Monthly Archives: enero 2018

La economía, por favor

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Esta es mi última columna antes de las elecciones costarricenses; me parece oportuno, sin tomar partido, hacer un llamado a lo fundamental. Esto es, provocar la conciencia de que la elección no debe ser una discusión como se ha tornado desgraciadamente, donde la prioridad sean agendas paralelas al centro de atención mas importante que es cómo y con qué equipo llevará la próxima administración a Costa Rica, fuera de la zona de aletargamiento económico, que ha manifestado con criminalidad, muerte y flagelo del desempleo, lo que ocurre cuando se dejan de lado las acciones urgentes e importantes como lo son las de propiciar la confianza necesaria tanto en el sector interno como externo de los inversionistas para que sean estos quienes mediante la inversión productiva generen nuevos medios de riqueza incremental, nuevo empleo, que a la vez aumente la capacidad de consumo de los costarricenses y estos a su vez, de la manera sana y sostenible por medio de una carga tributaria moderna, pasando del actual sistema anacrónico de gravar las ventas y las rentas de la forma que esta fuera el contexto de la realidad, mejoren las finanzas del Estado.

También vale la pena que prestemos atención a dos elementos noticiosos recientes en los lectores sofisticados del mercado; por un lado, la agencia calificadora Fitch, que indica que los chances de mejora de la calificación país, solo se pueden lograr con una reforma fiscal integral e inmediata. No más postergación al redimensionamiento del gasto público, ni menos aún a la modernización del sistema tributario y la administración de los tributos, gran protagonista del nihilismo que padece el país en esta materia.

A la vez la caída de los bonos de deuda de Costa Rica, resultado de la incertidumbre en la nebulosa de la elección, solo es signo de cuál debe ser la guía de no voto, el voto no puede ir a la agenda monotemática de nadie, sea está acorde o no con la profesión de principios y valores de cada quien. El aumento del riesgo, no solo de la percepción del mismo, lo estamos viendo reflejado no solo en la caída internacional de los precios de nuestra deuda externa, sino que también, en las acciones desesperadas de Hacienda por una colocación de ventanilla para cerrar el gran faltante de recursos que tiene el Estado hoy. Cuando la cifra del déficit se ubica en el orden del 6,6% del PIB, están ocurriendo dos fenómenos de difícil separación: en primera instancia el valor absoluto del faltante está aumentando y como consecuencia de la recientemente reconocida, pero evidente recesión en la economía real, los valores del producto interno bruto están cayendo, estamos en sala de cuidados intensivos, no podemos pegarle un susto al paciente, se nos puede morir del mero susto y no de todos los padecimientos que en realidad le aquejan.

Es momento de meditar sobre las consecuencias de elegir un partido sin equipo, estamos al final de un experimento social de protesta consumado en las urnas hace cuatro años, donde la administración Solís, es en esta materia no solo estéril en acciones de remediación, sino un claro ejemplo de qué ocurre cuando el poder cae en manos de quien no está preparado para ejercerlo, así como cuando no cuenta con un equipo experimentado. Ya está demostrado con los últimos hechos de corrupción flagrante también, que esta no es monopolio de un partido, pues quien llegó al poder bajo las promesas de limpiar la corrupción ha sido elocuente en su incapacidad de lograrlo, así como de haber sido presa fácil de la seducción del pecado del poder por el poder mismo.

Esta elección es fundamental para Costa Rica, para definir, si logramos salir del aletargamiento económico, la incertidumbre de reglas y pactamos un marco de acción para la concertación nacional de los grandes temas.

Sabemos que no es mucho lo que se puede hacer desde Casa Presidencial sin contar con una representación significativa en la Asamblea Legislativa, esto nos llama a la reflexión de depositar en las urnas de manera consistente nuestro voto al candidato a presidente, con sus compañeros de fórmula en el Congreso. La democracia se entiende mal cuando se mira como la partición del voto, ya que esta acción traerá como consecuencia la partición misma de la posibilidad real de acuerdos nacionales que vienen creando una gran deuda económica y social.

El uso responsable de la libertad llama a que nadie se quede sin ejercer ese derecho de voto, para quienes lo disfrutamos como derecho, no queremos tener que luchar de nuevo por rescatarlo, la apatía es una de las enfermedades sociales más peligrosas de la era moderna en especial, cuando a la toma de decisiones como pueblo libre se refiere. No son necesarias manifestaciones externas, no es tiempo de jolgorios o festines electoreros, es la hora de votar, con el corazón, la mente y la de ser entero por una mejor Costa Rica en su sentido más amplio.

Cortesía de La República

Generar riqueza

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Uno de los predicados de libro en materia tributaria, es que entre los objetivos de un sistema tributario está el de redistribuir la riqueza. En mi columna anterior, en la que abordé el comparativo de la reforma fiscal inteligente de Estados Unidos y la nonata reforma costarricense, hubo quien me comentó que la reforma estadounidense carecía de la característica redistributiva, comentario que agradezco ya que me permite abordar asuntos fundamentales que se pierden de vista en la lógica de la economía, en especial en algunos que comulgan con la ortodoxia del libro pero no han tenido oportunidad vital de estar en el sector privado como emprendedores o empresarios.

Cualquier cosa que queramos distribuir o más aún redistribuir debe existir primero. Esto que es una palmaria afirmación, por obvia que parezca, es el fundamento de toda acción tendente a la creación de un sistema económico, por ende, responde a la primera pregunta que nos enseñan en las aulas de economía respecto de qué es lo que vamos a producir, dados los recursos existentes tanto manifiestos como potenciales en un ambiente económico, para luego resolver el cómo y el para quién, siendo esta última la pregunta que alude a la distribución de la riqueza.

El objeto de cualquier sistema económico es la generación de riqueza, de la manera más eficiente, conjuntando de manera acorde a los mejores resultados o ganancias las combinaciones probables de los factores de producción. Los clásicos se refieren a los factores de producción como la tierra, el trabajo y capital; o capital, interés, trabajo y tecnología, es a través de estos rudimentarios elementos básicos que se fundamenta un sistema de producción cuyo objeto es generar riqueza, que en consecuencia de existir, genera bienestar económico, siendo este a su vez el medio de detectar entre otros las efectiva satisfacción de las necesidades del mercado. El tema tributario está inmerso y debe ser acorde a los objetivos antes dichos, ya que este no es un objetivo en sí mismo, sino un mecanismo para que tanto el ordenamiento de los recursos como la conducción de los beneficios y el bienestar sean posibles para evitar condiciones extremas de desigualdad en la partida o en la llegada de la carrera de las economías. Esto que de nuevo es obvio, lo pierden de vista algunos “jacobinos” del derecho tributario que rinden culto a los tributos sin considerar el papel fundamental de su rol en el sistema económico en el que se circunscribe. Aterrizando, si un país es muy pobre en la generación de su producción por más que queramos distribuir solo se podrá distribuir pobreza, la cual además generará más pobreza en un natural círculo de escasez.

Un sistema tributario como parte —no el todo, ni lo único— de un sistema económico, debe atender a la necesidad de dejar que los factores de la producción ya mencionados, sean conducidos de manera eficiente a la generación de la mayor cantidad y calidad de riqueza. En cuanto a la cantidad, porque de ahí se deriva tanto la imposición directa como indirecta. Tanto como en la calidad, ya que se deben crear incentivos o disuasorios de externalidades negativas, por ejemplo la contaminación, donde los impuestos ambientales dirigidos a quien contamina paga, son claros ejemplos de esto.

Si hay más trabajo, hay más consumidores, si hay más consumo hay más inversión, si hay más inversión hay más riqueza, si hay más riqueza aumenta el caudal recaudatorio de los impuestos sobre las rentas, tanto de las personas físicas con trabajo —ya que los desempleados evidentemente no tributan, pero también porque estos consumen cantidades decrecientes de bienes y servicios que hacen que se reduzca la demanda agregada— que a la vez genera ganancias que fomentan la inversión ya que su retorno aumenta, dichas ganancias tributan de manera directa en la utilidad, más aún son bases imponibles incrementales que surgen de la imposición indirecta al consumo de los bienes y servicios, lo que aumenta el circulo virtuoso de la riqueza, logrando como consecuencia una mejor distribución de la riqueza, que tiene más que ver con la calidad del aparato estatal que administra la función redistributiva que con la generación de más ingresos. Es falaz que aumentando impuestos hay más redistribución, es generando más riqueza que se logra.

Es decir, sin riqueza no hay progreso, sin este no hay bienestar y este es la base de la distribución y redistribución, cualquier sistema fiscal que no propicie la activación de la generación de este objetivo está destinado a administrar pobreza, esta, distribuida, se convierte en miseria y quebranta la capacidad emprendedora y vital del sector privado.

Cortesía de La República

Reformas fiscales inteligentes y absurdas

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

La diferencia entre una reforma fiscal inteligente y una absurda consiste en diversas características, entre las que podemos mencionar: la oportunidad, la estrategia del diseño, el planteo coherente de objetivos y su vinculación con metas de gestión, así como la dotación de orden normativo, pero en especial de destrezas de gestión de la autoridad tributaria.

Es fundamental entender que las capacidades de las administraciones tributarias no pueden estar disociadas de los elementos esenciales de las reformas fiscales, en especial basados en el principio natural de medición que en este caso sería, si está capturando o no a todos los obligados, o dejando espacios cómodos a los omisos, así como qué elementos le pueden estar faltando para lograr una correcta recaudación de los tributos que ya tiene a su cargo. Si una administración tributaria denota falencias en detectar por cualquier motivo —incapacidad, inopia, corrupción, carencia de métricas de gestión, dotación de recursos humanos y tecnológicos o marco jurídico acorde en sus facultades a sus responsabilidades— simplemente cualquier reforma fiscal es absurda. También es absurda cualquier reforma fiscal que se desapegue del entorno de la realidad de negocios y de los ciclos económicos en que se aplicará, así como la condición de orden analítico de las consecuencias que en la competitividad país se puedan tener dada la interdependencia de las economías en el orden globalizado, así como el estímulo de la riqueza.

La otra característica de una reforma fiscal absurda es que no promueva o sea disuasiva de la generación de riqueza incremental, para que las capacidades contributivas sean el fundamento de una mejor recaudación. Por último, la más absurda es la reforma fiscal que siendo necesaria no se hace. Sin duda el clásico caso de la reforma fiscal absurda lo es la costarricense, por evidentes razones ya desprendibles de lo expuesto.

Una reforma fiscal inteligente es aquella que, en sentido contrario a lo dicho; aprovecha las circunstancias económicas, es oportuna, genera estímulos al crecimiento, atrae inversión y promueve con un aparato administrativo competente y suficiente la relación más eficiente de recaudación, costo de cumplimiento, gestión de la inteligencia tributaria y creatividad en los objetos de la imposición que graven distintas y novedosas capacidades contributivas. Sin duda, la reforma fiscal estadounidense es un excelente modelo y ejemplo de la definición de una reforma fiscal inteligente. Se logró con la menor erosión y tiempo de debate posible, aprovechó la atracción por reducción de tarifas para la repatriación de utilidades de las empresas estadounidenses con recursos no repatriados por motivos fiscales, generando una inteligente atracción de recursos que aumentará la capacidad de generar riqueza local, estimulando el mercado interno y su generación de riqueza, estimándose en varios billones de dólares la recaudación incremental resultado de la aplicación de la regla de repatriación o de regularización fiscal, creando de manera ingeniosa un nuevo objeto de imposición reducida pero incremental. Durante décadas las reglas fiscales de Estados Unidos han mantenido una especial condición de exención —hasta su repatriación a Estados Unidos— de las utilidades de empresas norteamericanas que se acumularan en el extranjero. La reforma fiscal inteligente planteada por los congresistas, tiene una gran ruptura de paradigmas y una aceleración en la recaudación de gran calado. Mediante un sistema de pago de peaje o impuesto de regularización de entre el 8% y el 15% de única vez, se evita el pago de impuestos una vez se logre la repatriación efectiva. Esto se distingue de las amnistías latinoamericanas que solo promueven el incumplimiento a costo cero. A la vez la drástica reducción de la tarifa del impuesto sobre la renta corporativa a una tarifa tentadora del 20%, comparado con su anterior 35%. Moverse del universal y tradicional sistema de renta mundial a un novedoso de renta territorial, con matices, es también parte de la inteligente reforma fiscal de Estados Unidos de América.

No caigamos en el equívoco de decir, que ellos en Estados Unidos lo pueden hacer porque son un país desarrollado y Costa Rica no por ser un país en vías de desarrollo (eufemismo). Todo lo contrario, Estados Unidos es un país desarrollado por hacer lo que hay que hacer, cuando hay que hacerlo, de la forma más rápida e inteligente. Costa Rica por el contrario es un país en vías de desarrollo, por no hacer lo que debe en el momento oportuno, ya que de manera tozuda seguimos con un proyecto de reforma que celebra ya 16 años de estar en discusiones estériles, lográndose solamente parches al sistema, sin llegar a lo que se necesita en modernización de bases imponibles, adecuación a la realidad del entorno económico, así como con una administración tributaria, que hace siempre lo mismo sobre los mismos, dejando hacer y dejando pasar el gran problema de la evasión y los omisos del sistema que juegan libremente al margen de la ley.

Esperamos que en la próxima oportunidad que retomemos el tema de reforma fiscal, la misma sea una reforma inteligente y abandonemos la absurda y trasnochada norma que ya no es acorde a los lineamientos mínimos indicados como necesarios a la reforma fiscal inteligente.

Cortesía de La República

¿Cómo lo queremos arreglar?

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

Los problemas económicos, como el resto de las situaciones de la vida no se componen ignorándolos, ni actuando como avestruces, no viéndolos con propósito de que al no verles estos se olviden de sus protagonistas, en este caso nosotros como miembros de la sociedad costarricense.

Hay solo dos grandes caminos para resolver lo que hoy es un asunto de alto añejamiento que requiere una respuesta, estos son el camino de la composición heterogénea, resultante de una serie de acciones y decisiones, especialmente centradas en el consenso ideal del sector privado —representado por portavoces autorizados, por ejemplo, las Cámaras— así como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En este mecanismo tripartito debemos entender todos que hay que evitar en el camino los intereses mezquinos y las visiones de miope cortoplacismo, hay que tomar medidas para que la sociedad en su conjunto pueda lograr un equilibrio en lo económico, que pueda generar en consecuencia, mejoras en lo social, especialmente en la sustentabilidad de un modelo de Estado que sea conteste a las actuales necesidades de la sociedad, en la promoción de la inversión, la creación de empleo digno y de gran valor agregado, la gestión del ambiente legal para que desaparezca la impunidad como el medio de retribución a los honrados, que sienten como cargas el mero cumplimiento de los deberes que les ponen en desventaja relativa de otros que simplemente no cumplen sin consecuencia alguna.

El problema económico nacional debe resultar enfrentado con medidas de choque para eliminar el embate de la reducción de la inversión, de la desaceleración de la economía, de la crecida actual y secundaria en tasas de interés, así como en un ajuste de tipo de cambios de efectos sectoriales diversos, con más perdedores que ganadores en los sectores productivos, siendo esto solo evitable si el acuerdo de corto plazo genera: nueva inversión, para lo que se requieren medidas de certidumbre legal y económica que permitan a los tomadores de decisiones invertir con conocimiento de los términos y reglas del juego de manera transparente y anticipable; nuevas y mejor remuneradas fuentes de empleo, diversidad en la obra pública en manos privadas, esto genera mayor y mejor empleo para resolver los problemas estructurales de competitividad que tenemos por el círculo vicioso de la falta de recursos para lograr la infraestructura requerida. A la vez debemos entrar en un proceso en el que se ponga freno a la abrumadora condición de las finanzas públicas, las que requieren una reforma fiscal estructural tanto en los impuestos, el gasto como la eficacia de la Administración de los intereses del Estado. Debemos acabar con la demagogia de la visión unilateral de que no paguemos más impuestos porque se los van a robar de todas formas, complementando la ruptura de esta tesis peregrina con medidas de transparencia que vayan desde las de gobiernos corporativos empresariales de libro blanco, en un gran pacto nacional de transparencia y de compromiso de probidad, donde todos los agentes económicos públicos y privados lleguemos a comprometernos con erradicar toda práctica que pueda estar sesgando de manera inapropiada la adecuada condición de cancha nivelada en materia de la competencia y la competitividad. Requerimos definir el tamaño y las funciones del Estado, que adecuado a los elementos básicos de la función social, resguardando la calidad de los servicios de interés público, como lo son la educación, la seguridad ciudadana, la salud y los intereses vitales del crecimiento de la condición de una sociedad equilibrada en acceso, pero no sesgada mediante concesiones odiosas, pueda llegar a reducir el gasto público a los niveles de mínimo eficiente; aumentar las cargas que pesan sobre los consumos especialmente sobre los servicios, con la creación del IVA universal, asimismo, que podamos tener un impuesto sobre renta más orientado a las personas a su rol en asumir los costos de las externalidades que correspondieron en el pasado al Estado, permitiendo deducciones por gastos médicos, aquellos gastos asociados a la tenencia de un techo digno, propio o alquilado permitiendo deducciones por estos conceptos en limitación al rubro de primera vivienda, deducciones por concepto de pagos asociados a la educación de miembros de los núcleos familiares de una manera irrestricta. Es decir, un país que promueva la pesca, pero deje de dar pescados que cuando llegan a la mesa de su destinatario no solo están podridos, sino que ya el beneficiario, probablemente no esté para comérselos.

Debemos volver los ojos al mercado interior, hay oportunidades de crecimiento en la economía local que son más abundantes y alcanzables que las escasas y amenazadas condiciones de recepción de inversión del extranjero, en especial dada la reforma fiscal de Estados Unidos de América y la creciente condición de disparidad en los mercados regionales.

Debemos decidir entre hacerlo nosotros mediante acuerdos coherentes y oportunos o dejarlos a la fascinante pero inmisericorde mano del mercado.

Cortesía de La República

Plan Fiscal y OCDE

Por: Carlos Camacho / Socio Director de Grupo Camacho Internacional

En la agenda de tres puntos para el camino de incorporación de Costa Rica a la OCDE, se encuentra en tercer lugar el de la urgencia de aprobar un plan fiscal que ordene las finanzas públicas del país. Para contextualizar el que estaba en conocimiento de la Asamblea Legislativa en el momento de la visita, tenía incorporadas tanto la reforma del impuesto de ventas para transformarlo en uno de impuesto al valor agregado, como una reforma integral al impuesto sobre la renta. Como es de todos conocido, la carencia de oxígeno de negociación política, hizo que el proyecto fuera decayendo en alcance hasta llegar a la mínima expresión que se encuentra en una dudosa agenda de sesiones extraordinarias, ahora bajo el nombre de “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, que deja solo el IVA y una pincelada a temas de renta.

Es fundamental recapitular las razones para que este último de los aspectos de la agenda nacional, sea de relevancia para el cumplimiento de los mínimos requeridos y esperados por la Organización para la Cooperación Desarrollo Económicos. Todo país que tenga aspiraciones de un desarrollo sustentable y creciente en lo que respecta a competitividad y mejora del ambiente de negocios, requiere contar con unas finanzas públicas de condiciones tales que, el Gobierno sea un propiciador de condiciones de competitividad y accesibilidad al emprendedurismo privado, sacando de sí las instituciones y costos relacionados con una gestión del Estado que sea contradictorio u obstructivo al logro de dichos objetivos.

La OCDE, siendo una organización de países desarrollados, no hace que sus aspirantes se conviertan en desarrollados por la mera afiliación y admisión, sino por el código de conducta de diversa índole que promueve el desarrollo integral y sostenible de sus países miembros basados entre otros en una clara disciplina fiscal. Es decir, que el examen de admisión no tiene que ver con voluntades o compromisos, sino con las realidades y los sustentos de los mismos para poder lograr una paridad comparable entre sus países miembros, eso caracteriza la razón de ser de requisitos que van desde lo fiscal como lo es el caso que nos ocupa, hasta las condiciones de seguridad legal, equidad, educación, condiciones laborales, compromisos y acciones medioambientales entre otros. Para una fiel representación de los objetivos amplios de la OCDE, transcribo lo correspondiente a la descripción que hace la Organización de sí misma:

“Trabajamos para entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental. Medimos la productividad y los flujos globales del comercio e inversión. Analizamos y comparamos datos para realizar pronósticos de tendencias. Fijamos estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas.” (fuente:http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/

Es precisamente, por los objetivos dichos, que esta organización vela por la salud de sus países miembros, dictando mejores prácticas para el logro de estos niveles de facilitación del proceso de globalización en un ambiente ordenado, de justo comercio, así como de certeza en los términos condiciones y motivaciones económicas válidas, para la atracción o movilización de los capitales.

Costa Rica padece de males endémicos en materia fiscal cuyos orígenes datan de la falta de actualización de la visión del Estado moderno y su rol en la economía, manteniendo estructura y gasto concomitante, a la del Estado protagonista, empresario, regulador, empleador y otra serie de roles hoy observados objetivamente, han sido de gran impacto positivo en la historia del país, en el logro de sus índices de desarrollo humano, en el logro de unas condiciones razonables de libertad relativa económica y social, pero la falta de actualización, viene hace al menos dos décadas dejándonos ayunos de los beneficios efectivos de la globalización económica. No se trata de ser detractor de la historia, es entender que esta es dinámica, que tiene ciclos y que la del modelo de Estado asumida con gran visión por los pensadores de la década de los años 40 del siglo pasado, no era conteste a la entrada del actual milenio y los retos que esto representa.

El motivo para tocar el tema de modelo del Estado tiene motivo en hacer conciencia de que mientras no se logre definir el nuevo modelo de Estado, cualquier mejora que pueda darse en materia de recaudación fiscal, llegará a ser no solo financieramente insuficiente, sino que generará condiciones de severos desajustes en la competitividad menoscabada ya de los actores del sector privado.

Ahora bien, no es posible de golpe y porrazo hacer todos los cambios que se requieren en el modelo de Estado adecuado a las actuales condiciones, pero hay que iniciar de inmediato y de forma simultánea con la reforma fiscal integral en materia de IVA y renta, que permitan recoger nuevas manifestaciones —comparadas con las actuales de los cuerpos legales existentes— de capacidades contributivas hoy fuera del ámbito de las normas legales y por tanto, fuera de las posibilidades de llevar a las arcas del Estado aun mejorando la paupérrima gestión de fiscalización, que se concentra en seguir siempre cargando los hombros de los mismos; en el sector formal de la economía, dejando impune a los defraudadores conocidos y desconocidos, así como la economía subterránea, cuyas dimensiones ya son tan abrumadoras que hacen inviable la competitividad de quienes cumplimos, con aquellos que en la sombra de la informalidad o al amparo de regímenes sin controles, no asumen los costos de hacer negocios con respecto a los agentes económicos que responsablemente enfrentamos los costos incrementales de hacer negocios en Costa Rica sufriendo la disparidad en la competitividad.

Una reforma fiscal es indispensable, completa, integral, incluyendo los cambios estructurales a nivel de administración tributaria, para que sea el medio a través del que paguemos lo que debemos, generemos condiciones que propicien la movilidad laboral, la apertura de nuevos emprendimientos, el fortalecimiento de las actuales empresas nacionales y multinacionales, que tengamos acceso más directo y a menores costos relativos a facilidades crediticias, que no incorporen en las tasas de interés las incapacidades de resolver en lo fiscal el tema del ingreso creciente y el gasto decreciente, sean tendencias inversas a las actuales, para que todos como sociedad, podamos acceder a mejores condiciones de orden autogestionarias en la economía global.

Cortesía de La República