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Empresas Beneficiarias del Régimen de Zonas Francas

Con la implementación de la ley 7210 Costa Rica comprende el aporte que representan las operaciones de las empresas que soliciten la adición al régimen de Zonas Francas. La generación de empleo, encadenamientos productivos e inversión realizada son beneficios que afectan positivamente la economía nacional.

Treinta años después el país mantiene una amplia cartera de empresas incluidas en este régimen, en la actualidad, más de 450 empresas. 

Nos mostramos internacionalmente como un país con mano de obra calificada, condiciones e incentivos atractivos para que empresas alrededor del mundo decidan trasladar sus operaciones o sucursales a nuestro país, con resultados exitosos.

El análisis integral que realizan las autoridades nacionales en la búsqueda de mejoramiento de trámites, incentivos al mercado internacional y reactivación económica conllevó el desarrollo y aprobación de la Ley 9689 “Reforma a Ley Régimen de Zonas Francas” para asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el marco inclusivo del plan de acción de lucha contra la erosión de la base imponible. Esta normativa, reforma de manera parcial a la Ley 7210. 

Modifica las condiciones y requisitos para la solicitud y otorgamiento del régimen, y cambia algunos de los incentivos fiscales que indica la ley original.

Es importante considerar que, ante la entrada en vigor de esta ley, se deben reglamentar las nuevas disposiciones que esta indica. El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, mantiene como proyecto en consulta pública la “Reforma al Reglamento de Zonas Francas”. Por lo tanto, todas las empresas incluidas al Régimen y aquellas que se encuentran en análisis y solicitud de ingreso, deben considerar el impacto de las reformas actuales y establecer los cambios y modificaciones que tendrán, además de aprovechar los nuevos incentivos que se establecen.

Grupo Camacho Internacional le ofrece el respaldo, experiencia y asesoría que requiere para comprender los cambios que la normativa actual tiene, su aplicación e impacto específico en las operaciones de su empresa y cumplir con todas las disposiciones y comprensión de las condiciones que regula el Régimen de Zonas Francas. 

Le ofrecemos el acompañamiento en los procesos de elaboración de informes anuales de operación. Un reporte al que tiene acceso el ente encargado (Procomer) para la verificación del cumplimiento de las condiciones pactadas en los distintos acuerdos de otorgamiento. Dada su relevancia y posibles implicaciones en casos de incumplimiento, es válida la invitación para que considere la oportunidad de acompañarse por profesionales altamente capacitados que, en conjunto con su equipo de trabajo, podrán cumplir a satisfacción las obligaciones que el régimen establece. 

 

Alonso Varela

Consultor de Impuestos

Obligación de precios de transferencia en personas naturales o jurídicas amparadas en regímenes especiales en Honduras

El pasado 22 de octubre del 2019 el SAR emitió un comunicado en el que señala que: los obligados tributarios incluyendo las personas naturales o jurídicas amparadas en regímenes especiales que realicen operaciones comerciales o financieras con partes relacionadas, deberán presentar la declaración jurada informativa anual sobre precios de transferencia correspondiente al período fiscal 2019 a más tardar el día 30 de abril del 2020 (o dentro de los tres meses posteriores al cierre del ejercicio fiscal en los casos de período especial autorizado). Este comunicado puede ser consultado en la página web del SAR: www.sar.gob.hn

Cambia así el panorama para las empresas ubicadas en regímenes especiales en territorio hondureño. Las amnistías y las excepciones se han acabado. Se puede inferir que la Administración Tributaria, a través de este comunicado, amplía sus facultades para generar mayores y más detallados procesos de revisión, para los cuales los contribuyentes requieren estar cubiertos. 

Comúnmente se solía interpretar que las empresas amparadas bajo regímenes especiales no se encontraban en la obligación de presentar la Declaración de Precios de Transferencia, sin embargo, el Estudio de Precios de Transferencia basado en el Título VIII del Reglamento de la Ley de Regulación de Precios de Transferencia (Acuerdo No. 027-2015) siempre ha sido una obligación para estas empresas; apegándose a lo estipulado en la Ley de Regulación de Precios de Transferencia (Decreto No. 232-2011) y Código Tributario (Decreto No. 170-2016). 

Este marco normativo es el respaldo del SAR para indicar que dichas empresas deben cumplir con la presentación de la declaración informativa de precios de transferencia a partir del periodo fiscal 2019. 

En dicha declaración y en el Estudio de Precios de Transferencia deben ir incluidas todas las transacciones con partes relacionadas, sin límites de monto u otras especificaciones.

La obligación no puede estar divorciada de un análisis completo de precios de transferencia, ya que la declaración requiere un despliegue resumido del estudio o documentación en consistencia con los requisitos técnicos establecidos por la Administración Tributaria.

Así lo señala el Título VIII “De la documentación e información” del Reglamento de la Ley de Regulación de Precios de Transferencia, en el artículo 29, donde se indica que “el contribuyente debe disponer de la información y el análisis suficiente para verificar que las condiciones de sus operaciones con personas naturales o jurídicas relacionadas o vinculadas o con aquellas amparadas en regímenes especiales que gocen de beneficios fiscales, están de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Regulación de Precios de Transferencia y el presente Reglamento”.

Por su parte, el artículo 32 del Reglamento de la Ley de Regulación de Precios de Transferencia hace referencia que un Estudio o documentación debe contener al menos la siguiente información:

 

  • Actividades y funciones desarrolladas por el contribuyente.
  • Riesgos asumidos y activos utilizados por el contribuyente en la realización de dichas actividades y funciones.
  • Detalle de los elementos, documentación, circunstancias y hechos valorados para la justificación de los precios o montos entre partes relacionadas.
  • Detalle y cuantificación de las transacciones realizadas con empresas relacionadas.
  • Identificación de los sujetos relacionados a los que se realizaron las transacciones que se declaran.
  • Método de valoración utilizado, indicando las razones y fundamentos por las cuales se le consideró como el método más apropiado.
  • Identificación de cada una de las operaciones comparables y factores de comparabilidad seleccionados.
  • Identificación de las fuentes de información de las que se obtuvieron las operaciones comparables y los factores de comparabilidad.
  • Detalle de los elementos, la cuantificación y la metodología utilizada para practicar los ajustes necesarios sobre los comparables seleccionados.
  • Detalle de las operaciones comparables y los factores de comparabilidad no seleccionados indicando los motivos y consideraciones para desecharlos.
  • Descripción de la actividad empresarial y las características del negocio de las compañías comparables.
  • La mediana y del rango de plena competencia.
  • El precio de mercado
  • Detalle de los ajustes realizados a los precios de transferencia para que estos cumplan con el principio de libre competencia.

 

El no cumplimiento con la obligación en tiempo y forma acarrea una serie de consecuencias que pueden entorpecer el correcto funcionamiento de su empresa. 

Una genera una afectación financiera o de flujo de caja, pero además el no pago de las mismas puede frenar emisiones de certificaciones y documentación por parte del SAR, necesarias para que las empresas puedan, entre otras cosas, solicitar préstamos bancarios, hasta que la multa sea cancelada.  

Como parte de las sanciones a las que se encuentran expuestos los contribuyentes al incumplir con esta obligación, el artículo 35 y 36 del Reglamento de la Ley de Regulación de Precios de Transferencia indica que el no aportar o aportar datos falsos, incompletos o inexactos en la información o documentación solicitada implica una multa de US$ 10,000; mientras que el declarar una base imponible inferior a la que corresponde a circunstancias comparables entre partes independientes es multado con el 15% sobre el importe del ajuste realizado por la Administración Tributaria y con un 30% o US$ 20,000 cuando se declare una base imponible inferior y no se aporten o se aporten datos falsos, incompletos o inexactos. Cualquier incumplimiento adicional en las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Ley de Regulación de Precios de Transferencia es sancionado con una multa de US$ 5,000.

El cumplimiento en materia de Precios de transferencia no puede ser visto con ligereza y como un mero requisito formal, ya que es de un alto carácter técnico cuya complejidad trae consigo cuestionamientos diversos, incluso entre expertos. Debido a esto, es recomendable evaluar exhaustivamente, en compañía de una mano experta, si su empresa está obligada a cumplir con estos requerimientos y evitar sanciones.

En Grupo Camacho Internacional, a través de Transfer Pricing Advisors contamos con un equipo técnico altamente capacitado y con más de 11 años de experiencia en materia de precios de transferencia e impuestos internacionales, dispuestos a ayudarles. Contáctenos sin ningún costo y conversemos sobre el mejor curso de acción que su empresa debe seguir. 

Tattiana Ramírez
Consultora de Precios de Transferencia

 

 

¿Sabe en qué consiste la declaración informativa D-151 y cuáles son sus implicaciones?

La declaración anual informativa “Resumen de Clientes, Proveedores y Gastos Específicos” (formulario D-151) consiste en informar a la Administración Tributaria sobre el monto respectivo de las compras y ventas de bienes y servicios realizadas durante el mismo período fiscal a un mismo cliente o proveedor.

Ésta información es necesaria para que la Administración Tributaria pueda realizar pruebas de coincidencia de la información proporcionada por los contribuyentes. Por ejemplo, si una persona física realizó una compra de un bien a una empresa, y la persona física informa que realizó dicha compra, y la empresa a su vez declara que realizó la venta a la persona respectiva, entonces se realizarán análisis de datos a partir de inteligencia tributaria que le permite a la Administración identificar anomalías, omisiones o inexactitudes. 

¿Quiénes deben de presentar la Declaración?

Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, sujeta o no al pago del impuesto sobre la renta, incluyendo instituciones del Estado, autónomas y semiautónomas, asociaciones, fundaciones, el Sistema Bancario Nacional, así como cualquier entidad creada por Ley especial y cualquier otra institución, que haya realizado a nivel nacional compras o ventas de bienes o servicios, a una misma persona, por un monto anual acumulado superior a ₵2.500.000. Este monto no debe incluir el impuesto de valor agregado ni de consumo, tampoco se deben incluir las importaciones y exportaciones de bienes; y se deben de considerar los montos netos, en casos donde existiere alguna nota de crédito derivadas de devoluciones.

Asimismo, si se trata de compra o venta de servicios de alquileres, comisiones, servicios profesionales e intereses, por un monto anual acumulado superior a ₵50.000, a una misma persona, también se debe de incluir en la D-151.

¿Cuándo se debe presentar la declaración? 

La información que se incluya en la declaración debe corresponder al período fiscal ordinario, el cual, hasta este año, comprende desde el 01 de octubre de 2018 al 30 de setiembre de 2019, independientemente de si el periodo fiscal autorizado por la Dirección General de Tributación es distinto al anterior. 

El plazo para presentar la declaración vence el 02 de diciembre de 2019. En caso de los Grandes Contribuyentes el plazo vence el 10 de diciembre del año en curso.

¿A qué se expone si no cumple o si cumple, pero incorrectamente? / 

Cumplir adecuadamente con esta declaración requiere de mucho cuidado. El artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece las sanciones ante el incumplimiento total o parcial en el suministro de la información, o bien, si se presentó la información con errores, según se detalla a continuación:

  • Sanción por incumplimiento total o parcial en el suministro de la información: 2% de los ingresos brutos en el período del impuesto a las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de 3 salarios base (₵1.338.600) y un máximo de 100 (₵44.620.000).
  • Sanción por presentación de información con errores o que no corresponda a lo solicitado: 1% del salario base por cada registro incorrecto.

¿Por qué contar con la revisión de un experto? 

Las sanciones, según lo indicado anteriormente, podrían ser de alto impacto económico para su compañía, pues una sanción de hasta aproximadamente 45 millones de colones, tendría una implicación grave en el flujo de caja de su representada.

En Grupo Camacho Internacional contamos con asesores con vasta experiencia que podrían asegurarle un adecuado cumplimiento de esta obligación; revisamos la declaración con base en sus registros auxiliares. Evite multas y sanciones contando con la asesoría de un experto.

Susana Bagnarello
Consultora de Impuestos 

 

Operaciones de Commodities entre vinculados económicos

Los grupos económicos desarrollan gran diversidad de transacciones, dentro de las cuales se destacan las transacciones de compra/venta de commodities

Este tema se ha profundizado tomando en consideración la elaboración del Plan de Acción BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), además del Reporte de las Acciones 8 a la 10 denominado “Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de valor.” Se implementaron algunas consideraciones sobre la aplicación del método del Precio Comparable No Controlado (Comparable Uncontrolled Price o CUP) a transacciones que involucran commodities. Estas se incluyeron en la actualización de las Directrices de la O.C.D.E. aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias (Directrices de la O.C.D.E.), del año 2017 en los párrafos 2.19 y 2.20.

A parte de desarrollarse ciertas consideraciones se ratifica que el CUP, es generalmente el método más apropiado para establecer el precio de libre competencia en la transferencia de commodities. La principal característica de estos productos consiste en sus aspectos intrínsecos de intercambiabilidad, reto que hace inaplicable la identificación específica de los mismos, a la vez que se convierte en su más valiosa característica, para acceder al mercado de futuros, aspecto que no deja de ser una complejidad de gran importancia para la determinación cierta de bases imponibles presuntas, basado en elementos normativos que, nacieron en países suramericanos y fueron adoptadas en la legislación centroamericana, tomando como base el valor de mercado del momento de la exportación o contrato, dependiendo de las normas locales- con independencia de la rentabilidad que en realidad se obtenga en la transacción principal o mas aun en sus derivados- tales como coberturas y futuros, mercados normalmente de tomadores y comercializadores de riesgos en sí. Las administraciones tributarias prefieren gravar estas rentas en sus valores presuntos que las posibles variaciones que en el curso de la fluctuación del mercado se pueda presentar. Los exportadores o importadores sujetos en la legislación regional a estas normas deben medir de manera adecuada las políticas de precios de transferencia en concordancia con estas normas.

Este entendimiento es muy importante para muchos contribuyentes en la región centroamericana que suelen estar involucrados en operaciones cafetaleras o comercialización de trigo, maíz y otros productos que no han sufrido alteración para su comercialización. Suele ser un error común entre expertos en la materia olvidar el primer enfoque transaccional que debe considerarse en primera instancia, antes de aplicar enfoques de análisis de márgenes operativos, que puedan poner en riesgo a la entidad durante procesos de revisión por parte de las administraciones tributarias. 

A pesar de que el análisis de estas transacciones pareciera no representar mayores dificultades al existir información pública de precios de mercado, que permita la aplicación del método del precio comparable no controlado, dichos análisis han sido motivo de disputas, en muchas ocasiones, entre contribuyentes y administraciones tributarias.

El análisis de estas transacciones nace con el objetivo de evitar que contribuyentes transfirieran utilidades a entidades usualmente ubicadas en jurisdicciones de baja o nula imposición fiscal o sin sustancia económica. 

Con el objetivo de evitar estas situaciones, poco a poco las jurisdicciones han desarrollado medidas anti-elusión mediante las cuales se busca evitar la manipulación de los precios pactados en estas transacciones, determinando como fecha en que pacto la operación, una fecha representativa de la fecha de despacho o entrega de los commodities.  Es importante mencionar que la forma de evaluar estas transacciones viene acompañada de medidas que permitan validar la sustancia económica de la misma. 

Actualmente el análisis de este tipo de transacciones es conocido como “el sexto método” en ciertas jurisdicciones. 

Las Directrices de la O.C.D.E. mencionan que en dichos casos, los contribuyentes deben brindar evidencias y documentos relevantes como parte de la documentación soporte en precios de transferencia, políticas de fijación de precios para transacciones de commodities, la información necesaria para justificar ajustes de precios basados en transacciones o acuerdos comparables no controlados, representado por los precios cotizados y cualquier otra documentación relevante, tales como fórmulas de precios, acuerdos con consumidores finales que son terceras partes, fecha de precios, información de la cadena de suministro además de información preparada para propósitos no tributarios.

Es trascendental aclarar que en relación con la fecha de fijación del precio de la transacción de los commodities, las directrices indican que cuando el contribuyente puede proporcionar evidencia relevante de la fecha de fijación del precio al momento en que la transacción fue realizada y es consistente con la conducta real de las partes, se debe tomar dicha fecha como fecha en que se fijó el precio de la transacción. En caso de que la evidencia sea inconsistente con la conducta real de las partes, las administraciones tributarias pueden determinar una fecha de fijación de precios consistente con los otros hechos y circunstancias del caso.  

Cuando el contribuyente no pueda mantener evidencia confiable sobre la fecha de fijación del precio, la administración tributaria puede presumir la fecha con base en la evidencia que se tenga disponible. Debe resaltarse que este suele ser un tema muy controvertido inclusive entre expertos y es donde se ponen de manifiesto los criterios sólidos con los que debe contar el experto en la materia con el fin de estar en sintonía con los valores que estaría tomando un revisor fiscal a la hora de determinar potenciales ajustes.

Si bien han existido avances para disminuir las controversias referentes a transacciones que involucran commodities, aún existen dificultades por parte de las administraciones tributarias para analizar este tipo de transacciones y en los contribuyentes, dificultades para demostrar el cumplimiento del principio de libre competencia. 

Se debe estar pendiente de los cambios en las regulaciones de los países ya que estos continúan evolucionando y los contribuyentes deben apegarse a las nuevas formas de documentar y sustentar este tipo de transacciones.

En Grupo Camacho Internacional contamos con un equipo experto para poder asesorarle en el tema. Podemos aclarar sus consultas y asegurarle el cumplimiento en Precios de Transferencia. Contáctenos y con gusto conversamos.

José Guerra 
Director de Precios de Transferencia

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1 Se les llama de esta manera a los bienes básicos, aquellos productos que se destinan para uso comercial, y que tienen como característica más relevante, que no cuentan con ningún valor agregado, se encuentran sin procesar o no poseen ninguna característica diferenciadora con respecto a demás productos, por esto se utilizan como materias primas para elaborar otros bienes.

RECTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN EN EL REGISTRO DE TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS FINALES

La obligatoriedad de realizar la declaración de Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales se mantiene vigente. Aunque varios medios de comunicación han indicado la suspensión de sanciones; esto no ha sido realizado por medio de una prórroga o reforma expresa a la normativa que rige la obligación. 

De la práctica de esta declaración han surgido algunos cuestionamientos respecto a la forma en la que operará. En ese sentido, con respecto a una posible rectificación de la declaración de registro de accionistas se debe responder a las preguntas: ¿Existe la figura de la rectificación en esta declaración? ¿Cuál es la forma en la que se debe realizar? y ¿Existe algún tipo de riesgo o sanción?

 

En ese orden de ideas, se puede decir que la figura de la rectificación sí existe en dicha declaración. Se reguló un sistema el cual se fundamenta en el artículo 15 de Resolución Conjunta de Alcance General para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales y el artículo 24 del Reglamento del registro de transparencia y beneficiarios finales. La primera norma mencionada, brinda mayor especificación del proceso, en el tanto establece:

“Cuando una persona física o jurídica considera que la información suministrada es incorrecta, debe solicitar la corrección de la declaración respectiva siguiendo alguno de los procedimientos descritos a continuación:

  1. Acudir ante el representante legal del sujeto obligado para solicitar la corrección de los datos suministrados mediante un escrito debidamente firmado y autenticado con el detalle y la justificación del caso, si el documento es electrónico debe estar firmado digitalmente. El representante legal o apoderado de la persona jurídica obligada debe realizar la respectiva declaración de rectificación en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales adjuntando el escrito correspondiente.
  2. Acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para que solucione la controversia y una vez resuelta, el representante legal o apoderado del sujeto obligado debe realizar la corrección en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales adjuntando la resolución judicial.

Cada vez que se registre una declaración de rectificación el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales emitirá un acuse de recibo y notificará al Instituto Costarricense sobre Drogas y a la Dirección General de Tributación para que realicen las valoraciones que consideren pertinentes.”

 

En el caso de que una persona considere que existen datos incorrectos, tiene dos vías para hacer valer esta situación. 

Respecto a la primera, la norma no indica que la persona que considera que debe de hacerse una corrección es la misma que es obligada a declarar, vacío normativo que se debe llenar interpretando lo establecido en el artículo 130 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, según el que: los sujetos pasivos tienen posibilidad de realizar declaraciones rectificativas. El inciso b del artículo citado anteriormente, establece que toda declaración presentada con posterioridad se tiene como rectificativa. 

El segundo supuesto, refiere a acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativa. Hoy se desconoce mediante qué tipo de proceso se tramitará esta Resolución o presunta respuesta, ya que se debe entender ante la existencia de este supuesto de instancia, que la solicitud de la rectificación corre la suerte de una petición según normas del derecho tributario, artículo 102 del Código, que indica que el silencio debe ser entendido procesalmente como una negación de lo solicitado. 

Es llamativo que la recurrencia tasada en el Código es la instancia para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, dejándose en principio fuera de esta esfera de instancia, causando un “per saltum” a la jurisdicción según reglas de procedimiento Contencioso Administrativo. 

A pesar de lo mencionado, el aspecto al que más se debe tomar atención es el último párrafo de dicho artículo el cual establece que en los casos en que exista una declaración rectificativa, se le notificará al Instituto Costarricense sobre Drogas y a la Dirección General de Tributación, para que realicen las valoraciones que consideren pertinentes. 

De esta forma, la acción de rectificar una declaración activará las alertas de las autoridades institucionales, por lo que se debe tener claro que dicha rectificación debe contener información veraz, que tenga sustento tanto documental como económico y que coincida con lo que se ha declarado frente a las autoridades tributarias. 

En caso de no ser así, estas alertas de seguro generarán una contingencia importante para la compañía que rectifica, lo cual la expone a que las autoridades tributarias inicien algún proceso de fiscalización.

Actualmente, no existe una sanción en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en el caso de que se declare información inexacta o incorrecta, dado que el artículo 84 bis de tal Código, únicamente prevé una sanción por INCUMPLIMENTO. La sanción es de dos por ciento (2%) de la cifra de los ingresos brutos de la persona jurídica o estructura jurídica, en el período del impuesto sobre las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base. 

Sin embargo, de forma general puede resultar aplicable las sanciones del artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en vista que, estas son sanciones por incumplimiento en el suministro de información, y se prevé una sanción en caso de constatarse errores, en el tanto se establece que esta sanción es del uno por ciento (1%) del salario base por cada registro incorrecto, entendido como registro la información de trascendencia tributaria sobre una persona física o jurídica u otras entidades sin personalidad jurídica. En este caso, la sanción impuesta no podrá exceder a la multa indicada anteriormente.

Bernal Alfaro 
Consultor Legal

¿Sabía usted que Precios de Transferencia tiene un impacto directo en la información que se debe de presentar en la Declaración Jurada De Renta Definitiva (D- 101)?

Muchas empresas en Costa Rica nos encontramos cerrando nuestra contabilidad para la presentación, con fecha límite de 16 de diciembre 2019, de la Declaración Jurada De Renta Definitiva. Por lo que, como empresa experta en asesoría tributaria y fiscal, nos gustaría dilucidar un poco la afectación que puede llegar a tener el cumplimiento de Precios de Transferencia. 

Al ser Precios de Transferencia una obligación de cumplimiento fiscal que puede involucrar entre otras operaciones, la compra/ venta de productos, así como prestación de servicios entre empresas relacionadas (tanto a nivel local como internacional), este tipo de transacciones suelen tener un efecto directo en los costos y gastos de la organización. 

En caso de que los precios de este tipo de transacciones no se encuentren dentro de un rango de plena competencia, la administración tributaria se encuentra en potestad de realizar un ajuste, el cual podría tener un impacto en la deducibilidad de costos y gastos y/o determinación del ingreso gravable, aumentando la carga tributaria.

Nuestra experiencia, tanto en Costa Rica como en diversas jurisdicciones, en esta materia por más de 15 años, nos hace llamar la atención de manera muy especial sobre las transacciones que no se contabilizan. 

Precios de transferencia sigue el criterio económico de costo de oportunidad y no el de la transacción con precio establecido con valor concreto pagado o por pagar únicamente. Es así como la mayor cantidad de ajustes que enfrentan las empresas son en relación con los actos gratuitos o de compensación implícita o tácita. 

Desde esta óptica surge un doble filo de relevancia fiscal tanto en renta como en IVA por actos como: las transacciones de gozo, uso o disfrute a título gratuito de bienes tangibles o intangibles, los financiamientos sin que medie tasa de interés o los otorgados en términos y condiciones distintos a los que habrían pactado dos agentes económicos independientes, o prestaciones de servicios a título gratuito. Una larga lista de etcéteras que plantean un nuevo reto para este periodo fiscal con una norma expresa de precios de transferencia ya 

incorporada en la ley misma, el artículo 81 bis a partir de la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de diciembre de 2018.

La única forma de poder realizar un análisis que contemple todos los requisitos necesarios para asegurar el cumplimiento en materia de precios de transferencia es asegurándose que las políticas inter-compañía sean congruentes y que le protejan de un potencial ajuste en renta gravable, por medio de un estudio de precios de transferencia.

En caso de que no se encuentre al día con la documentación soporte de precios de transferencia, antes de la presentación de la declaración de renta, los invitamos a contactarnos para poder mantener congruentes sus obligaciones tributarias. Estamos siempre gustosos de atenderle.


José Guerra 
Director de Precios de Transferencia

 

¿Es usted grande contribuyente? Es hora de presentar el AMPO

Durante el mes de octubre y noviembre vence la obligación tributaria para todos aquellos grandes contribuyentes de presentar el Análisis Multifuncional Programado y Objetivo, (AMPO). 

Dicho vencimiento se estipula que se realizará de la siguiente forma:

  • Para aquellos grandes contribuyentes con reciente notificación de su condición, tienen tiempo de suministrar la información por primera vez, dos meses naturales posteriores a la fecha en la que se les clasificó. 
  • Si usted ya realizó el AMPO en el pasado, tendrá un mes natural posterior al cierre del período fiscal que tenga la Empresa, por lo tanto, si su cierre fue el pasado 30 de setiembre tiene como fecha máxima para presentarlo el 31 de octubre.

El llenado del AMPO se hace por medio de una herramienta a través del sitio web oficial de la Administración Tributaria. 

El AMPO cuenta con 31 módulos que deben actualizarse cada año, hasta que se pierda la condición de gran contribuyente. Este proceso de llenado, en caso de tener toda la información en orden y actualizada, le podría demorar un día de trabajo y puede ser llevado a cabo por cualquier persona de su departamento contable. 

El AMPO, es una recopilación de información de trascendencia tributaria, por lo tanto, asumir que la obligación corresponde solo a una mera formalidad y que la información suministrada debe ser tomada a la ligera, podría generar repercusiones fiscales de alta índole.

Es importante considerar que la no presentación en tiempo de esta declaración informativa acarrea una fuerte sanción correspondiente al 2% de los ingresos brutos declarados en el período anterior, con un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base, alrededor de ¢44.620.000.

Además de encontrarse errores en la información suministrada, siempre y cuando no superen el monto ya descrito, la multa podrá ser de hasta un 1% del salario base por cada registro erróneo. 

La información colocada en el AMPO revelará información vinculada a Precios Transferencia, composición del grupo económico, proveedores, clientes, pérdidas diferidas, leasings activos, entre otra información relevante del giro de negocio. Esta será usada como información cruzada con respecto a lo que usted registre en sus otras obligaciones tanto formales como materiales, como, por ejemplo, la D-151, D-152, D104-2 y por supuesto en su declaración de utilidades. 

Por lo tanto, se debe de asegurar que toda la información suministrada es suficiente, correcta y cuenta con la documentación de respaldo suficiente.  Además es fundamental evaluar que la información remitida no vaya a ser utilizada en su contra en una futura auditoría tributaria. Analice los riesgos que puede acarrear la información expuesta y la no conciliación de esta con sus otras declaraciones.

Evalúe la información que vaya a suministrar con su asesor tributario de confianza lo antes posible para así evitar riesgos y estudiar posibles escenarios y contingencias; así el llenado del AMPO se realiza de la mejor manera. 

Grupo Camacho Internacional ha liderado con los grandes contribuyentes el análisis estratégico de las consecuencias de la información que contiene el AMPO y su posible impacto en futuras fiscalizaciones, no se limite a cumplir, invierta con nosotros tiempo estratégico antes de tener que lamentar no haberlo hecho.

Steven Brenes 
Consultor de Impuestos 

Ajustes de mercado geográfico y uso de la tasa de riesgo país como indicador

Para analizar los precios de transferencia de transacciones con partes relacionadas
por métodos basados en márgenes de utilidad es necesario, en primera instancia,
descartar empresas del mercado local que desempeñen funciones similares e
involucren activos y riesgos semejantes a los de la empresa analizada.

Según la industria evaluada pueden existir limitantes de información que impiden
seleccionar adecuadamente los comparables locales, por lo que es necesario ampliar
los criterios de búsqueda a empresas independientes ubicadas fueras del territorio
local.

Utilizar comparables internacionales implica una consideración importantísima en el
momento de seleccionarlos: Las condiciones en que se desarrollan los distintos
mercados pueden variar de una región geográfica a otra y ello tiene incidencia en la
situación financiera y de negocios de los comparables. Esta situación puede llevar a
conclusiones equivocadas sobre el cumplimiento del principio de plena competencia
de determinada transacción o empresa analizada.

El factor de selección de comparables internacionales no solo depende de la
comparabilidad de funciones, como se suele entender erróneamente, incluso entre
expertos, sino que va más allá. Debe contemplar factores profundos que requieren un
estudio exhaustivo que respalde la escogencia de un comparable sobre otro.

Las Guías de Precios de Transferencia de la O.C.D.E. (2017) indican que el problema
con la selección de comparables internacionales puede ser solventado a través de la
aplicación de ajustes; de modo que las diferencias que puedan existir entre la
transacción/empresa analizada y las empresas comparables no incidan
significativamente en los precios determinados.

Las Guías señalan lo siguiente sobre los ajustes de mercado geográfico:

“…D.6.2. Otras características de los mercados locales

1.144 Las características del mercado en el que tienen lugar las operaciones
empresariales pueden incidir en el precio de plena competencia con respecto a las
operaciones entre empresas asociadas. Mientras algunas características pueden dar
lugar a economías de localización, otras pueden generar problemas de comparabilidad
no directamente relacionados con tales economías…”.”

Usualmente, la identificación de las diferencias en que opera la empresa analizada en
contraste con las empresas comparables se basa en el uso de indicadores
macroeconómicos que revelan los indicadores de rentabilidad en los mercados de
capital de los territorios evaluados y el diferencial implícito entre las tasas de
rentabilidad de cada uno de ellos; lo cual es conocido como tasa de riesgo país.

La Plataforma de Colaboración en Impuestos, que es una iniciativa entre el Fondo
Monetario Internacional (FMI), la O.C.D.E., la O.N.U. y el Banco Mundial, publicó el 22
de junio del 2017 un kit de herramientas con una guía práctica para los países en vías
de desarrollo, enfocado en mejorar la protección de sus bases tributarias.

El documento menciona que:

“5.5.3 Ajuste por riesgo país añadiendo una prima (o un descuento) al indicador de
nivel de rentabilidad

El riesgo país se puede definir como el riesgo inducido por la localización en el país de
una actividad empresarial, más que por la naturaleza fundamental de la actividad. Este
riesgo puede derivarse del entorno político o económico en el que opera la empresa. 

El riesgo país no es sólo un constructo de precios de transferencia, sino una variable
real que las empresas tienen en cuenta al realizar inversiones u operaciones con
terceros…

En la mayoría de las propuestas de ajustes por riesgo país se procura simplemente
agregar una prima o aplicar un descuento a los resultados de los comparables. Estos
ajustes basados en el riesgo están diseñados para reflejar las diferencias en los
riesgos asumidos en relación con la competencia, el crédito, el cambio de divisas, la
responsabilidad por productos, la obsolescencia tecnológica, etc.”

En la aplicación del ajuste por mercado geográfico se rescatan tres enfoques que
pueden ser utilizados:

  • Ajustes de capital circulante como sustitutivo del riesgo país
  • Ajuste de riesgo país a los activos
  • Ajuste de costo promedio ponderado del capital

Tanto las Guías de Precios de Transferencia de la O.C.D.E. (2017) como el Cóctel de
medidas para el control de la manipulación abusiva de precios de transferencia, con
enfoque en el contexto de países de bajos ingresos y en vías de desarrollo
recientemente publicado por el CIAT mencionan que no existe un método ampliamente
aceptado para el ajuste de mercado geográfico por tasa de riesgo país, principalmente
por la evolución de los mercados y el reflejo de ello en el comportamiento de las
economías.

Una adecuada selección de comparables, en conjunto con la correcta aplicación de los
ajustes correspondientes conlleva a que, ante una eventual fiscalización por parte de
las Administraciones Tributarias, se esté preparado para defender los comparables
seleccionados y evitar posibles sanciones o multas por incurrir en conclusiones
erróneas sobre el cumplimiento con el principio de plena competencia para la
transacción o empresa.

El factor de corrección de comparabilidad de riesgo país debe ampliarse donde la
empresa tiene ubicados o relocalizados sus riesgos.

Más allá del ajuste inherente al riesgo país de la operación que se esta evaluando,
deben sensibilizarse los elementos de riesgo país que inciden de manera directa o
indirecta en la composición de la cartera de los clientes que, ubicados en diversas
jurisdicciones, puedan comportar un mayor o menor riesgo de recuperabilidad; así
como la elasticidad de la demanda interna de aquel mercado y riesgos cambiarios,
entre otros que debe ser cautelosamente incorporado en un análisis concienzudo de
susceptibilidad al riesgo. Es ahí donde este se puede llegar a materializar. De igual
forma, en relación con las jurisdicciones de origen del capital, las materias primas y
cada elemento crítico de la cadena de valor.

Vale la pena resaltar la importancia de no solo contar con una documentación en
cumplimiento en forma, sino de fondo, que contenga los argumentos técnicos
necesarios para poder proteger a la empresa ante cualquier desconocimiento o posible
cuestionamiento en materia de precios de transferencia. Entran en juego los
conocimientos a fondo que debe manejar el asesor o experto en cumplimiento
normativo en precios de transferencia, así como de la normativa fiscal en su conjunto y
el conocimiento íntegro de los mercados en su actual condición de interrelaciones
resultantes de una economía global cada vez más interdependiente.

En Grupo Camacho Internacional, contamos con un personal altamente capacitado en
la normativa internacional, con criterio técnico y analítico para proporcionar un alcance
detallado que permitirá que su empresa se encuentre dentro de un umbral de
protección fiscal aún mayor ante potenciales requerimientos de las administraciones
tributarias en Centroamérica. Contáctenos al +506 2280 2130 y con gusto podemos
ampliar cualquier tema de interés en la materia.

Escrito por: Tattiana Ramirez | Grupo Camacho Internacional

Fiscalizaciones masivas en Guatemala en Precios de Transferencia y el coctel de medidas del CIAT

A inicios del mes de septiembre del 2019, la Superintendencia de Administración Tributaria (en adelante SAT) en Guatemala, ha estado solicitando requerimientos masivos de información a los diferentes contribuyentes que realizaron la presentación del Anexo de Precios de Transferencia con fecha límite del 31 de marzo del mismo año, correspondiente al periodo fiscal 2018.

Por otro lado, recientemente el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) publicó un coctel de medidas para el control de la manipulación abusiva de precios de transferencia con enfoque en el contexto de países de bajos ingresos en vías de desarrollo. Entre los muchos temas asociado a Precios de Transferencia que este abarca, uno que resalta es el “Régimen sancionatorio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el régimen de precios de transferencia”.

Actualmente en Guatemala ante la solicitud del informe de precios de transferencia y en caso de incumplimiento en la entrega del mismo, el artículo 94 numeral 13 del Código Fiscal determina una multa de 5,000 quetzales en el caso de la primera vez, una multa de 10,000 quetzales cuando sea la segunda ocasión y en caso de más de dos veces una multa de 10,000 quetzales más el 1% de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último mes en el cual declaró ingresos.

Si bien en Guatemala se cuenta con un régimen sancionatorio general (así es como lo llama El Cóctel) no existe un régimen sancionatorio especial. Este último busca fomentar el cumplimiento de precios de transferencia en la región, debido a que los países de América Latina y el Caribe es donde se presenta mayor riesgo en el incumplimiento tributario por operaciones vinculadas internacionales.

Por lo tanto, en el proceder de la Administración Tributaria guatemalteca se ve que parte de esta preocupación que presenta el CIAT la tratan de abarcar por medio de las solicitudes masivas de los informes. Trasladando a manos de los contribuyentes la carga de la prueba y el cumplimiento ante tales requerimientos. Estas medidas aumentan al menos la percepción de riesgo subjetivo de los contribuyentes y aseguran la presencia de la Superintendencia en aquellos potenciales focos de erosión de bases imponibles mediante el abuso de precios de transferencia.

En todos los casos, los contribuyentes con vinculados efectivos o presuntos según las normas del decreto 10-2012, deben procurar al menos contar con la documentación que sustente sus niveles de cumplimiento de las reglas denominadas principio de libre competencia. Entre dos contribuyentes de un mismo sector, de cara a la SAT, será más débil aquel que no cuente con documentación alguna que aquellos que sí tengan la documentación.

No se trata solamente de contar con un estudio de cualquier calidad sino uno que pase el tamiz cada vez más exigente de una SAT cada vez más agresiva y con más experiencia en esta compleja normativa.

El Cóctel comenta sobre los principales incumplimientos que realizan los contribuyentes a nivel tributario:

  • Sanciones por omisión en el pago de impuestos.
  • Sanciones asociadas a la no presentación de documentos o declaraciones.
  • Sanciones asociadas a la no actualización de datos en el tiempo preestablecido. Por ejemplo, estas pueden establecerse como un monto de sanción por días de retraso en su presentación.
  • Sanciones por información incompleta o incorrecta/errada, que tienen por objetivo sancionar los errores. En ciertos países, la reincidencia en la comisión de errores faculta a la Administración Tributaria a inhabilitar el registro o cédula fiscal. Dentro de este grupo de sanciones, se ha notado que las administraciones tributarias sancionan con mayor severidad las omisiones o errores cometidos por contribuyentes relativo a transacción con regímenes especiales o preferentes (Ejemplo: paraísos fiscales).
  • Sanciones por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración Tributaria.
  • Sanciones por fraude procesal, que pertenecen al ámbito del derecho penal, cuando las administraciones tributarias detectan registros fraudulentos de empresas inexistentes que se convierten en instrumento de fraude con la emisión de facturas, simulando operaciones que dan derecho a beneficios tributarios. Es deseable que las normas penales tengan definido el delito de fraude fiscal que aplica en estos casos.[1]

En Guatemala existen algunos contribuyentes que, por falta de información, no declaran de manera correcta en la declaración del impuesto sobre la renta en el punto 5 donde indica si tiene o no partes relacionadas en el extranjero y si tuvo o no operaciones con ellas. Muchas veces, por evitar llenar el anexo, prefieren marcar la opción de no tengo partes relacionadas o no realicé operaciones con ellas.

Es importante que los contribuyentes guatemaltecos puedan asesorarse de la mejor manera con el fin de que eviten sanciones en el largo plazo. Estas premisas tienen importancia para su empresa en términos de cumplimiento y le recomendamos estar en contacto con un grupo experto y con experiencia en estos temas que le permitan ayudar a la compañía a mitigar cualquier riesgo de exposición.

Nuestra región es regulada especialmente por el CIAT y las administraciones tributarias de todos nuestros países se alimentan de las fuentes legales y técnicas que emanan de dicho ente, de ahí la importancia que su empresa y en especial su grupo económico preste atención especial a estas medidas de control que divulgamos.

La SAT ha estado presente en la reunión que realiza el CIAT con las administraciones tributarias de la región, aportando técnicamente en estas e informándose. No debería ser sorpresa para los contribuyentes, tanto el requerimiento actual que está solicitando la SAT como que los posibles cambios que otras administraciones ya tienen incorporados sean incorporados también en Guatemala.  

Entre ellos se tiene la posible inclusión de operaciones locales sujetas a análisis, la inclusión de operaciones con paraísos fiscales sujetas a análisis, fiscalizaciones más agresivas en precios de transferencia, u otras. Todo lo anterior con el fin de fomentar el mayor cumplimiento posible.

En Grupo Camacho Internacional contamos con un equipo experto para poder asesorarle en el tema de precios de transferencia o tributario, podemos aclarar sus consultas y asegurarle el cumplimiento y calidad según los requerimientos de la SAT. Estamos presentes en Guatemala desde la promulgación de la norma, a través de nuestra subsidiaria Transfer Pricing Advisors y contamos con amplia experiencia en el cumplimiento integral y preventivo de regulaciones de fiscalidad local e internacional. Contáctenos y con gusto podemos conversar.

[1] Fuente: Cóctel de medidas para el control de la manipulación abusiva de precios de transferencia, con enfoque en el contexto de países de bajos ingresos y en vías de desarrollo, pág. 94 y 95

Elementos críticos en la selección del método de precios de transferencia y los riesgos de exposición fiscal para su Empresa.

El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) recientemente publicó un coctel de medidas para el control de la manipulación abusiva de precios de transferencia con enfoque en el contexto de países de bajos ingresos en vías de desarrollo. Las medidas establecidas dentro del coctel persiguen principalmente resaltar las formas en que los grupos multinacionales logran trasladar artificialmente utilidades a otras jurisdicciones con baja imposición fiscal por la vía de operaciones entre vinculados económicos con inapropiada selección de métodos de comparabilidad.

Uno de los temas que trae a coalición el documento publicado por el CIAT es sobre el uso incorrecto o genérico del método de margen neto transaccional sobre la empresa doméstica, sin soportar ni evidenciar ampliamente el proceso aplicado para llegar a esta conclusión, haciendo hincapié en cómo se realiza libremente la selección de dicho método (pasando desapercibidos esquemas agresivos de empresas, sin mayor sustancia), donde el resultado final puede llegar a ser la erosión de la base imponible, hecho detectable por una administración tributaria durante un proceso de revisión formal.

El CIAT manifiesta que muchos de los problemas actuales que conlleva la realización de los análisis de precios de transferencia se enfocan en los siguientes puntos:

  • Carencias en la justificación de la selección del mejor método,
  • que es común que se utilicen justificaciones genéricas para el descarte de métodos lo que conlleva a la incorrecta selección (Ejemplos: carga administrativa y no acceso a la información de la contraparte),
  • que el método elegido usualmente se rige por la facilidad de la aplicación, lo que conduce al excesivo uso del método de margen neto transaccional.

En esa misma línea de ideas, se hace mención de que la problemática de la selección del mejor método reside “…en que algunos practicantes en la materia no están correctamente capacitados u orientados, o mantienen creencias obsoletas e inadecuadas en la elección del método, aunado a que no invierten el tiempo y análisis suficiente para identificar conceptualmente el mejor método…” Esta falta de capacitación o experiencia y el no adecuado descarte de métodos de precios de transferencia, presenta un riesgo ante las administraciones tributarias por ser visto como situaciones que pueden llegar a generar la erosión de la base imponible.

De igual forma el coctel resalta que las empresas deben buscar que los descartes tomen en consideración los siguientes elementos para seleccionar el método más adecuado en los estudios de precios de transferencia:

  • Las respectivas fortalezas y debilidades de los cinco métodos de precios de transferencia reconocidos;
  • La idoneidad del método elegido considerando la naturaleza de la transacción controlada (determinada mediante un análisis funcional);
  • La disponibilidad de información confiable (particularmente la existencia de comparables adecuados) necesaria para aplicar el método seleccionado; y
  • El grado de comparabilidad entre las transacciones controladas y no controladas (incluyendo la confiabilidad de los ajustes de comparabilidad razonables necesarios para eliminar las diferencias significativas que existan entre ellas).

Tomando en consideración las premisas anteriores, se hace relevante realizar un proceso de valoración interno para aquellas compañías o grupos multinacionales que actualmente cuenten con un estudio de precios de transferencia basado en métodos de rentabilidad operativa global, donde se pueda analizar más a fondo la naturaleza no solo de la compañía en su función de negocios, sino la existencia de operaciones comparables internas, así como profundizar sobre las razones de descarte de los métodos transaccionales.

Las autoridades tributarias mundiales, cada vez más se vuelven más sofisticadas en el manejo de los criterios de precios de transferencia, al saber que existe una potencial fuente de recaudación, donde el eje principal puede girar en base a la desestimación de análisis de rentabilidad global, por la selección desmesurada del Margen Neto Transaccional sobre otros métodos más directos. Esto no debe ser interpretado como un rechazo directo al uso de este método, sino como una invitación a fortalecer las elementos y criterios de rechazo, con el fin de que los mismos sean lo suficientemente robustos para poder ser considerados viables y correctos.

Partiendo de lo anterior, el contribuyente se encuentra en un momento crucial para hacer un análisis profundo sobre el conocimiento de sus estudios de precios de transferencia actuales, no confiando meramente en el hecho de encontrarse por dentro en el rango intercuartil comparable sobre sus resultados globales, sino analizando transacción por transacción su cumplimiento con los principios de realidad económica e independencia efectiva, enmarcados dentro de las Guías de la OCDE.

Por lo tanto, para evitar riesgos de exposición ante potenciales procesos de fiscalización, se vuelve vital contar con un reporte de precios de transferencia con criterio técnico que asegure la correcta aplicación de la “Regla del mejor método” mediante el análisis estricto de comparabilidad entre transacciones, y nos evite la aplicación excesiva de los métodos indirectos no justificados, realizando descartes profundos y adecuados de cada método, y siempre ayudándonos a identificar la parte que realiza las aportaciones únicas y valiosas (incluido la creación o aportaciones en intangibles), mediante un análisis funcional robusto y concatenado con la caracterización de la entidad y la industria en la que se desempeña.

En grupo Camacho contamos con personal formado en el área de precios de transferencia, en definición de políticas intercompañías y desarrollo de documentación comprobatoria en diferentes legislaciones en américa latina, así como experiencia en procesos de fiscalización.

Contáctenos al +506 2280 2130 y con gusto podemos ampliar cualquier tema de interés en la materia sin ningún compromiso.

José Guerra Tovar
Director de Precios de Transferencia