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Elementos críticos en la selección del método de precios de transferencia y los riesgos de exposición fiscal para su Empresa.

El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) recientemente publicó un coctel de medidas para el control de la manipulación abusiva de precios de transferencia con enfoque en el contexto de países de bajos ingresos en vías de desarrollo. Las medidas establecidas dentro del coctel persiguen principalmente resaltar las formas en que los grupos multinacionales logran trasladar artificialmente utilidades a otras jurisdicciones con baja imposición fiscal por la vía de operaciones entre vinculados económicos con inapropiada selección de métodos de comparabilidad.

Uno de los temas que trae a coalición el documento publicado por el CIAT es sobre el uso incorrecto o genérico del método de margen neto transaccional sobre la empresa doméstica, sin soportar ni evidenciar ampliamente el proceso aplicado para llegar a esta conclusión, haciendo hincapié en cómo se realiza libremente la selección de dicho método (pasando desapercibidos esquemas agresivos de empresas, sin mayor sustancia), donde el resultado final puede llegar a ser la erosión de la base imponible, hecho detectable por una administración tributaria durante un proceso de revisión formal.

El CIAT manifiesta que muchos de los problemas actuales que conlleva la realización de los análisis de precios de transferencia se enfocan en los siguientes puntos:

  • Carencias en la justificación de la selección del mejor método,
  • que es común que se utilicen justificaciones genéricas para el descarte de métodos lo que conlleva a la incorrecta selección (Ejemplos: carga administrativa y no acceso a la información de la contraparte),
  • que el método elegido usualmente se rige por la facilidad de la aplicación, lo que conduce al excesivo uso del método de margen neto transaccional.

En esa misma línea de ideas, se hace mención de que la problemática de la selección del mejor método reside “…en que algunos practicantes en la materia no están correctamente capacitados u orientados, o mantienen creencias obsoletas e inadecuadas en la elección del método, aunado a que no invierten el tiempo y análisis suficiente para identificar conceptualmente el mejor método…” Esta falta de capacitación o experiencia y el no adecuado descarte de métodos de precios de transferencia, presenta un riesgo ante las administraciones tributarias por ser visto como situaciones que pueden llegar a generar la erosión de la base imponible.

De igual forma el coctel resalta que las empresas deben buscar que los descartes tomen en consideración los siguientes elementos para seleccionar el método más adecuado en los estudios de precios de transferencia:

  • Las respectivas fortalezas y debilidades de los cinco métodos de precios de transferencia reconocidos;
  • La idoneidad del método elegido considerando la naturaleza de la transacción controlada (determinada mediante un análisis funcional);
  • La disponibilidad de información confiable (particularmente la existencia de comparables adecuados) necesaria para aplicar el método seleccionado; y
  • El grado de comparabilidad entre las transacciones controladas y no controladas (incluyendo la confiabilidad de los ajustes de comparabilidad razonables necesarios para eliminar las diferencias significativas que existan entre ellas).

Tomando en consideración las premisas anteriores, se hace relevante realizar un proceso de valoración interno para aquellas compañías o grupos multinacionales que actualmente cuenten con un estudio de precios de transferencia basado en métodos de rentabilidad operativa global, donde se pueda analizar más a fondo la naturaleza no solo de la compañía en su función de negocios, sino la existencia de operaciones comparables internas, así como profundizar sobre las razones de descarte de los métodos transaccionales.

Las autoridades tributarias mundiales, cada vez más se vuelven más sofisticadas en el manejo de los criterios de precios de transferencia, al saber que existe una potencial fuente de recaudación, donde el eje principal puede girar en base a la desestimación de análisis de rentabilidad global, por la selección desmesurada del Margen Neto Transaccional sobre otros métodos más directos. Esto no debe ser interpretado como un rechazo directo al uso de este método, sino como una invitación a fortalecer las elementos y criterios de rechazo, con el fin de que los mismos sean lo suficientemente robustos para poder ser considerados viables y correctos.

Partiendo de lo anterior, el contribuyente se encuentra en un momento crucial para hacer un análisis profundo sobre el conocimiento de sus estudios de precios de transferencia actuales, no confiando meramente en el hecho de encontrarse por dentro en el rango intercuartil comparable sobre sus resultados globales, sino analizando transacción por transacción su cumplimiento con los principios de realidad económica e independencia efectiva, enmarcados dentro de las Guías de la OCDE.

Por lo tanto, para evitar riesgos de exposición ante potenciales procesos de fiscalización, se vuelve vital contar con un reporte de precios de transferencia con criterio técnico que asegure la correcta aplicación de la “Regla del mejor método” mediante el análisis estricto de comparabilidad entre transacciones, y nos evite la aplicación excesiva de los métodos indirectos no justificados, realizando descartes profundos y adecuados de cada método, y siempre ayudándonos a identificar la parte que realiza las aportaciones únicas y valiosas (incluido la creación o aportaciones en intangibles), mediante un análisis funcional robusto y concatenado con la caracterización de la entidad y la industria en la que se desempeña.

En grupo Camacho contamos con personal formado en el área de precios de transferencia, en definición de políticas intercompañías y desarrollo de documentación comprobatoria en diferentes legislaciones en américa latina, así como experiencia en procesos de fiscalización.

Contáctenos al +506 2280 2130 y con gusto podemos ampliar cualquier tema de interés en la materia sin ningún compromiso.

José Guerra Tovar
Director de Precios de Transferencia

Consideraciones para el debido cumplimiento del IVA

El debido cumplimiento del IVA contempla una serie variada de elementos que van más allá de la compleja declaración D104.2; aun cuando esta representa un reto para el responsable de llenarla, principalmente por el nivel de detalle y segmentación de la información que requiere. 

El primer paso es entender cómo se va a liquidar el impuesto, conociendo los derechos de crédito del contribuyente y cómo aplicarlos a cada compra según su uso. Además, se debe contemplar que, desde la misma aceptación de las facturas de compras ante Tributación, hay que determinar el crédito fiscal, de forma transaccional, al seleccionar la condición del IVA para cada factura aceptada en plazo e indicar cuánto del IVA soportado es crédito y cuánto es gasto. 

En cuanto los derechos de crédito del contribuyente, estos se definen con el tipo de ventas que se realizan. Una persona, o sociedad, puede tener cuatro tipos diferentes de ventas, o una combinación de estas. Los tipos son las ventas con derecho pleno, las cuales contemplan ventas de bienes y servicios al 13% y como excepción ventas no sujetas -CCSS y Municipalidades- y algunas exentas (revisar el artículo 30 del Reglamento del IVA), ventas con derecho reducido al 4%, ventas con derecho reducido al 2% y ventas sin derecho de crédito. 

La forma en que se aplican los créditos fiscales en las compras, y las condiciones del IVA en la aceptación de las facturas de compras, depende directamente de si el contribuyente tiene solo un tipo de venta de las descritas en el párrafo anterior, o si más bien presenta una combinación de dos o más tipos de ventas. 

Si solo tiene un tipo de venta, todas sus compras relacionadas con el negocio serán de uso exclusivo para vender a ese tipo. Eso implica que, al aceptar las facturas de gasto, debe aceptarlas con la condición de IVA 1. Genera Crédito o 2. Genera Crédito Parcial, donde la primera será para el escenario de ventas con derecho pleno de crédito y la segunda aplicará en los demás escenarios de un solo tipo de venta. 

En cambio, si tiene más de un tipo de venta, deberá aceptar las compras de uso exclusivo, con las condiciones antes indicadas, y las de uso indistinto, con la condición 5. Para el caso particular de bienes de capital (activos), se deben aceptar con la condición 3. Bienes de Capital, aplicando las reglas de acreditación según el caso. 

Es importante considerar que para los casos de ventas al 4% y ventas al 2%, en las compras de uso exclusivo, se debe realizar la aplicación del derecho de crédito limitado, reconociendo como crédito lo proporcional a la tarifa de venta, siempre que esta sea mayor a la de compra. 

Todo lo anterior debería de aplicarse de forma sistemática, realizando de previo a la liquidación del IVA, un ejercicio de clasificación de las operaciones del contribuyente. Debe conocer el tipo de venta que realiza y clasificar con esta información las compras usuales del negocio. De esta forma, se tendrá una guía para aplicar al momento de liquidar el impuesto mes a mes. 

Sumado a lo anterior, considerando el llenado de la declaración D104.2, es importante que en el registro de la información de ventas y compras se contemple la necesidad de segmentar por actividad, tarifa y naturaleza de la transacción. 

Hay que considerar que el procesamiento de esta información, para la liquidación del impuesto, se realiza al terminar el mes. Desde que se va registrando la información, deberían de considerarse los criterios que se utilizarán para ordenar cada una de las operaciones, procurando poder procesar la información de forma oportuna para la presentación de la declaración. 

Ante la diversidad de elementos a considerar para el debido cumplimiento del IVA, lo invitamos a cotizar nuestro servicio para determinar el correcto tratamiento de este impuesto. En este servicio, nuestro grupo de expertos trabajará con su equipo contable en una serie de talleres participativos, para identificar la casuística de su operación y definir juntos el proceso correcto para el cumplimiento del IVA de su operación. 

Conversemos.

Eduardo Vargas

Socio | Grupo Camacho Internacional

Grupo Camacho Internacional le asesora para realizar el Registro de Accionistas

A partir del próximo 1 de setiembre iniciará la obligación, para sociedades activas e inactivas de realizar el Registro de Accionistas y Beneficiarios Finales. Lo anterior como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 9416, “Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, que así nos obliga. De esta forma, se establece el deber de que todas las personas jurídicas o estructuras jurídicas domiciliadas en el país, proporcionen al Banco Central de Costa Rica la indicación de los accionistas y beneficiarios finales que tengan participación sustantiva en la estructura societaria.

Por estas razones, el Banco Central desarrolló una plataforma virtual por medio de la cual se debe realizar dicha obligación. Para estos efectos, el representante legal o la persona que ostente un poder para realizar el trámite debe contar con firma digital. A su vez, debe comparecer ante Notario Público para que este ingrese a la plataforma mencionada a realizar la acreditación respectiva y poder acceder al sistema digital. 

Posterior a realizar los trámites descritos con anterioridad, el representante legal o la persona que ostente un poder para realizar el trámite, podrán ingresar a la plataforma virtual a llenar el respectivo formulario. Sin embargo, para poder realizar de forma efectiva este proceso se requiere realizar revisión o reposición de libros legales (según corresponda), así como identificar la estructura societaria y sus beneficiarios finales. Por lo tanto, se requiere realizar un estudio particular de cada sociedad que permita completar a satisfacción dicha obligación.

En igual sentido, toma relevancia prever el cumplimiento en tiempo y de forma correcta de este registro. Especialmente, valorando que las sanciones podrían oscilar entre ¢1,338,000 y¢44,600,000, así como otras sanciones aún más graves.

Ahora bien, dicha obligación será implementada de forma paulatina, y dependiendo del número de cédula jurídica de la sociedad le corresponderá realizar el proceso de la siguiente forma:

 

Último dígito de cédula jurídica de la sociedad Mes límite para el registro
0 y 1 Setiembre
2 y 3 Octubre
4 y 5 Noviembre
6 y 7 Diciembre
8 y 9 Enero

 

Conociendo lo tedioso que puede resultar el proceso, y buscando siempre facilitarle la vida a nuestros clientes, hemos identificado la necesidad de brindar un servicio completo para realizar el proceso de elaboración y cumplimiento efectivo del Registro de Accionistas y Beneficiarios Finales. El servicio contempla lo siguiente: 

  • Acompañamiento en la gestión de la firma digital, y la certificación notarial de autorizado en caso de requerirse.
  • Acompañamiento notarial en la gestión de registro en el Portal del Banco Central de Costa Rica, de la persona autorizada.
  • Análisis de la estructura societaria actual de la compañía, identificando en conjunto con la Administración los beneficiarios finales y tipos de participación en la sociedad.
  • Identificación de otros beneficiarios finales que ejerzan control sobre la Sociedad. 
  • Acompañamiento en la recopilación de los datos a reportar y en la gestión de la declaración Jurada del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.
  • Identificación de riesgos tributarios según la implementación de la estructura societaria actual de la compañía.

Contáctenos y con gusto le cotizamos nuestro servicio de acompañamiento. 

El impacto de los ajustes por precios de transferencia en el IVA

Las empresas que conforman grupos económicos realizan usualmente ajustes a sus transacciones relacionadas por motivo de sus políticas de Precios de Transferencia. El presente artículo procura estudiar el impacto que estos ajustes realizados pueden tener a efectos del IVA.

De acuerdo con el Reglamento a la Ley de Impuesto sobre la Renta (Decreto N 18445-4), en su Título V, los grupos empresariales están obligados a documentar de una forma rigurosa sus políticas de Precios de Transferencia y a realizar ajustes en los valores de las operaciones realizadas en el seno del grupo con el fin de que las operaciones entre partes vinculadas se encuentren valoradas a precio de mercado.

Tradicionalmente se ha creído que Precios de Transferencia es un tema que guarda relación de forma exclusiva con los tributos directos, en el tanto la normativa que lo regula se encuentra ligada usualmente al impuesto sobre las utilidades. 

Sin embargo, no podemos olvidar que los ajustes que se realicen con motivo de cumplir con el Impuesto Sobre Renta consisten también en modificaciones a la base imponible del IVA, a un nivel transaccional, donde la valoración de esta base es la contraprestación según el principio de plena competencia. 

Surge entonces la interrogante de si ¿Los ajustes realizados como consecuencia de las políticas de precios de transferencia al final del período tendrían también incidencia en el IVA declarado durante los 12 meses del período -recordando que el periodo del IVA es mensual? Es decir, si la modificación o ajuste que se realiza en los precios para la afectación de la base imponible en el Impuesto Sobre la Renta implica también una modificación en materia del IVA, para las 12 declaraciones que componen el periodo fiscal de ISR. 

Son diversas las dificultades prácticas que los efectos de estos ajustes tienen en materia del IVA, siento este un impuesto sometido a una gran cantidad de obligaciones formales de declaración y reporte asociadas a un marco temporal definido, por lo que las implicaciones prácticas de cualquier tipo de ajuste que se deba hacer tiempo después de la realización de la operación suponen, sin duda, una complejidad para los contribuyentes a la hora de determinar el alcance y las consecuencias de esa interacción. 

Hay que recordar que el IVA es un impuesto de carácter mensual, donde, en caso de realizar un ajuste de precios de transferencia al final del periodo -momento normal para hacer estos ajustes-, se deberían de rectificar las declaraciones ya presentadas del IVA, lo que implicaría rectificar 12 declaraciones de IVA y pagar el ajuste tributario correspondiente. Lo anterior nos lleva concluir que, para efectos del IVA, el análisis de Precios de Transferencia debe ser prospectivo y no con el año vencido. 

Si las partes locales del grupo económico tienen todas derecho pleno de acreditación en el IVA, este ajuste realizado de forma prospectiva no tendrá costos tributarios incrementales para las partes. Sin embargo, ¿qué sucede cuando una de las partes tiene derechos limitados de crédito? ¿Qué efectivo de costo incremental, para el grupo, conlleva un ajuste de precios de transferencia en ese escenario?

En Grupo Camacho Internacional contamos con un servicio diseñado para estos efectos, el cuál inicia con una etapa de análisis de riesgos de su situación y recomendaciones concretas que usted debe realizar. Contáctenos y trabaje con nosotros la gestión de sus precios de transferencia, con un enfoque aplicado tanto en IVA, como en Renta. Reunámonos y escuche porque somos su mejor opción para trabajar este tema.

 

Esteban Hernández | Grupo Camacho Internacional

Precios de Transferencia y su relación con el tema de Royalty e IVA

El objetivo del presente articulo es informar al lector sobre los cambios que trae la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N° 9635), principalmente entre la vinculación de Precios de Transferencia y los pagos de Royalty[1], donde el principal cambio es la inclusión del Impuesto al Valor Agregado (en adelante “IVA”) en el pago de este tipo de servicios.

Es muy común encontrar en términos de Precios de Transferencia que existen empresas con transacciones de pagos de Royalty por el uso de una marca o la representación de esta en territorio costarricense. Los contribuyentes que tienen este tipo de gastos deben tener presente que, con la entrada en vigor del IVA, estas transacciones se encuentran sujetas.

Pero ¿con base en qué se afirma lo anterior?, tomando como referencia el artículo 4 de la ley 9635, en el cual se define los contribuyentes del impuesto, indica lo siguiente:

“Artículo 4-Contribuyentes (…)

En el caso de la compra de servicios o de bienes intangibles, cuyo prestador no se encuentre domiciliado en el territorio de la República, el contribuyente será el destinatario del servicio o el bien intangible, independientemente del lugar donde se esté ejecutando, siempre que sea a la vez contribuyente de este impuesto, conforme a los dispuesto en el párrafo primero de este artículo.”

El contribuyente se debe preguntar ¿Por qué debo pagar IVA por un Royalty que pago en el exterior? La respuesta se encuentra en el Artículo 1 de la misma Ley que establece que el impuesto es aplicable sobre la prestación de servicios, independientemente del medio por el que sean prestados, siempre que sean realizados en el territorio de la república. De acuerdo con lo expuesto, el pago realizado se considera consumo territorial.

Ahora bien, planteado lo anterior, lo que se debe entender explícitamente es que hay una inversión del sujeto pasivo, en palabras sencillas el contribuyente costarricense que recibe el servicio es responsable de pagar.

Con respecto al comprobante electronico, es necesario recalcar que según el artículo 12 bis del recientemente reformado Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la renta numeral 1, indica que para que todo gasto sea deducible debe tener un comprobante electronico.

En cuanto al tratamiento del IVA, se debe reportar en mi declaración mensual generando una cuenta por pagar con la Administración Tributaria, que se cancela al mes siguiente y se convierte en un débito, al momento que se paga se transforma en una cuenta por cobrar con la Administración Tributaria considerado como un crédito fiscal en el porcentaje que la empresa tenga derecho.

En las entidades que tienen acreditación plena del IVA terminan siendo un efecto cero, sin embargo, debe contabilizarse debidamente con base en el artículo 18, numeral 2 inciso a. de la Ley N° 9635. Por otro lado, para los contribuyentes que no tienen derecho a acreditarse el 100% deben tener el cuidado correspondiente para el cálculo de este ya que en algunos casos debe asumir parte del costo.

Todo esto es importante en términos de Precios de Transferencia, ya que generalmente las transacciones de Royalty caen en el ámbito de transacciones con partes relacionadas, ya sean por ser intragrupo o por una relación de exclusividad. Es por ello por lo que el contribuyente debe tener presente el tratamiento contable y las sanciones a las que se puede enfrentar al no cumplir con lo anteriormente descrito.

Es importante recordar que las transacciones de Royalty deberían de valorarse, para efectos de precios de transferencia, en la mayoría de los casos, bajo una metodología de análisis directo, siendo las más común el Precio Comparable No Controlado. La valoración de plena competencia es fundamental en la determinación de la base imponible para el IVA, por lo que si el contribuyente valora incorrectamente sus pagos de regalía, se ve expuesto a sanciones no solo en renta, sino también en el IVA, por cada periodo -mes- en el que realice la operación.

Grupo Camacho Internacional ha diseñado un servicio para revisar si las transacciones con partes relacionadas se han trabajado acorde a lo que dicta el principio de plena competencia, con un enfoque que permita validar el cumplimiento tanto en ISR como en IVA. Este servicio inicia con una etapa de análisis de riesgos de su situación y recomendaciones concretas que usted debe realizar. Contáctenos y trabaje con nosotros la gestión de sus Precios de Transferencia.

[1] Uso de marca o conocido como regalía


Por: Carol Cifuentes | Grupo Camacho Internacional

Transacciones financieras, deducibilidad, partes relacionadas y la Reforma Fiscal

Es una práctica muy común en las compañías que forman parte de un mismo grupo económico el uso de figuras o vehículos financieros con el fin de financiarse o por el contrario, utilizar los excesos de efectivo con los que cuentan para apoyar a partes vinculadas a poder fondear sus operaciones (cash pooling).

Es imprescindible establecer que para que estas operaciones entre vinculados se puedan encontrar en cumplimiento con los valores de mercado, las mismas deben venir acompañadas de una tasa de interés en concordancia con las características propias del financiamiento, considerando variables como capital, plazo y términos contractuales de la operación.

Sin embargo, contar con una tasa de interés intrínseca en la operación, no es el único elemento determinante para el cumplimiento con los criterios de plena competencia en materia de precios de transferencia establecidos en el Artículo 65 del Decreto Ejecutivo 18.445 en Costa Rica.

En este sentido, es donde entran en juego las normas o criterios internacionales de subcapitalización (thin capitalization), enmarcados en la Acción 4 del paquete de acciones BEPS (en inglés Base Erosión and Profit Shifting) sobre la limitación de la erosión de la base imponible por vía de deducciones de intereses y otros gastos financieros. De igual forma, de acuerdo con la entrada en vigor de la Ley para el Fortalecimiento en la Finanzas Publicas, Ley 9635 (“Ley 9635”), se establecen regulaciones locales para el control de la deducibilidad de los intereses provenientes de operaciones financieras entre vinculados económicos.

Así las cosas, la subcapitalización se refiere a la existencia de un desbalance comprobable entre el capital que posee la empresa y el nivel de endeudamiento pactado con un tercero o vinculado económico foráneo, en el que se pueda demostrar la existencia de financiamiento excesivo para así disminuir base imponible gravable en el país por la deducibilidad de intereses elevados.

Tal como se comentó, dentro la Ley 9635 se adiciona en el Titulo II, articulo 2, inciso diez, la limitación a la deducibilidad de los intereses no bancarios, donde se establece una deducibilidad máxima por gastos por intereses netos de un veinte por ciento (20%) de la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, por cada periodo impositivo.

Los gastos por intereses netos que superen el veinte por ciento (20%) permitido en el periodo fiscal, según esta disposición, podrán ser deducidos en los periodos impositivos sucesivos y hasta que se agote dicha diferencia, siempre y cuando se cumpla, en cada periodo impositivo, con el límite señalado. En estos casos, el contribuyente queda obligado a comprobar la veracidad y atinencia de estos gastos por intereses netos, tanto contable y documentalmente, cualquiera que sea el ejercicio en que se originaron e independientemente de la prescripción ordinaria de dicho periodo.

De igual forma, en el inciso ocho, se establece que, para las sociedades de responsabilidad limitada, serán considerados como dividendos o participaciones sociales, los intereses o gastos financieros pagados en favor de socios de la entidad.

 

Ejemplo práctico:

Sí una compañía tiene gastos por intereses por ¢15 millones y una utilidad EBITDA (en inglés Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) de ¢30 millones, lo máximo que podría deducir de dicha utilidad para aplicar el impuesto sobre la renta es ¢6 millones (20% sobre la utilidad EBITDA). Por lo tanto, pagaría sus tributos sobre ¢24 millones (si no existiesen otros gastos deducibles adicionales).

Anteriormente, previo la reforma, podría reducirse de la utilidad ¢15 millones pagados por intereses y pagar el tributo sobre ¢15 millones.

Es importante que las empresas que tengan operaciones de financiamientos recibidos con vinculados económicos y/o entidades no bancarias, puedan estar al tanto de los limites en la deducibilidad de los intereses y validar la viabilidad de mantener estas operaciones de cara a los nuevos lineamientos en materia fiscal local e internacional.

En Grupo Camacho Internacional contamos con un servicio diseñado para estos efectos, el cuál inicia con una evaluación actual de políticas financieras intragrupo, con el fin de poder emitir recomendaciones prospectivas para asegurar el cumplimiento normativo de su empresa. Contáctenos y trabaje con nosotros la gestión de sus precios de transferencia.

 

José Guerra | Grupo Camacho Internacional

El IVA y su impacto en Precios de Transferencia

Con la entrada en vigor de la Ley para el Fortalecimiento en la Finanzas Publicas, Ley
9635, los contribuyentes se enfrentan a nuevos retos para el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias. Estos retos traen consigo distintas consecuencias que pudiesen
no estarse evaluando de forma completa.

Uno de los temas que más toma relevancia, y en el cual no se ha profundizado en detalle,
corresponde a las implicaciones que trae el Impuesto al Valor Agregado (en adelante IVA)
en la gestión de su cumplimiento de Precios de Transferencia.

Inicialmente, debemos recordar que contar con el estudio de Precios de Transferencia es
una obligación anual para todos aquellos contribuyentes, del impuesto sobre renta, que
mantengan transacciones con partes relacionadas nacionales o del exterior, y que dichas
transacciones tengan un impacto al momento de la determinación de la base imponible.
(ver Artículo 65 del Decreto Ejecutivo 18.445). Hasta antes de la reforma fiscal, precios
de transferencia regulaba únicamente de forma expresa la base imponible del impuesto
sobre utilidades.

Con la entrada en vigor del IVA, se establece que la determinación de la base imponible
del IVA, en la venta intercompañía de bienes y servicios, debe cumplir con el principio de
plena competencia.

Lo anterior conlleva, en la mayoría de los casos, a profundizar el análisis de precios de
transferencia más allá del comúnmente utilizado método del margen neto, cuya aplicación
comúnmente se realiza en un análisis agrupado y global de la operación del
contribuyente.

Es necesario analizar si las metodologías utilizadas actualmente en sus estudios de
precios de transferencia son las más adecuadas para reflejar una valoración de plena
competencia por tipo de transacción, procurando que, ante una posible fiscalización,
puedan defender sus análisis realizados y de esta forma evitar ajustes por parte de la
Administración Tributaria tanto en la base imponible de ISR como en la de IVA.

Este sentido, es importante recalcar que, bajo la normativa actual, la aplicación de un
ajuste de Precios de Transferencia por parte de la Administración Tributaria conlleva
incrementos a la base imponible tanto en ISR como en IVA.

Por ejemplo, si se trata de una transacción que genera un ingreso al Contribuyente y se
determina que la venta generó un monto menor al valor de mercado (venta por debajo del
rango intercuartil), el ajuste que se debe aplicar es un aumento en los ingresos a efectos
tributarios. Esto conlleva corregir la base imponible a efectos de renta, y corregir las
últimas 12 declaraciones de IVA, en el caso donde el estudio de precios de transferencia
se realice hasta final del año.

Con base en lo descrito anteriormente, se hace necesario tener consideraciones
adicionales inherentes a la utilización metodologías que analizan transacciones
agrupadas, como el margen neto, a través de los resultados operativos de la entidad. Esto
porque si bien el resultado obtenido pudiese cumplir con las valoraciones de mercado a
efectos del impuesto sobre utilidades; al realizar un análisis de las transacciones de forma
individual, los resultados que se obtengan nos pueden llevar a determinar ajustes en
Precios de Transferencia y esto a su vez nos llevaría a un nuevo cálculo en el IVA.

De este modo, con la entrada en vigencia del IVA, es importante que todos los
contribuyentes realicen análisis preliminares en materia de Precios de Transferencia con
el objetivo de identificar aquellas transacciones que no cumplan con el principio de plena
competencia, o que hayan sido analizadas en el pasado de forma agrupada a través de
un margen neto. Al ser el IVA un impuesto con periodo mensual es fundamental ser
prospectivos en estos análisis y asegurar el debido cumplimiento previo a realizar la
venta, no al final del periodo fiscal.

En Grupo Camacho Internacional contamos con un servicio diseñado para estos efectos,
el cuál inicia con una etapa de análisis de riesgos de su situación y recomendaciones
concretas que usted debe realizar.

Contáctenos y trabaje con nosotros la gestión de sus precios de transferencia.

 

Artículo escrito en colaboración por: José Guerra y Carlos Solís


Inscríbase aquí en nuestra charla virtual gratuita:

Ley para el Fortalecimiento en las Finanzas Publicas y sus implicaciones en Precios de Transferencia

Fecha: Miércoles, 31 de julio de 2019

Hora: 9:00 am (Costa Rica)

 

Obligatoriedad de utilización de EXONET

La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, además de incluir grandes cambios
sustanciales, trae consigo una serie de obligaciones formales y administrativas. Ejemplo de
ello es que, en muchos de los casos para poder gozar de las exoneraciones establecidas en
la ley, se deberá realizar un proceso de inscripción y solicitud en el sistema “EXONET”.

Un primer aspecto que resaltar es que, el sistema “EXONET” no es nuevo, sino que se creó
desde el 2004, para registrar y realizar solicitudes de exoneraciones. A pesar de esto, su
aplicación estaba enfocada a pocos supuestos que regula el artículo 9 del decreto
ejecutivo número 31611-H. Dentro de estos supuestos se mencionan: Equipo médico,
Insumos agrícolas, Bomberos de Costa Rica, entre otros.

Por su parte, el “Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado”, en su
artículo 11, inciso 9, estableció también los casos en los que se debe realizar el proceso de
inscripción y solicitud, para ser beneficiario de la exoneración. Los supuestos establecidos
en dicha norma se pueden resumir de la siguiente manera: La Cruz Roja, El cuerpo de
Bomberos de Costa Rica, las micro y pequeñas empresas (así inscritas en el MEIC), las
micro y pequeñas empresas agrícolas (así inscritas en el MAG), los concesionarios o
permisionarios de transporte terrestre de personas o servicio de cabotaje de personas, la
EARTH, el INCAE, la Fundación Ayúdenos a Ayudar, Asociación Pro-Hospital Nacional de
Niños, Fundación para el Rescate y Protección del Patrimonio de la Casa Presidencial, la
Asociación Obras del Espíritu Santo, Federación Cruzada Nacional de Protección al
Anciano, las Asociaciones de Desarrollo Comunal, las Junta de Educación y Administrativas
de escuelas o colegios, las ASADAS, los importadores de algunos equipos médicos (por
ejemplo: sillas de ruedas, equipo ortopédico, entre otros) y contribuyentes registrados
como exportadores.

Otro aspecto esencial del artículo 11, inciso 9 del reglamento en cuestión, es que
establece de manera expresa en su último párrafo que: “Las exenciones indicadas en el
artículo 8 de la Ley y no contempladas en este apartado no requerirán de autorización
para su aplicación, debiendo respaldar sus operaciones mediante los comprobantes
electrónicos autorizados por la Administración Tributaria, así como en sus registros
contables.” De esta forma, quedan por fuera de la obligación mencionada, algunos casos
importantes, como es en lo que respecta a las empresas en Régimen de Zonas Francas,
quienes gozan de la exención sin necesidad del trámite respectivo.

Con esta regulación se puede decir que hay no solo una carga administrativa de quienes
deben inscribirse, sino también de quienes son proveedores de dichos beneficiarios.
Esto se debe especialmente a que, a la hora de facturar a un ente exento, el proveedor
debe de indicar en el comprobante electrónico los datos de la exoneración, que le permitan a la
Administración Tributaria conocer que fue dada de forma correcta, esto de conformidad
con las nuevas regulaciones de comprobantes electrónicos (versión 4.3). Esto implica
también, la necesidad de que si nuestra empresa es proveedora de alguno de los entes,
órganos o instituciones que requieren dicha autorización, se deba verificar por los medios
disponibles, por una parte, que se encuentre con la debidamente autorizado y, por otro
lado, que dicha autorización se encuentre vigente.

Por otra parte, recientemente el Ministerio de Hacienda dictó una resolución mediante la
que establece que los proveedores de la Caja Costarricense del Seguro Social y de las
Municipalidades, también pueden solicitar exención para que adquieran bienes y servicios
necesarios para las operaciones con dichas instituciones sin el pago del Impuesto. Dicha
solicitud se hace por medio de una orden especial, que se deberá tramitar por medio del
sistema “EXONET”. Así las cosas, estos sujetos podrán optar por dicha exención o también
si no lo hacen, tendrán derecho a crédito pleno sobre las compras que hagan para tales
fines.

A este punto, se debe de mencionar que hay dos grandes momentos en términos de dar
un breve esbozo del procedimiento para cumplir con dicha obligación. El primer
momento, se refiere a una solicitud de inscripción en el sistema, para lo cual solamente se
debe ingresar al portal de “EXONET” y llenar el formulario web denominado “Solicitud de
registro de beneficiario”. Una vez enviado el formulario mencionado, se genera un
archivo, que indica los documentos que deben presentarse de forma física en el
departamento de exenciones del Ministerio de Hacienda. Al completar dicho trámite, se
debe esperar a que el departamento exenciones envíe un correo electrónico, que
contiene un enlace de activación, para que el usuario pueda finalizar el proceso de
inscripción y, resulta de interés mencionar que, al tratarse de una solicitud, podría ser
aprobada o denegada.

Hasta el momento en el que se concluye el registro descrito con anterioridad, es cuando
se puede iniciar a gestionar la solicitud formal de exoneración por medio del portal web.
De esta forma, se debe de ingresar al sistema y dirigirse al apartado de “Nueva solicitud”,
donde se seleccionará entre varias opciones posibles y se procederá a llenar el formulario
de solicitud. El llenado de esta solicitud tiene un coste administrativo alto, ya que no se
emiten las conocidas “cartas abiertas”, sino que el sistema requiere indicar uno a uno los
bienes y/o servicios en los cuales se va a utilizar la exención.

Al enviarse la solicitud de exoneración, se debe tomar en consideración que la
Administración Tributaria cuenta con 2 meses para contestar dicha gestión, sea favorable
o desfavorablemente. Además, según lo dispuesto en el manual del sistema al ingresar
la solicitud el proceso interno es el siguiente: La solicitud se pone en conocimiento de
un analista (en algunos casos especiales la solicitud es enviada en primer lugar a un ente
recomendado rector de la actividad). El analista puede devolver la solicitud para que se
efectúen correcciones o enviar una recomendación al coordinador de exencione. Este
último, de conformidad con la recomendación del analista aprueba o desaprueba la
solicitud.

Tomando lo dicho, es importante recalcar la importancia de que los beneficiarios de una
exención verifiquen en primer lugar si están obligados a realizar dicha solicitud y en caso
afirmativo lo realicen cuanto antes, para poder gozar plenamente de estas. Al mismo
tiempo, los proveedores de personas sean físicas o jurídicas, que tienen este beneficio
deben verificar toda la información referente a las exoneraciones que brinden, con el fin
de evitar aplicaciones indebidas de las exenciones.

 

Gabriel Arroyo Oconitrillo

Consultor Departamento Legal

La moratoria del IVA

El día 1 de julio del presente año entró a regir la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, Ley 9635. Luego de un largo camino recorrido por el Ministerio de Hacienda por lograr regular todas las aristas de esta revolucionaria Ley, esto se logró, parcialmente.  

Si bien es cierto que se lograron regular temas pendientes de reglamentar según la ley citada supra, quedaron ciertos cabos sueltos que el Ministerio de Hacienda nos promete regular en los próximos meses y así tener un panorama completo de la aplicación del nuevo Impuesto del Valor Agregado.  

Consecuentemente, los legisladores, aprobaron en segundo debate el día 4 de julio la ´´Ley moratoria para la aplicación de sanciones relacionadas con el impuesto al valor agregado (iva)´´, tramitada en el expediente 21.485 que decreta un período de tres meses de moratoria en el que el Ministerio de Hacienda está imposibilitado para sancionar los incumplimientos relacionados con el Impuesto sobre el Valor Agregado.

Es preciso entender ahora el alcance de dicha disposición legislativa, puesto que no se debe mal interpretar dicha moratoria como la posibilidad material del contribuyente de no cumplir con las obligaciones tributarias producto del nuevo Impuesto sobre el Valor Agregado. 

Según dicha ley, se trata de tres meses, entendidos como los períodos de julio, agosto y setiembre, en las que no se aplicarán sanciones, intereses, mora, multas u otra disposición sancionatoria según lo establecido en los artículos 80, 80 bis y 81 la Ley N.°4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, aplicable a los contribuyentes del impuesto al valor agregado, definidos en la Ley N.°9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por inconsistencias o inexactitud que deriven de la declaración, la liquidación, el pago, la aplicación de créditos fiscales u otras diferencias en la determinación o el cálculo del impuesto al valor agregado

Lo anterior no desvirtúa la obligatoriedad de cada contribuyente de realizar la declaración, liquidación y pago del Impuesto al Valor Agregado, ni del pago del monto principal que la Administración Tributaria determine.  Es decir, no se está pretendiendo con la moratoria postponer la entrada en vigor del IVA, el cual mantiene todos sus efectos y sus obligaciones.  

Debe tomarse en cuenta además que la moratoria no será aplicable en los casos de fraude a la hacienda pública regulado en el artículo 92, es decir en los casos en los que se busque un beneficio patrimonial por el no pago de tributos, o infracciones calificadas como muy graves conforme al artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Igualmente quedarán excluidos de esta posible moratoria, cualquier contribuyente cuando se considere que existió una maniobra con el fin de evitar el pago, así como como grandes contribuyentes nacionales y grandes empresas territoriales bajo cualquier supuesto en el que actúen. 

Una vez dicho lo anterior, es menester informar que tanto los legisladores como el Ministerio de Hacienda consideran que estos tres meses son suficientes para que todos los obligados tributarios comprendan e interioricen el funcionamiento integral del IVA, y que, acabado este lapso, entrarán a aplicar todas las sanciones aplicables en todo el proceso recaudatorio de dicho impuesto. 

Por lo tanto, es importante aplicar desde ya, uno de los principios rectores del Derecho Tributario como lo es el de buena fe, y comenzar a aplicar las prácticas correctas para entender a cabalidad el funcionamiento del IVA y no vernos sorprendidos en el mes de octubre con las posibles sanciones. En todo caso, es siempre acertado asesorarse con expertos en materia tributaria que lo guíen por buen camino y por las buenas prácticas tributarias. 

En Grupo Camacho Internacional contamos con un equipo de expertos en materia tributaria, dispuestos a ayudarlo en todo momento y guiarlo tanto como lo ocupe en este nuevo Régimen Tributario al que nos enfrentamos todos en el país. 

 

Daniel Garro

Consultor de Impuestos

El IVA sector construcción

El Impuesto al Valor Agregado, tiene una característica problemática que es su cantidad de excepciones. Sucede que en tesis de principio un impuesto entre mas sencillo es, mas eficiente es en su cobranza, sin embargo, la nueva norma que rige desde el primero de Julio carece de sencillez y por el contrario aparenta ser de los impuestos mas complejos que hemos tenido en los últimos años.

Entre las muchas razones es la serie de reglas y de excepciones a estas reglas dentro del cuerpo normativo. Además, cual si la serie de excepciones ya no fueran muchas, se introdujo en la normativa una serie de transitorios que van ajustando las alícuotas (tarifas) de manera periódica.. Sin embargo, la frase: “el camino al infierno esta construido de buenas intenciones” nunca ha sido mayormente cierto como en esta vez. El esfuerzo que hizo el legislador al poner una tarifa transitoria para evitar shocks económicos realmente fue un verdadero tiro por la culata.

Ya que, como regla general, la tarifa del derecho de crédito fiscal es igual a la menor entre la tarifa del IVA soportado y del IVA repercutido. Así pues, en principio, por regla general aquellos que vendan exentos los IVA´s pagados en los insumos utilizados para estas ventas formarán parte del costo del bien y no podrán ser acreditables.

Así pues, lo que existe es una terminación anticipada de la cadena de valor y quien tiende a tener que asumir los IVA´s no será el consumidor final, si no el proveedor de dicho consumidor final, dando como resultado que este use su única palanca de maniobra que será el precio. Por tal es de esperarse que los precios aumenten en este tipo de bienes.

Ahora el problema no termina ahí, pues estos transitorios al ser de forma paulatina, lo que se dará será que el primer año se venderán exentos, el segundo año con una tarifa del 4%, el tercer año con una tarifa del 8% y ya el cuarto año irán al 13%. Vale decir que cuando se habla de años, hace referencia a 12 meses exactos a partir de la entrada de vigencia de la norma es decir de julio a junio.

Si vemos lo que se dice en el párrafo tras anterior y lo mezclamos con el anterior, comprenderemos que el primer año estos sectores aumentarán el precio, el segundo año entrará un impuesto que también vendrá sobre aumento del precio y así sucesivamente, dejando al final que el vendedor de este sector tenga al final un aumento de precios y un IVA totalmente acreditable obteniendo más ganancias, pero los consumidores de estos servicios, en definitiva, pagando más por los mismos.

Uno de estos sectores, los cuales son más sensibles es el sector de la construcción, en el se señala que los trabajos de construcción brindados para proyectos registrados en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y visados, es decir con derecho a llevar a cabo, antes del 1 de octubre del presente año, gozarán de esta condición del transitorio. Esto tanto para la compañía constructora, como también para la compañía subcontratada para la construcción.

Es decir en un tema práctico, si la compañía constructora es la que realiza el servicio de construcción bajo la modalidad de llave en mano, y no cobra por aparte los materiales de la construcción, esta tendrá que llevar al costo todos los IVA´s pagados para el proyecto, y si caso contrario la compañía vende los materiales por aparte con un sobreprecio y no mediante un reembolso de gastos, tendrá tarifas de venta del 13% y del 0% durante este primer año.

En lo cual todo insumo que no pueda identificar específicamente para que proyecto fue, como es el alquiler del local de las oficinas centrales, la luz, el agua, o los servicios contables o legales, deberá de aplicar la norma de proporcionalidad o bien norma de prorrata. Lo cual lo obliga a sacar un promedio ponderado a razón de sus ventas para estimar cuantos de sus IVA´s son o no acreditables.

En conclusión, el sector construcción es un sector que, si no se maneja con sumo cuidado dentro del manejo del impuesto del Valor Agregado, puede verse envuelto en fuertes incumplimientos tributarios por un mal manejo del derecho de crédito o bien con un aumento del 13% de la mayoría de sus costos.

Es por ello por lo que la recomendación, franca, es buscar a un asesor fiscal confiable, conocedor tanto de contabilidad como de derecho para una correcta asesoría en el manejo del IVA y que dicho manejo no tenga repercusiones en su flujo de caja o en los resultados de la compañía.

 

Eduardo Rodríguez

Socio | Grupo Camacho Internacional