No basta con serlo

OCDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay un viejo dicho, atribuido a Plutarco, que dice, “La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo.” Esta sentencia de orden moral, muy aplicable a todo ámbito de la vida, hoy recae sobre Costa Rica y su participación en la OCDE.

No me referiré a la penosa página que denota aquel otro sabio adagio de que recogerás lo que siembras, que la sociedad costarricense le aplicó al Señor Solís, en su pretensión de volver a los orígenes de la Bastilla, a disfrutar los goces de las bondades parisinas. Pero sí que esto, es una conducta que hace cuestionable la madurez para conducirnos como miembros de la OCDE.

Debemos recordar cuál es el propósito de la organización a la que pertenecemos con una gran oportunidad y una grave responsabilidad. El órgano de emisión de políticas y mejores prácticas en los diversos ámbitos de la vida en sociedad, para lograr una vida mejor para todos sus habitantes.

Dice la propia presentación de la OCDE en su página web:

“En colaboración con gobiernos, responsables de políticas públicas y ciudadanos, trabajamos para establecer estándares internacionales y proponer soluciones basadas en datos empíricos a diversos retos sociales, económicos y medioambientales. La OCDE es un foro único, un centro de conocimientos para la recopilación de datos y el análisis, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas. Asesoramos en materia de políticas públicas y en el establecimiento de estándares y normas a nivel mundial en ámbitos que van desde la mejora del desempeño económico y la creación de empleo al fomento de una educación eficaz o la lucha contra la evasión fiscal internacional.”

Es por esta definición que los países, tanto miembros como no miembros, se adhieren a las políticas de mejor desempeño público. Una sociedad de libertades con fines sociales tales como la promoción de la competencia, evitando la concentración de actividades económicas en manos monopolios o actos monopolísticos que atentan contra el objetivo de lograr una vida mejor para una mayor cantidad de personas habitantes de todos los países del mundo. Por supuesto, el compromiso es mayor al momento de predicar con el ejemplo por parte de los países miembros.

No deja de ser contradictoria la abrumadora y creciente brecha que, como sociedad, hemos llegado a fomentar, tolerar y promover por acciones u omisiones, tanto en la materia de la conducción de los asuntos públicos como los de la esfera privada. Esas relaciones disfuncionales que hemos dejado sean perversas relaciones pasionales – como las de la mujer del César – que hacen del Estado un ente para ordeñarlo, sea tanto como funcionarios – salvo excepciones que por supuesto hay – como proveedores del gran comprador de empresas privadas que en diversas ocasiones abusan del Estado a cambio de dadivas, favores y favorecimientos electoreros – claro que también hay proveedores honestos del Estado, probablemente los más.

En esa perversidad nos conducimos como un país que requiere de una transformación para cumplir con los más altos estándares de probidad y transparencia, pilares que fomentamos desde nuestro asiento de París, pero no correspondemos de manera concreta en las prácticas de compras públicas y funcionarios eficientes y contestes al deber y honor de servir a la sociedad que les ha hecho depositarios de su confianza. Esa que se ve retribuida, no en todos, pero sí en muchos casos, con la bofetada de la burlesca y cínica acción de corrupción en materias que requieren urgente acción.

Dentro de los pilares de la OCDE prima una especial atención a la transparencia y rendición de cuentas. Asumimos, en el camino de incorporación, compromisos que serán medidos de manera recurrente en cuanto al cierre de brechas detectadas en aquel momento, en el 2016. Hoy, si vamos a examen, la nota solo desmejorará, no hay credibilidad por falta de transparencia.

No hay rendición de cuentas sustancial, aunque la haya en lo material. Son muchos los casos que denotan que no basta con la formalidad del control, sino que se requiere de contar con medios ex ante, que eviten que los crímenes contra la Hacienda pública sigan proliferando.

Las acciones de transparencia no son responsabilidad solamente del Poder Ejecutivo, el peor de todos en todo caso, sino de cada uno de los Poderes Supremos de la República, todos ellos de capa caída.

En el aspecto fiscal el predicado de la OCDE es claro y contundente: evitar la evasión fiscal internacional mediante toda suerte de instrumentos útiles a la transparencia fiscal internacional. Pasa por la recopilación de la información previsiblemente relevante en materia fiscal para que la misma sea susceptible de ser usada para que la evasión interna se reduzca, tanto como para generar un ambiente de intercambio efectivo de información que sea eficaz y espontáneo.

La ruta a la admisión de Costa Rica como país miembro fue una estricta valoración de diversas áreas, la suscripción de diversos instrumentos jurídico-tributarios de la fiscalidad internacional en la que nos comprometimos a ser dignos miembros postulantes en aquel momento, hoy miembros plenos de dicho organismo.

Ser miembros de la OCDE requiere un cambio en la cultura de los gobernantes en todos los Poderes de la República, tanto como del resto de los actores del quehacer social. No es una tarea fácil ni tampoco rápida, pero lo no hecho en el camino es deuda por resolver a la brevedad.

Se requiere, por ejemplo, de un control de calidad del cumplimiento de la legislación nueva que se promueva, con las mejores intensiones y propósitos, para que se determine si entra en colisión con alguno de los principios, valores o postulados que, como órgano supranacional, hemos comprometido.

Tal es el caso que de la ley 9996 LEY PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONISTAS,

RENTISTAS Y PENSIONADOS, publicada el pasado 14 de julio. Tiene como propósito la atracción de inversiones en tractos de ciento cincuenta mil dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, con el objetivo de que tal influjo de inversión colabore en la condición de nuestros flujos de capital e inyecte recursos frescos a las actividades económicas.

Sin entrar a determinar las bondades de esta normativa por sí misma, comparando por ejemplo el monto de la inversión requerida y los beneficios fiscales que se otorgan, tema de una discusión separada, la cual no parece haber considerado la relación costo beneficio de las consecuencias pretendidas.

El artículo 5 de dicha ley exime a los inversionistas y rentistas de una serie de impuestos que van desde: a) el 100% de exención de menaje de casa b) la exención del 100% de los impuestos aplicables a la importación hasta de dos vehículos terrestres, aéreos o marítimos, exención que incluye a la del impuesto del valor agregado, las sumas c) exención del impuesto sobre la renta de los ingresos que le dieron origen a la condición de residente, pagando solo por las rentas que devenguen en otras actividades locales d) exoneración del 20% del impuesto de traspaso de bienes inmuebles e) exoneración de los bienes necesarios para el ejercicio de su actividad económica ya sea profesional o científica.

Por supuesto que comprendemos el marco de las circunstancias en las que se promueve la ley para captar la atención de los nómadas cibernautas, pero, no podemos dejar de llamar la atención de dos aspectos: los referentes a la condición de residentes fiscales que pueden estar obviando el deber de contribuir; así como los agravios comparativos para con otros regímenes de orden migratorio, incluida la condición propia de los locales costarricenses, que estamos en clara condición de desventaja fiscal con respecto a estos sujetos beneficiarios de la nueva ley.

Debemos preguntarnos si estamos, con normas como estas, siendo focos de prácticas fiscales nocivas a las que nos comprometimos como miembros de la OCDE a combatir. Lo que hemos escrito con una mano, lo hemos borrado con la otra, a falta de un análisis más pausado de la técnica legislativa para contrastarla con nuestra nueva condición de país miembro del club de los reguladores mundiales.

Es evidente que apenas “gateamos” en el gran reto de incorporación al concierto de las naciones rectoras, pero a la vez, se hace evidente, también, que no hay nadie a cargo del deber de cuidado de las avanzadas que hacemos ya “gateando” o traccionando de cualquier otra forma, es decir, no hay adulto a cargo de estos asuntos.

Publicado en La Republica el martes 20 julio, 2021

Formas inteligentes contra la adversidad, y otras…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es contrastante ver las formas en que los diversos Estados han enfrentado las devastadoras consecuencias de orden económico de la COVID-19. Se da una división de aguas que, dicho en neutro, o son formas inteligentes de abordar el asunto económico, o el lector le dará el calificativo más adecuado para la situación de su país o jurisdicción.

Empecemos por la mayoría, que no necesariamente son los que aportan más riqueza al mundo. Hablamos de esas naciones Estado que han optado por ver las consecuencias económicas como un pasajero que espera el tren bala en Japón. No para abordarle, sino para tomarle una fotografía, con su cámara de teléfono nada sofisticada… A este grupo los llamaré, a falta de mejor calificativo, los insensatos.

Estos de verdad creen que, después de que el tren arranca a sus 320 Km por hora, tendrán una clara fotografía de él. Inclusive, los de la insensatez más aguda, pretenden usar su foto para decidir si toman o no, el próximo tren… por supuesto, con información y características obtenidas de manera primitiva. Por caricaturesca que parezca esta es la condición de una gran parte de las sociedades hoy.

Estos países se han alineado con independencia de su punto de partida original, de mayor o menor desarrollo relativo, a ser grandes coleros, perdedores de la batalla económica que plantea la destrucción del parque empresarial, de sus empresas y de su población tanto dependiente de remuneraciones como de la prestación liberal de servicios profesionales y personales. Estos países están poniendo en riesgo su capital más preciado, el poder creativo de la persona humana desde su condición integral.

Los países insensatos además son exigentes y demandantes de ayudas internacionales; de haber, su menú de preferencia son las donaciones y si no, unos créditos que, por las características en las que los solicitan, empezando por su propia incapacidad de repago, son donaciones diferidas, percibidas estas como el deber de la Comunidad Internacional y no como una cohesión para salir todos aportando a la solución. Lo ven como el deber que tienen los “otros países” de venir en su rescate. Se comportan como verdaderos adolescentes, en el sentido más etimológico del término.

En un segundo grupo, que se mezcla con el primero, tenemos países que ven la solución de la crisis económica, a pesar de ser la más grande recogida en los anales de la historia, con una visión tradicional de resolver el faltante de recursos a corto plazo. Para hacerlo, atribuyen la responsabilidad de palear la crisis, por medios directos o indirectos, a los pocos que siguen – seguimos – produciendo a pesar de enfrentar adversidades análogas, aunque, entendemos, diversas en características particulares.

Recae sobre nuestros pocos hombros productivos un mayor peso fiscal, un mayor entorpecimiento en tramitología, una mayor intervención obstructiva del Estado que para justificar su tamaño y peso en la economía, son importantes – hasta morbosamente indispensables – pero que lo que hacen es desestimular más, cada día, el remanente, cada vez menor, de los verdaderos disparadores de generación de riqueza.

Este segundo grupo de países ha centrado sus esfuerzos en dos grandes pilares:

• el crédito internacional, y

• las reformas tributarias para pretender gravar más a los cada vez menos contribuyentes.

Esos que son víctimas económicas de la gran endemia, tanto sanitaria como de orden político.

Son países con una visión de Estado que se percibe a sí mismo como indispensable, hasta exquisitamente apropiado y meritorio, para lograr justificar su razón de ser, sin ánimo real, aunque el discurso facial sea otro, de acortar distancias, salvar desigualdades reales y profundas cuya existencia preexiste a la crisis misma.

Hoy muestran sus verdaderos contornos mas crueles de las diferencias, el rostro humano de las mismas.

Las sociedades que así actúan solo han visto acentuada la visión de su profunda diferencia de enfoque humano y humanista de la función social del Estado. Siendo este el que, con el mínimo de intervención y el máximo de promoción, debe suplir aquellas condiciones que sean propicias para sobre llevar la crisis económica; de la que solo saldremos aplanando la “cancha”, no haciéndola más empinada, ni mucho menos más injusta.

Son aquellas sociedades que tienen una posibilidad intermedia de sacar a flote su tarea, si redireccionan sus verdaderas opciones y centran su atención ya no solo en las frías cifras del desempeño económico paupérrimo, del alto nivel desempleo y las colas de hambre que son signos vitales de una sociedad enferma o sana; sino en el rescate de la persona individual y su dignidad. Su éxito requiere sin duda, de un cambio de rumbo.

Tenemos por último el grupo de naciones que han entendido – desgraciadamente las menos -, que es con estímulo de todos los actores de la economía que se sale adelante.

Esas que propician un clima de señales positivas, como incentivos para el empresariado o la gestión de lo público en materia de gasto, con clara conciencia y coherencia de la crítica situación que viven los actores económicos que pagan por el gasto público. Las naciones que dan elementos de certeza en momentos de tanta incertidumbre, que se comportan como estados maduros, que entienden que corresponde a todos y cada uno de los miembros de la sociedad la tarea de la construcción de la raída economía mundial. Que sabe que todos y cada uno tenemos algo que aportar, así como un deber histórico social de servir de puente, entre la anterior “sociedad del bienestar” hacia la sociedad de la solidaridad efectiva, no aparente ni romántica.

Estos países se han planteado ya, entendiendo que no hay nada que esperar para empezar a actuar, acciones público – privadas que superen la materia de las diferencias partidarias y de las miserables condiciones de componendas partidistas.

Es un grupo de naciones que tienen claro que la única forma de construir es activando el verbo y poniéndose en acción de construcción.

Estas naciones, en analogía con los de la foto del tren bala, no esperan, sino que se ponen en marcha en la estación de la acción y se encaminan a la construcción con mayor o menor información en sus manos, aún a riesgo de equivocarse, convencidos de que lograrán aportar lo que corresponde para tener una nueva economía, basada en actores económicos fortalecidos, con reglas claras, con compromisos serios de generación, de una sociedad solidaria, con acciones coherentes que permitan recuperar lo que se ha destruido.

No se puede repartir lo que no hay. La primera tarea es construir, hacerlo con reglas claras, con seguridad jurídica, con certeza de visión pragmática en cuanto al respeto de los bienes privados en función del bien público una vez hecha la construcción del pastel económico; si no el “supuesto reparto” acabará sin que haya cosa alguna que compartir.

La economía hoy está destruida. Lo poco que queda está altamente concentrada en pocos, pero a la vez, estos no son causa del problema, sino más bien pueden ser fuente de solución siempre que los actores del Estado entren en consciencia de que los primeros, que han sido capaces por motivos de orden diverso, empezando por el tesón, la perseverancia y la perspicacia del mundo de los negocios competitivos y en competencia de subsistir en media adversidad, pueden trabajar de forma concordada con los actores económicos del Estado para sacar adelante nuestras economías y con un claro compromiso de orden social, pero con indudable sustrato de orden real de bienes económicos.

La concentración de la riqueza es un asunto ancestral. Este es el peor momento para tratar de resolverla previo la reconstrucción. Los países que en lugar de crear climas fiscales más agrestes están siendo creativos en la generación de incentivos para el desarrollo y la reconstrucción de los estados modernos postcrisis, serán los que saquen la mejor ventaja. Quien tiene los recursos los trasladará ahí, donde se les dé el mejor de los tratos posibles, empezando por la realidad sustantiva de cómo se le percibe, cómo se le garantiza, cómo se le trata y cómo se le estimula.

Del grupo, de momento minúsculo, de países con este enfoque estratégico vemos un reacomodo de la economía global, un nuevo orden social que se derivará indudablemente de la organización de la economía en su conjunto y planteará oportunidades para la empresa y empresarios, como consecuencia, para los agentes económicos dependientes y prestadores independientes de servicios de aquellas economías.

Esto reacomodará el mapamundi, generando migraciones, especialmente de individuos con capacidad de consumir, aspecto que hará mas fuertes aun a estas nuevas concentraciones de orden económico, que pueden o no coincidir con lo que hoy conocemos como estados país.

En una economía global la definición de ganadores y perdedores de la gestión económica es altamente móvil y susceptible de pequeñas señales, todo un reto para que dicha movilidad de recursos se alinee y acomoden de forma que se atiendan sus naturales y consustanciales ánimos de crecimiento y lucro.

Esto genera la evolución del concepto estado país al de estado economía, que será la verdadera resultante de los que, de manera creativa y proactiva, con seriedad de acción y discurso construyan puentes en lugar de quemar barcos.

En el caso costarricense, desgraciadamente, estamos entre el grupo de los insensatos que queremos tomar la foto del tren, creyendo a la vez que lograremos montarnos en el mismo. Pensamos también que podemos seguir las características del segundo grupo de países, los que creen que es apabullando más aun a los generadores de riqueza que se podrá propiciar la activación económica. Esto nos llevará a estar mas tiempo en la cola de una espera mesiánica, que de mesianismos políticos hemos visto se alimentan los miembros del grupo de Sao Paolo, generando condiciones cada vez más propicias para la pérdida de la esperanza social, como realidad, no como mera percepción y, por tanto, empobreciendo cada vez más, ya no los bolsillos sino lo que es mas irreparable, la mente de nuestros conciudadanos.

Sé que no estamos solos como grupo de países insensatos. Eso no me hace sentir más cómodo, por el contrario, me llama a seguir denunciando que al igual que en otros fenómenos, se da la falacia del tumulto. No por que muchos estemos ahí, quiere decir que estamos ni en lo correcto, ni en lo mejor para nuestras condiciones como sociedad y como miembros individuales de la misma.

La huida de los capitales ha sido evidente en muchos países que están en el grupo de insensatos -compañeros de estación nuestros. Basta ver países que otrora fueran ricos y hoy no solo son paupérrimos, sino que han perdido quizá para siempre el más preciado de los capitales: La alta capacidad de sus individuos, aquellos que con visión y con tesón fueron capaces de hacer de la riqueza un medio y no un fin en sí misma.

Planteamos la necesidad de ubicarnos como miembros de la sociedad en la responsabilidad que como individuos nos atañe. Ser responsables del ejercicio de la libertad, mientras la misma exista. siempre es triste ver la añoranza de quienes, habiendo tenido y perdido su libertad, por omisión, tolerancia y temor, no hicieron lo propio en forma y tiempo para incidir en lo que les correspondía para procurar la sociedad que muchos lloran hoy desde el exilio de sus corazones.

Publicado en La Republica el martes 30 marzo, 2021

La paradoja de la riqueza y los impuestos

 

 

Existe una gran paradoja cuya resolución requiere visión de estadistas -tan escasos en estos días- tanto en nuestro país, como en el mundo globalizado. Con este fenómeno instrumental, parece haber acabado la necesidad de pensar en grande para solventar los grandes problemas.

Tenemos aquí una terrible confusión entre el medio y el fin, aunque lo fueran temporalmente… Es decir, la globalización fue un fin por sí mismo, pero era un puerto de paso al logro de unos propósitos de utilidad colectiva y social; no últimos, finales y acabados, mucho menos cercenando el pensamiento crítico sobre diversas áreas de vida, en concreto, la vida económica.

Cuando se plantea en el contexto de la economía global la necesidad de modernizar los medios de producción para integrar procesos que sean mas eficientes en la generación de la riqueza; aprovechando a la vez dichos medios para la liberación de los recursos escasos, se hace para lograr que los mismos tengan usos alternativos mas apropiados a la satisfacción de las necesidades de los agentes económicos, en particular en su condición humana y dignidad inherente a dicha condición. Parece que dejamos la brújula perdida en esa acometida a la mundialización de las cosas económicas.

Dentro de las cosas económicas existen una multiplicidad amplia de especialidades que no es mi propósito abordar, por sobrepasar mis áreas de experiencia y conocimiento especializado. Me referiré en esta entrega en el contexto dicho al rol de los sistemas tributarios.

Cuando los sistemas tributarios en general se plantean la necesidad de gravar, en ocasiones – no poco frecuentes, por cierto – se confunde el fin de la tributación, con el fin del Estado y sus funciones en beneficio del bien común de todos y cada uno de los miembros de la comunidad a la que se debe, sentido contrario a la afirmación de la comunidad de la que se sirve.

El propósito de un sistema económico es lograr mediante la eficiente organización en manos de empresas libres y en libertad, el logro de una mejor forma de vida en sociedad, ya que es inherente a la naturaleza del hombre esa dualidad de ser libre por antonomasia y social por naturaleza.

Para el logro de sus fines sociales y de satisfacer sus necesidades, el Estado, con unas prestaciones de bienes y servicios caracterizados para satisfacer necesidades concretas – apartándose de mezquinas prácticas de monopolios y oligopolios públicos o privados, o la mas nefasta de las combinaciones los privados de tutela legal y pública – debe ser un propiciador de condiciones que faciliten esa realización de la persona humana en la condición de agente económico, pero no en la actual condición reduccionista del ser humano subyugado a esta condición limitada y limitativa.

La generación de la riqueza debe ser la resultante de un encadenamiento equitativo – no impuesto u obligado – pero si tutelado y vigilado, por límites que sean la función de mínima intervención del Estado, para que éste a la vez, teniendo un menor tamaño posible, demande de una cantidad apenas necesaria para el cumplimiento de sus objetivos y en consecuencia requiera de establecer una imposición o tributación mínima en espaldas y bolsillos de los contribuyentes. Así estos pueden contar con mayor ingreso disponible después de cumplir con sus obligaciones tributarias directas e indirectas, para que, dejando una mayor disponibilidad de ingreso para uso libre discrecional, se fomente el consumo y la inversión.

La paradoja consiste en que las exacciones fiscales, parafiscales y de diversas naturalezas legales que se establecen sobre los agentes económicos, desde el asalariado, el que combina esta condición con una de emprendedor o de prestador de servicios personales, así como el que pesa sobre las cabezas de las empresas de mayor tamaño y sus accionistas, es agobiante.

Probablemente a alguno que le guste la historia habrá leído o recordará que frases como la anterior, adecuadas a la época y el lenguaje propio de la misma, eran las glosas que describían la vida de las aldeas y los señores feudales en el oscuro medioevo.

Esa etapa del oscurantismo histórico, se hace sombra en los agobiantes sistemas tributarios que ponen el tributo antes que la riqueza. Ahora existe el Estado comilón y agigantado en el lugar del “señor feudal”, faltando poca cosa para que llegue a tener los derechos hasta de la “prima notte” o derecho de pernada.

Son abusivas las cargas fiscales por que los Estados no se miden en sus costos y gastos… Al no verlos como propios, olvidan que algún día les corresponderá volver a ser parte del pueblo que se supone representan y que el funcionariado es eso, una posición que cumple funciones y que éstas son o deben ser, en favor y función de los administrados; jugando un rol de carácter lubricante en el complejo mundo de hacer empresa, en lugar de aumentar su complejidad hasta impedirla, en nombre de una pretendida justicia, que deviene por su peso mismo en injusticia pura.

Es injusto que un derecho fundamental consagrado en las constituciones de casi todo el orbe, como lo es la libertad – además pilar de los derechos universales de la persona humana – se vea coartado de forma tan frecuente, tan abrumadora, que para dar pan a algunos a título de salario o de gestos “solidarios” del Estado, a los segundos los entierran en el peor de los empobrecimientos que es el de la creencia de ser siempre necesitados; por tanto, incapaces de ser autogestionarios y para procurarse sustento, dependientes del agigantado Estado, que les usa como escudos humanos para poner rostros conmiserados a los abultados beneficios que se auto recetan esos “servidores públicos” o quizá mejor descrito por esos “ que se sirven de lo público”.

Valerse del estado del menos favorecido, pobre, necesitado sin accesibilidad a los mínimos mediante limosnas institucionales – pagadas por todos nosotros, pero cobradas en las urnas por los supuestos dadores – es garante de votantes hoy y de desastres sociales mañana.

Cuando vemos la defensa sectorial de los beneficios de unos pocos – contrastados con los que generamos riqueza – nos es evidente que esta paradoja se agrava cada vez que se trata de derechos del servidor que se sirve con cuchara grande, para sí y los suyos y los venideros funcionarios, a los que les cobrará de una manera u otra los favores hechos y se alimenta el círculo de la clase de ciudadanos que han hecho caer grandes imperios a lo largo de la historia, los privilegiados por el pueblo y electos – sostenidos y mantenidos – por éste para que le sirvan, que terminan llevándose el encargo al engorde propio.

Con una menor carga fiscal, parafiscal, precios públicos y costos de trámite lógicos, se generaría más empleo y habría que alimentar de manera indigna y descalificante en su integridad a tantos “necesitados.” Habría mas riqueza que se quedaría en las manos de quienes la producimos, por lo que después de pagar nuestras obligaciones contributiva con las cargas públicas – otra norma constitucional de orden transversal – simplemente habría más gasto del sector privado. Por tanto, una recaudación aumentada de impuestos indirectos como IVA, impuestos municipales de patentes de funcionamiento y de impuestos específicos y de consumo.

De igual manera al tener empresas y empresarios una mayor cantidad de recursos disponibles resultan en tener una mayor propensión a la inversión, por lo que la generación de más empleo, más riqueza, aprovechando las bondades – que las tiene y muchas – que resultan de la globalización, podremos tener una sociedad de mayor riqueza y crecimiento, un Estado de menor tamaño, una persona humana mas enriquecida en lo integral, de manera digna y suficiente para soñar en una sociedad más solidaria.

El principio de la solidaridad es de fundamental importancia para legitimar el derecho del Estado de gravar a sus contribuyentes. Es resultado de la condición del pacto social que nos acuerpa, que incluye el ejercicio de esta libertad, con límites en las cosas de los individuos que sean contestes a unos valores superiores que no es falencia de normas, sino de respeto y práctica de las mismas.

Resolver la paradoja no es complejo, requiere solamente de ingredientes escasos como la honestidad, el respeto por los bienes y derechos ajenos. Normas de mínima urbanidad, reconocimiento de la dignidad de nuestros semejantes, evitando confundir fines y medios guiados por esos elementos que en la sociedad construyeron grandes naciones, que hoy no la pasan bien por haber perdido la rosa de los vientos, para la navegación en estos tiempos tan retadores.

A los miembros de los supremos poderes de las sociedades democráticas, les entrego con respeto estas reflexiones para que las consideren a la hora de tomar decisiones que afectan siempre a quienes los hemos llevado al poder con nuestro voto o sin él, ya que quienes no votan asienten el resultado de las urnas.

A los ciudadanos en general, llevemos a la reflexión estas consideraciones para que, por los medios del diálogo y la institucionalidad, hagamos valer estos derechos que, siendo nuestros, si no los defendemos nosotros, nadie lo hará, solo veamos pueblos que ya perdieron la oportunidad y preguntémonos si deseamos estar como ellos.

Publicado en La Republica el martes 02 marzo, 2021

¿Cuándo tendremos certeza jurídica?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagar nuestras obligaciones tributarias, es resultado de un deber constitucional de contribuir a las cargas públicas del Estado, de acuerdo con una serie de principios de orden constitucional que se complementan con los derechos que deben ser respetados al contribuyente, en esta relación jurídico-tributaria.

En un Estado de derecho, uno de los pilares fundamentales para lograr que en la relación de sujeción a la obligación de cumplimiento tributario sea efectiva y accesible al contribuyente, debe serlo-como en las demás áreas del derecho- la seguridad jurídica como valor, que encuentre concreción en los actos identificables del Estado y sus órganos funcionales.

Esta seguridad jurídica debe emanar de quienes tienen autoridad para dictar y aplicar normas legales en todo el conjunto del ordenamiento del país; a fin de que los obligados-en este caso los obligados tributarios o contribuyentes-sepan a que deben atenerse en arreglo a lo cual deben gestionar su cumplimiento.

La autoridad de los órganos del Estado de derecho, en un país democrático resulta del apego a la Constitución y las leyes de la República, juramento que hacen los funcionarios en el momento de su envestidura, que mas que un tema protocolario, es un compromiso a ser garantes de la normativa para que el Estado sea un órgano funcional, que represente los intereses de la colectividad y no exclusivamente de unos cuantos, ya que esto degeneraría el concepto democrático del Estado.

Por eso, cuando vemos a la Administración Tributaria actuar, nos preguntamos a que modelo de Estado aspira estar inmersa la Administración, que no administra, sino dicta de manera incoherente y con franco desapego a la norma legal emanada del Poder Legislativo, criterios institucionales que destiñen el concepto de legalidad y poniendo en absoluto cuestionamiento la competencia de los funcionarios a cargo de tan relevante función en un Estado que se encuentra en el filo de la navaja financiera.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, introdujo diversas normas de reforma a la ley de impuesto sobre la renta, entre los que se incluyó la necesaria distinción del tratamiento fiscal de los ajustes que resultan de las cuentas denominadas en moneda extranjera, que, frente al fenómeno de la volatilidad cambiaria, generan ya sea ajustes al alza o a la baja dependiendo del mercado cambiario.

El denominado diferencial cambiario, tiene en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, un momento de reconocimiento diferenciado, del momento de su imputación a la base de cálculo del impuesto respectivo, haciendo la distinción entre los que se generan resultado de bienes afectos al impuesto sobre las utilidades, respecto de los que tributan en las nuevas cédulas de rentas de capital.

Para el primer grupo de bienes y obligaciones, que están afectos a la actividad siguen para su imputación, en el resultado de la base imponible del impuesto, el principio del devengo contable sea que se reconoce con la ocurrencia externa del fenómeno cambiario -el que siempre ha estado fuera de la esfera de control del contribuyente.

La misma norma legal, indica que en cuanto diferencias de cambio de las rentas que tributan con arreglo a las cédulas de las rentas de capital, la imputación a la base de calculo de los impuestos se efectúa conforme el concepto contable del percibido, sea el monto efectivamente realizado y materializado en el momento que el inversionista-contribuyente-recibe el dinero efectivamente.

El denominado criterio institucional 04-2020 de la Dirección General de Tributación, tiene desde defectos formales que son descuidos o mala fe, hasta graves problemas conceptuales que abren la ya sangrada llaga de la inseguridad jurídica de los contribuyentes en nuestro país.

Se le numera con 2020, como si el mismo hubiese sido emitido en el año referido, sin embargo, fue firmado con fecha 4 de enero-lo evidencia la firma digital- publicado con fecha 6 de este mes, con lo que no corresponde al año 2020, pero si al 1-2021, esto que parece irrelevante es fundamental en cuanto a la aplicación ya sea retroactiva al período 2020, o prospectiva, sea de aquí en adelante para el período que iniciamos en 2021. Esto no solo confunde si no que se torna en fuente de inseguridad jurídica.

A la vez se lee en las consideraciones del criterio institucional los fundamentos que en la ley utilizan para llegar a concluir exactamente lo contrario a lo que la ley dice, es realmente de pena ajena y por ello de necesaria aclaración, cual consideramos debe ser el actuar del contribuyente.

Como la ley en materia del impuesto a las utilidades indica que en relación con el diferencial cambiario aplica el criterio del devengo contable, el contribuyente hace bien en liquidar sus obligaciones tributarias con base en la norma legal, quien realmente hace mal, es la Administración al emitir un criterio contrario a la ley.

Ahora bien, en caso de que el contribuyente aplique el criterio institucional no incurre en falta alguna, ya que está frente a lo que se denomina una economía de opción, que en derecho se denomina fraude de ley, que consiste en tener una norma legal de cobertura de su actuación, aunque esta luego resulte en las instancias pertinentes en criterio institucional ilegal, como en efecto lo es.

¿Qué consecuencias tiene para el contribuyente si la Procuraduría General de la República llega a plantear que hay una lesividad de los intereses de la Hacienda Pública y el criterio institucional resulta ilegal?

La respuesta dependerá del dimensionamiento que le dé la misma Procuraduría, por lo que si la misma es retrospectiva, anula el criterio y deja el mismo como si nunca hubiese sido emitido, las liquidaciones del impuesto a las utilidades de quienes se acogieron a lo indicado en el criterio institucional requeriría ser pagada la diferencia, ya sea por un acto voluntario del contribuyente, sin sanciones por haber una norma de cobertura como la indicada, pero con los respectivos intereses sobre la diferencia del impuesto.

Es decir, que aquellos a quienes convenga la liquidación conforme el criterio institucional debían provisionar según la normativa contable, el monto de esta contingencia hasta que la misma prescriba que en regla general-si no median interrupciones- será en cuatro años.

Debe el sistema tributario ser mas coherente para que se ponga de manifiesto de manera apropiada el principio de igualdad ante la ley tributaria, ya que quien no tenga claridad de estas opciones, liquida con temores e inseguridad las obligaciones tributarias del período fiscal 2020.

Sobre el tema de la aplicación es de dudosa aplicación retroactiva al período 2020, el criterio institucional, ya que, el mismo no estaba vigente a la fecha del cierre del largo período fiscal de 15 meses, tiempo suficiente para que una Administración diligente y transparente-si lo fuera-hubiese sin subterfugios ni carrerillas, sacar con supuesta numeración del 2020, algo que debe entenderse por fecha de firma y publicación como el primer criterio institucional del año 2021, a partir del cual entraría a regir, esta es otra arista de la indudable incertidumbre jurídica que impera gracias a la imprecisión de la Administración Tributaria.

La función de la Administración no puede ser constitutiva del derecho, por motivo de reserva de ley consagrado en nuestra Constitución Política, sino que debe ser de orden aclarativo y didáctico para la mejor aplicación del derecho.

No les aburro con la perorata de las citas legales que, en el abusivo criterio institucional, solo denota la clara intención de torcer la norma, no de aclararla, haciendo a la vez alarde de la ignorancia de los términos técnicos, con un uso indiscriminado de los mismos, lo que resulta en posible nulidad del acto administrativo por regulación de la Ley General de Administración Pública, que considera que los actos contrarios a la ciencia o la técnica, deben resultar en consecuencias de nulidad del acto administrativo.

Cabe siempre la duda, del motivo detrás de la acción de la Administración, es claro, que las consecuencias si que no abonan al principio de un sistema jurídico que se precie de cumplir sus objetivos, dando a los actores las reglas claras y ciertas de como se debe actuar en situaciones concretas como estas; resulta en un sesgo que puede estar beneficiando, de nuevo, a unos pocos, con detrimento de la Hacienda Pública e indudablemente a precio de incertidumbre jurídica.

Añoramos el día que contemos con una Administración Tributaria que, sin elementos de orden subjetivo, llegue a ser por sus actos una Administración competente, que promueva el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones legales que sobre los contribuyentes pesan, brindando a la vez al contribuyente, la certeza que sus liquidaciones son efectuadas con información transparente, clara, así como jurídica y técnicamente precisa.

Publicado en La República el martes 26 enero, 2021

Llegó el FMI

Llegó el FMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos una aprobación mayoritaria de 40 diputados para el crédito rápido con el Fondo Monetario Internacional. Este es solo el inicio de un camino de transformaciones forzadas en el ámbito de lo económico, en concreto en temas estructurales que Costa Rica ha venido procrastinando de forma recurrente.

Si bien este primer crédito por más de quinientos millones de dólares es un mecanismo de salvavidas temporal, es también el puente a la siguiente facilidad de crédito de dos mil setecientos millones de dólares, que son fondos estructurales que comprometen una serie de cambios que debemos empezar, como sociedad, a digerir y de los que se tiene alguna idea, a pesar de la falta de transparencia, claridad y reiterada falta de comunicación del Poder Ejecutivo.

En tesis de principio, desde la óptica fiscal es donde debemos hacer cambios estructurales profundos. Muchos de ellos ya los conocemos porque formaron parte de pasados proyectos de ley que no llegaron a ver la luz, indudablemente no son extraños a los costarricenses.

Pretendo enunciar algunos de los temas que estarán en el tapete de las discusiones de los próximos meses en el país. Solo haré descripción de los asuntos para que, cuando corresponda, se haga la discusión del menú que habrá que comer con sus pro y contras. Es un acto de preparación a una comida amarga, por la que tendremos que pasar como sociedad en esta etapa de ajuste estructural irrenunciable e impostergable.

Renta mundial. Este es un concepto de muy amplio calado donde ilustrados ignorantes han hecho alarde al referirse al mismo. Falacias que son las que históricamente han detenido la inclusión en la base de la tributación de los residentes o nacionales – ya veremos cuando haya un proyecto serio. Lo que no es de recibo es que en las condiciones que vive el país, sigamos aun con anacrónicos argumentos, peleando con molinos de viento, lo que denota la paranoia a contribuir que padecemos todos, pero algunos de forma fundamentalista.

El proyecto que corre en la Asamblea Legislativa es carente de mínimas características de orden técnico, por lo que debemos dar por ignorado el mismo, si es que en algún momento nos debemos plantear seria e ineludiblemente esta forma incremental de contribuir.

No es un tema ideológico solamente sino de que, al optar por un instrumento de compleja administración, es fundamental dar certeza jurídica con relación a los límites y los alcances de esta posible modificación. Debemos de evaluar sin aventurados simplismos y sin trasnochados argumentos ni a favor o en contra, pero con alineamiento a la necesidad de ver cuáles son las condiciones de necesidad y efectivo beneficio de esta inclusión normativa de amplio alcance.

El otro aspecto que será tema de gran debate tiene que ver con dos temas de orden tarifario, tanto en el impuesto sobre la renta como en el del impuesto del valor agregado. El aumento de la actual tarifa de renta del 30 al 35% al menos, deberá ser evaluado por sus efectos en la recaudación como en la conducta de la elusión y la evasión fiscal.

En cuanto a las tarifas del IVA, volver a las tarifas originalmente propuestas por el exdiputado Ottón Solís en su momento del 15%, que, de nuevo, nos lleva la reflexión de cómo debe compaginar este aumento inminente en las tarifas del impuesto con temas como la activación de la economía por medio del aumento en el consumo.

Este activación es el ariete del sistema económico, hoy y pre Covid-19 atascado por la incapacidad demostrada de la Administración Alvarado Quesada de cumplir con su prometido plan de reactivación económica en junio de 2019, el cual sentados seguimos esperando.

A pesar de que las personas físicas fuimos las primeras en sobrellevar en forma directa el impuesto al salario, parece que no nos quedaremos sin tener que contribuir más aún. Las cargas tributarias aunadas a las cargas sociales hoy sobrepasan en el extremo superior el 35%.

De recargarse más aún, debe evaluarse su efecto en los ingresos disponibles tanto para el consumo como para la inversión. Se debe verificar que el conjunto de medidas no termine siendo más caro como remedio que el mal que pretenden atacar.

Aún con el escándalo del manejo de los fondos de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, es probable que vengan propuestas de incremento de las contribuciones a los sistemas de seguridad social, eventualmente para fortalecer el sistema de salud – pagar lo consumido por Covid-19 – así como la pandemia de la corrupción, la más permanente de todas y la que ha desangrado a los bolsillos de los costarricenses.

Hay que ver con detenimiento el efecto de medidas como estas en la inclusión laboral al sector formal, así como el impacto en el pequeño nivel de empleo, que hoy apenas alcanza poco más del 50% de la población en condiciones de trabajar, cuando contamos desempleo y subempleo.

La venta de las instituciones públicas de carácter rentable es una larga discusión que debemos atender con un gran cuidado. La discusión ha sido sobre si vendemos las “joyas de la abuela” para comer mañana y cómo vamos a quedarnos sin lo que la abuela con cariño construyó… El asunto es que el cariño y el hambre son incompatibles. Lo verdaderamente preocupante de fondo, es el carente nivel de transparencia de la actual Administración Alvarado Quesada.

Preocupan los posibles entretelones de compadre hablado que tengan estos procesos, cuando salgan a “subastas libres” pero amarradas a compradores orquestados de previo por los propios promotores de estas iniciativas. Aunque pueden ser medios inteligentes, si se hacen con la torpeza de esta Administración nos quedamos sin las “joyas de la abuela” en una gran piñata, al más puro estilo del calco de la piñata sandinista de la década de los 80 del siglo pasado en Nicaragua.

Será también motivo de discusión estructural el proceso de eliminación gradual o inmediato de las exenciones en renta a los sectores activos de la economía en regímenes especiales, tales como las cooperativas y las zonas francas. Nuevamente, estos asuntos han sido parte de una agenda postergada y deben medirse en relación con competencia, competitividad y derecho comparado internacional; sin demerito de la necesidad de eliminar los efectos distorsivos en el principio de contribución de forma solidaria a los gastos públicos del Estado.

En la línea del Estado, vendrán discusiones sobre la reducción severa del tamaño de este, con una norma de empleo público que deje el enfoque blandengue. Que sea aleje del orden cosmético y se acerque a la reducción real. Reducir al menos en un 20% el tamaño del gasto público es una necesidad de orden imperioso, que tendrá que discutirse sin dejar de considerar el impacto en el desempleo total.

Cuando se haya reducido el Estado, respecto de las remuneraciones de los funcionarios restantes, el planteamiento deberá venir por el tema de las compensaciones basadas en un concepto real de salario único, con una base reducida de costo salarial de al menos el 20% también, convirtiendo los actuales pluses salariales en incentivos por desempeño efectivo de las funciones acotadas de un Estado que deberá ser eficiente inexorablemente.

Habrá que entrar en postergación de obras. No estamos para trencitos, estamos para salir adelante con los básicos antes y con los caprichos de la Señora después. Aunque tengan el endeudamiento pactado, ese ha sido el problema, que creemos que tener financiadas las obras las viabiliza cuando solo las compromete para que otros las paguemos.

Faltarán años hasta que podamos, como país, una vez saneadas las finanzas públicas, hacer inversiones de esta naturaleza de forma responsable. Debe hacerse con los pies en la tierra. Cosa difícil para quienes se transportan helicóptero. ¡Deberán hacer un aterrizaje forzoso!

Para aumentar la producción y activar la economía debemos mantener como país una visión de corto, mediano y largo plazo. No es de recibo que los recursos naturales, que por siempre hemos preservado, se pongan en riesgo en nombre de la producción. No se vale que ahora abramos los cielos a la minería para satisfacer las necesidades de unos midas conocidos y otros por conocer.

No podemos perder de vista que nuestra riqueza está en los recursos naturales, en la capacidad intelectual y la creatividad que de esta se deriva y que debe ser financiada en condiciones realmente acordes a los duros momentos que enfrentamos.

Así como es bueno que el gobierno tome mejores condiciones en el crédito, el sector productivo debe recibir una inyección significativa. Algo equivalente al 30% de las reservas monetarias en condiciones de créditos de interés equivalente al costo de financiamiento país. Tan bajo como eso, en términos de largo plazo, poniendo en las manos de la banca la responsabilidad fiduciaria de administrar estos recursos. Eso sí, evitando que ocurra la triste historia de la Banca para el Desarrollo, cuya bondad publicitaria supera a su real impacto en la economía.

¡Sí! ¡De todo esto tendremos que hablar! No hay postre, todo es amargo, pero es la época que nos tocó vivir. Debemos pagar el precio de haber sido permisivos y tolerantes del despilfarro; el que debemos exigir eliminar de cuajo en el mismo pacto social que debemos adentrarnos para poder acceder a la zanahoria de los dos mil setecientos millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.

Tenemos una aprobación mayoritaria de 40 diputados para el crédito rápido con el Fondo Monetario Internacional.

Publicado en La República el Martes 01 de septiembre de 2020