¿Qué es renta global dual?

 

 

El concepto de renta global dual se ha venido manejando de manera bastante desenfadada con múltiples confusiones conceptuales, como resultado de la velocidad en los cambios de proyectos de Ley para gravar a las personas físicas, luego de la presentación del primer proyecto fallido por parte del Poder Ejecutivo.

Para entenderlo debemos partir de la condición actual de la tributación en Costa Rica. Un sistema tributario tipo cedular para la imposición directa de las personas. Esta jerga técnica, significa que cada tipo de renta que obtiene un contribuyente se grava de acuerdo con unas tarifas, un momento y unas condiciones particulares, dependiendo del tipo de ingreso que corresponda.

Excepto por las normas de integración de rentas, incorporadas en la ley del impuesto sobre la renta con la Reforma Fiscal, las cédulas de cada renta resultaban en impuestos de carácter único y definitivo hasta el período fiscal 2019.

Las reglas de integración de rentas aplican para aquellos casos donde la renta ha sido gravada de forma cedular, pero resulta de bienes afectos a la actividad económica del contribuyente.

La modificación se dio en el artículo 1 de la ley de Renta; el cambio introducido por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas exceptúa del concepto de integración de rentas las rentas del trabajo personal dependiente, así como las rentas provenientes de bienes no afectos a la actividad lucrativa. El cambio logró de manera parcial un primer acercamiento a la globalización de las rentas.

Ahora los contribuyentes personas físicas serán afectados según lo que diga el expediente legislativo 22.393, bajo el título de “Ley de impuesto sobre la renta global dual.”

La nueva imposición recaerá sobre quienes cumplan la condición de ser residentes costarricenses, con independencia de su estatus migratorio. Se entiende por residencia los conceptos desglosados en el proyecto, que se inspiran en las reglas de la OCDE, en los que se establece un número de 183 días de permanencia anual – sin imputar ausencias temporales como reducciones – para definir la condición de residente en Costa Rica.

El proyecto incluye reglas complementarias para casos en los que no se cuente con el número de días de residencia y existan otros factores de vinculación al deber personal de contribuir en Costa Rica. En particular los casos de posibles condiciones especiales relacionadas con la condición de personas que no cumplen con el conteo de días, pero tienen otros aspectos de objetiva condición que permiten complementar los criterios de sujeción a la renta global dual.

El proyecto globaliza rentas obtenidas de las siguientes fuentes:

• las rentas provenientes de las actividades remuneradas en condición de dependencia, asalariados o pensionados;

• las rentas del capital en las siguientes condiciones:

o las derivadas del ejercicio de las actividades lucrativas;

o las ganancias y pérdidas de capital, así como las atribuciones de rentas;

este último es el aspecto más novedoso en el sistema tributario de aprobarse la norma propuesta.

Todos los conceptos indicados se presumen retribuidos a valores normales de mercado, salvo prueba en contrario. Es importante que se considere que la objetividad de estas valoraciones, en los casos que lo amerite, puede llegar a requerir a efectos probatorios, la documentación básica de precios de transferencia, si las relaciones de las que se derivan las rentas son derivadas en condición de vinculación.

La renta global dual, tal y como está planteada, mantiene el concepto de territorialidad costarricense respecto de la fuente de la renta; un aspecto que, por lo controversial, fue objeto de cirugía inmediata para eliminar la pretendida renta mundial del proyecto original.

Es importante que tenga en cuenta el lector, que no es lo mismo renta global que renta mundial.

La alusión a la globalidad lo es en el sentido de englobar la diversidad de las rentas con independencia de su origen por actividad, pero siempre que sean provenientes de fuente costarricense.

El adjetivo de dual resulta de la igualdad en el tratamiento de rentas activas de la persona y a la proporcionalidad de única tarifa a las rentas de capital, pretendiendo una mejora de equidad en la imposición sobre la renta según los ingresos obtenidos, logrando mejor progresividad en relación con el modelo de renta cedular de la actualidad.

Se considera renta dual porque se da la globalización de todas las fuentes menos las de rentas de capital.

Se refiere el concepto de carácter específico a las resultantes de los rendimientos del mercado financiero, precisamente para que, mediante este mecanismo, se evite la fuga de capitales por razones de altas tarifas efectivas que podrían resultar de no haber hecho esta distinción.

Es decir, se mantiene la actual tarifa del 15% sobre los rendimientos financieros y las ganancias de capital, siendo este un impuesto de carácter único y definitivo sobre estas rentas respecto de las rentas no vinculadas a la actividad lucrativa.

Si los recursos son excedentes de actividades económicas o lucrativas – o provenientes de bienes afectos a la actividad – el impuesto será un pago a cuenta, con la misma dinámica de integración de rentas que se introdujo en la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

De no haber otro proyecto que modifique el resto de las reglas relativas a la imposición de las rentas de capital, coexistirá un tratamiento en particular para las rentas de capital inmobiliario para las personas jurídicas.

Estas mantienen sus términos y condiciones introducidos en la Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas con aspectos limitados a los rendimientos de capital provenientes de intereses y rendimientos del capital financiero. Estos términos resultarían en una tributación amorfa y con posibles asuntos de inconstitucionalidad por el principio de capacidad contributiva de trato diferenciado según la condición personal individual o jurídica de la persona.

Asimismo, las rentas del capital mobiliario lo serían en sentido estricto para las personas jurídicas, pero con una inclusión más amplia y diversa de rentas del capital mobiliario que las de la persona física que las limita a la condición de rendimientos financieros y ganancias de capital exclusivamente.

Esto conlleva otro arbitraje de orden tarifario, ya que, en el concepto dual de la persona, la tarifa del 15% es un impuesto único y definitivo, mientras que en los casos de personas jurídicas pervive la regla de integración de rentas para los bienes afectos, llevando la tarifa efectiva hasta la corporativa general del 30%. Otro aspecto nada menor que puede resultar en discusiones de constitucionalidad.

En relación con ganancias y pérdidas de capital se mantiene la condición de irretroactividad para el tratamiento de las ganancias de capital relativas a bienes y derechos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9635. El contribuyente puede optar por la menor tributación relativa al momento de la venta, respecto de dos opciones: el 2.25% del valor total del bien o derecho no afecto que enajene; o bien, el 15% de la diferencia entre su valor de costo y el precio de venta, el que le implique una menor tributación alternativa.

A la base imponible de todas las actividades se les aplica el tarifario propuesto de carácter progresivo de hasta el 27.5% del tramo superior de renta. A este se le sumará la cuota resultante de la cédula separada de la tributación por los rendimientos financieros y ganancias y pérdidas de capital, que resultan en lo que denomina el proyecto, la cuota íntegra.

A la cuota íntegra determinada, se le aplicará las deducciones que por ley sean aplicables. Luego de realizadas, se determinará la cuota final a la que se le aplicarán los pagos a cuenta, retenciones, y pagos parciales o a cuenta que se hayan efectuado.

El valor final corresponderá al impuesto a liquidar de forma anual por toda persona física cuyas rentas resulten en un valor mayor al mínimo vital establecido, que es de 8.200.000 colones por año.

Quienes solo tributen por rentas del trabajo podrán acogerse a lo ya retenido mes a mes como su imposición definitiva; renunciando a algunos de los gastos deducibles de nueva creación y acogiéndose a las reducciones de mínimo vital y condición personal.

Las retenciones o pagos a cuenta las deberán efectuar un plural de contribuyentes, que como práctica de control cruzado esperamos sea beneficiosa. Esperamos, a la vez, que las facultades reglamentarias excesivas, en esta como en el resto de las materias del proyecto, no terminen desfigurando los propósitos de mérito jurídico de un sistema de múltiples agentes de retención.

Estas retenciones deben practicarse sobre las retribuciones dinerarias, las que se den en especie y los pagos parciales para determinar la obligación o saldo a favor a finales del período anual de la liquidación correspondiente al impuesto sobre la renta de las personas físicas del proyecto.

En materia de atribución de rentas, las mismas se dan por imputadas en cabeza de los partícipes cuando se trate de sociedades de personas, condominios, fideicomisos, sucesiones yacentes o indivisas, etc.

Como podemos ver hay una gran diferencia entre renta global y renta mundial. Hoy, al menos a nivel de proyectos con viabilidad legislativa, prevalece el primero y se sepulta el segundo por completo. ¡Esperamos que no haya gazapos de último momento que lleven a la mesa de vuelta al muerto!

Publicado en La Republica el martes 23 febrero, 2021

Ahora es tiempo

Es tiempo de actuar y dejar de contemplar. Llevamos ya seis meses, al menos, contemplando cómo llegar a una negociación con el Fondo Monetario Internacional.

Esas etapas de contemplación son complejas… uno puede concentrarse en el problema, pero deja de lado valiosos recursos, talentos, tiempo y especialmente, credibilidad de lado. ¡Lo menos claro luego de un semestre es la construcción de medidas de solución para el problema!

Quien está a cargo del gobierno ha sido un guía ciego, que nos lleva por el camino de la distracción, a través de senderos peligrosos y farallones profundos. Parece que no comprenden las consecuencias realmente severas, desde los pies hasta la cabeza, quienes hacen rol de gobierno ejecutivo, pues ni gobiernan ni ejecutan.

Lanzan luces fatuas para que su despiste haga menos notoria su incapacidad de comprender el fenómeno que hay que resolver. En síntesis se debe crear condiciones, entre ellas la no intervención excesiva del Estado, en la creación de medios de generación de riqueza.

Con más riqueza en manos de quienes crean empleo y nuevos emprendimientos encadenados unos con otros, se aumenta la producción nacional. Por tanto, algo que no me cansaré de repetir hasta que lo entiendan estas o las próximas autoridades, es que al hacer mayor el denominador del problema aritmético, disminuye el mismo.

Si el problema que enfrentamos es el alto porcentaje de déficit fiscal respecto del producto interno bruto, siendo este último el conjunto de la producción contabilizada de manera sistemática y transparente, la propia formula del problema tiene en sí las soluciones.

Si aumentamos la producción nacional a través de programas reales y realistas, agresivos y no cosméticos, donde en realidad se deje de mentir, para construir efectivamente una economía que, al crecer, aumenta la capacidad de compra de bienes, servicios y empleo de recursos humanos y tecnológicos, indudablemente daremos pasos hacia afuera del hoyo y no seguiremos con la guía de estos duendes que nos hunden en los bosques de la mentira, la destrucción de la riqueza y la promoción del caos.

Por cierto, si aumentamos la producción y la riqueza y en consecuencia el consumo, se recaudarán sin cambios legales, más impuestos. ¡Eureka! parece que esto no lo ven quienes nos guían.

No podemos seguir pensando que la solución la aportemos siempre los mismos, con una agobiante carga directa e indirecta de obligaciones fiscales y parafiscales que solamente disuaden a cualquier inversionista extranjero o nacional. Esos que, teniendo la opción de venir o no al país, simplemente lo hacen si dichas presiones fiscales se le alivian.

Por eso vemos el crecimiento cierto de los esfuerzos aplaudibles del dúo de Procomer-CINDE, cuyo apalancamiento está en una excelente labor de mercadeo de país, así como traer inversión a regímenes fiscales preferenciales como zona franca.

La anterior paradoja aparente solo prueba que, en efecto, un inversionista extranjero o nacional, en términos neutros, que cuenta con recursos para invertir, lo hace si se le facilitan condiciones, alivian las cargas fiscales y se hacen expeditos sus trámites.

El problema de igualdad no lo veo resolviéndose en los términos que algunos han propuesto de eliminar beneficios de régimen de zona franca. Se debe leer los signos que nos dan las acciones exitosas de la atracción de inversión a sectores que, si perciben competitivas esas condiciones y se ven atraídos a nuestro país, entre otros aspectos, por la condición de trato especial que en materia de tramitología y cargas fiscales se les aliviane.

Por eso, me parece que la solución no es eliminar el régimen que funciona, sino emular las características de este régimen en el resto de las actividades económicas. Alguien tiene que pagar impuestos en este país, por lo que no podemos pretender un sistema pleno de espejo del régimen de zonas francas al resto de las actividades económicas… sepamos leer los signos de la economía.

Para empezar, ya que no estamos para repartir beneficios que no hay, al menos no continuemos por la senda de la destrucción de la producción, de la empresa, del empresariado, del parque de emprendedores, que cada vez se atasca más en ingentes y abusivos trámites institucionales que se ocultan adrede en las consideraciones de presiones fiscales y parafiscales, haciendo números aparentes de competitividad, cuando nos llevan a la arena de los países de nuestro nuevo club la OCDE.

Lo que es cierto, es que aumentar puntos al impuesto de valor agregado – como se sigue pretendiendo, en momentos como el actual, donde los niveles de consumo no solo están bajos, sino que su tendencia es de preocupante caída libre, es absolutamente inconveniente y un real contrasentido.

También lo es el seguir desojando la margarita del impuesto a las transacciones financieras, para fomentar los medios de la informalidad, causa importante de la contabilización sesgada del valor real de nuestra producción nacional con el perverso propósito de aumentar el tamaño del problema para asfixiar más aun a los contribuyentes formales.

¿Por qué conviene mantener en silencio a los informales?

Por ningún motivo económico, entonces es explicable exclusivamente cuando ideológicamente lo que se pretende es acabar con la empresa. ¡Qué la informalidad mueva la economía! Ya que los que somos formales aparecemos como los protagonistas de la causa del problema, cuando en realidad somos quienes hemos financiado, y pretenden sigamos siendo quienes mantenemos, la fiesta de estos perniciosos propósitos de destrucción de la riqueza.

A pocos días de ir a poner encima de la mesa una propuesta al FMI, sobre qué haremos para que nos salgamos del despeñadero en el que estamos, seguimos en el amplio y característico espectro de las ocurrencias del ejecutivo que no ejecuta.

Tenemos en el maletín proyectos inconexos, carentes de visión integral, meras ocurrencias… Es un rompecabezas inconcluso, hay una falta de plan integral porque no lo tienen o no lo quieren revelar. Ninguna de las dos opciones es peor, ambas son igualmente perniciosas.

Echamos de menos las grandes decisiones que requieren darse en materia de gasto, que necesitan valentía, coraje, visión de largo plazo… En fin, características inherentes de estadistas, que distan mucho de estar cerca de las esferas de poder ejecutivo que no ejecuta.

El deber de iniciativa del ejecutivo, después de sus ejercicios socialistas de mesas de diálogo, de operaciones de embarre y pérdida de tiempo, es tener una propuesta articulada, clara, coherente con objetivos medibles en el tiempo. Pero, desgraciadamente, ahora todos somos los que pagaremos la falta de capacidad de quienes por los próximos 15 meses estarán de turno en el gobierno que no gobierna.

La combinación requiere de una sensitiva y dolorosa operación de recorte del tamaño del Estado, recorte de los salarios públicos allende de lo propuesto en el proyecto de empleo público. Es urgente eliminar el compadrazgo en el sistema de compras públicas, cuyo impacto en el colectivo del gasto público, beneficia a unos cuantos – pocos, los mismos- pero se jacta de ser trasparente por estar en una plataforma informática de acceso público.

El frío nunca ha estado en las cobijas, que se cumplan las licitaciones no quiere decir que se han hecho compras con sentido de sensatez ni de estado de necesidad como el que enfrenta nuestra economía, así que ese conjunto denominado gasto público, debe ser revisado – recortado al mínimo.

También en gasto público se debe revelar de manera transparente qué deudas se han refinanciado, con qué criterio se han seleccionado los créditos de supuesta reestructuración para la reducción de la carga financiera del servicio de la deuda y quiénes se han ganado las comisiones, si las ha habido, así como si las mismas fueron de mercado o de compadrazgo.

En ingresos hay que crear mecanismos de combate contra la evasión descarada. No darnos consuelos futuros sino acciones actuales… es fácil para el fisco ver en tributación digital la tierra prometida. Creo en el proyecto, pero no podemos, en las condiciones actuales, esperar a que el mismo sea la panacea que resuelva. Necesitamos que quienes están en sus sillas como funcionarios, funcionen, que se ganen su camiseta por mérito y no por el simple acto de ser los lubricantes del escandaloso desorden público.

Finalmente, si hay que buscar nuevos impuestos, no los hagamos contra el consumo. Aprovechemos para resolver asuntos estructurales en los que los agentes económicos privados también tenemos responsabilidad, pues históricamente la tributación era una capacidad contributiva que surgía de la mera generosidad. Esto ha creado riquezas que hoy están expectantes en qué va a pasar cuando tengan que revelar lo que han estado guardado a buen recaudo en sociedades inactivas.

Demos una regla de pago de regularización de estos patrimonios. Se trata de una nueva materia imponible… facilitemos su cumplimiento, demos facilidades para cumplir con liquidez real y adecuada a las condiciones actuales y con ello daremos un empuje real a la economía; llevando el denominador del producto interno bruto a valores más actuales que harán el problema del tamaño de más justa dimensión. Así no matamos la economía de una sobredosis de impuestos para pocos, por cierto, para los pocos sobrevivientes que siempre hemos contribuido.

Publicado en La República el martes 12 enero, 2021

 

Cosas nuevas del Año 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos en la puerta de entrada de un nuevo año que todos esperamos sea lleno de nuevas y buenas noticias; más después del remesón del año que nos antecedió.

Un golpe fuerte que lo recibimos en condición débil, pero más fuerte es el impacto que él mismo causó.

Debemos entender este como el año del aterrizaje. Recordar que la consecuencia económica de la pandemia nos hace iniciar este camino del 2021 con un sector privado apenas sosteniéndose y residualmente sobreviviendo.

Hay que dar señales claras de coherencia entre los labios y las acciones, ya que de incoherencias venimos mareados desde el año pasado.

Partimos con un Estado con unas finanzas públicas quebrantadas, resultado de la atención de la emergencia de la COVID-19, que también fue caldo de cultivo perfecto para tapar la abundante corrupción – de la que hemos apenas visto algunas de sus manifestaciones en relación con las compras públicas del Estado; empezando por la propia C.C.S.S. sin remitirse o limitarse a ésta exclusivamente.

Vemos un Estado que hace muy poco… casi nada para reducir el gasto de una manera sostenible. Gasto que resulta del gigantismo eclipsante del gobierno respecto de la iniciativa privada para la generación de riqueza y de condiciones de activación de la economía nacional.

Esta condición de negar la iniciativa privada por la falta de espacio a la respiración de los agentes económicos es una perversa forma de hilar un plan macabro que es coherente con ideologías, que, quienes las ejercen son tan herejes que hasta las niegan.

El mundo entero se encamina a tomar acciones de activación. Otros más afortunados que nosotros, de reactivación. Si bien la crisis económica derivada de la pandemia ha sido tocante a todas las economías, el estado de estas economías de tener que enfrentar las presiones económicas derivadas del problema sanitario, generan fotografías de entrada diferentes.

Debemos recordar que Costa Rica sigue esperando la famosa hoja de ruta de reactivación económica que el Señor Alvarado Quesada prometió presentar a más tardar el 30 de junio de 2019. Una fecha pre-pandemia, pero es evidente el presidente no hizo la tarea… Una realidad que nos hizo entrar al embate económico de la pandemia con debilidad de una economía que venía apenas sobreviviendo.

Así las cosas, en materia de déficit de las finanzas públicas había economías con espacio para darse mayores niveles de tolerancia para sostener las consecuencias de la pandemia económica, con niveles razonables de déficit que les permitían tolerar la difícil trilogía del 2020.

Dicha trilogía se compuso de la caída de los ingresos fiscales, el aumento de los gastos fiscales, así como, la demanda de nuevos y extraordinarios recursos para atender la notoriedad de los agrietamientos sociales que se venían maquillando ya por décadas en la mayor parte del mundo. En concreto en Costa Rica, el bono proteger que le ha llegado tanto a muertos como a vivos.

Los países más ricos del mundo enfrentaron estas condiciones echando mano de sus reservas, sus ahorros o su capacidad de emisión de títulos de deuda, a tasas que les hacen llevadero el pasar de esta etapa que será más larga en lo económico que en lo sanitario.

Costa Rica en cambio, entró a esta pandemia sanitaria con unas finanzas públicas débiles y sin ganas de ser fortalecidas. La recién aprobada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas – una de las grandes farsas y mentiras de este gobierno – resultó únicamente en nuevos impuestos que pesan sobre los hombros de los contribuyentes, quienes somos cada vez menos.

La tan cacareada regla fiscal se quedó en la contraparte nunca honrada por parte del gobierno. Creó categorías de mayores privilegiados, con el abultamiento del abismo entre la Costa y la Rica, la de los muchos y la de pocos respectivamente.

Después de calentar sillas por cuatro semanas en el llamado a las mesas de dialogo para adobar lo ya cocinado, el gobierno remitió a la Asamblea Legislativa proyectos fraccionados de nuevos impuestos. ¡Por mandarlos de a pocos no serán menos dolorosos! Lo que sí, es una fórmula bastante menos transparente – típico de la Administración Alvarado Quesada – donde no sabemos cuál será el costo fiscal incremental último para los contribuyentes y, por tanto, sería poco responsable dar curso a las reformas de parche que se han remitido sin tener el panorama completo.

Lo que debemos tener claro es que, a partir del inicio de este año, aunque sea de manera jurídica, ya no hay crisis para el sector privado. Una legalidad poco acorde con la realidad económica, pero entramos ya a reglas normales de empleo con salarios y jornadas plenas.

Bien decía don Pepe, con decretos no se hacen tortillas. La mera restauración de las relaciones laborales normales, por la cesión del plazo de jornadas reducidas no se traduce en una condición normalizada de la economía real. ¡Por el contrario! Estamos frente a un peligroso disparador del ya incontenible desempleo, que tendrá un aumento significativo este primer trimestre de 2021.

Veamos la perversidad que acompaña esta condición de estímulo de los despidos. Si los trabajadores venían de jornadas y salarios reducidos en concordancia, los costos de despido se cortan en un 20 o un 50% respectivamente. El no alargar el plazo de las jornadas reducidas, o más aun, dar un carácter permanente a la flexibilidad del mercado laboral, se desampara al supuesto tutelado de la norma laboral, destinándole a la condición de desempleo pleno.

Esto ocurre encima del acumulado porcentaje de desempleo. Activar la economía no es cosa fácil, más desempleo implica menos consumidores, por ende, menos consumo, menos ventas, menos retorno sobre la inversión de la empresa o el emprendimiento.

No hay un norte, ni claro ni oscuro en materia de activación económica. Olvidan nuestros gobernantes las recomendaciones que ya nos hacían las autoridades técnicas de la OCDE, de la que seremos parte cuando el Ejecutivo vuelva a convocar el proyecto para la adhesión de nuestro país a ese organismo.

Los expertos indicaron que se toleraban altos niveles de déficit en el año 2020 a todas las economías, pero que se requerían cambios estructurales en el sector público, ya que ese déficit incremental se convertía en una hipoteca económica y social para los países, especialmente en los que entramos a esta situación en condición de mayor vulnerabilidad económica.

El gran consumidor no puede seguir siendo el Estado, que se harta de consumos superfluos. De nuevo, se crean expectativas que no se cumplen y que dan toda certeza que estamos frente a una pérdida de tiempo más, cuando tiempo es lo que menos tenemos.

Ese gran consumidor es a la vez generador de cada vez más endeudamiento, como si este fuera gratuito y nunca hubiera que pagarlo.

Caemos en el totalitarismo de la economía centralizada, donde la mayoría de los agentes económicos depende de ventas al Estado. Donde los soldados del inexistente ejército – los empleados públicos – se alimentan opíparamente en contraste con sus colegas trabajadores dependientes de un sector privado. Cada vez más privado de oportunidades, de estímulos, de motivos para continuar pagando la fiesta de la cadencia del Infierno de Dante.

Terminamos al sector privado dándole a su vez una pócima mortal. El gigantismo del inoperante comprador, que pagará, lo que mientras tanto sigue ultrajando a quienes producimos bienes y servicios para los agentes económicos privados.

Debemos seguir en la parodia de la mentira. Diciendo que no iremos al Fondo Monetario Internacional luego y de pronto, cambiando el discurso con un Ministro de Hacienda balbuceante que no se ubica pies a la realidad, para entender la seriedad que se espera de su embestidura, por grande que le haya quedado.

¡Al sector privado no se le puede seguir cargando de impuestos! Cierto, dijeron que habría equilibrio, de momento no lo vemos… Lo que se ha mandado al conocimiento de la Asamblea Legislativa es un mal construido impuesto a las loterías, así como un aumento exorbitante de las tarifas del impuesto sobre la renta de los no residentes, mal conocido como de remesas al exterior.

Este último solo encarecerá más aun hacer negocios globales desde Costa Rica.

¡Una gran contradicción a la creación de riqueza! Aunque extrañan poco las contradicciones, si de eso venimos comiendo desde hace varios años, empeorado por la actual Administración.

El Gobierno se ha escudado en la pandemia, pero no es más que su endémica incapacidad de gobernar. Su claro propósito de destruir de manera irreparable el aparato productivo del país, cuando se va consumando este asfixiante propósito, da limosnas a las colas del hambre y el desempleo…

Esto no acabará bien si no logramos poner en la mesa las cartas de cuál es el plan país para el resto de los próximos años, con visión no electorera.

Debemos construir un país que sea equitativo, que procure el bien común de todos y cada uno, en concordancia y respeto de las condiciones individuales de la persona humana como eje de la dignificación. Motor del qué, el cómo y el para quién, las tres preguntas básicas y clásicas de la primera lección de economía.

Esperamos que este año se ponga curso con claros propósitos de revertir esta perversa realidad descrita. Que sea el momento para construir el país que nos hizo históricamente diferentes, con menos desigualdades y más accesibilidad y oportunidades a todos en condiciones de equidad. El precio de seguir por donde nos lleva es la inevitable inestabilidad social, la desmejora de paz y la creación de la riqueza, fuente y causa del bienestar que estamos esperando se procure en nuestro país

 Publicado en La República el martes 05 enero, 2021

¿Y las joyas de la abuela?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En momentos como el actual cabe preguntarse, nuevamente, sí será necesario vender las joyas de la abuela.

La pregunta fundamental es, precisamente, si estamos en condiciones de mantener esos ahorros que como sociedad hemos venido guardando por años y que se han puesto de manifiesto en algunas instituciones del Estado que puedan llegar a ser interesantes salir a vender, especialmente con la difícil condición de sostenibilidad de las medidas anunciadas el pasado jueves.

En momentos donde tenemos una desgarradora condición de la economía y la consecuencia en lo social, a través del bajo nivel de empleo y los índices de pobreza y miseria que empeoran, parece más bien contradictorio seguir con joyas en una casa donde no hay para alimentar a la familia.

Debemos tener claro que no todas las instituciones son susceptibles de ser vendidas, ya sea por sus funciones sociales, ya por sus potenciales compradores, o inclusive por la propia condición financiera de algunas de estas entidades.

Como tema país, la posible venta de instituciones requiere de un análisis pormenorizado, sin temores ensombrecidos, sin apriorismos que constituyan obstáculo a la gestión de la posible subasta pública internacional – donde pueden participar, por supuesto, grupos económicos organizados de costarricenses – de ciertos activos estratégicos en los que hemos, como sociedad, invertido y para los que es necesario considerar su posible venta.

Estos se concentran en pocas opciones, así que tampoco son tantas las joyas que la abuela nos dejó. Debemos administrar las pocas de ellas con inteligencia y diligencia.

Estos bienes deben ser condicionados a que su venta no sea para el financiamiento del gasto superfluo del Estado. Es decir, creemos de gran importancia incluirlo en el menú de las soluciones una vez se hayan ejecutado los cambios sustanciales, radicales y sostenibles que son necesarios para parar el sangrado de las finanzas públicas del país.

Pero, como debemos reconocer el sentido de urgencia, así como el largo camino a recorrer para materializar una venta estratégica, se hace necesario no dejar en el fondo de la gaveta el asunto; que, siendo el culmen de un proceso de saneamiento de las finanzas públicas, debe pasar por la aprobación del Poder Legislativo, donde se deben establecer los términos y condiciones bajo los que se considera aceptable acceder a esta especial disposición de los activos de todos.

Me permito algunas reflexiones del cómo, para que se vayan teniendo dentro de los elementos a definir en el proceso de discusión.

La primera de ellas alude a qué activos son susceptibles de entrar en este proceso. Indudablemente debemos apuntar a varios sectores que hemos acumulado como sociedad, esto no solo sigue las recomendaciones planteadas por el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sino también lo que algunos expresidentes de la República han recomendado a la administración Alvarado Quesada.

Primero activos de entidades financieras. Un paquete de uno de los bancos del Estado, el Banco de Costa Rica junto a BICSA, por ejemplo, podría llegar a ser una interesante combinación de orden atractivo a las entidades financieras internacionales. La acción aumentaría la competencia del sector en beneficio de los consumidores y evitaría la concentración de los riesgos que hoy yacen en manos del Estado en la gestión de los depósitos del público ahorrante.

A esta posible venta, debe aunarse – como corresponde – la protección mediante seguros a los ahorrantes, como un avance en el ambiente regulatorio que brinde certeza a los ahorrantes y evite los riesgos sistémicos que nos han advertido los organismos financieros internacionales, por la carencia de este mecanismo de aseguramiento.

También es susceptible de venta el Instituto Costarricense de Electricidad o segmentos de sus operaciones. Las entidades de telecomunicaciones experimentadas en la gestión profesional y rentable de estos servicios pueden mostrar algún interés de adquisición estratégica por parte de grupos ya presentes en la región, manteniendo para el Estado por supuesto el derecho de espectro y por tanto la generación de rentas adicionales – no fiscales – para la caja de un nuevo tipo de Estado.

El Instituto Nacional de Seguros. Existen empresas internacionales que son especializadas en este sector de la actividad económica y lo pueden llevar a buen puerto de manera eficiente, particularmente en beneficio predominante de los consumidores de seguros.

Debemos entender que los activos que se ofrezcan en el mercado deben ser financieramente rentables. De otra forma es salir más que a venderlos a hacer el ridículo de ofrecerlos, con el riesgo de manipulación de la venta en favor de grupos de interés concretos.

Se ha hablado del caso de vender la Fábrica Nacional de Licores. Parece insensato salir a vender una empresa que esta amarrada desde sus proveedores hasta sus clientes distribuidores. Hay que dejarla funcionar en condiciones normales de mercado, sin exclusividades proteccionistas de grupos de interés y económicos que privatizan estas ganancias y socializan en toda la ciudadanía las pérdidas.

Una vez dejemos que la Fábrica funcione sin estos lastres, por un plazo de al menos tres años, veremos cuanto es el valor real de la misma, sin sesgos que implicarían desventaja país, con cartas de naipe marcadas en favor de unos pocos, que serían eventualmente quienes, no solo llevaron a esa entidad a las condiciones de pérdidas, sino los únicos interesados en su posible compra después del estrangulamiento.

Esto no es limpio, no es transparente, es un manejo de cartel que debe evitarse a toda costa. Una cosa es la efectiva necesidad de generación de recursos propios a través de actividades de fabricación en manos privadas más productivas y eficientes y, por tanto, mejores para los consumidores, pero ello no significa que debamos seguir socializando las pérdidas a través de la venta, mientras se privatizan las ganancias.

En el anuncio del Gobierno sobre su iniciativa para negociar con el Fondo Monetario Internacional se incluye una iniciativa novedosa y peligrosa, cual es la venta de las tierras baldías del Estado o sus instituciones. Una innovación en la dirección correcta pero que requiere de un deber singular de cuidado para evitar los abusos de naturaleza sesgada en favor de quienes pueden atentar contra la transparencia e integridad de estos procesos.

Un primer filtro que es indispensable es crear un plan nacional de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de parques nacionales, zonas protegidas, corredores biológicos y de protección ambiental – solo para mencionar algunos – para que no sea que el Estado venda barato – a quienes tienen información privilegiada – algo que luego tenga que expropiar caro.

¡La perversidad está en los detalles! Cuando oímos cosas que pueden degenerar en consecuencias de esta naturaleza las debemos de parar antes que lleguen a ser simplemente un mal pensamiento. No sea que estos acompañados de la perversidad humana terminen siendo pecados capitales contra nuestro país.

Es tiempo de dar opción a que – de darse alguno o todos los procesos necesarios de ventas de activos estratégicos del Estado – se ponga destino concreto a los fondos que de esto se pueda derivar. De otra forma es como vender la casa de la familia para irse de fiesta. Simplemente este no es un camino que debamos siquiera tolerar que se pueda llegar a generar.

Se debe crear un mecanismo transparente de manejo de estos fondos para que de los mismos surjan tres usos singulares y vitales para retomar rumbo en la economía:

• Fomentar el empresariado con fondos de garantía líquidos,

• fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social, y

• reducir la deuda interna y externa cara y por vencer.

Con el fondo de garantías de créditos accesibles, rápidos e impulsores de desarrollo, debe crearse nueva empresa o sostener la existente que lo requiera, para que de esto se derive empleo digno, que pare la vertiginosa espiral de la miseria.

De igual manera deben destinarse recursos para el fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante el pago de la deuda del Estado por cuotas contributivas pendientes en montos abrumadores, así como generar fondos para la inversión en reconstrucción de infraestructura sanitaria y de reposición de fondos de pensiones.

Y por último, y no menos importante, reducir la deuda interna y externa de alto impacto en el gasto corriente del Estado, disparador que, junto con el exceso de tamaño del Estado en relación con las compensaciones salariales de lujo que tenemos, son endémicos problemas que deben resolverse sin dilación.

No podemos permitir que un centavo de las ventas se vaya a financiar gasto corriente. Esto sería perder el remedio, habiendo bebido la amarga pócima de la valentía, sin lograr los efectos deseados.

Publicado en La República el Martes 22 de septiembre de 2020

Estudio Económico de la OCDE para Costa Rica: Elementos tributarios

Estudio Económico de la OCDE para Costa Rica: Elementos tributarios

Costa Rica es el miembro número 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) luego de una votación unánime en el mes de mayo. Tan solo dos meses después, la Organización publicó el Caso de Costa Rica de los Estudios Económicos de la OCDE.  

No resulta descabellado pensar que este estudio se utilice como insumo en la formulación de políticas, en particular las de índole tributaria que recogemos en este artículo.  

Uno de los principales mensajes del Estudio es que la implementación plena y oportuna de la reforma fiscal es crítica para restaurar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, asegurar la estabilidad macroeconómica y establecer las bases para mayores ingresos y mejoras más amplias en los niveles de vida.  

Revisaremos las sugerencias del Estudio para aumentar los ingresos fiscales, tales como modernizar la recaudación de impuestos y eliminar exenciones de impuestos. 

Costa Rica tiene mucho espacio para ampliar las bases impositivas sin aumentar las tasas y mejorar la combinación de impuestos. Las recomendaciones de alternativas para evaluar, puntualmente, en esta línea son las siguientes: 

  1. Gravar las utilidades de las cooperativas. 
  1. Gravar el aguinaldo. 
  1. Gravar el gasto en educación privada y salud a la tarifa general del IVA (13%).  
  1. Trasladar gradualmente carga impositiva desde las contribuciones a la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad. 

Con respecto a la primera recomendación, el Estudio indica que algunas cooperativas disfrutan de condiciones monopólicas en mercados clave y se benefician de la protección comercial, por lo que se justifica gravar sus utilidades. 

En relación con el aguinaldo, indica que este beneficia particularmente a contribuyentes con más recursos, por lo que sujetarlo al pago de impuestos se alinea con la búsqueda de la equidad. 

Referente a la tercera recomendación, la OCDE indica que gravar el gasto en educación privada y salud a tasas reducidas del IVA es particularmente regresivo. Beneficia desproporcionadamente a hogares de altos ingresos. 

Finalmente, respecto al traslado de carga impositiva, indica en el Estudio que la estructura tributaria actual depende excesivamente de las contribuciones a la seguridad social (un tercio de los ingresos totales). Las contribuciones de los empleadores a la seguridad social son relativamente altas (desalentando la formalidad) mientras que la recaudación de los impuestos a la propiedad es relativamente baja. Lo que se propone es reducir las cargas sociales al tiempo que aumenta el impuesto a la propiedad. Lo primero incentiva la formalidad y lo segundo reduce la desigualdad. 

Como participantes del sistema económico de Costa Rica, resulta importante tener presentes estas medidas sugeridas por la OCDE, de forma tal que, contrario a ser tomados por sorpresa en su eventual implementación, podamos anticiparnos y considerar cambios que nos ayuden gestionar las medidas dentro de nuestras organizaciones. 

 

Escrito por: Alberto Rubí, Consultor de Impuestos 

Que mal se ve con traje prestado

Que mal se ve con traje prestado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando le invitan a una fiesta, una de las primeras preguntas que surgen es cuál es el código de vestimenta. Esta pregunta es coherente con el principio de evaluación de contexto, para determinar si estamos o no a la altura de las circunstancias para atender aquel evento con solvencia social procedente.

De igual manera se espera de los funcionarios, especialmente de los funcionarios a los que se invitan a posiciones críticas de gobierno. Cada uno debería, en este momento crítico de la historia, discernir entre aceptar la posición o, más bien, optar por lo más valiente… renunciar a ella por incompatibilidades o incompetencias propias o de sus compañeros de equipo.

Es difícil ser invitado a un partido de futbol, aceptar el reto y llegar vestido con traje de esgrima. No solo por lo ridículo de la condición, sino por el compromiso en que pone a los demás jugadores. ¿Quién y cómo le dirá al desubicado que llegó al lugar o al juego incorrecto? ¿Quién confirmará si solo sabe de esgrima o si realmente juega al fútbol? No importa cuál haya sido la invitación que recibió… ha llegado con un elegante traje blanco a embarrialarse en la cancha. ¡Peor aún! A embarrialar la cancha por la fata de competencias requeridas para jugar en la posición en la que se le ha invitado.

Escuché detenidamente un interesante foro de Lead University, en el que participaron, entre otros, el presidente del Banco Central, el presidente del CONASSIF, dos expertos económicos y el ministro de Hacienda. La actividad fue moderada por don Gerardo Corrales, quien hizo una excelente labor al liderar con la diversidad de aquel panel, donde todos eran jugadores idóneos para sus posiciones, tratando temas inherentes a las condiciones del sistema financiero ante la crisis económica que plantea la pandemia y los retos del informe de la OCDE.

Pero ¡qué mal se le ve el traje prestado a don Elián Villegas! Parece que al ministro de Hacienda le es fácil ver la mota en el ojo del hermano, sin prestar atención siquiera, por autismo de su inopia, a la viga de sus propios ojos. Realmente de gran pena ver a alguien tan desubicado en su traje de esgrima para el partido de fútbol. Definitivamente lo que le urge es darse cuenta de dónde se le ha invitado, dónde están sus competencias y por un pareo simple, concluir que por él y por el país, lo mejor que puede hacer es irse.

Habló don Elián de la grave situación de tener excesos de poderes concentrados en muchas superintendencias del sector financiero y cómo, tal como le complementaban algunos de los panelistas expertos, esto se traduce en una impredecibilidad de seguridad jurídica afecta al sector financiero de la economía. Cuando se refiere al tema, don Elián lo hace con alarde de conocimiento de aquello y de absoluto desapego del lugar que le corresponde.

Don Elián, el Ministerio de Hacienda es su espacio y usted está mandado a regir acciones inherentes al mismo. Se encuentra sentado en la más grande caja de pandora, la Administración Tributaria, esa de la que usted, Don Elián, es temporalmente el jerarca.

Desconoce don Elián cual es el nivel de normativa ilegal, diversas y perversa que generan sus subalternos, en la Dirección General de Tributación, donde no ha aterrizado, cuando por motivos inexplicables prescinde de lo técnico para volver a lo de siempre, de cabeza a pies de la Tributación.

En diversas ocasiones inclusive el señor presidente del banco central, por ejemplo, menciona en el foro que uno de los asuntos que agrava la condición de evolución y competitividad del sector financiero es el déficit fiscal, que succiona los recursos de los ahorrantes en detrimento de la evolución del sistema financiero. O don Elián no entendió lo que tan claramente se le dijo o no fue capaz de agacharse para recoger el pañuelo.

También le advirtió el presidente del Banco Central que sus incapacidades para dar acción a las urgentes demandas que resuelvan el déficit fiscal simplemente hacen que las tasas de interés se sigan manifestando en presiones al alza. Mas allá de que, con las calificaciones positivas de los organismos competentes, simplemente reduciríamos el costo de capital y la accesibilidad a recursos del sistema financiero al sector de la producción de riqueza real, el decadente sector privado. Ese que sufre el embate de la pandemia de orden sanitario, financiero y de inoperancia estatal. Esa última, la peor de las tres.

¡Qué pena que tenga tan claro lo que no le corresponde y tan difuso lo que le han encomendado! ¡Qué pena, don Elián! Que su posición respecto de la OCDE sea una de disidencia flagrante pero solapada. ¡Qué pena! ¡Qué gente con las habilidades correctas, con idoneidad para sus puestos deban renunciar por ponencias tan absurdas como las del Ministerio de Hacienda y la Cancillería!

Lástima, porque es claro que el liderazgo necesario para pasar con éxito las revisiones de pares ante la OCDE surge del COMEX y debe reconocérsele como tal. Como el líder de la tarea desde lo técnico y lo práctico, como puente entre sectores públicos y privados. Un trabajo que nos tiene a un paso, con la aprobación del Congreso, de aceptar la invitación hecha a Costa Rica para formar parte de ese grupo.

Sus disociaciones explican la lamentable pérdida de una líder natural, por mérito propio, del proceso, doña Dyalá Jiménez Figueres. En cambio, mantenemos funcionarios tan desubicados como el actual ministro de Hacienda.

Perder una persona idónea para la posición adecuada por la incapacidad de otros actores desalineados solo denota que el director técnico, de nuestro hipotético equipo de fútbol, poco conoce de alineaciones y de la conformación de equipos de alto rendimiento y eficacia. Fundamentales para cumplir con los intereses de orden superior del país.

Don Carlos Alvarado, el director técnico, señor presidente, al alinear un equipo se debe buscar pareo entre las capacidades de los jugadores y las competencias de cada puesto. Don Carlos, sus destrezas para esto han sido erráticas. Cuando tiene un buen ministro de hacienda, por ejemplo, opta por interese mezquinos y lo saca del juego. Cuando tiene una extraordinaria ministra de comercio exterior, la deja ir por otros intereses hasta ahora difusos que se verán con el transcurrir del tiempo.

Don Carlos, que pena decirle, pero cuando uno está haciendo alineación debe ser coherente con la etimología de la palabra. Debe alinear destrezas con requerimientos y necesidades. ¡Qué pena también he de recordarle que el entrenador tiene en su equipo uno de titulares y otros en espera en banca! Lo que pasa es que usted ya se quedó sin unos y otros. Ha tenido que alinear a miembros de las graderías, eso, decía uno de los fundadores de su partido, que de Dios goce, don Alberto Cañas, es la peor de las cosas que le puede ocurrir a un país. ¡Cuando se mete a jugar los de la gradería! Tristemente está ocurriendo eso hoy en Costa Rica.

Estamos en las puertas de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que requiere de destreza técnica, emocional y diversidad de capacidades de orden coherente con el estado de la situación país. No podemos ir a negociar con representantes de las graderías… esto puede salir demasiado caro para Costa Rica.

Debemos pactar, sigo insistiendo, pero con los motivos correctos. Con los objetivos claros y los interlocutores idóneos. Extrañamos los tres elementos de esta fórmula, pero urge poner en la mesa a nuevos actores que se caractericen por su conocimiento, no por ser simples “yes man”, señor presidente.

Publicado en La República el martes 11 agosto, 2020

 

Costos fijos altos, el COVID y los precios de transferencia

Costos fijos altos, el COVID y los precios de transferencia

La realidad desconocida en la que estamos viviendo ha impactado tanto en temas de salud, como en la situación económica a nivel global: la producción en las empresas, las diferentes cadenas de valor y, no menos importante, los costos fijos y cómo estos afectan los resultados de los negocios.

Los costos fijos en una empresa siempre existirán, aun cuando deje de operar o producir. El cierre de fronteras en diversas regiones del mundo provoca la falta de suministros y de inventario para las empresas. Un distribuidor puede estar expuesto a diferentes riesgos de mercado y que estos impliquen una pérdida en sus ingresos. Tal y como menciona la OCDE en materia de Precios de Transferencia: “Las reestructuraciones de negocios pueden ser necesarias para preservar las ganancias o la limitación de pérdidas”[1].

Con el fin de ayudarle a determinar pautas para que las repercusiones del Covid-19 no generen impacto en los costos fijos de su empresa, planteamos una serie de medidas:

Determinación del riesgo: es de suma importancia tener muy bien identificados los riesgos a nivel de Grupo Económico y cómo se asignan en las transacciones que se llevan a cabo entre sus empresas. Así, ante cualquier eventualidad como la pandemia, toda entidad que forme parte del Grupo está preparada para asumir cambios en su metodología o acuerdos de trabajo.

Punto de equilibrio: Es muy posible que, ante escenarios mundiales de crisis, las empresas se vean afectadas por la disminución en su volumen de ventas. Su volumen de operación cae y se da una atribución mayor de los costos fijos a cada unidad producida por la empresa. Recuerde que las empresas con un componente alto de costos fijos tienen un mayor grado de apalancamiento operativo. Esto implica un mayor riesgo en épocas de crisis, ya que se requiere de una contribución marginal mayor para cubrir los costos fijos.

Este factor es de especial atención para el análisis de precios de transferencia que soporte las operaciones del período en crisis. Se debería procurar aislar el efecto incremental de este coste fijo en los costos asociados a las transacciones con vinculadas, pudiendo cuantificar el efecto de la crisis en la marginación de cada operación efectuada. Es oportuno además preparar la información de la empresa para en el periodo 2020 aplicar métodos directos en el análisis de las transacciones intercompañía.

Políticas de Precios de Transferencia: existen algunas compañías que siguen una estrategia de apegarse a sus políticas de precios de transferencia, procurando consistencia respecto periodos anteriores y no realizan ningún cambio adicional para aminorar el impacto que está generando la crisis. Si la empresa experimenta una reducción significativa en su margen operacional o se encuentra en una posición de pérdida operativa, una explicación adicional y el soporte de dicho resultado debería ser suministrado. Es decir, aunque la coherencia y consistencia son deseables, pueden ser letales ante un cambio tan drástico e inusitado en las condiciones del entorno. Una invitación clara a revisitar dichas políticas para readecuarlas.

Para enfrentar la crisis es posible realizar ajustes en las políticas de precios de transferencia, donde se debe:

– Analizar la industria a la que pertenecen las empresas del grupo y los riesgos actuales.
– Analizar la disponibilidad de liquidez que posee el Grupo y considerar una centralización de flujos para tener un mayor control de los recursos.
-Conocer las afectaciones en la cadena de suministro, derivado de políticas relacionadas a cierre de fronteras.
-Considerar el grado de obsolescencia del inventario y el impacto frente a la baja participación de los consumidores en el mercado.
En momentos como los que estamos viviendo hoy en día, es nuestro deber ayudarle a salir a delante con los posibles conflictos derivados de la pandemia, emitiendo recomendaciones prospectivas para apaciguar los efectos negativos en su empresa, considerando los efectos tributarios de las decisiones de negocio.
Contáctenos y asesórese con nosotros en estos tiempos de cambio.
Escrito por: Tania Rodríguez, Consultora en Precios de Transferencia

El informe OCDE y los ahorros del Gobierno

El informe OCDE y los ahorros del Gobierno

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En momentos en los que tenemos una situación grave de las finanzas públicas y nos preparamos a la solicitud de fondos en condiciones stand by ante el Fondo Monetario Internacional, nos es de difícil comprensión la insuficiencia de las medidas tendentes a la mejora de las finanzas públicas.

El presupuesto extraordinario de la República sometido a la consideración de la Asamblea Legislativa el pasado 14 de julio por parte del señor ministro de Hacienda es insuficiente, confuso, difuso y por demás raquítico. Echamos de menos un proyecto paralelo que reinstaure la violentada “regla fiscal”, no es opcional.

Estamos esperando cerrar el año con unas cifras de déficit histórico, conociendo la dinámica de nuestra Asamblea Legislativa, creo que no se hizo inteligencia suficiente sobre qué es lo que, de forma realista y aterrizada a la realidad nacional, a los antecedentes y precedentes que deben ser carta de presentación no solo de cara al Congreso, sino al proceso de “negociación” ante los organismos financieros internacionales, era necesario recortar y retomar.

De nuevo se mezclan objetivo. Generando un efecto que ya no es nuevo de parte de parte del Poder Ejecutivo y que nos lleva cada vez más profundamente al abismo de una pandemia, tan o más grave que la sanitaria, que es la económica; cuya mortalidad puede durar décadas, batiéndose récord de desempleo en la historia documentada de nuestro país a niveles del 20% y fracciones crecientes. Apenas estamos en la puerta de la crisis económica más severa por venir.

En forma paralela, las conclusiones del reporte actualizado de la OCDE en el que se enfoca el estado de las cosas en nuestro país nos da luces de orden no vinculante, pero efectivas como mejores prácticas, para poder salir con mejores posibilidades de éxito. El informe no se limita a la parte económica y fiscal, sino que analiza las naciones desde una perspectiva integral que nos permitiría salir mejor librados de la tempestad en la que nos encontramos nosotros y el resto del mundo.

Me referiré de manera más específica al área de mi especialidad, sin demerito de recomendar como lectura el informe completo para emitir opiniones informadas, al menos no sesgadas por el grave sesgo de la atrevida ignorancia, como hemos presenciado de previo a la lectura del informe en diversos medios y aventurados.

Respecto de lo fiscal, la OCDE tiene una clara visión de las prioridades de las autoridades de todos los países en el mundo de atender en primera instancia la pandemia en su manifestación sanitaria, para minimizar el número de las víctimas, mitigar el impacto de las medidas sanitarias en el devenir de la actividad económica, a pesar de no poder evitarlo, ya que está demostrado que una y otra, son un difícil manejo de equilibrios, como cajas de resonancia que deben ser compatibilizadas y donde no podemos perder de vista la situación de operación supervivencia en lo personal, familiar y empresarial.

Ni la pandemia sanitaria, ni la crisis económica que de ella se deriva tienen precedente. La gripe española, que mató a 500 millones de personas, estaba muy concentrada en países involucrados especialmente en la Primera Guerra Mundial.

Después de esta pandemia vino la llamada hasta ahora Gran Depresión, que adquiere dimensiones de enano, contrastada con la que estamos entrando a vivir, tanto por las características de aquella economía de los principios del siglo anterior, como por la alta interdependencia económica derivada de la fáctica globalización que vivimos, con todos sus ribetes, este quizá el que menos habríamos ambicionado tener que presenciar.

Indica el informe de la OCDE que “El déficit fiscal sigue siendo alto y continúa aumentando. El espacio fiscal sigue siendo limitado, haciendo que Costa Rica sea vulnerable a los shocks. Si la reforma fiscal no se implementa plenamente, la deuda pública crecerá sin límites. Atender el brote de coronavirus es la prioridad más importante a corto plazo.” Esto debe ser puesto en adecuado contexto y por lejos es una licencia para hacer básicamente lo que nos venga en gana en materia fiscal. Todo lo contrario, nos indica que esa prioridad requiere de especiales cuidados en esta situación enclenque de las finanzas del país.

Por el contrario, para poder hacer una responsable relación de caja de equilibrios, de medidas siempre tendentes a comprimir los aspectos en materia de gasto público que corresponda, ya que el incremento previsible de la demanda de recursos para esta pandemia debe ser entendidos en tres vertientes: la de salud, la de cuidado de la paz social y ayuda a los más desfavorecidos en la sociedad, así como la activación del sector productivo.

Lo social, va más allá de quienes ya eran parte de la penosa capa de pobreza del 20%, pues antes el desempleo era menor al 10% y ahora con su nuevo récord que no para de crecer, simplemente sabemos empeorará.

Las dos primeras vertientes han sido atendidas de la manera excelente la primera y de regular a mal la segunda. La tercera simplemente está pendiente y con riesgo de que cuando entre al mapa de las prioridades estemos ante un acto de orden forense y no de curación viable.

En esta tercer vertiente, el sentido de urgencia es una de las características que echamos de menos los empresarios. Nosotros somos los que financiamos la capacidad del Estado de atender las dos primeras, así como una diversidad de otras necesidades, pasando por seguridad nacional donde se hace una labor también encomiable.

Pero ahí, donde está la grasa de la alcahuetería histórica, es donde debemos atacar el asunto de racionalización a lo que el presupuesto vergonzoso es una pieza de arte de cuánta visión tiene el ministro de hacienda. Esta última característica debe ser abordada con urgencia, para evitar que la estabilidad económica se salga de control… ¡Una verdadera bomba de tiempo!

Resaltan los evaluadores de la situación de nuestro país en la OCDE algunas características positivas de Costa Rica. Entre ellas la capacidad y velocidad con que hemos asumido el cambio, sin embargo, denotan la necesidad de que dicha característica sea aportada por todos los sectores.

En concreto, en materia tributaria, recomiendan enmendar lo que ha sido la elefantiasis de nuestro sistema económico, los monopolios privados y la forma en que las exenciones les hacen inclusive menos eficientes en detrimento de los consumidores, así como paradójicamente de sí mismos.

Si queremos que Costa Rica salga adelante, el principio de igualdad constitucional en que se debe fundamentar el sistema tributario se debe aplicar por una parte en lo que corresponde a la eliminación de las odiosas exenciones que en renta e IVA tenemos, fomentamos y protegemos en especial en algunos sectores con gran capacidad de lobby y poca conciencia solidaria. Sino las mueve la solidaridad contributiva, las debe mover la ley.

Por otro lado, la regla fiscal alegraba las caras de la OCDE y la de nosotros, pues fue así como nos comprometimos al Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Pero esta debe ser cumplida sin excepciones ni rastreras motivaciones, como la que generó la eliminación por ley posterior a las municipalidades, entre otras. Si no somos todos los que aportamos en la solución, si vamos a sufrir todos las consecuencias, es como en la pandemia sanitaria, la falta de responsabilidad en la conducta de algunos puede y ya va poniendo de cabeza a las autoridades y los sistemas de gestión sanitaria.

Se ofrece un menú, que me gustó la analogía que hacían los partícipes de un programa de radio, respecto de las recomendaciones de los nutricionistas, con consumos máximos de calorías, es decir, al final, es el país quien en su realidad propia, dinámica e historia social, debe decidir. Por ello, sugerencias tales como gravar el aguinaldo, que es de las más difundidas, son una opción que es análoga a lo que ya se ha hecho en otros países, pero es compensable – en analogía con la ingesta de calorías – con la eliminación de privilegios manifiestos en exenciones, por ejemplo.

De igual manera para evitar crear más caos en la ecuación de empleo, se puede desde la óptica fiscal, tener medidas de empleo público de compensación única, con un sistema de pluses no concedidos, ni como derecho adquirido y consolidado, sino como herramienta de bonificar a quien excede expectativas, no a quien atiende sus obligaciones simplemente, como conocemos existen pluses por llegar temprano, por no ausentarse, por el mero cumplimiento de los deberes debidos.

Los sindicatos deben decidir si por defender a los privilegiados – entre los que están sus dirigentes de manera sobresaliente – que hacen que el aparato estatal pese los datos mórbidos que genera, cedan en que ganando menos, incluso quienes ya están, puedan mantener su condición de empleabilidad en el sector que financiamos todos los demás con nuestros impuestos.

Finalmente, si queremos que el engranaje funcione, debemos hacer que el sector productivo tenga marcos de certeza jurídica que le permitan tomar decisiones basadas en informaciones anteladas y oportunas. Saber qué va a ocurrir y dejar de dosificar la muerte del sector privado por manipulación de la política pública. Esto solo generará desolación en la economía, mayor pobreza y una incapacidad real de seguir ordeñando a la vaca del sector productivo. Es así como la realidad es de perversa, ha sido, pero no es infinita, sino claramente finita, por lo que no alimentar el sector que genera la mayor parte del empleo, la riqueza y los impuestos, es inclusive insensato y carente de sentido aun en las más retorcidas mentes de la izquierda radical.

Se indica en el mencionado informe la clara necesidad de bajar costos de cargas sociales. Esto, aunque parece paradójico en el momento, debe hacerse ya. Darle un marco de excepciones de aplicación de orden temporales como las situaciones de orden pandémico, pero si queremos dejar de tener problemas de desleal competencia generada por la informalidad, debemos abrir las puertas a la reforma de las cargas sociales, para que haya accesibilidad económicamente viable en el sistema contributivo, que mantenga las características costarricenses de solidaridad y universalidad de coberturas, pero que se pague a los costos de eficiencia y no de ineficiencia de operación. Cuando oímos al presidente de la C.C.S.S., nos llena de alegría que contemos con una institución que puede funcionar en estas circunstancias como “una sola Caja”, pero demandamos que esta sea la forma en que la misma se gestione en adelante, con criterios de eficiencia y no de abundancia con recursos de todos, cuando con ser más racionales podemos tener mejores resultados.

Todos estos y muchos, son los hallazgos que surgen de una revisión de pares, hecha por expertos independientes que nos trae la condición de miembro 38 en la OCDE. Ellos sugieren además emitir “bonos verdes” explotando la genialidad histórica de preservar nuestros parques nacionales y áreas de protección de vida silvestre. Es decir, sacar provecho de lo que sí tenemos y dejar de vernos en el espejo de las falencias solamente.

Debemos sentir un deber por lograr la mejora continua, esta no es más que la ruta con la que aseguraremos que después de esta época que pasará en lo sanitario, Dios mediante con la menor cantidad de víctimas mortales, nos enrumbemos desde hoy a la construcción de un sector privado más fuerte, que compita en condiciones de transparencia y no de sesgos sectoriales odiosos que nuestra historia creo y tuvieron un largo ciclo de beneficios otorgados, correspondiendo ahora nivelar la cancha, abaratando uno de los aspectos mencionados en el informe, la poca competitividad de nuestros costos de producción-

Ninguna crisis debe carecer de sentido, quienes se lo damos somos los que de ella derivemos la actitud correcta, inclusiva de todos en la solución, sin excepción ni exención, de forma que, sobrellevemos con mayor equidad este país en el que todos vivimos, pero no todos contribuimos conforme nuestras capacidades contributivas actuales, reales y efectivas.

Publicado en La República el martes 21 julio, 2020

 

Financiamientos intragrupo en tiempos de pandemia

Financiamientos intragrupo en tiempos de pandemia

 

 

Como consecuencia de la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial existe una clara inestabilidad en el entorno económico y financiero en el que se desenvuelven los grupos multinacionales.

Las empresas que conforman los grupos enfrentan desafíos que se manifiestan a través de cambios abruptos en la demanda y oferta, precio de insumos, costos incurridos, entre otros. Los mercados no se están comportando de manera típica, lo que plantea en el plano de primera línea retos gerenciales indudables, luego conllevara las consecuencias que veremos.

El flujo de efectivo y la liquidez constituyen un pilar fundamental en las decisiones tomadas dentro de las empresas que forman parte de dichos grupos multinacionales; se busca causar el menor impacto a través de la activación de:

  • Ajustes a los financiamientos actuales
  • Nuevas condiciones de cobranza y modificaciones en la gestión de pago de proveedores.

Lo anterior debe ser llevado a cabo en el marco de una revisión de las políticas de Precios de Transferencia a nivel de grupo; con la finalidad de reducir los riesgos a los que se enfrentan las empresas que lo conforman ante eventuales fiscalizaciones por parte de las Administraciones Tributarias.

Ajustes a los financiamientos actuales

Las transacciones financieras existentes desde períodos anteriores se enfrentan a entornos distintos a los que existían cuando se pactaron.  Surge la necesidad de ejecutar nuevas transacciones entre empresas asociadas dados los requerimientos de recursos para la adecuada operación.

Además de los financiamientos formales a corto y largo plazo, los grupos multinacionales cuentan con otras alternativas financieras como las operaciones de cash pooling.

Respecto a los financiamientos a corto y largo plazo, ante la falta de liquidez, las empresas que pertenecen a un mismo grupo económico pueden renegociar condiciones de pago, aprovechar las tasas de interés preferenciales que ofrece el mercado financiero o contemplar posibles cambios de moneda.  Puede que tenga recursos ociosos en una jurisdicción y gran faltante en la otra y por las condiciones, requieren y acceden a los mismos sin mayores miramientos a la forma.

Dichos financiamientos deben ser documentados de forma que sirva de respaldo a la sustancia económica de la transacción. Se debe documentar los términos y condiciones que cumplan con el principio de plena competencia. La documentación es el elemento fundamental de la carga de la prueba del contribuyente y, en ese sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) establece en la publicación “Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions”, realizada en febrero 2020, algunos parámetros que sirven de referencia para una adecuada documentación.

La OCDE hace hincapié en la necesidad de llevar a cabo la delimitación precisa del financiamiento intragrupo, recalcando la relevancia de realizar un análisis exhaustivo de los términos contractuales de la operación, las funciones realizadas, los activos utilizados y riesgos asumidos, las características del producto/servicio financiero, las circunstancias económicas que rodean la transacción y las estrategias de negocio.

Señala que para la determinación del tipo de interés a valor de mercado en los préstamos intragrupo se deben considerar factores como: (1) las perspectivas de los involucrados, (2) calificación crediticia del que solicita el financiamiento y la calificación crediticia de una emisión de deuda específica, (3) el respaldo proporcionado por el grupo al que se pertenece, (4) la garantía que se establece en respuesta al financiamiento y (5) las tasas y cargos asociados a la transacción.

La alternativa de garantías permite que las empresas que cuentan con mayor solidez económica dentro del grupo multinacional garanticen los créditos de las empresas operativas; con la finalidad de poder negociar ampliaciones de créditos o tasas de interés más competitivas. A través del cash pooling es posible agrupar el efectivo existente en una sola entidad para obtener mejores rendimientos por los excedentes y generar eficiencias derivadas de la reducción de costos de solicitar nuevos financiamientos y evitar el pago de pólizas de crédito.

Ante operaciones de garantías y cash pooling, la OCDE también recomienda la definición precisa de las circunstancias y los hechos alrededor de las operaciones; los cuales son especificados en el acuerdo existente y, a partir de ello, se justifica la retribución realizada al gestor de los saldos o al garante, puesto que la participación de cada parte involucrada se encuentra en función del beneficio que espera obtener dado el aporte realizado. El principio que prima es el del riesgo que se asume aún al otorgar garantías o gestionar por cuenta y nombre de un relacionado el financiamiento, partiendo de la realidad que si esta intervención no fuera valiosa, la entidad por sí misma habría efectivamente conseguido los recursos.

Nuevas condiciones de cobranza y modificaciones en la gestión de pago de proveedores

Entre empresas pertenecientes a un grupo multinacional normalmente existen cuentas por cobrar y por pagar que se asocian a la distribución de funciones dentro del grupo multinacional y que, por ende, responden a las relaciones comerciales entre empresas vinculadas.

En términos de Precios de Transferencia, los períodos de rotación de dichas cuentas son revisados.  Dependiendo de su comportamiento, las cuentas podrían constituir financiamientos implícitos en los que, como parte de su análisis de Precios de Transferencia, su tasa de interés se contrasta con la que cobrarían entidades financieras independientes ante transacciones financieras con características similares.

En épocas de pandemia es probable que los períodos de rotación de las cuentas por cobrar y por pagar aumenten por la afectación de la crisis; lo cual se traduce en disminuciones en el flujo de caja que conllevan a que las empresas se enfrenten a mayores dificultades para efectuar sus pagos.

Esta situación, sumada a que no todos los grupos multinacionales cuentan con políticas de tasas de interés para las transacciones financieras derivadas de las relaciones comerciales entre sí, expone a las empresas asociadas a escenarios de riesgo sustanciales.

Es fundamental insistir en que la búsqueda de más y mejores oportunidades de financiamiento intragrupo en los grupos multinacionales debe estar en sintonía con unas políticas de Precios de Transferencia robustas y la consecuente documentación oportuna. Ante escenarios extraordinarios como el que se está viviendo actualmente, los contribuyentes deben ser capaces de demostrar ante las Administraciones Tributarias que su condición responde a motivos de mercado y no a sus operaciones con empresas vinculadas; principalmente cuando se trata de traslados de fondos cuyo costo de oportunidad tiene injerencia directa en la determinación de la base imponible de las empresas; dadas las normas de subcapitalización en los distintos países.

En Grupo Camacho Internacional se cuenta por personal altamente capacitado para asesorarlo en esta materia; por lo que lo invitamos a contactarnos para atender sus inquietudes al respecto.

 

Comparabilidad en esta nueva era COVID-19, Precios de Transferencia

Comparabilidad en esta nueva era COVID-19, Precios de Transferencia

 

 

 

 

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El acomodo de la nueva normalidad ante el tema COVID va a cambiar la forma en la que se ven y se hacen las cosas. El análisis de Precios de transferencia, específicamente respecto a la comparabilidad, no va a ser ajeno a este cambio. Es importante que las empresas tengan presente documentar e identificar qué variables pueden afectarle al final del periodo a la hora de realizar los análisis de precios de transferencia.

Algunos de los puntos que se deben considerar para una comparabilidad adecuada son:

  • Ajustes por capacidad ociosa para compañías intensivas en bienes de capital,
  • Anulación de las órdenes de compra por parte de los clientes,
  • Gastos que afecten el resultado del periodo que surgen por la crisis (ajustes a los resultados de la empresa),
  • Caída en el PIB del país de los comparables o de la industria en específico, como fuente externa para realizar ajustes a los resultados de los comparables.

El ajuste por capacidad ociosa para compañías intensivas en bienes de capital es recomendable, en el tanto dicha capacidad ociosa fue producto de un evento extraordinario, como lo es la crisis del COVID 19.

Al analizar las transacciones con partes relacionadas y asociarle un costo, el costo a asignar es el necesario para la producción de los bienes, lo que implica que no deben incluirse costos extraordinarios o que no fueron parte de la cadena de valor del bien.

Se debe tener presente, para ajustar en lo correspondiente, si producto del COVID 19 se sufrió una baja en la producción, la cual tuvo como consecuencia una capacidad ociosa mayor a la normal en la producción del bien en cuestión.

En cuanto a los gastos que afecten el resultado del periodo que surgen por la crisis, es probable que haya muchas empresas que vean incrementados sus gastos por temas de limpieza, contratación de consultarías para generar diferentes protocolos que les permita continuar con el día a día, e incluso los gastos incurridos por reducción de planilla.

Van a existir y variar los gastos extraordinarios del periodo causados por la pandemia, que deben identificarse a tiempo con el fin de tomarlos en cuenta para el análisis de la operatividad de la empresa.

Con respecto a los comparables, tenga presente que la información financiera que se va a tener disponible muy probablemente es con corte a 2019 como máximo y estos no van a incluir el tema de la crisis del 2020, por lo tanto, será necesario ajustar los comparables a nivel de la situación del contribuyente. Nos referimos a realizar ajustes más allá de los ya conocidos ajustes de capital.

La información de periodos anteriores debe ajustarse para que sea acorde a un periodo de crisis, utilizando ya sea información interna de la empresa, como los cambios en sus ventas, y/o información externa, como índices de producción nacional o por industria, y su variación respecto periodos anteriores.

Si bien lo mencionado son ajustes que permitirán una comparabilidad efectiva considerando las afectaciones que el COVID trae para el periodo 2020, no podemos dejar de lado recordar y tener presente ¿Qué tantos ajustes son viables antes de perder la comparabilidad?

Lo que nos dice las directrices de la O.C.D.E. actualizadas en 2017 en su párrafo 3.52 es: “…la necesidad de realizar numerosos ajustes o ajustes muy importantes en los factores clave de comparabilidad puede indicar que las operaciones efectuadas por el tercero no son lo suficientemente comparables.”

Ya es un hecho que el periodo 2020 será un periodo atípico y con ello afectará lo que normalmente se considera comparable si no se toman las previsiones del caso. Por ello, la O.C.D.E. y las legislaciones correspondientes de nuestros países nos permiten la aplicación de estos. La clave radica en que se tenga un nivel de transparencia que permita ver la precisión de los ajustes efectuados, procedimiento de cálculo y forma en la que el ajuste modifica los resultados de las empresas en cuestión.

La información financiera que se utilice tanto de los comparables (en un escenario ideal) como de la empresa analizada podría ser del periodo 2020, con el fin de tener resultados más confiables y evitar la realización excesiva de ajustes que conlleven a la eliminación de comparables.

Lo invitamos a conversar con nuestro equipo de expertos para determinar cuál debe ser su enfoque respecto la comparabilidad en sus precios de transferencia para el 2020, ¡contactenos!

Carol Cifuentes Guerra – Consultora de Precios de Transferencia

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