La trampa del financiamiento

Los contribuyentes, antes de serlo, son agentes económicos racionales que han decido optar por la obtención de sus medios de vida financiera mediante la disposición de una serie de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. Los organizan para la obtención del mayor rendimiento económico-financiero posible de todos y cada uno de los recursos, con un especial énfasis de obtener de su inversión el máximo rendimiento neto después de impuestos.

Desde el año 2015 Costa Rica entra en el camino de solicitar su inclusión como miembro de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, constituida y gobernada por las naciones de mayor riqueza en el mundo. Quienes a su vez son, como consecuencia, los mayores países exportadores de capital a los países en vías de desarrollo o, quitando el triste eufemismo, los países subdesarrollados que, aunque duela somos.

A pesar de nuestra realidad económica y en abono a la ampliación de brechas en lo económico y en consecuencia en lo social, hemos adoptado como país toda medida emanada desde la OCDE. Entre las medidas que debemos mencionar está la adopción del Marco Inclusivo de las acciones BEPS (Base Erosion Profit Shifting) tendentes a evitar la erosión de bases imponibles mediante el traslado artificial o artificioso de utilidades de un país a otro para obviar la tributación correspondiente.

Las acciones BEPS son un conjunto de quince acciones sistemáticas y sistematizadas con el propósito de evitar las fugas de capitales y las consecuentes mermas de la tributación respectiva. Es un enjambre de complejas normas que protegen especialmente los intereses de las naciones más ricas del globo, siendo la sistematización de orden inclusivo a quienes son exportadores de capital; así como a los que somos fundamentalmente receptores de este. Una inclusión de carácter conveniente e instrumental para “igualarnos”, o globalizarnos en lo tributario, dada la globalización de la economía.

La acción número 4 de las quince indicadas se refiere a que los grupos corporativos especialmente los multinacionales han tendido a abusar del financiamiento con fondos ajenos o pasivos, para aprovechar mediante el servicio de dichas deudas las deducciones fiscales que estas generan en los resultados, ordenando el financiamiento de sus empresas de forma que el sobreendeudamiento, sea una manera de mitigar la carga fiscal. Aprovechan la desgravación parcial o total de los pagos de intereses según lo disponga la norma de cada país, reduciendo la tasa efectiva del impuesto sobre la renta de las empresas.

Lo anterior, que es una ponencia cierta para los grupos multinacionales en general y para algunos empresarios y emprendedores, se resume al 10% de los contribuyentes del mundo. Ya que el 90% de los agentes económicos son PYME o emprendimientos de reducida dimensión.

Es decir, la acción 4 que insta a las Administraciones Tributarias del mundo a emprender un ataque a la subcapitalización o sobreendeudamiento, parte de la realidad del 10% de los agentes económicos para hacer normas técnicas de una abundante riqueza intelectual que aplican a todos los contribuyentes.

Partir de una premisa cierta para el 10% dicho es generar reglas generales basadas en la realidad de unos pocos; más cuando el porcentaje de PYMES y emprendimientos en países subdesarrollados como Costa Rica podría ser mucho mayor. Es basarse en las prácticas de unos pocos para quienes el endeudamiento es una opción de mera estructura de conveniencia fiscal para aplicar por parejo una limitación de gastos financieros para todos los contribuyentes.

En la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se incorpora un nuevo artículo a la ley de impuesto sobre la renta, relativo a la no deducibilidad del “exceso” de gastos financieros en que incurra el contribuyente. Se incluye en los siguientes términos: “Artículo 9 bis- Limitación a la deducción de intereses no bancarios. Se establece una deducibilidad máxima por gastos por intereses netos de un veinte por ciento (20%) de la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Uaiida) por cada periodo impositivo.”

Tiene esta regla su inicio en una tolerancia de deducción del 30% declinando a un 2% por año hasta llegar a la rígida condición dicha.

Quiere decir lo anterior que los contribuyentes cuyo endeudamiento no bancario le haga incurrir en gastos financieros “excesivos y abusivos” a los ojos de la norma, apartándose de conceptos más propios como la necesidad y pertinencia para la generación real de riqueza, que al final será base imponible, se consideran gastos no deducibles, dejando solo una puerta legal en el párrafo último del artículo 9 bis: “La Administración Tributaria queda facultada para autorizar un límite mayor de deducibilidad de gastos por intereses netos a aquellos contribuyentes que así lo soliciten previamente mediante solicitud fundamentada, la cual deberá ser acompañada de los requisitos que se definan vía resolución.”

El borrador de esta resolución se encuentra en proceso de consulta a los interesados y fue publicada también al final del año anterior. Por medio del instituto jurídico de la petición – consagrado en el artículo 102 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios – se accedería a solicitar un permiso anual, a año vencido, para obtener mediante un complejo sistema el derecho de poder salirse de la “camisa de fuerza” de la regla de limitación de deducción de intereses.

Implica una gran carga de incertidumbre económica y jurídica, obligando la presentación de la petición a más tardar el día 15 de enero del periodo anterior cerrado con cifras definitivas para que, al borde del plazo de la presentación de la declaración de renta, se conozca la suerte de la petición, dejando en ascuas a los contribuyentes que no tengan repuesta, pues los plazos del Código apenas coinciden con la solicitud, siempre que la respuesta sea favorable. ¡Vaya problema tendrá el contribuyente si tiene que acceder a la fase recursiva que da el silencio negativo!

Todo lo anterior hace diversos llamados. Un primero a que los contribuyentes hagan una evaluación de sus actuales estructuras de financiamiento. Definan en qué nivel de capacidad de cumplimento se encuentran y qué medios reales tienen para lograr cumplir con lo establecido por la norma legal; o bien identifiquen las acciones urgentes a efectuar para poder evitar el embate de esta norma que aumentará indefectiblemente su costo efectivo de capital obtenido de préstamos o fondos no bancarios.

Es momento de hacer una valoración integral del impacto de estas normas en contribuyentes para los que, el endeudamiento es una consecuencia de su realidad y no de una opción de macabro propósito de erosionar bases imponibles. Estos contribuyentes han perdido más que la pretendida recaudación de la Administración, pero en el nombre de evitar reducciones de las tasas efectivas del impuesto, parece no importar que aumente el costo efectivo del capital de fondos de terceros.

En tan paradójico ambiente, no podemos más que instar en urgencia a estar listos para que la aplicación de estas normas no le aumenten por ficción sus tasas reales de pago de impuestos. Ante esto, de lo que el contribuyente es dueño aun es de su limitada libertad de efectuar actos oportunos de planificación fiscal. La planificación fiscal no es pecado, aunque se haya satanizado, en este nuevo orden del caótico mundo de la complejidad fiscal. Les esperamos para acompañarlos en esta compleja misión de cumplir al menor costo legal alternativo posible.

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Publicado en el periódico La República el 21 de enero del 2020

Abriendo brecha

Como norma de cierre de año y como apertura de los eventos 2020 para procurar el cierre de la brecha fiscal, tenemos que considerar la obligación de declarar de las personas jurídicas domiciliadas en Costa Rica, que no tengan actividades de fuente costarricense, conforme lo previsto en el articulo 2 de la Ley y 4 del Reglamento de la ley de impuesto sobre la renta.

El pasado 20 de diciembre se publicó la resolución DGT-075-2019, que establece los deberes formales de estas entidades, que, por cierto, sobreabundaron y abundan aún, en el derecho costarricense.

Indica el primer artículo de la resolución: “Las personas jurídicas inactivas domiciliadas en el país que no desarrollen actividad lucrativa de fuente costarricense, deberán, estar inscritas en el Registro Único Tributario de la Dirección General de Tributación con los datos de representante legal y domicilio fiscal actualizados”, creando inclusive un código distinto para registrar las sociedades que se considere que no desarrolla actividad lucrativa de fuente costarricense, muchas de ellas entidades de mera tenencia de bienes.

Cumplir con el registro parece simple como de respuesta rápida, pero puede llegar a ser complejo ante las reglas de transparencia local e internacional que enfrentamos los contribuyentes. No se trata por tanto de una mera declaración sin actividades, como en algunos casos hemos visto se han presentado, sino que lo que pretende la norma es tener el mapa completo del universo de entidades que no tienen actividades en el país, pero que ostentan activos – dentro o fuera de Costa Rica – a su haber.

Estos activos, de no ser resultado de haber efectuado una actividad económica, deben estar respaldados con los medios de prueba que en derecho corresponda para justificar dicho patrimonio, con la consecuencia indeseable de activar la presunción de incremento patrimonial no justificado, lo que, en simple dicho, implica gravar ese patrimonio como renta bruta a la tarifa empresarial del 30%.

Así de crudo como suena, es. Entonces ¿qué debe hacer un contribuyente que tiene una sociedad de mera tenencia de bienes?

Primero, determinar si cuenta con la documentación que soporte una fiscalización selectiva de carácter especial de la categoría nueva de contribuyentes, que deben entender el concepto de fuente. Ya algunos especialistas hemos manifestado nuestra preocupación sobre la necesidad de que tal entendimiento – del concepto de fuente costarricense – no solo esté particularmente claro en los contribuyentes, sino de manera especialísima por sus consecuencias, para la propia Administración Tributaria. Tal preocupación surge en particular por la comodidosa y peligrosa norma de inversión de la carga de la prueba al contribuyente.

Veamos el articulo 8 bis del reglamento de la ley de impuesto sobre la renta, que indica en su penúltimo párrafo: “En caso de que el contribuyente no logre justificar dicho incremento, deberá aplicarse la presunción legal de que el incremento determinado son rentas gravables no declaradas. Tal incremento, de conformidad con el artículo 5 de la Ley, constituirá parte de la renta bruta en el momento en que la Administración Tributaria lo determine y afectará el período en el cual se produjo, pero si no es posible determinar el período del surgimiento del incremento patrimonial no justificado, se debe imputar al período o periodos sujetos a fiscalización, sin que ésta requiera establecer la fecha en que se incurrió en el ocultamiento de rentas que se presumen gravables.”

Hay varias ideas mezcladas en el concepto trascrito. La primera de ellas es el de la carga de la prueba, es decir, corresponde al contribuyente demostrar de manera fehaciente, la proveniencia de los recursos que fueron origen de los bienes que ostenten las entidades que no tienen actividad de fuente costarricense.

El segundo elemento es el que alude a “el momento en que la Administración Tributaria lo determine y afectará el período en el cual se produjo”, como el momento que se produjo se refiere al acto determinativo. No estamos frente a la posibilidad de oponer – excepto con fechas ciertas y pruebas válidas en derecho – que dicho incremento es de un periodo prescrito, pues la obligación imputa prescripción a partir de su nacimiento a la vida jurídica.

Esto viene a reafirmarse en el mismo texto, cuando indica el tercer elemento a considerar: “si no es posible determinar el período del surgimiento del incremento patrimonial no justificado, se debe imputar al período o periodos sujetos a fiscalización, sin que ésta requiera establecer la fecha en que se incurrió en el ocultamiento de rentas que se presumen gravables.”

Hay dos ideas – tercero y cuarto elemento – aquí. La primera la que indica que el periodo relevante es el de fiscalización ya que será a éste al que se le imputará la renta, lo que tiene efectos de arrastre y acumulación de patrimonios “viejos,” aun cuando provengan de periodos completamente prescritos. El reto está en demostrar de manera apropiada la longevidad de los patrimonios, siempre que esas rentas o aportes, sean provenientes de fuentes costarricenses no sujetas o exentas – que no es lo mismo, lo aclaro para los no expertos, quienes serán al final quienes enfrentarán las consecuencias económicas de la presunción indicada–.

No podemos dejar de recoger el cuarto y último elemento de la cita hecha que es, la transgresión absoluta del principio constitucional de inocencia, cuando se cierra diciendo: “la fecha en que se incurrió en el ocultamiento de rentas.” Lapidaria afirmación que presume la ausencia del principio de buena fe del administrado, lo que deberá ser especialmente vigilado en las venideras fiscalizaciones.

Ahora bien, el asunto es realmente gordo, pues si una sociedad no tiene rentas de fuente costarricense, esta renta debe ser de fuente no costarricense o extranjera, motivo por el que he mencionado el ambiente de transparencia fiscal internacional en el que vivimos hoy y los instrumentos múltiples con que han sido dotadas las administraciones tributarias en el ambiente de BEPS y las normas suscritas por Costa Rica en materia de intercambio y cooperación fiscal internacional en el marco del largo camino de ingreso a la OCDE.

Solo para cerrar y sin animo de dar por agotado el tema, por el contrario, a título de mero despertar en el Año Nuevo, la resaca de esta norma llega potencialmente a los socios, ya que cuando vemos el enjambre fiscal que nos rodea, debe tenerse en cuenta que en el caso de rentas no sujetas una de las expresamente consideradas son los aumentos de capital, siempre refiriéndose a la aportación de capital social. Al provenir de socios, evidentemente deberán estos dar cuenta del origen fiscal de sus aportaciones, que deben ser recursos exentos, no sujetos o de fuente extranjera, ya que con el contraste de esta información el cerco se cierra con el registro de beneficiarios finales, que no por coincidencia también sube al escenario protagónico en este 2020.

Definitivamente podemos afirmar: ¡Vaya manera de iniciar año o década! Hitos como estos harán que los contribuyentes deban prestar especial atención a esta primera declaración. De no hacerlo, un movimiento de prisa e irreflexivo le puede poner al contribuyente en “jaque mate”.

Como no podría ser de otra forma, en Grupo Camacho Internacional estaremos gustosos en darle el apoyo que requiere para evitar entrar en esa posible trampa sin salida. Instamos en todo caso a los contribuyentes, que independientemente de sus usos y costumbres, se hagan acompañar de expertos tributarios – el suyo o nosotros – y evite consecuencias tan onerosas como las esbozadas. No se la juegue, no es un simple requisito más por cumplir.

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Publicado en el periódico La República el 7 de Enero del 2020

Plan Fiscal y OCDE

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

En la agenda de tres puntos para el camino de incorporación de Costa Rica a la OCDE, se encuentra en tercer lugar el de la urgencia de aprobar un plan fiscal que ordene las finanzas públicas del país. Para contextualizar el que estaba en conocimiento de la Asamblea Legislativa en el momento de la visita, tenía incorporadas tanto la reforma del impuesto de ventas para transformarlo en uno de impuesto al valor agregado, como una reforma integral al impuesto sobre la renta. Como es de todos conocido, la carencia de oxígeno de negociación política, hizo que el proyecto fuera decayendo en alcance hasta llegar a la mínima expresión que se encuentra en una dudosa agenda de sesiones extraordinarias, ahora bajo el nombre de “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, que deja solo el IVA y una pincelada a temas de renta.

Es fundamental recapitular las razones para que este último de los aspectos de la agenda nacional, sea de relevancia para el cumplimiento de los mínimos requeridos y esperados por la Organización para la Cooperación Desarrollo Económicos. Todo país que tenga aspiraciones de un desarrollo sustentable y creciente en lo que respecta a competitividad y mejora del ambiente de negocios, requiere contar con unas finanzas públicas de condiciones tales que, el Gobierno sea un propiciador de condiciones de competitividad y accesibilidad al emprendedurismo privado, sacando de sí las instituciones y costos relacionados con una gestión del Estado que sea contradictorio u obstructivo al logro de dichos objetivos.

La OCDE, siendo una organización de países desarrollados, no hace que sus aspirantes se conviertan en desarrollados por la mera afiliación y admisión, sino por el código de conducta de diversa índole que promueve el desarrollo integral y sostenible de sus países miembros basados entre otros en una clara disciplina fiscal. Es decir, que el examen de admisión no tiene que ver con voluntades o compromisos, sino con las realidades y los sustentos de los mismos para poder lograr una paridad comparable entre sus países miembros, eso caracteriza la razón de ser de requisitos que van desde lo fiscal como lo es el caso que nos ocupa, hasta las condiciones de seguridad legal, equidad, educación, condiciones laborales, compromisos y acciones medioambientales entre otros. Para una fiel representación de los objetivos amplios de la OCDE, transcribo lo correspondiente a la descripción que hace la Organización de sí misma:

“Trabajamos para entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental. Medimos la productividad y los flujos globales del comercio e inversión. Analizamos y comparamos datos para realizar pronósticos de tendencias. Fijamos estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas.” (fuente:http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/

Es precisamente, por los objetivos dichos, que esta organización vela por la salud de sus países miembros, dictando mejores prácticas para el logro de estos niveles de facilitación del proceso de globalización en un ambiente ordenado, de justo comercio, así como de certeza en los términos condiciones y motivaciones económicas válidas, para la atracción o movilización de los capitales.

Costa Rica padece de males endémicos en materia fiscal cuyos orígenes datan de la falta de actualización de la visión del Estado moderno y su rol en la economía, manteniendo estructura y gasto concomitante, a la del Estado protagonista, empresario, regulador, empleador y otra serie de roles hoy observados objetivamente, han sido de gran impacto positivo en la historia del país, en el logro de sus índices de desarrollo humano, en el logro de unas condiciones razonables de libertad relativa económica y social, pero la falta de actualización, viene hace al menos dos décadas dejándonos ayunos de los beneficios efectivos de la globalización económica. No se trata de ser detractor de la historia, es entender que esta es dinámica, que tiene ciclos y que la del modelo de Estado asumida con gran visión por los pensadores de la década de los años 40 del siglo pasado, no era conteste a la entrada del actual milenio y los retos que esto representa.

El motivo para tocar el tema de modelo del Estado tiene motivo en hacer conciencia de que mientras no se logre definir el nuevo modelo de Estado, cualquier mejora que pueda darse en materia de recaudación fiscal, llegará a ser no solo financieramente insuficiente, sino que generará condiciones de severos desajustes en la competitividad menoscabada ya de los actores del sector privado.

Ahora bien, no es posible de golpe y porrazo hacer todos los cambios que se requieren en el modelo de Estado adecuado a las actuales condiciones, pero hay que iniciar de inmediato y de forma simultánea con la reforma fiscal integral en materia de IVA y renta, que permitan recoger nuevas manifestaciones —comparadas con las actuales de los cuerpos legales existentes— de capacidades contributivas hoy fuera del ámbito de las normas legales y por tanto, fuera de las posibilidades de llevar a las arcas del Estado aun mejorando la paupérrima gestión de fiscalización, que se concentra en seguir siempre cargando los hombros de los mismos; en el sector formal de la economía, dejando impune a los defraudadores conocidos y desconocidos, así como la economía subterránea, cuyas dimensiones ya son tan abrumadoras que hacen inviable la competitividad de quienes cumplimos, con aquellos que en la sombra de la informalidad o al amparo de regímenes sin controles, no asumen los costos de hacer negocios con respecto a los agentes económicos que responsablemente enfrentamos los costos incrementales de hacer negocios en Costa Rica sufriendo la disparidad en la competitividad.

Una reforma fiscal es indispensable, completa, integral, incluyendo los cambios estructurales a nivel de administración tributaria, para que sea el medio a través del que paguemos lo que debemos, generemos condiciones que propicien la movilidad laboral, la apertura de nuevos emprendimientos, el fortalecimiento de las actuales empresas nacionales y multinacionales, que tengamos acceso más directo y a menores costos relativos a facilidades crediticias, que no incorporen en las tasas de interés las incapacidades de resolver en lo fiscal el tema del ingreso creciente y el gasto decreciente, sean tendencias inversas a las actuales, para que todos como sociedad, podamos acceder a mejores condiciones de orden autogestionarias en la economía global.

Cortesía de La República

Seguridad Social y OCDE

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

En la visita realizada por altos funcionarios de la OCDE a Costa Rica, nos plantearon la agenda de asuntos por resolver especialmente en las prioridades de inclusión de la economía informal en la formalidad. Las autoridades de la OCDE llamaron la atención respecto de las altas cargas que pesan sobre las planillas como consecuencia de las contribuciones tanto obreras como patronales para con la Seguridad Social.

Debemos decir, que, si bien esta es la recomendación mejor recibida por parte del sector empresarial, también es cierto que esta recomendación de escritorio, tiene poco o nada que ver con la realidad sustantiva de las finanzas de la seguridad social de Costa Rica. Por otro lado, es absolutamente cierto que la economía informal solo se perpetúa ante los altos costos de inclusión si esta condición inflexible del costo de regularización persiste en el mercado. Es evidente que el tema no se queda en las consecuencias de la seguridad social, esto afecta transversalmente la vida económica y social del país. Los actuales candidatos plantean en sus programas un fuerte frente de ataque a la informalidad, por medio de nuevos emprendimientos que enfrentarán esta barrera de entrada en el costo de la operación jurídicamente válida, lo que provoca distorsiones en la competitividad en el mercado interno e indudablemente en los mercados extranjeros.

Si bien desde la óptica de los sectores formales aplaudimos la recomendación, no podemos dejar de decir que nunca menos oportuna la recomendación que en un momento en el que todas las fuentes indican un deterioro significativo de las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual viene a contrapelo de las recomendaciones dadas por la OCDE y el sentido común de la inclusión persuasiva, siendo abatida con incrementos en las cuotas en particular de las obreras de la seguridad social. Según la modificación hecha al artículo 33 del Reglamento de Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en junio de 2017; las cuotas solo para mantener el régimen en condiciones sustentables, pasan a subir las contribuciones de los trabajadores en un punto porcentual esto es el 11% de incremento en el costo para el trabajador de su régimen de eventual pensión.

Para ilustrar la gravedad de esta insostenible situación, el mismo texto legal compara las contribuciones tripartitas del trabajador, patrono y Estado, desde los años 2009 a 2035, pasando solo el rubro de IVM del 7,5% en 2009, a la abrumadora carga del 12,16% en 2035, sea un incremento del 62,13% en el periodo de análisis, esto sin contar las veces y los años que han aumentado la edad esperada de pensión. Esto comporta no solo una conducta a contrapelo de las “recomendaciones” de la OCDE, sino a toda costa a la inclusión y la formalidad de los sectores de condiciones tanto formales en la actualidad como de profesionales liberales, así como las empresas en condición de incubación y por supuesto las pymes.

El efecto en el ingreso disponible del trabajador es otro factor a tomar en consideración, solo del mes de julio 2017 a enero de 2018; los trabajadores, en su condición de consumidores, han perdido un ingreso disponible del 11%, lo cual tiene una consecuencia recesiva en los consumos de aquellos, que ya se nota en las ventas de los comercios y las prestaciones de los servicios, aspecto que se agrava cuando se hace el análisis sobre bases de salarios reales y no solamente nominales, perdiendo algunos puntos más de capacidad de compra que afecta a la economía en su conjunto y explica el aletargamiento de los consumos y por ende de los niveles de empleo, aspecto que solo propicia una crisis más grave en la economía real.

La recomendación de la OCDE es sin duda una mejor práctica que posiblemente no fue alimentada con los insumos de la realidad expuesta, o que, si lo fue, probablemente no nos han contado todas las recomendaciones en su conjunto, como podrían haber sido la revisión de la relación de staff administrativo versus personal médico en los servicios de prestaciones médicas en la CCSS, que se ha venido comiendo los recursos de orden global de la institución a todos los trabajadores y empleadores tanto del sector público como privado. A la vez, es probable que las medidas adicionales que se requieran para viabilizar la recomendada reducción de contribuciones tengan que ver con los pluses salariales de los trabajadores de la Caja, tanto del sector salud como los administrativos, el mejor control de las compras de bienes y servicios, la adecuada atención de los costos incrementales en la atención de salud curativa ante la desmejora de los programas universales de orden preventivo, entre una larga lista de otros cambios que hay que atender para poder viabilizar la reducción ansiada por quienes contribuimos, en el régimen global de la seguridad social de Costa Rica.

Cortesía de La República

Zonas francas y OCDE

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Es llamativo que en la vista realizada hace un mes por parte de funcionarios de la OCDE a Costa Rica, la agenda de asuntos prioritarios fuera tan especialmente inversa a las prioridades que a lo interno hemos definido, al menos como derroteros, a nivel interno como país. La prioridad uno de la agenda planteada por la secretaría de asuntos fiscales de la Organización, los cuales inician por el agresivo planteamiento de desmantelar en un plazo muy breve el régimen de zonas francas.

Esta condición complementada con la de reducir las contribuciones de la seguridad social, que merecen análisis aparte, así como en tercer lugar llegar a un acuerdo en materia de una reforma fiscal integral, son los elementos que nos han dejado en la lista de pendientes.

En relación con el régimen, si bien es cierto la acción cinco de las acciones BEPS, propone que las figuras y regímenes que de manera activa o pasiva provoquen la localización de utilidades gravables en otras jurisdicciones por motivo de atribución de valoraciones diversas a las respectivas en el concepto de cadena de valor. Esto quiere decir, que aquellos regímenes, no solo el de zona franca costarricense, sino todos los que permiten el traslado artificioso de utilidades a jurisdicciones o regímenes que permitan una menor tributación relativa del grupo económico, serán considerados como regímenes perniciosos y por ende deben ser desmantelados por los países que han convenido con las acciones BEPS, tal es el caso de Costa Rica desde la suscripción misma del marco inclusivo que como país depositamos ante la OCDE. Una medida de esta naturaleza debe ser negociada con los miembros del comité de asuntos fiscales de la OCDE con un adecuado apego al principio de “equal footing”, es decir, si debemos hacer tal decisión la misma y su puesta en marcha no pueden hacerse como pioneros con las consecuencias que en la competitividad país sin duda podemos asumir, sino en forma simultánea con los demás jugadores mundiales en condiciones análogas.

No es aceptable que Costa Rica desmantele ningún régimen especial, sin garantía de que otros países en especial competidores por la atracción de la inversión extranjera directa, en forma simultanea lleven a cabo acciones concomitantes a la vez que se logre en concordancia con un acuerdo de revisión de pares hecho por los partícipes de los regímenes en los que se garantice que no habrá competencia ni en la dirección del desmantelamiento ni en el momento en que dicha acción se tome. Costa Rica, debe mantener sus compromisos asumidos con los organismos internacionales y no sería de recibo no cumplir con temas pactados del marco inclusivo de las normas BEPS, pero sin duda, no a cualquier precio, ya que el efecto en las exportaciones, el nivel de empleo, las divisas y el sistema cambiario, así como los demás agregados macroeconómicos serian un contrasentido a los propósitos de entrada del país en la OCDE.

Para este tipo de temas el sector privado debe tener claro entendimiento de la extensión de compromisos que tiene el país, la manera en que se espera que, como tal comporte en conductas esperadas, así como una interacción oportuna de orden técnico con el Ministerio de Hacienda que es la Autoridad Competente de cara a la OCDE para este tipo de diálogos educados, en los que la sociedad civil tiene una importante labor que llevar a cabo.

Cortesía de La República