Impuestos en camino

Impuestos en Camino

¡Vaya momento histórico vive el país, para recibir una noticia relativa al aumento de la carga tributaria! Justo cuando vemos el desdén con el que se maneja el dinero de todos los costarricenses, pero a pesar de ello, tocará prepararnos para esta nueva reforma fiscal.

Estamos en la fase de estudio del proyecto de ley de creación de un impuesto de renta de las personas físicas, en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Esto claramente requiere de un cuidadoso seguimiento y entendimiento de sus consecuencias.

En primera instancia, como tesis de orden técnico, es correcto y apropiado gravar de manera distinta a las personas físicas que, a las sociedades, en concordancia con el principio que reza en el derecho constitucional tributario, el deber de igualdad, debido a las inherentes diferencias de uno y el otro de los contribuyentes.

Es decir, aquí la igualdad -como lo han explicado de manera amplia y reiterada las cortes constitucionales de diversos países, incluida nuestra Sala Constitucional- se pone de manifiesto en que la representación más apropiada de este principio es tratar igual a los iguales y de manera desigual a los que tienen condiciones distintas.

A pesar de que nuestra Sala Constitucional ha reconocido esta debida distinción, la condición en que se gravan a las personas físicas y jurídicas en Costa Rica es idéntica. Contradictorio respecto de lo antes dicho, por supuesto, siendo la actual excepción a esta afirmación, el caso de las rentas provenientes del trabajo personal dependiente – conocida como la imposición al salario – que tiene capítulo separado de orden cedular en el título II de la Ley de impuesto sobre la renta.

El nuevo proyecto de Ley surgió como una medida de sustitución de un proyecto que le antecedió en el que se pretendía -finalmente- la derogatoria completa de la actual ley de impuesto sobre la renta que fue promulgada en 1988 y tiene más remiendos que un traje usado, con las consecuentes incoherencias e inconsistencias en la construcción misma de la norma y la antojadiza arbitrariedad de sus aplicaciones concretas por parte de la Administración.

El origen de esta reforma tributaria gravita en la agobiante situación fiscal de nuestro país y la necesaria negociación hecha con el FMI, que tiene dos normas de acompañamiento, la reforma tributaria y la ley de empleo público.

En el expediente original se planteaban de manera apropiada normas adecuadas a la tributación de las personas físicas. El texto actual también lo pretende, de una manera análoga, aunque con matices que se han desteñido, una reacción pendular en razón de la eliminación de la controversial renta mundial; que, al sepultarla, con ella se fueron los aspectos más rescatables de esa propuesta legal, que de momento no están ni en este ni en otro proyecto en agenda legislativa.

Nos preocupa por las consecuencias que tendrá reformar exclusivamente la tributación de las personas físicas; siendo la primera de las consecuencias, que quienes lleven la carga de la presión fiscal incrementada, serán las personas físicas, que, si bien lo harán siguiendo un criterio de progresividad, la tarifa o tipo impositivo marginal superior pasa al 27.5% de la renta gravable más alta.

La otra consecuencia de hacer esta reforma solamente en personas físicas es la cantidad de enmiendas que requeriría hacerse a la ley de impuesto sobre la renta -que perviviría- para que aplique a las personas jurídicas o entes de toda naturaleza, excepto por las personas físicas. Esto es como extraer de un cuerpo la columna vertebral y pretender que, por una parte, que sobreviva y por otra que sea capaz de sostenerse. Ni la una ni la otra, generándose un caos normativo, peor aún el de la aplicación misma de la norma, que solo aumentará la ya creciente incertidumbre jurídica.

La otra consecuencia práctica en la propuesta del aumento tarifario en renta es que, al generarse el concepto de renta global, denominado dual por el especial tratamiento a las rentas del capital mobiliario, en particular el de los intereses, se estaría pasando en menos de tres años de una tributación en salarios de un marginal superior del 15% al 27.5% para los tramos de salarios y rentas conjuntas más altas.

Al gravar sobre una base progresiva la renta de las personas físicas, uno de los efectos no deseados de esta escalada que hemos experimentado en apenas tres años casi duplicando la tributación de las personas, es reducir en ese tanto el ingreso disponible y sus efectos nocivos en el consumo, así como el ciclo de reducción de empleo, emprendedurismo, ahorro y empresa.

En el caso de los asalariados, además, debe tenerse en cuenta la reducción respectiva a las cargas sociales, que deja el ingreso disponible en un poco más que el 60% del ingreso salarial o inclusive el de servicios personales y profesionales, con lo que se reducen los recursos disponibles para el ahorro y el consumo.

La reducción de los ingresos disponibles para el consumo de bienes inmediatos -incluidos servicios- tanto como de bienes duraderos, aumentan la tendencia recesiva que lleva la economía nacional, no fomentando la creación de recaudación en otros tributos como el IVA que recae sobre la mayor parte de las manifestaciones de riqueza representadas en el consumo.

En el expediente descartado, se daban normas nuevas y novedosas para la tributación de las personas jurídicas, en las que se consideraban reglas que promovían, por ejemplo, el alivio tributario de las empresas en casos de reinversiones, aspecto fundamental para la activación de la actividad económica.

De igual manera, no brindar a la empresa el trato apropiado para promover el empleo y la reinversión, ejes fundamentales para salir de la condición decrépita en la que se encuentran las actividades económicas, es perder una oportunidad singular de legislar con visión estratégica, no con mentalidad empobrecida, que solo pobreza generará.

Es fundamental que, aparejada a la reforma del impuesto de las personas físicas, se hagan dos bloques de acompañamiento: la creación de una normativa de sociedades que equilibre la cancha, evitando sesgos por la forma y abriendo boquetes adicionales a la ya raída ley del impuesto sobre la renta.

Esto pasa por la necesidad de retomar el expediente desechado, sin entrar en renta mundial, pero sí para poner pareja la condición de los actores económicos, con independencia de su condición subjetiva.

Es decir, crear una norma legal para la tributación de las sociedades, con las condiciones y características propias de este tipo de norma legal, de la que el texto propuesto originalmente constituye un buen punto de partida.

El segundo de los elementos fundamentales para que la cancha se empareje es, precisamente dar una norma de transición, que de momento no está prevista en el proyecto actual. Esta norma permite que el patrimonio de las personas físicas sea declarado con una tributación reducida, en el primer período de entrada en vigor de la norma; de otra forma, estaremos gravando de manera retroactiva, capacidades contributivas pretéritas, que no son líquidas, que haciéndolas exigibles, se convertirían en confiscatorias, yendo en contra del principio constitucional de no confiscatoriedad.

De hacer esta norma de transición, estamos ante la necesidad, nuevamente a la luz del principio de igualdad, de otorgar normas análogas a las personas jurídicas. Esto conllevaría una alícuota reducida, pero una recaudación incremental; así como la traída potencial de capitales que de otra forma no se traerían al país, por las consecuencias tributarias de las normas generales de incrementos patrimoniales.

Estamos en un momento histórico de gran sangrado social, que de no darse en forma ineludible la reforma del Estado, en su más mínima expresión como lo es la aprobación en segundo debate de la ley de empleo público; simplemente el contrato social se rasga y provoca que las cargas tributarias nunca agradables -poco llevaderas de todas maneras- acaben en detonar una condición de completa desobediencia civil.

Cuando las cargas del Estado se llevan sobre los hombros de muy pocos, siendo que a la vez estos pocos son siempre los mismos, no es de extrañar que los actores económicos, simplemente se rehúsen a tomar el riesgo que la inversión requiere, dejando el parque productivo sin capacidad de reactivación.

A la vez, en relación con el impuesto de renta de las personas físicas, las casi desapariciones de los derechos de reducciones -equivalentes a los gastos deducibles- harían que el estado de divergencia en el principio de gravar a cada uno según su capacidad se vea también quebrantado, con la consecuente disuasión al trabajo formal y fomento de la informalidad.

Respecto del punto anterior, el informe de mediados de 2020 de la OCDE es enfático en la necesidad de provocar condiciones de formalidad que serán resultado de que las cuotas obrero-patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social se revisen a la baja, así como que se ajusten las condiciones tributarias de los actores económicos en su conjunto.

Debemos recordar que el propósito de una reforma del aparato fiscal de un Estado pasa por ambas vertientes, la del gasto público en la diversidad de formas y maneras, así como contar con normas modernas, boyantes, que sean apropiadas para que, en su flexibilidad y versatilidad, den claridad de las condiciones de juego a los actores de la economía.

Esperamos que la Comisión de Asuntos Hacendarios, se conduzca con la necesaria profundidad para evitar que nos repitan la historia de la reforma fiscal de 2018, denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que se resumió a un solo eje que es el tributario, dejando que la regla fiscal pactada resultara en aplicable casi de forma voluntaria en la práctica, cuando estamos en condiciones de necesidad de racionalizar el gasto público de manera severa.

Publicado en La Republica el martes 06 julio, 2021

Fallo histórico abre puertas

El fallo histórico comunicado por el presidente de la Sala Constitucional la noche del pasado viernes, constituye una pieza de orden fundamental en los elementos de la estabilidad financiera del Estado, la continuidad de la convivencia en sociedad, con apego a los principios fundamentales de legalidad y solidaridad en los deberes de contribuir que tenemos todos los habitantes, en razón de principios de no proporcionalidad y progresividad que permitan el logro de una justicia tributaria material resultante de gravar casi toda manifestación de riqueza que se determine ya sea por el consumo o la renta, conforme lo será una vez que se apruebe el nuevo ordenamiento tributario, así como su respectiva publicación en el diario oficial.

Hay que hacer honor a quien honor merece, en orden de aparición, definitivamente hay que reconocer que el Poder Ejecutivo con diversos protagonistas, lograron no solo activar diversidad de mecanismos para el logro de este objetivo, incluidos los que respectan al manejo de las relaciones legislativas, en su momento criticadas, hoy medidas en su dimensión del acierto, definitivamente apuestas fuertes a romper el paradigma de las tradicionales intenciones de hacer, sin lograr concretar más que perpetuadas discusiones medievales y tribales que logran en el plazo de los primeros seis meses de la administración de don Carlos Alvarado, algo que Costa Rica tenía como deuda consigo misma desde hace muchas décadas. No se puede omitir mencionar también el vértice del manejo hasta la obstinación del movimiento de huelga, que, medido por sus resultados, deja sepultada para siempre al menos a la actual y corrupta dirigencia del sector sindical de nuestro país, siendo las banderas de esa camarilla, la mentira y el terror, sin vergüenza ni respeto a la inteligencia de los ciudadanos que merecemos una Costa Rica para generar bienestar para más personas en un ambiente de paz social, que solo puede surgir de la justicia. Dejó el Ejecutivo en evidencia, las rastreras pretensiones de esa camarilla, que se resiste a escuchar su abrumador réquiem.

Al Poder Legislativo, a que se sumaron con su voto favorable y quienes discreparon oponiéndose a la legislación en el primer debate, dos caras de una misma moneda de construcción en la vida democrática, se compartan o no los criterios usados por unos u otros, todos están a las puertas de dotar a nuestro país de una legislación que se adecue a los tiempos modernos, más inclusiva, aunque con pendientes sectoriales focales e identificados por los propios diputados, que deben pronto retomar una normativa inclusiva de todos, pues la solidaridad requerida solo a algunos, provoca deplorables condiciones en materia de justicia y en manifestación clara de orden distorsivo de la justa competencia empresarial. Cabe incluir en estos grandes pendientes, una revisión profunda de las exenciones y los medios de controlarlas, quedando los andamios ya armados después de la obra mayor, vale la pena aprovechar para la nada despreciable obra menor de pulido del sistema tributario.

Al Poder Judicial en particular a la Sala Constitucional, sin duda, parte fundamental en dar una lección de la función del derecho, cual es ser mediática al logro de unos objetivos, más que valores inertes en sí mismos, siendo esta una votación tan crítica, no solo cumplida en tiempo, como debe ser, sino con un fondo absolutamente diferencial, sin protagonismos individuales, actuando en un espíritu de cuerpo encomiable en un tribunal constitucional que valore, aspectos concretos de indudable consideración como lo es el riesgo económico y el derivado social de este, que sin duda habría provocado decidir en otro sentido al hecho el pasado 23 de los corrientes.

Por último, al sector empresarial de este país, que se tomó en forma seria y frontal la responsabilidad histórica que nos compromete a todos los que hemos tenido la oportunidad de vivir este punto de inflexión en la vida social costarricense, apostando a tener menos en razón de las consecuencias económicas de las obligaciones derivadas del plan fiscal, donde sin duda de manera consecuente con el entendimiento de que el país está por encima de los intereses particulares, no solo cedió sino que propicio de diversas formas el logro de esta dotación de orden normativo moderno que buscaba sediento el país.

Ahora viene la acción de los sujetos obligados en el ejercicio de sus derechos de organizar sus asuntos empresariales, de la forma que provoque el menor embate posible ante la reforma que se avecina. Este derecho hay que ejercerlo con el deber de cuidado propio del marco jurídico que estará entrando a regir con la legislación indicada, siendo una de las piezas menos conocidas la de la norma antielusión que obliga el razonamiento y documentación apropiadas que sean demostrativos de los motivos económicos válidos, distintos a la búsqueda brusca y abrupta de la mera y pura reducción de las obligaciones, con la introducción del artículo 12 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Las empresas y personas se han de organizar en plazos muy cortos, para diseñar su hoja de ruta, ya que esta es tan fundamental como lo es el plan de evacuación de edificios en caso de diversas posibles emergencias, ya que estamos ante la emergencia de una nueva legislación, si solo salimos corriendo a hacer cualquier cosa, puede que el remedio sea peor que el mal que se pretende curar. Hay que contar con este plan, tener brigadas internas y externas que atiendan las responsabilidades que se deriven de la ejecución de dichas medidas en un plazo muy corto, seis meses suenan largos hasta que determinamos la cantidad de elementos que cambiaran con la entrada en vigor de esta legislación. Lo peor que puede hacer una empresa o empresario e incluso una persona es quedarse inmóvil sin evaluar el impacto de la reforma o peor aun haciendo lo mismo ante la novedad del marco normativo, están escogiendo ya por la acción incorrecta o por la falta de esta el duro camino de ser víctimas fáciles de sus propias omisiones.

 

Carlos Camacho Córdoba
Socio Director
ccamacho@grupocamacho.com

Un haz de esperanza para Costa Rica

  • Queda pendiente ahora, la aprobación por parte de los Diputados, ojalá con la mayor cantidad de votos a favor.
  • Nosotros como contribuyentes debemos prepararnos: conocer las implicaciones de la Reforma y conocer cómo reaccionar ante su aplicación y un ambiente económico inestable.
Hoy la Sala Constitucional ha realizado una votación favorable para la aprobación de la Reforma Fiscal. Es claro y evidente que la Reforma Fiscal -en cuanto a forma- presentaba varios cuestionamientos que los técnicos del derecho y los detractores legislativos del proyecto han identificado. Sin embargo, con el mismo énfasis y dimensionamiento de la relación de escoger el menor de los daños probables, conocíamos a ciencia cierta, que la no aprobación por parte de la Sala Constitucional sería, sin lugar a duda, el inicio de un desastre económico.
La Sala Constitucional se ha colocado una medalla a la responsabilidad económica; comprendiendo el Derecho no como una ciencia muerta, si no, como una parte crucial de la sociedad. De esta manera, desde un punto de vista de una escuela práctica del derecho (Escuela Realista del Derecho) el haber hecho caso omiso a los errores de forma en la presentación de la norma es absolutamente válido.

¿Ahora qué sigue?

Con el voto positivo de la Sala, continúa la necesidad de obtener varios votos desde todas las bancadas de la Asamblea Legislativa, bajo el amparo de que exista una responsabilidad país, que, en congruencia de no querer caer en una crisis económica de dimensiones inmensurables, resulte en el valiente acto de aprobar la Reforma Fiscal por parte de los diputados.
Entre más votos positivos logre, sin duda, estará mejor blindada ante futuros ataques, por lo que es menester que todos los diputados entren en conciencia de la necesidad de esta Reforma.
Ahora bien, La Reforma Fiscal es un salvavidas en medio de un mar rodeado por tiburones. Es decir, no es la salvación ni la “pomada canaria”. Es apenas un respiro a las finanzas públicas y un voto de tranquilidad para que los inversionistas vuelvan a intentar activar la economía del país.
La aprobación de la Reforma, lejos de solucionar el tema fiscal en el corto plazo, sirve para que sea nuestra carta de buen comportamiento como país, que nos permita solicitar tasas de interés más accesibles en los préstamos de organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial. Estos organismos ya nos habían puesto como requisito la necesidad de tener una reforma fiscal.

¿Qué nos espera a los contribuyentes?

En caso de una aprobación de la reforma fiscal por parte de la Asamblea Legislativa, vendrá a son de tambor su publicación en el Diario Oficial La Gaceta y seis meses después entrará en vigor, con todos los agujeros técnicos actuales y con o sin Reglamento aún cuando este es necesario para la implementación de la nueva normativa en IVA, Renta, Gasto Público y Regla Fiscal.
Así pues, ahora sí, ayer fue tarde para estar totalmente preparados en dos vías.
  • Conocer cuáles son todas las implicaciones que tiene la Reforma Fiscal en mi empresa y en mi persona como contribuyente; y
  • Cómo puedo reaccionar ante la misma, para que el impacto fiscal no me vaya a ahogar junto con el impacto económico que, como dijimos, seguirá a pesar de la Reforma Fiscal.
Por ello desde Grupo Camacho Internacional ofrecemos servicios que le permitan afrontar el panorama con mayor tranquilidad.
Nuestro servicio “Análisis de Reforma Fiscal” dimensiona las implicaciones de la norma en una aplicación directa a sus empresas y grupos económicos. Permite prepararse para evitar grandes perjuicios fiscales a razón de descuidos.
El servicio “Gestión de Crisis” le apoya para que sus empresas puedan salir adelante y fortalecerse ante una realidad tributaria cambiante y una situación económica inestable; tornando posibles amenazas en ventajas competitivas.

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Crisis

Hemos iniciado un tortuoso camino de crisis económica, que ha sido disparada en especial por la falta de definición oportuna de las políticas fiscales que garanticen a los inversionistas los términos y condiciones de orden razonablemente predecibles que permitan definir el nivel de riesgo que se quiere tomar o como está ocurriendo, que no se puede asumir debido a la falta de elementos básicos a la decisión de orden racional de consumidores e inversionistas.

Una economía en estas condiciones espera con angustia de reloj segundero, el momento que acaba en su plazo máximo el próximo 26 de los corrientes relativo a la votación de la Sala Constitucional respecto del futuro legal del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Hoy enfrentamos ya la crisis, la pregunta subyacente es ¿de qué magnitud, duración y profundidad será el calado de la crisis en la que ya estamos inmersos y en la que apenas estamos en sus etapas más iniciales? La respuesta dependerá claramente de los resultados del voto de la Sala Constitucional. Pero debemos tener claridad, la crisis no es evitable, solo se lograría dimensionar en medidas más razonables, si el voto es favorable a continuar con el segundo debate del proyecto, que si no lo permite de manera absoluta la Sala en su ansiada sentencia.

Primer escenario, optimista, hay luz verde de parte de la Sala para continuar la discusión en segundo debate de dicho proyecto, en razón de la espera que ha tenido este remedio el mismo será no solo insuficiente, por los motivos que en otras ocasiones hemos mencionado, como tardío por ende inoportuno, habiendo en consecuencia de las diversas formas de procrastinarían social a la remediación, simplemente, habrá que entrar en la aplicación de un derecho tributario, cuyos atributos de virtud se ven de por sí menoscabados, dadas las condiciones que tenemos hoy en el país. Se logrará aumentar la recaudación, pero muchísimo menos de lo esperado, por la alta dependencia de los resultados recaudatorios, en particular resultantes del consumo de bienes y servicios, que ante la posible entrada en vigor de la imposición sobre el valor agregado podría generarse.

A la vez, como consecuencia de la contracción económica que ya enfrentamos, las empresas verán mermadas sus utilidades, por lo que por más que se amplíen los elementos y capacidades contributivas nuevas, las mismas se asomaran tímidamente, pues en recesión, lo difícil es sobrevivir y tanto mas ser rentables, aspecto sobre el que se fundamenta la imposición directa como lo es el caso del impuesto sobre la renta en las diversas cédulas, aspecto que dependerá de la reactivación de la economía, centrando casi en la imposición incremental sobre el trabajo personal dependiente, que de manera inmediata afectara el ingreso disponible que solo empeora el ciclo del consumo, que de nuevo entra a profundizar la crisis de la economía real.

Ahora bien, digo escenario optimista aparte de lo expresado, porque en caso de aprobar el proyecto tendremos un crecimiento moderado en las tasas de interés, resultante de una mejor posible calificación de los organismos internacionales y la posibilidad de lograr que los organismos financieros internacionales nos faciliten los recursos que se requieren para la reestructuración del plazo y composición de la deuda interna y externa del país. Bajo estos supuestos la crisis será corta, entre tres y cinco años, la pasaremos mal, pero ordenadamente desde la óptica de la esperanza de recuperación, que al menos detendrá la caída libre en que se encuentran las confianzas tanto de consumidores como inversionistas. Veremos empresas cerrar, las reglas de consumo seguirán contrayéndose, pero al ordenar en el mediano plazo las finanzas públicas hay que trabajar fuerte y al final de la presente Administración o mediados de la próxima, estaremos a flote de nuevo retomando un posible crecimiento discreto debido a la circunstancia de la economía global, que viene en recalentamiento y tendrá incidencia en las facilidades de que Costa Rica se vea más rápidamente fuera del abismo, inevitable en una economía globalizada.

En caso que no se dé la reforma fiscal, los vientos serán muy otros, los factores macroeconómicos serán erráticos, se tendrán alzas más allá de las vistas en más de una generación completa, inclusive las condiciones de la peor crisis de la que tenemos memoria, la de los años 1980 a 1983, se considerarían como más favorables que las que nos rodean hoy, vemos bajo estas circunstancias, peligrosos signos de una crisis prolongada, con un agravamiento en los niveles de desempleo, pobreza y seguridad, triángulo social. Asimismo, tasas de interés, de dos dígitos medios, tipos de cambio de cuatro dígitos y aumentos escandalosos en la morosidad e incumplimiento de obligaciones financieras, dejando en manos del sector financiero, activos que serán como un cementerio de garantías en el triángulo económico, donde se puede ver que la crisis puede durar entre seis y diez años, si hacemos las cosas razonablemente bien con los sobrevivientes del sistema económico, cumpliéndose el ciclo bíblico de los años de vacas flacas. Para quien no crea, que lea qué pasó a países como España, Portugal, Grecia, Chipre e Italia, para usar ejemplos recientes.

¿Qué puedo hacer como persona, como empresa y como empresario? Actuar, planear y ejecutar acciones en un plazo inmediato, ya que tanto uno como otro de los escenarios, son verdaderamente complejos y la crisis ya está aquí para quedarse por un plazo ya medio o largo dependiendo de la suerte de la reforma fiscal. Es entendible ninguno de nosotros: individuos, empresas o empresarios, puede por sí mismo hacer otra cosa que no sea lo dicho, ya que el peso de la crisis no es manejable por actores económicos individuales, no se quede de último, hay que tener el plan de evacuación hecho, evitar desesperar, actuar en consecuencia de lo planeado, ser profesionalmente asesorado en ambos posibles escenarios, para poder aumentar la posibilidad de supervivencia.

Estamos juntos en el mismo barco, vamos camino al témpano, solo falta definir si será grande o de enormes proporciones.

 

Carlos Camacho Córdoba
Socio Director
ccamacho@grupocamacho.com

 

Silencio incómodo

Como sociedad estamos ante un momento de silencio incómodo, hemos perdido el norte de la ruta país, los parámetros de la economía son alarmantes en principio, pero, nadie se atreve a vaticinar cuál es el resultado del destape de la voz de la Sala Constitucional.

Como quien está en espera en una sala de emergencias, con esperanza, pero con temor, sentimientos encontrados de esperanza y miedo, si nuestro paciente, Costa Rica, entra a ser rescatado, ¿o alguien deberá hacerlo por nosotros? Si vamos a continuar como un país de alguna autonomía de gestión, o si, por el contrario, deberemos implorar la gestión de los organismos financieros internacionales, como en el caso de una empresa que está a punto de saber sus resultados, sus síntomas son malos y se espera lo peor, aunque se añora lo mejor.

Es como encontrarse en una morgue para el reconocimiento de un cuerpo, con un amigo o familiar desaparecido, la esperanza de que sea se convierte en la añoranza de que no lo sea, que quien está en la fría paleta de la gaveta de reconocimientos, se parezca, pero no sea el nuestro. Guardamos una esperanza ahogada en que, de no ser el cadáver, el amigo o pariente aun pueda aparecer con vida, pero una cosa no es garantía de la otra, bajar un sudor frío cuando oímos la apertura de la gaveta, sostenemos la respiración, no sabemos, qué va pasar, tal vez sí, pero no queremos que sea esa la resultante.

Hoy estamos en un incómodo silencio expectante, no hay plan b, no hay buenos síntomas, la paciente de la sala de emergencias solo causa llamadas cada vez más apresuradas de todas partes, en relación con buscar más especialistas, aún no ha muerto lo sabemos, pero los médicos pasan esquivos a nuestro lado, nadie nos mira de frente, sus facciones son ilegibles, pero es evidente que las nuestras son cada vez más angustiadas, no queremos que salgan médicos a hablarnos, queremos que salga aquel ser amado por esa puerta para abrazarle como si viniera de ultratumba.

Mientras tanto, la vida continúa, aunque los mensajes de texto, las llamadas son cada vez más insistentes, ¿qué esperamos? No lo sabemos, esperamos lo mejor, pero tenemos traumas, las dos últimas veces que estuvimos en condiciones iguales, nuestro ser querido, no salió, tuvimos que sacarle, por otra puerta, fue un médico indolente quien anteriormente habíamos visto y parecía ser el ave de mal agüero que siempre da las malas noticias, pues estaba en las dos veces anteriores y salió y dijo el país, no recibirá una reforma fiscal, en pro del derecho, masacraremos los derechos.

Han llamado presurosos a más médicos, vemos entrar al médico apático y hasta antipático, otra vez entra a la sala el ave de mal agüero, rezamos sin recordar ni la oración, estamos perturbados, quedamos a la espera….

 

Carlos Camacho Córdoba
Socio Director
ccamacho@grupocamacho.com

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