Monthly Archives: agosto 2020

Transformación digital, la normalidad

Transformación digital, la normalidad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tiempos de pandemia se habla de la “nueva normalidad.” Esto nos conecta de inmediato con las conferencias de prensa diarias de los Gobiernos.

El distanciamiento social, las restricciones vehiculares, las aperturas con aforo reducido, los cierres de negocios y el aumento en las tasas del desempleo son temas que se vuelven la comidilla diaria del pueblo, pero se deja de lado un elemento clave para esta normalidad, ya no nueva, que permite el desarrollo y mejoramiento en distintas áreas de la vida cotidiana: la transformación digital.

Si bien es cierto, en la actualidad, al menos en Costa Rica, la mayoría de las personas de distintas edades, estratos sociales y preparación académica tienen acceso a internet, esto no es sinónimo de que se haya adoptado a cabalidad la transformación digital.

La adaptabilidad va más a allá de las aplicaciones de los dispositivos móviles como celulares y tabletas; no se trata – solo – de utilizar el internet para la comunicación diaria entre pares y el aprovechamiento de canales sociales y de ocio.

La transformación digital es una penuria innovativa para muchos e incluso no es aún, en medio de la pandemia, una prioridad  en las empresas. No es lo mismo el uso de aplicaciones como Netflix, Spotify o redes sociales que la implementación de verdaderas herramientas para el desempeño diario de labores, superación personal y el mejoramiento continuo.

En el ámbito laboral, la digitalización es prioritaria, máxime en tiempos de Covid-19.

El contar con las herramientas para ejecutar los trabajos y los negocios, y si a esto le sumamos un capital humano consciente de la importancia de la digitalización como un nuevo estilo de vida, es el camino para que las empresas no se vean forzadas a interrupciones abruptas en la ejecución de servicios o bien, a cierres inesperados por reducción o suspensión de ingresos que no pueden controlar desde su modalidad de trabajo “análoga”.

La gran ventaja de las empresas que llevaron a cabo con un rotundo éxito el proceso de digitalización radica en la visión de sus líderes y la adaptabilidad de sus equipos. Les permite, en el ambiente actual, estar a la vanguardia de la excelencia en sus áreas de servicio, internas y externas. Son estas organizaciones las que han logrado sortear el entorno y evitado resentir los cambios por COVID – 19 de manera negativa.

Las entidades públicas y privadas han corrido para adaptar y adoptar sus necesidades sus necesidades en los últimos meses y han hecho modificaciones para continuar con sus procesos de manera digital.

Si bien es cierto, que algunas organizaciones habían ya implementado la virtualidad con buenos resultados, solía tratarse de planes piloto, enfocados en grupos de colaboradores o servicios, estas son las menos y la situación que vivimos desde marzo anterior solo demuestra que Costa Rica y la región estaba aún en pañales en cuanto a transformación digital.

Penurias sobran, pero un buen ejemplo es el caso de las instituciones educativas que debieron empezar por capacitar a los docentes de educación pública de Costa Rica para el uso de herramientas digitales. Algo completamente ajeno al cronograma típico del Ministerio. Y así como este, son cientos o miles de ejemplos de empresas y organizaciones.

Mientras en la vida diaria nos hemos digitalizado, incluso desde antes de la pandemia, de manera que acortamos distancias y mantenemos contacto con nuestros seres queridos, muchos aún tienen el reto de llevar esa digitalización a sus labores, que les permita ejecutar reuniones de trabajo, estudiar y contribuir al beneficio propio y colectivo.

La transformación digital es un elemento clave que complementa a la humanidad; y como tal, debemos adoptarla con naturalidad y actitud positiva.

¡Cierto! Los procesos de cambio suelen ser complejos en las empresas. Además, hay riesgos o cuidados para tener en cuenta, como, por ejemplo, temas de seguridad de la información, manejo ético de datos y responsabilidades de cada parte… Pero lo que es un hecho, es que debemos adoptar la transformación digital en nuestra realidad, que cada vez tiene menos de “nueva”.

Escrito por: Maritza Mora, Equipo Administrativo

Ruge el cierre

Ruge el cierre

 

A pesar de estar todos concentrados en operación de supervivencia, entre bailadas que nos dan y martillazos que siguen mancillando la producción, no perdamos de vista que estamos a las puertas del primer cierre fiscal de renta con reglas nuevas.

Si bien hemos asumido algunas de las novedades respecto de la nueva normativa vigente para el cierre fiscal 2020, resulta que las reglas siguen siendo como “arena movediza”, gracias a las ocurrencias e improvisaciones de la Administracion Tributaria.

Ilustro: El pasado 19 de agosto se publica resolución general, bajo el número DGT 22-2020, que dicta de oficio la creación de período fiscal obligatorio que va del 1 de octubre 2019 al 30 de setiembre de 2020. Quiere decir que todas las actividades cafetaleras y análogas, así como las cañeras, deberán preparar su cierre fiscal en menos de 40 días después de la publicación de la citada disposición.

Contrasta la anterior resolución con la nueva regla general de cierre fiscal con corte al próximo 31 de diciembre – si no se les ocurre otra improvisación – que es una de las novedades diversas introducidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Si bien la Administración está facultada para el acto indicado arriba, la pregunta subyacente es ¿tiene la Administración un mapa de ruta o, por el contrario, dicta normas conforme las querencias y ocurrencias del funcionario de turno?

Parece que es más lo último que lo primero.

Esto conlleva una señal de incertidumbre jurídica. Un ingrediente prescindible en momentos de tanta incertidumbre, proveniente de tan diversa gama de factores intrínsecamente incontrolables. Es deseable que aquellos que puedan ser dotados de oportunidad y menos improvisación, se procuren para el golpeado y agobiado sector privado, que es quien se ha echado a sus espaldas la crisis sanitaria, la consecuente recesión económica y a la postre, de la falta de claridad de las autoridades de gobierno.

Por otra parte, muchos sectores de la economía han concentrado – como corresponde – sus esfuerzos a la contención de la crisis, sin darse cuenta que queda muy poco tiempo para revisar las condiciones de una posible liquidación del impuesto sobre la renta con reglas nuevas, intrincadas y tan complejas; que pueden llevar a una empresa en pérdidas financieras a toparse con bases imponibles positivas, como consecuencia de las limitaciones introducidas en la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas a la ley de impuesto sobre la renta.

Es decir, aquellos que se están ateniendo a que, como sus resultados financieros son negativos, hay poco o nada que hablar en renta, hoy más que nunca están equivocados. Es oportuno, a pesar de lo disonante que pueda parecer, tomar conciencia de la necesidad imperiosa, de ver hoy cuál es su condición fiscal en renta.

Por primer año en la historia económica del país los paradigmas han sido derribados, en cuanto posibles decisiones y acciones correctivas del final de año, cosa que debe considerar el contribuyente en este período fiscal.

Dos son los aspectos concretos que deben tomarse en cuenta: la condición del caudal informativo que tiene la Administración Tributaria a su haber, con medios tales como la factura electrónica, no solo de venta sino de compra de bienes y servicios. Asimismo, las diversas limitaciones existentes en relación con los derechos de deducción de una multiplicidad de operaciones que saltan a la arena como elementos novedosos en este siberiano período fiscal de 15 meses para todos, menos para quien a la Administración se le ocurra, que no será así.

Con las declaraciones mensuales del IVA los contribuyentes han mandado fotografías mensuales de la semblanza de las ventas y las compras, como ya lo hacían los contribuyentes del antiguo impuesto sobre las ventas; pero, además, han dado una cantidad abundante de información adicional que se consigna en la declaración de IVA respecto de gastos.

Esto limita las tradicionales soluciones caseras del último momento para ver cuánto era la obligación tributaria que se “quería” pagar, en contraste con la que se “debía” pagar.

Con los medios de cruce de información existentes hoy, un enfoque tradicional de dejar “para ver como sale al final”, puede llegar a ser una fuente de abundantes y desagradables sorpresas.

Respecto de esas limitaciones a la deducibilidad, debe tener en cuenta el contribuyente que las mismas no son ni tradicionales ni conocidas de manera general. Es importante determinar hoy más que nunca el valor de la base imponible en concordancia con estas reglas, conciliando el resultado financiero con la aplicación de limitación a la deducción de gastos que, aunque reales, necesarios y pertinentes a la generación de renta, simplemente, enfrentaremos por primera vez una limitación a su deducibilidad.

Tomemos como ejemplo la carga financiera. Valga decir, que por cierto es una de las características de muchas empresas que tienen un alto nivel de endeudamiento y que pudo ser agravado debido a la pandemia. Si dicho financiamiento es con partes relacionadas o sujetos privados de financiamiento, sean empresas o personas, simplemente tiene una limitación en el artículo 9 bis de la ley de nueva creación.

Reza el mencionado artículo: “Se establece una deducibilidad máxima por gastos por intereses netos de un veinte por ciento (20%) de la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Uaiida) por cada periodo impositivo.” Este 20% como deducción máxima empieza en un limite del 30% del resultado de utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, reduciéndose a razón de dos puntos para alcanzar el 20% indicado por la norma, en cinco años.

Asimismo, no es fiscalmente deducible, el gasto que se cause por donaciones cuando las mismas -aunque estas sean hechas a entidades registradas en la administración Tributaria – bajo el siguiente supuesto: “La deducción no podrá exceder del diez por ciento (10%) de la renta neta calculada del contribuyente donante, sin tomar en cuenta la donación”.

Esto pone al contribuyente en un interesante ejercicio de calculo que debe llevar a cabo con antelación para determinar el monto efectivamente deducible de sus donaciones, con independencia del monto donado a los sujetos autorizados, según la redacción antes citada, del párrafo final del articulo 8 q) de la Ley de impuesto sobre la renta.

Debe tener en cuenta el contribuyente, para finalizar con las ilustraciones no para completarlas, que se aplican normas relativas a precios de transferencia. Los precios de transferencia pasan de ser norma de orden reglamentario, como lo fueron desde 2013, mediante el decreto 37.898-H, a la norma que recoge la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 81 bis, denominado, principio de libre competencia. Este artículo hace de obligado acatamiento la valoración de las operaciones tanto locales como internacionales que lleve a cabo el contribuyente con sus partes relacionadas o vinculadas, según corresponda, debiendo contar con la documentación apropiada – estudio de precios de transferencia – para practicar el ajuste, siempre que sea incrementando la base imponible, cuando los precios pactados entre sus partes vinculadas y las que hubiera pactado en condiciones de mutua independencia, resulten diferentes en contra del interés fiscal.

Obliga el reglamento a la declaración de precios de transferencia, que, por la norma reglamentaria nueva de la ley, hace declarantes de precios de transferencia a los grandes contribuyentes, grandes empresas territoriales, empresas bajo el régimen de zona franca, así como los contribuyentes de cualquier tamaño cuyas transacciones acumuladas con vinculados, excedan los mil salarios base al año.

Todo esto y mucho más debe incorporar hoy el contribuyente en la planeación de su macro cierre fiscal 2020 sin excepción alguna. Más aun ante los rugidos de fiera hambrienta de Hacienda, por las obvias razones que el estado de necesidad ha creado consecuente con la atención de la pandemia de un lado, así como con los acompañantes de siempre, el despilfarro, el estado comelón, la falta de ética en el manejo del gasto público entre muchos otros disparadores del endémico déficit fiscal de nuestro país.

Nuestra recomendación más insistente y pertinente es que tome acción, ya que de una crisis puede pasar a otra evitable en el supuesto de tener que pagar de manera sobrevenida – en caso de la caña y café – el próximo 15 de diciembre el impuesto sobre la renta 2020 o a más tardar, para el resto de los actores económicos, el próximo 15 de marzo de 2021.

La triste realidad de la pérdida financiera no da pie a estar tranquilos. Las bases imponibles y los resultados financieros distan cada vez más, por lo que no debe dejar para después lo que debe evaluar en su actual estado ya.

Publicado en La República El Martes 25 de agosto de 2020

Registro de beneficiarios finales hasta 2021, pero mucho cuidado  

RESUMEN: No se deberá realizar declaración Registro de Transparente y Beneficiarios Finales en septiembre 2020, siendo que la próxima declaración será hasta en el mes de abril del año 2021.

La noticia con el Registro de Accionistas – Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales – es mucho más allá que lo ya conocido sobre la fecha de presentación. ¡Cierto!

Según la resolución DGT-ICD-R-19-2020 quienes ya estaban listos para cumplir en Setiembre de 2020 con su segundo registro tendrán que esperar unos meses más, pero hay una serie de detalles que jamás debemos pasar por alto.

Así es, el primero detalle claro que es sobre fechas: Ahora la declaración 2020 se presenta en el mes de abril 2021, adoptando los nuevos plazos regulares de presentación, el mes de abril de cada año.

¡Eso sí! Si usted no ha presentado su declaración 2019 (que venció en abril de este año) está incumpliendo y debería regularizar cuanto antes la situación. La Administración Tributaria ya inició procesos para los más de 40.000 contribuyentes que no han cumplido con la obligación.

Para aquellas sociedades que se constituyan en el lapso entre el 1 de enero 2020 y el 31 de marzo 2021 se estableció una norma transitoria. No están obligadas a presentar su declaración dentro de los 20 días hábiles después de su inscripción (como indica la norma ordinaria), sino que tendrán hasta abril 2021 para presentar su primera declaración.

La resolución también establece que las sociedades que declararon el periodo 2019 y que presentan cambios en la distribución del capital social desde la fecha de la presentación hasta el mes de abril 2021, pueden presentar dichos cambios hasta el 30 abril 2021, cuando presenten su declaración ordinaria.

Es decir, la norma transitoria flexibiliza la estipulación de la Ley que establece que cuando se dan cambios mayores al 15% del capital se debe presentar una declaración extraordinaria a más tardar 15 días después de ese movimiento de capital.

La resolución abre una posibilidad que se debe analizar. La nueva norma abre espacio a movimientos en los capitales sociales de las sociedades que queden fuera de foco. Como la nueva fecha para presentar estas modificaciones es el 30 de abril del 2021 lo que se debe presentar en dicha declaración será el último movimiento.

Es decir, la presentación incluirá la composición accionaria a abril del 2021 y no todos los movimientos de capital realizados en ese lapso. ¡Sin duda una debilitación parcial al objetivo inicial del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales!

Este es un buen momento para repensar la declaración realizada para el periodo 2019. Usted debería debe evitara toda costa, en medio de la situación actual, riesgos legales o tributarios para no tener posibles contingencias. Es vital revisar ¿cómo hice mi declaración?, ¿me genera algún riesgo la forma en la que la presenté?, ¿cómo puedo reparar o disminuir cualquier riesgo? ¡Conversemos! En Grupo Camacho Internacional podemos apoyarle.

Escrito por: Gabriel Arroyo – Consultor de Impuestos

Sea Autosuficiente, No Dependa de la Empresa Familiar

Sea Autosuficiente, No Dependa de la Empresa Familiar

A partir de la tercera generación las familias* exitosas y sus empresas, comienzan a
mostrar un debilitamiento provocado por malas prácticas y hábitos que poco a poco
resultan en el declive de la empresa familiar. Revertir esa tendencia es difícil mas no
imposible.

Un paso fundamental es transmitir a las nuevas generaciones algunas de las buenas
costumbres que precisamente hicieron que la familia y su empresa crecieran en lo económico y social.

Cuando las familias van creciendo y nuevas generaciones se unen al clan, las buenas
costumbres y disciplina que aplicaron los fundadores de la empresa para hacerla
exitosa van quedando en el olvido. Es algo natural y ocurre de manera imperceptible.
A la segunda generación, hijos e hijas de los fundadores, les correspondió vivir muy de
cerca la creación de la empresa familiar. Son fieles testigos del esfuerzo realizado por
sus padres para alcanzar el éxito.

Por el contrario, los nietos y bisnietos de los fundadores de la empresa no tuvieron esa
oportunidad. En muchos casos ni siquiera conocen las historias de la creación de la
empresa familiar, menos aún los sacrificios que tuvieron que hacer sus abuelos. Se
debe hacer un esfuerzo para enseñarles cuáles fueron los valores y principios que
guiaron el éxito familiar.

Para el legado de la familia es fundamental un conjunto de valores. Indistintamente del
oficio o profesión de los hijos, nietos o generaciones ulteriores; estos valores han sido y
deben ser la clave del éxito del emprendedor y del negocio familiar.

Los empresarios exitosos son dueños de su destino, añoran y los motiva tener
independencia económica. Una de las razones por las cuales deciden iniciar su propia
empresa es para mantener un estatus de vida añorado, para ellos y su familia.

El éxito empresarial le permite a la familia llevar una vida con mayor confort y estatus
social. Las nuevas generaciones se acostumbran a los placeres que la riqueza
producida por las empresas de sus abuelos y padres les brinda. Aún cuando lo
verdaderamente importante es el conocer cómo siendo libres cada uno para hacer lo
que le sea más atractivo, se fundamenten en esos valores y principios clave de la
libertad patrimonial y financiera.

Sin embargo, la ley natural de la vida hace que las familias usualmente crezcan más
rápido que las empresas. Por tanto, llegará un momento en el cual la empresa no sea
capaz de producir los suficientes recursos para mantener los hábitos de consumo de
todos los miembros familiares. Las empresas no están diseñadas para esto y a la vez,
están condicionadas en su gestión a condiciones de cambio en el interno de las
mismas, así como en el entorno del o de los mercados.

Precisamente una de las malas tendencias que las familias adoptan cuando van
creciendo es la alta dependencia financiera en los recursos de la empresa familiar. Por
tal razón, las familias deben aprender a controlar sus expectativas financieras de la
empresa. Las nuevas generaciones tienen que conocer las limitaciones que la
empresa familiar presenta para satisfacer las necesidades financieras de la familia.

Deben ser conscientes de donde provienen los recursos que les permiten tener el estilo
de vida actual, y tomar las decisiones correctas para proteger esa gallina de los huevos
de oro y además, procurar nuevas fuentes de riqueza que puedan convertirse en
nuevas gallinas doradas.

Las generaciones mayores tienen la responsabilidad de enseñarle a los más jóvenes la
sana administración de los recursos de la empresa. Una buena alternativa es enseñar
mediante el ejemplo de una vida con moderación impregnada de hábitos sanos de
ahorro y gasto.

Las familias que logran hacer que sus empresas perduren por generaciones, explican a
las nuevas generaciones que deben ser autosuficientes, conseguir un trabajo y
mantenerse a sí mismos. A partir de la tercera generación la dependencia absoluta en
los recursos de la empresa familiar es receta para el fracaso.

Como patriarcas o matriarcas, se debe dotar de cañas de pescar, más que seguir
repartiendo pescado hasta que este sea escaso. Llegará es día, de eso no tenga la
menor duda.

*Entiéndase por familia el concepto tradicional de familia nuclear, así como el concepto contemporáneo más amplio y general.

 

Sector Turismo y Sector Construcción, ¡Atención a los nuevos cambios en IVA!

Sector Turismo y Sector Construcción, ¡Atención a los nuevos cambios en IVA!

 

 

Como respuesta a los embates que ha causado la crisis sanitaria por COVID-19, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron dos proyectos de Ley para ampliar los plazos de exoneración y aplicación de tarifas reducidas en las industrias de Turismo y Construcción. Uno de ellos ya publicado en el Diario Oficial la Gaceta y el otro pronto a publicarse.

La Ley recién publicada es la número 21.934 de atención al Sector Turismo en la que se adiciona un párrafo final al artículo 26 de la Ley 9635 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, referente al crédito fiscal en operaciones sujetas a tarifa reducida.

La nueva normativa indica que el contribuyente tendrá derecho a crédito fiscal pleno en la compra de bienes y servicios vinculados con la prestación del servicio de transporte aéreo internacional, cuyo origen o destino sea el territorio nacional.

La modificación impacta de manera importante el negocio de quienes venden boletos aéreos a tarifa reducida del 4%. Ahora pueden acreditarse la totalidad de IVA soportado en la compra de bienes y servicios ligados exclusivamente con esta operación. Es decir, no tienen un costo incremental por el diferencial de las tarifas a las que compran y a las que venden. En principio, esto debería reducir el precio final de los boletos, incentivándose así su demanda.

La Ley también reforma el Transitorio IX de la Ley 9635, referente a la escala de aplicación gradual de la tarifa de IVA para los servicios turísticos prestados por quienes se encuentren debidamente inscritos ante el ICT.

La reforma extiende el plazo de aplicación de la exención del impuesto, originalmente válida por el primer año de vigencia de la Ley 9635, a los dos primeros años de vigencia de la Ley indicada.

Es preciso tener en cuenta que, a partir del 1 de julio del 2020, los servicios turísticos pasaron a estar gravados con una tarifa reducida del 4%. La reforma al Transitorio implica que esta tarifa del 4% se posponga hasta el 1 de julio del 2021. Consecuentemente, las tarifas del 8% y 13% del Transitorio se posponen a su vez para el cuarto y quinto año de vigencia de la Ley del IVA (julio 2022 y 2023 respectivamente).

También aclara que las obligaciones tributarias devengadas desde el 1 de julio de 2020 hasta la entrada en vigor de la nueva Ley, se deben declarar y pagar al fisco en los términos previstos en la Ley 9635; es decir, no hay una corrección retroactiva para la tarifa del 4% actualmente aplicable a estos servicios en caso de efectivamente retornar a la condición de exención.

El segundo Proyecto de Ley, el 21.637, que ya fue aprobado en segundo debate, pero aún no ha sido publicado tiene que ver con el Sector Construcción. En este se reforma el Transitorio V de la Ley 9635, referente a servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil.

En él se elimina por completo el segundo párrafo del Transitorio, el cual versa sobre la escala gradual de la tarifa de IVA que se aplica para estos servicios, actualmente en 4%, pasando por 8% a partir del 1 de julio del 2021 y que llegaría la tarifa general del 13% en el cuarto año de vigencia de la Ley 9635 (1 de julio del 2022).

También se eliminan las primeras líneas del párrafo tercero del Transitorio, en las que se indica que los beneficios fiscales de exención y tarifas reducidas no aplican para los servicios que no cumplan con los requisitos registrales que se estipulan en el párrafo primero del Transitorio.

Se adiciona un Transitorio V bis a Ley 9635, en el cual se describe el tratamiento tributario para todos los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil, prestados en relación con proyectos registrados y visados por el CFIA. Dicho tratamiento se resume en el siguiente cuadro:

 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto de Ley indica además que, a partir del 1 de julio de 2023, todos estos servicios estarían gravados con la tarifa general del 13% y que la aplicación de la exención y las tarifas reducidas se realizará independientemente del tratamiento tributario que haya correspondido a estos servicios durante el primer año de vigencia de la Ley 9635.

El Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de 30 días hábiles, según el Proyecto de Ley, para realizar las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley de IVA; particularmente en su Transitorio VII, el cual versa sobre estos servicios con el objetivo de que exista seguridad jurídica y evitar que el Reglamento no contradiga lo dispuesto en la Ley, como sucede actualmente en varios otros casos referentes al IVA.

¡Mucho cuidado! Tanto el sector construcción como el sector turismo podrían considerar que estas modificaciones son beneficiosas, pero ¡en realidad no es así!

Las operaciones exentas no otorgan derecho a crédito fiscal, por lo que quienes pertenecen a estas industrias han estado (y seguirán estando) obligados a incorporar el IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios vinculados con su actividad económica a sus costos operativos.

Esta situación posiblemente genera un efecto de reducción en sus márgenes de ganancia, un aumento en el precio final de los servicios o una combinación de las anteriores.

Lo mismo sucede con las tarifas reducidas que, por no contar con derecho pleno a crédito fiscal deben trasladar ese diferencial de tarifas al costo por parte del prestador del servicio.

¡Deben prepararse para para gestionar adecuadamente sus procesos, sus flujos de cajas y sus sistemas informáticos, contables y fiscal! Ya para las empresas turísticas es Ley y para los servicios de construcción es cuestión de días para que lo sea.

En Grupo Camacho Internacional contamos con la experiencia y conocimiento necesario para asesorarlo en estos y más cambios por venir. Lo esperamos.

Escrito por: Alberti Rubi – Consultor de Impuestos 

La isla de la fantasía

La isla de la fantasía

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No puedo dejar de manifestar mi perplejidad ante el manifiesto escándalo del inocente descanso de fin de semana del presidente y su familia, así como de su compañero ministro quien, aparte de accionista de la sociedad que le dio hospedaje a la peregrina familia, es supuesto titular de la sociedad panameña del helicóptero que les transportó hasta el paradisíaco retiro.

No caeré, o evitaré hacerlo, en discutir los hechos sobre los que se conduce la investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público; por el respeto que merece esta fase procesal, a pesar de las descalificaciones hechas por el señor presidente; el presunto imputado de la posible causa de enriquecimiento ilícito, quien consideró abusiva la actuación de la “vindicta pública”, sea el Ministerio público.

Me referiré eso sí, como es inevitable para un fiscalista, a los diversos matices tributarios de lo que parece ser el viaje a la isla de la fantasía, con un “Tattoo” y el personaje de Ricardo Montalván que encarnaba al Señor Roarke, quien, por vivir en un paraíso fiscal, no tenía los problemas de los actuales involucrados en tan silenciosa escapadita escandalosa de un ciudadano común que solo quiere cumplir su sueño, hoy pesadilla.

Cuando Costa Rica decidió dar un giro a las mejores prácticas tributarias por necesidad, por un lado, dadas las condiciones de sus endémicos déficits fiscales, y por otro, debido al compromiso de cara a la incorporación como miembro número 38 de la OCDE – aunque hoy desteñido ahora por ministros de estado de baja calaña -, simplemente nos pusieron en el camino de obligar a todos los contribuyentes a una serie de obligaciones de tres dimensiones: formales, materiales y de vigilancia.

Sobre los deberes formales, desde el dictado de las normas uniformadas en factura electrónica, Costa Rica se pone a la vanguardia de muchos países. Inclusive de otros miembros OCDE, que, después de muchos años de desarrollo fiscal, simplemente no cuentan con un sistema integral e integrado de comprobantes electrónicos que no se limita a la factura, sino que incluye de forma integral las notas de débito y crédito; como los únicos medios lícitos, de gestionar cambios a la facturación en términos accesorios a ésta, cuando a errores o correcciones de la misma corresponde. Así como a un procedimiento tasado en la normativa actual 4.3 de factura electrónica, vigente desde 1 de julio de 2019, fecha que coincide con la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Sin embargo, se ha hecho evidente que este avance tiene excepciones en la “isla de la fantasía.” Quizá por alguna de las diversas causas de desnivelación de la cancha, la lejanía de la capital, la cercanía al capitán, ¡quién sabe! Pero lo cierto es que ahí parece que no se aplican las reglas de factura electrónica que sí aplican a todos nosotros los ciudadanos responsables y solidarios. Quienes contribuimos en el aspecto formal con esta normativa, que implica a la vez controlar el buen recaudo o cobro del impuesto de valor agregado, mismo que se crea en la Ley de Fortalecimientos de las Finanzas Públicas.

Recordamos algunas no pocas intervenciones del paseante presidente, en las que nos hacía conciencia a todos de la fundamental importancia que tiene la solidaridad fiscal en la solución de los diversos problemas de esta índole que enfrenta nuestro país. En el episodio previo a la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en la que nos convenció a propios y extraños que era fundamental que toda capacidad contributiva manifiesta en la capacidad de uso, goce o disfrute de servicios, quede al alcance de la sujeción al impuesto del valor agregado.

Y todos nos la creímos, debo admitir. Yo lo sigo creyendo así. Por eso me parece inaudito el escándalo fiscal que se ha armado por un uso, goce y disfrute que no es en sí el problema, sino la diversidad de irregularidades fiscales que de este acto menor se derivaron. Por tanto, pueden devenir en indicios de conductas aún peores que puedan resultar de investigaciones en curso.

También hemos escuchado los melodiosos discursos del Señor Presidente, sobre la necesaria solidaridad con la que se deben entender los esfuerzos que, en esta pandemia, todos debemos hacer para lograr que la ecuación del equilibrio y desequilibrio fiscal sea alimentado por quienes tenemos la bendición y privilegio de seguir teniendo acceso a la riqueza mediante nuestra condición de empresariado, empleo o de acto emprendedor.

Qué pena que en la “isla de la fantasía”, aun no se facture el IVA y que supuestos expertos en la materia, perfectamente desconocidos por todos, salieran pretendiendo decir que probablemente aquella “no sujeción”, por la que no se facturaba el impuesto era debido a las normas transitorias que aplican al sector turismo.

¡Mentirosos! Sepan todos que los únicos servicios turísticos a los que se les extendió el plazo para la exención prevista para actividades turísticas son los servicios para actividades adyacentes al servicio hotelero y de restaurantes, que ya, desde la antigua ley del impuesto sobre las ventas estaban sujetos a tarifa plena en el territorio nacional, incluida – he de imaginar – la “isla de la fantasía”.

Hemos de notar también en este fantasioso recorrido, que los derechos de los contribuyentes una vez más se han tirado por el suelo. ¡Qué de nuevo nos enfrentamos a la condición de flagrante ruptura de la confidencialidad de la información tributaria!

Confidencialidad consagrada en el artículo 117 que dice literalmente: “Artículo 117. Carácter confidencial de las informaciones. Las informaciones que la Administración Tributaria obtenga de los contribuyentes, responsables y terceros, por cualquier medio, tienen carácter confidencial; y sus funcionarios y empleados no pueden divulgar en forma alguna la cuantía u origen de las rentas, ni ningún otro dato que figure en las declaraciones, ni deben permitir que estas o sus copias, libros o documentos, que contengan extractos o referencia de ellas sean vistos por otras personas que las encargadas en la Administración de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales reguladoras de los tributos a su cargo.”

El deber de silencio de los funcionarios públicos respecto de los aspectos tributarios de un contribuyente en particular es pleno. No se puede divulgar. Sin embargo, en flagrante contradicción de este deber, la Administración Tributaria se ha prestado a la circense condición de la situación, ya de por sí vergonzosa por cuenta ajena. Esto es un llamado a la reflexión sobre la calidad de funcionarios… ¿en manos de quiénes descansan los deberes y obligaciones y los correlativos derechos constitucionales y legales de los contribuyentes?

En estas actuaciones debemos distinguir dos aspectos medulares para no caer en las cortinas de humo que siempre empañan el entendimiento. El funcionario público – el director de tributación en concreto – tiene el deber de aclarar el cumplimiento o no, de los comprobantes claramente “hechizos”, sin IVA. Esos que, por más que los remienden en abuso de formalidades notariales que no le dan carácter alguno de legalidad, sino que solo hacen más mella a la empobrecida imagen de quien – puede que a hoy, si tiene pudor y si hay coherencia – fuera, o aún sea el ministro de enlace con sector privado.

Recordemos que por menos que eso, se fueron el director de la administración tributaria, el viceministro de hacienda, y el ministro de hacienda. A esa lista se debería, indudablemente, agregar al señor Garnier.

Caso distinto es el actuar del Director de Tributación. Quien tiene la responsabilidad, y por probidad debería hacer lo propio, de guardar confidencialidad sobre la información el contribuyente de la “isla de la fantasía” según el artículo 117 transcrito arriba y aun así, ventiló detalles y por voluntad propia. Un actuar que debería acarrear consecuencias severas por su incumplimiento.

Tenga por seguro, don Carlos, que, en buen derecho, aparte de su renuncia le caben clara responsabilidad por las transgresiones al derecho del contribuyente al divulgar que la paradisiaca isla no emitió comprobantes electrónicos sino hasta tres días después. En su grave accionar además incluyó datos tan concretos como la hora de emisión y el supuesto inicio de actuaciones fiscalizadoras divulgado en medios.

Esto es distinto que aclarar la condición que deben cumplir los comprobantes. Lo primero es meritorio de un proceso de sanción inmediata y su carta de renuncia – es conmutativo, puede ir en cualquier orden -; lo segundo es cumplir con el deber debido de aclarar al público las características, que leyendo la norma deben cumplir los comprobantes electrónicos. Que por más notarizados que fueran los “papeles de la isla” simplemente no cumplen con aquellos requisitos de factura electrónica.

Debe entenderse, por último, que el minimalismo de los que defienden al señor presidente abusa de la inteligencia y respeto de los costarricenses, quienes cumplimos con el deber de tributar haciendo efectivo el deber de cumplimiento formal, material y de vigilancia.

Nos han hecho campañas para que nos aseguremos se consignen los impuestos correspondientes en el comprobante respectivo, para que participemos activamente en la labor de todos, de asegurarnos que los prestadores de servicios y proveedores de bienes están cumpliendo con la factura electrónica.

¡No se vale que le digan a los costarricenses, menos en un momento social tan complejo como el que vivimos, que el presidente, como “cualquier ciudadano” no tenía el deber de vigilancia!

El presidente y todo funcionario público mantienen su envestidura en todo momento, aun de vacaciones en la “isla de la fantasía”.

No es cierto que estemos hablando de un ciudadano común, estamos hablando del ciudadano que fue elegido por la mayoría democrática de un sistema de derecho para regir los destinos de la Patria.

Más allá de esto, estamos hablando del funcionario público de más alto rango constitucional del Poder Ejecutivo, quien, por cierto, firmó personalmente la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Viene ahora su defensa a tratar a los costarricenses como si fuéramos ignorantes diciendo que ese deber de comprobación y vigilancia no le tocaba a este consumidor común.

Da una gran pena tener ciudadanos sometidos al deber de contribuir y contribuyendo, en coexistencia con aquellos que, no respetando su propia envestidura, quieren ser ciudadanos de un abolengo incuestionable, propiciando el peligroso abismo de las hendiduras sociales, que solo son los vientos, que cuando se siembran, garantizan la cosecha de las tempestades.

Publicado en La República el martes 18 agosto, 2020

¿Estamos Listos para la Continuidad? 

¿Estamos Listos para la Continuidad?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dice la canción “reloj no marques las horas porque voy a enloquecer…”, en esta ocasión la recuerdo, no como canción de amor y despecho, sino más bien como presagio de la realidad que enfrentamos todos a partir del día en que nacemos.

El tiempo no se detiene y nos va llevando por los caminos de la vida.  Cada persona es responsable de forjar su propio destino.  Aplica tanto en el amor, como en lo espiritual y en el desarrollo profesional: ¡La vida se planifica!

Precisamente cuando el tiempo avanza y nos acercamos a la etapa de adultos mayores, los empresarios tenemos múltiples caminos para planificar el futuro de nuestra empresa y nuestro rol en ella:

  • Podemos decidir permanecer al frente de la misma hasta que la salud o el destino nos lo permitan.
  • Podemos decidir venderla y disfrutar de un patrimonio financiero; o,
  • podemos hacer una transición planificada para retirarnos y que nuestros sucesores le den continuidad al negocio.

Todas son alternativas válidas y viables.  La diferencia estriba en la situación particular de cada persona, su temperamento y su visión del futuro.

Muchos líderes permanecen al frente de la empresa familiar hasta el final de los días.

Algunos lo hacen por voluntad propia; a otros, la vida y la falta de planificación los va llevando por ese camino.  Las razones para decidir “morir con las botas puestas” pueden ser muchas y diversas.

El ego y la vanidad pueden ser tan grandes que no permiten ver el retiro como un paso natural en la vida.  En otros casos, no se logra encontrar una persona con la destreza y habilidad para sustituirnos, o eso se cree.  A veces simplemente se busca evitar el conflicto y resentimiento que puede ocasionar el tema de la sucesión, y por ende no lo ponemos sobre la mesa del dialogo.

Lo cierto del caso es que muchos propietarios nunca encuentran el momento correcto para retirarse.  Consciente o inconscientemente, se pospone el tema de la sucesión, dejando que sea el tiempo y el azar quienes decidan cómo y cuándo se dará el cambio generacional.

Vender la empresa es otra de las alternativas que muchos consideran cuando están cercanos al retiro.  La idea es atractiva pues permite transformar un activo productivo en un patrimonio financiero líquido.  Por fin podremos dedicarnos a viajar por el mundo, o retirarnos en una cabaña en la montaña a leer y hacer caminatas por la naturaleza. Comprar el condominio en la playa e irnos de pesca, o pasar temporadas con los nietos esquiando.  En fin, para algunos la venta de la empresa es la culminación exitosa de su carrera empresarial.  El momento de cosechar los frutos del trabajo y esfuerzo de tantos años.

Quienes opten por esta alternativa deberán elaborar una estrategia fiscal y patrimonial que les asegure un futuro exitoso, y así evitar que los frutos se los termine llevando el fisco o desaparezcan en una mala inversión.

Por último, algunos empresarios deciden hacer una transición planificada de su retiro, procurando que sus sucesores den continuidad a la empresa familiar.  No se sienten cómodos dejando que el azar y el tiempo dicten las pautas de lo que ocurrirá con su empresa.  Prefieren afrontar esos temas difíciles hoy, disminuyendo el conflicto futuro y fortaleciendo el dialogo para beneficio de las generaciones más jóvenes.

Usualmente quienes optan por esta alternativa quieren que sus hijos, hijas, nietos y nietas disfruten de los mismos beneficios que ellos han obtenido gracias a la empresa familiar.  Por tal razón, desean que la empresa permanezca en propiedad de la familia.

Quienes desean que su empresa continúe operando por muchos años más en manos de sus hijos y nietos, deben hacerse la siguiente pregunta:

¿Cómo sé si mi empresa se encuentra preparada para afrontar la transición generacional y lograr la continuidad?

Es conveniente recordar que la empresa familiar es un sistema con varias dimensiones y que la sucesión es un proceso a lo largo de la vida del empresario y su familia.

El enfoque debe ser holístico y abarcar temas como: la visión común, los valores, la estrategia empresarial, el desarrollo personal y familiar, entre muchos otros.

El análisis es complejo y usualmente es conveniente llevarlo acabo en la compañía de una persona o empresa con experiencia y conocimiento del tema, Un acompañamiento integral, que debe incluir – pero no de manera exclusiva – temas de finanzas empresariales y familiares, asuntos fiscales complejo, manejo de transiciones de mando y procesos de cambio.

Una combinación difícil de encontrar en una sola persona, por lo que es más conveniente apoyarse en una empresa que brinde un equipo de trabajo con experiencias múltiples, en la que sus socios, asociados y consultores sean expertos en una pluralidad temática.

La tecnología, eso sí, permite a través de herramientas de autodiagnóstico darse una idea del estado actual de su empresa familiar y su madurez para abordar un proceso de sucesión.

De una manera sencilla puede tener un diagnóstico claro de las fortalezas y debilidades por trabajar de cara al cambio generacional. El resultado final es un insumo de alto valor que le permitirá planificar los siguientes pasos en el desarrollo de un proceso de sucesión para la continuidad de su empresa familiar.

¿Está listo para autodiagnosticarse? Complete unas breves preguntas aquí: Y por supuesto, compártalo con su familia y actores clave de su negocio. ¡Le sorprenderá la variedad de respuestas!

 

Que mal se ve con traje prestado

Que mal se ve con traje prestado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando le invitan a una fiesta, una de las primeras preguntas que surgen es cuál es el código de vestimenta. Esta pregunta es coherente con el principio de evaluación de contexto, para determinar si estamos o no a la altura de las circunstancias para atender aquel evento con solvencia social procedente.

De igual manera se espera de los funcionarios, especialmente de los funcionarios a los que se invitan a posiciones críticas de gobierno. Cada uno debería, en este momento crítico de la historia, discernir entre aceptar la posición o, más bien, optar por lo más valiente… renunciar a ella por incompatibilidades o incompetencias propias o de sus compañeros de equipo.

Es difícil ser invitado a un partido de futbol, aceptar el reto y llegar vestido con traje de esgrima. No solo por lo ridículo de la condición, sino por el compromiso en que pone a los demás jugadores. ¿Quién y cómo le dirá al desubicado que llegó al lugar o al juego incorrecto? ¿Quién confirmará si solo sabe de esgrima o si realmente juega al fútbol? No importa cuál haya sido la invitación que recibió… ha llegado con un elegante traje blanco a embarrialarse en la cancha. ¡Peor aún! A embarrialar la cancha por la fata de competencias requeridas para jugar en la posición en la que se le ha invitado.

Escuché detenidamente un interesante foro de Lead University, en el que participaron, entre otros, el presidente del Banco Central, el presidente del CONASSIF, dos expertos económicos y el ministro de Hacienda. La actividad fue moderada por don Gerardo Corrales, quien hizo una excelente labor al liderar con la diversidad de aquel panel, donde todos eran jugadores idóneos para sus posiciones, tratando temas inherentes a las condiciones del sistema financiero ante la crisis económica que plantea la pandemia y los retos del informe de la OCDE.

Pero ¡qué mal se le ve el traje prestado a don Elián Villegas! Parece que al ministro de Hacienda le es fácil ver la mota en el ojo del hermano, sin prestar atención siquiera, por autismo de su inopia, a la viga de sus propios ojos. Realmente de gran pena ver a alguien tan desubicado en su traje de esgrima para el partido de fútbol. Definitivamente lo que le urge es darse cuenta de dónde se le ha invitado, dónde están sus competencias y por un pareo simple, concluir que por él y por el país, lo mejor que puede hacer es irse.

Habló don Elián de la grave situación de tener excesos de poderes concentrados en muchas superintendencias del sector financiero y cómo, tal como le complementaban algunos de los panelistas expertos, esto se traduce en una impredecibilidad de seguridad jurídica afecta al sector financiero de la economía. Cuando se refiere al tema, don Elián lo hace con alarde de conocimiento de aquello y de absoluto desapego del lugar que le corresponde.

Don Elián, el Ministerio de Hacienda es su espacio y usted está mandado a regir acciones inherentes al mismo. Se encuentra sentado en la más grande caja de pandora, la Administración Tributaria, esa de la que usted, Don Elián, es temporalmente el jerarca.

Desconoce don Elián cual es el nivel de normativa ilegal, diversas y perversa que generan sus subalternos, en la Dirección General de Tributación, donde no ha aterrizado, cuando por motivos inexplicables prescinde de lo técnico para volver a lo de siempre, de cabeza a pies de la Tributación.

En diversas ocasiones inclusive el señor presidente del banco central, por ejemplo, menciona en el foro que uno de los asuntos que agrava la condición de evolución y competitividad del sector financiero es el déficit fiscal, que succiona los recursos de los ahorrantes en detrimento de la evolución del sistema financiero. O don Elián no entendió lo que tan claramente se le dijo o no fue capaz de agacharse para recoger el pañuelo.

También le advirtió el presidente del Banco Central que sus incapacidades para dar acción a las urgentes demandas que resuelvan el déficit fiscal simplemente hacen que las tasas de interés se sigan manifestando en presiones al alza. Mas allá de que, con las calificaciones positivas de los organismos competentes, simplemente reduciríamos el costo de capital y la accesibilidad a recursos del sistema financiero al sector de la producción de riqueza real, el decadente sector privado. Ese que sufre el embate de la pandemia de orden sanitario, financiero y de inoperancia estatal. Esa última, la peor de las tres.

¡Qué pena que tenga tan claro lo que no le corresponde y tan difuso lo que le han encomendado! ¡Qué pena, don Elián! Que su posición respecto de la OCDE sea una de disidencia flagrante pero solapada. ¡Qué pena! ¡Qué gente con las habilidades correctas, con idoneidad para sus puestos deban renunciar por ponencias tan absurdas como las del Ministerio de Hacienda y la Cancillería!

Lástima, porque es claro que el liderazgo necesario para pasar con éxito las revisiones de pares ante la OCDE surge del COMEX y debe reconocérsele como tal. Como el líder de la tarea desde lo técnico y lo práctico, como puente entre sectores públicos y privados. Un trabajo que nos tiene a un paso, con la aprobación del Congreso, de aceptar la invitación hecha a Costa Rica para formar parte de ese grupo.

Sus disociaciones explican la lamentable pérdida de una líder natural, por mérito propio, del proceso, doña Dyalá Jiménez Figueres. En cambio, mantenemos funcionarios tan desubicados como el actual ministro de Hacienda.

Perder una persona idónea para la posición adecuada por la incapacidad de otros actores desalineados solo denota que el director técnico, de nuestro hipotético equipo de fútbol, poco conoce de alineaciones y de la conformación de equipos de alto rendimiento y eficacia. Fundamentales para cumplir con los intereses de orden superior del país.

Don Carlos Alvarado, el director técnico, señor presidente, al alinear un equipo se debe buscar pareo entre las capacidades de los jugadores y las competencias de cada puesto. Don Carlos, sus destrezas para esto han sido erráticas. Cuando tiene un buen ministro de hacienda, por ejemplo, opta por interese mezquinos y lo saca del juego. Cuando tiene una extraordinaria ministra de comercio exterior, la deja ir por otros intereses hasta ahora difusos que se verán con el transcurrir del tiempo.

Don Carlos, que pena decirle, pero cuando uno está haciendo alineación debe ser coherente con la etimología de la palabra. Debe alinear destrezas con requerimientos y necesidades. ¡Qué pena también he de recordarle que el entrenador tiene en su equipo uno de titulares y otros en espera en banca! Lo que pasa es que usted ya se quedó sin unos y otros. Ha tenido que alinear a miembros de las graderías, eso, decía uno de los fundadores de su partido, que de Dios goce, don Alberto Cañas, es la peor de las cosas que le puede ocurrir a un país. ¡Cuando se mete a jugar los de la gradería! Tristemente está ocurriendo eso hoy en Costa Rica.

Estamos en las puertas de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que requiere de destreza técnica, emocional y diversidad de capacidades de orden coherente con el estado de la situación país. No podemos ir a negociar con representantes de las graderías… esto puede salir demasiado caro para Costa Rica.

Debemos pactar, sigo insistiendo, pero con los motivos correctos. Con los objetivos claros y los interlocutores idóneos. Extrañamos los tres elementos de esta fórmula, pero urge poner en la mesa a nuevos actores que se caractericen por su conocimiento, no por ser simples “yes man”, señor presidente.

Publicado en La República el martes 11 agosto, 2020

 

Viendo los vientos que se avecinan

Viendo los vientos que se avecinan

 

Estamos acercándonos peligrosamente a una condición de tormenta económica resultado de dos fenómenos que han confluido en el año 2020. Uno de ellos con antecedentes ya muy anunciados desde hace catorce meses y el otro sobrevenido como el fenómeno de salud mundial más fuerte de la historia reciente.

Sobre el tema pandémico es mucho y poco lo que podemos hacer, no siendo mi materia, solo puedo recomendar que sigamos cuidándonos y dejándonos guiar por quienes tienen y ejercen de una forma extraordinaria la materia sanitaria del país, lo que les hace líderes ahí, pero no en lo que de fondo se va a plantear de seguido.

Desde hace catorce meses el gobierno de la República en cabeza del presidente Alvarado prometió la entrega de una hoja de ruta de reactivación económica, cuando los signos vitales de la economía de aquellos meses de los primeros dos trimestres de 2019, sin pandemia, ya eran preocupantes, pues la desaceleración económica estaba declarada y los sectores productivos veníamos de una gran tomadura de pelo, perdón la sinceridad, de un mal llamada acuerdo nacional.

En ese acuerdo nacional, convinimos durante diálogos empresariales, los que generamos la riqueza y el empleo, que era necesario ceder en lo tributario, sometiéndonos a una transformación sustancial del sistema tributario a cambio de varios aspectos de parte del sector público: el fin de los privilegios y los favoritismos de algunas “vacas sagradas sectoriales” en orden sobre pensiones, exenciones y tratos preferenciales.

El compromiso incluía la aplicación de una regla fiscal de rigor en el gasto, con cobertura amplia y que desde el principio tenía todo tipo de enemigos en los sujetos afectos; pero, fue aquello lo que provocó el acuerdo para evitar caer al barranco del impago de la deuda y la consecuente y desconcertante situación muy bien dramatizada por la actriz de Hacienda del momento.

Se habló de la necesidad de que el acuerdo logrado y cristalizado en el mes de diciembre de 2018 con la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, continúe con un programa de reducción sistemática del Estado, que incluía la reducción de algunas instituciones, cierre de otras y ventas de las que tuvieran algún valor de rescate en aquel momento. Hay que buscar los papeles de la entonces ministra de la cartera de hacienda, la vaina con la que amenazaba de la lista de entidades de las que iba a cerrar, de las cuales todas permanecen abiertas a hoy, a cargo de los hombros de los cada vez menos contribuyentes, sobrevivientes de esta mega crisis económica, en la que nos vamos enterrando.

Hoy es tarde para seguir hablando de reactivación económica. Son catorce meses que nos hemos quedado esperando al gobierno de unidad nacional, para que llegara con el indulto del muerto. Hoy ya no hay economía que reactivar, hoy estamos en una economía que requiere de activación vital, con varios componentes para ello que aún no vemos cristalizados.

De los catorce meses de espera, solo los últimos cinco han destruido centenares de miles de empleos para siempre. Han cerrado empresas de todo tamaño, emprendimientos y emprendedurismos se han visto sumidos en la más dramática destrucción de las fuentes mismas de la producción. Los responsables son dos: el preexistente de la carta que no llega y la pandemia.

Cuando escuchamos a las autoridades de salud hablar de las condiciones de riesgo para sobrevivir a la Covid-19, se daba una propensión de mayor riesgo cuando una persona padece de diabetes, es adulto mayor, experimenta tabaquismo, sobrepeso y la hipertensión. Ellos son más débiles para quedar enfermos y pervivir esta enfermedad.

Esta situación de riesgo es análoga al de la condición económica que tenía Costa Rica al entrar en la pandemia sanitaria. Simplemente todos los países del mundo estamos viviendo el mismo virus, sin embargo, no todos lo enfrentamos en la misma medida de riesgo económico.

Nuestro país venía con una economía débil, resultado de la falta de un equipo económico que fuera protagónico en lo técnico, siendo los intereses de una agenda oculta la que se va manifestando cada día de forma más evidente. Agenda que ha prevalecido, a los buenos en lo económico, o se les silencia o se les desplaza o reemplaza.

La carencia de conexidad de las acciones que toma el gobierno con su discurso es cada vez más evidente. Costa Rica no solo enfrenta la pandemia económica, sino que está sentada en una “bomba de tiempo” social que en el aumento abrumador de la desigualdad encuentra a su peor aliado, generando un estado de empobrecimiento que denigra a la persona humana, por un lado, pero alimenta a la vez la destrucción de los generadores de riqueza y empleo.

Entre más empobrecidos son los pueblos, menor es su capacidad de consumo, por lo que se empeora la posibilidad de quienes mantenemos con esperanza, tenacidad y fe el poder seguir generando empleo, empresa y bienestar. Nunca antes hemos tenido una sociedad tan desigual como hoy. Esto lo acusa, por cierto, con remarcada sensibilidad el informe de la OCDE que se ha dado a conocer. Una condición por resolver urgente, pues perdemos todos con ella.

Es paradójico que en un momento donde podemos decir que no hay más que enfrentar estas amenazas con otro gran pacto nacional; las partes y las posiciones de la voz del gobierno acompañen con su anunciado martillo, el corte a la fuente de la riqueza y con esto, dé el último golpee a la cabeza de tantas familias que son el rostro humano de la economía, dejando a los que generamos con qué pagar a los que nos martillan, en una posición de difícil entrada a ese gran pacto.

Los pactos se basan en algunas premisas que considero fundamentales. Por una parte, la confianza, pero esta está fragmentada, golpeada y perdida en el abundante caudal de la mentira que ha caracterizado los labios de la administración Alvarado Quesada. Esto ayuda poco y hay que resolverlo para propiciar aquella condición.

La otra premisa fundamental es tener una necesidad en común sobre la que pactar. Aquí parece que hay materia prima, pero se debe precisar qué es lo que definimos como necesidad. Si es la de alimentar el elefante rosado del Estado o la de salvar la digna condición de generar bienestar a través de la libertad de empresa.

Una vez acordado cuál es el elemento común de pactar, podremos tener resuelto este otro elemento.

Como último elemento – aunque no existen recetas de talla única a los pactos – encontramos la voluntad. ¿Hay o no hay una clara voluntad? ¿Es legítima y auténtica la condición de voluntad de las partes que asegure que, en el marco de la buena fe, con la participación de un mediador pactado como auténtico y creíble, se es capaz de sacar ese espíritu de llegar a acuerdos que han caracterizado la forma costarricense de hacer las cosas? Esa forma que este un país supo durante doscientos años: llegar a pactar aún en los asuntos más complejos, tejiendo, entre todos, la sociedad que nos caracterizó y hoy debemos reconstruir.

Para reconstruir debemos llegar a manifestarnos de forma libre, no condicionada, sin torniquetes. Con entendimientos que nos permitan dejar de estrangular a la gallina de “huevos de oro”, para que así los actores de lo económico, procuremos un nuevo pacto social más equitativo, donde haya más dignidad y mayor equidad. Donde las tormentas nos fortalezcan, nos lleven con ánimo y no nos entorpezcan con el riesgo de perecer en ellas.

Es tiempo de aclararnos, aun podemos, no demoremos. Debemos concertar sobre las bases de la democracia, la libertad de los derechos económicos, la protección de lo social mediante la dignificación del trabajo estable y bien remunerado. Un pacto que genere cada día más propietarios y menos pobres para que teniendo todos algo que perder, procuremos ganar entre todos las conquistas que otros nos heredaron. ¡Qué esas conquistas sean las de la actualidad con o sin pandemia! Para eso, de verdad que requerimos que todos los jugadores bajen sus cartas de navegación y escribamos juntos ese mapa de ruta.

Publicado en La República el martes 04 agosto, 2020