La resolución MH-DGT-RES-0015-2026 actualiza los criterios para relacionar la contabilidad bajo NIIF y NIIF para PYMES con la determinación de las bases imponibles del impuesto sobre las utilidades a partir del período fiscal 2027, es decir, para los actos contables correspondientes a períodos que comiencen el 1 de enero de 2027.
Su eje es que el resultado contable no equivale automáticamente a la base imponible: cuando exista conflicto, prevalece la normativa tributaria y deben documentarse los ajustes mediante la conciliación fiscal. Esto ya está regulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento.
Según sus considerandos, el instrumento interpreta las disposiciones legales y reglamentarias, sin sustituirlas ni modificarlas. Fue publicada el 29 de abril de 2026 y entrará en vigor el 1 de enero de 2027. El artículo 39 deja sin efecto la resolución DGT-R-029-2018 desde esa entrada en vigor; por tanto, no debe confundirse la publicación con la aplicación inmediata ni presumirse retroactividad sobre períodos anteriores.
1. Alcance y efectos principales
- Marco contable y sujetos: el artículo 2 exige NIIF plenas a los contribuyentes
clasificados y formalmente notificados como Grandes Contribuyentes; los demás
pueden optar por NIIF para PYMES o NIIF plenas, atendiendo también a sus
necesidades y a la regulación aplicable.
La resolución no deja clara la extensión de la obligatoriedad de las NIIF plenas a
los miembros de los grupos económicos que tengan entre sus integrantes a un
contribuyente clasificado como Gran Contribuyente. Esta extensión se hace
expresa en la normativa sobre criterios de selección de grandes contribuyentes, en
relación con sus parámetros objetivos, según la resolución DGT-R-22-2021. - Conciliación y evidencia: los artículos 7, 8 y 27 relacionan la información
financiera con los ajustes fiscales y su respaldo documental, con referencia a la
NIC 12 de las NIIF plenas o a la sección 29 de las NIIF para las PYMES.
Conviene distinguir la conciliación para determinar la renta imponible del
reconocimiento contable del impuesto corriente y diferido; no todo ajuste origina
impuesto diferido. Sin embargo, todo ajuste que genere impuesto diferido debe
reconocerse en la contabilidad, para mantener la integridad de la contabilidad
como base cierta y permitir acceder a las reducciones de las bases imponibles
derivadas de exenciones. - Valoración y activos fijos: los artículos 6, 11, 25 y 30 priorizan el costo histórico
para fines fiscales, con excepciones indicadas en el texto. Rechazan la
depreciación sobre revaluaciones y el deterioro estimado descrito en esas
disposiciones; sujetan la depreciación fiscal a los métodos, las vidas útiles y las
autorizaciones del reglamento.
Como consecuencia de estas limitaciones, se tendrán que reconocer los efectos
del impuesto sobre la renta diferido. Esta es una falencia que encontramos con
frecuencia en nuestra práctica: los contribuyentes no suelen reconocer los efectos
de estos ajustes en materia de diferencias temporarias. - Inventarios e IVA: los artículos 10 y 29 exigen evidencia idónea de robos, hurtos o
destrucción, incluida certificación de un contador público autorizado independiente
sobre el valor contable. Los faltantes debidamente justificados reciben un
tratamiento distinto del autoconsumo, con la respectiva repercusión del IVA y su
integración como débito fiscal. Las promociones, descuentos y bienes de capital
requieren revisar las disposiciones particulares que les corresponden. - Intangibles y financiación: los artículos 14 y 32 prevén restricciones sobre
intangibles y capitalización de investigación y desarrollo, con tratamiento
específico para patentes. Los artículos 23 y 38 exigen capitalizar determinados
costos financieros hasta que el activo esté disponible para uso o venta, de
conformidad con las limitaciones legales correspondientes. - Operaciones específicas: las inversiones, la construcción, los activos biológicos,
las combinaciones de negocios, los seguros, los pagos en acciones y los
arrendamientos requieren revisar la disposición particular que les corresponde.
Los artículos 21 y 36 remiten los arrendamientos al decreto ejecutivo vigente; el
reconocimiento contable por sí solo no resuelve su tratamiento fiscal.
En otras palabras, se mantienen las reglas fiscales del refrito del arrendamiento operativo en función financiera. Esto genera diferencias que deben considerarse en la conciliación fiscal, tanto por sus efectos en la contabilidad como por las diferencias temporarias o temporales que puedan surgir.
2. Alertas interpretativas del texto
- Financiación de acciones y dividendos: el artículo 16 vincula la no deducibilidad del financiamiento con dividendos no gravables en utilidades y contempla otras situaciones. Por su parte, el artículo 34.1 afirma la deducibilidad sobre la premisa de dividendos gravables. La diferencia textual amerita aclaración antes de concluir que el marco NIIF elegido modifica el tratamiento tributario de una misma operación.
- Ingresos de construcción: los artículos 12 y 37 describen el registro contable
mediante referencias a ingresos percibidos. Esa redacción exige contraste técnico
con la norma contable aplicable; no debe inferirse, únicamente de esa frase, una
regla universal de reconocimiento contable por cobro.
Recordemos que, desde la perspectiva fiscal, siguen existiendo normas y
alternativas concretas para reconocer el avance de las obras, que contrastan con
un análisis basado únicamente en los flujos dinerarios. - Rentas extranjeras y clasificación cedular: las afirmaciones del artículo 16
sobre dividendos de empresas no domiciliadas y las del artículo 18 sobre activos
mantenidos para la venta requieren lectura conjunta con la ley, su ámbito de
imposición y las circunstancias de la operación.
No conviene el abordaje de la resolución, pues, a pesar de reconocer la autonomía
de la contabilidad respecto de las reglas fiscales, esta se enreda en la distinción
entre el tratamiento de las entidades calificadas y el de aquellas que no lo están,
distinción que se mantendrá hasta la aprobación de la próxima reforma presentada
por Hacienda al Congreso, que hará universal la sujeción al impuesto sobre la
renta mundial de las rentas pasivas sin que quepa dicha. - Jerarquía normativa: el propio instrumento se presenta como interpretativo. Estas alertas identifican puntos que requieren validación especializada o aclaración administrativa; no constituyen una declaración de invalidez ni una autorización para omitir obligaciones.
3. Prioridades de preparación
- Confirmar la clasificación del contribuyente, el marco contable que le resulta aplicable y la fecha de implementación, sin asumir una aplicación retroactiva.
- Preparar una matriz por cuenta que incluya el importe contable, la base fiscal, el ajuste, el fundamento normativo, la documentación y la eventual reversión. También deben distinguirse las diferencias permanentes de las diferencias temporarias para evaluar el impuesto diferido cuando corresponda.
- Revisar los auxiliares de activos, depreciación, inventarios, intangibles, financiación y créditos de IVA. Separar los efectos del impuesto sobre las utilidades de los de otros tributos.
- Identificar operaciones afectadas por las alertas anteriores y obtener criterio técnico antes de aplicar un tratamiento material.
- Definir responsables y controles de cierre para que cada ajuste pueda reconstruirse y respaldarse ante una fiscalización.
Es fundamental que los contribuyentes tengamos claro que la base cierta para determinar las obligaciones tributarias, en concreto la del impuesto sobre las utilidades, es la contabilidad. Sin embargo, el cumplimiento de la normativa publicada exige calificaciones objetivas de carácter técnico para que esa base cierta se sostenga frente a un proceso de fiscalización.
Si la contabilidad no cumple con la normativa internacional respectiva, enfrenta el riesgo de ser desconocida por la Administración Tributaria. Esto podría facultar a la Administración para apartarse de la contabilidad durante un proceso de fiscalización, desconocerla y entrar en el peligroso y tenebroso mundo de la base presunta, a la que está facultada la Administración conforme al Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Esto dejaría al contribuyente con escasa capacidad de defensa.
Esta normativa no es de rápida implementación ni tiene un bajo costo de puesta en marcha. Su adopción requiere también una capacitación integral de los departamentos contables de las empresas y de los prestadores de servicios tercerizados de contabilidad. Sin estas capacitaciones, la considerable inversión podría traducirse en un cumplimiento a medias.
Es la adopción y el mantenimiento de la normativa lo que hará posible que los estados financieros, como base para determinar el punto de partida de la conciliación fiscal, sean adecuados y suficientes ante un proceso de fiscalización.
Por último, no podemos dejar de advertir sobre la urgente necesidad de capacitar a los auditores tributarios en las complejas normativas contables de adopción obligatoria. En nuestra experiencia, conocen poco de contabilidad y se aventuran a emitir conclusiones temerarias, por el simple hecho de ser funcionarios de la Administración activa.
Esto coloca al contribuyente en una posición sumamente difícil para defenderse. Si ellos, los auditores fiscales, tendrán en sus manos la hoz y el martillo para ejercer sus funciones, hay que brindarles los medios para que reciban capacitación obligatoria, sujeta a exámenes periódicos. Esto evitaría un derrame de litigios sin fundamento y onerosos para todas las partes, especialmente para el ya de por sí alicaído contribuyente.
Carlos Camacho Córdoba
Socio fundador de Grupo Camacho Internacional
