Monthly Archives: septiembre 2020

Ahora hablemos del gasto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos venido pasando revista por las opciones que se deben barajar en el momento económico tan crítico en que nos encontramos. Debemos romper un paradigma, hay que hacer cosas que, aunque nunca las habríamos imaginado en condiciones normales, al enfrentar condiciones anormales, solo queda como opción hacerlas.

Dentro de las causas del déficit fiscal que enfrenta nuestro país, se ha evitado de manera irresponsable por décadas entrar frontalmente a resolver el gasto del Estado; que en esta decadente situación fiscal nos pone al borde del abismo financiero errático de una crisis de dimensiones nunca vistas.

Todas las administraciones anteriores y la actual Alvarado Quesada se han caracterizado por ver por la ventana desde adentro el incendio de la cocina que tienen a sus espaldas. Ven como en el “mito de las cavernas” únicamente las sombras del problema y gritan a los que están afuera, que ellos – los de afuera – son los que se están quemando.

Este reiterado error de visión parcializada ha sido conveniente a la negación de la realidad misma. Si queremos encontrar soluciones que sean duraderas, nada mejor que buscar, encontrar y atacar las causas mismas desde una óptica concreta. A esto todas las administraciones le han tenido miedo y han sido serviles del elefante rosado al que temen por sus reflejos, pero del que se alimentan de manera golosa y glotona.

Acumular al menos un 80% del producto interno bruto en endeudamiento plantea la imperiosa necesidad de trabajar en varios frentes.

Para empezar, el frente de la verdad.

Decirle a la población de forma clara, distinguible y comprensible el estado real de la situación económica. Dejar de tapar el “sol con un dedo” es fundamental para que de manera informada los ciudadanos de todos los grupos: empresarios, trabajadores, desempleados, emprendedores, estudiantes y en general, con independencia a su condición, hagan conciencia clara basada en la verdad, de cuáles son las consecuencias de esta situación.

Siendo que el componente proporcional de la deuda respecto de la producción es tal, se debe trabajar en dos frentes que apuntan a parar el sangrado económico y social, que pone en riesgo el valor de la paz social y económica.

Por una parte, hay que trabajar en el estímulo de la producción nacional. Nombrar un equipo económico que tenga solvencia técnica, credibilidad personal, credenciales presentables y un compromiso de decir que no a todo embate populista que pretenda manipular y seguir maquillando con macabros propósitos la realidad de la economía en su condición actual.

Que dicte de políticas claras de estímulo económico, que ablanden las condiciones del empresariado, que fomenten la creación de empleo productivo, que brinden un marco de certeza para la toma de decisiones de los que cuentan con los medios materiales, humanos y tecnológicos para crear riqueza. Indispensables para que el denominador de la ratio de deuda/producción aumente y haga tender a la baja la relación porcentual indicada.

En materia de deuda indudablemente el asunto pasa a la vez por dos actos simultáneos y urgentes: por una parte, recortar de manera urgente y abrupta el tamaño del Estado, causa fundamental del desequilibrio de las finanzas públicas.

A la vez, cuando se haga esto, debe reestructurarse la deuda costarricense tanto interna como externa, para evitar la materialización del impago de la deuda, sea el mencionado y temido “default”, donde, por la estructura de inversión de los agentes financieros del país, mucha de la deuda o papel costarricense se encuentra en manos de entidades financieras como bancos, fondos de inversión, instituto de seguros, fondos de pensiones y el público en general.

La reestructuración debe contar con la sabia acción de corregir las causas a las que aludiremos más adelante, ya que de no hacerse simplemente estaremos de manera irresponsable como sociedad, destinando a nuestros hijos y nietos a resolver de manera traumática, lo que hemos sido blandengues en resolver.

Esta condición de riesgo sistémico ya era de especial advertencia en el informe económico que rindió la OCDE en el mes de julio, al que nos hemos referido en otras ocasiones, que advierte que esta estructura interdependiente de buen pago del Estado – cada día con menos capacidad de cumplir – hace que un colapso en la capacidad del papel de deuda costarricense termine en dejar en abandono a todo el sistema financiero nacional, así como a sus ahorrantes en consecuencia.

Se rompería el mito de la seguridad plena de la cobertura de los depósitos de los ahorrantes, ante la preconcepción de que los depósitos son garantizados 100% por el Estado e n el caso de los bancos estatales; lo que puede desencadenar en una corrida de los ahorrantes del sistema financiero con consecuencias impagables en el sistema.

Esto causaría una destrucción del remanente sistema económico, sea el financiero ya que la economía generadora de riqueza real y productiva ha sido socavada a tal nivel que simplemente quien tiene recursos solo considera la razonabilidad de continuar en la inversión de estos en bienes productivos, lo que contraviene la tendencia de credibilidad que es de obligado marcaje para aumentar la producción.

Siendo que es el gasto la causa primordial de la condición de déficit, pues se puede y debe resolver también desde la óptica del gasto. Ya analizamos las consecuencias que tiene el pretender hacerlo en función del ingreso tributario para la economía en su conjunto en nuestro artículo de la semana anterior.

Aunque es de recibo decir que el trago de hierbas amargas deberá pasar indudablemente por la reducción sustancial y sostenida del gasto y la contribución adicional de impuestos, especialmente concentrando la carga en quienes llevan poca o ninguna carga directa.

Reducir al menos en un 20% el tamaño del gasto público es una necesidad de orden impostergable, esto requiere de varios pasos que debemos racionalizar, siendo los tres elementos constitutivos del gasto público más significativos: el servicio de la deuda tanto interna como externa, los costos de las diversas redundancias institucionales del Estado, así como los sistemas de exención que provocan gasto público como consecuencia de la sujeción a la carga tributaria y la eliminación por disposiciones tanto legales como ilegales, que dispensan de pago de estas cargas tributarias.

Cuando se haya reducido el Estado, respecto de las remuneraciones de los funcionarios restantes, el planteamiento deberá venir por el tema de las compensaciones basadas en un concepto real de salario único. La irracional competencia de un Estado que paga como rico, para administrar una sociedad que vive en una creciente y preocupante pobreza y empobrecimiento, se convierte en un alto indispensable, no hay cómo continuar en esa vía de gestión de la cosa pública.

Reducir y uniformar las compensaciones de los mínimos de funcionarios que deben quedar en un Estado con sentido de responsabilidad y visión de largo plazo, pasa por dejar cesantes a muchos funcionarios.

Lo entendemos, lo comprendemos, nos parece lamentable, pero esa es una factura concreta e identificable, cuyo costo de desmantelamiento se puede inclusive distribuir en el tiempo, para cancelar los extremos laborales de la ruptura y hasta daría espacio para que, por un plazo determinado, se subvencione a ciertos grupos hasta su reinserción en el sector productivo, digamos, por decir algo, con un plazo máximo de dos años.

Una vez que tenemos un Estado sin redundancias simplemente hemos sanado la fuente de las células cancerígenas que atacan el cuerpo social de nuestra patria, que celebra hoy, en medio de esta triste realidad su “independencia”, en uno de los momentos de mayor dependencia económica de la historia, con uno de los mayores retos que consiste en reestablecer la paz como la consecuencia de la justicia.

La paz no es carencia de guerra. Es consecuencia del equilibrio en la gestión de los intereses diversos. No es la ausencia de conflicto, sino el manejo sano y constructivo del mismo, para construir sobre las diferencias y la diversidad y no simplemente ahondar las barreras sino tender puentes.

Costa Rica en la persona de verdaderos estadistas lo supo tejer y construir en el pasado. Solo debemos contar con la humildad de reconocer que las cosas no se han venido haciendo de la manera correcta por décadas, que la condición de la pandemia solo vino a poner de manifiesto esta situación.

Corresponde en el aquí y en el ahora dejarlo solventado; para que eso, de lo que tan orgullosos nos sentimos – aunque sea en la base de la nostalgia – nos permita hacer la tarea de la reconstrucción requerida y podamos volver a dar sustento real a ese sentimiento que nos da fuente para ser orgullosos costarricenses. “Sepamos ser libres, no siervos menguados,” la frase del Himno de Independencia que, hoy más que nunca, se convierte en un llamado para todos nosotros, actores protagonistas de esta página de historia.

La libertad implica el ejercicio responsable de las opciones; para esto se requiere de información transparente, no de opaca y turbia propaganda de gobierno y de partidos. Exigimos que, para ser libres, se nos informe de manera clara, a todos, la condición real de la actual situación que como país estamos sumidos.

Publicado en La República el Martes 15 de Septiembre de 2020

 

 

Se va El Jefe… ¿y Nosotros?

Se va El Jefe… ¿y Nosotros?

 

“Mi jefe está mayor, la noto cansada y con menos energía.  La empresa se está moviendo más lentamente para ajustarse al ritmo de ella y me preocupa que ya no tenga la misma capacidad para guiarnos como lo hizo en años anteriores y que la empresa se vea afectada.  Muchos dependemos de esta empresa, con el salario que ganamos acá mantenemos a nuestras familias.”

Una preocupación recurrente de altos ejecutivos en las empresas de diversas industrias es la incertidumbre creada cuando el rendimiento del líder de la empresa disminuye, provocado por el paso de los años.  Es un tema muy difícil de abordar para sus allegados cercanos sin ser etiquetados como desleales, revolucionarios, rebeldes y hasta oportunistas.

En los colaboradores cercanos hay gran ansiedad, pero también algunos excelentes talentos, altamente comprometidos con la empresa y el líder.  Si no se aborda adecuadamente, estos talentos simplemente empiezan a buscar horizontes en otras empresas o en sus propios emprendimientos, como resultado de la zozobra que genera la indefinición de quien sucederá al líder cuando se retire, o peor aún ¿quién entraría a liderar, en caso de una muerte repentina?

Desafortunadamente, a muchos buenos líderes les cuesta trabajo reconocer el momento correcto para retirarse.  Precisamente porque es un paso difícil de dar que conlleva una carga emocional muy fuerte.  Entre otras cosas, el retiro implica ceder el poder, dejar una posición de prestigio y renombre que acarrea el puesto desempeñado.  Retirarse implica aceptar que se cierra una etapa de la vida.

Indudablemente la persona que se retira es la más afectada, y por consiguiente deberá planificar muy bien su salida.  ¿Cuáles serán las nuevas actividades a las que dedicará su tiempo? ¿Cómo va a mantener su estilo de vida, tiene los recursos financieros necesarios? ¿Cuándo y cómo lo va a comunicar? ¿Quién será su sucesor(a)?

Sin embargo, la sucesión también involucra y afecta a muchos otros grupos de interés: la familia*, los clientes, los proveedores, los acreedores, otros socios y a los colaboradores de la empresa.

Por ejemplo, para clientes y proveedores el retiro puede ser la pérdida de su principal contacto en la empresa.  Para los colaboradores la salida del jefe puede representar desde un cambio abrupto en sus condiciones laborales hasta el despido.

Todo el esfuerzo que es apreciado por el líder de sus más fieles e idóneos colaboradores puede irse por la borda por carencia de un buen plan de sucesión debidamente comunicado a todas las partes involucradas, los sucesores no necesariamente conocen siquiera, ni reconocen mucho menos, el valor que aporta este personal clave para la continuidad del negocio.

Para prevenir problemas futuros, en el caso de los colaboradores de la empresa y especialmente aquellos que pertenecen al círculo de confianza del empresario o gerente general, se debe procurar que la salida del líder se haga de forma planificada.

Aunque los planes no garantizan el éxito, definitivamente ayudan a tener una sucesión ordenada donde predomine el diálogo y se busque el consenso.  Se deben definir claramente los procesos, las expectativas deben ser acotadas y las partes deben conocer de manera oportuna los actos que preparan la salida del líder para que, en el peor de los escenarios, la empresa mantenga su valor y de manera ideal sea más bien la renovación del liderazgo una oportunidad para  dar nuevos aires al negocio.

Una transición generacional desordenada y sin planificación usualmente crea conflicto, desconfianza y produce un mal resultado que se materializa, en concreto, en la pérdida parcial o total del valor de la empresa en marcha.  El mejor escenario para todas las partes involucradas, incluyendo a los colaboradores de la empresa, es que exista orden y claridad en lo que va a suceder.

Una sucesión bien planificada toma en cuenta factores críticos tales como:

  • El desarrollo de un proceso de evaluación para candidatos sucesores.
  • La selección del sucesor o sucesora.
  • La creación de un plan de desarrollo para el sucesor(a).
  • El desarrollo de un plan estratégico para la empresa.
  • El diseño de un Protocolo de Empresa para establecer las reglas de participación y empleo, especialmente de los familiares.
  • El desarrollo de un plan de participación y retención de ejecutivos clave, y
  • Un plan de retiro para el líder de la empresa.

La sucesión será la última prueba de éxito empresarial que afronte el empresario.  Si la transición fracasa, es muy probable que la empresa se debilite, cierre o termine siendo mal vendida; y el esfuerzo de toda una vida se desvanecerá.

Es importante ayudar al líder de la empresa para que pueda dar este difícil paso y ejecutarlo con éxito.  Indirectamente se le estará ayudando también a todas las otras personas que tienen una relación con la empresa y dependen de su continuidad.

*Entiéndase por familia el concepto tradicional de familia nuclear, así como el concepto contemporáneo más amplio y general.

Efectos de cambio en tarifas

Efectos de cambio en tarifas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque cualquier cambio en el que se grava o se determina cómo se calcula base de aplicación de un gravamen debe pasar, indudablemente, por aprobación legislativa como mandato constitucional de reserva de Ley, esta es una iniciativa que, usualmente, es impulsada por el Poder Ejecutivo. Igual sucede con la definición de tarifas aplicables y la definición de quiénes son los obligados a pagar una nueva obligación tributaria.

Como estamos en las puertas de una revisión estructural de los ingresos del Estado haremos un repaso de en qué consisten estos.

Los estados democráticos de derecho se plantean, ya sea por mandatos de orden constitucional primarios o como consecuencia de principios inspirados en ellos, por medio de normas legales, los deberes que debe cumplir el Estado y las instituciones o medios materiales, humanos y tecnológicos que le permitirán el cumplimiento de estos objetivos.

Son de irrenunciable reserva al Estado costarricense, los deberes del cuidado de la vida humana, por tanto, todos los medios instrumentales a esta, como lo son la sanidad y la seguridad ciudadana son deberes que tutelan el principio fundamental.

De igual forma, como país desde los albores de nuestra vida republicana, optamos por tener una educación universal para los habitantes de la República. Un instrumento de dignificación de la condición de la persona, así como un medio de desarrollo económico, con preferencia a la inserción económica basada en el talento y no en la competencia por el hambre.

Hemos optado como país a una preferencia por la protección de la condición de los trabajadores en ejercer sus derechos y garantías. Consagramos desde el orden constitucional y complementos de orden normativo laboral, normas que sean acordes a la condición de un salario mínimo, un sistema solidario de orden contributivo para la sustentación de la persona en incapacidad temporal o permanente de trabajo, así como una dotación de retiro acorde a sus contribuciones, con algunos matices cada vez más regresivos.

Como nación, también hemos optado por un modelo de desarrollo basado en el equilibrio del desarrollo económico; con una vocación preferente por la naturaleza como parte instrumental a la dotación de unas condiciones de calidad de vida de los habitantes no solo para nosotros, sino con una clara contribución al mundo. Nuestra huella de limpieza ambiental representa casi el 25% del territorio nacional dedicado a la conservación de los suelos, el aire y las aguas de nuestro país, para nosotros y para el mundo.

Todas estas opciones de las funciones que como Estado nos planteamos tienen indudablemente en un mundo económico, un uso alternativo que implica el costo de mantener, sostener, financiar e invertir, no solo en las prestaciones actuales sino en las necesarias herramientas para dar sustentabilidad futura a dichas necesidades.

Este pacto social se vulnera de diversas formas. Por una parte, cuando el deber de hacer lo debido por norma legal no se cumple a cabalidad de la manera más eficiente, sabiendo que los recursos de todos son los que se comprometen en cada acción y en cada omisión.

Tanto en aquellas situaciones en que el contenido presupuestario para el cumplimiento de dicho mandato, parte de ese pacto social, es inexistente o en las que su contenido se ve – como en este momento – comprometido por la escasez de los recursos tributarios sanos.

La ecuación de ingresos del Estado la componen fundamentalmente los tributos, los precios públicos de los servicios que este presta en condición de participe de la economía – modelo por revisar – así como, de los financiamientos tanto de orden local como internacional que obtenga.

La Administración Alvarado Quesada si bien es protagonista del cambio más significativo de la norma legal de modernización del sistema tributario costarricense, ha sido también la más irresponsable en su custodia, puesta en marcha y rigor de aplicación… y no solo en la recaudación tolerando con ojos abiertos y bocas cerradas la evasión abierta y flagrante.

No se ha limitado solo a esa falta de rigor, sino que también ha propiciado el menoscabo de la sanidad fiscal sosteniendo normas reglamentarias en IVA que son absolutamente ilegales. Regalando beneficios a grupos de interés concretos e identificables, con la mera lectura de la norma.

De igual forma ha sido protagonista de la irresponsabilidad de la administración de la regla fiscal. Regla que se ha roto, rompiendo la parte del pacto social que nos engatuso a todos los que apoyamos la necesaria reforma en lo tributario a cambio de aquello que, aunque plasmado en la norma legal, ha quedado, una vez más, en simples promesas huecas, como hueco es el discurso con que nos sigue rodando la Administración Alvarado Quesada.

Por ese motivo, no tiene ni cara ni autoridad moral – si es que de esto entienden – para llegar y promover, propiciar y comprometer eventualmente cambios en tarifas en el impuesto sobre la renta, con incrementos de la actual tarifa general del 30% al 35% o más. Está demostrado que, a mayor tarifa de impuesto sobre las utilidades de las empresas, los efectos esperados de la recaudación se convierten más bien en recaudación reducida.

Gravar las utilidades de las empresas con unas tarifas mayores sí promueve la no inversión en el país, desestimula la creación de empleo – con la actual condición de desempleo – no siendo contestes a las necesidades sociales que, para mantener el pacto social, requerimos.

La recaudación baja debido a dos fenómenos. El camino legal, que consiste en que, quien iba a hacer una inversión no la hace – o al menos no en Costa Rica – y el que respecta a la mayor estimulación de la evasión fiscal – acto ilegal que, está demostrado se incrementa – con una Administración Tributaria incapaz desde su cabeza hasta sus pies de combatir este flagelo.

Aumentar la tarifa del IVA del 13 % actual al 15 o 16% es simplemente inaceptable cuando los índices de actividad económica real han caído de manera dramática consecuencia del estrangulamiento del empleo y la empresa. Encarecer los bienes y servicios de quienes tienen menor ingreso, o ya carecen de esto, es solo cavar de manera profunda en la fosa de la recesión, donde tendremos cadáveres resultantes de la destrucción del sistema de libre empresa que es uno de los principios constitucionales más vulnerados por la actual administración.

Aumentar la tarifa del IVA no puede ser de recibo en coexistencia con seguir de manera ilegal entregando exenciones ilegales, que no fueron aprobadas por los diputados. Los facultados para otorgar – por principio de reserva material de ley – exenciones como parte de la potestad tributaria que le encomienda el artículo 121.13 de la Constitución Política.

Como ciudadanos debemos exigir a nuestros diputados tomar control de estas propuestas cuando les lleguen y condicionar cualquier posible aumento – eventualmente necesario – para que, de darse, ocurra en consecuencia de al menos dos años consecutivos de reducciones permanentes en el tamaño del Estado, en la eliminación definitiva de los sistemas de privilegios de orden salarial, con consecuentes repercusiones en las pensiones de las “vacas sagradas”, que habiendo aportado poco, siguen “mamando” mucho.

¡Solo así! Viendo para creer. Toda posible presunción de buena fe de la actual administración ha sido desbaratada por el Poder Ejecutivo desde su cabeza hasta sus pies. Ha hecho mérito la Administración Alvarado Quesada para que no se le pueda dar lugar a siquiera dudar en su favor. Lo han destruido, han lapidado todo su capital relacional, su credibilidad y han burlado al pueblo de Costa Rica.

No a cualquier aumento de tarifas de impuestos de renta ni de IVA. Antes deben reparar tanto el tema de la reducción sostenida y sustentable del Estado, como ampliar la base a todos los contribuyentes, eliminar privilegios en lo público y en lo privado por igual.

Solo así veremos materializado el principio constitucional de igual ante la ley, consagrado en la Constitución Política, tan maltrecho, por cierto, pues hemos hecho de la igualdad, una condición de castas y estamentos, que son vientos sembrados que solo cultivarán tempestades.

Publicado en La República el Martes 08 de septiembre de 2020

Estudio Económico de la OCDE para Costa Rica: Elementos tributarios

Estudio Económico de la OCDE para Costa Rica: Elementos tributarios

Costa Rica es el miembro número 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) luego de una votación unánime en el mes de mayo. Tan solo dos meses después, la Organización publicó el Caso de Costa Rica de los Estudios Económicos de la OCDE.  

No resulta descabellado pensar que este estudio se utilice como insumo en la formulación de políticas, en particular las de índole tributaria que recogemos en este artículo.  

Uno de los principales mensajes del Estudio es que la implementación plena y oportuna de la reforma fiscal es crítica para restaurar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, asegurar la estabilidad macroeconómica y establecer las bases para mayores ingresos y mejoras más amplias en los niveles de vida.  

Revisaremos las sugerencias del Estudio para aumentar los ingresos fiscales, tales como modernizar la recaudación de impuestos y eliminar exenciones de impuestos. 

Costa Rica tiene mucho espacio para ampliar las bases impositivas sin aumentar las tasas y mejorar la combinación de impuestos. Las recomendaciones de alternativas para evaluar, puntualmente, en esta línea son las siguientes: 

  1. Gravar las utilidades de las cooperativas. 
  1. Gravar el aguinaldo. 
  1. Gravar el gasto en educación privada y salud a la tarifa general del IVA (13%).  
  1. Trasladar gradualmente carga impositiva desde las contribuciones a la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad. 

Con respecto a la primera recomendación, el Estudio indica que algunas cooperativas disfrutan de condiciones monopólicas en mercados clave y se benefician de la protección comercial, por lo que se justifica gravar sus utilidades. 

En relación con el aguinaldo, indica que este beneficia particularmente a contribuyentes con más recursos, por lo que sujetarlo al pago de impuestos se alinea con la búsqueda de la equidad. 

Referente a la tercera recomendación, la OCDE indica que gravar el gasto en educación privada y salud a tasas reducidas del IVA es particularmente regresivo. Beneficia desproporcionadamente a hogares de altos ingresos. 

Finalmente, respecto al traslado de carga impositiva, indica en el Estudio que la estructura tributaria actual depende excesivamente de las contribuciones a la seguridad social (un tercio de los ingresos totales). Las contribuciones de los empleadores a la seguridad social son relativamente altas (desalentando la formalidad) mientras que la recaudación de los impuestos a la propiedad es relativamente baja. Lo que se propone es reducir las cargas sociales al tiempo que aumenta el impuesto a la propiedad. Lo primero incentiva la formalidad y lo segundo reduce la desigualdad. 

Como participantes del sistema económico de Costa Rica, resulta importante tener presentes estas medidas sugeridas por la OCDE, de forma tal que, contrario a ser tomados por sorpresa en su eventual implementación, podamos anticiparnos y considerar cambios que nos ayuden gestionar las medidas dentro de nuestras organizaciones. 

 

Escrito por: Alberto Rubí, Consultor de Impuestos 

Llegó el FMI

Llegó el FMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos una aprobación mayoritaria de 40 diputados para el crédito rápido con el Fondo Monetario Internacional. Este es solo el inicio de un camino de transformaciones forzadas en el ámbito de lo económico, en concreto en temas estructurales que Costa Rica ha venido procrastinando de forma recurrente.

Si bien este primer crédito por más de quinientos millones de dólares es un mecanismo de salvavidas temporal, es también el puente a la siguiente facilidad de crédito de dos mil setecientos millones de dólares, que son fondos estructurales que comprometen una serie de cambios que debemos empezar, como sociedad, a digerir y de los que se tiene alguna idea, a pesar de la falta de transparencia, claridad y reiterada falta de comunicación del Poder Ejecutivo.

En tesis de principio, desde la óptica fiscal es donde debemos hacer cambios estructurales profundos. Muchos de ellos ya los conocemos porque formaron parte de pasados proyectos de ley que no llegaron a ver la luz, indudablemente no son extraños a los costarricenses.

Pretendo enunciar algunos de los temas que estarán en el tapete de las discusiones de los próximos meses en el país. Solo haré descripción de los asuntos para que, cuando corresponda, se haga la discusión del menú que habrá que comer con sus pro y contras. Es un acto de preparación a una comida amarga, por la que tendremos que pasar como sociedad en esta etapa de ajuste estructural irrenunciable e impostergable.

Renta mundial. Este es un concepto de muy amplio calado donde ilustrados ignorantes han hecho alarde al referirse al mismo. Falacias que son las que históricamente han detenido la inclusión en la base de la tributación de los residentes o nacionales – ya veremos cuando haya un proyecto serio. Lo que no es de recibo es que en las condiciones que vive el país, sigamos aun con anacrónicos argumentos, peleando con molinos de viento, lo que denota la paranoia a contribuir que padecemos todos, pero algunos de forma fundamentalista.

El proyecto que corre en la Asamblea Legislativa es carente de mínimas características de orden técnico, por lo que debemos dar por ignorado el mismo, si es que en algún momento nos debemos plantear seria e ineludiblemente esta forma incremental de contribuir.

No es un tema ideológico solamente sino de que, al optar por un instrumento de compleja administración, es fundamental dar certeza jurídica con relación a los límites y los alcances de esta posible modificación. Debemos de evaluar sin aventurados simplismos y sin trasnochados argumentos ni a favor o en contra, pero con alineamiento a la necesidad de ver cuáles son las condiciones de necesidad y efectivo beneficio de esta inclusión normativa de amplio alcance.

El otro aspecto que será tema de gran debate tiene que ver con dos temas de orden tarifario, tanto en el impuesto sobre la renta como en el del impuesto del valor agregado. El aumento de la actual tarifa de renta del 30 al 35% al menos, deberá ser evaluado por sus efectos en la recaudación como en la conducta de la elusión y la evasión fiscal.

En cuanto a las tarifas del IVA, volver a las tarifas originalmente propuestas por el exdiputado Ottón Solís en su momento del 15%, que, de nuevo, nos lleva la reflexión de cómo debe compaginar este aumento inminente en las tarifas del impuesto con temas como la activación de la economía por medio del aumento en el consumo.

Este activación es el ariete del sistema económico, hoy y pre Covid-19 atascado por la incapacidad demostrada de la Administración Alvarado Quesada de cumplir con su prometido plan de reactivación económica en junio de 2019, el cual sentados seguimos esperando.

A pesar de que las personas físicas fuimos las primeras en sobrellevar en forma directa el impuesto al salario, parece que no nos quedaremos sin tener que contribuir más aún. Las cargas tributarias aunadas a las cargas sociales hoy sobrepasan en el extremo superior el 35%.

De recargarse más aún, debe evaluarse su efecto en los ingresos disponibles tanto para el consumo como para la inversión. Se debe verificar que el conjunto de medidas no termine siendo más caro como remedio que el mal que pretenden atacar.

Aún con el escándalo del manejo de los fondos de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, es probable que vengan propuestas de incremento de las contribuciones a los sistemas de seguridad social, eventualmente para fortalecer el sistema de salud – pagar lo consumido por Covid-19 – así como la pandemia de la corrupción, la más permanente de todas y la que ha desangrado a los bolsillos de los costarricenses.

Hay que ver con detenimiento el efecto de medidas como estas en la inclusión laboral al sector formal, así como el impacto en el pequeño nivel de empleo, que hoy apenas alcanza poco más del 50% de la población en condiciones de trabajar, cuando contamos desempleo y subempleo.

La venta de las instituciones públicas de carácter rentable es una larga discusión que debemos atender con un gran cuidado. La discusión ha sido sobre si vendemos las “joyas de la abuela” para comer mañana y cómo vamos a quedarnos sin lo que la abuela con cariño construyó… El asunto es que el cariño y el hambre son incompatibles. Lo verdaderamente preocupante de fondo, es el carente nivel de transparencia de la actual Administración Alvarado Quesada.

Preocupan los posibles entretelones de compadre hablado que tengan estos procesos, cuando salgan a “subastas libres” pero amarradas a compradores orquestados de previo por los propios promotores de estas iniciativas. Aunque pueden ser medios inteligentes, si se hacen con la torpeza de esta Administración nos quedamos sin las “joyas de la abuela” en una gran piñata, al más puro estilo del calco de la piñata sandinista de la década de los 80 del siglo pasado en Nicaragua.

Será también motivo de discusión estructural el proceso de eliminación gradual o inmediato de las exenciones en renta a los sectores activos de la economía en regímenes especiales, tales como las cooperativas y las zonas francas. Nuevamente, estos asuntos han sido parte de una agenda postergada y deben medirse en relación con competencia, competitividad y derecho comparado internacional; sin demerito de la necesidad de eliminar los efectos distorsivos en el principio de contribución de forma solidaria a los gastos públicos del Estado.

En la línea del Estado, vendrán discusiones sobre la reducción severa del tamaño de este, con una norma de empleo público que deje el enfoque blandengue. Que sea aleje del orden cosmético y se acerque a la reducción real. Reducir al menos en un 20% el tamaño del gasto público es una necesidad de orden imperioso, que tendrá que discutirse sin dejar de considerar el impacto en el desempleo total.

Cuando se haya reducido el Estado, respecto de las remuneraciones de los funcionarios restantes, el planteamiento deberá venir por el tema de las compensaciones basadas en un concepto real de salario único, con una base reducida de costo salarial de al menos el 20% también, convirtiendo los actuales pluses salariales en incentivos por desempeño efectivo de las funciones acotadas de un Estado que deberá ser eficiente inexorablemente.

Habrá que entrar en postergación de obras. No estamos para trencitos, estamos para salir adelante con los básicos antes y con los caprichos de la Señora después. Aunque tengan el endeudamiento pactado, ese ha sido el problema, que creemos que tener financiadas las obras las viabiliza cuando solo las compromete para que otros las paguemos.

Faltarán años hasta que podamos, como país, una vez saneadas las finanzas públicas, hacer inversiones de esta naturaleza de forma responsable. Debe hacerse con los pies en la tierra. Cosa difícil para quienes se transportan helicóptero. ¡Deberán hacer un aterrizaje forzoso!

Para aumentar la producción y activar la economía debemos mantener como país una visión de corto, mediano y largo plazo. No es de recibo que los recursos naturales, que por siempre hemos preservado, se pongan en riesgo en nombre de la producción. No se vale que ahora abramos los cielos a la minería para satisfacer las necesidades de unos midas conocidos y otros por conocer.

No podemos perder de vista que nuestra riqueza está en los recursos naturales, en la capacidad intelectual y la creatividad que de esta se deriva y que debe ser financiada en condiciones realmente acordes a los duros momentos que enfrentamos.

Así como es bueno que el gobierno tome mejores condiciones en el crédito, el sector productivo debe recibir una inyección significativa. Algo equivalente al 30% de las reservas monetarias en condiciones de créditos de interés equivalente al costo de financiamiento país. Tan bajo como eso, en términos de largo plazo, poniendo en las manos de la banca la responsabilidad fiduciaria de administrar estos recursos. Eso sí, evitando que ocurra la triste historia de la Banca para el Desarrollo, cuya bondad publicitaria supera a su real impacto en la economía.

¡Sí! ¡De todo esto tendremos que hablar! No hay postre, todo es amargo, pero es la época que nos tocó vivir. Debemos pagar el precio de haber sido permisivos y tolerantes del despilfarro; el que debemos exigir eliminar de cuajo en el mismo pacto social que debemos adentrarnos para poder acceder a la zanahoria de los dos mil setecientos millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.

Tenemos una aprobación mayoritaria de 40 diputados para el crédito rápido con el Fondo Monetario Internacional.

Publicado en La República el Martes 01 de septiembre de 2020