevos requerimientos? ¿Cuáles son estos nuevos requerimientos? 

Comencemos por la segunda pregunta, los últimos dos cambios en facturación electrónica son un espacio nuevo en la parte de las exoneraciones del IVA y un código nuevo a llenar para cada línea de factura:  El Catálogo de Bienes y Servicios (CABYS) que entra a regir el 1ero de diciembre del presente año.  

El cambio en las exoneraciones le permite a la Administración Tributaria conocer cuántas exoneraciones se están brindando y particularmente, cuánto dinero está dejando de recaudar. Cada vez que nosotros, como contribuyentes facturamos una exención – o al menos en la mayoría de los casos – debemos indicar el monto exento.  

El cambio del CABYS es el que representa el mayor riesgo tributario.  

Debemos colocar para cada servicio o bien vendido, un código específicsegún la publicación del Banco Central de Costa Rica (https://www.bccr.fi.cr/seccion-indicadores-economicos/cat%C3%A1logo-de-bienes-y-servicios). El código le permitirá a la Administración Tributaria conocer, a través de minería de datos, lo que cada uno de nosotros vende y compra.  

El reto inicial es buscar dentro de este listado todos los bienes o servicios que uno venda. La codificación errónea puede traer sancionespeor aún situaciones de presunción de actividades ajenas al giro de nuestro negocio.  

¡Aquí encontramos los primeros problemas!  

Por ejemplo, si estamos vendiendo productos o servicios que no tenemos inscritos frente al ATV, existe una sanción según el articulo 78 del Código de Normas y Procedimiento Tributarios (CNPT) de medio salario base por mes con un tope de tres salarios base.  

Tenga en cuenta que esto no es lo principal que está buscando Hacienda a través del CABYS.  

La Administración podrá, por ejemplo, ir detrás de un “pez gordo” que pueda perseguir a través de sus compras. Cuando estemos comprando bienes o servicios que no tienen relación con nuestra actividad, será difícil justificarlos como un gasto de deducible en renta o como un IVA acreditable. La vieja estrategia de que todo sea facturado electrónicamente al ente jurídico o la persona individual para introducirlo como gasto deducible se acabará a partir de diciembre.  

Otro tema que no dejará de exponerse es cuando realizamos actividades para las que no tenemos los requisitos de ley necesarios; por ejemplopréstamos, seguros y otrosPara todos estos, Hacienda podrá contactarse con las diferentes superintendencias e indicarles cuáles agentes económicos no se encuentran en regla.  

Tenga en cuenta que los bienes o servicios compuestos tendrán que repensarse. No existe dentro del CABYS algo como combos de productos o combos de servicios. Esto es relevante porque tanto a efectos de IVA como de renta, las salidas de inventario por promociones serán fácilmente detectables por la Administración Tributaria.  

¿Seguimos? Cual si fuera poco, el CABYS determina el IVA al producto que tengo que vender. Por eso, cuando venda un producto con una tarifa diferente a la que señala el CABYS, tendrá que dar una buena justificación para que sea posible. Si no, la factura será rechazada. 

¡El CABYS es un gran reto! Es la capacidad de una mayor observación automática de la Administración Tributaria, y por ello debemos tomar todos cuidados tributarios posibles 

El cumplimiento tributario es cada día mas complejo. Quienes antes tenían tácticas evasivas de fragmentaciones de renta, gastos deducibles que realmente son personales, y muchas otras tácticas conocidas en el mercado tendrán que olvidarlas y evolucionar a un cumplimiento transparente 

Los impuestos no son para jugar y debemos de estar listos La mayor sofisticación de la Administración Tributaria requerirá de agentes económicos más sofisticados. Acompáñese de un tributarista como lo hace de su médico, pues en Costa Rica cada día más caminamos a la certeza de que habrá dos cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos.  

 

Escrito Por:

Eduardo Rodríguez Bolaños- Socio Grupo Camacho Internacional 

Criterios de fiscalización 2021 ¿qué son y como me afectan?

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección General de Tributación debe publicar anualmente sus Criterios del Plan Anual de Fiscalización. Un mecanismo para dar a los actores de la economía un medio de seguridad legal. De no cumplirse con alguno de los criterios, el acto de selección para fiscalización podría ser ilegal.  

El conocido “me cayó Tributación” es un proceso en el que el contribuyente cuenta con reglas de protección para sus derechos. Conocer esas reglas permite ejercer los derechos de una manera eficaz.  

Si su actividad económica aparece en el listado de 18 sectores enunciados en el artículo único de la resolución DGT – R – 30 – 2020 el momento para buscar ayuda es ya. Inicie con su plan de acción de manera inmediata:  

  1. Evalúe su condición de cumplimiento tributario para los periodos no prescritos, sea para 2021, los que van de 2017 al 2020 ambos inclusive, en todas las obligaciones tributarias que haya tenido que presentar declaraciones aun cuando, en efecto, lo haya hecho en forma y tiempo. 
  1. Efectúe un análisis de riesgo de la condición de sus soportes documentales. Asegúrese de contar con las justificaciones relacionadas con el vínculo de causalidad y pertinencia de los gastos deducidos y créditos aplicados en relación con los diversos impuestos a los que está sujeto su negocio. 
  1. Determine mediante el proceso de diagnóstico fiscal la necesidad y pertinencia de ir de manera voluntaria a corregir posibles contingencias que, de solventarse voluntariamente, logran evitar las graves sanciones que van del 50% al 150% sobre la diferencia determinada, limitándola a una de mora con un 1% por mes, con un máximo del 20% de mora 
  1. En el momento de ser notificado del inicio de actuaciones de fiscalización, aplique el derecho mencionado en el punto anterior, que permite una corrección de forma automática y más “económica” de sus posibles contingencias. Ese derecho se convierte en una solicitud o petición que puede o no ser atendida en el proceso en medida favorable al contribuyente. 
  1. Busque apoyo experto para las cuatro fases anteriores, pero de manera superlativamente importante, a partir del momento en que reciba la notificación de inicio de actuaciones de fiscalización. Es decir, no esperar a la obtención del resultado, ya que, en muchos casos, este pudo haber sido dimensionado de manera adecuada si el contribuyente se hubiese dado a asesorar de manera temprana en el proceso. 

No deja de llamar la atención la selección de ciertas actividades económicas en el listado de fiscalizaciónen particular aquellas más abatidas por la crisis resultante de la COVID-19, como la inclusión del sector de Alojamiento y comida – o sea el sector turismo. Un sector con temporada cero que ha acarreado incontable destrucción de empleo y riqueza a lo largo y ancho del territorio nacional.  

Especial atención deben prestar las entidades no sujetas al impuesto sobre la renta, las incluidas en el artículo 3 de la ley 7092 y sus reformas. Entidades como: partidos políticos, instituciones religiosas con independencia del credo, las empresas que gozan del régimen de zona franca, las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, así como el sector cooperativo entre otros. 

Un severo reto para este tipo de entidades, ya que los deberes formales pueden ser sancionados a pesar de ser entidades exentas del impuesto sobre la renta. 

Por último, recuerde que las exenciones son válidas para la extensión de las obligaciones tributarias determinadas de manera voluntaria y en fase de autoliquidación de los exentos, pero que la exención no cubre las determinaciones que en fase de fiscalización la Administración Tributaria llegue a concluir. 

En Grupo Camacho Internacional hemos trabajado en el diagnóstico fiscal y acompañamiento exitoso de muchos contribuyentes para lograr la minimización de sus riesgos y ser garantes, que todos los derechos que le asisten al contribuyente sean respetados por parte de la Administración Tributaria en las diversas fases de los procesos.  

Contáctenos si usted está en uno de los 18 sectores enunciados en la resolución 30-2020 

 

  1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.
    2. Explotación de Minas y Canteras.
    3. Industrias Manufactureras.
    4. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.
    5. Construcción.
    6. Comercio al por mayor y al por menor.
    7. Transporte y Almacenamiento
    8. Alojamiento y servicio de comida.
    9. Información y comunicaciones
    10. Intermediación financiera y seguros.
    11. Actividades Inmobiliarias
    12. Actividades profesionales, científicas y técnicas.
    13. Actividades de servicios administrativos y de apoyo.
    14. Enseñanza.
    15. Actividades de la salud humana y asistencia social.
    16. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas.
    17. Otras actividades de servicios.
    18. Sujetos pasivos que se dediquen al desarrollo de las actividades señaladas en el artículo 3 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

 

 

¿Y las joyas de la abuela?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En momentos como el actual cabe preguntarse, nuevamente, sí será necesario vender las joyas de la abuela.

La pregunta fundamental es, precisamente, si estamos en condiciones de mantener esos ahorros que como sociedad hemos venido guardando por años y que se han puesto de manifiesto en algunas instituciones del Estado que puedan llegar a ser interesantes salir a vender, especialmente con la difícil condición de sostenibilidad de las medidas anunciadas el pasado jueves.

En momentos donde tenemos una desgarradora condición de la economía y la consecuencia en lo social, a través del bajo nivel de empleo y los índices de pobreza y miseria que empeoran, parece más bien contradictorio seguir con joyas en una casa donde no hay para alimentar a la familia.

Debemos tener claro que no todas las instituciones son susceptibles de ser vendidas, ya sea por sus funciones sociales, ya por sus potenciales compradores, o inclusive por la propia condición financiera de algunas de estas entidades.

Como tema país, la posible venta de instituciones requiere de un análisis pormenorizado, sin temores ensombrecidos, sin apriorismos que constituyan obstáculo a la gestión de la posible subasta pública internacional – donde pueden participar, por supuesto, grupos económicos organizados de costarricenses – de ciertos activos estratégicos en los que hemos, como sociedad, invertido y para los que es necesario considerar su posible venta.

Estos se concentran en pocas opciones, así que tampoco son tantas las joyas que la abuela nos dejó. Debemos administrar las pocas de ellas con inteligencia y diligencia.

Estos bienes deben ser condicionados a que su venta no sea para el financiamiento del gasto superfluo del Estado. Es decir, creemos de gran importancia incluirlo en el menú de las soluciones una vez se hayan ejecutado los cambios sustanciales, radicales y sostenibles que son necesarios para parar el sangrado de las finanzas públicas del país.

Pero, como debemos reconocer el sentido de urgencia, así como el largo camino a recorrer para materializar una venta estratégica, se hace necesario no dejar en el fondo de la gaveta el asunto; que, siendo el culmen de un proceso de saneamiento de las finanzas públicas, debe pasar por la aprobación del Poder Legislativo, donde se deben establecer los términos y condiciones bajo los que se considera aceptable acceder a esta especial disposición de los activos de todos.

Me permito algunas reflexiones del cómo, para que se vayan teniendo dentro de los elementos a definir en el proceso de discusión.

La primera de ellas alude a qué activos son susceptibles de entrar en este proceso. Indudablemente debemos apuntar a varios sectores que hemos acumulado como sociedad, esto no solo sigue las recomendaciones planteadas por el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sino también lo que algunos expresidentes de la República han recomendado a la administración Alvarado Quesada.

Primero activos de entidades financieras. Un paquete de uno de los bancos del Estado, el Banco de Costa Rica junto a BICSA, por ejemplo, podría llegar a ser una interesante combinación de orden atractivo a las entidades financieras internacionales. La acción aumentaría la competencia del sector en beneficio de los consumidores y evitaría la concentración de los riesgos que hoy yacen en manos del Estado en la gestión de los depósitos del público ahorrante.

A esta posible venta, debe aunarse – como corresponde – la protección mediante seguros a los ahorrantes, como un avance en el ambiente regulatorio que brinde certeza a los ahorrantes y evite los riesgos sistémicos que nos han advertido los organismos financieros internacionales, por la carencia de este mecanismo de aseguramiento.

También es susceptible de venta el Instituto Costarricense de Electricidad o segmentos de sus operaciones. Las entidades de telecomunicaciones experimentadas en la gestión profesional y rentable de estos servicios pueden mostrar algún interés de adquisición estratégica por parte de grupos ya presentes en la región, manteniendo para el Estado por supuesto el derecho de espectro y por tanto la generación de rentas adicionales – no fiscales – para la caja de un nuevo tipo de Estado.

El Instituto Nacional de Seguros. Existen empresas internacionales que son especializadas en este sector de la actividad económica y lo pueden llevar a buen puerto de manera eficiente, particularmente en beneficio predominante de los consumidores de seguros.

Debemos entender que los activos que se ofrezcan en el mercado deben ser financieramente rentables. De otra forma es salir más que a venderlos a hacer el ridículo de ofrecerlos, con el riesgo de manipulación de la venta en favor de grupos de interés concretos.

Se ha hablado del caso de vender la Fábrica Nacional de Licores. Parece insensato salir a vender una empresa que esta amarrada desde sus proveedores hasta sus clientes distribuidores. Hay que dejarla funcionar en condiciones normales de mercado, sin exclusividades proteccionistas de grupos de interés y económicos que privatizan estas ganancias y socializan en toda la ciudadanía las pérdidas.

Una vez dejemos que la Fábrica funcione sin estos lastres, por un plazo de al menos tres años, veremos cuanto es el valor real de la misma, sin sesgos que implicarían desventaja país, con cartas de naipe marcadas en favor de unos pocos, que serían eventualmente quienes, no solo llevaron a esa entidad a las condiciones de pérdidas, sino los únicos interesados en su posible compra después del estrangulamiento.

Esto no es limpio, no es transparente, es un manejo de cartel que debe evitarse a toda costa. Una cosa es la efectiva necesidad de generación de recursos propios a través de actividades de fabricación en manos privadas más productivas y eficientes y, por tanto, mejores para los consumidores, pero ello no significa que debamos seguir socializando las pérdidas a través de la venta, mientras se privatizan las ganancias.

En el anuncio del Gobierno sobre su iniciativa para negociar con el Fondo Monetario Internacional se incluye una iniciativa novedosa y peligrosa, cual es la venta de las tierras baldías del Estado o sus instituciones. Una innovación en la dirección correcta pero que requiere de un deber singular de cuidado para evitar los abusos de naturaleza sesgada en favor de quienes pueden atentar contra la transparencia e integridad de estos procesos.

Un primer filtro que es indispensable es crear un plan nacional de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de parques nacionales, zonas protegidas, corredores biológicos y de protección ambiental – solo para mencionar algunos – para que no sea que el Estado venda barato – a quienes tienen información privilegiada – algo que luego tenga que expropiar caro.

¡La perversidad está en los detalles! Cuando oímos cosas que pueden degenerar en consecuencias de esta naturaleza las debemos de parar antes que lleguen a ser simplemente un mal pensamiento. No sea que estos acompañados de la perversidad humana terminen siendo pecados capitales contra nuestro país.

Es tiempo de dar opción a que – de darse alguno o todos los procesos necesarios de ventas de activos estratégicos del Estado – se ponga destino concreto a los fondos que de esto se pueda derivar. De otra forma es como vender la casa de la familia para irse de fiesta. Simplemente este no es un camino que debamos siquiera tolerar que se pueda llegar a generar.

Se debe crear un mecanismo transparente de manejo de estos fondos para que de los mismos surjan tres usos singulares y vitales para retomar rumbo en la economía:

• Fomentar el empresariado con fondos de garantía líquidos,

• fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social, y

• reducir la deuda interna y externa cara y por vencer.

Con el fondo de garantías de créditos accesibles, rápidos e impulsores de desarrollo, debe crearse nueva empresa o sostener la existente que lo requiera, para que de esto se derive empleo digno, que pare la vertiginosa espiral de la miseria.

De igual manera deben destinarse recursos para el fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante el pago de la deuda del Estado por cuotas contributivas pendientes en montos abrumadores, así como generar fondos para la inversión en reconstrucción de infraestructura sanitaria y de reposición de fondos de pensiones.

Y por último, y no menos importante, reducir la deuda interna y externa de alto impacto en el gasto corriente del Estado, disparador que, junto con el exceso de tamaño del Estado en relación con las compensaciones salariales de lujo que tenemos, son endémicos problemas que deben resolverse sin dilación.

No podemos permitir que un centavo de las ventas se vaya a financiar gasto corriente. Esto sería perder el remedio, habiendo bebido la amarga pócima de la valentía, sin lograr los efectos deseados.

Publicado en La República el Martes 22 de septiembre de 2020

Efectos de cambio en tarifas

Efectos de cambio en tarifas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque cualquier cambio en el que se grava o se determina cómo se calcula base de aplicación de un gravamen debe pasar, indudablemente, por aprobación legislativa como mandato constitucional de reserva de Ley, esta es una iniciativa que, usualmente, es impulsada por el Poder Ejecutivo. Igual sucede con la definición de tarifas aplicables y la definición de quiénes son los obligados a pagar una nueva obligación tributaria.

Como estamos en las puertas de una revisión estructural de los ingresos del Estado haremos un repaso de en qué consisten estos.

Los estados democráticos de derecho se plantean, ya sea por mandatos de orden constitucional primarios o como consecuencia de principios inspirados en ellos, por medio de normas legales, los deberes que debe cumplir el Estado y las instituciones o medios materiales, humanos y tecnológicos que le permitirán el cumplimiento de estos objetivos.

Son de irrenunciable reserva al Estado costarricense, los deberes del cuidado de la vida humana, por tanto, todos los medios instrumentales a esta, como lo son la sanidad y la seguridad ciudadana son deberes que tutelan el principio fundamental.

De igual forma, como país desde los albores de nuestra vida republicana, optamos por tener una educación universal para los habitantes de la República. Un instrumento de dignificación de la condición de la persona, así como un medio de desarrollo económico, con preferencia a la inserción económica basada en el talento y no en la competencia por el hambre.

Hemos optado como país a una preferencia por la protección de la condición de los trabajadores en ejercer sus derechos y garantías. Consagramos desde el orden constitucional y complementos de orden normativo laboral, normas que sean acordes a la condición de un salario mínimo, un sistema solidario de orden contributivo para la sustentación de la persona en incapacidad temporal o permanente de trabajo, así como una dotación de retiro acorde a sus contribuciones, con algunos matices cada vez más regresivos.

Como nación, también hemos optado por un modelo de desarrollo basado en el equilibrio del desarrollo económico; con una vocación preferente por la naturaleza como parte instrumental a la dotación de unas condiciones de calidad de vida de los habitantes no solo para nosotros, sino con una clara contribución al mundo. Nuestra huella de limpieza ambiental representa casi el 25% del territorio nacional dedicado a la conservación de los suelos, el aire y las aguas de nuestro país, para nosotros y para el mundo.

Todas estas opciones de las funciones que como Estado nos planteamos tienen indudablemente en un mundo económico, un uso alternativo que implica el costo de mantener, sostener, financiar e invertir, no solo en las prestaciones actuales sino en las necesarias herramientas para dar sustentabilidad futura a dichas necesidades.

Este pacto social se vulnera de diversas formas. Por una parte, cuando el deber de hacer lo debido por norma legal no se cumple a cabalidad de la manera más eficiente, sabiendo que los recursos de todos son los que se comprometen en cada acción y en cada omisión.

Tanto en aquellas situaciones en que el contenido presupuestario para el cumplimiento de dicho mandato, parte de ese pacto social, es inexistente o en las que su contenido se ve – como en este momento – comprometido por la escasez de los recursos tributarios sanos.

La ecuación de ingresos del Estado la componen fundamentalmente los tributos, los precios públicos de los servicios que este presta en condición de participe de la economía – modelo por revisar – así como, de los financiamientos tanto de orden local como internacional que obtenga.

La Administración Alvarado Quesada si bien es protagonista del cambio más significativo de la norma legal de modernización del sistema tributario costarricense, ha sido también la más irresponsable en su custodia, puesta en marcha y rigor de aplicación… y no solo en la recaudación tolerando con ojos abiertos y bocas cerradas la evasión abierta y flagrante.

No se ha limitado solo a esa falta de rigor, sino que también ha propiciado el menoscabo de la sanidad fiscal sosteniendo normas reglamentarias en IVA que son absolutamente ilegales. Regalando beneficios a grupos de interés concretos e identificables, con la mera lectura de la norma.

De igual forma ha sido protagonista de la irresponsabilidad de la administración de la regla fiscal. Regla que se ha roto, rompiendo la parte del pacto social que nos engatuso a todos los que apoyamos la necesaria reforma en lo tributario a cambio de aquello que, aunque plasmado en la norma legal, ha quedado, una vez más, en simples promesas huecas, como hueco es el discurso con que nos sigue rodando la Administración Alvarado Quesada.

Por ese motivo, no tiene ni cara ni autoridad moral – si es que de esto entienden – para llegar y promover, propiciar y comprometer eventualmente cambios en tarifas en el impuesto sobre la renta, con incrementos de la actual tarifa general del 30% al 35% o más. Está demostrado que, a mayor tarifa de impuesto sobre las utilidades de las empresas, los efectos esperados de la recaudación se convierten más bien en recaudación reducida.

Gravar las utilidades de las empresas con unas tarifas mayores sí promueve la no inversión en el país, desestimula la creación de empleo – con la actual condición de desempleo – no siendo contestes a las necesidades sociales que, para mantener el pacto social, requerimos.

La recaudación baja debido a dos fenómenos. El camino legal, que consiste en que, quien iba a hacer una inversión no la hace – o al menos no en Costa Rica – y el que respecta a la mayor estimulación de la evasión fiscal – acto ilegal que, está demostrado se incrementa – con una Administración Tributaria incapaz desde su cabeza hasta sus pies de combatir este flagelo.

Aumentar la tarifa del IVA del 13 % actual al 15 o 16% es simplemente inaceptable cuando los índices de actividad económica real han caído de manera dramática consecuencia del estrangulamiento del empleo y la empresa. Encarecer los bienes y servicios de quienes tienen menor ingreso, o ya carecen de esto, es solo cavar de manera profunda en la fosa de la recesión, donde tendremos cadáveres resultantes de la destrucción del sistema de libre empresa que es uno de los principios constitucionales más vulnerados por la actual administración.

Aumentar la tarifa del IVA no puede ser de recibo en coexistencia con seguir de manera ilegal entregando exenciones ilegales, que no fueron aprobadas por los diputados. Los facultados para otorgar – por principio de reserva material de ley – exenciones como parte de la potestad tributaria que le encomienda el artículo 121.13 de la Constitución Política.

Como ciudadanos debemos exigir a nuestros diputados tomar control de estas propuestas cuando les lleguen y condicionar cualquier posible aumento – eventualmente necesario – para que, de darse, ocurra en consecuencia de al menos dos años consecutivos de reducciones permanentes en el tamaño del Estado, en la eliminación definitiva de los sistemas de privilegios de orden salarial, con consecuentes repercusiones en las pensiones de las “vacas sagradas”, que habiendo aportado poco, siguen “mamando” mucho.

¡Solo así! Viendo para creer. Toda posible presunción de buena fe de la actual administración ha sido desbaratada por el Poder Ejecutivo desde su cabeza hasta sus pies. Ha hecho mérito la Administración Alvarado Quesada para que no se le pueda dar lugar a siquiera dudar en su favor. Lo han destruido, han lapidado todo su capital relacional, su credibilidad y han burlado al pueblo de Costa Rica.

No a cualquier aumento de tarifas de impuestos de renta ni de IVA. Antes deben reparar tanto el tema de la reducción sostenida y sustentable del Estado, como ampliar la base a todos los contribuyentes, eliminar privilegios en lo público y en lo privado por igual.

Solo así veremos materializado el principio constitucional de igual ante la ley, consagrado en la Constitución Política, tan maltrecho, por cierto, pues hemos hecho de la igualdad, una condición de castas y estamentos, que son vientos sembrados que solo cultivarán tempestades.

Publicado en La República el Martes 08 de septiembre de 2020

Transformación digital, la normalidad

Transformación digital, la normalidad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tiempos de pandemia se habla de la “nueva normalidad.” Esto nos conecta de inmediato con las conferencias de prensa diarias de los Gobiernos.

El distanciamiento social, las restricciones vehiculares, las aperturas con aforo reducido, los cierres de negocios y el aumento en las tasas del desempleo son temas que se vuelven la comidilla diaria del pueblo, pero se deja de lado un elemento clave para esta normalidad, ya no nueva, que permite el desarrollo y mejoramiento en distintas áreas de la vida cotidiana: la transformación digital.

Si bien es cierto, en la actualidad, al menos en Costa Rica, la mayoría de las personas de distintas edades, estratos sociales y preparación académica tienen acceso a internet, esto no es sinónimo de que se haya adoptado a cabalidad la transformación digital.

La adaptabilidad va más a allá de las aplicaciones de los dispositivos móviles como celulares y tabletas; no se trata – solo – de utilizar el internet para la comunicación diaria entre pares y el aprovechamiento de canales sociales y de ocio.

La transformación digital es una penuria innovativa para muchos e incluso no es aún, en medio de la pandemia, una prioridad  en las empresas. No es lo mismo el uso de aplicaciones como Netflix, Spotify o redes sociales que la implementación de verdaderas herramientas para el desempeño diario de labores, superación personal y el mejoramiento continuo.

En el ámbito laboral, la digitalización es prioritaria, máxime en tiempos de Covid-19.

El contar con las herramientas para ejecutar los trabajos y los negocios, y si a esto le sumamos un capital humano consciente de la importancia de la digitalización como un nuevo estilo de vida, es el camino para que las empresas no se vean forzadas a interrupciones abruptas en la ejecución de servicios o bien, a cierres inesperados por reducción o suspensión de ingresos que no pueden controlar desde su modalidad de trabajo “análoga”.

La gran ventaja de las empresas que llevaron a cabo con un rotundo éxito el proceso de digitalización radica en la visión de sus líderes y la adaptabilidad de sus equipos. Les permite, en el ambiente actual, estar a la vanguardia de la excelencia en sus áreas de servicio, internas y externas. Son estas organizaciones las que han logrado sortear el entorno y evitado resentir los cambios por COVID – 19 de manera negativa.

Las entidades públicas y privadas han corrido para adaptar y adoptar sus necesidades sus necesidades en los últimos meses y han hecho modificaciones para continuar con sus procesos de manera digital.

Si bien es cierto, que algunas organizaciones habían ya implementado la virtualidad con buenos resultados, solía tratarse de planes piloto, enfocados en grupos de colaboradores o servicios, estas son las menos y la situación que vivimos desde marzo anterior solo demuestra que Costa Rica y la región estaba aún en pañales en cuanto a transformación digital.

Penurias sobran, pero un buen ejemplo es el caso de las instituciones educativas que debieron empezar por capacitar a los docentes de educación pública de Costa Rica para el uso de herramientas digitales. Algo completamente ajeno al cronograma típico del Ministerio. Y así como este, son cientos o miles de ejemplos de empresas y organizaciones.

Mientras en la vida diaria nos hemos digitalizado, incluso desde antes de la pandemia, de manera que acortamos distancias y mantenemos contacto con nuestros seres queridos, muchos aún tienen el reto de llevar esa digitalización a sus labores, que les permita ejecutar reuniones de trabajo, estudiar y contribuir al beneficio propio y colectivo.

La transformación digital es un elemento clave que complementa a la humanidad; y como tal, debemos adoptarla con naturalidad y actitud positiva.

¡Cierto! Los procesos de cambio suelen ser complejos en las empresas. Además, hay riesgos o cuidados para tener en cuenta, como, por ejemplo, temas de seguridad de la información, manejo ético de datos y responsabilidades de cada parte… Pero lo que es un hecho, es que debemos adoptar la transformación digital en nuestra realidad, que cada vez tiene menos de “nueva”.

Escrito por: Maritza Mora, Equipo Administrativo

¿Qué está pasando en el mundo?

 

Aunque la pregunta puede ser vista desde diversos ángulos, es importante remarcar la importancia de incluir un repaso de nuestro entorno mundial, ya que en una economía global e interdependiente como la que vivimos, hay una diversa gama de fenómenos que estamos experimentando, que nos son inexplicables a primera vista.

Un fenómeno que no dejó de sorprender de manera completa a propios y extraños fue la inusitada conducta del precio del petróleo en el mercado internacional, para entregas a mayo. Conducta que no se ha limitado a este bien -clasificado en la familia de los “commodities”- sino que ha impactado a muchos relacionados con las industrias de la construcción, la movilización y la energía.

Los “commodities” tienen la característica de ser transados en los mercados entre productores o intermediarios, adquiridos por una dualidad de compradores. Tanto por aquellos que encuentran en estos bienes una manera de inversión, como por los que son grandes distribuidores de regiones o países que consumen dichos bienes.

Aunque sea la primera vez que nos acerquemos a mirar esta forma particular de bienes en la economía, es importante indicar que solo mediante el acercamiento a ellos, sin exceso de tecnicismos, podemos comprender qué pasó con el petróleo y por que éste y sus hermanos los “commodities” son medios para invertir.

Si el lector presta cuidado, habrá notado que he mencionado el precio que bajó fue el del petróleo con entregas a mayo, lo que nos da una de las múltiples característica de estos “commodities.” No se transan para ser entregados al momento, como los demás bienes de consumo o de inversión, sino que se transan a un precio, el día de adquisición para una fecha de compromiso de entrega en el futuro, variando el precio según el momento de la entrega.

Esto nos lleva a por qué los inversionistas usan los “commodities” como instrumentos para obtener beneficios. Conforme más se aleja la fecha de entrega, el precio al que se transa el bien tiende a ser menor por los riesgos y el valor del dinero en el tiempo, asimilable a los rendimientos en medios directos, tales como las tasas de interés, siendo más altos, conforme está mas cerca el momento de la entrega.

Todo se basa en el principio básico que supone que obtendrá una ganancia, aquel que, en condiciones normales de mercado, haya comprado a más largo plazo y venda cerca de la fecha de la entrega. Sin embargo, aquí está la explicación del inusitado “precio negativo.” Estas transacciones suponen “condiciones normales de mercado”, al variar esta condición simplemente el precio se comporta de manera absolutamente caprichosa, pudiendo ser mayor o menor según sean las condiciones de riesgo que los compradores y vendedores perciban.

Al alargarse la crisis de salud, con la consecuente medida de confinamiento o distanciamiento social, se ha provocado una condición anormal en el mercado. El petróleo que ya estaba embarcado por los exportadores, conforme caminaban las manecillas del reloj a la fecha de entrega, no encontraba compradores – pues los consumidores finales se encuentran paralizados -y genera un gran aprieto a los que habían comprado sin conocer siquiera la existencia del Covid-19 y sus consecuencias en la movilización y por ende, en los patrones de consumo del petróleo.

Esto hizo que los dueños del petróleo estuvieran dispuestos a pagarle a su comprador, así como lo lee, por llevarse el producto, para reducir el tamaño de sus pérdidas y la consecuencia en la mayor parte de los mercados fue la reducción consecuente de los derivados del petróleo. Anormal, lo que es indicador de que los mercados se están comportando de manera totalmente anormal.

Ya no solo el de los “commodities” sino el de los demás productos como aquellos relacionados a los nuevos consumos, sean los que se utilizan para la atención de la emergencia sanitaria, así como la demanda desordenada, estimulada por el temor, la histeria y el pánico de que nos quedáramos sin abasto de alimentos y el curioso consumo masivo de papel higiénico.

De ahí que cuando nuestras autoridades sanitarias nos dicen que el mercado de las mascarillas, el de los aparatos para hacer pruebas de contaminados, así como muchos otros requeridos en la atención del Covid-19, están experimentando condiciones anormales de mercado, es precisamente, por comportarse de forma distinta a la que se comportaban antes de la pandemia.

Hacer este espeso repaso por dos áreas de las múltiples que ocurren actualmente en el mundo, nos dicen cuáles son los retos por superar cuando estamos decidiendo: ¿qué debemos hacer con nuestra empresa en los tiempos actuales?

Si nos miramos nuestros zapatos solamente, pues nos aprietan en la actual situación, permaneciendo en nuestro metro cuadrado, estamos limitando las posibilidades de la empresa para sobrevivir en las turbulencias que vive la burbuja azul, el planeta en el que vivimos todos. El problema no son los zapatos, el problema es el terreno que estamos pisando.

Son los mismos zapatos, aquellos en los que nos sentíamos cómodos, los que de repente nos dan una sensación agobiante de incomodidad inexplicable. Es equívoco creer que el problema son los zapatos, navegar en las batidas aguas económicas de hoy, es agobiante y mortal, si no logramos definir cuáles son los adecuados vestidos y equipamiento con que debemos enfrentar esta travesía de indefinida temporalidad.

Responder la pregunta ¿qué está pasando en el mundo? con la inocencia de sospechar que el problema son mis zapatos, es garantía letal para su empresa o emprendimiento.

Valga decir, que, además, percatarnos de la diferencia por la persistente molestia en nuestros pies, puede llegar a ser un factor exacerbante de la condición de riesgo en la que nos encontramos.

Estamos en una recesión económica resultado de la pandemia, que los optimistas indican que no se iniciará a recuperar antes del final de 2021, lo que nos lleva a tener que tomar decisiones valientes, disruptivas e innovadoras a la mayor brevedad. El tiempo es como el oxígeno del tanque, tan crítico como saber, con cuanto cuento para sobrellevar esta situación.

Cuando el empresario o emprendedor llega a este punto de la encrucijada necesita ayuda, pero lo aconsejable es que la busque lo antes posible. Estamos viviendo tiempos que nunca a nuestra generación le tocó vivir. Apasionantes como reto de supervivencia, pero se necesita de mucha ayuda especializada, no en Covid-19, sino en gestión de crisis en al menos cinco pilares básicos.

Primer pilar: manejo de riesgo, siendo esto la capacidad primaria de identificarlos, medirlos y gestionarlos; ya sea trasladándolos a otros agentes de la economía, o identificando cómo reducirlos o mitigarlos. Esto es toda una disciplina de la gestión administrativa que toma años de preparación y tenemos días, con suerte meses, para poder actuar.

Segundo pilar: estructuración financiera. Un factor crítico al que en nuestra práctica profesional hemos detectado la mayor parte de las empresas. Empresarios y emprendedores cuentan con la mayor experiencia, aunque los que han tenido que renegociar y aprovechar los diversos alivios institucionales existente, renquean de manera importante, ya por exceso o por defecto.

Tercer pilar: administración del asunto de continuidad de negocio, o el de negocio en marcha. Muchos, por ver el corto plazo, están obviando que, al tomar decisiones apresuradas y carentes de dimensionamiento, pueden estar poniendo en riesgo la efectiva capacidad de continuar en negocios, después de indiscriminadas conductas o recortes que se convertirán en un boomerang mal administrado, que golpea a la vuelta.

Cuarto pilar: tema tributario. Es momento para navegar aprovechando cada alivio que la ley marco así denominada, de Alivio Fiscal, otorga con conciencia y responsabilidad. De igual manera es imperdonable no acceder a la planificación adecuada de las cargas tributarias, para lograr disminuir este importante costo – que llega casi al 58% de carga acumulada – dentro del marco de la ley. Disciplina que debe pasar por un apoyo experto, distinto a la buena técnica de llenado de declaraciones impositivas.

Quinto pilar: tan crítico como los anteriores, la comunicación en su dimensión estratégica, orden operativo, manejo de comunicación en crisis en la diversidad de públicos y en sus dimensiones internas y externas. Este es un suero vital que muchas organizaciones han perdido de vista y de no gestionarlo, aun si hipotéticamente estuvieran haciendo bien el resto de los pilares, podrían estar sembrando el germen de su futura lápida.

Administrar en crisis requiere, como pueden notar, una diversidad multidisciplinaria que debe estar atenta como en una unidad de cuidados intensivos a cada signo vital, a cada progreso o retroceso. No son solo son los respiradores los importantes, también lo son la gama de valoraciones multidisciplinarias que en estas salas especializadas y escasas se deben gestionar. Así como son de escasas las camas de UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) también lo son los proveedores integrales de apoyo profesional para poder mejorar las posibilidades de supervivencia empresarial.

Así como un paciente prudente debe evitar la automedicación en todos los casos, se hace absolutamente exigente que, cuando se llega a necesitar de cuidados intensivos, evite por más que su empirismo empresarial le haya sido útil, llegar a tratar de resolver por sí mismo algo absolutamente nuevo, ya que puede estar acelerando lo que cree estar evitando, la muerte de su negocio y aumentando el riesgo sobre los bienes personales y familiares.

Déjenos ayudarle, somos su unidad de cuidados intensivos empresariales, no se espere para el final, puede que no haya camas, espacios, respiradores o que su propia condición haga que ya nada le logre evitar.

Publicado en el periódico La República el 05 de mayo del 2020

Precios de Transferencia y su impacto en Guatemala. (Parte I)

Precios de Transferencia Guatemala

¿Cuándo inicia el tema de Precios de Transferencia en Guatemala?

En el año 2012 se publica la Ley de Regulación de Precios de Transferencia, mediante el decreto 10-2012, dando inicio en la vida jurídica del país con el tema de precios de transferencia, posteriormente, se han emitido otras disposiciones que enumeramos a continuación:

Fecha Disposición Resumen
5 de marzo del 2012 Decreto 10-2012 Congreso de la República. Ley de Actualización Tributaria.

Se actualiza la legislación en materia fiscal, siendo de relevancia en cuestión el capítulo VI “Normas Especiales de Valoración entre Partes Relacionadas”. De los artículos 54 al 67.

13 de mayo del 2013 Acuerdo Gubernativo 213-2013 “Reglamento del Libro I de la Ley de Actualización Tributaria Decreto 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, que establece el impuesto sobre la renta.”

Se reglamente lo referente al Libro I de la Ley de Actualización Tributaria, lo referentes al tema de valoración entre partes relacionadas corresponde a los artículos del 37 al 66

Septiembre del 2016 Guía Técnica de Estudio de Precios de Transferencia

Se establecen los parámetros para la forma de presentación para un correcto y estandarizado análisis de precios de transferencia y de esta forma cumplir con los artículos 65, 66 y 67 de la Ley.

Año 2017 Instructivo del Anexo a la Declaración Jurada Anual del Impuesto Sobre la Renta, sobre Partes Relacionadas.

Se explican las diferentes casillas que debe completar el contribuyente con relación al Anexo al ISR y de esta forma cumplir con el artículo 65 del Decreto 10-2012

¿Quiénes son los sujetos obligados a presentar Precios de Transferencia?

De conformidad con el artículo 57 de la Ley (2012), el ámbito de aplicación de las normas de valoración de las operaciones entre partes relacionadas alcanza a cualquier operación que se realice entre la persona residente en Guatemala con la residente en el extranjero, y tenga efectos en la determinación de la base imponible.

A continuación, los criterios para dos personas se consideren partes relacionadas de acuerdo con el artículo 56 de la Ley (2012):

  1. Cuando una de ellas dirija o controle la otra, o posea, directa o indirectamente al menos el veinticinco (25%) de su capital social o los derechos de voto, ya sean en la entidad nacional o extranjera.
  2. … cinco o menos personas dirijan o controlen ambas partes relacionadas, o posean en su conjunto, directa o indirectamente, al menos el veinticinco por ciento (25%) de participación en el capital social o los derechos de voto de ambas personas.
  3. … se trate de personas jurídicas, que pertenezcan a un mismo grupo empresarial, dos sociedades forman parte de un mismo grupo empresarial si una de ellas:
    1. Posea la mayoría de los derechos de voto
    2. Tenga la facultad de nombrar o destituir a los miembros del órgano de administración …
    3. Puede disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros socios, de la mayoría de los derechos de voto.
    4. Haya designado exclusivamente con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración.
    5. La mayoría de los miembros del órgano de administración de las personas jurídicas dominada sean personeros, gerentes o miembros del órgano de administración de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta.

También se consideran partes relacionadas:

  1. Una persona residente en Guatemala y un distribuidor o agente exclusivo de la misma residente en el extranjero.
  2. Un distribuidor o agente exclusivo residente en Guatemala de una entidad residente en el exterior u esta última.
  3. Una persona residente en Guatemala y sus establecimientos permanentes en el extranjero.
  4. Un establecimiento permanente situado en Guatemala y su casa matriz residente en el exterior, otro establecimiento permanente de la misma o una persona con ella relacionada.

¿Cuándo se define el Estudio de Precios de Transferencia en Guatemala?

El artículo 65 de la Lay (2012) establece que los contribuyentes deberán contar con la documentación y análisis suficiente para demostrar y justificar la correcta determinación de los precios de transferencia. Esta documentación es lo que se conocer como “Estudio de Precios de Transferencia”, el mismo solo debe ser entregado ante solicitud de la Administración Tributaria y se cuenta con un plazo de veinte (2) días desde la recepción del requerimiento.

La información que debe contener el Estudio de Precios de Transferencia se divide en dos; el artículo 66 establece la documentación relativa al grupo empresarial al que pertenezca el contribuyente y el artículo 67 establece la información y documentación relativa al contribuyente.

Con el objetivo guiar a los contribuyentes sobre la información que se debía documentar en el Estudio de Precios de Transferencia, la SAT publica en septiembre del 2016, una guía técnica en la cual explica con un mayor detalle lo establecido en los artículos 66 y 67; así como alguna otra información complementaria y anexos.

La próxima semana continuaremos con lo relativo a la obligación de la declaración informativa en materia de precios de transferencia, el régimen sancionador y un recuento del accionar de la Administración Tributaria en los últimos años.

Les instamos a contactarnos para mayor información, mi nombre es Pablo Ibarra y soy Gerente de Impuestos con especialización de Precios de Transferencia pibarra@grupocamacho.com; o con el Socio responsable el señor Eduardo Vargas evargas@grupocamacho.com.

 

Pablo Ibarra Marín

Gerente de Impuestos

 

Próximo paso

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Este proceso que lleva a Costa Rica a una segunda ronda de elecciones, es un complejo fenómeno que podemos sin duda tornar en una gran oportunidad de pacto nacional. Es evidente que todos los sectores, con independencia de su resultado, han adquirido clara conciencia de que el alineamiento requerido por el país excede los límites de lo electoral y se planta frente a los dos señores candidatos como el reto de cohesión con propósito.

Estamos en un punto de inflexión en el que por las circunstancias económicas, el lujo de errar está vedado. Es indispensable lograr un acuerdo marco nacional en materia de rescate económico y financiero del país. Los niveles de endeudamiento y déficit han topado límites de altísimo riesgo, no solo para la estabilidad macroeconómica, sino de manera especialmente preocupante, para la estabilidad social.

Tal y como recientemente lo hicieron los partidos socialdemócrata y socialcristiano en Alemania, requerimos un acuerdo inmediato, no hay tiempo para largas distracciones, ya que el público local y los mercados internacionales están altamente temerosos, esto genera un estado de aceleración en la desmejora de los elementos objetivos como lo son el empleo, la inversión, el ahorro, la colocación de deuda externa entre otros.

El gran acuerdo nacional debe tender puentes para hablar ahora, de los temas que no se trataron en la campaña recién pasada, distraídos por asuntos de orden circunstancial, nuestra brújula país perdió el norte magnético de la sensatez, la confianza en equipos experimentados y se desdibujó, en lo que hoy de manera residual son dos fuerzas con falencias importantes en su capacidad propia para lograr gobernar nuestro país en los días venideros, el horizonte así visto es de grandes nubarrones que anuncian tiempos de tormenta económica y posibles levantamientos sociales, que no queremos invocar siquiera, pero seríamos ilusos en creer que eso no pasa en Costa Rica.

El que tiene equipo, aunque con rendimientos decrecientes si no hace los recambios, tendrá que ceder posiciones para que pueda ser atractivo a un efectivo gobierno de concertación nacional. El que no, tiene la oportunidad de oro de tener muchos asientos vacíos y mucho capital intelectual de gran talante que merecen conformar parte de una iniciativa país, con una agenda pactada, tanto por el Ejecutivo, como por el Legislativo. La numerología da para un gran acuerdo sin precedentes, que plantea una posible conformación de mayorías inusitadas en las últimas décadas y causante del fenómeno de la ingobernabilidad entre otros disparadores.

No basta con numerología, se requieren voluntades y una clara agenda nacional, configurada por protagonistas de gran credibilidad en el colectivo social, bandera que han enarbolado dos grandes pilares del pensamiento y análisis del fenómeno de la cosa pública en Costa Rica como lo son El Estado de la Nación y el INCAE. Si dejamos que los técnicos expertos, que sin pasiones ni mezquindades se han ofrecido a la confección de esta agenda, la formulen y guíen su discusión para el pacto, habrá motivos para pactar, un norte nuevo que recupera la confianza y credibilidad institucional del país, dando un golpe de timón que nos aparte del nebuloso horizonte descrito, hacia las aguas de acuerdos supremos.

Para esto necesitamos que los partidos acepten que requieren consensuar en la agenda, comprometer sus bancadas y tener equipos idóneos en el Ejecutivo, con talentos provenientes de donde el talento está, mayormente fuera de sus partidos, generando el inicio de un círculo virtuoso, como el que merecemos todos y cada uno de los costarricenses.

Debemos pactar también que no todo se podrá resolver, apegados a un claro principio de realidad, por tanto, debemos lograr que se haga en la agenda nacional una primera labor de priorización, sin la cual los acuerdos y las métricas de los mismos serán más estériles que su inexistencia misma.

Debemos hacer una veda electoral respecto del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como del paupérrimo e insensato manejo del mismo dado por la señora vicepresidente de la República, para que el asunto que es un tema ahora de mero derecho sea abordado por las autoridades competentes y no enturbiemos la mente, la visión, la sensatez por algo que, aunque lleguemos o no a un acuerdo en las esferas políticas, no es a estas a las que corresponde definir. En consecuencia, de esta veda, debemos pactar también una tregua a la intifada religiosa que en consecuencia del errático manejo dicho se ha desatado. No invitamos a ninguna de las partes a abandonar sus principios, creencias y valores, todo lo que les pedimos es que dejemos esas armas en veda en esta segunda vuelta electoral, para concentrarnos en lo trascendente.

Costa Rica puede salir adelante si hace esta decisión histórica, no una parte, sino toda ella, en su conjunto, sin parches, con nitidez visionaria en la construcción de un país modelo como el que añoramos; porque ha sido arrebatado de las manos de los costarricenses, por la corrupción empresarial de algunos “vivillos”, que se han valido de la clase política para favorecerse en lo particular en detrimento de la mayoría. Soy un defensor ferviente de la empresa privada, de la libertad de los mercados y del rol de mínima interferencia que debe jugar el Estado, pero no podemos dejar de decir que esto apesta cuando se ha confundido el servir con el servirse.

Es la hora de este gran acuerdo, si no en realidad da igual por quien votemos, solo conoceremos el nombre, pues el apellido esta pactado, del capitán del Titanic que indefectiblemente se hundirá, en el mar de la pequeñez de mente y falta de rectitud de intención.

Cortesía de La República

La economía, por favor

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Esta es mi última columna antes de las elecciones costarricenses; me parece oportuno, sin tomar partido, hacer un llamado a lo fundamental. Esto es, provocar la conciencia de que la elección no debe ser una discusión como se ha tornado desgraciadamente, donde la prioridad sean agendas paralelas al centro de atención mas importante que es cómo y con qué equipo llevará la próxima administración a Costa Rica, fuera de la zona de aletargamiento económico, que ha manifestado con criminalidad, muerte y flagelo del desempleo, lo que ocurre cuando se dejan de lado las acciones urgentes e importantes como lo son las de propiciar la confianza necesaria tanto en el sector interno como externo de los inversionistas para que sean estos quienes mediante la inversión productiva generen nuevos medios de riqueza incremental, nuevo empleo, que a la vez aumente la capacidad de consumo de los costarricenses y estos a su vez, de la manera sana y sostenible por medio de una carga tributaria moderna, pasando del actual sistema anacrónico de gravar las ventas y las rentas de la forma que esta fuera el contexto de la realidad, mejoren las finanzas del Estado.

También vale la pena que prestemos atención a dos elementos noticiosos recientes en los lectores sofisticados del mercado; por un lado, la agencia calificadora Fitch, que indica que los chances de mejora de la calificación país, solo se pueden lograr con una reforma fiscal integral e inmediata. No más postergación al redimensionamiento del gasto público, ni menos aún a la modernización del sistema tributario y la administración de los tributos, gran protagonista del nihilismo que padece el país en esta materia.

A la vez la caída de los bonos de deuda de Costa Rica, resultado de la incertidumbre en la nebulosa de la elección, solo es signo de cuál debe ser la guía de no voto, el voto no puede ir a la agenda monotemática de nadie, sea está acorde o no con la profesión de principios y valores de cada quien. El aumento del riesgo, no solo de la percepción del mismo, lo estamos viendo reflejado no solo en la caída internacional de los precios de nuestra deuda externa, sino que también, en las acciones desesperadas de Hacienda por una colocación de ventanilla para cerrar el gran faltante de recursos que tiene el Estado hoy. Cuando la cifra del déficit se ubica en el orden del 6,6% del PIB, están ocurriendo dos fenómenos de difícil separación: en primera instancia el valor absoluto del faltante está aumentando y como consecuencia de la recientemente reconocida, pero evidente recesión en la economía real, los valores del producto interno bruto están cayendo, estamos en sala de cuidados intensivos, no podemos pegarle un susto al paciente, se nos puede morir del mero susto y no de todos los padecimientos que en realidad le aquejan.

Es momento de meditar sobre las consecuencias de elegir un partido sin equipo, estamos al final de un experimento social de protesta consumado en las urnas hace cuatro años, donde la administración Solís, es en esta materia no solo estéril en acciones de remediación, sino un claro ejemplo de qué ocurre cuando el poder cae en manos de quien no está preparado para ejercerlo, así como cuando no cuenta con un equipo experimentado. Ya está demostrado con los últimos hechos de corrupción flagrante también, que esta no es monopolio de un partido, pues quien llegó al poder bajo las promesas de limpiar la corrupción ha sido elocuente en su incapacidad de lograrlo, así como de haber sido presa fácil de la seducción del pecado del poder por el poder mismo.

Esta elección es fundamental para Costa Rica, para definir, si logramos salir del aletargamiento económico, la incertidumbre de reglas y pactamos un marco de acción para la concertación nacional de los grandes temas.

Sabemos que no es mucho lo que se puede hacer desde Casa Presidencial sin contar con una representación significativa en la Asamblea Legislativa, esto nos llama a la reflexión de depositar en las urnas de manera consistente nuestro voto al candidato a presidente, con sus compañeros de fórmula en el Congreso. La democracia se entiende mal cuando se mira como la partición del voto, ya que esta acción traerá como consecuencia la partición misma de la posibilidad real de acuerdos nacionales que vienen creando una gran deuda económica y social.

El uso responsable de la libertad llama a que nadie se quede sin ejercer ese derecho de voto, para quienes lo disfrutamos como derecho, no queremos tener que luchar de nuevo por rescatarlo, la apatía es una de las enfermedades sociales más peligrosas de la era moderna en especial, cuando a la toma de decisiones como pueblo libre se refiere. No son necesarias manifestaciones externas, no es tiempo de jolgorios o festines electoreros, es la hora de votar, con el corazón, la mente y la de ser entero por una mejor Costa Rica en su sentido más amplio.

Cortesía de La República

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