El gobierno de la República se preocupa y manifiesta acciones para tratar de procurar el salvamento financiero de las personas cuyo endeudamiento es excesivo, en múltiplos del ingreso personal y familiar.

El Gobierno plantea tres grandes acciones para atender tan angustiante situación para los núcleos familiares:

1) La reestructuración financiera a largo plazo de los actuales niveles de endeudamiento,

2) la puesta en marcha de un programa de educación financiera para evitar que estas personas y familias vuelvan a caer en dicho nivel de sobre endeudamiento, y, por último,

3) la creación de una central de información crediticia que permita a los oferentes de facilidades crediticias conocer que aquel sujeto se ha comprometido a no volver a caer en condiciones de compromiso a su ingreso disponible.

El sobre endeudamiento además de generar gran angustia, genera pérdida de confianza del consumidor, con las consecuencias recesivas que ya de por sí conlleva esta condición. Nos parece que en tesis de principio hasta suena bien solventar esta realidad nacional que se ha convertido en un síndrome con una serie de síntomas que han desmejorado la condición del ser costarricense.

El Fondo Monetario Internacional en una alarmante publicación, hace notar los altos niveles de endeudamiento de las empresas a nivel de América Latina, donde Costa Rica no es la excepción. Este sobre endeudamiento desmejora la capacidad del crecimiento sano de las finanzas empresariales y, por tanto, reduce de forma significativa los niveles de inversión, creación de nueva riqueza, empleo y redunda en una baja en los niveles de confianza de las empresas y empresarios respecto de sus expectativas sobre la dinámica económica. Este fenómeno tiene como consecuencia también efectos recesivos peligrosos y de mayor impacto inclusive que el de la pérdida de confianza de los consumidores. Tiene un efecto multiplicador sobre la expectativa de las empresas, que, al tener una tendencia a la desmejora, como se encuentra hoy, provoca destrucción de riqueza, desempleo y postergación de la inversión nueva, o distracción de ésta a países más competitivos que Costa Rica.

A nivel del sector gubernamental la situación no es nada mejor. Desgraciadamente, nuestra recientemente aprobada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ha sido violentada de manera flagrante por las autoridades del Poder Ejecutivo. Quienes proponen evitar las condiciones de endeudamiento de las personas, pasan de lejos, como que no es con ellos, la urgencia de solucionar o proponer medios de sanación de las finanzas empresariales.

Finanzas que a su vez se ven azotadas por las nuevas cargas fiscales, que se lograron pactar como resultado de un programa de rehabilitación del Gobierno – todas las últimas diez administraciones – mediante la regla fiscal. El equivalente al programa de educación del consumidor para que financieramente rehabilitado evite caer en condición igual o empeorada.

Romper la regla fiscal con diversos sectores según los últimos acuerdos del Poder Ejecutivo, simplemente al más puro estilo de los narcodependientes y los ludópatas, que desean seguir gastando como si no fueran parte integral del país enfermo, es romper el pago de buenas intenciones que nos daba la regla fiscal, en la que ya no podemos creer más. Tratan de abstraerse de la condición de orden solidario que obliga la situación, en la que los sectores productivos estuvimos dispuestos a aceptar la imposición de cargas.

De la reforma fiscal lo que ha quedado es la mancha de sangre de una reforma tributaria. Lo que empezó siendo un pacto de parte y parte, se convirtió en un escenario en el que el sector privado y trabajadores asumen unas cargas impositivas directas e indirectas nuevas, que pagamos – al menos nominalmente – todos. Mientras que a otros les siguen otorgando privilegios odiosos para engordar a esas grandes minorías de siempre, junto con una Administración Tributaria que no ha hecho lo propio por iniciar acciones con el arsenal con que cuenta – incluso en exceso – contra los que siempre se burlan del deber constitucional de contribuir.

Hemos perdido la regla fiscal y una dama de hierro en la gestión de la reforma fiscal, vilmente utilizada por los orquestadores de este plan macabro para engañar a propios y extraños. El informe de la Contraloría General de la República es una cortina de humo elegante que no se merecía doña Rocío Aguilar, ahora exministra de Hacienda., que “coincide” oportunamente con el irresponsable proceso de negociación de la Presidencia de la Repúblico con sus compadres y patrones de las universidades, que generan la más escandalosa y flagrante violación para siempre jamás del engaño vendido como la regla fiscal.

No se ha caído en cuenta que, de no alcanzar los fondos de los impuestos para financiar las gollerías incrementadas, habrá que seguir endeudando al país.

¡Ah! ¡por cierto! Los fondos para financiar a las personas sobre endeudadas saldrán de las finanzas de todos, los que entienden y los que no quieren aceptar esta trama escandalosa. El Presidente de la República da una directriz a los bancos del Estado para que financien a los consumidores sobre endeudados; pero no se dice quién pagara las pérdidas que esto generará. Se los diré claramente: todos nosotros. Muy particularmente los actores del sector productivo, para quienes el plan de reactivación económica fue una mentira más que ya no llegará.

Los recursos de los bancos del Estado serán financiados de manera directa por el sector productivo ya de por sí endeudado, con tasas de interés más altas que será la forma de poder dar contenido al primer programa de loable rescate de las personas.

El destino del endeudamiento del ahorro nacional es: primero el seguir comprando títulos de deuda interna, externa y cualquier otro medio de absorción que use el gobierno de la República para financiar el predecible creciente déficit incremental. De manera marginal y residual el rescate de las personas que están altamente endeudadas, financiando no solo sus deudas sino el sostenimiento de sus otros dos encomiables pilares de gestión.

¿Como saldremos adelante en estas condiciones? Creo que tenemos derecho a una respuesta. Esta fábula es peligrosa y genera efectos irreparables especialmente en el tejido productivo y las calificaciones de riesgo que solo empeoraran el asunto aquí descrito. ¿Qué dirán los señores rectores de las Universidades? ¿Qué dirá el Poder Ejecutivo, cuando un tercero – revisión de pares por ejemplo – plantee el asunto de cuales son las medidas de remediación de estas condiciones fiscales?

Mientras tanto, ¡alerta buenos contribuyentes! Sabemos por dónde van a llegar los esfuerzos de apretar, no lo dudemos. Estemos listos para la intifada de la Administración contra quienes le queda cómodo llegarles, exigirles y fiscalizarles. ¡Sí! Una vez más siempre los mismos.

Carlos Camacho Córdoba
Socio Director Grupo Camacho Internacional
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Con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas pasamos de un criterio financiero de determinación de bases imponibles a uno más complejo de carácter económico; en el que lo que determina las bases de integración de impuestos directos e indirectos, es el costo económico de los bienes y servicios. Un aspecto que reta a contribuyentes de todos los tamaños.

Es importante indicar que estas reglas de valoración que abordaremos ya son aplicables a todas las transacciones de contribuyentes del IVA desde el mes de julio de 2019. Se deben contemplar además para el cierre de renta con fecha del pasado 30 de setiembre y que se liquida y paga el 15 de diciembre próximo.

Al ser una norma que aplica por igual a contribuyentes de todo tamaño, debemos caer en cuenta que se convierte, sin duda alguna, en un costo de regresivo efecto en el cumplimiento de los más pequeños y medianos. Aunque, de acuerdo con nuestra experiencia, la cuantía que ha resultado de ajustes de base imponible en fiscalizaciones en el impuesto sobre la renta de los grandes contribuyentes es significativa.

El articulo 12 párrafos cuarto y quinto de la ley del IVA indican:

“En las transacciones, cuya contraprestación no consiste en dinero, la base imponible será la que se habría acordado en condiciones normales de mercado y en la misma fase de producción o comercialización, entre partes independientes.

En las operaciones entre partes vinculadas, el precio neto de venta debe ajustarse al valor normal de mercado que pactarían partes independientes, siempre que se produzca un perjuicio fiscal.”

En relación con servicios, las normas de valoración de estas transacciones las encontramos en el reglamento artículo 17, incisos 3 y 4:

“3) En el caso de transacciones que no consisten en dinero, la base imponible será la que se habría acordado en condiciones normales de mercado entre partes independientes.

4) En las operaciones entre partes vinculadas, en los casos en que el valor del servicio prestado esté por debajo del precio de mercado, la base imponible debe ajustarse al valor normal de mercado que pactarían partes independientes y en los términos que establece el artículo 81 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta.”

Tanto las normas de valoración de base imponible de bienes como de servicios, en materia de causar la obligación tributaria de la imposición indirecta del IVA contienen sendas normas determinativas de la obligación.

Es así como surgen asuntos de la vida cotidiana que nos enfrentan en este nuevo modelo de tributación económica, no limitada a la contable financiera, aquella que requiere de contraprestación. Por tanto, si un contribuyente del IVA cuya actividad habitual es la prestación de un servicio en concreto presta su servicio de manera gratuita o inclusive por un precio, pero distinto de los que se habrían pactado en condiciones normales de mercado, incurre en la obligación del IVA bajo ese precio de mercado que habría cobrado a una tercera persona.

Existen casos diversos de esta índole, un ramillete plural de situaciones: Inmuebles ocupados a título gratuito mediando o no un documento escrito tal como un usufructo, tolerancia o comodato.

En estos y en otros supuestos de hecho, no solo se causa el IVA respectivo, sino que en materia de rentas del capital inmobiliario también el impuesto mensual de esta nueva cédula, vigente desde el mes de julio pasado. Excepto, eso sí, que se encuentre inscrito en el régimen de utilidades por lo que su obligación es sobre la liquidación general por utilidades. Bajo ningún concepto el pago de renta mobiliaria es sinónimo de no sujeción en IVA o viceversa.

Las prestaciones de servicios de quienes en su actividad habitual prestan servicios concretos, se gravan de igual manera con ambos tributos determinando la valoración con las reglas ya dichas y que dedicaremos algunas líneas a abordar más adelante.

Para servicios se contempla aquellos a los que se dedica de manera habitual. Por ejemplo, un contador que hace su propia contabilidad o su declaración de impuestos, muy distinto a si ese mismo sujeto decide reparar la tubería de su casa, a lo que no se dedica normalmente. Aunque constituye un servicio, en estricto sentido, este queda fuera del ámbito del tributo por no consistir en la actividad habitual aquella prestación sin contraprestación.

También debemos prestar especial cuidado a las donaciones de bienes sujetos al IVA ya que, de no recibirlos un sujeto exento, causa también IVA por el valor de mercado de aquella entrega de bienes con o sin valor atribuido, pero sin contraprestación.

Aquí es importante devolvernos a la referencia nada gratuita que hace el articulo 17 inciso 4) respecto de los medios de esta valoración apegados y en concordancia con las reglas de valoración que se determinan a los efectos de impuesto sobre la renta en el articulo 81 bis de esta ley, modificada por la ley de Fortalecimiento Público.

Este entramado hace que sea necesario el cumplimiento con los elementos formales y sustanciales que se determinan en el mencionado artículo de la Ley y las reglas relacionadas con operaciones vinculadas del título V del reglamento de la ley de impuesto sobre la renta, artículos del 65 al 74, último que se refiere a los deberes de todos los contribuyentes de contar con la información que, ante requerimiento de las autoridades tributarias, se solicite.

El no contar con la información genera sanciones por incumplimiento en los términos que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios; una multa del 2% de los ingresos brutos anuales del contribuyente, con un mínimo de tres y un máximo de cien salarios base de multa, lo que puede ser devastador para muchos negocios.

Se trata de estudios económicos complejos y detallados, lo que implica, como ya lo decía en la introducción, una suerte de obligación regresiva, en especial visto en el mero orden sancionador. Como especialistas que somos en la materia de precios de transferencia, entendemos de las demandas de orden cualitativo para poder cumplir con esta información. Una que llama a gritos a una contabilidad uniformada mediante un plan único de cuentas, que permita la segmentación comparable de la información para que contadores y economistas cuenten con un puente de comunicación entre el resultado contable uniformado con la agregación de valores económicos que engrosan las bases imponibles mensuales de IVA y de los impuestos de rentas de capitales mobiliarios e inmobiliarios, así como los anuales del impuesto sobre las utilidades.

Es hora de que esta compleja normativa sea tomada por una mesa técnica de profesionales en la materia para que desde la esfera de lo que dictan las normas técnicas de la contabilidad y las legales y técnicas que valoran las transacciones entre vinculados de las diversas naturalezas que establece el título V del reglamento, se evite que sea en la azotea de la comodidad de quien dicta normas sin saber qué implican donde se defina el tema.

No vaya a ser que nos receten normas de inspiración de quienes, sin haber pisado la vida real de la economía del contribuyente, les vuelva el mareo de poder excesivo para dictar normas de imposible cumplimiento.

Colegios profesionales, hay que abanderar estas normas técnicas de orden contable y de documentación que soporte la valoración de las transacciones conforme el reglamento, antes que la Administración las deje en el vacío del olvido y por tanto en el atascadero atiborrado de inseguridades jurídicas y técnicas o, nos obligue a lo que ni ella podría estar en capacidad de cumplir.

Este abanderamiento junto con las autoridades competentes se puede gestar si hay entendimiento y humildad técnica de las autoridades de su necesidad de “bajar al ras del suelo”.

Publicado en periódico La República el 22 de octubre del 2019

Cuando recordamos la obra literaria de ciencia ficción de Aldous Huxley y la comparamos con la realidad costarricense, nos parece que el Señor Huxley se dio un paseo por el futuro, visitando al país más feliz del planeta, nuestro país.

Al menos los índices así lo indicaban antes de la Reforma Fiscal. Podríamos casi jurar que el autor tomó espeluznantes elementos de nuestra realidad, de nuestra vida cotidiana, para alimentar a su obra maestra de la década de los 30 del siglo pasado.

Vamos a aterrizar. Costa Rica inició un proceso de Reforma Fiscal con matices de integralidad. Una propuesta que parece parar el sangrado de las finanzas públicas a través de elementos como la regla fiscal y el empleo público.

Componentes que fueron fundamentales para que, quienes debemos pagar la fiesta – o sea los generadores de la riqueza, en concreto el sector privado, denominado a estos efectos: los contribuyentes – apoyáramos, de manera antieconómica la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Antieconómica porque aceptamos someter la riqueza que generamos a que una menor cantidad de ella sirva para la nueva generación de empleo, más inversión y nueva riqueza, que sea la que alimente el círculo virtuoso de una tributación incremental.

Estábamos todos matriculados con el concepto de que nuestro país merece modernizar su sistema de arcaicos impuestos, propios de una primitiva economía. Un sistema que recaudaba básicamente contribuciones voluntarias para un sostenimiento mínimo del gasto público, atendiendo al mandato constitucional del deber de contribuir a las cargas públicas.

Nos convencieron de que a cambio de nuestro sacrificio íbamos a soportar unas cargas públicas más llevaderas. A contar con mayor equidad, ya no en el reparto del ingreso, sino en adecuar nuestro gasto a la realidad país.

Con alegría y peligrosa actitud de festinar y cacarear el huevo antes de ponerlo, se hace un alarde de falta de estrategia de gestión país. Anuncian el resultado fiscal del mes de setiembre, primero en muchos años con superávit primario. De no entenderse y dimensionarse como se debe, puede, y en efecto, crea conclusiones peligrosas. La primera: creer que una golondrina hace verano. La segunda: no entender qué es el superávit primario.

Aquí no ha sobrado nada. No es que hay para obra, mejoras y reformas del aparato productivo de la economía. Es solamente un dato de entre muchas variables adicionales, que si se omite su inclusión nos puede hacer tan felices como los personajes de un mundo feliz, que acuden al “soma” de las falacias para ser felices.

Por un lado, tenemos un gobierno que pacta de manera ilegal pero populista con huelguistas, que como koalas se pegan a las ramas de sus prevendas, infringiéndose la regla fiscal, así como incrementando la brecha de la igualdad entre quien produce la riqueza y aquellos que la engullen sin más límite que el de la aparente racionalidad.

El principio de igualdad ante la ley es cada vez más falaz. Hoy tenemos iguales demasiado distintos que los demás iguales. Romper la regla fiscal con negociaciones que la incumplan debe ser tratado con igual gravedad con la que se trataría si un contribuyente incumple con su obligación tributaria.

Es asimétrico e injusto en toda medida que haya sanciones para quien no contribuye, y no para quien, habiendo recibido su paga justa y adecuada a la realidad de nuestras finanzas públicas, simplemente atenta contra el Estado.

Planeemos la hipótesis de que, así como las universidades, Caja Costarricense de Seguro Social, las municipalidades y una larga lista de etcéteras, despotrican para evitar someterse a la regla fiscal, tengamos los contribuyentes que ver cada vez más estrechas nuestras finanzas privadas.

¿Será que el fortalecimiento de las finanzas públicas se cree sostenible mediante el debilitamiento hasta estrangular de las finanzas privadas?

Festinar un superávit primario es no entender que el problema fiscal no es un tablero de control de juegos de una moderna consola de realidades virtuales.

Es un acto que puede tener un efecto bumerán en los actores cuando haya que salir a negociar con firmeza con quienes quieren mantener sus prebendas y gollerías, mediante convenciones colectivas de vergüenza nacional, mediante el sostenimiento del insostenible y odioso sistema de pensiones de lujo que siguen protegidas en un gran bunker de complicidades y complejas componendas entre los beneficiarios y quienes se comprometieron a eliminarlas.

También será contraproducente hacer bulla de fiesta, para que tengamos el mundo feliz, cuando se den cuenta que la recaudación esperada no se alcanzó y con pies callados se acerquen de nuevo al sector productivo a persuadir, con quién sabe qué estratagema, la necesidad de aumentar los impuestos, a lo que desde ya decimos que no, se pueden evitar el intento.

El no lograr la recaudación esperada tiene tres orígenes concretos y los tres están en manos del Ministerio de Hacienda:

1. Haber hecho reglamentos ilegales, que cedieron ante las presiones y tráficos de influencias, en frontal contravención al principio constitucional de reserva material de ley.
2. La tolerancia histórica y continuada de que el sistema tributario se haga valer siempre respecto del grupo de contribuyentes que ya lo son. No hace esfuerzos ni acciones que procuren la inclusión de quienes siempre han gozado de su propio “paraíso fiscal” del incumplimiento y la omisión sin consecuencias.
3. Aplicar las presiones de cumplimiento siempre sobre las mismas empresas y empresarios; disuadiendo la inversión, creación de empleo y espantando el ahorro nacional hacia cualquier jurisdicción razonable y principalmente donde se dé la aplicación de los elementos básicos de la seguridad jurídica.

¿Será entonces que, para recuperar los niveles de felicidad nacional, unos y otros hacemos lo que mejor nos parezca? Los funcionarios continúan “conquistando” sus privilegios, les dejamos de incomodar con la exigencia de la regla fiscal y normas de empleo público. A los contribuyentes nos quitan las excesivas e invasivas cargas, que tocan inclusive los derechos fundamentales de los principios de propiedad privada, no confiscatoriedad y manejo de la privacidad y derecho de gestión en el ámbito de la seguridad jurídica.

¿Qué tal si pactamos que mientras unos no cumplan los otros tampoco?

Este planteamiento hipotético nos llevaría a pactar que el pacto social no existe y que, al más puro estilo de Fuenteovejuna: ¿“Muerto el Rey que viva el Rey”?

¡Seamos serios! O nos comprometemos de manera coherente todos y exigimos con contundencia para que los acuerdos se cumplan o no funciona. Deben ceder sus índices de felicidad artificial y artificiosa, como el festinado anuncio de Hacienda sobre los resultados de setiembre.

Construyamos basados en el trillado principio de realidad económica – tan abusado, por cierto, por el Ministerio de Hacienda para justificar la fiscalización de siempre los mismos – para construir el país que queremos. ¡Qué sea tan feliz como sea viable! Pero principalmente un país que deje de lado las falacias y viva con lo que hay.

¡Los índices de confianza de los consumidores y los inversionistas son deprimentes! ¡Urge gestionarlos! La economía no es una paleta policromática de blancos, es una muy particular consecuencia de la correcta gestión de los ánimos de los agentes económicos, que alimentan esa paleta de colores de ánimo y confianza. El bien más escaso hoy en día en nuestro país. Si no hay riqueza, aunque la gravemos al 100% simplemente no va a alcanzar.

Publicado en periódico La República el 15 de octubre del 2019

Ya son cuatro meses de entrada en vigor del concepto de ganancias y pérdidas de capital, que inició junto con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Las ganancias y pérdidas de capital grava las primeras y permita la compensación de las segundas con las primeras en ciertos términos y condiciones. Hemos detectado que es necesario revisar el concepto mismo de ganancia de capital, esclarecerlo para que, una vez claro y distinguible podamos construir juntos un mejor entendimiento de esta nueva normativa, que a la vez permita la tributación respectiva de una forma correcta.

El primer consejo práctico en este caso es olvidar el tradicional concepto de habitualidad que era fuente de distinción primaria para determinar si algún acto era generador de rentas corrientes o ganancias de capital. Esta vieja distinción la debemos mudar por la de bienes afectos a la actividad económica del contribuyente, aspecto que divide el sistema tributario de las enajenaciones de bienes duraderos de orden tangible o intangible a tributar como parte integral de la renta misma, o como parte de ganancias o pérdidas de capital.

El artículo 1 bis de la Ley de Impuesto sobre la Renta y el artículo 1 del Reglamento de esta, nos presentan la distinción de estos conceptos nuevos al derecho costarricense. Se entiende por actividad lucrativa aquella “Actividad de carácter empresarial y/o profesional consistente en la organización, por cuenta propia, de los factores de la producción y de los recursos humanos o de uno de ellos, con la intención de obtener ganancias mediante la participación en el mercado de bienes y servicios” y con base en esta definición se debe comprender cuáles son los bienes afectos a su actividad. Todo bien que esté dedicado de manera indudable a la actividad del contribuyente, es considerado en el momento de su enajenación, como una diferencia que debe ser gravada o deducida en la base imponible íntegra del impuesto sobre las utilidades, incorporándose – sin norma de periodificación alguna – a la base imponible del impuesto sobre las utilidades a una tarifa general de 30% en el caso de entes jurídicos en este periodo fiscal 2020 y siguientes.

Lo expuesto tiene alguna relación con la regla anterior de la Ley del Impuesto sobre la Renta que indicaba que era gravable o deducible la diferencia de valor que se produjera por cualquier enajenación de bienes depreciables, incluyéndolo como renta del periodo. El concepto con la incorporación del criterio de afectación de los bienes a la actividad es más amplio y aplica a todo bien, depreciable o no, amortizable o no, tangible o intangible. Por lo que, a pesar de no constituir parte de la actividad habitual del contribuyente, si éste enajena a cualquier título bienes afectos a la actividad lo debe hacer tributar con las reglas de renta de utilidades en el periodo en que dichas alteraciones o enajenaciones se den. Como la naturaleza de estas ganancias o pérdidas es inseparable de las reglas de liquidación y pago del impuesto sobre las utilidades, este es un impuesto de hecho generador continuo y de liquidación anual, teniendo efecto inclusive en la determinación general de los pagos parciales del impuesto de los periodos subsiguientes.

En sentido contrario, si algún elemento del balance del contribuyente, bienes tangibles o no, depreciables o no, amortizables o no, corresponde a bienes de uso e incorporación a la actividad lucrativa, será tratado como una ganancia o una perdida según sea el caso, que tributa en la cédula residual del sistema que se denomina ganancias y pérdidas de capital a una tarifa general del 15%, como regla general y aplicable sobre la diferencia de valor entre el valor en libros del bien y el valor de enajenación. En casos de pérdidas de capital de esta naturaleza puede aplicarse la misma contra futuras ganancias de capital de análoga naturaleza, que se generen en los tres años siguientes al periodo en el que se generó la pérdida respectiva, sin exceder ese plazo ni el monto de la pérdida. El hecho generador de este impuesto es de carácter instantáneo y de liquidación mensual, conforme se configuren los elementos del tributo. Siendo el plazo de pago los primeros quince días del mes siguiente de configurada la obligación.

En el caso de bienes no afectos a la actividad económica y para los que el titular cuente con prueba legal y contable de orden contrastable que evidencie que el mismo fue adquirido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el contribuyente en el momento de la enajenación del bien puede optar, a título del concepto de economía de opción, sea que cumple tributando el mínimo entre ambos, entre el 15% de la diferencia de valor de la regla general o el 2.25% del valor bruto de la enajenación sin reducciones de ninguna naturaleza en el monto del valor de dicha enajenación. Ambos tienen las mismas características en cuanto hecho generador, plazos de presentación y pago.

En síntesis, el concepto de ser o no ganancia de capital atiende no a la naturaleza del bien, ni a la frecuencia de la enajenación, sino al objeto enajenado. Si este formaba parte del capital que era unidad de generación de actividades lucrativas, siempre va a tributar como parte del impuesto sobre las utilidades y si por el contrario, los bienes son de naturaleza no afecta deberán atenerse a las normas de tributación indicadas para lo que en el derecho costarricense se entiende como ganancias y pérdidas de capital.

Tambien es importante resultar que este concepto para distinguir las ganancias sujetas al impuesto de las utilidades y las que se denominan ganancias de capital, no es ni mucho menos la mas común de las formas de hacer la distinción de las rentas como propias de la actividad económica y las que deben ser tratadas como sujetas a impuesto incidental de ganancias de capital, aspecto que tanto dificulta la explicación a propios como extranjeros. Esta última apreciación traerá indudables problemas de fiscalidad internacional en la aplicación de tratados para evitar doble imposición internacional, que tiene definiciones distintas a las que usa el derecho interno a los efectos de la aplicación de las reglas para otorgar créditos fiscales internacionales, como para someter a tributación correspondiente en los casos en los que partes internacionales residentes de países beneficiarios de Tratados estén involucradas, tal es el caso de los convenios con España, México y Alemania.

De igual manera la prueba fundamental para determinar una u otra condición de tributar por las reglas generales de utilidades o residuales de ganancias de capital, resulta de la adecuada trazabilidad contable. Una vez más, nos urge lograr sistemas de certeza legal y contable; un plan único de cuentas que en definitiva y de manera apriorista y sin ambages sea el que defina la afectación o no de un bien, así como el trazo de su cambio de condición, aspecto, que generaría pasarse de un sistema de tributación a otro, no como acto “artificial o artificioso” a los que alude el nuevo artículo 12 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para lo cual, evitando la aplicación abusiva del contribuyente o la voraz de la Administración, es urgente contar con esta pieza para que el engranaje tributario nuevo, sea funcional y evitemos que sucumba por su propio peso.

Hemos usado en diversos párrafos la expresión enajenación como el termino que alude al acto que activa la obligación del impuesto en uno u otro de los sistemas. No podemos dejar de atender que es necesario referirse a este concepto como uno de orden económico. No se limita exclusivamente a la transacción típica de compra-venta de bienes, sino que se extiende a diversas formas de enajenar el bien o derecho en cuestión, sea en dación en pago, intercambio, donación, aportaciones – excepto si se cumplen los requisitos de la neutralidad fiscal de las reestructuraciones empresariales – o cualquier otro modo de disposición onerosa o gratuita que se haga de un bien del contribuyente.

Especial atención debe prestarse a las transacciones de esta naturaleza que se den entre partes relacionadas a la luz de la norma legal de regulación de los precios de transferencia del artículo 81 bis de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

Entramos en una era en la que lo único continuo es el cambio, al que debemos responder con apertura a la educación continuada de los elementos propios de un cisma de mayores dimensiones que las que se han dado a conocer a los contribuyentes, aspecto que no les exime de la responsabilidad de cumplimiento, pero le obliga sofisticar sus medios de cumplir con asesoría experta en esta selva de normativa que será fiscalizada en algún momento, dentro del plazo de prescripción – cuatro años en el mejor de los casos – siendo ahí donde se den las consecuencias de la impericia de unos y la imprudencia de otros, así como de manera excepcional la posible mala fe de actores de una u otra parte en el sistema.

¡Esto apenas empieza! Todo lo que conocíamos y hacíamos y nos era funcional ha cambiado. No podemos continuar con esas viejas prácticas de sobrevivir con éxito relativo de menor riesgo de gestión de esta nueva cantidad de variables del ambiente tributario local, embotellado en el gran laboratorio de la fiscalidad internacional.

Busque ayuda, ¡ya! Estamos para servirle. Le diremos lo que debe oír, quizá no le guste, pero, si lo que busca es oír algo agradable, evite que le hablen seriamente de impuestos.

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Publicado en periódico La República el 8 de octubre del 2019.