Tiempo de buscar el norte

 

 

 

 

 

 

 

 

En una noche de niebla un buque va a estrellarse contra un faro. Unos lo vemos claro, mientras que otros lo que detectan es que ese objeto con luces – el faro – será quien se estrelle contra el buque. ¡Es la gran paradoja del movimiento! Solamente el buque, en cabeza de su capitán, puede actuar y cambiar de rumbo para no sucumbir. Por más que el controlador del faro quisiera, él es incapaz de maniobrar y a no ser que el capitán cambie de rumbo, la consecuencia evitable se materializará.

En un momento crucial de la historia económica del mundo y consecuentemente de nuestro país, es fundamental recordar que el papel de las ciencias sociales, en particular de la economía es instrumental al logro del bienestar general y el bien común, entendido este como el de todos y cada uno de los miembros de la sociedad, respetando su condición y especialmente optando en las acciones por proteger a los menos favorecidos de la sociedad.

Este propósito ultimo de tutela del más débil lo entendemos en la solidaridad, pero también en la óptica de la conveniencia que marca para el más favorecido garantizar que sus bienes y derechos se encuentran inmersos en una sociedad que, por justicia, es sostenible en el tiempo y no se está cultivando la peligrosa batalla entre “ricos” y “pobres”, como la de los “malos” y los “buenos”.

Con estos postulados fundamentales como punto de arranque es imperativo que entendamos que el capitán al que aludo en el párrafo inicial, no se refiere exclusivamente a la cabeza del presidente de la República; sino a todo aquel que, por su condición de poder hacer, asume la implícita responsabilidad de deber actuar.

Es decir, va esta condición a todos los que en el conjunto de la sociedad tenemos capacidades diversas de incidir en la vida social para mejorarla y lograr acuerdos que, sin confundir fin y medios, logren el bien común. La sociedad de la paz consecuente con el estado de justicia que caracterizó históricamente a Costa Rica, haciéndola distinta de las confrontativas sociedades con abismales diferencias e indiferencias.

La propuesta unilateral del Poder Ejecutivo para ir a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es claramente inmoral, indecente, indecorosa, desapegada de la realidad de la sociedad en la que vivimos, egoísta, engreída y carente de sentido de responsabilidad de capitanear un barco que está a punto de sucumbir contra el faro de la realidad.

La realidad que vivimos todos los costarricenses, en nuestra condición de empresarios, emprendedores, asalariados, o peor aún, la de los desgarradores hogares del desempleado, del carente de oportunidades, del que vive hoy – si es que eso es vida en condición de dignidad humana – por debajo de la línea de pobreza. Una población creciente, así como creciente es la del adjetivo de condición de miseria extrema.

En esta, que sí es la realidad, no es de recibo, imponer cargas más pesadas sobre las espaldas. Nos plantean una propuesta de carácter muy liviano para el sector público – causa principal del desequilibrio de las finanzas públicas – con latigazos más fuertes sobre las cabezas de quienes generamos riqueza, empleo e impuestos para financiar al elefante blanco, que ni rosado se pone de la pena que da, ver la propuesta del “equipo económico”.

Como nos toca a todos construir, a cada quien, desde su campo, me parece fundamental referirme a dos situaciones iniciales que deben ser consideradas en la óptica de lograr una mejora de las finanzas públicas. No pretendo que sean por sí mismas una solución integral, tipo panacea, ya que esta barita mágica no existe, si la construcción del problema, que es responsabilidad de todos como sociedad, ha tomado décadas, no pretendamos de manera ilusa esperar soluciones mágicas, ni mucho menos indoloras.

Toca cerrar la brecha fiscal, cortando al menos el 20% del tamaño del Estado. Eso significa eliminar de la propuesta el adjetivo “voluntario” a la movilidad laboral; haciendo la liquidación con el pago de todos los extremos laborales de los funcionarios, quienes ciertamente engrosarán la línea del desempleo, pero indudablemente hasta hoy, las víctimas del desempleo las hemos solamente aportado desde el sector privado. No por placer, sino por deber, habiendo tenido que enfrentar los costos de honrar los derechos de a quienes el derecho asiste.

No es de recibo que tengamos una clase intocable de nuestra sociedad, que es el funcionario público. Una vez hecha la necesaria y dolorosa operación, debe entrarse sin demora, a la vigencia del salario único del Estado, para que sea eficaz y efectivo de una vez. Esto requerirá, por el cambio en las condiciones la liquidación de todos los derechos adquiridos en la condición de derecho laboral, el pago de los mismos. Con los fondos recibidos, el trabajador que viene del sistema de los privilegios deberá responsabilizarse por una correcta administración de su dinero para lograr compensar en el tiempo la pérdida de esos beneficios. Así se cauteriza el órgano sangrante del 50% del gasto público del país.

De lo que se propuso en materia tributaria, olvidar el incremento de tarifas. ¡Eso solamente aumentará la propensión y el premio a la evasión propiciada por la inopia y corrupción de una administración tributaria! La misma que deja al desfile de los elefantes de la evasión, desfilar por la avenida segunda, haciendo parada de burla obligada frente a las oficinas centrales del Ministerio de Hacienda, para darle las gracias por las graciosas concesiones que tanto ilícito enriquecimiento facilitan las autoridades ahí yacentes.

Basta leer los informes de instituciones como la Contraloría General de la República, los estudios del Estado de la Nación, sin mencionar los de los organismos internacionales que indican que la evasión corresponde a al menos el 8% del PIB.

Mantener la posición de no ir por renta mundial es un rescatable positivo de la propuesta de Hacienda. Sin embargo, será necesario cambiar el inicio del sistema de renta global. No hay motivo real ni sustento técnico para procrastinar más la renta global, que es un mecanismo de justicia tributaria que no permite escudarse en las actuales condiciones de tributación estanca, por tipo de ingreso, provocando distorsiones en las que, por ejemplo, un asalariado con esta como única fuente de sustento, resulte pagando más impuestos que alguien con análoga condición con diversidad de otros medios de compensación, ya sea como consecuencia del trabajo o como resultado de otras rentas accesorias, sobre las que puede tener medios de deducción.

La renta global es un mecanismo que pone de manifiesto los principios de equidad, progresividad y adecuación a la capacidad contributiva efectiva, actual y real del sujeto pasivo. A la vez, es un medio para el control de las fuentes de orden legítimo de las acumulaciones del patrimonio. Particularmente importante para complementar la norma ya reformada en renta para sociedades inactivas, que tendrán que dar cuenta, por verse obligadas a declarar aun en inactividad, de las fuentes de origen de los patrimonios que se encuentran en las sociedades inactivas.

A la renta global deben estar sujetas tanto empresas como personas físicas. Estas últimas deberán ser declarantes, todos aquellos sujetos residentes, o domiciliados, que tengan al menos una de las siguientes dos condiciones: Tener cualquier tipo de ingreso, sea este de orden empresarial, de prestación personal de servicios o derivado del trabajo personal dependiente, así como cualquier renta pasiva.

De igual manera debe ser obligado a declarar quien ostente la condición de titular o de beneficiario de bienes muebles, inmuebles, o cualquier derecho material o bursátil que sea unidad generadora de beneficios.

Esta modalidad de renta global debe ponerse en marcha a la brevedad, con entrada en vigencia el 1 de enero 2021. La propuesta de Hacienda de iniciar para el 2023, sin justificación de la demora más que la fácil condición de blandengue, lo que insinúa y fomenta es la mediocridad del sistema, cuando para salir de esta situación lo que requerimos es excelencia, no incompetencia.

Esta propuesta se complementa con la eliminación de exenciones de toda naturaleza. ¡No es tiempo de no contribuir de manera solidaria a la solución del problema! Un problema que, siendo de todos, debe ser resuelto por, efectivamente, quienes nos veremos beneficiados de la solución o perjudicados por las consecuencias de una falta de arreglo ordenado y rápido de las finanzas públicas del Estado.

Olvidar, abandonar, dar por no presentada la propuesta de impuesto a las transacciones financieras. Aprovechando esta necesidad urgente de recursos del Estado para dictar una norma de regularización y actualización de bienes de las personas físicas y jurídicas, que anteceda la globalización de las rentas. Que contemple que, los por primera vez declarantes tengan la opción de tributar a una tarifa del 2.5%, equivalente al 10% de la tarifa que les tocaría pagar, en caso de que se detecten incrementos patrimoniales no justificados. Se genera de esta forma un caudal tanto o más abundante de recursos frescos e inmediatos. Se debe contemplar un plazo perentorio de regularización al mes de setiembre de 2021. Lo que en efecto es un “shock fiscal”, pero que, una vez reconocido, se puede declarar, pagando de manera fraccionada, titularizando estos flujos – dando un plazo de tres años para pagar – para dar el respiro a las finanzas públicas. Una muy buena sustitución de la ocurrencia que hay que eliminar de la propuesta de Hacienda.

No podemos simplemente entrar, ver, negar y protestar. Debemos todos proponer, no verdades pétreas sino opciones que sean potables a la actual realidad de nuestra comprometida economía.

Publicado en La República el martes 29 de septiembre de 2020.

Efectos de cambio en tarifas

Efectos de cambio en tarifas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque cualquier cambio en el que se grava o se determina cómo se calcula base de aplicación de un gravamen debe pasar, indudablemente, por aprobación legislativa como mandato constitucional de reserva de Ley, esta es una iniciativa que, usualmente, es impulsada por el Poder Ejecutivo. Igual sucede con la definición de tarifas aplicables y la definición de quiénes son los obligados a pagar una nueva obligación tributaria.

Como estamos en las puertas de una revisión estructural de los ingresos del Estado haremos un repaso de en qué consisten estos.

Los estados democráticos de derecho se plantean, ya sea por mandatos de orden constitucional primarios o como consecuencia de principios inspirados en ellos, por medio de normas legales, los deberes que debe cumplir el Estado y las instituciones o medios materiales, humanos y tecnológicos que le permitirán el cumplimiento de estos objetivos.

Son de irrenunciable reserva al Estado costarricense, los deberes del cuidado de la vida humana, por tanto, todos los medios instrumentales a esta, como lo son la sanidad y la seguridad ciudadana son deberes que tutelan el principio fundamental.

De igual forma, como país desde los albores de nuestra vida republicana, optamos por tener una educación universal para los habitantes de la República. Un instrumento de dignificación de la condición de la persona, así como un medio de desarrollo económico, con preferencia a la inserción económica basada en el talento y no en la competencia por el hambre.

Hemos optado como país a una preferencia por la protección de la condición de los trabajadores en ejercer sus derechos y garantías. Consagramos desde el orden constitucional y complementos de orden normativo laboral, normas que sean acordes a la condición de un salario mínimo, un sistema solidario de orden contributivo para la sustentación de la persona en incapacidad temporal o permanente de trabajo, así como una dotación de retiro acorde a sus contribuciones, con algunos matices cada vez más regresivos.

Como nación, también hemos optado por un modelo de desarrollo basado en el equilibrio del desarrollo económico; con una vocación preferente por la naturaleza como parte instrumental a la dotación de unas condiciones de calidad de vida de los habitantes no solo para nosotros, sino con una clara contribución al mundo. Nuestra huella de limpieza ambiental representa casi el 25% del territorio nacional dedicado a la conservación de los suelos, el aire y las aguas de nuestro país, para nosotros y para el mundo.

Todas estas opciones de las funciones que como Estado nos planteamos tienen indudablemente en un mundo económico, un uso alternativo que implica el costo de mantener, sostener, financiar e invertir, no solo en las prestaciones actuales sino en las necesarias herramientas para dar sustentabilidad futura a dichas necesidades.

Este pacto social se vulnera de diversas formas. Por una parte, cuando el deber de hacer lo debido por norma legal no se cumple a cabalidad de la manera más eficiente, sabiendo que los recursos de todos son los que se comprometen en cada acción y en cada omisión.

Tanto en aquellas situaciones en que el contenido presupuestario para el cumplimiento de dicho mandato, parte de ese pacto social, es inexistente o en las que su contenido se ve – como en este momento – comprometido por la escasez de los recursos tributarios sanos.

La ecuación de ingresos del Estado la componen fundamentalmente los tributos, los precios públicos de los servicios que este presta en condición de participe de la economía – modelo por revisar – así como, de los financiamientos tanto de orden local como internacional que obtenga.

La Administración Alvarado Quesada si bien es protagonista del cambio más significativo de la norma legal de modernización del sistema tributario costarricense, ha sido también la más irresponsable en su custodia, puesta en marcha y rigor de aplicación… y no solo en la recaudación tolerando con ojos abiertos y bocas cerradas la evasión abierta y flagrante.

No se ha limitado solo a esa falta de rigor, sino que también ha propiciado el menoscabo de la sanidad fiscal sosteniendo normas reglamentarias en IVA que son absolutamente ilegales. Regalando beneficios a grupos de interés concretos e identificables, con la mera lectura de la norma.

De igual forma ha sido protagonista de la irresponsabilidad de la administración de la regla fiscal. Regla que se ha roto, rompiendo la parte del pacto social que nos engatuso a todos los que apoyamos la necesaria reforma en lo tributario a cambio de aquello que, aunque plasmado en la norma legal, ha quedado, una vez más, en simples promesas huecas, como hueco es el discurso con que nos sigue rodando la Administración Alvarado Quesada.

Por ese motivo, no tiene ni cara ni autoridad moral – si es que de esto entienden – para llegar y promover, propiciar y comprometer eventualmente cambios en tarifas en el impuesto sobre la renta, con incrementos de la actual tarifa general del 30% al 35% o más. Está demostrado que, a mayor tarifa de impuesto sobre las utilidades de las empresas, los efectos esperados de la recaudación se convierten más bien en recaudación reducida.

Gravar las utilidades de las empresas con unas tarifas mayores sí promueve la no inversión en el país, desestimula la creación de empleo – con la actual condición de desempleo – no siendo contestes a las necesidades sociales que, para mantener el pacto social, requerimos.

La recaudación baja debido a dos fenómenos. El camino legal, que consiste en que, quien iba a hacer una inversión no la hace – o al menos no en Costa Rica – y el que respecta a la mayor estimulación de la evasión fiscal – acto ilegal que, está demostrado se incrementa – con una Administración Tributaria incapaz desde su cabeza hasta sus pies de combatir este flagelo.

Aumentar la tarifa del IVA del 13 % actual al 15 o 16% es simplemente inaceptable cuando los índices de actividad económica real han caído de manera dramática consecuencia del estrangulamiento del empleo y la empresa. Encarecer los bienes y servicios de quienes tienen menor ingreso, o ya carecen de esto, es solo cavar de manera profunda en la fosa de la recesión, donde tendremos cadáveres resultantes de la destrucción del sistema de libre empresa que es uno de los principios constitucionales más vulnerados por la actual administración.

Aumentar la tarifa del IVA no puede ser de recibo en coexistencia con seguir de manera ilegal entregando exenciones ilegales, que no fueron aprobadas por los diputados. Los facultados para otorgar – por principio de reserva material de ley – exenciones como parte de la potestad tributaria que le encomienda el artículo 121.13 de la Constitución Política.

Como ciudadanos debemos exigir a nuestros diputados tomar control de estas propuestas cuando les lleguen y condicionar cualquier posible aumento – eventualmente necesario – para que, de darse, ocurra en consecuencia de al menos dos años consecutivos de reducciones permanentes en el tamaño del Estado, en la eliminación definitiva de los sistemas de privilegios de orden salarial, con consecuentes repercusiones en las pensiones de las “vacas sagradas”, que habiendo aportado poco, siguen “mamando” mucho.

¡Solo así! Viendo para creer. Toda posible presunción de buena fe de la actual administración ha sido desbaratada por el Poder Ejecutivo desde su cabeza hasta sus pies. Ha hecho mérito la Administración Alvarado Quesada para que no se le pueda dar lugar a siquiera dudar en su favor. Lo han destruido, han lapidado todo su capital relacional, su credibilidad y han burlado al pueblo de Costa Rica.

No a cualquier aumento de tarifas de impuestos de renta ni de IVA. Antes deben reparar tanto el tema de la reducción sostenida y sustentable del Estado, como ampliar la base a todos los contribuyentes, eliminar privilegios en lo público y en lo privado por igual.

Solo así veremos materializado el principio constitucional de igual ante la ley, consagrado en la Constitución Política, tan maltrecho, por cierto, pues hemos hecho de la igualdad, una condición de castas y estamentos, que son vientos sembrados que solo cultivarán tempestades.

Publicado en La República el Martes 08 de septiembre de 2020

Sector Turismo y Sector Construcción, ¡Atención a los nuevos cambios en IVA!

Sector Turismo y Sector Construcción, ¡Atención a los nuevos cambios en IVA!

 

 

Como respuesta a los embates que ha causado la crisis sanitaria por COVID-19, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron dos proyectos de Ley para ampliar los plazos de exoneración y aplicación de tarifas reducidas en las industrias de Turismo y Construcción. Uno de ellos ya publicado en el Diario Oficial la Gaceta y el otro pronto a publicarse.

La Ley recién publicada es la número 21.934 de atención al Sector Turismo en la que se adiciona un párrafo final al artículo 26 de la Ley 9635 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, referente al crédito fiscal en operaciones sujetas a tarifa reducida.

La nueva normativa indica que el contribuyente tendrá derecho a crédito fiscal pleno en la compra de bienes y servicios vinculados con la prestación del servicio de transporte aéreo internacional, cuyo origen o destino sea el territorio nacional.

La modificación impacta de manera importante el negocio de quienes venden boletos aéreos a tarifa reducida del 4%. Ahora pueden acreditarse la totalidad de IVA soportado en la compra de bienes y servicios ligados exclusivamente con esta operación. Es decir, no tienen un costo incremental por el diferencial de las tarifas a las que compran y a las que venden. En principio, esto debería reducir el precio final de los boletos, incentivándose así su demanda.

La Ley también reforma el Transitorio IX de la Ley 9635, referente a la escala de aplicación gradual de la tarifa de IVA para los servicios turísticos prestados por quienes se encuentren debidamente inscritos ante el ICT.

La reforma extiende el plazo de aplicación de la exención del impuesto, originalmente válida por el primer año de vigencia de la Ley 9635, a los dos primeros años de vigencia de la Ley indicada.

Es preciso tener en cuenta que, a partir del 1 de julio del 2020, los servicios turísticos pasaron a estar gravados con una tarifa reducida del 4%. La reforma al Transitorio implica que esta tarifa del 4% se posponga hasta el 1 de julio del 2021. Consecuentemente, las tarifas del 8% y 13% del Transitorio se posponen a su vez para el cuarto y quinto año de vigencia de la Ley del IVA (julio 2022 y 2023 respectivamente).

También aclara que las obligaciones tributarias devengadas desde el 1 de julio de 2020 hasta la entrada en vigor de la nueva Ley, se deben declarar y pagar al fisco en los términos previstos en la Ley 9635; es decir, no hay una corrección retroactiva para la tarifa del 4% actualmente aplicable a estos servicios en caso de efectivamente retornar a la condición de exención.

El segundo Proyecto de Ley, el 21.637, que ya fue aprobado en segundo debate, pero aún no ha sido publicado tiene que ver con el Sector Construcción. En este se reforma el Transitorio V de la Ley 9635, referente a servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil.

En él se elimina por completo el segundo párrafo del Transitorio, el cual versa sobre la escala gradual de la tarifa de IVA que se aplica para estos servicios, actualmente en 4%, pasando por 8% a partir del 1 de julio del 2021 y que llegaría la tarifa general del 13% en el cuarto año de vigencia de la Ley 9635 (1 de julio del 2022).

También se eliminan las primeras líneas del párrafo tercero del Transitorio, en las que se indica que los beneficios fiscales de exención y tarifas reducidas no aplican para los servicios que no cumplan con los requisitos registrales que se estipulan en el párrafo primero del Transitorio.

Se adiciona un Transitorio V bis a Ley 9635, en el cual se describe el tratamiento tributario para todos los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil, prestados en relación con proyectos registrados y visados por el CFIA. Dicho tratamiento se resume en el siguiente cuadro:

 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto de Ley indica además que, a partir del 1 de julio de 2023, todos estos servicios estarían gravados con la tarifa general del 13% y que la aplicación de la exención y las tarifas reducidas se realizará independientemente del tratamiento tributario que haya correspondido a estos servicios durante el primer año de vigencia de la Ley 9635.

El Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de 30 días hábiles, según el Proyecto de Ley, para realizar las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley de IVA; particularmente en su Transitorio VII, el cual versa sobre estos servicios con el objetivo de que exista seguridad jurídica y evitar que el Reglamento no contradiga lo dispuesto en la Ley, como sucede actualmente en varios otros casos referentes al IVA.

¡Mucho cuidado! Tanto el sector construcción como el sector turismo podrían considerar que estas modificaciones son beneficiosas, pero ¡en realidad no es así!

Las operaciones exentas no otorgan derecho a crédito fiscal, por lo que quienes pertenecen a estas industrias han estado (y seguirán estando) obligados a incorporar el IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios vinculados con su actividad económica a sus costos operativos.

Esta situación posiblemente genera un efecto de reducción en sus márgenes de ganancia, un aumento en el precio final de los servicios o una combinación de las anteriores.

Lo mismo sucede con las tarifas reducidas que, por no contar con derecho pleno a crédito fiscal deben trasladar ese diferencial de tarifas al costo por parte del prestador del servicio.

¡Deben prepararse para para gestionar adecuadamente sus procesos, sus flujos de cajas y sus sistemas informáticos, contables y fiscal! Ya para las empresas turísticas es Ley y para los servicios de construcción es cuestión de días para que lo sea.

En Grupo Camacho Internacional contamos con la experiencia y conocimiento necesario para asesorarlo en estos y más cambios por venir. Lo esperamos.

Escrito por: Alberti Rubi – Consultor de Impuestos 

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