La ya de por sí creciente emisión de criptomonedas como un medio aceptable de pago, convirtiéndole en cuasi dinero, pues cumple con algunas – no todas – las características del dinero, genera, desde hace no pocos años, una visión plural respecto a la tenencia y transacción de estos medios.

El Banco Central de Costa Rica emitió recientemente un documento denominado “Algunas consideraciones en torno a las monedas digitales y las criptomonedas.” Un análisis bastante técnico de la naturaleza del dinero en sus versiones de efectivo y dinero bancario, así como la fuerte tendencia de uso del sistema SINPE, como el sistema de nacional de pagos electrónicos.

De esta diversidad de características del dinero, que llamaremos instrumentalmente tradicional, se derivan algunas características importantes de destacar para contrastarlas con las criptomonedas, entendiendo cuáles características comparten y cuáles le diferencian.

El dinero obedece a una convención social. En el medio social en el que circula, es aceptado para que sirva como forma facilitadora del comercio de bienes y servicios, sobrepasando la etapa del trueque que le antecedió.

Superamos etapas en la historia, donde los conceptos de dineros de una comarca, pueblo o pequeña jurisdicción tendieron a evolucionar a medios más ampliamente reconocidos y válidos, que se extendieron al inicio de nuestra era y que, a la vez, representan un concepto de orden político resultante de la soberanía de los pueblos.

El dinero, a su vez, sirve como medio de acumulación de valor o riqueza dineraria. Puede utilizarse para el ahorro, lo que económicamente se entiende como un consumo postergado, o más claramente como un uso futuro del medio de pago.

Una de las características fundamentales que tiene el dinero “tradicional” es la credibilidad y legitimidad social y jurídica del ente emisor, como institución que, en última instancia, honra el valor nominal del dinero papel o moneda.

La función de emisión, desde la creación moderna del dinero, le corresponde de manera predominante y principal a los bancos centrales de los países o jurisdicciones; siendo en la era moderna, también función de los bancos centrales de zonas económicas homologadas, como sucede con el euro y el Banco Central Europeo.

También tenemos casos de países en los que se ha adoptado una moneda de una tercera jurisdicción, cediendo la soberanía de emisión. Eso sucede en países como El Salvador, Ecuador y Panamá, que han adoptado el dólar estadounidense como su moneda de curso legal.

Las criptomonedas en cambio, que hoy superan las 11.000 en el mundo, son creadas por medio de encadenamientos informáticos, conocidos como blockchain. En estos “productores” tenemos una diversa gama de entidades de desconocida procedencia. Estamos ante uno de los fenómenos de desubicación natural e inherente a la economía digital, aspecto que complica una de las características fundamentales del dinero: la credibilidad del emisor.

La condición de legitimación activa para poder darle sustento y soberanía a la criptomoneda es uno de los valladares más importantes que enfrenta este fenómeno. Aparte de la dispersión de usos que se les atribuyen a las actividades económicas de la economía sumergida, un aspecto que puede ser fuente para las grandes fluctuaciones que ha tenido en su breve historia. Se han dado verdaderos columpios especulativos que la hacen pasar de la equivalencia de USD$30.000 a USD$60.000 en cortos períodos de tiempo. Le convierten en una suerte de instrumento de especulación, más que en un medio de pago o dinero en estricto sentido.

Sin embargo, la naturaleza del concepto de criptomoneda es el de ser un medio de pago, de acumulación de riqueza y susceptible de experimentar volatilidad incrementada por la ausencia de un ente regulador centralizado, legitimado y al cuál pedirle cuentas en caso de que las cosas no vayan bien.

Ante este panorama, tenemos desde los más arriesgados, en avanzada de adopción como El Salvador, país que adopta la criptomoneda Bitcoin como medio de pago, de uso y de aceptación general, contrastando con países más cautelosos como China, que en procura de evitar que su moneda se vea afectada como medio de especulación, ha preferido cerrar filas en el camino de la prohibición del uso de las criptomonedas.

Solamente la semana anterior, el Fondo Monetario Internacional advirtió a El Salvador sobre los riesgos e inconvenientes de la desafiante medida de adopción de las criptomonedas como medios de pago de curso legal en ese país. La advertencia marca la tendencia de los reguladores de la economía global respecto del uso y riesgos causados por estas monedas.

En Costa Rica tenemos una posición intermedia: Se da la tolerancia a riesgo propio. Cualquier agente económico puede adquirir por cuenta y riesgo propio estos activos monetarios. Una posición consustancial a las monedas de volatilidad media y alta. Es poco lo que tienen que ofrecer en su moneda soberana, mejor que la alternativa de moda, muy a pesar de que la volatilidad, en realidad no es comparable con la de la criptomoneda.

Desde la perspectiva tributaria debemos analizar lo que la Dirección General de Tributación ha anunciado. El tratamiento que pretende dar sobre las ganancias de capital, el impacto al impuesto sobre las utilidades – cuando los activos cripto estén inmersos en la actividad económica y afectos a esta, así como la errática conceptualización de sujetar al IVA el dinero en su forma de criptomoneda.

Las ganancias de capital son aquellas que resultan de una variación patrimonial positiva, resultante del cambio del valor en una transacción entre el valor de adquisición – con algunos ajustes permitidos por la norma – contrastado con el valor de enajenación del bien no afecto a la actividad económica.

Lo primero que se debe distinguir es si la variación en el patrimonio tuvo origen en bienes afectos o no afectos a la actividad económica. Si fue en bienes afectos, esta variación es pasible del impuesto sobre la renta, sobre la base contable. Si fue en bienes no afectos, lo que corresponde es el impuesto de ganancias de capital sobre la base de percepción.

Es fundamental que Tributación no vuelva a olvidar esta distinción para evitar aberraciones como las del criterio institucional 04-2021, que hizo que los contribuyentes enfrentaran grandes incertidumbres sobre el tratamiento del diferencial de cambio.

Cuando se trata de inversiones que resultan de los bienes no afectos y, dependiendo de la fecha de adquisición del activo cripto, la tarifa del impuesto de ganancias de capital es del 15% como regla general. Para adquisiciones anteriores al 30 de junio de 2019 alternativamente, se da una economía de opción con el 2.25% del valor de la transacción, siendo el valor que resulte menor y por tanto más conveniente al contribuyente; siempre respetando el concepto predominante de la percepción de la ganancia, o sea cuando esta se haga efectiva o se materialice.

Ahora bien, en materia de bienes afectos a la actividad económica que se denominen en cripto monedas, sean activos o pasivos, debemos entender que el tratamiento contable apropiado y el tributario consecuente según las distinciones introducidas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es el reconocimiento de las diferencias de valor de las cripto posiciones financieras, como gasto o ingreso, deducible o gravable sobre la base de devengo en el impuesto sobre las utilidades.

Sentido contrario respecto a pretender gravar con IVA las transacciones de compra de criptomonedas. Un craso error que desconoce la naturaleza económica y jurídica de las criptomonedas explicada en párrafos anteriores. Además sería una normativa que choca frontalmente con las no sujeciones del artículo 9 de la Ley del IVA, que deja como no sujetas las transacciones relativas a transar dinero, en el inciso 11 “La entrega de dinero a título de contraprestación o pago.”

Gravar con IVA el cambio de moneda “tradicional” por “criptomoneda” o por instrumentos financieros como estos, sería como gravar con IVA las inversiones en valores bursátiles, dadas las características indicadas en la introducción de esta entrega.

Siendo que la compraventa de criptomonedas no es otra cosa que el cambio de una tipología de moneda a otra que funciona como medio de pago, sin que medie la causa jurídica o hecho generador del impuesto que es la entrega de bienes o prestación de servicios, es un evitable atropello en el que la Administración no debe incurrir.

Nuevamente es sano recordarle a la Administración Tributaria la condición de la jerarquía de las normas. Ella no está facultada para hacer cambios de ninguna naturaleza a las normas de ley, ya que esto es prerrogativa constitucional otorgada a la Asamblea Legislativa en el artículo 121.13 de la Constitución de Costa Rica.

No saber es ignorancia, actuar como si se supiera es atrevimiento tozudo de una Dirección de Tributación que ha demostrado que su idoneidad es cuestionable en relación de la técnica jurídica, lo que deja al sistema en un vacío de certidumbre jurídica para todos los agentes económicos.

La semana anterior nos referimos al acuerdo de 136 países para establecer la tributación mínima efectiva del 15%, como tasa por resultados globales de empresas multinacionales y economía digital.

Algunos lectores manifestaron diversas reacciones, entre las que rescato dos fundamentales:

1) Ya era hora que los grandes pagaran,

2) Eso no me afecta a mi pues no llego a esos niveles ya sea por mi actividad o volumen de negocios.

En primera instancia, esto en apariencia es cierto, pero no podemos perder de vista la doble vertiente que tiene la creación de un tributo en sus ámbitos jurídico y económico.

Si bien los sujetos a la obligación que se pretende son las grandes multinacionales que actualmente tributan a una tarifa efectiva de menos del 5%. Lo logran a través del abuso de las formas jurídicas, las estructuras alambicadas y propiciadas por grandes jugadores, denominados por la OCDE desde 2008 como los intermediarios tributarios, promotores y beneficiados parciales de la menor tributación relativa resultante de diseños complejos, carentes de sustancia y de lógica económica.

En la reunión de Seúl del 2008, la OCDE determinó una serie de actores económicos que eran protagonistas al lograr niveles fútiles de cumplimiento tributario, conforme los principios de capacidades contributivas, en concordancia con los principios de solidaridad y equidad en el soporte de las cargas públicas del Estado, como lo postulan los principios constitucionales de la mayor parte de las Constituciones democráticas del mundo.

Estos denominados, ya desde entonces, intermediarios fiscales, se definían como los medios e instrumentos materiales, personales o legales que daban cabida a que la justicia tributaria, como principio fundamental, se quebrantara; haciendo que el contribuyente, en aquel momento solo las empresas multinacionales, pero hoy acompañadas por las empresas digitales, prefiriera compartir sus “ahorros” fiscales con los gestores útiles en la merma de la tributación a nivel global.

A esta lista de intermediarios fiscales se les suman los países, jurisdicciones o territorios que “prestan” a título de comodato o tolerancia, sus sistemas legales para que las grandes utilidades de unos y otros lleguen a ser bases imponibles realmente risibles, en especial cuando las mismas se comparan con las cargas fiscales de los contribuyentes medios de los países en concreto.

Entre los denominados “intermediarios fiscales” estaban grandes firmas multinacionales de abogados, las casas auditoras líderes del mercado, la banca, compañías de seguros, y una larga lista de etcéteras que, en conjunto con las jurisdicciones de “alquiler”, hacían propicias las escandalosas sumas de elusión fiscal.

Es así como después de estas definiciones, hemos visto grandes escándales de “jurisdicción papers”. De todo color y tamaño.

También escándalos de firmas de abogados, contadores o auditores de gran prestigio, que fueron inclusive condenadas en Estado Unidos y Europa por promover prácticas fiscales agresivas.

Prácticas con dos componentes comunes: por un lado, eran productos “enlatados” de “talla única” con desapego completo a la realidad económica de los grupos multinacionales que las compraban; por el otro, contemplaban la obtención del “perverso incentivo” de cobrar premios por supuestos ahorros fiscales. Se notaba así que la probidad – una de las palabras más prostituidas de los últimos tiempos – simplemente era cuestionable tanto en contribuyentes como asesores.

Participaban también los bancos, con tantos escándalos y tan poco espacio para estas líneas que mejor no los detallo, pero le invito a revisar. Entidades en las que se hacían operaciones instrumentales de supuestos financiamientos, prácticas de tesorerías consolidadas y creación de instrumentos financieros híbridos, que creaban disparidades para aparcar utilidades en lugares de conveniencia, acompañadas por compañías de gran renombre internacional que también tienen abundancia de litigios en los que se prueba la simulación de algunos de los actos meramente instrumentales.

En este marco de realidades nacieron las 15 acciones BEPS con la intención de evitar el traslado de utilidades de los grupos económicos a jurisdicciones y tarifas fiscales de conveniencia. Las acciones BEPS mantenían inconclusa la acción 1, relativa a la economía digital, por el espejismo de enfoque con el que se quiso resolver un asunto que, aunque complejo, con voluntad se le llegaba, tanto, así como que es con voluntad y necesidad que se logra el impuesto mínimo global.

Las dos reacciones de los lectores que mencioné en párrafos anteriores las veremos ahora a la luz de este marco conceptual, necesario para entender cuáles son las consecuencias económicas previsibles de la adopción de un impuesto mínimo global.

Muchas de las empresas que estarán sujetas a esta nueva forma de imposición, son empresas de carácter público, sus acciones se transan en bolsas de valores y los inversionistas exigen buenos rendimientos para obtener una ganancia, ya sea mediante un dividendo o reparto de utilidades o mediante la venta con un precio preferente.

El valor de las acciones que se transan en esas condiciones depende de las expectativas de los inversionistas de la bolsa respecto del valor de la empresa, basado en la capacidad de obtener beneficios económicos en el futuro. Es decir, cuando compro acciones, aunque miro el pasado de la empresa, lo que me interesa son sus rendimientos futuros, estos después de impuestos.

Si las empresas estaban, de una u otra forma, teniendo una tarifa efectiva de impuestos del 5% o menos y la legislación propuesta apunta a lograr al menos el 15%, los dividendos después de impuestos serán eventualmente menores, si las empresas se quedan estáticas ante las nuevas reglas de la fiscalidad internacional.

Ahora bien, los creadores de políticas públicas pierden de vista con frecuencia la condición inherente de agente económico. Las empresas, para lograr que el monto de sus utilidades se mantenga, van a tratar de subir los precios de venta de sus bienes o servicios, así como de reducir los costos de producción, gestión y ventas de dichas operaciones.

Es aquí donde se da la retorsión del propósito. Una verdadera paradoja, lo que iba destinado a las empresas multinacionales y las de la economía digital, terminará afectando el bolsillo de otros destinatarios.

El aumento de los precios de los bienes y servicios para mantener los niveles de utilidades lo pagaremos todos los consumidores. Aquellos que creían que este era un asunto de los grandes conglomerados económicos mundiales llevan razón en lo jurídico, pero no tienen en cuenta lo económico; el efecto de traslación del impacto del nuevo impuesto efectivo por pagar en cada uno de los bienes o servicios transados.

¡Vaya sorpresa!

Pero las cosas no se quedan ahí. Como el aumento de los precios de bienes y servicios puede no ser suficiente para lograr utilidades iguales o mayores a las del pasado para que los inversionistas mantengan el apetito por sus inversiones o incluso aumentarlas, algunos verán en el recorte de gastos la manera de evitar un desplome en la bolsa.

Los recortes de gastos pueden tener efectos nefastos en una economía global sumergida en una recesión histórica, sin precedente. El nivel de encadenamiento de las empresas multinacionales con las PYME, que constituyen el 90% de las empresas alrededor del mundo, puede llevar al cierre a muchas de estas empresas.

El embate en las PYME es indudablemente más que proporcional que los efectos en las empresas que las contratan. Puede generar una posible desbandada de desempleo, que aumentará la recesión, disminuirá la cantidad de compradores, hará que los precios entren en posibles espirales crecientes y que los costos se sigan escurriendo, afectando a los más débiles del encadenamiento: los proveedores independientes del sector PYME. Ese que ha sufrido más que nadie los efetos del mal de la pandemia, los cierres, justificados o no de la actividad económica, donde aquellos que venían mal, a quienes pretende la justicia tributaria ayudar, serán víctimas de la batalla campal que, en lo económico, dejará como secuela esta pandemia.

Parece que el remedio aparentemente bueno, que los que pueden pagar más lo hagan, resulta en una solidaridad de resaca, que terminará más temprano que tarde con una mayor concentración de la riqueza mundial, una menor redistribución del ingreso y una amenaza a los agentes económicos.

Es prudente que quienes hagan esta política pública global, siendo Costa Rica parte de los actores miembros de la OCDE, lo entendamos y hagamos valer que, si no se ponen medidas de orden contra cíclicas resultantes de lo expuesto anteriormente, podemos acabar peor que como empezamos.

La responsabilidad que pesa sobre los conductores de la economía global es enorme. No decir la gravedad de estas posibles consecuencias, si en la letra fina de la legislación global no se tienen en consideración estos aspectos, sería una irresponsabilidad profesional cuyo peso no podría llevar sobre mi cabeza.

Ser miembro de la OCDE, implica asumir este tipo de responsabilidades. No se trata de ir a aplaudir como “focas” todo lo que se ponga por delante por el mero síndrome de la falacia de autoridad, que consiste en darle valor a las cosas no por su contenido, sino por la condición subjetiva de quien lo dice, emite o promueve.

Después de la caída del Imperio Romano, el evento mas importante de la historia civil de la Roma moderna ocurrió en un abrir y cerrar de ojos; con efectos que, desde aquel antiguo Imperio, no tiene precedentes.

136 países liderados por el G-20 y la OCDE ratificaron un acuerdo sin precedentes el pasado 30 de octubre. La condición de todo imperio es primero establecer las contribuciones, nunca voluntarias, sino impuestas, de ahí la denominación de impuestos, a las exacciones patrimoniales de los pueblos cubiertos por el Imperio.

Si bien el antiguo Imperio Romano tocaba suelo e imponía cargas tributarias entre otras consecuencias, aquí, sin que nadie se moviera de su lugar, ocurrió el nacimiento de una “Nova”: la ratificación de 136 países para contar con un sistema de imposición mínimo global de 15% a más tardar en el 2023.

El ajedrez político de alto nivel que implicó este acuerdo se compone de varios elementos.

En el seno de la OCDE y de la Unión Europea se baraja por la necesidad de equidad tributaria, desde hace años, el que exista un mínimo de tributación armonizada en el impuesto sobre la renta y sociedades.

Este aspecto histórico no es nada menor. La iniciativa europea no había encontrado cobijo en la economía de los Estados Unidos de América, donde a la vez se mantenía el concepto hegemónico de soberanía en materia de políticas fiscales.

En el marco de la destrucción de riqueza y fuentes de empleo en el mundo, como consecuencia de la endemia causada por la COVID-19, se retoma la discusión; ahora en el ámbito de la reconstrucción de las economías que se han visto de frente con una condición de carácter único: Una economía global implica la globalización también, de las consecuencias económicas.

El árbol de la globalización, que genera frutos tan dulces, también cuenta con hojas amargas que ahora estamos saboreando. La consecuencia económica de la crisis sanitaria, desde la crisis de los contenedores, microchips y desempleo, hasta movilizaciones masivas de personas buscando nuevos horizontes de vida. Hoy estamos viviendo la parte no escrita de la consecuencia de la globalización, que, como toda moneda, tiene dos caras.

Es en este contexto que la hábil Janet Yellen, secretaria del tesoro de los Estados Unidos, enarbola la urgencia de establecer un impuesto mínimo global del 21% para las empresas multinacionales y las de la creciente economía digital.

Con el acicate afilado con una propuesta absolutamente desproporcionada – la tarifa efectiva planteada – se sienta en la mesa de negociación con los ministros de finanzas de los países de la OCDE y algunos no miembros para plantear la urgencia y pertinencia de llegar a este acuerdo histórico.

Logra con una habilidad de negociadora experimentada, ceder en lo que era exagerado y llegar a una tarifa que es el promedio plantado por varios países europeos y otros países OCDE durante varios años de conversaciones. Discutían ellos en que la tarifa debía oscilar entre el 12 y el 17% de impuesto, el acuerdo se plantea en una tarifa del 15%.

El acuerdo logrado tiene una fecha de inicio clara: el año 2023. Es decir, todos los países debemos adecuar nuestra normativa al final del año próximo, para que la eficacia jurídica del acuerdo sea aplicable a la totalidad del período fiscal que inicial el 1 de enero del año 2023.

Debemos prestar atención particular en varios asuntos del acuerdo, para visualizar las amenazas y oportunidades que una economía como la costarricense debe tener en consideración.

Ya han alzado la voz sectores, en procura de mantener el estatus quo. Una conducta esperable y natural de quien goza de beneficios especiales que le hacen no tributar del todo en el impuesto sobre la renta por sus utilidades locales o bien, tributar efectivamente por debajo del 15%.

Es temprano para concluir la dirección que Costa Rica debe tomar en relación con este acuerdo del que es participe activo por ser país miembro de la OCDE. Más allá de esto, deben leerse bien las líneas estratégicas de los artífices del acuerdo global y las reyertas locales respecto de este cambio global.

Debemos entender que el impuesto mínimo global se plantea para las empresas multinacionales, con volúmenes de negocios que a nivel agregado global les den esa calificación. En Costa Rica tenemos muy pocas de ellas, sin contar con las subsidiarias de las que, de caer en dicha definición deberían pagar ese impuesto de todas maneras ya sea aquí o en el lugar donde esté su casa matriz.

Este detalle debe tenerse en cuenta: No es lo mismo defender intereses de empresas grandes a los ojos de una economía pequeña como la nuestra, en contraste con las empresas que serán sujetas a esta imposición mínima global del 15% de tasa efectiva de impuestos.

Al hacer política pública corresponde contar con este entendimiento técnico, para evitar “regalar” recaudación a la que eventualmente teníamos derecho, pero que fácilmente podríamos renunciar con los muy desteñidos argumentos de protección del estatus quo.

Por ejemplo, una empresa multinacional tiene presencia en diversidad de países, territorios o jurisdicciones donde puede estar tributando a tasas efectivas de un dígito bajo, sea menos del 5% sobre sus utilidades globales.

En este caso, si dicha empresa tiene una subsidiaria en Costa Rica que goza de algún beneficio de nula o reducida tributación, estamos ante la situación en la que, si nosotros no cobramos la porción de valor atribuido a la subsidiaria costarricense, seremos un país siempre atractivo en valor facial, pero no así, más competitivo, que si cobráramos el 15% sobre aquella utilidad.

El motivo para la anterior afirmación es simple; como la tasa efectiva del impuesto mínimo global es la suma de todos los impuestos pagados por la multinacional en cada uno de los países, jurisdicciones y territorios respecto de sus utilidades globales, al ser nula o menor la tributación de esa empresa en Costa Rica, el remanente de impuestos que no se le pagaron a nuestro país, se le pagaran al país donde radique su casa matriz, o el sitio desde donde se dirija, gestione y manejen sus decisiones de más alto nivel, excepto si está ubicada en un país donde no se tributa.

De manera sensata debemos seguir la pista a los detalles de los documentos finales para que nuestras políticas públicas, en concreto las de atracción de inversión extranjera directa, resultante de arbitrajes fiscales, se adecuen a esta normativa que escribiremos como economía global durante el próximo año. No sea que terminemos manteniendo esquemas igualitarios de exención para las empresas sujetas al impuesto mínimo global, tanto como para aquellas que no lo están.

Es un reto de revisión de la legislación de exenciones sectoriales, especialmente enfocado en el principio constitucional de igualdad, para que se trate de manera distinta a quienes son en apariencia similares, pero que, por esta condición novedosa de sujeción a la renta mínima global, deben ser tratados de forma diferente; evitando que el trato de igualdad aparente, solamente acabe siendo el “regalarle” impuestos subyacentes que no nos sobran en el país, a países más poderosos económicamente por el mero hecho de tratar de usar armas primitivas para luchar una nueva guerra de las economías globales.

El argumento de que, si quitamos exenciones a este o aquel, puede irse la inversión, seguirá siendo aplicable exclusivamente para aquellos que no sean sujetos a la imposición mínima global. De serlo, aunque se vayan, no importa adónde, les perseguirá como su sombra la tributación efectiva acordada en la capital del Imperio Romano.

Cuando aludo al sensato seguimiento de los detalles en desarrollo de estas normas, es precisamente que no debemos ser como el alumno más aplicado de la clase, para aumentar nuestra nota de concepto ante la maestra – la OCDE – pues, si no somos sensatos, puede que lleguemos a la imprudencia de hacer cambios que no estén acompasados con lo que países más hábiles estén haciendo.

Si bien el acuerdo es claro en tarifa y su concepto de impuesto efectivo, también hay reservas respecto de los tiempos de puesta en marcha por parte de los 136 países que nos hemos embarcado en esta aventura global.

Esta discusión no debe distraer la necesaria y urgente reforma fiscal que debe hacer Costa Rica para lograr el acuerdo de desembolsos futuros con el Fondo Monetario Internacional. No dejemos que se nos empañen los lentes de la de por sí difícil visión país, en momentos donde la mezquindad electoral nos puede llevar al borde del abismo económico, con un estado de la economía apenas en modo de respiración artificial, con lo que terminaríamos ahí sí, destruyendo el remanente del parque empresarial costarricense.

El próximo gobierno tendrá la tarea de poner en marcha las reformas que se requieren para cumplir con el acuerdo de Roma. Un aspecto que no debe mezclarse con la dudosa posibilidad de esta administración de lograr un acuerdo político, ante su demostrada incapacidad de diálogo y respeto de la división de poderes, la pérdida de la credibilidad y la capacidad persuasiva que requiere para lograr que las reformas del Estado se den antes que sea demasiado tarde. La crisis actual está a horas de tener que resolverse, aquello otro, lo del impuesto mínimo global, que requiere de inteligencia, se lo dejaremos a una administración que, con poco, será superlativamente más sagaz e inteligente que la actual.

Costa Rica ha sido nombrada por su condición propia a la riqueza, la abundancia y exuberancia de sus recursos naturales, humanos y asociativos para lograr un pacto de orden social distinguible en el concierto de las naciones.

Esta característica, inherente a nuestro país desde sus orígenes, viene cambiando de manera vertiginosa y preocupante. La misma cantidad de riqueza se mantiene, pero hoy en manos de muchos menos individuos. Es apremiante abordar los asuntos relativos a la distribución de la riqueza, ya que hemos visto con preocupación la desmejora social que ha causado esta polarización.

Ser la nación más pobre de la OCDE es una condición que puede ser llamativa. Los comparables son muchos de los países más ricos de la historia económica del siglo XX en adelante. Por tanto, es un dato que nos invita a la reflexión y cuestionamiento sobre qué tan sostenible es esa condición de ser miembros del Organismo.

Uno de los factores que nos distinguía en los albores del bicentenario de nuestra nacionalidad independiente, era la organización social de aquel entonces. Las crónicas de la colonización recogen que hasta el gobernador debía cultivar la tierra para proveerse sustento, pues es lo que había en condiciones de equidad.

La historia del desarrollo económico del país tiene dos grandes columnas que son soporte del pacto social del final del siglo XIX y principios del siglo XX. Por una parte, la sociedad de exportación y tenencia de tierra para el cultivo, mediante la existencia del cultivo del café, la caña de azúcar y el banano. Los primeros, de manera inclusiva con minifundios, y, particularmente el último, con un gran latifundio multinacional, plantearon la base de la generación de la riqueza del nacional.

Debemos entender por riqueza nacional aquella que se produce en un período determinado de tiempo, producto de los bienes y servicios que resultan del ordenamiento de los factores de la producción y, en consecuencia, la apropiada compensación a unos y otros actores de la economía.

La gran conquista de segundo pilar histórico lo fue en los social, cuando Costa Rica optó por un modelo solidario y subsidiario para promover la accesibilidad a escalar en la pirámide social, mediate las revolucionarias reformas sociales consolidades a mitad del siglo anterior.

El papel de los sindicatos costarricenses de aquella brillante década de los 40 del siglo XX, en conjunto con la visión de la clase política y el papel de la Iglesia Católica, permitió una triada difícil de descifrar, pero tan aglutinada que era casi imposible de desgastar y deshacer.

Las conquistas logradas fueron muchas. Desde la igualdad de trato en materia labora hasta el derecho de orden asociativo para la lucha por los derechos legítimos de los trabajadores. Uno, no el único, de los factores de generación de la riqueza. Todo con la venia y apoyo de la clase política representante del poder económico que, de manera inteligente, comprendía la necesidad del equilibrio para evitar grandes revueltas sociales como las que vivieron, y tristemente viven aun hoy, muchos de nuestros hermanos países en América Latina.

Compañero de camino de esta conquista es el sistema de educación universal obligatoria. Un engrase del proceso de articulación social que provocaba la permeabilidad de los que se hacían del conocimiento, aparte de la clase política dominante, generando una clase media muy robusta en la que pivotó el desarrollo por más de medio siglo.

La última parte del siglo pasado se caracterizó por la diversificación de la economía. Pasamos de una economía de orden agrícola a una incipiente industrialización primaria, de la que aun quedan los que supieron ordenar sus cosas sin la dependencia del subsidio del Estado. Se abrió paso también una creciente economía de servicios que aprovechaba dos características de la sociedad nacional: los altos índices de educación de los ciudadanos y la paz social que esto generaba.

En esta breve y atrevida síntesis me he saltado décadas de acontecimientos de gran relevancia, pero indudablemente estamos ante un país en el que había brechas sociales, como los habrá siempre en toda sociedad, pero con efectiva permeabilidad de escalación social.

La importancia de este repaso es la correlativa consecuencia de la generación de la riqueza, antónimo de la pobreza y antídoto de ésta. Pero la riqueza por sí misma no es, ni por asomo, el remedio de las desigualdades. Más bien, el gran reto a combatir es el de la pobreza de un país rico.

Hemos roto el pacto social por diversos motivos. Los excesos de pretensiones abusivas de los sindicatos públicos han hecho del Estado un elefante blanco en el país, con prestaciones cada vez más caras y, por ende, menos eficientes. La última de las páginas del sindicalismo privado, en la penosa historia de la década de los setenta del siglo anterior, con la salida de la compañía bananera del sur, dejó la más fehaciente demostración de cómo las buenas causas, cuando son mal conducidas, llevan a despropósitos irreparables.

También vemos cómo el pacto social se rompió por el exceso de corrupción público-privada. Tanto el funcionario del Estado como el agente del empresariado privado han hecho que los sectores coexistan en un concubinato escandaloso. Desde los pequeños gestos de agradecimiento y hasta los flagrantes actos de corrupción, para ello conviene el funcionario público que no funciona. El que tolera la exagerada función de quienes, siendo una minoría, mal representan a los que generamos riqueza de manera constante y honesta.

Nos mal representan esos “exitosos” empresarios que, cuando se les caen las flores, quedan como empresarios de la gestión de dádivas y corrupción, no como personas de bien que cooperan con el desarrollo del país.

No representan los sindicatos, en sus cabecillas calientes, en su perversidad, a todos los trabajadores, agremiados o no. Como tampoco sucede con los corruptos, evasores, corruptores y transgresores, mal llamados empresarios, muy distintos de quienes mayoritariamente nos esforzamos a diario para conjuntar los factores de la producción, para generar empleo y riqueza.

Quienes pagamos la fiesta fiscal del desorden, la corrupción, el despilfarro y las condiciones especiales para grupos económicos mal llamados empresariales, seguimos en una condición en la que cada vez enfrentamos más dificultades para lograr que se resuelvan asuntos simples. Se complica abrir nuevos emprendimientos y mucho más, abrir nuevas oportunidades de empleo.

Hoy estamos ante la necesaria encrucijada de parar el sangrado con una ley de empleo público. Un escenario en el que, al leer los labios de los políticos que dicen defenderla y promoverla asquea, pues sabemos que sus palabras no son más que una verborrea demagógica.

Escuchar sobre la necesidad de una nueva reforma fiscal, el otro puntal de apoyo para negociar con el Fondo Monetario Internacional parece una caricatura de la época feudal. Cierto, es necesario el crédito con el FMI para abrir las puertas a la inversión de otros proveedores de capital financiero, pero somos unos pocos, cada vez menos empresarios y emprendedores, quienes soportaremos las nuevas cargas fiscales asfixiantes para la continuidad real de muchas empresas y emprendedores.

Una ley de empleo público es indispensable.

Si hay que hacer una reforma fiscal, esta debe cambiar su corte recaudatorio. Pasar a un estadio más inteligente, en el que se usan normas fiscales para retomar la creación de la riqueza, de más empleos y con ello, lograr en tan ansiado efecto de mayor recaudación. ¡A veces soñamos despiertos creyendo que los políticos actuales son capaces de esto!

Mientras la riqueza esté en manos de unos muy pocos, que en un alto grado forman parte de esta camarilla mal llamada empresarial, corrupta y que sostiene a funcionarios corruptos por acción o por ineptitud probada, no habrá forma de dejar atrás la paradoja de la pobreza de un país rico.

Si a este reducido grupo de “empresarios” les exime de tributar, no por una norma legal, sino por el paraíso fiscal que se montan con sus compadres en las administraciones tributarias, no debemos de reaccionar con asombro a la noticia de ser la nación más pobre de la OCDE, sino a ser más bien a ser OCDE a pesar de ello. Compadrazgos que van desde las administraciones tributarias municipales hasta las nacionales, por acción o inacción, tomando el peso de la norma sobre sus cabezas.

Es iluso pensar que un sistema de mercado es sustentable sin empleo. A menor nivel de empleo, menos consumidores con un menor nivel de ingreso disponible para el gasto. Una reforma fiscal solamente apagará los tizones de la pobre hoguera que queda de empresas y emprendedores.

Con una ley de empleo público de verdad, sin exclusiones, así como con una reforma fiscal que sea general es indudable que podremos mantener la esperanza. A través de una norma fiscal con mecanismos de alivio e incentivo a la creación de empleo y riqueza lograremos restaurar la envidiable condición que teníamos antes de caer en las garras de la avaricia, el despilfarro y el empobrecimiento mental en el que estamos sumergidos.

Debemos actuar ahora, antes de que las consecuencias sociales, que cada vez se asoman más, nos cobren carísimo el desequilibrio económico y social. Inexistente si todos hubiéramos pagado según nuestras capacidades contributivas específicas, actuales, reales y concretas. También, si los funcionarios públicos hubiesen sido compensados por una justa retribución como la de la ley de empleo público.