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Ha vuelto, ahora a ver qué trae

 

 

Con gran expectación recibimos la noticia del restablecimiento de la plataforma ATV desde el día de ayer, por parte del Ministerio de Hacienda. Un sistema fundamental en la relación digital entre contribuyente y el Ministerio.

De verdad que nunca se aprecia una prestación como cuando la misma se ha perdido… Nostálgicos momentos que tuvimos que mantener durante los dos últimos meses en los que retrocedimos a la era del “papel”.

Ahora es fundamental entender cuáles son las etapas de gestión de inicio de la plataforma ATV, que nos permita poner al día las diversas declaraciones pendientes, que durante este pasado oscuro preparamos desde el arcaico EDDI 7, a través de un formulario de pago D110.

La disposición inicial de la Administración era un plazo irracional de tres días para la entrega de información, pero se enmendó mediante la calendarización anunciada en conferencia de prensa por el señor ministro y su equipo el pasado viernes.

Se espera que más de un millón doscientas mil declaraciones ingresen en esta carga masiva, por lo que fue sensata la medida de poner en línea temporal y priorizar dicho proceso de una manera eficiente.

Los primeros en tener que poner en un corto plazo todas sus obligaciones tributarias en el sistema ATV son los grandes contribuyentes, que traen a la recaudación la mayor parte de los recursos fiscales a la caja única del Estado.

Fundamental recordar la escalación por etapas para los contribuyentes de la masividad, sea todos los demás contribuyentes, nos pongamos al día con las declaraciones del mes de marzo, del 20 al 24 de junio.

Las declaraciones del mes de abril corresponden la presentación en la semana que va del 27 de junio al 1 de julio, así como las declaraciones de mayo en la semana que va del 4 al 8 de julio. Cabe destacar que esto implica que la declaración que vence mañana 15, de junio no va por medio ATV sino va por el camino del papel con el recibo oficial de pago D 110.

En materia de declaraciones del IVA, sean las de los formularios D.104-2, corresponde la presentación ordenada de las declaraciones cronológicamente, para que se pueda hacer la correcta imputación de créditos y saldos acumulados en el sistema. Así no hay asuntos de acreditación de saldos de períodos anteriores que solo agravarían la condición de saldos de cuenta integral de cada contribuyente.

Tener en cuenta que la declaración de renta de sociedades inactivas se pasó para el 16 de agosto de este año. La declaración originalmente vencía el 15 de este mes, pero el nuevo plazo da tiempo para que los contribuyentes que aún no estaban preparados para declarar los años 2020 y 2021, puedan identificar el origen de los fondos que dieron pie a sus bienes y la bondad fiscal de estos, de modo que desactiven la presunción de incremento patrimonial no justificado del artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la renta.

Celebramos el regreso del sistema de gestión ATV, por todos los beneficios que implica, a pesar de toda aquella crítica que históricamente hacíamos a sus capacidades y prestaciones.

En la salida de esta larga noche oscura se acercan una diversidad de retos y oportunidades que debemos de recordar.

Aún no está en marcha el sistema TICA para las prestaciones del comercio internacional en exportaciones e importaciones. El Ministerio espera que retome funcionamiento en lo que resta del mes de junio.

El mensaje de tranquilidad que nos da el señor ministro, a su valor nominal parece el apropiado, para bajar las ansias de los contribuyentes en materia de la información rescatada y la encriptación de esta en bases de datos separadas de las que permiten la identificación del contribuyente. Tranquiliza, aunque, habiendo estado todos los sistemas y bases de datos por tanto tiempo en medio de un ambiente de secuestro, hoy desconocemos la profundidad de las vulnerabilidades generadas en la integridad de la información.

No podemos de manera ilusa creer que estamos frente a un grupo de “chicos traviesos.”

Hemos estado secuestrados por ciberdelincuentes, que no son primerizos y que eventualmente actuaban con anclas locales que les cooperaron en facilitar el descriptivo de las interrelaciones de los diversos sistemas que hay en el Ministerio de Hacienda.

Es fundamental que los procesos de investigación forense se lleven hasta las últimas consecuencias, para sentar las responsabilidades en cabeza de los funcionarios que incumplieron con el deber de probidad y diligencia que resultaron en el ciber secuestro del que hemos sido víctimas.

Esta investigación, aunque en manos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, debe llevar su correlato paralelo en la fiscalía de la República. Las consecuencias penales no pueden quedar en el olvido, ya que el daño causado tiene previstas de privación de libertad que demandamos sean ejecutadas en pleno apego al sistema de derecho de nuestro país, con garantía a los posibles imputados, pero, más aún, con la garantía para todos los que hemos sufrido las consecuencias operativas de esa falta de cuidado o complicidad en última instancia.

A los contribuyentes les recomendamos estar preparados para la posible masividad de comprobaciones que pueda llevar a cabo la Administración Tributaria. Es obligación del sujeto pasivo cooperar con la construcción de los datos que puedan tener relevancia tributaria para los contribuyentes y para la Administración.

Un acto recomendable es la comprobación de los saldos de la cuenta integral luego de todas las cargas de declaraciones pendientes en el sistema. Para ello hay que tener un claro proceso de documentación de la situación fiscal propia para conciliar con la información que resulte en los saldos de la Administración.

También cabe recordar la conveniencia de llevar a cabo con un diagnóstico del cumplimiento de los deberes propios como pagador de impuestos. Este diagnóstico detectará riesgos y oportunidades para el cumplimiento tributario al menor de los costos alternativos posibles en el pleno cumplimiento de la normativa fiscal vigente. Le permite acceder de manera voluntaria, aunque extemporánea, a la regularización de declaraciones “riesgosas”, una calificación que debe, de preferencia, provenir de un tercero independiente, adecuadamente versado en la gestión de las relaciones jurídicas de la autodeterminación y autoliquidación de las obligaciones tributarias, tanto de impuestos directos como indirectos.

Inicia un proceso de gestión para la puesta en marcha del proyecto de Tributación Digital que ha tenido una demora imperdonable. Este sistema debe contar la seguridad informática requerida para la buena custodia y protección de la información de los contribuyentes, que es protegida por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y ha sido flagrantemente vulnerada por esta larga noche oscura del hackeo.

¡Vamos!

Salimos de la situación compleja pero no bajemos la guardia. Debemos tener una oportunidad de mejora en seguridad digital para ser prudentes, para que pongamos en marcha, los contribuyentes y por supuesto la Administración, sistemas de gestión de seguridad de la información que se adecuen a las nuevas prácticas del crimen organizado que va detrás del preciado valor de la información con altos elementos de sensibilidad para el quehacer de los agentes económicos.

 

La fábrica de sinsentidos

 

Si bien la legislatura anterior fue prolija en normas de gran trascendencia para el quehacer de las finanzas públicas, fue también capaz de borrar con el codo lo que escribió con la mano.

Tal es el caso de la norma que reformó la ley del IVA, ley 10.144 y que entró en vigor en el mes de mayo pasado. La nueva ley hace distinciones que en la norma original estaban adecuadamente conceptualizadas, con propósitos difíciles de entender si somos bien pensados, y evidentemente perversos si nos entra la malicia a funcionar.

La ley, que ya entró a regir a pesar de dejar en manos del Poder Ejecutivo la función propia de reglamentación, deja varios asuntos sin resolver debido a la pésima técnica legislativa utilizada e incluso genera, en publicaciones de algunos colegas dudas como ¿Qué es el devengo en la norma dictada?

Esta duda solo puede surgir de la ignorancia de las reglas del derecho público, que dictan la condición del artículo 16 de la Ley General de Administración Pública: “En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.”

Por tanto, son cuestionables ponencias que abogan por esperar a que el reglamento aclare temas técnico – contables que han distinguido, de manera clara y pacífica por siglos, el devengo de la percepción.

Para beneficio de los lectores no contadores, la técnica contable da por concepto de devengo el acto de cumplimiento de los hechos económicos que pacten las partes, con independencia de las formas que puedan llegar a desdibujar con o sin ánimo, esta premisa fundamental, reconociendo por perfeccionado el acto de manera autónoma al pago o no de la transacción.

En sentido contrario, la percepción es el acto de recibir el pago, o efectuarlo, con independencia de si la contraparte ha hecho o no lo pactado en materia de prestaciones o contraprestaciones.

Es decir, que el reglamento, si pretende no chocar con el artículo 16 ya citado, no es capaz jurídicamente de cambiar estos conceptos inherentes a la técnica contable.

La fábrica de sinsentidos en la que se puede convertir el Congreso de un país da pena ajena… La Ley 10.144 lo demuestra desde su redacción y el uso de castellano y hasta el irrespeto a la Constitución por materias de reserva de Ley. Desdibuja el fin mismo del derecho, que el de crear orden en las relaciones jurídicas… La fiesta que montaron los legisladores solo puede ser resultado de una resaca fuerte con efectos alucinantes.

Como tesis de principio, lo que está bien no se arregla, excepto, que convenga a algún conglomerado de contribuyentes que, veremos, son exclusivamente los prestadores de servicios o vendedores de bienes a crédito, término que tampoco debería ser motivo de duda, a pesar de las expresiones de algunos sobre que será el reglamento el que deba definirlo.

La venta a crédito es aquella que se perfecciona en la prestación del servicio o entrega de bienes, sin que haya sido cancelada en su totalidad la cuantía definida por las partes como contraprestación, sea esta monetaria o en especie. Para su pago se otorgan plazos acordados, en algunas ocasiones tomados simplemente por el cliente, en función de sus propias disponibilidades de recursos financieros inmediatos, tanto como la existencia de políticas de ciclos de pago, que son unilaterales por parte de los adquirentes.

El corazón de la norma crea unas condiciones en el hecho generador, momento en que nace la obligación tributaria, con una inserción de un inciso nuevo al artículo 3 de la ley del impuesto al valor agregado, indicando otro supuesto de hecho que se redacta así: “8- En la venta de bienes o prestación de servicios, a crédito, en el momento de la venta de los bienes o prestación del servicio con factura electrónica con el devengo.”

No toma en cuenta el legislador que la venta y prestación de servicios ya han sido gravados en el inciso 1 y 3 respectivamente del mismo artículo, por lo que el inciso 8 introduce únicamente como elemento novedoso el “con factura electrónica con el devengo.”

Cabe preguntarse, por motivo de la redacción inclusive, si estamos ante un derecho de opción de emisión o no de facturas. Si revisamos el reglamento de documentos y estructuras electrónicos, topamos que se deja excluido en el proceso de postergación del pago casos como los que resulten de los tiquetes electrónicos, que son un género distinto de documento electrónico.

Tome en cuenta que la condición establecida en el inciso 8 no es aplicable a todos los contribuyentes, con los dudosos efectos en el cumplimiento del principio de igualdad, neutralidad, generalidad y objetividad que dictan los predicados del impuesto al valor agregado, así como los principios constitucionales que acompañan o enmarcan esta norma de orden material.

Ni los grandes contribuyentes ni aquellos que, siendo personas físicas o jurídicas, hagan de la venta de un bien o prestación de un servicio una “actividad financiera lucrativa” pueden aplicar esta nueva norma. Este término de actividad financiera lucrativa, por ser invención del legislador, conviene que efectivamente sea el reglamento el que lo defina.

La norma establece, por la reforma al artículo 27 de la Ley, sobre la liquidación y pago: “En las ventas de bienes o prestación de servicios a crédito, que realicen contribuyentes en Su condición de trabajadores independientes, prestadores de servicios profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas o productores inscritos ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio o el Ministerio de Agricultura y Ganadería el contribuyente deberá pagar el impuesto respectivo a más tardar noventa días posteriores a la emisión de la factura electrónica.”

Es decir, en las ventas a crédito, que lleven a cabo exclusivamente los sujetos indicados, cabe la aplicación del principio contable del percibido, con una horquilla de tolerancia, que la convierte en devengo, al día 90 de la emisión de la factura.

Esto lleva a combinaciones de supuestos de hecho donde es difícil determinar quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores con la nueva norma, pero lo que es claro, es que alguien que compró a un gran contribuyente, por ejemplo, aunque sea un vendedor a crédito de sus bienes o servicios puede, en el período mensual de la liquidación del IVA, acreditarse el IVA de lo adquirido, aunque esté directamente relacionado con el bien o servicio que, por su condición subjetiva, llegue a dejar para el máximo del día 90 su pago del impuesto respecto del IVA que repercuta a sus clientes.

La contabilidad del IVA será compleja y diferente a la contabilidad financiera, que a su vez tiene diferencias respecto a la contabilidad tributaria a efectos de renta. Deberá llevar por percepción las ventas a crédito durante el primer tracto de 90 días desde la emisión de la factura, pasando a condición de devengo a partir de ese momento para las compras o ventas de los sujetos indicados en la normativa.

Esto implica severas cargas administrativas… Si la ley era una concesión para aliviar al contribuyente, en cuanto a que evitara “financiar” el IVA a sus clientes, el remedio es más caro que el mal, con la reacción más sincera de “no me ayudes compadre”.

La liquidación de las ventas de quienes, por condición subjetiva, caigan en la norma, será compuesta por el débito fiscal de todas las ventas de contado para el período mensual en cuestión más la porción recuperada durante dicho mes de las ventas de períodos anteriores, menos la porción de ventas a crédito del mes que no hayan sido recuperadas aún. A esto, se debe sumar lo correspondiente a ventas a crédito que, sin haberse recibido el pago, sean ya añejas y cumplan 90 días desde la emisión de la factura.

El cálculo de crédito fiscal, allende de los límites propios de las reglas de prorrata existentes y que se mantienen, se complica más aún: El contribuyente tiene derecho a deducir los IVA pagados de contado en el período de liquidación, más las porciones de IVA de meses anteriores que, resultado de adquisiciones a crédito que hubiese pagado total o parcialmente. Esta condición de pago es un elemento de exigibilidad del derecho de acreditación y, por correlato, debe incluir aquellos IVA soportados que, aún cuando no los haya cancelado, hayan cumplido el añejamiento máximo de 90 días.

Esto se adereza con la realidad de que la Ley fue publicada el 25 de mayo anterior y que, aún cuando falta su reglamento, está vigente para la presentación del próximo 15 de junio, para los supuestos de hecho que se dieran al cierre del mes de mayo aún cuando nos toque presentar y pagar a través del jurásico sistema Eddi7.

Tenemos que considerar que el legislador, que hace desplante de ignorancia con vehemencia, no dejó previsiones para obligar la existencia de un nuevo formulario en el que los débitos fiscales se desgranen en la declaración nueva, “D.104-2-2”-presunta-, misma que, por supuesto, ante el secuestro informático del país no estará disponible a los efectos de la liquidación.

En la versión imaginaria de este formulario de declaración nueva, debe haber previstas para la liquidación pormenorizada de las diversas condiciones que dieron derecho aprovechable de crédito a los IVA soportados en sus especies diversas y distinguibles, para poder acotar la liquidación como lo indica el propio artículo 27 de la ley.

Una norma de esta naturaleza tiene, efectivamente, la condición de haberse redactado con tan pobre uso de tan rica lengua, que lo único viable para su vida es taparle el resuello, derogándola a la brevedad. No solo la complejidad es más grave que el pretendido alivio, sino que la norma fue emitida antes de quedar en la precaria condición en la que se encuentra el sistema tributario nacional, consecuencia de la pérdida de los sistemas del Ministerio de Hacienda.

En esta norma hay ganadores y perdedores… No hay claridad de los ganadores, pero de seguro habrá vivillos que se chupan los bigotes. El gran perdedor es indudablemente el sistema tributario, que, cuando cae en el delirio del poder por la facultad misma del derecho creado, lo que invita es a la desobediencia civil.

Simplemente, como es por Costa Rica, como fue por usted, que nos dejó este legado la Administración anterior, agradecemos el gesto, pero gracias, no gracias.

 

Cierre de negocios por parte de Hacienda, un mal negocio

 

La Ley 10.165 (publicada el 11 de mayo anterior) “suspende” de manera temporal una norma sancionadora que, en nuestro criterio, debe ser erradicada por completo del ordenamiento jurídico pues atenta contra los principios más básicos de la libertad, la razonabilidad, proporcionalidad y hasta del sentido común.

La nueva ley sustituye temporalmente la sanción de cierre de negocio, prevista en el artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, por una sanción pecuniaria equivalente a una multa del 25% de un salario base.

La sanción aplica por reincidencia en la no facturación, así como en los casos de impago de impuestos como el IVA y selectivo de consumo que, por su naturaleza, se trasladan jurídica y económicamente al contribuyente.

La nueva multa es indudablemente más coherente con la conducta que se pretende disuadir, tanto como con la reparación de un daño que, si bien choca con la normativa, tiene mecanismos de detección que, en el momento histórico de la creación de la norma no existía.

La conducta de no facturar como causal de esta sanción data de la época en la que los contribuyentes emitían facturas físicas, muchísimos años antes de la factura electrónica y los controles cruzados que emisor y comprador tienen como pesos y contrapesos en la relación comercial o de servicios; así como la que corresponde a la relativa deducibilidad de las facturas electrónicas debidamente emitidas.

La lógica económica de cerrar un negocio por impago es incongruente; es cerrar las puertas a poder recibir el pago. Una acción contraria a la más básica lógica de negocios, sentido común y libertad empresarial.

Parece que el legislador histórico del 2022, habida cuenta de las circunstancias económicas extraordinarias provocadas por la pandemia – hoy endemia – en las empresas y empresarios, ha caído por fin en cuenta de que, si lo que se requiere es recaudar, se debe abrir los bronquios del contribuyente para que, respirando, pueda cumplir con su pago.

Antes de entrar en los términos y condiciones de la norma de suspensión, vale la pena ahondar en la pertinencia, lógica económica, así como la coherencia con principios constitucionales, que sabemos se han ventilado sin éxito en el pasado en casos concretos, donde como sociedad hoy, podemos retomar el tema y hacer una realidad aquello de que “solo los ríos no se devuelven”.

Más allá de la revisión temporal, por las consecuencias mismas de la norma coercitiva, es necesario que el legislador moderno retome el tema y lo valore a la luz de las nuevas circunstancias. Una realidad donde la creación de riqueza y empleo están muy por encima como valores y principios que se apegan a la realidad económica del país y del mundo, más que dejar el “parche” temporal en la norma que se promulgó.

El paliativo publicado es una norma oportuna, en la dirección correcta. Como sociedad debemos, a través de nuestros representantes en el Congreso, definir si es apropiado que, siendo aceptable por un momento la sustitución de la sanción de cierre por una multa, lo sea también, de manera prospectiva como una medida alternativa en el futuro para el contribuyente incumplidor; así no lo pegamos un balazo a su capacidad efectiva de enmendar y contribuir.

La norma entra en vigor el próximo 1 de junio, por lo que recomendamos a todos aquellos que se encuentren en las condiciones que iremos indicando, aprovechar esta ventana que se abre pero que cierra a los dos meses de abierta, la oportunidad de cambiar el cierre por una multa.

El contribuyente debe realizar una petición en los dos meses perentorios para subsanar el incumplimiento en el pago o lograr un acuerdo de pago con la Administración, a través de un fraccionamiento con un plazo máximo de 18 meses.

En caso de que el contribuyente no cumpla en forma y tiempo con la solicitud de fraccionamiento, tiene un plazo perentorio de tres meses para hacer el pago completo de las obligaciones impagadas, para entonces poder acceder a la norma temporal de sustitución del cierre de negocio, por la sanción pecuniaria.

Para todos los procedimientos iniciados con anterioridad al 30 de junio de 2021, que no hubiesen sido ejecutados a la fecha, se autoriza en la norma que se proceda con el archivo del expediente sancionador.

Parece, sin duda, que la valoración es la correcta para procurar la corrección de conductas que conllevan, además, el cercenar la capacidad contributiva posterior, que a la vez genere impuestos, empleo y riqueza.

Estamos ante un cambio en los paradigmas del derecho sancionador que instamos se haga de carácter general. La sanción de cierre es ineficaz, inoportuna y carente de coherencia mientras que la económica tiene sentido en el marco de las conductas que se pretenden evitar, así como de las herramientas con las que cuenta el fisco para la detección oportuna de las omisiones.

La dispensa legal regulada en la ley en cuestión tiene obstáculos de orden práctico a la luz del hackeo de la información del Ministerio de Hacienda. Es requisito para acceder a la “suspensión” de la sanción del cierre, el estar al día con todas las obligaciones tributarias, pero hoy estas son un agujero negro de carácter desconocido. La norma es una manifestación de buenas intenciones inaplicables. El impedimento se puede solventar mediante una declaración jurada del contribuyente, que así se autorice en el reglamento, visto que la ley se aprobó antes del acto vandálico en contra la información de la Administración Tributaria.

Ahora bien, no es el caso de los pagos, ya que como consecuencia de la condición del secuestro informático, el país sigue a ciegas manejando sus relaciones de ingreso y gasto público para lo que se requerirá de normativa de remediación que permita restaurar la información, procurando de los males el menor, siendo el peor escenario, mantener al secuestrador a cargo de las finanzas del país, o generar un mecanismo de reconstrucción de la información con adecuadas providencias de garantías para los derechos adquiridos de los contribuyentes cumplidores.

Cualquier providencia que en ese sentido se tome, al tocar elementos de reserva de ley requiere de una norma de aprobación prioritaria en el Congreso, con una serie de medidas que eviten las elusiones y evasiones legalizadas, pero que, a la vez, no condenen al país a seguir con finanzas a ciegas.

Estamos en una situación que va a requerir de decisiones valientes, pues está en juego la seguridad nacional, la paga de los empleados públicos, que se está haciendo con información desfasada y a personas que incluso puede que hayan perdido el derecho de pago.

Hay que pensar fríamente, actuar rápida e intrépidamente, para que los daños causados sigan aumentando, dejando en ingobernabilidad financiera a Costa Rica.

 

Hay que dar solución

 

Las cosas no se arreglan con el mero transcurrir del tiempo. Aunque el tema del hackeo parece haberse incrustado en la cotidianidad de la vida nacional, estamos, como es evidente y lo ha expresado el propio presidente Chaves, ante un tema de seguridad nacional.

Para el contribuyente esto no es otra cosa que un retroceso a las filas en los bancos, el regreso del enyesado EDDI 7, viejo amigo que se exhumó para salvar la transición temporal. Requerimos entrar al fondo del asunto, sin demérito de encontrar los responsables y dotar a la Administración de un sistema informático seguro, estable y moderno, que inicie el proyecto que estaba en sala de espera de la tributación digital.

Mientras tanto, surgen varios escenarios para resolver diversidad de temas, así como una compleja gama de decisiones que, por lo extraordinario, no son viables de resolver con el marco legal existente. Será necesaria una ley de emergencia para abordar la casuística que someramente veremos.

En el supuesto de que, por cualquier motivo, haya posibilidad de recuperar la información de los contribuyentes, es fundamental validar la integridad de los elementos recuperados.

Aparte de las mismas declaraciones de todos los impuestos que administra Tributación – elemento formal de la relación entre Administración y contribuyentes – se ha de tener en cuenta, que están además, todos los datos relativos a los medios de extinción de las obligaciones tributarias, es decir, como fue que históricamente el contribuyente satisfizo la obligación tributaria material.

Asimismo, hay reportería de datos sensibles especialmente de los grandes contribuyentes relacionados con los AMPO de carácter anual, donde se revelan literalmente “pelos y señales” de las características de cada empresa, con información cuya sensibilidad es abrumadora, cuando se plantea en manos de la competencia, por ejemplo.

También están las declaraciones informativas que revelan las relaciones de clientes, proveedores, pagadores y receptores de intereses, alquileres, comisiones y honorarios. ¿Cuánto daño se puede hacer con toda esta inteligencia en manos inapropiadas?

Dentro de los asuntos relevantes que se encontraban a “buen recaudo” de la Administración, dudosa afirmación, pero fundada en los principios propios del deber de hacer y vigilar, se encuentran todos los procesos que dan curso de fiscalización.

Esta ruptura del deber de custodia diligente de la información y el secreto tributario, tutelado en el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, no debe quedar impune. Debe correr suertes paralelas a la recuperación de la normalidad funcional de la Administración y los contribuyentes.

Si todo este acerbo de datos fuera recuperado, nadie garantiza su integridad, por lo que debe ser contrastada con la que los contribuyentes suministraron en su momento a las autoridades en el sistema de cumplimiento voluntario y espontáneo de la información. Esta situación deja a ciegas a la Administración, a pesar de lo que pueda estar viendo, tanto como al contribuyente respecto de lo que de él se consigna en los registros tributarios.

En caso de que no se recupere del todo la información o se recupere de manera parcial, para esta última corre la suerte de lo dicho en párrafo anterior y para lo que respecta a lo no recuperado, una peor suerte acaecerá.

Una Administración tributaria funciona a partir de la información, tanto oportuna como de calidad con la que cuente. Dicho, en otros términos, hoy la Administración está recibiendo pagos a cuenta de la bondad de los contribuyentes, que con un sentido patriótico entendemos el deber de contribuir, muy especialmente cuando el “rancho está en llamas”.

Tomemos en cuenta a la vez, que el contribuyente puede estar aplicando, en algunos casos, saldos a favor según su contabilidad, que eventualmente no están ni estarán en poder de la Administración.

Peor aún si los rescata la Administración, volvemos al mencionado problema de la integridad de los datos rescatados. Esto sin contemplar que ya de por sí la base de datos de los estados de cuenta integral era incoherente, en la época pre-hackeo.

En cualquier escenario que desencadene urge definir hitos que brinden seguridad jurídica a todas las partes de la relación jurídica tributaria. Definir cuándo se entiende que la información no se va a recuperar es un tema fundamental, que se maneje con prudencia, haciendo esfuerzos hasta el último punto posible, sabiendo que aun y si se recibe algo de datos, los mismos hay que validarlos uno a uno.

La minería de datos, procesos de robotización e inteligencia artificial serían un medio útil si la información viniera en formatos que sean aprovechables con bases de datos utilizables. Sin embargo, habrá que dar lugar a un procedimiento absolutamente extraordinario que implica cargas y responsabilidades a los contribuyentes, mismos que en el estado de emergencia en que nos encontramos deben contar con garantías de mínima protección jurídica, para colaborar con la operación de reconstrucción.

Lo sensato de hacer, se recupere o no la información, parcial o totalmente, al menos respecto al cumplimiento formal y material de obligaciones de todos los impuestos administrados por Tributación, es solicitar de manera masiva a los contribuyentes sus datos.

Lo realmente extraordinario de esto es que se debería aplicar a todos los contribuyentes, con lo que hay que escalonar la solicitud por estratos de contribuyentes, entendiendo que las estructuras mismas de las organizaciones privadas tendrán que distraer parte de sus recursos para esta labor de reconstrucción.

A tal fin debe reformarse por norma de carácter transitorio el artículo 53 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que versa sobre las causales de interrupción de la prescripción, entre las que están la presentación de las declaraciones, ya que estas se deben considerar por el estado de excepción, como las definitivas, pudiendo consignar cifras que difieran de las originalmente presentadas, por determinaciones de errores hechas por el propio contribuyente.

La norma debe dar garantías al contribuyente de que, en su ánimo de cumplir con este deber de cooperación con la Administración, no pierde el tiempo transcurrido debido a la solicitud masiva de datos de las últimas 48 declaraciones mensuales, de todas las obligaciones con esta periodicidad, así como las últimas 4 declaraciones del impuesto sobre las utilidades, sean los años fiscales 2018, 2019, 2020 y 2021.

Las declaraciones mensuales de IVA deben ser contadas, para los nuevos obligados por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas exclusivamente, para los meses que van del mes de julio de 2019 en adelante, siendo que los obligados de previo por el impuesto de ventas deberían cumplir con las 48 declaraciones, respetando las reglas de prescripción establecidas para las declaraciones mensuales en el artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

El plazo que se otorgue a los contribuyentes debe ser acorde y conteste con la capacidad de las nuevas plataformas una vez que las mismas se encuentren habilitadas, pero no es de recibo esperar que esto ocurra para lograr los cambios legislativos que se necesitan.

A la vez, debe darse un incentivo a los contribuyentes por sus esfuerzos extras, con una eventual reducción de sanciones en casos de impagos o saldos pendientes, así como los que se lleguen a determinar en las eventuales fases de fiscalización de carácter previas o definitivas.

Estas medidas garantistas deben ser compensadas con la aplicación de las sanciones de 3 a 100 salarios base para quienes notificados después de transcurridos los plazos que resuelva la reconstrucción, para que se recompense a los contribuyentes colaboradores y sancione a quienes, en este estado de emergencia, se resistan a cooperar.

Le corresponde en el deber de iniciativa al Poder Ejecutivo, promover la norma completa ante el Congreso, tratando la misma con tramitología expedita como la situación lo amerita. Valga decir, que no hablo de una amnistía sino de una concesión especial que fomente el cumplimiento, ya que tanto principal e intereses de las deudas manifiestas o que se lleguen a manifestar pendientes de pago, deben correr de pleno derecho.

Mediante procedimientos de comprobaciones abreviadas se deben tomar los datos de los contribuyentes para contrastarlos con los que pueda llegar a tener la Administración por otros medios, sean estos los de la “recuperación de la información” o la que surja de información de terceros que en el cumplimiento de la normativa puedan brindar información de relevancia tributaria.

A pesar de que se actúe rápido, se cuente con medios informáticos y haya voluntad política para poner en marcha este esbozo de iniciativa, que a todas luces planteo para ser mejorada, hay que tener en cuenta que la ejecución de estos mecanismos será lenta para la Administración y los administrados.

Un esfuerzo así no puede quedar en pendiente de ser resuelto, cuando al más puro estilo de los preclaros padres de la patria en el Pacto de Concordia-primera constitución política del 1 de diciembre de 1821: “…hasta que se aclaren los nublados del día”, por que los mismos no se van a aclarar con certidumbre para la Administración y los contribuyentes por actos esotéricos, sino por acciones que se tomen desde ya.

Les aseguro que es más fácil criticar o no hacer nada que proponer ideas. por poco ortodoxas que estas sean, pero es que la situación no da para delicadezas de puritanismo impráctico, o el derrumbe de las finanzas públicas es una de las indeseables consecuencias.

 

Recambio importante en la Administración Tributaria

 

La nueva administración del ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, hace un recambio importante y un favor, más bien demorado, al sistema tributario costarricense.

El nombrar un nuevo director en la Administración Tributaria era una necesidad a gritos de nuestro sistema, para la articulación de acciones coherentes con la realidad y la necesidad de recaudar de manera apropiada los impuestos.

La felicitación al nuevo jerarca, Mario Ramos; su amplia experiencia en la gestión de grandes contribuyentes ha impregnado, junto con su equipo, el cambio de rumbo estratégico y operativo de esta sensible área de la Administración.

Necesitará de esfuerzos distintos, sangre nueva pero plagada de experiencia, para asumir los abundantes retos en la Dirección de la Administración Tributaria. A Don Mario y el equipo que deberá conformar le esperan grandes tareas.

Deberá priorizar, pero en plazos muy cortos y ejecutivos, para resolver las diversas falencias del acontecer fiscal del país. Debe embarcar con urgencia un proceso de reparación a los diversos daños que son difíciles de resolver.

Deberá devolver la estabilidad informática en la Administración Tributaria, coordinar entre áreas internas y equipos profesionales especializados en la recuperación de datos y ciberseguridad.

A su vez, deberá asegurar el proceso de auditoría forense que siente las responsabilidades sobre los funcionarios que, por acción u omisión, facilitaron o participaron en el ataque cibernético. Una materia tan grave jamás debe dejarse en suspenso de duda y, mucho menos, en una posible impunidad en caso de caber responsabilidad funcional.

De su respuesta derivará la confianza por recuperar la credibilidad de una institución que, a pesar de su importancia para la vida del país, ha sido manejada con desgano, falta de coherencia, inconsistencia y, sobre todo, apertura a las bolsas de fraude de entes privados que, al menos por tolerancia de sus funcionarios han paseado como elefantes frente a sus narices. Eliminar el cáncer de la complicidad activa o pasiva es un reto necesario para purgar a corruptores y corruptos del sector público, privado y del tercer sector.

Este último es dañino para la institucionalidad del país. Vende, por haber estado en la Administración o por tener “contactos” en ella, sus influencias y con ello deforma el derecho y convierte el cumplimiento tributario en un club de cumplidores y otro de quienes tienen los “contactos correctos” en la calle o adentro para “arreglar las cosas.”

Es una batalla que debe incrementarse. Solo con los controles adecuados internos, con expedientes digitales, sistemas seguros, revisiones cruzadas e independientes desde otras áreas de fiscalización ajenas a las de auditoría desconcentrada se identificarán rastros imborrables de cualquier manipulación. Así pondremos fina a auditorías notificadas que nunca llegan a iniciarse, auditorías con determinaciones negociadas, a la pérdida total o parcial de expedientes y un sinfín de casos irregulares.

Bajo la nueva gestión del director debe haber consciencia y cero tolerancias al tráfico de influencias.

Conviene también que impulse la necesaria tributación digital. Que de una buena vez se ejecuten los fondos que hasta ahora lo único que acumulan es costos financieros para el país. Es hora de sacar provecho para la gestión, fiscalización y recaudación de impuestos. Somos todos quienes debemos cumplir con el deber constitucional de contribuir a las cargas públicas.

Debe ser parte de su gestión liderar técnicamente en la regularización de reglamentos e interpretaciones instruccionales de su predecesor, cargadas de cuestionables asuntos de legalidad y que dejan abiertas las puertas al fraude y el abuso del derecho. Debe revisar normas infralegales que genera, de facto, cambios en la ley.

Es sencillo, basta con tomar los reglamentos del impuesto sobre la renta o del IVA para detectar exenciones inexistentes en Ley, en flagrante prevaricato en beneficio de unos pocos y en franco perjuicio para la Hacienda Pública. Acciones irregulares que generan un estado de desigualdad entre quienes tributan con base en la norma legal y quienes escampan en la norma reglamentaria. Documentos que generan agravios comparativos que, aparte de odiosos, ilegales y nefastos, provocan problemas de competencia y competitividad.

El nuevo jerarca de la Dirección General de Tributación debe asegurarse de que en las discusiones de las normas que pronto lleguen al plenario legislativo, se marque las pautas de lo que es susceptible de negociación política y de aquello que, de cambiarse, degenera o deforma la técnica legal.

¡Vaya tarea le tocará!

Una faena con los 57 diputados y con los diferentes grupos de interés y de presión, que pasan bajo la mesa la lista de sus mejores intereses, aún cuando esos no sean coherentes con la técnica legal tributaria.

Le corresponde a Don Mario planear, dirigir, controlar y exigir la rendición de cuentas a todos los funcionarios a su cargo; en particular en esta etapa de transición, invitando a que se acerquen recursos frescos que resulten de una eventual reforma tributaria.

Esta tarea será posible aumentando la fiscalización con probidad de los partícipes, sin tráfico de influencias que privatizan, en el bolsillo del corruptor y del corrupto, los recursos que requerimos como sociedad. Esos de los que somos titulares jurídicos como pueblo de Costa Rica.

Debe finalmente promover propuestas para resolver pendientes históricos, a pesar de ser cosa ya legislada, pero que por inopia o flojera de su predecesor y su camarilla simplemente no se han puesto en marcha.

Casos como el control tributario del artículo 103 del CNPT que abordé la semana anterior o la declaración de precios de transferencia. Herramientas que fueron dotadas por los legisladores a la Administración Tributaria pero que esta las tiene en un remojo inexplicable.

La legitimidad jurídica surge con el nombramiento del nuevo Director, a quien le auguramos éxitos. Solo así serán más ágiles las vidas de los contribuyentes que no tienen por qué “rogar para pagar sus impuestos”, con impronunciables procedimientos disuasores del cumplimiento.

Será oportuno impulsar tres aspectos de vertebral importancia para cerrar puertas que hacen inviable la regularización de las conductas pretéritas, por impagables que se convierten.

Debe impulsar la factura electrónica universal, proponer la eliminación del régimen simplificado y navegar hacia un plan general contable.

El régimen simplificado actual sirve para que escampen pequeños “pitufos fiscales” que, por apariencia son de poco interés fiscal, pero son en realidad un paraguas de insostenible evasión. Basta con eliminar vía ley el título cuarto de la ley del IVA y lo respectivo en el régimen de renta para nivelar la cancha.

Mientras que el plan general contable o único de cuentas evita que, por el abuso de prácticas contables agresivas se cometan omisiones tributarias, abiertas a la creatividad e interpretación del denso bosque de Normas Internacionales de Información Financieras, tan abundantes y venidas a menos en la práctica de los contribuyentes.

En su despacho, a su antecesor, se le hizo entrega formal del cuerpo normativo completo que es plausible por medio de resolución general. Con gusto se le puede entregar nuevamente, en caso de que se haya traspapelado.

También es necesario promover la inclusión fiscal mediante una norma de regularización y actualización que permita pasar de las tinieblas fiscales del pasado a la luz, que esperamos sea la tónica de una administración tributaria moderna, como la que auguramos con usted como protagonista.

La legitimidad más valiosa, señor director, será la que se gane por sus acciones, de las que estaremos vigilantes para aportar en lo que está a nuestro alcance y deber, para sacar todos juntos la encallada barca de las finanzas públicas del pestilente pantano del que usted hoy las recoge.

Los buenos marineros no se hicieron en mansos lagos sino en las grandes tormentas de mares retadores. Esta mar en tormenta está como una mesa servida para usted. Una gran oportunidad para que usted, señor director, demuestre que es un gran marinero.

 

Control tributario para la nueva Administración

El éxito de un sistema tributario se sienta en diversos puntos de engranaje que conviene revisar si realmente se han tomado en cuenta para el diseño de las normas, las políticas y gestión diaria desde el aparato estatal para lograr los recursos necesarios para sufragar los gastos públicos.

Es esencial repasar los principios del derecho originario, que dan la legitimidad a la obligación de todos a contribuir con las cargas públicas. Dicha fuente está en nuestra Constitución Política, como sucede en los Estados democráticos modernos.

El deber de contribuir es de todos. Para que se cumpla, deviene de este predicado constitucional el complemento directo que indica que ha de ser cumplido con arreglo de Ley.

La Constitución impone claramente límites a la capacidad jurídica del Estado para lograr la recaudación de impuestos y dota al contribuyente de una garantía de certeza jurídica: Que la normativa que crea carga tributaria debe ser con rango de Ley y no de un acto administrativo ocurrente.

El que la obligación de contribuir se cimiente en una ley asegura – en una democracia representativa – que somos todos los que, representados por el Poder Legislativo, consensuamos y ponemos en común las capacidades contributivas que consideramos socialmente aceptables y susceptibles de ser gravadas. También definimos con qué mecanismos se dota al Poder Ejecutivo para asegurar que el cumplimiento tributario se lleve a cabo con arreglo a la ley.

El sistema tributario descansa, se fundamenta y adquiere legitimidad constitucional, pero con límites y que, gracias a estos, cuando se legisla o cuando se administra la materia legislada, se debe hacer conforme el poder que el pueblo ha delegado en sus representantes en respeto a la Ley.

Los presupuestos que utiliza el legislador para detectar manifestaciones de capacidad contributiva son resultado de la técnica desarrollada por siglos en el país y en derecho comparado. No es necesario legislar por ocurrencias, ni solventar la reinvención del “agua tibia” cada vez que sea necesario imponer nuevas cargas sobre los contribuyentes.

También es cierto que la técnica tributaria en el derecho interno, la doctrina y el derecho comparado son estrellas que guían las cargas de navegación. En tanto se apeguen a la técnica se podrá repartir las funciones de contribuir de una manera eficaz y eficiente, que logre los objetivos propuestos de manera balanceada en relación con el costo de recaudar y el beneficio de recaudo.

Dentro de los aspectos que un sistema tributario diseñado con técnica debe asegurar es de la dotación de medios jurídicamente validos y consecuentes, con la responsabilidad que se les encomienda a las autoridades del Poder Ejecutivo, para asegurar que el reparto de las cargas públicas está cumpliéndose a cabalidad.

Sin este vértice de dotación de medios al Ejecutivo, de herramientas tasadas para lograr el cumplimiento de sus objetivos, se transgrediría el cauce constitucional indicado. Que el deber de contribuir debe ser hecho con arreglo a la ley, siendo el mismo límite un transversal a la construcción del sistema que dote a las partes, tanto la Administración como al contribuyente de elementos de certeza jurídica.

A la sazón de estas reflexiones debemos agregar que todo sistema, para poder lubricar su capacidad de mejora continua, debe contar con los mecanismos de control que le permitan el aseguramiento de la eficacia y eficiencia, así como de la responsabilidad delegada a las autoridades competentes.

El sistema tributario – aunque a veces no lo parezca – es un sistema de confianza. Se dan instrumentos a los obligados para que estos, bajo su entera responsabilidad, hagan la autodeterminación de sus obligaciones; fundamental para lograr los objetivos planteados de una forma oportuna y espontánea.

En diversas ocasiones, sin embargo, hemos hecho notar que el cumplimiento se hace a modo de péndulo. Algunos cumplen bajo el mejor de su entendimiento con la norma establecida, mientras que en el otro extremo están quienes se crean una suerte de “inmunidad fiscal” a partir de sus incumplimientos que deforman los logros del reparto de cargas públicas de una manera equitativa.

El artículo 103 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios tiene dos elementos que es oportuno revisitar para el fortalecimiento de la gestión en la nueva administración Chaves Robles, de su ministro de Hacienda Acosta Jaén y por supuesto, de el necesario recambio de funcionarios en las direcciones del Ministerio.

El inciso B indica las facultades para asegurar el cumplimiento de las obligaciones: “b) Cerciorarse de la veracidad del contenido de las declaraciones juradas por los medios y procedimientos de análisis e investigación legales que estime convenientes.”

Las nuevas autoridades deberán hacer los esfuerzos sistemáticos y estratégicos para asegurar la

calidad del sistema de autodeterminación de los contribuyentes. Deben confirmar que sea de acuerdo con la ley y que se haya materializado el principio de generalidad tributaria, es decir, que todos los obligados hayan cumplido con los deberes establecidos en la norma material de los impuestos directos o indirectos.

Sabemos que el déficit fiscal, así como la consecuente necesidad de llegar a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, llevarán a la discusión legislativa una nueva reforma tributaria necesaria pero también debemos exigir que la Administración Tributaria demuestre que hace uso pleno de las facultades de control tributario del artículo 103 y siguientes del Código para evitar que pongamos yugos más pesados sobre los mismos contribuyentes a los que siempre se les cobra y fiscaliza, mientras dejan por tolerancia histórica y en complicidad peligrosa, que los evasores caminen por las calles, con manifestaciones externas de riqueza incoherentes, incluso sin aparecer siquiera con la condición de contribuyentes.

Debe ser parte del compromiso para cualquier reforma que pretenda la creación de nuevos impuestos o reformar los existentes, dar cuenta del uso de estas herramientas por parte de la Administración, así como exigir la rendición de cuentas respecto de su diligencia y combate a lo interno y a lo externo de la corrupción activa que carcome el sistema tributario.

El segundo elemento que se debe resaltar del artículo 103 es uno que, en el derecho comparado, funciona como alivio de las paleadas finanzas públicas, pues permite un flujo de caja periódico mensual y genera un potente control cruzado.

Me refiero al inciso “d) Establecer, mediante resolución publicada en el diario oficial La Gaceta, por lo menos con un mes de anticipación a su vigencia, retenciones a cuenta de los diferentes tributos que administra y que se deban liquidar mediante declaraciones y autoliquidaciones de los sujetos pasivos. Las retenciones no podrán exceder del dos por ciento (2%) de los montos que deban pagar los agentes retenedores.”

Este mecanismo de retenciones previstas de manera general en el Código ha sido obviado por la Administración Tributaria cargada de desaciertos, pero de cara al futuro puede y debe ser considerado como un medio para el combate contra el fraude fiscal. Más considerando que para su aplicación basta un mero acto administrativo.

Recordemos los dos tipos del péndulo de contribuyentes, aquellos que cumplen y los omisos. En el supuesto de aplicación general de estas retenciones, cuando los carteles del fraude interactúen con quienes sí cumplen, aparecerá saldos a cuenta a favor de los omisos que no se someten al deber de contribuir. Proponemos que la alícuota sea un porcentaje de retención muy bajo, pero que cumpla con los mecanismos indiciarios y pecunarios de la doble vertiente: Control de los omisos y la atracción de recaudación de carácter provisional y continua al flujo de caja del Estado.

Esta medida no requiere de cabildeo legislativo, ya está legislada. Requiere de dos elementos que están en la mano de las nuevas autoridades del Ministerio de Hacienda: voluntad de emitir el acto administrativo respectivo y contar con los medios tecnológicos que garanticen la transparencia y la inmediata acreditación de las cuantías retenidas a los contribuyentes formales y cumplidores.

Aunque la carga administrativa de retener y pagar recae sobre los mismos, estamos haciendo un cambio en los paradigmas de la gestión. Emergerá, como la basura emerge de las aguas limpias, la economía sumergida, que actualmente es un peso gravísimo que cercena la recaudación y el cumplimiento de los deberes constitucionales de contribuir con las cargas públicas.

El insulso argumento de algunos funcionarios en el pasado para no generalizar el régimen de retenciones a todos los contribuyentes es que podría generar grandes “bolsas de fraude”, lo que denota la claridad que tenían de su propia incapacidad de gestión.

En el derecho comparado encontramos que este mecanismo para quienes sí cumplimos, siempre que no se entraben los procedimientos de acreditación y se mantenga íntegra y actual la cuenta integral, termina siendo beneficioso. Aún cuando se perjudica facialmente el flujo de caja del contribuyente, termina siendo un alivio el que se pueda aplicar dichas retenciones en el impuesto de su elección.

La disposición debe dejar a elección del contribuyente a qué impuesto y en qué momento puede usar dicho crédito fiscal, lo que deja en la trampa de la información y de coste efectivo, solamente a los agentes económicos incumplidores.

Solo haciendo cosas distintas lograremos resultados diferentes. Por ello, por lo que, conviene que se tomen arsenales nuevos para librar pretéritas batallas que hemos perdido por hacer siempre lo mismo, pretendiendo, por arte de magia, lograr resultados diferentes.

Esperamos que haya voluntad en las nuevas autoridades. La necesidad ya existe y la norma habilitante hace años está vigente. Requerimos, sin embargo, hacer el salto a la tributación eficiente y que los sistemas no entraben, sino que faciliten la gestión para unos tanto como para los otros, dejando en la ratonera a los omisos.

 

Elija el vagón del tren adecuado

La libertad es indudablemente un reto a la responsabilidad y la vida en sociedad, en el marco de unos límites que debemos asumir todos los que somos parte de un país, territorio o región.

Elegir el vagón del tren es, siempre, un tema de opción. Empieza por la elección misma del medio de transporte que se apega mejor a los objetivos personales de cada quién. La necesidad de pasar de un punto a otro en el tiempo, costo y comodidades en los que espero llegar al destino.

Las motivaciones detrás de la selección de un medio de transporte tienen que ver con la aversión o el apetito al riesgo. A la percepción de riesgo que puede tener el individuo, en nuestro ejemplo, la persona empresaria.

El emprendedor o empresario puede decidir si mantiene o no su actividad, si expande o reduce su tamaño, si entra o sale de un mercado, si cambia o mantiene sus productos o servicios. Decidir si contrata o no una persona clave para su organización. Una tras otra, decisiones que parecen automáticas, aunque no lo son, pero para las que debe asumir sus consecuencias.

En la vida empresarial debemos elegir en qué vagón vamos a hacer la travesía. Debemos también conocer las consecuencias de dicha elección, para que sea una decisión racional, económica, prudente e informada de manera apropiada.

Lo que hemos dicho es aplicable para toda área del quehacer de los negocios, pero el abordaje lo haré desde el manejo de las decisiones fiscales, a la luz del entorno que se plantea en Costa Rica. Un cambio de autoridades en el Ministerio de Hacienda, con un ministro que conoce el ministerio y sus barreras, debilidad y necesidades. Un entorno con necesidades complejas, en concurso de prioridades estructurales y coyunturales.

Las necesidades estructurales de Costa Rica se mantienen aún con el cambio de mando en el Poder Ejecutivo. Tampoco cambian por el refresco del Poder Legislativo recién entrante. Son las mismas, o inclusive más graves, lo sabremos una vez que se afinen los números de lo que dejó la peor administración de la historia de los últimos cuarenta años.

En materia estructural no podemos olvidar el convenio asumido y los compromisos concomitantes con el Fondo Monetario Internacional. Esto requiere de un manejo estratégico de los retos coyunturales que se le presenten a la próxima administración Chaves Robles. El nuevo gobernante tendrá por primera vez en la historia el control de agenda legislativa los primeros seis meses de inicio de gobierno. Fundamental para lograr que lo significativo, que lo verdaderamente importante y urgente se resuelva en el semestre entre mayo y noviembre, que coincide con la “luna de miel” de los poderes del Estado.

Para tener el mayor de los provechos de este momento histórico, donde se alinean necesidad con oportunidad, hay que poner los ingredientes en la mesa y dedicarse a pensar, actuar, resolver y ejecutar.

No podemos pasar más tiempo en un limbo de indefinición que mantenga a los agentes económicos constreñidos respecto de las acciones que deben tomar a la luz de las políticas económicas, en particular las fiscales, pero también de aquellas consecuencias de la autocorrección del sistema económico en lo monetario que afecta tasas de interés y tipo de cambio en un momento donde los niveles de actividad económica son raquíticos, a pesar de los últimos cacareos de la administración Alvarado Quesada.

La elección del vagón del tren, como mencioné, se determina desde la decisión de si vamos en tren u en otro medio de transporte; o si más bien nos quedamos aparcados como empresario, que sería el peor de los escenarios. La elección debe alimentar la tendencia racional al riesgo, con información interna de sus empresas y grupos económicos, así como de las circunstancias que envuelven la comprometida situación económica nacional.

La asimilación de insumos de la ecuación de riesgo debe empezar por reconocer que la astenia con que ha funcionado el aparato de la Administración Tributaria en colusión con los evasores cambiará radicalmente. De otra forma, negociar en el Congreso la reforma impositiva es una ilusión que no llegará a buen puerto.

Conociendo la necesidad de la reforma denominada renta global, la primera condición de la negociación debe ser tener una Administración Tributaria saneada, limpia, honesta, que cumpla con sus deberes y que no atropelle a quienes con esfuerzos cumplimos nuestras obligaciones tributarias, como lo ha señalado el propio presidente electo, donde “pagar impuestos no debe de ser una carrera de obstáculos”.

No debemos tolerar que se sigan manteniendo presiones fiscales que recaigan sobre los mismos siempre. Mientras que los otros, las vacas sagradas de los evasores profesionales, que a vista y paciencia de Tributación incumplen, lo sigan haciendo en un estado de impunidad. Esto resulta en que, quien se maneja en el cuadrante de menor riesgo, decida aumentarlo pues, de por sí, no pasa nada.

Hay que extinguir el tráfico de influencias de funcionarios del ministerio de hacienda con algunos exfuncionarios. Algunos en el anonimato, otros hasta corporativizados, ofrecen impresentables servicios de ayuda, cuando inicia una fiscalización, por ejemplo, siendo filtraciones estas que ocurren con frecuencia y da vergüenza denunciarlas, pero da más vergüenza, por complicidad, no hacerlo.

Así como vamos a estrenar autoridades queremos estrenar oídos y el resto de los sentidos de los nuevos jerarcas, desde el señor presidente hasta el señor ministro de Hacienda. Requieren pagarle al país la confianza que en las urnas se les ha depositado.

Hoy es irrelevante si usted o yo votamos por uno o, por el contrario. Debemos todos de cuidar y preservar la casa común, nuestra patria, que tan venida a menos ha estado en las últimas administraciones. La de Alvarado no está sola, tiene un plural de administraciones adjetivas con poco legado de orden sustantivo.

Para que el contribuyente elija el vagón de su tren, debe entender que al menos hay tres categorías de vagones: las de aquellos que entienden y ejecutan su deber de contribuir a las cargas públicas como un deber constitucional, vagón de los cumplidores.

También está el vagón intermedio. Los que creen en su pletórica ignorancia estar cumpliendo bien. Aunque las normas dicen una cosa, tener conductas contrarias a la norma carece de consecuencia, duerme en una almohada de piedra de la que puede despertar desnucado.

La última categoría es la de aquellos que, sin empacho alguno, simplemente se ufanan entre los de su gremio y círculos de intimidad de no pagar impuestos como una actitud de mero deporte, validando su conducta en tres predicados añejos: “de por sí para que se los roben”, “siempre lo he hecho así y vea lo bien que me va” y “cualquier cosa, ahí tengo a un conocido que me arregla adentro cualquier torta”.

Estos últimos cometen un ilícito lesa sociedad. Recargan en las espaldas de los primeros y parcialmente de los segundos la responsabilidad de llevar a Costa Rica a la sanidad de sus finanzas públicas.

Dijimos claro, que toda elección en el ejercicio de la libertad tiene o debe tener sus consecuencias. La impunidad es la negación de esta realidad que lo es para muchas áreas de la vida de los negocios y es infame que no lo sea para la vida de los impuestos.

Tampoco se trata de ser el cirineo de la sociedad, echando sobre nuestros hombros cargas que dentro del marco de la norma pueden ser más llevaderas con pericia y profesionalidad, no con sinvergüenzada y corrupción.

Es momento de poner los contadores del pasado a nivel. Hacer accesible la regularización, no con medidas alcahuetas para los incumplidores, pero haciendo potable para los del vagón del medio pasarse al de los cumplidores, con cargas y procedimientos sencillos, claros, simples, amigables y eficaces.

Si se dan las condiciones anteriores, las personas empresarias que están en el vagón del centro tendrán la posibilidad de entender que el incumplimiento es oneroso, que no es de su apetencia en el nivel de riesgo económico, legal y reputacional, que en las condiciones propicias está dispuesto a moverse de vagón.

Esto solo tiene otra condición: La tolerancia cero con los evasores y corruptos. Con los que se enriquecen con el dinero de la sociedad, dejando una estela de intolerables amañamientos que untan a muchos y benefician a pocos, en un sistema legal de cumplimiento tributario que se hace excesivo en tramitomanía y deja en condiciones de desventaja competitiva a los del primer vagón.

Como esta patria es de todos es necesario rescatarla. Esperamos que allende ideologías logremos acuerdos prácticos, concretos y rápidos. Hay que disfrutar y aprovechar la “luna de miel”. Le toca al Ejecutivo la titánica tarea de calentar el oído y endulzar las mentes de los nuevos diputados; sin ello no hay como salir adelante.

Parabienes a las nuevas autoridades del Poder Legislativo que ya han asumido, de igual manera para los que el próximo domingo tendrán el honor de recibir, para cuidar los destinos de nuestro país. De igual forma, los demás agentes de la sociedad debemos ser vigilantes, propositivos y proactivos. No esperemos sentarnos en el palco cómodo de ver a los gladiadores morir, esa es una posición que difícilmente construye la Patria de todos.

 

Secuestrados ¿Qué debemos tener en cuenta?

La notica que conmociona al país es el ataque cibernético atribuido a la organización internacional Conti. Una organización que se dedica a la delincuencia informática y lucra con el rescate que pide al ente o entes atacados; así como, de la ulterior venta y tráfico de datos a otras organizaciones delictivas o no, que manejan inteligencia social. Según el uso que den esas entidades, puede ser un riesgo significativo para cada uno de los usuarios del sistema.

Como los sistemas vulnerados son diversos y en múltiples instituciones, tanto del gobierno central como entes desconcentrados, estamos claramente ante un problema de seguridad nacional.

Esta condición de seguridad nacional debió abordarse como tal desde un inicio. Es tarde para lamentar, pero oportuno dejar apuntado, la inexistencia de una comisión permanente para atención de este tipo de embates. No es el primero ni será el último.

Transcurrieron cuatro días para conformar una comisión para atender el gran reto que significa la vulneración de las bases de datos más sensibles de nuestro país, con información suya y mía.

La lentitud denota la tónica de la gestión pública, en particular de la saliente administración Alvarado Quesada y en concreto, en cabeza del señor Elián Villegas ministro de Hacienda, quien pretendió en un inicio hacer un manejo de sociología de masas a través de la minimización del problema. También dejó qué desea el MICITT, que como ente rector de la materia tecnológica no tuvo la gestión de un protocolo de prevención y manejo del riesgo cibernético.

Ríos de tinta se podrían verter sobre este tema, su manejo, el deber ser de la gestión de los datos de los ciudadanos de nuestro país, así como de empresas nacionales y multinacionales. No abono, pero no puedo dejar de mencionar el aumento literario del que se podría nutrir el cuadro de hechos con las diversas teorías de la conspiración que, por el tiempo de transición de gobierno, han echado al eco de campanas que suenan por diversas corrientes.

Hemos sido secuestrados y una o varias organizaciones cuentan con datos muy sensibles sobre las características de los perfiles financieros y en particular los tributarios de quienes somos agentes de la economía formal.

Claramente, quienes han sido omisos históricamente, son carentes de récord y, por tanto, reciben también como premio la hermética protección de sus datos como “premio social” a su incumplimiento.

Hay una gran responsabilidad al cumplimiento del deber de vigilancia que, sobre los funcionarios del Ministerio de Hacienda, así como otras instituciones vulneradas, recaerá por el deber de probidad en la función pública; misma que incluye el deber de diligencia, aspecto que queda al menos a hoy evidenciado, como un elemento ausente en el proteger información tan sensible de los contribuyentes.

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios tutela el derecho del contribuyente de mantener por activa y por pasiva la garantía de la confidencialidad de la información, me permito al efecto la transcripción del artículo 117 del cuerpo legal:

“ARTÍCULO 117.-Carácter confidencial de las informaciones.

Las informaciones que la Administración Tributaria obtenga de los contribuyentes, responsables y terceros, por cualquier medio, tienen carácter confidencial; y sus funcionarios y empleados no pueden divulgar en forma alguna la cuantía u origen de las rentas, ni ningún otro dato que figure en las declaraciones, ni deben permitir que estas o sus copias, libros o documentos, que contengan extractos o referencia de ellas sean vistos por otras personas que las encargadas en la Administración de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales reguladoras de los tributos a su cargo.”

De la transcripción me parece fundamental rescatar el concepto activo de la confidencialidad que reza que los funcionarios y empleados de la Administración no pueden divulgar la información, que es fundamental, para que el deber de iniciativa del contribuyente de declarar y cumplir el deber de cooperar con la Administración en el sistema de autodeterminación de obligaciones tributarias se cristalice y el sistema sea operativo.

También es indispensable resaltar el elemento pasivo de la confidencialidad, que se refiere a que dichos funcionarios no deben permitir – por acción u omisión – el acceso a esta información del contribuyente.

Hoy toda esta información está en el dominio público. Los secuestradores la han liberado ante la negativa a pagar el rescate, aspecto con el que concuerdo, aún ante el menos atípico y sospechoso descuento del 35% del monto original de diez millones de dólares.

Las consecuencias deben preocupar al ciudadano, contribuyente o no, pues el uso que se le puede dar a esta información es tan diverso que solo el tiempo nos revelará cuán profundo es el daño perpetrado por la negligencia de los funcionarios.

No se diga del costo reputacional del país y sus condiciones de idoneidad para el manejo de los negocios. Estábamos ya en un ambiente, de por sí de capi caída certeza jurídica, pero hoy, a las preocupaciones de los contribuyentes, debemos hacerle un llamado a la acción, no a una calma barata como la propuesta irresponsable en cabeza del Ministerio de Hacienda.

Por el contrario, les invitamos a trabajar activamente en dos frentes que son indudablemente fundamentales:

Primero, revisar su propia vulnerabilidad a posibles ataques cibernéticos ya sea desencadenados o no por este evento de magnitud inmensurable pero gravísima.

Segundo, iniciar de manera urgente e inmediata la construcción de expedientes de información que dan cuenta del cumplimiento de sus deberes tributarios. Lo esperable, una vez más, es que, para cada error de Hacienda, el que pague las consecuencias sea el contribuyente. No será extraño que, una vez estabilizados los sistemas del Ministerio y en concreto de Tributación, se empiecen a dar acciones tendentes a cobrar deudas inexistentes, así como las solicitudes generalizadas de información para reconstruir, contrastar o fiscalizar los datos que les dejen los secuestradores, después de los retoques que puedan quedar corrompiendo la integridad de información de los contribuyentes.

Es iluso pensar que el Ministerio de Hacienda va a dar una vuelta a la pagina y decir, empecemos con contadores a cero, a pesar de que algunas personas inescrupulosas especulan al respecto, dando señales en la dirección equivocada a los contribuyentes, incluidos algunos lamentables colegas, que se dicen tales, que están promoviendo cantos de sirena en los oídos de algunos que creen que los problemas tributarios se acabaron.

Una vez estabilizada la situación de carácter crítico, lo que ocurrirá no es el fin sino el inicio de los problemas de los contribuyentes con una Administración Tributaria que a “palos de ciego” empezará a tocar, golpear y perseguir a los contribuyentes. Avizoramos la necesidad de ser proactivos en la reconstrucción, recopilación y buen recaudo de los datos que prueben a favor de las obligaciones cumplidas en todos los impuestos y para todos los períodos no prescritos.

Lo único sensato de hacer es actuar en esa dirección. Bien vale el momento para que el contribuyente se asegure de contar con declaraciones integralmente bien elaboradas, con apego a derecho, así como con la certeza de integridad de lo declarado para que, de detectarse una omisión u error de cualquier tipo, se pueda remediar con la sana valoración de prudencia profesional.

Es realmente penoso ver cómo hay quienes se presentan como profesionales de la asesoría fiscal que andan de toca campanas, diciendo que esta acción nefasta salva a los contribuyentes de toda responsabilidad. No es de recibo, y debo mencionarlo para que personas de buena fe, que puedan escuchar estas afirmaciones de quienes se jactan de ser asesores fiscales, no caigan en la trampa de quedarse quietos y en condición de vulnerabilidad fiscal, para luego lucrar de su ignominiosa actitud, no vayan a creer que aquí acaba, sino que por seguro aquí empieza un nuevo capítulo de la vida fiscal del país.

La norma que protege por activa y por pasiva la confidencialidad de la información de los contribuyentes se ha vulnerado. A esos efectos, el sistema legal establece responsabilidad penal a los funcionarios que por acción u omisión hayan vulnerado, este que no es únicamente una garantía al contribuyente, sino un derecho humano recogido por la propia Constitución Política. Urgimos la acción inmediata del Ministerio Público para que se establezcan las responsabilidades penales a los funcionarios del Ministerio de Hacienda.

Por otra parte, instamos a la Sala Constitucional a reevaluar su velocidad, para fallar en estado de emergencia el recurso que ha dejado en “jaque” el proyecto de Tributación digital, que evidentemente, grupos de fraude fiscal organizado han pretendido se evite. La detección de las conductas delictivas del complejo delito tributario, serían muchísimo mas trazables y menos vulnerables a la precaria situación de los sistemas que hoy operan los hackers y los funcionarios de la Administración Tributaria.

Es tiempo de actuar, no se quede inmovilizado por el temor. Hay que dar fortaleza a la calidad de nuestros sustentos documentales de las declaraciones de impuestos y sus soportes. Un aspecto que es lo único que, en sus manos y en las mías como agentes económicos racionales, podemos hacer. No es tiempo de sentarse a ver qué hace el otro, sino tiempo de actuar en lo propio.

A las nuevas autoridades de la venidera Administración Chaves Robles, le reciben en alfombra roja en el Ministerio de Hacienda con urgente renovación de los cuadros de funcionarios. No podemos seguir exponiendo las finanzas públicas escuálidas a que estén en manos de funcionarios que se han lucido en demostrar su incapacidad.

 

Después del impase la acción

Dejemos atrás el impasse que en la cultura nacional provoca un motivo más de postergación de lo importante y urgente, por la atención de coyunturas de corto plazo que nos ahogan.

Nuestra ya comprometedora situación fiscal, si bien ya tenía incidencias por el acontecer internacional y los devastadores efectos económicos globales del COVID – 19, se exacerba con la situación de guerra y desestabilización de economías y relaciones geopolíticas en la zona de Eurasia.

Superamos un camino hostil pero exitoso de una Ley de empleo público que, a pesar de ser insuficiente para las necesidades de reforma del Estado Costarricense y su gasto público, es un logro legislativo que debemos reconocer. Un paso en la dirección correcta, por ser implementado aún, pero que sienta las bases de las coordenadas de ruta que debemos seguir.

Toca modernizar el sistema tributario, que permita distribuir la carga en función de capacidades contributivas actuales y reales, existentes y concretas, con apego a los principios de progresividad en las tarifas. Es decir, que quienes tienen menos ingresos tengan una menor tributación que aquellos que cumulan mayores ingresos de manera global y, por ello tienen una mayor capacidad contributiva total, con progresividad según los tipos impositivos.

En gasto público será fundamental valorar y dimensionar la motivación histórica que justifica cada una de las exenciones al sistema tributario. Desde una óptica presupuestaria, cada exención constituye parte integral del gasto público y a su vez, se trata de beneficios privados, que no tienen efecto traslativo al consumidor final.

Un sistema progresivo implica gradualidad en la tributación de las personas físicas. No puede significar un modelo abrupto como el actual, en que con unos rangos de reducida cobertura se alcanza rápidamente el marginal superior, sin considerar aspectos básicos y que, por ello resulta más bien en un modelo regresivo, por la diversidad de trato en el sistema cedular tradicional.

Vivimos actualmente la forma de regresividad más común y menos apropiada. Ante la carencia de un sistema tributario inclusivo, quienes tributamos lo hacemos con el mayor apego a la normativa, mientras hay un amplio conglomerado de omisos con múltiples manifestaciones de riqueza, que pegan gritos para que la Administración Tributaria les vuelva a ver, pero esta, simplemente, en su desidia tolera y deja pasar. Es el más injusto de los métodos de tributación regresiva, que no nace de la norma sino de la incapacidad de las autoridades de hacer valer su aplicación.

Quienes tienen mayor capacidad de ocultamiento son los que menos tributan, mientras quienes no tienen opción de ocultar o simplemente son conscientes del deber constitucional de contribuir en el sostenimiento de las cargas públicas, lo hacen con su mejor entendimiento de un intrincado sistema de improvisaciones, que resulta en una injusticia tributaria.

El proyecto de Ley del impuesto a las personas físicas, con todas las mutilaciones que ha tenido el proyecto presentado por la administración Alvarado Quesada, es incoherente con la necesidad de tutelar el principio de igualdad, mediante la dotación de una serie de reducciones a la base imponible de la persona física en los supuestos de globalización de rentas.

Las condiciones personales y familiares de cada sujeto pasivo deben ser consideradas para gravar una capacidad contributiva que no resulte en confiscatoria. Las diferencias personales son equiparables a la condición de los gastos deducibles de las empresas y personas con actividades lucrativas o económicas, en contraste con los que derivan sus rentas del trabajo o inclusive de rendimientos pasivos del ahorro.

Negar la adecuada dotación de reducciones a la persona física, perpetuaría la actual condición de injusticia tributaria, que causa un claro agravio comparativo, donde en el caso de la persona asalariada de la que forma parte una amplia mayoría de los costarricenses, deben tributar sin reducción de base imponible alguna, con excepción de un exiguo mínimo exento, con retención en cabeza del patrono, sin derecho a consideraciones de orden personal otras que las ridículas sumas de créditos fiscales por conyugue e hijos menores de 25 años -en caso de permanecer como estudiantes- siendo tan exiguas las cantidades, que mucho contribuyente ni accede a ese derecho, al considerarlo más un insulto, que un reconocimiento de las cargas que en efecto le corresponde al contribuyente llevar.

El proyecto del impuesto de las personas físicas requiere reestablecer las reducciones como gastos aceptables para determinar la renta neta imponible de la persona física. Elementos como la deducción por el pago de alquileres o intereses por deuda derivada de la vivienda habitual, los gastos, en alguna proporción razonable, por atención medica privada que quita cargas al sistema de asistencia sanitaria pública e implica la reducción de presión sobre el sistema de seguridad social.

Es fundamental que, desde la base de cálculo de las retenciones o pagos a cuenta de los asalariados, se reduzca de dicha base la contribución del trabajador al régimen de seguridad social, llevando la base imponible provisional a una noción mas cercana a la del ingreso económico disponible.

La tributación de las personas, en su condición de rentas globales, se debe hacer con apego al principio de capacidad contributiva real, actual concreta y no confiscatoria.

También es indispensable la creación de una ley de impuesto a entidades o sociedades, que, modernizada y actualizada con los elementos de la tributación internacional moderna, en la que estamos inmersos, nivele la cancha de la imposición directa.

En el impuesto sobre entidades o sociedades se deben separar con claridad las normas atinentes a la tributación de los residentes fiscales costarricenses, ahora que la norma los ha definido de manera clara y distinguible, como resultado de la reforma introducida en la Ley de fortalecimiento de las Finanza Públicas.

Debemos evitar que el trato del no residente sea cada vez mas beneficioso como se ha venido provocando en las ultimas legislaciones, tanto en materia de ganancias de capital, como en la reciente norma de la Ley 10.160, que permite la desaparición del no residente del sistema con su mera solicitud.

La tributación de los unos y de los otros debe separarse y es recomendable asumir, en el caso de las personas no residentes una posición mas inclusiva y de menor dispersión tarifaria, dejando resueltos vacíos históricos por una parte y a la vez una serie de tarifas que tienden a ser disuasivas a ciertas actividades o servicios que, de manera indudable, deben ser atendidas por medidas anti elusivas.

La tributación de los residentes personas jurídicas debe ser basado en la existencia de la ecuación básica que ha demostrado ser útil, clara e instrumentalmente menos litigiosa: que la base imponible sea el resultado contable más/menos unos ajustes acotados en la propia norma, dejando poca cosa en manos de la unidad generadora de la arbitrariedad histórica, sea la Administración Tributaria en sus diversas unidades operativas, en este caso en concreto el área de fiscalización.

Para lograr que la definición sintética de base imponible sea así de concreta, se requiere de la obligatoria emisión de un plan general contable o plan único de cuentas. Lo hemos insistido como indispensable desde los últimos 20 años en diversos foros, lo hemos puesto a la disposición de la Administración Tributaria en manos de su director, pero él se ha negado de manera pasivo agresiva, a ponerle en marcha por ser, a la vez, un instrumento de seguridad legal, de limitación de las arbitrariedades de la auditoría fiscal de la que se place el hedonismo del poder de quienes lo ostentan, sin conciencia coherente de servidor público.

La mera creación de normas, como la de las listas de países no cooperantes para considerar no deducible una erogación, debe ser otro de los aspectos a consideración inclusiva de esta tributación de los no residentes.

Se debe definir de manera concreta e indubitable los aspectos de mayor complejidad técnica para que el contribuyente sepa si cae o no en los supuestos de uso de asimetrías híbridas limitadas como deducibles en la ley de renta actual, pero que dejan de manifiesto un concepto de alta complejidad técnica, que le convierte en un concepto jurídico indeterminado para el colectivo de los contribuyentes.

Las reformas estructurales en la tributación sobre la renta deben acompañarse con la dotación de todos los medios materiales y tecnológicos para lograr que los contribuyentes dejen de penar para poder cumplir con sus obligaciones. Que los medios de la Administración Tributaria sean contestes, como se espera y corresponde la transparencia, con las exigencias, para evitar que la condición híbrida de exigir como si las autoridades fueran eficientes, transparentes y oportunas cuando en realidad son todo lo contrario. Deben dar facilidad de cumplimiento al contribuyente, con medios idóneos y no con programas informáticos anacrónicos.

Todo esto es materia sustantiva de urgente atención, para que no sean los medios precarios de la Administración Tributaria ni sus funcionarios capacitados a medias o medio capacitados sean ciegos guiando a los contribuyentes, sin consecuencias para ellos, los funcionarios, pero con un arsenal sancionador para el contribuyente, que no abona a la nivelación de cancha para lograr una equidad en la difícil tarea de lograr que justicia efectiva en materia tributaria.

No sigamos deshojando margaritas mientras el país cae en un abismo de dimensiones históricas sin precedentes, enmarcado en una gran crisis global, en la que cada uno cuida por sus propios intereses. No podemos esperar que alguien más cuide por los nuestros, que deben ser contestes a la soberanía nacional, a la que tanto apelamos en sentido romántico y por la que tan poco hacemos en sentido concreto y comprometido. Es desde ahí, donde cada uno de nosotros tenemos el deber sagrado de construir patria.

 

Métodos alternativos en Precios de Transferencia y su proceso de selección

Los grupos económicos se reestructuran constantemente para contrarrestar cambios inevitables en la economía global. Compran o venden negocios, enajenan bienes intangibles o ajustan procesos internos para enfocar sus actividades principales según su modelo de negocio. Todo con un objetivo: Encontrar la estructura empresarial más eficiente en términos financieros, operativos y de cumplimiento fiscal.

Cumplir con el principio de “plena competencia” se ha vuelto una tarea compleja en un entorno cambiante que implica casi siempre, transacciones intercompañía en múltiples jurisdicciones.

Las “Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias” contemplan cinco métodos para determinar el precio – rango de precios – que determina el cumplimiento o no de la plena competencia.

Estos métodos pueden ser tradicionales o no tradicionales.

  • Los métodos tradicionales basados en las operaciones incluyen el método de Precio comparable no controlado (PCNC), el método de Precio de reventa (PR) y el método de Costo adicionado (CA).
  • Los no tradicionales, o métodos basados en el resultado de las operaciones son el método de Partición de utilidades (PU) y el Método transaccional de margen neto (MNT).

La selección del método de análisis más apropiado para las características específicas de cada transacción entre partes vinculadas es fundamental.

En el análisis se debe ponderar las ventajas e inconvenientes de los métodos aceptados, la corrección del método considerado en vista de la naturaleza de la operación vinculada (determinada mediante un análisis funcional), la disponibilidad de información fiable (en concreto sobre comparables no vinculados) necesaria para aplicar el método seleccionado u otros, y el grado de comparabilidad entre las operaciones vinculadas y no vinculadas (incluyendo la fiabilidad de los ajustes de comparabilidad necesarios para eliminar las diferencias importantes que existan entre ellas). (Directrices de la OCDE, 2017, p. 109)

“No existe un único método apropiado para cada una de las situaciones, así como, tampoco es imperante demostrar que un determinado método no es adecuado para las circunstancias adecuadas” (OCDE, 2017, p.109).  En otras palabras, no hay “una receta” aplicable para todas las empresas y transacciones, sino que exististe una dependencia entre la disponibilidad de la información y el grado de comparabilidad.

Adicional a los cinco métodos mencionados e identificados en las Directrices de la OCDE, los grupos económicos tienen la libertad de aplicar “otros métodos” no contemplados por la OCDE, con el fin de determinar el cumplimiento o no del principio de plena competencia siempre y cuando estos “otros métodos” satisfagan dicho principio.

En una próxima entrega revisaremos algunos métodos alternativos que podrían aplicarse.

Escrito por: Héctor Guerrero, Consultor en Precios de Transferencia

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